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Ley de garantías electorales: su alcance no puede extenderse a supuestos no previstos por el legislador ni implicar la paralización
Regla de decisión
Su alcance no puede extenderse a supuestos no previstos por el legislador ni implicar la paralización de las funciones misionales de las entidades públicas.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
La prohibición del artículo 33 de la Ley 996 de 2005 se aplica a la contratación directa durante el periodo preelectoral presidencial, esto es, a cualquier procedimiento de selección que no incluya convocatoria pública en alguna de sus etapas ni permita la participación de una pluralidad de oferentes. La postura excluye de la restricción las modalidades de la Ley 1150 de 2007, es decir, la licitación pública, el concurso de méritos, la selección abreviada y la mínima cuantía, de modo que en ese periodo las entidades públicas pueden seguir contratando bajo estos sistemas. La razón es que la ley busca evitar la injerencia inadecuada de intereses particulares y el uso irregular de recursos públicos en las campañas. Respecto de los convenios interadministrativos, la calificación depende de un criterio orgánico: sus extremos deben ser entidades públicas, con independencia del régimen de contratación que les aplique, y la modalidad de selección empleada no determina su naturaleza. Como consecuencia práctica, el análisis sobre si un convenio se sujeta a la restricción debe partir de la naturaleza de las partes y de la modalidad de selección empleada.
Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.
Pregunta que resuelve
¿Es jurídicamente viable que una universidad pública suscriba convenios marco de cooperación académica internacional con universidades extranjeras durante el periodo de restricciones de la Ley de Garantías ?
Fundamentos
Ley 80 de 1993
Ley 1150 de 2007, arts. 2 y 20
Ley 996 de 2025
los contratos o acuerdos celebrados con personas extranjeras de derecho público, podrán someterse a las reglas de tales organismos
C-350 de 2026 · 2026-05-08
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
De manera preliminar, es pertinente indicar que el artículo 38 de la Ley 996 de 2005 establece, entre otras restricciones, la prohibición para los alcaldes, gobernadores, secretarios, gerentes y directores de entidades del orden territorial de celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos durante el periodo de aplicación de la Ley de Garantías Electorales. En ese sentido, cuando una o ambas partes del acuerdo correspondan a entidades públicas del nivel territorial, en los términos del parágrafo de la citada disposición, se encuentra restringida la celebración de este tipo de convenios, en la medida en que el legislador limitó de manera expresa esta tipología contractual, sin extender dicha prohibición a otras formas de vinculación jurídica.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Puntos que trata
Ley de garantías electorales: finalidad, prohibición, Artículo 33, contratación directa
Organismos internacionales: concepto
Régimen contractual: Ley 1150 de 2007, Artículo 20
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Finalidad
El ordenamiento jurídico colombiano contempla previsiones claras para evitar la obtención de beneficios personales en asuntos propios de la administración pública
.
Por ejemplo, el artículo 127 de la Constitución Política establece una prohibición contractual a los servidores públicos y, en cuanto a aspectos políticos, establece restricciones a ciertos empleados del Estado, incluso en época no electoral.
[…] la Ley 996 de 2005, conocida como “Ley de Garantías Electorales”, se suma al andamiaje de orden constitucional y legal que se ha ocupado de evitar la injerencia inadecuada de intereses particulares en el ejercicio de la función pública. Esta ley tiene como propósito evitar cualquier tipo de arbitrariedad, de ventaja injustificada, de uso irregular de los recursos del Estado en las campañas o falta de garantías en la elección presidencial. En esta medida, introduce limitaciones para realizar nombramientos, postulaciones, contrataciones o cualquier otro tipo de actividad que implique destinación de recursos públicos bajo el devenir propio de las entidades estatales.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Prohibición – Artículo 33 – Contratación directa – Alcance
Así las cosas, ha de entenderse que, para los efectos de la Ley de Garantías Electorales y, en particular, para la prohibición o restricción temporal contenida en su artículo 33, “contratación directa” es cualquier sistema de selección o procedimiento de contratación utilizado por las entidades estatales que no incluya la convocatoria pública en alguna de sus etapas, ni permita la participación de una pluralidad de oferentes.
De lo anterior se desprende que la restricción aplica, sin perjuicio de las excepciones establecidas en la misma ley, para celebrar cualquier contrato de forma directa, esto es, sin que exista un proceso abierto y competitivo. Por tanto, no son materia de la prohibición las demás modalidades de selección previstas en la Ley 1150 de 2007, es decir, la licitación pública, el concurso de méritos, la selección abreviada y la mínima cuantía, razón por la cual en ese período preelectoral de que trata la disposición las entidades públicas pueden seguir contratando bajo estos sistemas.
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES – Convenios interadministrativos – Criterio orgánico
Para tales efectos, debe precisarse que los contratos o convenios interadministrativos están determinados por un criterio orgánico, pues es necesario que los extremos de la relación contractual sean entidades públicas, independientemente de las normas que regulan la relación contractual. En este sentido, los convenios interadministrativos solo pueden ser celebrados entre entidades públicas, pues a éstas corresponde la realización de los fines y tareas que el legislador les ha asignado.
Si bien los contratos o convenios interadministrativos están previstos en la Ley 80 de 1993, en la Ley 1150 de 2007 y en el Decreto 1082 de 2015, no quiere decir que solo puedan celebrarse entre Entidades Estatales que apliquen el régimen de contratación allí previsto. En efecto, una Entidad Estatal de la Ley 80 de 1993 – como es el caso de un municipio – bien puede celebrar esta clase de convenios con una Entidad Estatal de régimen especial y no por ello dejará de ser un contrato o convenio interadministrativo.
Un contrato o convenio interadministrativo no está determinado por la modalidad de selección utilizada para celebrarlo. La Ley 1150 de 2007 establece que pueden celebrarse directamente, siempre que las obligaciones derivadas del mismo tengan relación directa con el objeto de la entidad ejecutora, señalado en la ley o en sus reglamentos, a menos que, según las excepciones previstas en dicha Ley, deba adelantarse un procedimiento susceptible de pluralidad de oferentes. Nótese que, en este caso, lo que cambia es la modalidad de selección y no la naturaleza de contrato interadministrativo.
ORGANISMOS INTERNACIONALES – Concepto
Frente al alcance de dicha disposición, es necesario aclarar que por
organismo internacional
se entiende aquella organización, grupo o asociación que se extiende más allá de las fronteras de un Estado y cuenta con
órganos gubernamentales permanentes
distintos e independientes de los Estados miembros de la organización que garantizan su vigencia y operatividad, con el propósito de cumplir objetivos comunes entre los Estados miembros. Conforme a su naturaleza, los organismos internacionales están facultados para suscribir contratos o convenios con los Estados, lo que supone un incidente frente a la aplicabilidad de los regímenes tanto de los Estados contratantes como de los organismos en su celebración.
RÉGIMEN CONTRACTUAL – Ley 1150 de 2007 – Artículo 20
[…] En el
inciso primero
[…] señala que cuando los
organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales
financien los contratos o convenios en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%), la contratación
podrá
someterse a los reglamentos de tales entidades. En caso contrario, se someterán a los procedimientos establecidos en la Ley 80 de 1993.
[…] El
inciso segundo
determinó supuestos específicos que proceden dependiendo del objeto del convenio o contrato a celebrar. Aunado a estos, incluye otro relacionado con los organismos internacionales cuyos fondos financien los convenios o contratos.
[…] Por otra parte, el parágrafo primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 establece un tercer criterio para determinar el régimen contractual aplicable. De acuerdo con la norma, “los contratos o acuerdos celebrados con
personas extranjeras de derecho público
, podrán someterse a las reglas de tales organismos”.