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¿Es viable que una entidad pública suscriba un contrato de donación con un aliado internacional en el periodo de ley de garantías?
Sí. Cuando la celebración de tal contratación, bien sea contratos, convenios, donaciones, asistencias técnicas y sus derivados, al amparo del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, ha sido sometida por las partes al reglamento (normativa extranjera) de los organismos internacionales, organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales o personas extranjeras de derecho público, no le es aplicable la prohibición contenida en el artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales (norma nacional).
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¿La restricción prevista en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, resulta aplicable a los contratos financiados total o parcialmente con recursos de crédito externo?
Las restricciones previstas en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005, resulta aplicable a los contratos financiados total o parcialmente con recursos de crédito externo . El artículo 33 de la Ley 996 de 2005 prohíbe « la contratación directa por parte de todos los entes del Estado » durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo entre otras excepciones, los contratos de crédito público.
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¿En los convenios y/o contratos suscritos con organismos internacionales (artículo 20 ley 1150 del 2007), financiados en sumas superiores al 50% con fondos de los organismos de cooperación, es posible sujetarse a las reglas de los manuales de contratación de estos fondos de cooperación y en este sentido no requerir garantías independientemente del valor del convenio o contrato y establecer desembolso de recursos de manera anticipada en cuantía mayor al 50% monto total de los recursos de la…
Según el inciso primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, es facultativo dejar de aplicar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y sujetarse a los reglamentos de los organismos internacionales cuando los contratos o convenios se financien en su totalidad o en sumas iguales o superiores al 50% con fondos de organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales; si la entidad contratante establece que los aportes del organismo son inferiores a ese porcentaje, el contrato o convenio debe someterse al estatuto, situación reglamentada por el artículo 2.2.1.2.4.4.1 del Decreto 1082 de 2015. Por otra parte, en los convenios y contratos interadministrativos sometidos al estatuto, las entidades deben observar los límites del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, según el cual el pago anticipado y el anticipo no pueden exceder del 50% del valor del contrato y los contratos no pueden adicionarse en más del 50% de su valor inicial, expresado en salarios mínimos legales mensuales, pues esa limitación no se dirige a una tipología contractual específica. Este límite solo se aplica a los convenios interadministrativos de contenido patrimonial sujetos a ese régimen.síntesis automática
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¿Cuál es el alcance del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 frente a convenios suscritos con organismos internacionales pertenecientes al Sistema de Naciones Unidas?
El artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 establece el régimen aplicable a los contratos con organismos internacionales. Cuando los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales financian el contrato o convenio en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento, la contratación puede someterse a los reglamentos de esos organismos, y cuando el aporte es inferior, debe someterse al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Los organismos del Sistema de las Naciones Unidas que actúen en el ámbito de cooperación, asistencia o ayuda quedan comprendidos en el primer supuesto, por lo que el porcentaje de los fondos que aporten es determinante para definir el régimen. Según el concepto, cuando el organismo corresponde materialmente a ese ámbito, la entidad debe aplicar de manera prioritaria esa regla, aun si también podría calificarse como ente gubernamental extranjero. Además, el principio de planeación se aplica a estos contratos incluso cuando la entidad se somete a los reglamentos del organismo, porque la remisión integral a esas normas no incluye la etapa de planeación. En consecuencia, la entidad debe conocer el mercado y contar con los permisos, licencias, diseños o estudios requeridos por el objeto.síntesis automática
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¿Es el inciso segundo del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, la excepción a la aplicación del artículo 2.2.8.3.4. del Decreto 603 de 2022, cuando señala "podrán someterse a los reglamentos de tales entidades"?
Por medio del presente, me permito solicitar su apoyo en la emisión y aclaración de la aplicabilidad de la norma del asunto de la referencia, en especial, de acuerdo con lo previsto en el artículo 2.2.8.3.4. del Decreto 603 de 2022, se solicita conceptuar o responder las siguientes dudas, en el marco de un convenio de cooperación internacional a suscribir entre el ICBF y Programa Mundial de alimentos, en el cual el primero aporta más de un 50% de los recursos y cooperante será ejecutor.
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¿Ostentaría la naturaleza jurídica de convenio internacional aquél que sea i) suscrito entre entidades colombianas de derecho público y un organismo de derecho público extranjero internacional; y ii) en el cual dicho organismo extranjero hace una donación del 100% de recursos para adelantar labores de cooperación y utilidad común dentro de Colombia?
[.:.] ¿ostentaría la naturaleza jurídica de convenio internacional aquél que sea i) suscrito entre entidades colombianas de derecho público y un organismo de derecho público extranjero internacional; y ii) en el cual dicho organismo extranjero hace una donación del 100% de recursos para adelantar labores de cooperación y utilidad común dentro de Colombia? [sic]…
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¿A qué se refiere con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales?
El artículo 2.2.1.2.4.4.1. del Decreto 1082 de 2015, por el cual se reglamenta el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, dispone que: Los contratos o convenios financiados en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con fondos de los organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales, pueden someterse a los reglamentos de tales entidades incluidos los recursos de aporte de fuente nacional o sus equivalentes vinculados a estas operaciones en los acuerdos celebrados, o sus reglamentos, según el caso. En caso contrario, los contratos o convenios que se celebren en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento (50%) con recursos de origen nacional se someterán al presente título.
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¿Es posible suscribir convenios o contratos con organismos o empresas o entidades públicas o privadas extranjeras mediante la modalidad de contratación directa, donde no se comprometan apropiaciones presupuestales, es decir a costo 0, en el período de restricción que contempla la Ley 996 de 2005?
De conformidad con las consideraciones, el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 establece una restricción en atención a la cual, durante los cuatro meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la elección en la segunda vuelta, si fuere el caso, está prohibida la contratación directa por parte de todos los entes del Estado. Esto implica que la celebración de contratos, cuya selección del contratista se realice de manera directa está prohibida durante el período de aplicación de esta restricción, en los términos explicados en las consideraciones.
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¿Es viable jurídicamente por parte de la Defensoría del Pueblo de Colombia, suscribir acuerdos o convenios con organismos o agencias de cooperación internacional, siendo los recursos involucrados en la ejecución de los mismos totalmente financiados o erogados con cargo al cooperante internacional?
De conformidad con las consideraciones anteriores, respecto del supuesto consultado, es posible concluir que la posibilidad de contratar directamente dependerá de si la celebración de tal contratación, al amparo del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, ha sido sometida por las partes al reglamento (normativa extranjera) de los organismos internacionales, organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales o personas extranjeras de derecho público; evento en el cual no le es aplicable la prohibición contenida en el artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales (norma nacional).
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La consulta se orienta a establecer si la restricción establecida en la Ley 996 de 2005, referente a la prohibición de las Entidades Estatales de celebrar contratos en la modalidad de contratación directa durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la fecha en la cual el Presidente de la República sea elegido…
La consulta se orienta a establecer si la restricción establecida en la Ley 996 de 2005, referente a la prohibición de las Entidades Estatales de celebrar contratos en la modalidad de contratación directa durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la fecha en la cual el Presidente de la República sea elegido, cobijaría la celebración de un convenio de cooperación técnica no reembolsable entre una entidad pública del orden nacional y una institución financiera multilateral de derecho internacional público.
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¿Es viable que una entidad pública suscriba un contrato de donación con un aliado internacional en el periodo de ley de garantías?
Sí. Cuando la celebración de tal contratación, bien sea contratos, convenios, donaciones, asistencias técnicas y sus derivados, al amparo del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, ha sido sometida por las partes al reglamento (normativa extranjera) de los organismos internacionales, organismos de cooperación, asistencia o ayuda internacionales o personas extranjeras de derecho público, no le es aplicable la prohibición contenida en el artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales (norma nacional).
También resuelve:Ley de garantías electorales: definición, finalidad, prohibiciones, prohibición del artículo 33Organismos internacionales: régimen de contratación, especialidad, Ley de Garantías Electorales, restricción
Respecto a la aplicación de la Ley de Garantías Electorales, usted plantea la siguiente consulta: «De manera respetuosa, atendiendo las funciones de la Agencia CCE, nos permitimos solicitar concepto sobre si por virtud de la restricción prevista en el artículo 33 de la Ley 906 de 2005 (sic), los convenios celebrados con organismos de cooperación internacional se encuentran restringidos para su celebración cuando los mismos conlleven el compromiso de recurso públicos de contrapartida, es decir…
De manera respetuosa, atendiendo las funciones de la Agencia CCE, nos permitimos solicitar concepto sobre si por virtud de la restricción prevista en el artículo 33 de la Ley 906 de 2005 (sic), los convenios celebrados con organismos de cooperación internacional se encuentran restringidos para su celebración cuando los mismos conlleven el compromiso de recurso públicos de contrapartida, es decir, conlleven desembolsos presupuestales.
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Usted realiza la siguiente pregunta: «La entidad desde la que consulto en el presente mensaje requiere celebrar un convenio con la Universidad de Colorado de los Estados Unidos de América, pero durante la vigencia de la prohibición de la ley 996 de 2005 o ley de garantías tenemos la duda si este tipo de convenios de carácter Educativo y que no implica erogaciones presupuestales se puede celebrar con normalidad».
La entidad desde la que consulto en el presente mensaje requiere celebrar un convenio con la Universidad de Colorado de los Estados Unidos de América, pero durante la vigencia de la prohibición de la ley 996 de 2005 o ley de garantías tenemos la duda si este tipo de convenios de carácter Educativo y que no implica erogaciones presupuestales se puede celebrar con normalidad.
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¿Las contrataciones directas que las entidades públicas deben suscribir en cumplimiento de obligaciones adquiridas en convenios de cooperación internacional suscritos antes de la entrada en vigencia de las restricciones contenidas en la Ley 996 de 2005, en las que el cooperante mediante sus reglamentos escoge al contratista y a su vez financia en un 100% el contrato resultante, están incluidas en las prohibiciones contenidas en los artículos 33 y 38 de la Ley de Garantías?
De acuerdo con la interpretación de las normas generales del sistema de compras y contratación pública, considerando que el artículo 10 de la Ley 1437 de 2011 dispone que «Al resolver los asuntos de su competencia, las autoridades aplicarán las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias de manera uniforme a situaciones que tengan los mismos supuestos fácticos y jurídicos», se reitera la tesis del Concepto de Unificación CU-180 del 8 de abril de 2022. Por tanto, sobre el artículo 33 de la Ley de Garantías, la Agencia –al retomar la tesis del Concepto C-559 del 31 de agosto de 2021– consideró lo siguiente: «… dado que… existen algunos casos en los cuales el legislador habilitó a las entidades públicas para que suscribieran contratos cuyo régimen es distinto al derecho nacional,… en estos eventos dicha restricción no sería aplicable»
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¿En el marco de la Ley de Garantías, se pueden suscribir contratos de cooperación internacional?
Respecto a la prohibición del artículo 33 de la Ley de Garantías Electorales: «¿En el marco de la Ley de Garantías, se pueden suscribir contratos de cooperación internacional? En nuestro caso, con el Banco Centroamericano de Integración Económica». Lo anterior considerando que « existe normatividad expresa que prohíbe a los gobernadores, alcaldes, secretarios, gerentes y directores de entidades estatales de orden territorial celebrar contratos estatales en la modalidad de contratación directa que tengan la finalidad de ejecutar recursos públicos, independiente de la naturaleza, durante los cuatro meses antes de cualquier elección» (Énfasis fuera de texto).
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¿Es posible terminar un proceso en SECOP II encontrándose aún vigentes las pólizas de cumplimiento?
La entidad estatal puede cerrar en el SECOP II los procesos que hayan cumplido con las obligaciones poscontractuales y los contratos cuyo plazo de ejecución haya finalizado y no requieran liquidación ni tengan obligaciones poscontractuales pendientes, conforme a la Circular Externa No. 002 de 2023, de modo que el cierre en la plataforma depende de la causal de terminación y de las disposiciones del contrato. Como las pólizas de cumplimiento suelen tener una vigencia que excede la finalización del contrato para cubrir reclamaciones o incumplimientos detectados después de la entrega final, corresponde a la entidad, previa valoración de los elementos fácticos y jurídicos, determinar en cada caso la viabilidad del cierre del proceso en el SECOP II. Distinto es el cierre del expediente del artículo 2.2.1.1.2.4.3 del Decreto 1082 de 2015, acto de trámite que procede únicamente cuando vencen las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento o las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, siendo irrelevante que el contrato tenga otras garantías vigentes.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: ejecución, entidad pública, obligaciones documentalesEjecución del contrato: contrato estatal, cierre del expediente contractualCierre del expediente contractual: obligatoriedad
¿En vigencia de la ley de garantías, se pueden suscribir convenios entre universidades oficiales y organismos de cooperación que no implica compromiso de recursos de origen nacional?
1 La Agencia Nacional de Contratación Pública ‒ Colombia Compra Eficiente fue creada por el Decreto Ley 4170 de 2011. Su objetivo es servir como ente rector de la política de compras y contratación del Estado. Para tales fines, como órgano técnico especiali zado, le corresponde formular políticas públicas y normas y unificar los procesos de contratación estatal, con el fin de lograr una mayor eficiencia, transparencia y optimización de los recursos del Estado. El artículo 3 ibidem señala, de manera precisa, las funciones de Colombia Compra Eficiente. Concretamente, el numeral 5º de este artículo establece que le corresponde a esta entidad: absolver consultas…
También resuelve:Ley de garantías electorales: tipos de restricciones, ámbito temporal, prohibición del artículo 33, destinatariosContratación con recursos de organismos internacionales: Artículo 20, Ley 1150 de 2007, múltiples supuestos, régimen aplicableEntes universitarios autónomos: Ley de Garantías, Artículo 38, convenios de cooperación, contratos interadministrativos Los entes universitarios autónomos no son ni pueden asimilarse a entidades descentralizadas y tampoco encuadrarse en el concepto de entidad territorial. Lo anterior resulta relevante para el alcance del parágrafo del artículo 38 de la Ley de Garantías, ya que los entes universitarios autónomos, de conformidad con lo desarrollado hasta este punto, no se enmarcan en las autoridades incluidas en dicha prohibición, en tanto está dirigida a los «gobernadores, alcaldes municipales y/o distritales, secretarios, ge rentes y directores de entidades
¿Es posible aplicar lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, en los contratos sometidos al régimen contractual del reglamento de los organismos internacionales?
De conformidad con el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 hay dos grupos de supuestos bajo los cuales es posible someter el régimen contractual aplicable a los reglamentos de los organismos internacionales: el primer grupo, regulado en el inciso primero, donde dicha posibilidad se condiciona a que los contratos o convenios se financien en el 50% o más con fondos de dichos organismos de cooperación, asistencia o ayudas internacionales y, el segundo grupo, regulado en el inciso segundo, donde dicha posibilidad se condiciona a que se configure alguno de los 6 supuestos allí enlistados, sin que resulte exigible algún porcentaje de incorporación de recursos.
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¿Cuál es el régimen aplicable a los contratos o convenios que se suscriban con ONG extranjeras según el artículo 20 de la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 603 de 2022?
El régimen aplicable a los contratos o convenios con ONG extranjeras depende de si el socio actúa como organismo de cooperación, asistencia o ayuda internacional. Según el inciso primero del artículo 20 de la Ley 1150 de 2007, cuando esos organismos financian el contrato o convenio en su totalidad o en sumas iguales o superiores al cincuenta por ciento, la contratación puede someterse a los reglamentos de tales entidades. Si el aporte es inferior, debe someterse a los procedimientos de la Ley 80 de 1993. El Decreto 603 de 2022 precisa que esa regla aplica a los socios de carácter internacional que brindan asistencia técnica o transferencia de conocimientos para fortalecer capacidades nacionales y locales. Corresponde a la entidad determinar, en cada caso concreto, si la ONG cumple esas condiciones. Además, cuando un proyecto implementado por un socio de cooperación internacional involucre recursos del Presupuesto General de la Nación, el socio debe aportar una contrapartida en dinero de al menos el treinta por ciento para que sea posible suscribir el acuerdo. En consecuencia, la entidad debe verificar la naturaleza del socio, el porcentaje de financiación y la contrapartida exigida antes de definir el régimen.síntesis automática
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¿Las entidades públicas con régimen especial deben publicar en el SECOP II los contratos celebrados con organismos internacionales ?
En los términos del literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007, el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 y el artículo 2.1.1.2.1.7 del Decreto 1081 de 2015, las entidades estatales se encuentran obligadas a publicar su gestión contractual en el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP II, incluso las entidades estatales con régimen de contratación exceptuado del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.
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