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Colombia Compra Eficiente Concepto

Anticipo: la existencia y perfeccionamiento del contrato se produce cuando se cumplen los elementos y solemnidades del mismo

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2024-08-21
Número
C-188 de 2024

Síntesis del concepto

Anticipo: la existencia y perfeccionamiento del contrato se produce cuando se cumplen los elementos y solemnidades del mismo

Regla de decisión

El mutuo acuerdo es una forma de modificación del contrato estatal, la más usada en la práctica y preferida por la legislación vigente; advirtiendo, que toda modificación debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, diferente de la mera voluntad de los contratantes.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

El contratista adjudicatario puede renunciar al anticipo aunque el contrato ya esté adjudicado, porque los contratos estatales, por su carácter solemne según el artículo 41 de la Ley 80 de 1993, no se perfeccionan con la notificación del acto de adjudicación sino cuando se logra acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y este se eleva a escrito, de modo que la adjudicación no hace nacer por sí misma los derechos y obligaciones del contrato. Así, el proponente a quien se aceptó la oferta y no requiere el anticipo puede renunciar a él con antelación al perfeccionamiento, respetando las reglas del ordenamiento y definiendo previamente su procedencia jurídica, técnica y financiera. No obstante, si la renuncia implica cambiar estipulaciones pactadas, deben suscribirse documentos de modificación; el mutuo acuerdo es la forma de modificación preferida, pero toda modificación es excepcional y debe tener una causa real y cierta, contemplada en la ley, distinta de la mera voluntad de las partes. El anticipo está previsto en el parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993, que limita su monto al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato, y en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Puede un contratista renunciar al anticipo, así este adjudicado el contrato con la entidad estatal?

Fundamentos

  • Decreto 1082 de 2015, art. 2.2.1.2.3.1.7
  • Constitución Política

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Atendiendo el problema planteado objeto de consulta, es viable afirmar que el contratista puede renunciar al anticipo así el contrato se encuentre adjudicado, a causa de que, en los contratos estatales, debido a su carácter solemne definido por la ley (artículo 41 de la Ley 80 de 1993), estos no se perfeccionan con la notificación del acto de adjudicación, sino con la suscripción, por las dos partes, del documento que contenga las respectivas cláusulas o estipulaciones. Consecuencia de lo anterior es que el acto de adjudicación no da lugar, por sí mismo, al nacimiento de las obligaciones y los derechos que genera el contrato. Es decir, los contratos estatales se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación, y este se eleve a escrito.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Aplicación Definición jurisprudencial Límites Procedencia Regulación normativa Tipo contractual

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Texto del documento 3.174 caracteres
ANTICIPO – Regulación normativa En materia de contratación pública, la figura del anticipo está prevista en dos (2) normas: el inciso primero del parágrafo del artículo 40 de la Ley 80 de 1993 y en el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011. En cuanto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, se dispone la posibilidad de pactar anticipos en los contratos, pero sujeto a determinadas limitaciones. En efecto, la norma prescribe que “En los contratos que celebren las entidades estatales se podrá pactar el pago anticipado y la entrega de anticipos, pero su monto no podrá exceder del cincuenta por ciento (50%) del valor del respectivo contrato”. Por su parte, el artículo 91 de la Ley 1474 de 2011 consagra una regla especial para el manejo del anticipo. ANTICIPO – Definición jurisprudencial […], el Consejo de Estado se refirió a la noción de anticipo como “un recurso o suma correspondiente a un porcentaje del valor total del contrato, pactado como contraprestación, que la entidad pública le entrega al contratista para que sea invertida específicamente en la ejecución del contrato y sea manejada generalmente en cuenta separada, con imposición de obligaciones relacionadas con legalización y amortización de la inversión, de suerte que el monto entregado como anticipo no ingresa al patrimonio del contratista sino cuando ha sido debidamente amortizado”. PAGO ANTICIPADO Y/O ANTICIPO – Límites – Aplicación – Tipo contractual La citada disposición, además de contener la facultad expresa mencionada, establece un límite a su ejercicio, pues el pago anticipado o la entrega del anticipo no podrá superar el cincuenta por ciento (50%) del valor o precio del negocio jurídico celebrado por la entidad estatal. Otro aspecto que se destaca de dicha disposición consiste que no restringe el tipo de contratos estatales en los cuales es aplicable esa facultad, es decir, por ejemplo, no limita la posibilidad de pactar anticipo o pago anticipado en contratos de tracto sucesivo o en contratos de ejecución instantánea, o dependiendo de la tipología contractual o la modalidad de selección del contratista. MODIFICACION DE LOS CONTRATOS ESTATALES – Procedencia – Límites Conforme a la regulación legal y a la interpretación que de la misma han hecho el Consejo de Estado y la Corte Constitucional, la cual se comparte por esta Agencia, es viable jurídicamente modificar los contratos estatales, pero esta medida tienen carácter excepcional y solo procede cuando con ella se pretenda garantizar el interés público, cuando la entidad haya verificado y así pueda constatarse por cualquier que la causa de la modificación es real y cierta y cuando se deriva de previsiones legales, esto es, cuando la modificación encuentra sustento no solo en circunstancias fácticas propias de la ejecución del contrato, sino, además, cuando tales situaciones ponen de presente la necesidad de dar cumplimiento a previsiones establecidas por el legislador. Así las cosas, para establecer si un contrato determinado puede ser susceptible de modificación, se hace necesario que la Administración analice, en cada caso, la concurrencia de los aspectos antes referidos.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-188-de-2024/