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Colombia Compra Eficiente Concepto

Estudios del sector: la interventoría tiene tanto un estudio previo como un análisis del sector completamente distintos a los del contrato vigilado

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2025-11-12
Número
C-1571 de 2025

Síntesis del concepto

Estudios del sector: la interventoría tiene tanto un estudio previo como un análisis del sector completamente distintos a los del contrato vigilado

Regla de decisión

Previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, fiscales y disciplinarias.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

La entidad debe realizar el análisis necesario para conocer el sector del objeto del proceso, sin que la modalidad de selección sea relevante. Ese análisis incluye las perspectivas legal, comercial, financiera y organizacional de los posibles oferentes, y existe una relación entre el estudio del sector y la estimación del valor del contrato, de modo que deben considerarse variables del mercado como los costos de la cadena de producción. Con independencia de ello, la entidad debe obtener el menor precio o uno razonable, justificado para que no corresponda a sobrecostos ni a precios artificialmente bajos, y el estudio de mercado y sus costos debe estar a disposición de los participantes. Respecto de la interventoría, las normas contractuales no definen un valor de referencia sobre el costo total de la obra, por lo que la entidad analiza en cada caso los costos directos e indirectos según la complejidad del negocio. Cuando el precio se estructura por precios unitarios, es práctica usual separar los costos directos, que se evidencian en el análisis de precios unitarios, de los costos indirectos, que suelen abreviarse en el AIU, es decir, administración, imprevistos y utilidad.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Cuáles son los criterios para valorar el precio de la interventoría, los componentes del AIU y la inclusión de la carga impositiva en el sistema de compras públicas?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 13, 24 y 25
  • Ley 1150 de 2007, art. 7
  • Decreto 1082 de 2015, arts. 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.1.1.6.1

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, respecto a la interventoría, las normas contractuales no definen un valor de referencia representado sobre el costo total de la obra ni, mucho menos, las consecuencias y los casos en que puede superarlo. Aunque estén estrechamente relacionados, la interventoría tiene tanto un estudio previo como un análisis del sector completamente distintos a los del contrato vigilado. De acuerdo con las particularidades de cada caso concreto, en atención a la complejidad del negocio, la entidad analizará factores que inciden los costos directos e indirectos para la interventoría, pues los mismas tampoco se definen en la ley o el reglamento.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

COMPONENTES Configuración Costo real Costos indirectos Diferencias Discrecionalidad Ejecución del contrato Finalidad Incluye la carga impositiva Inexistencia Manifestación Precios de referencia Principio de planeación Valor de la obra

Guías del tema

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Supervisión e interventoría

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Dentro de los costos directos la jurisprudencia señala que para el análisis de precios unitarios se tendrá en cuenta «la maquinaria que se utilizará, calculando el valor por el tiempo que se requiera; la mano de obra, y cuántas personas se requieren para la ejecución de esa unidad de medida; la cantidad de los materiales necesarios, etc.».
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Resta aclarar que el precio de todo contrato estatal es la contraprestación a que tiene derecho el contratista por ejecutar las prestaciones a que está obligado de manera oportuna y satisfactoria y, se regirá por lo pactado en el contrato previo análisis del sector y del mercado.
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Previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados en adoptar la decisión correspondiente, fiscales y disciplinarias.
Texto del documento 7.959 caracteres
ESTUDIOS DEL SECTOR – Manifestación – P rincipio de planeación […] la entidad debe realizar el análisis necesario para conocer el sector relativo al objeto del proceso de contratación, sin que sea relevante la modalidad de selección. Hacer un análisis desde la perspectiva legal implica la revisión de la regulación vigente para el mercado dentro del que se encuentra el objeto del contrato. La perspectiva comercial hace referencia a analizar quiénes pueden ofrecer el bien o servicio que se quiere contratar, cuáles son sus condiciones, si tienen condiciones especiales que sean relevantes a la hora de determinar los requisitos habilitantes, entre otros. Desde una perspectiva financiera, el análisis conlleva una revisión de las características financieras que se presentan dentro del mercado del bien o servicio, como por ejemplo, el índice de endeudamiento que tienen las empresas o personas naturales que ofrecen dicho bien o servicio. Con la perspectiva organizacional se pretende que la entidad estatal entienda cómo están organizados internamente los posibles oferentes y de qué manera realizan sus negocios y operaciones. […] De esta manera, existe una relación entre el estudio del sector y la estimación del valor del contrato, por lo cual deben tenerse en cuenta las diferentes variables del mercado como los costos de la cadena de producción. Pero, con independencia de esto, la entidad debe obtener el menor precio o uno razonable. En todo caso, el valor debe estar justificado para que no corresponda a sobrecostos ni a precios artificialmente bajos, y que con ello la entidad pague un valor adecuado, que no sea mayor ni menor. Esto se logra con el estudio del mercado y sus costos, el cual debe estar a disposición de los participantes del procedimiento contractual. Interventoría – Valor de la obra – Precios de referencia – Inexistencia Respecto a la interventoría, las normas contractuales no definen un valor de referencia representado sobre el costo total de la obra ni, mucho menos, las consecuencias y los casos en que puede superarlo. Aunque estén estrechamente relacionados, la interventoría tiene tanto un estudio previo como un análisis del sector completamente distintos a los del contrato vigilado. De acuerdo con las particularidades de cada caso concreto, en atención a la complejidad del negocio, la entidad analizará factores que inciden los costos directos e indirectos para la interventoría, pues los mismas tampoco se definen en la ley o el reglamento. PRECIOS UNITARIOS – APU – AIU – Diferencias […] en los contratos cuyo precio se estructura a partir del sistema de precios unitarios, ha hecho parte de la práctica de los negocios que el contratante le solicite al potencial contratista que separe en su propuesta los costos directos –es decir, los que están directamente implicados en la ejecución del objeto–, de los costos indirectos –que equivalen a los rubros que no tienen que ver de manera inmediata con la ejecución de las actividades contractuales, pero que integran también el precio, bien porque constituyen erogaciones administrativas o contingentes para el contratista o bien porque se dirigen a salvaguardar su ganancia–. En tal sentido, mientras que los costos directos se evidencian en el análisis de precios unitarios –APU–, como la sumatoria de los valores de los ítems según su unidad de medida, los costos indirectos se suelen abreviar en las variables que integran el acrónimo AIU –Administración, Imprevistos y Utilidad–. AIU – Costos indirectos – Finalidad – Ejecución del contrato Lo usual, que se advierte en la práctica de las entidades estatales, es que acuden al AIU con la finalidad de establecer un precio más estable, de manera que el valor del contrato consistirá en lo que resulte de afectar los costos directos por el porcentaje, en principio, invariable del AIU, de manera que al valor de los costos directos se le sume el AIU. Así las cosas, las partes asumen los riesgos inherentes a esta forma de pactar el precio, entendiendo aceptados los áleas normales que se presenten en la ejecución del contrato, de manera que, aunque el contratista incurra en mayores costos de los ítems incluidos en la Administración o en más gastos de Imprevistos al presentar su oferta, o que estos disminuyan, aparezcan algunos nuevos o desaparezcan algunos de ellos, el valor se mantenga invariable. De este modo, las partes optan por darle estabilidad al negocio, asumiendo cada una de ellas lo que le favorezca o desfavorezca, lo que evita, además, incurrir en costos de transacción relacionados con la necesidad de acreditar y verificar cada costo o gasto específico asociado a la Administración o lo s Imprevistos , lo que generaría más gastos tanto para la entidad como para el contratista. AIU – Componentes – Discrecionalidad […] las entidades cuentan con discrecionalidad para establecer en el pliego de condiciones o en su documento equivalente, así como en el contrato, el sistema de precios unitarios y la figura del AIU. De este modo, teniendo en cuenta el concepto de AIU, ni la forma de calcularlo son aspectos que cuenten con una regulación normativa en materia contractual del Estado, la determinación de los componentes del AIU dependerá del análisis particular que realice la entidad en relación con el presupuesto estimado del valor de la ejecución del contrato que, a su vez, sirve de guía para que los proponentes formulen sus ofertas. En consecuencia, tanto las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, como las excluidas de este –es decir, las que tienen un régimen especial– gozan de autonomía para configurar el precio y para establecer el sistema de pago más apropiado para satisfacer los fines de la contratación, respetando los límites previstos en el ordenamiento. En tal perspectiva, cuentan con discrecionalidad para establecer en el pliego de condiciones o en su documento equivalente, así como en el contrato, el sistema de precios unitarios y la figura del AIU; modelo que, como se indicó, es más pertinente para los contratos de tracto sucesivo, como el de obra. Por ende, la decisión de incluir el AIU, al igual que la metodología de delimitación de sus variables –ítems y porcentajes– debe obedecer a un juicioso análisis de oportunidad y conveniencia, que consulte las reglas de la experiencia, así como los aspectos particulares de cada negocio. Lo anterior en armonía con la garantía de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, dentro de los cuales se halla el principio de economía, postulado que exige la optimización de los recursos públicos. EVALUACIÓN DEL PRECIO ‒ Costo real – Incluye la carga impositiva Tanto para elaborar el presupuesto oficial como para la presentación de las ofertas, el precio debe considerar los costos en que incurrirá el contratista para cumplir sus obligaciones, lo cual incluye la carga tributaria que afecta el negocio jurídico. La definición del régimen tributario aplicable a los proponentes que se presentan al procedimiento de selección no es realizada por la entidad estatal, sino que es un tema definido por el legislador, quien optó por establecer ciertas cargas a algunos sujetos y a otros no. Los impuestos son parte integral del precio, pues es lo que finalmente terminará pagando la entidad cuando adjudique el contrato, por lo cual en aplicación de los principios de selección objetiva y de igualdad, la entidad contratante debe evaluar las ofertas con base en el precio final o real que ofrezca cada proponente, toda vez que de esa comparación es que surgirá la oferta más favorable o ventajosa para el Estado. Esta carga hace parte del componente de Administración del AIU por ser un costo indirecto del negocio, y está a cargo del sujeto pasivo que dé lugar al hecho generador conforme a las normas tributarias. No obstante, la Agencia no se ha pronunciado sobre los impuestos locales en los proyectos de inversión pública.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1571-de-2025/