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Colombia Compra Eficiente Concepto

Precios unitarios: las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2025-12-09
Número
C-1530 de 2025

Síntesis del concepto

Precios unitarios: las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor

Regla de decisión

Las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Las entidades con régimen especial gozan de autonomía para configurar el precio y el sistema de pago más apropiado para cumplir los fines de la contratación, dentro de los límites previstos en el ordenamiento. Por ello, cuentan con discrecionalidad para establecer en el pliego de condiciones o documento equivalente, y en el contrato, el sistema de precios unitarios y la figura del AIU. Esa decisión debe obedecer a un análisis de oportunidad y conveniencia que consulte los estudios previos y el análisis del sector, porque el AIU es un pacto de precio originado en la costumbre mercantil. En principio puede usarse en cualquier tipología contractual, aunque es más común en los contratos de tracto sucesivo con precios unitarios, como los de obra. El AIU separa los costos indirectos de los costos directos del análisis de precios unitarios, y su porcentaje fijo puede resultar favorable a la entidad, porque el contratista no podrá exigir más bajo el argumento de costos adicionales en Administración. La consecuencia práctica es que la inclusión del AIU en un contrato de obra es admisible, pero debe justificarse en el análisis de cada negocio y quedar reflejada en los estudios previos.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Resulta jurídicamente procedente y adecuada la inclusión y estructuración del componente AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) en los contratos de obra?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 13, 24 y 25
  • Ley 1150 de 2007, art. 7
  • Decreto 1082 de 2015, arts. 2.2.1.1.2.1.1 y 2.2.1.1.1.6.1

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

De manera preliminar es pertinente indicar que el concepto de AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) es jurídicamente viable en los contratos de obra pública en Colombia, si bien no está regulado de manera directa en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Su estipulación se sustenta en el principio de la autonomía de la voluntad de las partes y es un componente usualmente integrado en el precio del contrato para cubrir los costos indirectos y la ganancia del contratista.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

COMPONENTES Configuración Costo real Costos indirectos Diferencias Discrecionalidad Ejecución del contrato Finalidad Incluye la carga impositiva

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Texto del documento 5.461 caracteres
PRECIOS UNITARIOS – APU – AIU – Diferencias […] en los contratos cuyo precio se estructura a partir del sistema de precios unitarios, ha hecho parte de la práctica de los negocios que el contratante le solicite al potencial contratista que separe en su propuesta los costos directos –es decir, los que están directamente implicados en la ejecución del objeto–, de los costos indirectos –que equivalen a los rubros que no tienen que ver de manera inmediata con la ejecución de las actividades contractuales, pero que integran también el precio, bien porque constituyen erogaciones administrativas o contingentes para el contratista o bien porque se dirigen a salvaguardar su ganancia–. En tal sentido, mientras que los costos directos se evidencian en el análisis de precios unitarios –APU–, como la sumatoria de los valores de los ítems según su unidad de medida, los costos indirectos se suelen abreviar en las variables que integran el acrónimo AIU –Administración, Imprevistos y Utilidad–. AIU – Costos indirectos – Finalidad – Ejecución del contrato Lo usual, que se advierte en la práctica de las entidades estatales, es que acuden al AIU con la finalidad de establecer un precio más estable, de manera que el valor del contrato consistirá en lo que resulte de afectar los costos directos por el porcentaje, en principio, invariable del AIU, de manera que al valor de los costos directos se le sume el AIU. Así las cosas, las partes asumen los riesgos inherentes a esta forma de pactar el precio, entendiendo aceptados los áleas normales que se presenten en la ejecución del contrato, de manera que, aunque el contratista incurra en mayores costos de los ítems incluidos en la Administración o en más gastos de Imprevistos al presentar su oferta, o que estos disminuyan, aparezcan algunos nuevos o desaparezcan algunos de ellos, el valor se mantenga invariable. De este modo, las partes optan por darle estabilidad al negocio, asumiendo cada una de ellas lo que le favorezca o desfavorezca, lo que evita, además, incurrir en costos de transacción relacionados con la necesidad de acreditar y verificar cada costo o gasto específico asociado a la Administración o lo s Imprevistos , lo que generaría más gastos tanto para la entidad como para el contratista. AIU – Componentes – Discrecionalidad […] las entidades cuentan con discrecionalidad para establecer en el pliego de condiciones o en su documento equivalente, así como en el contrato, el sistema de precios unitarios y la figura del AIU. De este modo, teniendo en cuenta el concepto de AIU, ni la forma de calcularlo son aspectos que cuenten con una regulación normativa en materia contractual del Estado, la determinación de los componentes del AIU dependerá del análisis particular que realice la entidad en relación con el presupuesto estimado del valor de la ejecución del contrato que, a su vez, sirve de guía para que los proponentes formulen sus ofertas. En consecuencia, tanto las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, como las excluidas de este –es decir, las que tienen un régimen especial– gozan de autonomía para configurar el precio y para establecer el sistema de pago más apropiado para satisfacer los fines de la contratación, respetando los límites previstos en el ordenamiento. En tal perspectiva, cuentan con discrecionalidad para establecer en el pliego de condiciones o en su documento equivalente, así como en el contrato, el sistema de precios unitarios y la figura del AIU; modelo que, como se indicó, es más pertinente para los contratos de tracto sucesivo, como el de obra. Por ende, la decisión de incluir el AIU, al igual que la metodología de delimitación de sus variables –ítems y porcentajes– debe obedecer a un juicioso análisis de oportunidad y conveniencia, que consulte las reglas de la experiencia, así como los aspectos particulares de cada negocio. Lo anterior en armonía con la garantía de los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, dentro de los cuales se halla el principio de economía, postulado que exige la optimización de los recursos públicos. EVALUACIÓN DEL PRECIO ‒ Costo real – Incluye la carga impositiva Tanto para elaborar el presupuesto oficial como para la presentación de las ofertas, el precio debe considerar los costos en que incurrirá el contratista para cumplir sus obligaciones, lo cual incluye la carga tributaria que afecta el negocio jurídico. La definición del régimen tributario aplicable a los proponentes que se presentan al procedimiento de selección no es realizada por la entidad estatal, sino que es un tema definido por el legislador, quien optó por establecer ciertas cargas a algunos sujetos y a otros no. Los impuestos son parte integral del precio, pues es lo que finalmente terminará pagando la entidad cuando adjudique el contrato, por lo cual en aplicación de los principios de selección objetiva y de igualdad, la entidad contratante debe evaluar las ofertas con base en el precio final o real que ofrezca cada proponente, toda vez que de esa comparación es que surgirá la oferta más favorable o ventajosa para el Estado. Esta carga hace parte del componente de Administración del AIU por ser un costo indirecto del negocio, y está a cargo del sujeto pasivo que dé lugar al hecho generador conforme a las normas tributarias. No obstante, la Agencia no se ha pronunciado sobre los impuestos locales en los proyectos de inversión pública.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-1530-de-2025/