Síntesis del concepto
Contrato estatal: el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 dispone que Todo contrato que celebren las entidades estatales
Regla de decisión
Previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, fiscales y disciplinarias.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
El principio de transparencia de la actividad contractual, regulado en el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, permite a los interesados presentar observaciones como mecanismo para controvertir algunas decisiones de la entidad, y supone que la administración dé a conocer y motive sus decisiones. Conforme al artículo 8 de la Ley 1150 de 2007, la entidad debe publicar el proyecto de pliego de condiciones o su documento equivalente para que el público en general formule observaciones, y debe pronunciarse sobre ellas, motivando su aceptación o su rechazo. El inciso 2 del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 obliga a publicar el proyecto de pliegos en el SECOP para que los interesados puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones. El artículo 2.2.1.1.2.1.4 fija el término para hacerlo desde la publicación: diez días hábiles en la licitación pública y cinco días hábiles en la selección abreviada y el concurso de méritos. Aunque el ordenamiento no señala un término para responder las observaciones, el concepto indica que esa circunstancia no implica la inexistencia de un límite.
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Pregunta que resuelve
¿Quiénes pueden formular observaciones al borrador de los documentos previos de los procesos de selección y con qué limitaciones pueden hacerlo?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, arts. 2, 11 y 12
- Ley 1150 de 2007, arts. 4 y 8
- Ley 1437 de 2011, art. 13
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En resumen
Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, de acuerdo con el artículo 24.2 de la Ley 80 de 1993, el principio de transparencia garantiza la participación tanto de los interesados como de la ciudadanía en general en las actuaciones contractuales adelantadas por las entidades estatales. Esta participación se materializa en la oportunidad concedida para presentar observaciones en las distintas etapas o fases del proceso que culmina con la celebración del contrato estatal, lo cual busca salvaguardar también el ejercicio del derecho de contradicción en las actuaciones administrativas.
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Texto del documento 6.455 caracteres
CONTRATO ESTATAL – Finalidad
La contratación estatal tiene como propósito el cumplimiento de los fines estatales, la continua y eficiente prestación de los servicios públicos y la efectividad de los derechos e intereses de los administrados que colaboran con ellas en la consecución de dichos fines. En cumplimiento de ese propósito, el legislador determinó que las actuaciones adelantadas por las entidades estatales, en materia contractual, se llevan a cabo, entre otros, en cumplimiento de los principios que gobiernan los procesos de contratación pública.
PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA – Observaciones – Fundamento
El artículo 23 de la Ley 80 de 1993 regula los principios aplicables a las actuaciones contractuales adelantadas por las entidades estatales . Entre otros, allí se estableció el principio de transparencia de la actividad contractual, objeto de regulación expresa en el artículo 24 ibidem. Este principio guarda estrecha relación con el de publicidad, que rige el ejercicio de la función administrativa. Por ello, el numeral 2º dispone la facultad de los interesados para realizar y/o presentar observaciones, como un mecanismo para controvertir algunas de las decisiones adoptadas por las entidades estatales.
[…]
Conforme a lo anterior, el conocimiento y la motivación de las decisiones tomadas por la administración son un presupuesto necesario para controvertirlas. Así las cosas, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 2º previamente citado, la doctrina considera que “[…] en los procesos de selección en los cuales el ordenamiento jurídico no indique de manera expresa una etapa tal para esos fines, los pliegos de condiciones deben introducir y reglar una instancia en donde los oferentes puedan expresar sus opiniones y observaciones […]”.
PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES – Observaciones – Plazo para responder
La Ley 1150 de 2007 estableció en el artículo 8 la obligación de las entidades estatales de publicar el proyecto de pliego de condiciones o su documento equivalente, con el propósito de que el público en general pueda presentar las observaciones que estime pertinentes . Esa misma disposición consagra la obligación de las entidades estatales de pronunciarse sobre las observaciones presentadas, las cuales deberán motivarse ya sea para acogerlas o para rechazarlas.
Por su parte, el inciso 2 del artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 precisó que “[…] La Entidad Estatal está obligada a publicar oportunamente el aviso de convocatoria o la invitación en los Procesos de Contratación de mínima cuantía y el proyecto de pliegos de condiciones en el SECOP para que los interesados en el Proceso de Contratación puedan presentar observaciones o solicitar aclaraciones en el término previsto para el efecto […]” (Cursiva fuera texto). Respecto al plazo o término para presentar observaciones al proyecto de pliego de condiciones, el artículo 2.2.1.1.2.1.4 ibidem agrega que “Los interesados pueden hacer comentarios al proyecto de pliegos de condiciones a partir de la fecha de publicación de los mismos: (a) durante un término de diez (10) días hábiles en la licitación pública; y (b) durante un término de cinco (5) días hábiles en la selección abreviada y el concurso de méritos”.
En relación con la respuesta a las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones, el ordenamiento jurídico no contempló un término para tal efecto. Sin embargo, esa circunstancia de ninguna manera implica la inexistencia de un límite, ya que de conformidad con lo establecido en las disposiciones que rigen el procedimiento de contratación, este se realiza por fases o etapas. Así las cosas, si bien no existe un término expreso para responder las observaciones al proyecto de pliego de condiciones, no lo es menos que impera un límite para que la entidad estatal profiera la respuesta a esas observaciones, el cual está determinado por la expedición del acto administrativo de apertura del proceso de selección. Esto significa que antes que la entidad estatal profiera dicho acto administrativo y publique el pliego de condiciones definitivo, deberá responder las observaciones presentadas al proyecto de pliego de condiciones.
OBSERVACIONES – Oportunidad – Derecho de petición – Legitimación – Derecho a lo pedido – Distinción
Dado que las observaciones son una manifestación de la garantía prevista en el artículo 23 superior en el ámbito contractual, es claro que “Toda persona tiene derecho a presentar peticiones respetuosas a las autoridades por motivos de interés general o particular y a obtener pronta resolución” […]. Asimismo, el artículo 66 de la Ley 80 de 1993 dispone que “Todo contrato que celebren las entidades estatales, estará sujeto a la vigilancia y control ciudadano” –inciso primero–; razón por la cual, “Las autoridades brindarán especial apoyo y colaboración a las personas y asociaciones que emprendan campañas de control y vigilancia de la gestión pública contractual […]” –inciso tercero–. Luego, la legitimación para formular observaciones es amplia: corresponde tanto a las personas naturales como jurídicas, en este último con independencia de que sean públicas o privadas.
Respecto a las limitaciones, si bien tanto a los interesados como a la ciudadanía en general les asiste el derecho a realizar observaciones, este derecho debe ejercerse dentro de los plazos establecidos por el ordenamiento jurídico y por el cronograma del proceso de contratación, so pena de perder tal facultad por la preclusividad y perentoriedad de los términos que rigen el proceso de contratación. Lo anterior teniendo en cuenta que, una vez agotada cada fase de este, la entidad estatal –en principio– no puede volver sobre aquella.
Sin embargo, esto no significa que la entidad esté obligada a aceptar las observaciones formuladas oportunamente, por lo que es necesario distinguir entre el “derecho a pedir” y el “derecho a lo pedido”. Como explica la jurisprudencia, “[…] el ámbito de protección constitucional de la petición se circunscribe al derecho a la solicitud y a tener una contestación para la misma, en ningún caso implica otorgar la materia de la solicitud como tal”. En esta medida, la posibilidad de formular observaciones no corresponde a un acto de coadministración, pues la entidad define el contenido de los documentos del proceso en el ámbito de la competencia atribuida por lo artículos 2, 11 y 12 del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública.