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Colombia Compra Eficiente Concepto

Ley de garantías electorales: fuera de esta prohibición específica, la actividad contractual de la entidad debe continuar, siempre enmarcada

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2025-07-17
Número
C-708 de 2025

Síntesis del concepto

Ley de garantías electorales: fuera de esta prohibición específica, la actividad contractual de la entidad debe continuar, siempre enmarcada

Regla de decisión

Fuera de esta prohibición específica, la actividad contractual de la entidad debe continuar, siempre enmarcada en los principios de la función pública.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Las prohibiciones de la Ley de Garantías Electorales, Ley 996 de 2005, son normas restrictivas que no admiten una interpretación amplia. El artículo 33 prohíbe la contratación directa por parte de todos los entes del Estado durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, con excepciones relacionadas con la defensa y seguridad del Estado, el crédito público, las emergencias educativas, sanitarias y por desastres, y la reconstrucción de infraestructura afectada por atentados, desastres naturales o fuerza mayor, así como los contratos de las entidades sanitarias y hospitalarias. El parágrafo del artículo 38 establece una restricción aplicable a cualquier contienda electoral, que se dirige a los gobernadores, alcaldes y demás servidores que la ley determine. El concepto precisa que la prohibición del artículo 38 no se extiende a los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. Esos contratos, aunque se celebran por contratación directa, tienen una naturaleza distinta a la de los convenios o contratos interadministrativos, que son acuerdos entre entidades públicas.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Qué tipo de restricciones consagradas en la Ley de Garantías Electorales aplican en el marco del proceso electoral del Congreso de la República?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 39 y 41
  • Ley 996 de 2005, arts. 33 y 38 par.
  • Ley 1150 de 2007, art. 2

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

En atención a la consulta elevada respecto al alcance de las restricciones contractuales impuestas por la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, en el marco del proceso electoral para el Congreso de la República, y su impacto específico en la suscripción de contratos de prestación de servicios y de apoyo a la gestión, se tiene que esta Ley contempla dos regímenes de prohibiciones claramente diferenciados.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Ámbito temporal Celebración Contratación directa Finalidad Límite Tipos de restricciones

Guías del tema

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Contratación directa

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Las empresas de servicios públicos oficiales, como entidades del orden municipal que son no solo no podrán celebrar convenios o contratos interadministrativos durante el periodo de aplicación de la Ley de Garantías Electorales, sino que tampoco podrán celebrar contratos a través de la modalidad de contratación directa con las referidas entidades, distinto si lo celebran con entidades del orden nacional.
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Previo concepto de sus asesores, la solución de situaciones particulares corresponde a los interesados adoptar la decisión correspondiente y, fiscales y disciplinarias.
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En segundo lugar, también se encuentra la prohibición del parágrafo del artículo 38, el cual debe aplicarse respecto de cualquier tipo de contienda electoral, y que prohíbe la celebración de convenios interadministrativos que impliquen la ejecución de recursos públicos dentro de los cuatro meses anteriores a la respectiva jornada de votaciones.
Texto del documento 4.976 caracteres
LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Finalidad – Contratos de prestación de servicio y de apoyo a la gestión. En este contexto, la Ley de Garantías Electorales establece el marco jurídico para el desarrollo de las elecciones, procurando condiciones de igualdad y transparencia para los aspirantes. Paralelamente, se incluyen restricciones en las actuaciones de los servidores públicos, evitando interferencias en la contienda electoral, así como la posible desviación de recursos públicos en aspiraciones electorales. Por ello, varias de las disposiciones de la Ley 996 de 2005, al contener normas prohibitivas, no admiten una interpretación amplia, sino que deben interpretarse restrictivamente. Al analizar la naturaleza jurídica de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se encuentra que, si bien estos se caracterizan porque la modalidad de selección es la contratación directa, según lo estipula la Ley 1150 de 2007, su naturaleza no corresponde en absoluto a la de un convenio o contrato interadministrativo. Mientras que el contrato de prestación de servicios se suscribe con una persona natural o jurídica particular para desarrollar actividades que la entidad no puede atender con su personal de planta, el convenio o contrato interadministrativo es un acuerdo de voluntades celebrado entre dos o más entidades públicas. Por lo tanto, al ser una prohibición para suscribir contratos, el precepto del artículo 38 debe interpretarse de forma restrictiva, es por esta razón que no se extiende a la celebración de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión. LEY DE GARANTÍAS ELECTORALES ‒ Tipos de restricciones ‒ Ámbito temporal – celebración- límite Por un lado, el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 prohíbe “[…] la contratación directa por parte de todos los entes del Estado” durante los cuatro (4) meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo “[…] lo referente a la defensa y seguridad del Estado, los contratos de crédito público, los requeridos para cubrir las emergencias educativas, sanitarias y desastres, así como también los utilizados para la reconstrucción de vías, puentes, carreteras, infraestructura energética y de comunicaciones, en caso de que hayan sido objeto de atentados, acciones terroristas, desastres naturales o casos de fuerza mayor, y los que deban realizar las entidades sanitarias y hospitalarias”. Por otro lado, el parágrafo del artículo 38 de la Ley 996 de 2005 prevé una restricción, aplicable respecto de cualquier tipo de contienda electoral, que prohíbe a los gobernadores, alcaldes municipales o distritales, secretarios, gerentes y directores de entidades descentralizadas del orden municipal, departamental o distrital “[…] celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, ni participar, promover y destinar recursos públicos de las entidades a su cargo, como tampoco de las que participen como miembros de sus juntas directivas, en o para reuniones de carácter proselitista”. En efecto, el concepto de celebración en el marco de la contratación estatal se relaciona con el perfeccionamiento, es decir, con los requisitos para que exista un contrato estatal. Al respecto, se destaca que en entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública la existencia de los contratos estatales, es decir, la producción de efectos jurídicos en los términos del artículo 1501 ibídem , depende de la regulación del inciso primero de los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993. Por un lado, “Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública, con excepción de aquellos que impliquen mutación del dominio o imposición de gravámenes y servidumbres sobre bienes inmuebles y, en general, aquellos que conforme a las normas legales vigentes deban cumplir con dicha formalidad”. Por otra parte, “Los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito”. Al analizar la naturaleza jurídica de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión se encuentra que, si bien estos se caracterizan porque la modalidad de selección es la contratación directa, según lo estipula la Ley 1150 de 2007, su naturaleza no corresponde en absoluto a la de un convenio o contrato interadministrativo. Mientras que el contrato de prestación de servicios se suscribe con una persona natural o jurídica particular para desarrollar actividades que la entidad no puede atender con su personal de planta, el convenio o contrato interadministrativo es un acuerdo de voluntades celebrado entre dos o más entidades públicas. Por lo tanto, al ser una prohibición para suscribir contratos, el precepto del artículo 38 debe interpretarse de forma restrictiva, es por esta razón que no se extiende a la celebración de contratos de prestación de servicios y apoyo a la gestión.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-708-de-2025/