Síntesis del concepto
Modalidades de selección: C-727 de 2025
En resumen
En virtud del artículo 1 del Decreto 62 de 2025, el estado de conmoción interior en el Catatumbo fue declarado por el término de noventa (90) días contados a partir de la entrada en vigencia (24 de enero de 2025). Lo anterior implica que los contratos derivados de la declaratoria, que tienen el objeto de conjurar la perturbación del orden público e impedir la extensión de sus efectos, solo podían celebrarse durante el término de los noventa (90) días por los cuales se extendió el estado de conmoción. Esto sin perjuicio de aquellos que se entiendan enmarcados en la prórroga de noventa (90) días calendario que el artículo segundo del Decreto 0467 dispuso frente a la vigencia de los decretos legislativos 106, 107, 108, 117, 118, 120, 121, 134, 137, 180 y 433 de 2025.
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Síntesis síntesis automática
En el marco de un estado de conmoción interior, el procedimiento exceptivo a la licitación pública es la contratación directa por urgencia manifiesta, prevista en el literal a) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007. Esa causal debe leerse en concordancia con los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, que definen la urgencia manifiesta y establecen el procedimiento para declararla y para celebrar los contratos derivados. La declaratoria exige un acto administrativo motivado, expedido por el jefe o representante legal de la entidad o por quien tenga la competencia, según los artículos 11 y 12 de la misma ley. Ese acto cumple la función de acto de justificación, de modo que la entidad no está obligada a elaborar estudios y documentos previos, como lo dispone el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015. La situación analizada se vincula con el Decreto 62 de 2025, que declaró el estado de conmoción interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González.
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Pregunta que resuelve
¿Cuál es el límite temporal para la suscripción de los contratos que tengan por objeto conjurar la perturbación del orden público que originó la declaración del Estado de Conmoción Interior mediante el Decreto 62 de 2025?
Fundamentos
- Ley 137 de 1994
- Ley 222 de 1983, art. 43.16
- Ley 80 de 1993, arts. 3, 11 y 12
Puntos que trata
- Modalidades de selección: excepción a la regla, contratación directa, urgencia manifiesta
- Decreto 62 de 2025: declaración conmoción interior región catatumbo, medidas en contratación estatal, ámbito temporal suscripción contratos
- Corte constitucional: declaración constitucionalidad parcial
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Texto del documento 4.917 caracteres
MODALIDADES DE SELECCIÓN – Excepción a la regla – Contratación directa – Urgencia Manifiesta
No obstante, el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública – EGCAP establece algunas excepciones a la regla general de la licitación pública como modalidad de selección prevalente, con el fin de atender a la necesidad de proteger principios como la eficiencia, la eficacia, la economía, la celeridad o la integridad de las personas. Por lo tanto, en el marco del Estado de Conmoción Interior que declaró el Decreto en cita, el procedimiento exceptivo establecido por el artículo 2, numeral 4, de la Ley 1150 de 2007 es la contratación directa, la cual puede ser utilizada según el literal a) del mencionado numeral en casos de urgencia manifiesta. Esta causal debe leerse en concordancia con lo dispuesto en los artículos 42 y 43 de la Ley 80 de 1993, que definen el concepto y establecen el procedimiento para la declaratoria de la urgencia manifiesta, así como para la celebración de los contratos que se derivan de esta.
Vale la pena aclarar que, cuando se configure alguna de las cuatro (4) situaciones (que en el caso concreto se trata de la conmoción interior), el artículo 42 de la Ley 80 de 1993 exige declarar formalmente la urgencia manifiesta mediante acto administrativo motivado, es decir, a través de una manifestación unilateral de voluntad razonablemente justificada, proferida por el jefe o representante legal de cada entidad –o quien sea el titular de la competencia–, según lo establecido en los artículos 11 y 12 ibidem. Adicionalmente, no es necesario realizar estudios previos, como lo dispone el artículo 2.2.1.2.1.4.2 del Decreto 1082 de 2015: “Si la causal de contratación directa es la urgencia manifiesta, el acto administrativo que la declare hará las veces del acto administrativo de justificación, y en este caso la Entidad Estatal no está obligada a elaborar estudios y documentos previos”.
DECRETO 62 DE 2025 – Declaración conmoción interior región Catatumbo – Medidas en contratación estatal – Ámbito temporal suscripción contratos
Recientemente, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 62 de 2025 “Por el cual se decreta el Estado de Conmoción Interior en la región del Catatumbo, los municipios del área metropolitana de Cúcuta y los municipios de Río de Oro y González del departamento del Cesar”, a raíz de hechos que perturban de manera extraordinaria el orden público en el territorio, derivada de enfrentamientos armados, amenazas, desplazamientos forzados masivos, afectaciones al ejercicio de los derechos fundamentales de la población civil, alteración de la seguridad y daños a bienes protegidos y al ambiente.
[…]
En lo que respecta al ámbito de contratación estatal, a partir de la declaratoria del estado de conmoción interior, las entidades estatales que conforman la región del Catatumbo, detallada en el artículo antes citado, se encuentran autorizadas para celebrar contratos que tengan por objeto el de conjurar la perturbación del orden público e impedir la extensión de sus efectos a través de la adquisición de bienes, obras y servicios. Esto mediante procesos ágiles que garanticen el restablecimiento del orden público, la protección de derechos de las víctimas del conflicto y la protección del medio ambiente.
CORTE CONSTITUCIONAL – Declaración constitucionalidad parcial
Posteriormente, la Sala Plena de la Corte Constitucional declaró la constitucionalidad parcial de la declaratoria de conmoción interior decretada por el Gobierno Nacional mediante el decreto legislativo en cita, al declarar la exequibilidad únicamente de los respecto de los hechos y consideraciones relacionados con (i) la intensificación de los enfrentamientos entre el ELN y otros GAOr, así como los ataques y hostilidades dirigidos de forma indiscriminada contra la población civil y los firmantes del Acuerdo Final de Paz con las FARC y (ii) la crisis humanitaria derivada de desplazamientos forzados -internos y transfronterizos- y confinamientos masivos que ha desbordado la capacidad institucional del Estado para atenderla. La decisión de la Corte Constitucional solo incluye aquellas medidas que sean necesarias para el fortalecimiento de la fuerza pública, la atención humanitaria, los derechos y garantías fundamentales de la población civil, y la financiación para esos propósitos específicos, de conformidad con los términos de dicha providencia.
De otro lado, la Corte declaró su inexequibilidad respecto de los hechos y consideraciones relacionados con (i) la presencia histórica del ELN, los GAOr y GDO, (ii) la concentración de cultivos ilícitos, (iii) las deficiencias e incumplimientos en la implementación del PNIS, (iv) las necesidades básicas insatisfechas de la población por insuficiencia en la política social y (v) los daños a la infraestructura energética y vial, así como las afectaciones a las operaciones del sector de hidrocarburos.