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Colombia Compra Eficiente Concepto

Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: C-856 de 2024

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2024-12-19
Número
C-856 de 2024

Síntesis del concepto

Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: C-856 de 2024

En resumen

Frente al primer interrogante planteado, los ediles en virtud de lo previsto en el Artículo 123 de la Constitución Política son considerados como servidores públicos por hacer parte de una corporación pública (junta administradora local), por lo anterior puede inferirse que no pueden celebrar contratos con Entidades Estatales mientras gocen de la investidura del cargo de edil, so pena, de encontrarse en inhabilidad sobreviniente. Conforme a lo anterior, estos sujetos se encuentran amparados por el régimen de inhabilidades e incompatibilidades señalados en el artículo 126 de la Ley 136 de 1994; los literales a) y f) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y las señaladas en la Ley 1952 del 2019.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Pregunta que resuelve

¿Pueden los Ediles celebrar contratos con Entidades Estatales?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 6 y 8
  • Ley 1952 de 2019, art. 43
  • Ley 136 de 1994

Puntos que trata

  • Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: concepto, principio de legalidad

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Restrictores

Ediles Incompatibilidad Servidores público

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La entidad contratante es responsable de verificar que no haya situaciones que afecten la imparcialidad o transparencia, sin interpretaciones amplias o subjetivas.
Texto del documento 2.054 caracteres
RÉGIMEN DE INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Concepto – Principio de legalidad El régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación pública responde al propósito de asegurar que la actividad de adquisición y provisión de bienes y servicios por parte de las entidades estatales se efectúe cumpliendo con los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, especialmente con probidad y transparencia. Por ello, como lo ha destacado la doctrina, las inhabilidades e incompatibilidades se han convertido en herramientas en la lucha contra la corrupción, adoptando paulatinamente un carácter sancionatorio o “neopunitivo”. Si bien no todas las causales de inhabilidad y de incompatibilidad son consecuencia de una medida de reproche ni de una sanción previa, es indiscutible que en los años más recientes los lamentables hechos de corrupción han generado como respuesta del legislador, un incremento de las restricciones a la capacidad contractual, dirigidas a prevenir este tipo de situaciones o a sancionar tales conductas. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES ― Interpretación restrictiva Ahora bien, las inhabilidades e incompatibilidades –como ya se dijo– al ser restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, solo pueden tipificarse en la ley –o sea, deben satisfacer el principio de legalidad– y su interpretación debe ser restrictiva. En efecto, si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, tales enunciados normativos podrían contemplar múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio. (…) Como se aprecia, el principio pro libertate es el que debe dirigir la interpretación de las disposiciones normativas que consagran restricciones de derechos, como sucede con las causales de inhabilidad e incompatibilidad en la contratación estatal.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-856-de-2024/