Contratación estatal: previo concepto de sus órganos asesores, la solución de casos particulares corresponde a la entidad
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Contratación estatal: previo concepto de sus órganos asesores, la solución de casos particulares corresponde a la entidad
Regla de decisión
Previo concepto de sus órganos asesores, la solución de casos particulares corresponde a la entidad de adoptar la decisión correspondiente y, fiscales y disciplinarias.
Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.
Síntesis síntesis automática
Los antecedentes penales de una persona pueden condicionar la posibilidad de que suscriba contratos estatales, incluido el de prestación de servicios, porque existen inhabilidades cuyos supuestos de hecho aluden a condenas penales, como las de los literales d) y j) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993; por ello, es relevante analizar los antecedentes penales del futuro contratista, ya que podrían afectar su capacidad jurídica. Con todo, es necesario revisar el alcance particular de cada condena para establecer si configura o no una inhabilidad o incompatibilidad que impida contratar, análisis que corresponde a la entidad en cada caso. El concepto explica que la capacidad es un requisito de validez de los contratos estatales, tanto en el régimen del Estatuto General como en el de las entidades exceptuadas, y que las inhabilidades derivan de comportamientos reprochables o sanciones, de vínculos de parentesco o estado civil, o de una actividad desempeñada en el pasado, mientras que las incompatibilidades se fundan en una calidad que no puede coexistir con la de contratista; ambas limitan la capacidad contractual. Por ser restricciones, solo pueden tipificarse en la ley y deben interpretarse restrictivamente, conforme al principio pro libertate.
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Pregunta que resuelve
¿Existe inhabilidad o incompatibilidad para celebrar un contrato de prestación de servicios u otro con personas condenadas o con antecedentes penales?
Fundamentos
- Ley 80 de 1993, art. 2
- Ley 1150 de 2007
- Decreto 1082 de 2015
Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.
En resumen
Como se aprecia, el principio pro libertate es el que debe dirigir la interpretación de las disposiciones normativas que consagran restricciones de derechos, como sucede con las causales de inhabilidad e incompatibilidad en la contratación estatal. En ese sentido, las disposiciones que integran el régimen de inhabilidades e incompatibilidades exigen una interpretación que garantice el referido principio, lo que significa una aplicación sintonizada con lo expresamente señalado en la norma.
Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.
Puntos que trata
- Contratación estatal: capacidad, validez contratos, régimen de contratación, limitación de la capacidad
- Régimen de inhabilidad e incompatibilidad: concepto
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Fuente original
https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-580-de-2024/