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Colombia Compra Eficiente Concepto

Contrato estatal: la Ley 80 de 1993 rige para las entidades estatales aquellas

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2024-11-18
Número
C-659 de 2024

Síntesis del concepto

Contrato estatal: la Ley 80 de 1993 rige para las entidades estatales aquellas

Regla de decisión

Las demás entidades del Estado deberán aplicar la Ley 80 de 1993 o, las del régimen especial correspondiente de acuerdo con su naturaleza jurídica u objeto.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Síntesis síntesis automática

Solo las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se someten al régimen especial de contratación de la Ley 142 de 1994; las demás entidades del Estado deben aplicar la Ley 80 de 1993 o, en su defecto, el régimen especial que corresponda según su naturaleza jurídica u objeto. El concepto parte de que el Estatuto General de Contratación rige para las entidades estatales de los literales a) y b) del numeral 1 de su artículo 2, esto es, las personas jurídicas públicas, incluidas las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades con participación pública superior al cincuenta por ciento, y los órganos sin personería a los que la ley otorga capacidad para contratar, y que sus tipologías se integran con las del derecho privado conforme al artículo 13. Explica que los regímenes exceptuados se han justificado para facilitar la competencia económica, como en los servicios públicos domiciliarios, flexibilizar la función administrativa o crear reglas especiales sin excluir del todo la Ley 80 de 1993, y que el contrato estatal se identifica por el criterio orgánico, pues lo esencial es que lo celebre una entidad estatal.

Redactada por un modelo local a partir del documento y verificada automáticamente (citas, cifras y fidelidad al texto). No es texto de la providencia: contrástela antes de citar.

Pregunta que resuelve

¿Qué contratos se someten al EGCAP y cuáles al régimen especial previsto en la Ley 142 de 1994?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 13, 32 y 40
  • Ley 1150 de 2007, arts. 2 y 13
  • Decreto 111 de 1996, art. 110

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

Conforme a la interpretación de las normas generales del sistema de compras y contratación pública, la Ley 80 de 1993 rige para las entidades estatales, esto es, aquellas previstas en los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 2 ibidem. El literal a) aplica a las entidades con personería jurídica. Alude a la Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Puntos que trata

Descriptores temáticos

Restrictores

Ámbito de aplicación Criterio orgánico Criterios de clasificación Justificación Régimen especial de contratación Régimen jurídico

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Texto del documento 5.312 caracteres
CONTRATO ESTATAL – Régimen jurídico Respecto al régimen jurídico de las entidades sometidas , es necesario tener en cuenta que el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública define los contratos de obra, consultoría, prestación de servicios, concesión, encargos fiduciarios y fiducia pública. Sin embargo, se trata de un listado enunciativo, pues la Ley 80 de 1993 se integra con las tipologías contractuales previstas en el derecho privado. Por ello, el inciso primero del artículo 13 dispone que “Los contratos que celebren las entidades a que se refiere el artículo 2o. del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley”. RÉGIMEN EXCEPCIONAL – Justificación – Criterios de clasificación La existencia de entidades exceptuadas del EGCAP se ha justificado por alguna de las siguientes tres (3) circunstancias: i) facilitar la competencia económica –como ocurre actualmente respecto al régimen de los servicios públicos domiciliarios–, ii) flexibilizar el ejercicio de la función administrativa –como en los contratos del Banco de la República o los de ciencia y tecnología– o iii) establecer un régimen especial sin excluir por completo la aplicación de la Ley 80 de 1993 –como ocurre en la operaciones del crédito público–. Para estos efectos, la doctrina ha identificado 171 entidades y contratos que manejan un régimen excepcional, los cuales se clasifican de acuerdo i) al sector económico, ii) la asignación de un esquema legal especial, iii) el objeto del contrato celebrado y iv) la existencia de fondos que administran recursos públicos. CONTRATO ESTATAL – Criterio orgánico Sea que se trate de un negocio jurídico sometido o excluido de la Ley 80 de 1993, lo importante es que –al margen del objeto– el contrato estatal se identifica por el criterio orgánico o subjetivo. Por ello, el Consejo de Estado explica que el “[…] elemento esencial para calificar de estatal un contrato, es que haya sido celebrado por una entidad estatal, es decir, una entidad pública con capacidad legal para celebrarlo. Dicho de otro modo, no existen contratos estatales celebrados entre particulares, ni siquiera cuando éstos han sido habilitados legalmente para el ejercicio de funciones públicas”. EGCAP – Ámbito de aplicación La Ley 80 de 1993 rige para las entidades estatales , esto es, aquellas previstas en los literales a) y b) del numeral 1 del artículo 2 ibidem . El literal a) aplica a las entidades con personería jurídica. Alude a la Nación, las regiones, los departamentos, las provincias, el distrito capital y los distritos especiales, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios, los territorios indígenas y los municipios; los establecimientos públicos, las empresas industriales y comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta en las que el Estado tenga participación superior al cincuenta por ciento (50%), así como las entidades descentralizadas indirectas y las demás personas jurídicas en las que exista dicha participación pública mayoritaria, cualquiera sea la denominación que ellas adopten, en todos los órdenes y niveles. En contraste, el literal b) rige para las autoridades que carecen de personería, pero a las que el ordenamiento les otorga “capacidad” para celebrar contratos. Estas entidades son el Senado de la República, la Cámara de Representantes, el Consejo Superior de la Judicatura, la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría General de la República, las contralorías departamentales, distritales y municipales, la Procuraduría General de la Nación, la Registraduría Nacional del Estado Civil, los ministerios, los departamentos administrativos, las superintendencias, las unidades administrativas especiales y, en general, los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para celebrar contratos. De acuerdo con el artículo 352 superior, este último apartado debe armonizarse con el artículo 110 del Decreto 111 de 1996, modificado por el artículo 124 de la Ley 1957 de 2019. EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS – Régimen especial de contratación […] el inciso segundo del 365 constitucional dispone que “Los servicios públicos estarán sometidos al régimen jurídico que fije la ley, podrán ser prestados por el Estado, directa o indirectamente, por comunidades organizadas, o por particulares […]”. Por ello, el inciso primero del artículo 31 de la Ley 142 de 1994 dispuso expresamente que “Los contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta ley no estarán sujetos a las disposiciones del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo que la presente ley disponga otra cosa” (Énfasis fuera de texto). Asimismo, el inciso primero del artículo 32 ibidem precisa lo siguiente: “Salvo en cuanto la Constitución Política o esta Ley dispongan expresamente lo contrario, la constitución, y los actos de todas las empresas de servicios públicos , así como los requeridos para la administración y el ejercicio de los derechos de todas las personas que sean socias de ellas, en lo no dispuesto en esta Ley, se regirán exclusivamente por las reglas del derecho privado” (Énfasis fuera de texto).

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-659-de-2024/