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El contratista y la entidad estatal deben entender que la naturaleza de un contrato estatal se determina mediante un criterio orgánico o subjetivo, es decir, por la participación de una entidad pública en la celebración del contrato, independientemente del régimen jurídico aplicable. Este criterio amplio reconoce que la calidad de contrato estatal no depende exclusivamente de la normativa que lo regule, sino de la naturaleza de los sujetos que intervienen en la relación contractual. Sin embargo, la calificación del negocio jurídico como contrato estatal no implica que todas las disposiciones de la Ley 80 de 1993 sean aplicables, especialmente las exigencias de forma escrita y perfeccionamiento establecidas en sus artículos 39 y 41, que son propias de los contratos sometidos al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Los contratos celebrados por entidades excluidas del EGCAP existen y producen efectos jurídicos siempre que cumplan con los requisitos previstos en el derecho privado, sin que sea necesario observar exigencias adicionales derivadas de reglamentos internos o estipulaciones contractuales. Los manuales de contratación no pueden establecer condiciones adicionales de existencia del contrato, sino que cumplen una función probatoria ad probationem.síntesis automática
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¿Puede una Empresa Social del Estado - ESE en los procesos de contratación que adelante, que tengan por objeto contratos de obra exigir la acreditación de capacidad residual?
El contratista no está obligado a exigir la acreditación de capacidad residual en los contratos de obra, ya que las Empresas Sociales del Estado (ESE) no se rigen integralmente por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, salvo en lo relativo a inhabilidades e incompatibilidades y deberes de publicidad, por lo que la exigencia de capacidad residual no les resulta jurídicamente obligatoria en los contratos de obra pública que celebren. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, permitiendo a las ESE mayor autonomía en la gestión contractual bajo el derecho privado, lo que implica que estas entidades pueden establecer sus propios criterios para la selección de contratistas sin necesidad de verificar la capacidad residual de los proponentes.síntesis automática
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¿Las entidades sometidas al EGCAP o a un régimen especial de contratación deben respetar un porcentaje mínimo o máximo para determinar el valor de contratos de seguimiento o interventoría con respecto al contrato objeto de vigilancia?
El Estatuto General de Contratación de la Administración Pública no establece un porcentaje mínimo ni máximo que deba guardar el valor de un contrato de interventoría o de seguimiento frente al valor del contrato vigilado. El concepto precisa que, ante la ausencia de una norma que fije ese porcentaje, el interventor y la entidad cuentan con libertad negocial para determinar el valor, el cual debe responder a las obligaciones efectivamente asignadas en el objeto de la interventoría. Ese valor depende, así, de la negociación entre las partes y de las obligaciones pactadas, y no de un parámetro normativo que la entidad deba aplicar. La consecuencia práctica es que la entidad no debe aplicar un porcentaje fijo como referencia obligatoria, sino justificar en los estudios previos la relación entre el valor de la interventoría y las tareas de vigilancia asignadas, así como la extensión y complejidad del contrato vigilado y la forma en que se distribuyen las labores de seguimiento entre el interventor y la entidad.síntesis automática
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FERROVÍAS,EMPRESAS INDUSTRIALES Y COMERCIALES DEL ESTADO,CONTROVERSIAS CONTRACTUALES,RÉGIMEN EXCEPCIONAL,ACTO ADMINISTRATIVO,MENSAJES DE DATOS,CORREOS ELECTRÓNICOS,MENSAJE ELECTRÓNICO,RESPONSABILIDAD,INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO ESTA – Naturaleza jurídica,Régimen contractual,Medio de control procedente,Mercados monopolísticos,Mercados regulados,Definitivo,Definición,Puros o simples,Control judicial,Noción legal,Eficacia probatoria,Valor probatorio,Requisito – Mes: diciembre – Año: 2017…
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¿Qué contratos se someten al EGCAP y cuáles al régimen especial previsto en la Ley 142 de 1994?
Solo las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios se someten al régimen especial de contratación de la Ley 142 de 1994; las demás entidades del Estado deben aplicar la Ley 80 de 1993 o, en su defecto, el régimen especial que corresponda según su naturaleza jurídica u objeto. El concepto parte de que el Estatuto General de Contratación rige para las entidades estatales de los literales a) y b) del numeral 1 de su artículo 2, esto es, las personas jurídicas públicas, incluidas las empresas industriales y comerciales del Estado y las sociedades con participación pública superior al cincuenta por ciento, y los órganos sin personería a los que la ley otorga capacidad para contratar, y que sus tipologías se integran con las del derecho privado conforme al artículo 13. Explica que los regímenes exceptuados se han justificado para facilitar la competencia económica, como en los servicios públicos domiciliarios, flexibilizar la función administrativa o crear reglas especiales sin excluir del todo la Ley 80 de 1993, y que el contrato estatal se identifica por el criterio orgánico, pues lo esencial es que lo celebre una entidad estatal.síntesis automática
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25000233600020180046101 de 20262026-07-03Sección TerceraRad. 25000233600020180046101
El contratista no puede acudir al medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho cuando el acto controvertido es un acto jurídico precontractual de carácter privado, como la acta de adjudicación en el régimen de contratación de entidades financieras de carácter estatal, ya que estos actos no tienen la naturaleza de acto administrativo y deben ser enjuiciados a través del medio de control de reparación directa. La entidad financiera Fiduprevisora, sometida al régimen de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, no está sujeta al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por lo que la decisión de no calificar la oferta del contratista debido a la omisión en la entrega de formatos digitales requeridos para la calificación se ajusta a las condiciones previstas en la invitación pública. Esta resolución reitera la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado sobre la naturaleza jurídica de los actos precontractuales en entidades no sometidas al Estatuto General de la Administración Pública, lo que implica que los medios de control deben ser aplicados de acuerdo con la naturaleza del acto controvertido.síntesis automática
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¿Puede una empresa de servicios públicos domiciliarios de capital 100% privado ejecutar actividades conjuntas con una entidad estatal mediante convenio interadministrativo conforme al artículo 95 de la Ley 489 de 1998?
En cuanto al problema jurídico, objeto de consulta, se señala que es importante tener en cuenta lo expresado por la Corte Constitucional en la Sentencia C-736 de 2007, siendo pertinente precisar que las empresas de servicios públicos mixtas y empresas privadas de servicios públicos con participación pública son consideradas entidades descentralizadas por servicios. Sin embargo, dentro del pronunciamiento de la Corte Constitucional no se establece claramente el mismo efecto para las empresas con capital 100% privadas que son prestadoras de servicios públicos domiciliarios, de acuerdo con lo expuesto en las consideraciones de la respuesta.
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¿Qué modalidad de selección debe emplear una entidad estatal sometida a la Ley 80 de 1993 para escoger un socio en la constitución de una sociedad de economía mixta?
El contratista que busca constituir una sociedad de economía mixta con una entidad estatal sometida a la Ley 80 de 1993 debe emplear la modalidad de selección que corresponda a la naturaleza del contrato, conforme a las disposiciones del derecho privado o las previstas en la ley especial, ya que la Ley 80 permite la aplicación de normas comerciales y civiles a los contratos de estas entidades, salvo en las materias particularmente reguladas. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y permite a las entidades flexibilizar el proceso de contratación en función del objeto y naturaleza del contrato, facilitando la constitución de sociedades de economía mixta de manera más ágil y acorde a las necesidades específicas de cada caso.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: régimen jurídicoRégimen excepcional: justificación, criterios de clasificaciónSociedad de economía mixta: naturaleza jurídica, régimen contractual, Constitución, reglas
¿Es procedente que un municipio celebre convenios o contratos interadministrativos con empresas de servicios públicos domiciliarios de naturaleza privada con participación pública o pública?
El contratista puede celebrar convenios o contratos interadministrativos con empresas de servicios públicos domiciliarios de naturaleza privada con participación pública o pública, ya que estas entidades, independientemente de su naturaleza jurídica, se consideran parte de la Rama Ejecutiva del Estado y están sujetas a un régimen especial que les permite operar con flexibilidad para facilitar la competencia económica y el ejercicio de la función administrativa. Esta flexibilidad se justifica en virtud del principio de organización de la administración nacional consagrado en la Constitución y en la Ley 1712 de 2014, que establece principios de máxima publicidad y transparencia para estos sujetos obligados. Esta regla reitera y matiza precedentes que han reconocido la naturaleza especial de estas empresas, permitiendo una mayor adaptabilidad en la celebración de contratos interadministrativos.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: régimen jurídicoRégimen excepcional: justificación, criterios de clasificaciónEmpresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especial, mixtas, privadas con participación estatal
¿Es procedente que una empresa de servicios públicos mixta de energía incorpore en las condiciones de referencia para un contrato de obra la obligatoriedad de asistir a visitas programadas por la entidad, ya sea como requisito habilitante, causal de rechazo o criterio de evaluación, sin que ello implique prácticas restrictivas de la libre competencia?
Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, sean oficiales, mixtas o privadas con participación estatal, son entidades descentralizadas por servicios, independientemente de la naturaleza y porcentaje de su capital, y hacen parte de la Rama Ejecutiva del Orden Público. La Corte Constitucional, en las sentencias C-736 y C-637 de 2007, precisó que las mixtas y privadas con aportes estatales constituyen tipos especiales de entidades descentralizadas por servicios, que no se pueden encuadrar en las demás especies del artículo 38 de la Ley 489 de 1998. Esta categoría permite al legislador incorporar estas empresas en la estructura de la Rama Ejecutiva, con fundamento en la competencia del Congreso para organizar la administración nacional. El concepto recuerda, además, que las entidades exceptuadas del Estatuto General de Contratación se justifican en la facilitación de la competencia económica, en la flexibilización de la función administrativa o en un régimen especial que no excluye por completo la Ley 80 de 1993. Para la entidad, la clasificación determina el marco general dentro del cual debe analizar sus condiciones de participación en la contratación.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: régimen jurídicoRégimen excepcional: justificación, criterios de clasificaciónEmpresas de servicios públicos: naturaleza, régimen especial, mixtas, privadas con participación estatal
¿Es procedente que las entidades públicas exceptuadas del régimen de contratación puedan declarar incumplimientos contractuales?
Las entidades públicas exceptuadas del régimen de contratación estatal pueden declarar incumplimientos contractuales, pero no pueden incorporar en sus contratos las cláusulas excepcionales propias del Estatuto General de Contratación, como la terminación unilateral, la interpretación unilateral, la modificación unilateral, la caducidad y la reversión, ni otras potestades como la liquidación unilateral o la declaratoria unilateral del siniestro. Según el concepto, esas cláusulas no están contempladas en el derecho común y solo pueden usarse por una entidad de régimen especial si su norma de creación lo establece. Por tanto, cuando una entidad de régimen especial requiere sancionar o dar por terminado el contrato sin esa previsión, debe acudir al juez competente. Esta regla se apoya en la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, que el concepto cita para distinguir la declaratoria de incumplimiento, que opera como acto contractual de derecho privado, de las potestades exorbitantes que la ley reserva a las entidades del Estatuto.síntesis automática
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¿Cuáles son las reglas que deben tenerse en cuenta para la delegación contractual?
Para el caso particular de su consulta, se destaca que, por regla general, los municipios son entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública –EGCAP-, de acuerdo con el artículo 2, numeral 1, literal a) de la Ley 80 de 1993. Sin embargo, excepcionalmente, cuando actúan como operadores directos de los servicios públicos aplican las reglas del derecho privado, de conformidad con el inciso primero del artículo 32 de la Ley 142 de 1994, sin perjuicio de los principios y reglas del derecho que le sean aplicables. En otras palabras, los municipios cuando adquieren la calidad de prestadores directos de los servicios públicos domiciliarios se someten a un nuevo régimen de contratación que es diferente al EGCAP.
También resuelve:Contrato estatal: régimen jurídicoRégimen excepcional: justificación, criterios de clasificaciónPrestación de servicios públicos: municipios, régimen especial de contratación
¿Cuál es el marco normativo de las Empresas Sociales del Estado del orden territorial en torno al deber reportar la información de su contratación a las gerencias departamentales de la Contraloría General de la República y de la Auditoría General de la República?
De acuerdo con el problema jurídico, objeto de consulta, se resalta que, el Decreto Ley 403 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la correcta implementación del Acto Legislativo número 04 de 2019 y el fortalecimiento del control fiscal”, en su Título II, regula las competencias de la Contraloría General de la República y las contralorías territoriales, disponiendo en el artículo 4º que las contralorías territoriales vigilan y controlan la gestión fiscal de los departamentos, distritos, municipios y demás entidades del orden territorial, así como a los demás sujetos de control dentro de su respectiva jurisdicción, en relación con los recursos endógenos, en forma concurrente con la Contraloría General de la República, no obstante, precisa que la vigilancia y control fiscal de los recursos transferidos o las rentas cedidas por la Nación a cualquier título a las entidades territoriales…
También resuelve:Contrato estatal: régimen jurídicoRégimen excepcional: justificación, criterios de clasificaciónEmpresas sociales del estado: naturaleza jurídica, entidades descentralizadas por servicios, régimen jurídico, reglas aplicables
¿Cuáles son los preceptos normativos del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública que le aplica a una empresa prestadora de servicios públicos domiciliarios?
El contratista debe aplicar el derecho privado a los contratos celebrados por las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios, salvo en las materias particularmente reguladas en la Ley 80 de 1993, debido a que estas entidades son consideradas como descentralizadas por servicios y están exceptuadas del régimen general del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta excepción se justifica por la necesidad de facilitar la competencia económica, lo que implica que estas empresas deben cumplir con ciertas limitaciones del derecho público, como los principios de la función administrativa y de la gestión fiscal, así como el deber de publicar sus contratos en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública –SECOP II– o la plataforma transaccional que haga sus veces, según lo dispuesto en la Ley 2195 de 2022. Esto implica que las empresas de servicios públicos domiciliarios deben seguir un régimen mixto que combina el derecho privado con ciertas reglas del derecho público, lo que modifica la interpretación previa de la aplicación exclusiva del derecho privado a estas entidades.síntesis automática
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¿Es procedente que una Empresa Social del Estado pueda liquidar de manera unilateral el contrato, pese al vencimiento del término previsto para ello, y en caso de no ser viable, qué mecanismo jurídico debe realizarse para cerrar el contrato y salvaguardar los intereses de la entidad?
De acuerdo con el problema jurídico, objeto de consulta, las empresas sociales del Estado como entidades de régimen especial pueden estipular la liquidación bilateral, donde el contratista puede solicitar que se adelante su trámite.
También resuelve:Contrato estatal: régimen jurídicoRégimen excepcional: justificación, criterios de clasificaciónCláusulas excepcionales: remisión especial, empresas sociales del estado
¿Puede una ESE adelantar el procedimiento administrativo del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, considerando que su régimen contractual es de derecho privado y sin que se haya establecido en su manual de contratación?
De este modo, este es el procedimiento establecido para hacer efectivas las sanciones contractuales, como es la caducidad del contrato y la imposición unilateral de multas y cláusula penal contractual que se derivan del incumplimiento contractual, las cuales pueden estipularse de forma discrecional por la Empresa Social del Estado. De esta manera, las reglas y etapas que debe tener en cuenta una ESE, en ejercicio de potestades exorbitantes sancionadoras serán las del artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Por tanto, no es posible mediante manuales de contratación establecer otro procedimiento de carácter sancionatorio, al ser un tema que tiene reserva legal, teniendo en cuenta que la ESE en materia de cláusulas excepcionales es una entidad que se somete a las reglas del EGCAP. Así, cada entidad definirá la forma de adelantar su gestión contractual, sin que sea atribución de Colombia Compra Eficiente validar sus actuaciones.
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¿Cuándo procede el incumplimiento contractual por parte de empresas de servicios públicos domiciliarios?
El contratista puede proceder al incumplimiento contractual por parte de las empresas de servicios públicos domiciliarios cuando estas no cumplen con las obligaciones específicas establecidas en sus contratos, siempre y cuando dicha acción esté prevista en las normas que regulan a estas entidades y en sus manuales de contratación, que pueden diferir del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Esta regla se fundamenta en la naturaleza especial de las empresas de servicios públicos domiciliarios, que operan bajo un régimen excepcional que les permite aplicar reglas específicas para su contratación y sanciones, garantizando así la flexibilidad necesaria para facilitar la competencia económica y el cumplimiento efectivo de los servicios. Esta sentencia reitera y matiza la jurisprudencia existente, enfatizando la importancia de la autonomía de la voluntad en la regulación interna de estas entidades, lo que implica que las decisiones sobre incumplimiento deben ajustarse estrictamente a las normas y manuales específicos de cada empresa.síntesis automática
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¿Cuál es el alcance de los principios de función administrativa en los procesos que adelantan contratación en las sociedades de economía mixta y si de ello se deriva la libre competencia y la selección objetiva?
El contratista en una sociedad de economía mixta debe cumplir con los principios de función administrativa y selección objetiva, siempre y cuando la entidad no esté exceptuada del régimen general de contratación de la administración pública y no desarrolle actividades comerciales en competencia con el sector privado. Esto se debe a que las sociedades de economía mixta con aporte estatal superior al 50% y sin competencia con el sector privado están sujetas al EGCAP, mientras que aquellas con participación estatal menor al 50% o que desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado se regirán por el derecho privado. Esto implica que la aplicación de los principios de función administrativa y selección objetiva dependerá del régimen contractual específico de cada sociedad de economía mixta, lo que puede variar según la naturaleza de sus actividades y la proporción del aporte estatal.síntesis automática
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¿El hecho de que una Empresa Industrial y Comercial del Estado (EICE), sometida por disposición legal a un régimen contractual especial, actúe como ejecutora de recursos transferidos o administrados en virtud de un contrato con otra entidad estatal implica la aplicación obligatoria del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y normas complementarias)?
De acuerdo con el problema jurídico de su consulta, se expresa que el hecho de que una Empresa Industrial y Comercial del Estado —EICE— ejecute recursos transferidos o administrados en virtud de un contrato con otra entidad estatal no determina, por sí solo, su sometimiento al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública —EGCAP—. El régimen aplicable debe establecerse a partir de las disposiciones legales que regulan a la entidad y al negocio jurídico correspondiente. En particular, conforme al artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 93 de la Ley 1474 de 2011, las EICE están sujetas, por regla general, al EGCAP, salvo aquellas que desarrollen actividades comerciales en competencia con el sector público o privado, nacional o internacional, o en mercados regulados, las cuales se rigen por las disposiciones aplicables a sus actividades económicas y comerciales.
También resuelve:Contrato estatal: régimen jurídicoRégimen excepcional: justificación, criterios de clasificaciónEmpresas industriales y comerciales del estado: naturaleza jurídica, entidad descentralizada por servicios, aplicación, Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007
¿Está habilitada una E.S.P. oficial para celebrar contratos bajo el esquema DBFO ii) ¿ qué modalidades de selección puede aplicar para un contrato bajo la modalidad DBFO?
En torno a la modalidad de selección aplicable hay que tener en cuenta varios escenarios: en primer lugar, las Empresas de Servicios Públicos Domiciliarios como entidades de régimen especial, deben revisar en su manual de contratación la modalidad o procedimiento de selección aplicable a este tipo de contratos. La naturaleza del DBFO implica que sea un contrato atípico con unas características y particularidades que son: i) una modalidad de contratos atípicos, pues no están contemplados en el ordenamiento colombiano por ninguna ley específica, es decir, no está regulado dentro las leyes civiles o comerciales, Ley 1508 de 2012 y Ley 80 de 1993; ii) el contratista privado se obliga, de cara a una obra de interés público, a: a) diseñarla; b) construirla; c) financiarla y d) operarla y iii) la obra es propiedad de la Administración pública, mientras que el particular sólo la administra, extrayendo de esta administración sus ingresos.
También resuelve:Contrato estatal: régimen jurídicoRégimen excepcional: justificación, criterios de clasificaciónEmpresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios: naturaleza jurídica