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Colombia Compra Eficiente Concepto

Inhabilidades e incompatibilidades: se definen como la ocurrencia de intereses antagónicos que afectan la transparencia de las decisiones

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2024-08-26
Número
C-294 de 2024

Síntesis del concepto

Inhabilidades e incompatibilidades: se definen como la ocurrencia de intereses antagónicos que afectan la transparencia de las decisiones

En resumen

De acuerdo con el criterio de interpretación restrictiva aplicable a las causales de inhabilidad e incompatibilidad, no se advierte que la hipótesis materia de consulta configure alguna de las causales previstas en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993. Esto comoquiera que, el hecho de que el interventor celebre un contrato privado con el particular que ejecuta el contrato objeto de vigilancia no se subsume en ninguno de los supuestos de hecho establecidos en el artículo 8 de la Ley 80 de 1993.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Pregunta que resuelve

¿Se configura alguna inhabilidad o conflicto de interés cuando el contratista del Estado celebra un negocio jurídico particular con quien es su interventor?

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993, arts. 3, 5 y 8
  • Constitución Política, art. 209

Puntos que trata

  • Inhabilidades e incompatibilidades: concepto, principio de legalidad, interpretación restrictiva, régimen
  • Conflictos de interés: régimen, objetivo

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Restrictores

Concepto Doble connotación Interpretación restrictiva Interventor Ley 80 de 1993 – Numeral 1, literal L) Objetivo Omisión de información Principio de legalidad Régimen Sanción y prevención Tipicidad

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Texto del documento 2.977 caracteres
INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Concepto – Principio de legalidad – Interpretación restrictiva Las inhabilidades son prohibiciones para concurrir a los procedimientos de selección y para contratar con el Estado, que se derivan de: i) la existencia de comportamientos reprochables o sanciones anteriormente impuestas, ii) vínculos personales relativos al parentesco o al estado civil o iii) una actividad u oficio que se desempeñó en el pasado. De otro lado, las incompatibilidades son prohibiciones para participar en los procedimientos de selección y para celebrar contratos estatales, fundadas en la presencia de una calidad que ostenta el sujeto interesado en realizar alguna de dichas actividades, que no puede coexistir con su calidad de proponente o contratista del Estado. […] Ahora bien, al ser las inhabilidades e incompatibilidades –como ya se dijo– restricciones o límites especiales a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, la interpretación de las causales que las integran debe ser restrictiva, pues si se admitiera una interpretación amplia, extensiva o finalista de las mismas, tales enunciados normativos podrían cobijar múltiples supuestos indeterminados, según el parecer o el sentido común de los operadores jurídicos, poniendo en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia y el ejercicio de la profesión u oficio. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES – Régimen – Doble connotación –Sanción y prevención En la aplicación del régimen general de inhabilidades e incompatibilidades, sobresale la prevalencia del interés general sobre el particular y su doble connotación, como quiera que no solo puede ser consecuencia de una sanción sino también erigirse con una finalidad preventiva que busca asegurar la no afectación del interés general, en suma, «[…] la inhabilidad no es una pena sino una garantía de que el comportamiento anterior no afectará el desempeño de la función o cargo, de protección del interés general y de la idoneidad, probidad y moralidad del aspirante»; en este sentido, en el ámbito contractual se propende por la adquisición de bienes y servicios por parte de las entidades públicas, sin condiciones anteriores o injerencia de intereses que afecten la misma, de modo que se salvaguarda el principio de transparencia y con ello la consecución en general de los fines que rigen la función pública. CONFLICTOS DE INTERÉS – Régimen – Objetivo […] el régimen de los conflictos de interés tiene como objetivo la prevalencia del bien común sobre el particular, razón por la cual se configuran cuando los servidores públicos actúan influenciados por consideraciones personales que colisionan con el deber de preservar su independencia e imparcialidad. En este sentido, se definen como la ocurrencia de intereses antagónicos que afectan la transparencia de las decisiones, al implicar –en detrimento del interés general– el aprovechamiento personal, familiar o particular.

Fuente original

https://relatoria.colombiacompra.gov.co/conceptos/c-294/