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SOLICITUD ELEVADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN

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Consejo de Estado Providencia

Existe fundamento jurídico para negar la prueba documental solicitada de tal suerte

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2025-08-19 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 66001233300020160019204 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Existe fundamento jurídico para negar la prueba documental solicitada de tal suerte que la decisión del tribunal no resulta irrazonable, desproporcionada o arbitraria? Sí
El contratista no puede obtener la prueba documental solicitada si no demuestra haber ejercido el derecho de petición de manera diligente y oportuna, conforme a los artículos 173 y 78 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a proporcionar documentos que el actor pudo haber obtenido por sí mismo mediante el derecho de petición, y si no se presenta prueba de que se intentó obtener dicha información, la negativa del tribunal a decretar la prueba no resulta irrazonable, desproporcionada o arbitraria. La administración puede negar la prueba documental si no se acredita que el actor ha cumplido con su deber de diligencia, lo que implica que el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante no prospera, confirmando la decisión del tribunal.síntesis automática
También resuelve: ¿No existe prueba que el interesado hubiera radicado la petición del documento en la entidad respectiva o que la petición no hubiera sido atendida?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Incidente de desacato en acción de tutela: Auto interlocutorio

Auto interlocutorio — Auto que rechaza incidente 2024-09-12 Sección Quinta PEDRO PABLO VANEGAS GIL Rad. 11001031500020240315801 ACCIONES DE TUTELA
El Despacho deberá establecer si ¿resulta procedente ordenar la apertura del incidente de desacato propuesto por la parte actora, por el presunto incumplimiento de la sentencia del 08 de agosto de 2024 proferida por la Sección Quinta de esta corporación en en la acción de tutela identificada con el radicado Nº 11001-03-15-000-2024-03158-00, que amparó el derecho fundamental de petición de la accionante [A.L.R.S.] y que ordenó a la Agencia Nacional de Tierras contestar la petición elevada respecto a la revocatoria directa de los actos administrativos de adjudicación de los predios “Campo Mar” y “El Mirador del Caribe”? No
El juez constitucional recuerda que, conforme a lo señalado por la Corte Constitucional en sentencia SU-1158 de 2013, las órdenes contenidas en los fallos de tutela deben cumplirse obligatoriamente en la forma fijada por la sentencia, de modo que su incumplimiento viola el artículo 86 de la Constitución Política y afecta la eficacia de las decisiones judiciales. Cuando el despacho ponente constata, a través de los elementos de convicción que siguen a la notificación, que la autoridad accionada dio respuesta oportuna a la solicitud informando el estado actual del procedimiento único de revocatoria contra la resolución de adjudicación sobre los predios, se acredita el acatamiento del fallo. Por consiguiente, ante el cumplimiento efectivo de la sentencia de tutela cuya desatención se predicaba, resulta procedente abstenerse de ordenar la apertura del incidente de desacato propuesto.síntesis automática
RECHAZA
Consejo de Estado Providencia

No debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio

Sentencia — Sentencia 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020210007101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración, mantenimiento y aprovechamiento económico del espacio público e hizo efectiva la cláusula penal, por haberse vulnerado el debido proceso de la contratista, porque la entonces directora del DADEP omitió tramitar la recusación formulada en su contra antes de proferir la Resolución 245 de 8 de julio de 2019 por la cual se resuelven dos recusaciones promovidas contra la Jefe de la Oficina Asesora Jurídica? No
No existe una causal de nulidad autónoma denominada violación del debido proceso, pues las causales previstas en el artículo 137 del CPACA se refieren a formas de vulneración de alguno de los componentes de ese derecho, de modo que el reproche debe encuadrarse en un vicio concreto de forma o de expedición irregular del acto. Tampoco pueden estudiarse los cargos contra actos que no fueron demandados, pues estos se presumen legales mientras no se pida su nulidad. Por ello, la omisión de tramitar una recusación debe demostrarse como vicio específico del acto que se cuestiona y no puede invocarse de manera general. En el caso concreto, la contratista alegó que la omisión de tramitar una recusación antes de resolver otra vulneró su debido proceso, y la providencia confirmó la sentencia de primera instancia que negó la nulidad de los actos que declararon el incumplimiento del contrato y ordenaron hacer efectiva la cláusula penal. Como consecuencia práctica, quien impugne actos de incumplimiento por vicios procedimentales debe identificar la causal específica del artículo 137 y demandar también los actos que resuelven la recusación.síntesis automática
También resuelve: ¿Debe declararse la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la entidad demandada declaró el incumplimiento del contrato de administración… ¿Resulta procedente condenar en costas a la parte vencida en el proceso?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Existe fundamento jurídico para negar la prueba documental solicitada

Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica 2025-06-03 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020140012100 LEY 1437 REPETICION
¿Existe fundamento jurídico para negar la prueba documental solicitada, de tal suerte que la decisión del ponente no resulta irrazonable, desproporcionada o arbitraria? Sí
El contratista no puede obtener el decreto de prueba documental en un proceso de repetición contra la entidad estatal si no demuestra que la petición previa no fue atendida, de acuerdo con el artículo 173 del Código General del Proceso. La entidad estatal puede negar la prueba documental solicitada si la parte demandante no acredita que la petición fue radicada y la entidad guardó silencio, lo que no constituye un exceso ritual manifiesto. La Sala confirmará la decisión del ponente si encuentra fundamento jurídico para negar la prueba documental sin que resulte irrazonable, desproporcionada o arbitraria, reafirmando que la parte actora debe cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 173 del CGP para solicitar la prueba documental. Esta decisión matiza la interpretación de la obligación de solicitar previamente la prueba documental y restringe la posibilidad de obtenerla en la fase judicial sin cumplir con dichos requisitos, lo que limita la capacidad del contratista para obtener pruebas adicionales en la etapa judicial.síntesis automática
También resuelve: ¿La parte actora no probó lo que exige la norma, esto es, que la petición no hubiera sido atendida?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia

Auto interlocutorio — Auto que niega pruebas 2025-11-04 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 50001233300020150019101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las partes pueden pedir pruebas en segunda instancia, entre otras, cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia, por fuerza mayor, caso fortuito o por obra de la contraparte? Sí
El contratista no puede obtener pruebas documentales a través del juez si no ha intentado obtenerlas previamente mediante el derecho de petición, conforme al artículo 78, numeral 10, y 173, inciso 2, del Código General del Procedimiento Administrativo Contencioso. Esta regla se fundamenta en que las partes y sus apoderados deben abstenerse de solicitar al juez documentos que podrían haber conseguido por sí mismos, y su incumplimiento implica la negación de la solicitud de pruebas en segunda instancia. La Sala ha reiterado este criterio, estableciendo que no procede el decreto de pruebas documentales cuando no se acredita que la parte demandante haya realizado las gestiones necesarias antes de interponer la demanda. Esta decisión implica que las partes deben cumplir rigurosamente con la carga procesal antes de solicitar pruebas en el proceso, lo que puede limitar significativamente la obtención de pruebas documentales en segunda instancia.síntesis automática
También resuelve: ¿Es deber de las partes y sus apoderados abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que, directamente, o por medio del ejercicio del derecho de petición, hubieren podido conseguir?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

No resulta procedente la petición de impulso procesal reiterada por el demandante

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición 2023-08-10 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 70001233100019980028901 ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente la petición de impulso procesal reiterada por el demandante, con miras a obtener fallo definitivo, cuando se observa que aún existen actuaciones procesales pendientes por surtirse en el trámite del proceso? No
El demandante que reitera solicitudes de impulso procesal con la pretensión de obtener un fallo definitivo anticipado se enfrenta a una respuesta negativa por parte del despacho judicial cuando en el expediente constan actuaciones pendientes por surtir, tales como el trámite y resolución de objeciones a dictámenes periciales. El juez tiene el deber ineludible de garantizar el respeto al principio de preclusión y a las etapas procesales previstas en la ley para salvaguardar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de los sujetos procesales. Las peticiones recurrentes sobre un mismo punto no agilizan la adopción de la sentencia definitiva, por lo que el operador jurídico debe resolver cada solicitud en orden riguroso antes de proceder a emitir la decisión de fondo que ponga fin al litigio contencioso administrativo.síntesis automática
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado Providencia

Los jueces tienen la obligación de respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición 2024-03-11 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020080125501 ACCION CONTRACTUAL
¿Los jueces tienen la obligación de respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia? Sí
Los jueces deben respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia, y que la solicitud de impulso de un proceso judicial no se tramita como derecho de petición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 impone a los jueces el deber de respetar el orden para proferir sentencia. Segunda, la actividad judicial se rige por los códigos procesales de cada jurisdicción, y los procesos contencioso administrativos siguen el CCA o el CPACA según la fecha de inicio, conforme al artículo 308 del CPACA. Tercera, la jurisprudencia citada ha precisado que el derecho de petición regulado en la Ley 1755 de 2015 es improcedente ante las autoridades judiciales en desarrollo de su actividad judicial. La providencia ordena estarse a lo resuelto e informar a la solicitante que el proyecto de sentencia se redactará en su turno. La consecuencia práctica es que el reclamo sobre la demora en el fallo se resuelve dentro del turno del despacho y no mediante derecho de petición.síntesis automática
También resuelve: ¿La actividad de las autoridades judiciales está regulada en los códigos procesales de las respectivas jurisdicciones y especialidades?
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado Providencia

No es posible tener por acreditado el cabal cumplimiento de las obligaciones que adquirió el consorcio

Sentencia — Sentencia 2024-08-02 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 44001234000020140000101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Hubo incumplimiento reiterado del consorcio contratista respecto de las obligaciones adquiridas en el contrato de obra? Sí
El contratista incumple reiteradamente las obligaciones del contrato de obra pública, específicamente en la remoción y retiro de biomasa del vaso del embalse del río Ranchería, lo que lleva a la revocación de la decisión que ordenaba la liquidación del contrato. La Sala establece que no se acredita el cumplimiento de las obligaciones contractuales ni la entrega y recepción de las obras a satisfacción de la interventoría, y que no se presentaron pruebas que respalden la ejecución de una mayor cantidad de obra. Además, el Incoder determinó que el consorcio incumplió al solo alcanzar un avance del 9% en la remoción de biomasa, lo que confirma la falta de cumplimiento contractual. La regla reitera la importancia de acreditar el cumplimiento de las obligaciones contractuales y la necesidad de presentar pruebas documentales para evitar la terminación del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Es posible establecer efectivamente que el consorcio cumplió con las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de obra? ¿El Incoder determinó que el consorcio había incurrido en un incumplimiento contractual, dado que solo se había comprobado un avance total de un 9% de la remoción de biomasa? ¿El pliego de condiciones impone que una orden de ejecución requería de aprobación por parte del supervisor del INCODER y de la disponibilidad presupuestal en forma previa?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No es posible establecer si por ese medio se entregaron a la aseguradora las autorizaciones y los anexos mencionados por la entidad

Auto interlocutorio — Auto que resuelve apelación de auto 2026-10-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020220039802 Controversias contractuales
¿Para tener por cumplida la carga prevista en el artículo 173 del CGP basta con comprobar que la autoridad dio respuesta formal al derecho de petición mediante el cual la parte solicitó los documentos? Sí
El contratista no cumple con la carga prevista en el artículo 173 del Código General del Proceso si la respuesta formal a su derecho de petición no permite acceder efectivamente a los documentos solicitados, ya que la regla exige que estos sean entregados o que se permita su consulta. La entidad estatal debe atender íntegramente la petición documental para que el juez se abstenga de ordenar pruebas adicionales, salvo que la parte demuestre que su solicitud no fue atendida. Además, si la respuesta oficial ya reconoce el hecho que se pretende acreditar, las pruebas documentales adicionales resultan superfluas en virtud del artículo 168 del CGP, a menos que demuestren utilidad específica para el propósito probatorio indicado. Asimismo, el agotamiento del trámite de insistencia no es un requisito para solicitar judicialmente la incorporación de documentos considerados reservados, y la administración no puede oponer la reserva a la autoridad judicial sin asegurar la conservación de los documentos. Finalmente, la prueba documental que acredita pagos o recuperaciones patrimoniales efectivas es pertinente para establecer el monto del daño subsistente, siempre y cuando se demuestre que los documentos remitidos mediante enlaces electrónicos han quedado incorporados y preservados de manera estable en el expediente.síntesis automática
También resuelve: ¿Deben rechazarse como superfluas las pruebas documentales adicionales cuando el hecho que se busca acreditar ya aparece expresamente reconocido en la respuesta oficial de la entidad entidad al… ¿El agotamiento del trámite de insistencia previsto en el artículo 26 de la Ley 1755 de 2015 constituye un requisito para solicitar judicialmente la incorporación de documentos que una autoridad se… ¿Procede decretar la incorporación de los documentos que acrediten los pagos o las recuperaciones patrimoniales efectivas obtenidas por el FUTIC en los procesos de cobro coactivo…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-07-31 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 08001233300020150000301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El derecho que la demandante pretendió hacer efectivo ante el Distrito debió ser exigido, discutido y definido en el marco del procedimiento de liquidación contractual? Sí
El contratista no puede exigir el pago de saldos insolutos fuera del procedimiento de liquidación contractual, ya que este es el marco adecuado para discutir y definir tales derechos conforme al principio de universalidad y las normas que lo regulan. El liquidador debe incluir en el inventario de pasivos las acreencias debidamente comprobadas, es decir, las reconocidas, no las rechazadas, y cualquier reclamo debe ser discutido a través del cuestionamiento en vía administrativa y judicial de los actos del liquidador. Además, la entidad que realiza la liquidación es la única llamada a definir el reconocimiento de las acreencias, y no puede subsanarse a través de una petición extemporánea a otra entidad. Esta regla reitera la importancia de seguir el procedimiento de liquidación para garantizar la universalidad y la prelación de créditos, lo que implica que los acreedores deben participar en el proceso de liquidación para obtener el reconocimiento y pago de sus acreencias.síntesis automática
También resuelve: ¿La liquidación de entidades públicas tiene por propósito realizar la disolución y liquidación de una entidad, a fin de que sean enajenados sus activos para proceder con el pago de las obligaciones… ¿Al agente liquidador le corresponde integrar la totalidad de los activos y pasivos que tiene la entidad en su patrimonio… ¿Para que proceda la cancelación de las acreencias a cargo de una entidad en liquidación, la obligación deberá estar relacionada en un inventario de pasivos y debidamente comprobada?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

En esta última fecha se configuró el silencio administrativo positivo en los términos del artículo 84 del CPACA

Sentencia — Sentencia 2026-10-05 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020190053101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Para que opere el silencio administrativo positivo respecto de la renuncia del contrato de concesión minera, se deben cumplir los siguientes requisitos: presentar por parte del concesionario de la manifestación unilateral de renuncia al contrato de concesión minera; y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta (30) días contados a partir de su radicación.? Sí
Para que el silencio administrativo positivo opere en el contexto de la renuncia al contrato de concesión minera, es necesario que el concesionario presente una manifestación unilateral de renuncia y que la autoridad minera omita emitir pronunciamiento sobre dicha solicitud dentro del término perentorio de treinta días hábiles. En este caso, la Sala ha confirmado que la configuración del silencio administrativo positivo se da cuando la Administración no responde a la solicitud de renuncia dentro del plazo establecido, lo que implica la aceptación tácita de la renuncia.síntesis automática
También resuelve: ¿Configura el silencio administrativo positivo el vencimiento del término legal otorgado a la Administración para resolver una petición… ¿Opera el silencio administrativo positivo frente a la renuncia al contrato de concesión minera cuando el concesionario presenta la solicitud de renuncia y la autoridad minera deja vencer el término… ¿Conservaba la Agencia Nacional de Minería competencia para proferir actos administrativos sobre la renuncia al contrato de concesión minera después de configurarse el silencio administrativo…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 05001233300020170020701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El extremo activo va contra sus propios actos al demandar el cumplimiento del pago sin haberse allanado previamente a probar el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar? Sí
El contratista no puede demandar el cumplimiento del pago sin acreditar previamente el cumplimiento de las obligaciones que aceptó honrar, conforme a los requisitos específicos pactados en el contrato, como la presentación de cuentas de cobro con sus anexos y la certificación del supervisor del contrato, ya que va contra sus propios actos y no cumple con la carga probatoria que le corresponde según el artículo 167 del Código General del Proceso. La entidad estatal no está obligada a pagar sin que se demuestre el cumplimiento de las condiciones pactadas, lo que implica respetar la autonomía de la voluntad de las partes y el principio de necesidad de la prueba en la contratación estatal. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la exigibilidad de la obligación contractual y la importancia de cumplir con los requisitos específicos para la causación del pago, lo que implica que los contratistas deben acreditar debidamente el cumplimiento de sus obligaciones para poder reclamar el pago.síntesis automática
También resuelve: ¿La ley no impide que las partes en ejercicio de la autonomía de su voluntad acuerden ciertos requisitos contractuales específicos para la causación de la obligación de pago? ¿No es posible apartarse de la carga probatoria que el contrato le imponía al demandante para poder reclamar el pago, en tanto las cláusulas fueron explícitas al fijar tanto las condiciones como el… ¿Es posible hacer un ajuste final de cuentas que permita declarar a las partes a paz y salvo para extinguir el negocio jurídico y poner fin a los derechos y obligaciones que emergieron de la fuente…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

No se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud

Sentencia — Sentencia 2024-07-31 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233300020160055301 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se desconocieron los efectos del silencio positivo con la expedición de las resoluciones que negaron la solicitud de renuncia al contrato de concesión minera? No
El contratista no puede invocar el silencio administrativo positivo para renunciar a un contrato de concesión minera si no se encuentra al día con sus obligaciones, según establece la Sala. La entidad estatal no pierde competencia para resolver la solicitud de renuncia cuando el concesionario no cumple con los requisitos legales y contractuales, como estar a paz y salvo en el cumplimiento de las obligaciones económicas. La Sala concluye que la expedición de resoluciones que negaron la renuncia no desconoce los efectos del silencio positivo, ya que este no se configura en ausencia de los requisitos materiales del derecho pretendido. Esta decisión modifica precedentes, estableciendo que el silencio administrativo positivo no opera si el concesionario incumple sus obligaciones, lo que implica que las resoluciones que negaron la renuncia fueron expedidas con competencia y legalidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La controversia planteada es un asunto de índole contractual, pues lo que se discute es la terminación de una concesión para la exploración y explotación de un yacimiento de minerales… ¿El derecho a explorar y explotar minas de propiedad estatal solo puede constituirse, declararse y probarse mediante el contrato de concesión minera… ¿El concesionario tiene la prerrogativa de renunciar libremente a la concesión?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La solicitud presentada en curso de un contrato estatal se entiende favorable por silencio administrativo positivo si la entidad no se pronuncia en tres meses conforme al artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993.

Sentencia — Sentencia 2025-11-25 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020170045901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El consorcio protocolizó tres solicitudes que efectuó ante el IDU, y adujo la configuración de un acto ficto a su favor, ante la omisión de la entidad de responder dentro de los 3 meses siguientes? Sí
La entidad estatal que omite pronunciarse dentro del término legal frente a las solicitudes presentadas en el curso de un contrato genera la configuración del silencio administrativo positivo favorable a las pretensiones del solicitante. En aplicación del artículo 25.16 de la Ley 80 de 1993, si la entidad estatal no se pronuncia dentro del término de tres meses siguientes, se entiende que la decisión es favorable al peticionario, debiendo acudirse a la complementariedad con el artículo 77 de la misma ley y al artículo 85 del CPACA para su respectiva protocolización. En el litigio sometido a estudio, el consorcio protocolizó tres solicitudes formuladas ante el IDU aduciendo la operancia del silencio administrativo positivo ante la ausencia de respuesta oportuna de la entidad.síntesis automática
También resuelve: ¿La mera formulación de una petición de contenido económico y su falta de respuesta por parte de la Administración no da lugar a la consolidación de un derecho a favor del solicitante? ¿Constituirá acto administrativo sólo aquella comunicación cuyo contenido atañe al despliegue de una prerrogativa de poder público, que se origina por voluntad de la Administración, y que además… ¿El acta de terminación del contrato, al igual que el acta de recibo de la obra, son instrumentos que dan cuenta de los hitos en que aconteció la culminación del negocio…
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