Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →

SEGURIDAD Y DEFENSA NACIONAL

8 documentos encontrados
Ordenar:
Atención: tienes 1 filtro marcado Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Colombia Compra Eficiente Concepto

Por un lado, los bienes o servicios deben ser adquiridos por entidades del sector defensa y, su adquisición debe ser reservada.

C-062 de 2026 2026-01-30
¿Cuál es el marco general para la contratación directa tratándose del suministro de bienes y servicios en el sector defensa, que necesiten reserva para su adquisición?
La contratación directa para adquirir bienes y servicios del sector defensa que requieren reserva procede solo cuando concurren dos requisitos: uno orgánico, que la adquisición la realice una entidad del sector defensa, y uno material, que la adquisición sea reservada. Según el concepto, la causal del literal d) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 se interpreta de forma estricta, porque la contratación directa es excepcional. Dos razones sostienen esta postura. Primera, el artículo 2.2.1.2.1.4.6 del Decreto 1082 de 2015 exime a estas entidades de publicar los documentos del proceso cuando la adquisición requiere reserva, y permite contratar en condiciones de mercado sin necesidad de recibir varias ofertas, lo que la norma prevé solo para esos casos. Segunda, cuando no coexisten los requisitos orgánico y material, deben privilegiarse los procedimientos de selección con pluralidad de oferentes. La consecuencia práctica es que la entidad debe verificar, antes de acudir a la contratación directa, que pertenece al sector defensa y que la adquisición es reservada, y que si alguno de los dos requisitos falta debe adelantar un proceso con pluralidad de oferentes.síntesis automática
También resuelve: Egcap: ámbito de aplicación, entidades estatales Contratación directa: Ley 1150 de 2007, Artículo 2.4, literal d), alcance Sector defensa: estructura, entidades adscritas, entidades vinculadas
Colombia Compra Eficiente Concepto

Por un lado, los bienes o servicios deben ser adquiridos por entidades del sector defensa o por la Dirección Nacional de Inteligencia y, su adquisición debe ser reservada.

C-1500 de 2025 2025-10-27
¿Cuál es el marco general para la contratación directa tratándose del suministro de bienes y servicios en el sector defensa y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), que necesiten reserva para su adquisición?
Los literales d) y j) del artículo 2.4 de la Ley 1150 de 2007 permiten la selección directa para la contratación de bienes y servicios en el sector defensa y en la Dirección Nacional de Inteligencia cuando su adquisición requiere reserva. La procedencia de esta causal exige el cumplimiento de dos requisitos: uno orgánico, según el cual los bienes o servicios deben ser adquiridos por entidades del sector defensa o por la Dirección Nacional de Inteligencia, y uno material, según el cual su adquisición debe ser reservada. El Decreto 1082 de 2015, en su artículo 2.2.1.2.1.4.6, dispone que las entidades de estos sectores, así como la Unidad Nacional de Protección, no están obligadas a publicar los documentos del proceso cuando la adquisición requiere reserva. Por tratarse de causales de interpretación estricta, la entidad debe verificar ambos requisitos antes de acudir a la contratación directa. La consecuencia práctica es que la reserva de la adquisición habilita el procedimiento directo solo cuando la entidad pertenece al sector y el objeto del contrato se encuentra efectivamente cubierto por la reserva.síntesis automática
También resuelve: Egcap: ámbito de aplicación, entidades estatales Contratación directa: Ley 1150 de 2007, Artículo 2.4, literales d) y j), alcance Sector defensa: estructura, entidades adscritas, entidades vinculadas
Colombia Compra Eficiente Concepto

Las afirmaciones aquí realizadas no pueden ser interpretadas como juicios de valor sobre circunstancias concretas relacionadas con los hechos que motivan la consulta.

C-1089 de 2026 2026-07-31
¿Cuál es el régimen jurídico aplicable a la adquisición de armamento, municiones y explosivos por entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, y cuáles son las consecuencias jurídicas derivadas de la existencia del monopolio estatal sobre su fabricación y comercialización?
El contratista puede adquirir armamento, municiones y explosivos mediante contratación directa cuando la entidad estatal pertenece al sector defensa y la adquisición requiere reserva, según el literal d) del artículo 2.4 de la Ley 1150 de 2007. Esta causal se aplica a entidades como el Ministerio de Defensa y sus adscritas, y se circunscribe a la necesidad de proteger temas de seguridad nacional. Además, la Industria Militar (Indumil) tiene el monopolio estatal sobre la producción y abastecimiento de estos bienes para las Fuerzas Militares y la Policía Nacional, por lo que las entidades estatales deben contratar directamente con Indumil cuando es posible, salvo que esta entidad no tenga la capacidad de producción o no cumpla con los requisitos de calidad y oportunidad. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la contratación directa en el sector defensa, permitiendo una mayor flexibilidad en la adquisición de bienes estratégicos mientras se mantiene el principio de reserva.síntesis automática
También resuelve: Egcap: ámbito de aplicación, entidades estatales Contratación directa: Ley 1150 de 2007, Artículo 2.4, literal d), alcance Sector defensa: estructura, entidades adscritas, entidades vinculadas
Colombia Compra Eficiente Concepto

Por un lado, los bienes o servicios deben ser adquiridos por entidades del sector defensa y, su adquisición debe ser reservada.

C-322 de 2026 2026-03-04
¿Cuál es el ámbito de aplicación y las excepciones de la prohibición del artículo 33 de la Ley de Garantías en lo relacionado con la defensa y la seguridad del Estado?
Conforme a la interpretación general de las normas del sistema de compras públicas, la restricción prevista en el artículo 33 de la Ley 996 de 2005 cobija a cualquier entidad pública independiente del régimen jurídico, que pueda mediante la contratación directa romper el equilibrio entre los candidatos en desarrollo de las elecciones presidenciales. Dicha norma aplica frente a la contratación directa, entendida como cualquier sistema de selección o procedimiento de contratación utilizada por las entidades estatales que no incluya la convocatoria pública en alguna de sus etapas, ni permita la participación de una pluralidad de oferentes, ya sea en aplicación de normas del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, así como de regímenes especiales.
También resuelve: Ley de garantías electorales: finalidad, tipos de restricciones, ámbito temporal, celebración Contratación directa: Ley 1150 de 2007, Artículo 2.4, literal d), alcance Sector defensa: estructura, entidades adscritas, entidades vinculadas
Colombia Compra Eficiente Concepto

No resulta procedente que las entidades territoriales invoquen la causal de contratación directa de 2007, por dos razones fundamentales.

C-1223 de 2026 2026-09-16
¿Resulta procedente que las entidades territoriales acudan a la contratación directa, invocando las causales previstas relativa a la defensa y seguridad del Estado, y cuáles son los límites normativos y jurisprudenciales que condicionan su aplicación en el ámbito territorial?
El contratista puede acudir a la contratación directa basándose en las causales de defensa y seguridad del Estado, siempre que justifique adecuadamente por qué los bienes y servicios son necesarios para garantizar la estabilidad y continuidad del Estado, distinguiendo claramente este concepto de la seguridad ciudadana. La entidad estatal debe evaluar si los bienes o servicios a adquirir presentan características técnicas uniformes, lo que determinará el procedimiento de contratación a seguir. La jurisprudencia reitera que el concepto de defensa y seguridad nacional es indeterminado y su concreción depende de la situación fáctica particular, por lo que no es aplicable para entidades del orden territorial que se encargan de la seguridad ciudadana. Esto implica que las entidades estatales deben interpretar y aplicar este concepto bajo una comprensión sistemática del orden público, lo que limita su uso a entidades del orden nacional con competencias específicas en defensa y seguridad.síntesis automática
También resuelve: Defensa y seguridad: concepto jurídico indeterminado, entidades del orden nacional, selección abreviada, bienes y servicios Defensa y seguridad nacional: alcance, diferencia, seguridad ciudadana Adquisición de bienes y servicios para la defensa y seguridad nacional: causal de selección abreviada, procedencia
Consejo de Estado Providencia

Contratación estatal: Concepto sin reserva

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2023-01-31 Sala Consulta y Servicio Civil MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA Rad. 11001030600020220025000 CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
En el marco de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-153 de 2022, ¿Existe un procedimiento que se debe seguir en aquellos convenios interadministrativos que se encuentran en plena ejecución, y en las siguientes circunstancias: 1. Con cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales. 2. Con presunto incumplimiento del objeto y/o de las obligaciones contractuales? Sí
El contratista no puede ser sancionado con multas unilateralmente por la entidad estatal en un contrato interadministrativo en ejecución, salvo que dicha facultad esté prevista en la ley, debido a que la imposición de multas es una prerrogativa que debe estar legalmente establecida para evitar la violación del principio de legalidad en la contratación estatal. La Sala de Consulta del Consejo de Estado reitera que la prohibición de contratación directa durante el período previo a las elecciones presidenciales, conforme a la Ley 996 de 2005, abarca cualquier sistema que no implique convocatoria pública y pluralidad de oferentes, excluyendo así modalidades como la licitación pública. Además, la Corte Constitucional declaró inexequible con efectos retroactivos la modificación al artículo 38 de la Ley 996 de 2005, que permitía a la Nación celebrar convenios interadministrativos con entidades territoriales para ejecutar programas y proyectos del Presupuesto General de la Nación, por violar la reserva de ley estatutaria y el principio de unidad de materia. Esto implica que los convenios interadministrativos celebrados en el marco de dicha modificación están sujetos a la anulación y a la revisión de su legalidad por parte de la Contraloría General de la República.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede la aplicación de las cláusulas de multa y penal pecuniaria a los entes territoriales que no han cumplido con el objeto y/o las obligaciones pactadas en los convenios interadministrativos de… ¿Deben ser objeto de terminación y liquidación, todos los convenios interadministrativos suscritos a partir del 13 de noviembre de 2021 y hasta la terminación de la restricción de ley de garantías…
Consejo de Estado Concepto

Contratación estatal: Concepto sin reserva

Concepto sin reserva — Concepto sin reserva 2023-01-31 Sala Consulta y Servicio Civil MARIA DEL PILAR BAHAMON FALLA Rad. 11001030600020220025000 CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
En el marco de las órdenes impartidas por la Corte Constitucional en la sentencia C-153 de 2022, ¿Existe un procedimiento que se debe seguir en aquellos convenios interadministrativos que se encuentran en plena ejecución, y en las siguientes circunstancias: 1. Con cabal cumplimiento del objeto y de las obligaciones contractuales. 2. Con presunto incumplimiento del objeto y/o de las obligaciones contractuales? Sí
La Corte Constitucional, en su fallo erga omnes confirió efectos retroactivos a su decisión, debido a que estimó necesario restablecer el orden constitucional y sancionar una violación flagrante y deliberada de la Constitución. Entonces, para efectos de cumplir lo ordenado en la sentencia C-153 de 2022, los convenios interadministrativos celebrados al amparo del artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 que se encuentren en ejecución, deben ser terminados y liquidados inmediatamente sin perjuicio de la devolución de los recursos girados y no ejecutados y de las restituciones a que haya lugar entre las entidades que los suscribieron. Si alguna de las entidades que son parte en los convenios se niega a terminarlos y/o a liquidarlos, la otra estaría facultada para demandar la terminación y/o la liquidación a efectos de obtener la devolución de los recursos públicos a que haya lugar.
También resuelve: ¿Procede la aplicación de las cláusulas de multa y penal pecuniaria a los entes territoriales que no han cumplido con el objeto y/o las obligaciones pactadas en los convenios interadministrativos de… ¿Deben ser objeto de terminación y liquidación, todos los convenios interadministrativos suscritos a partir del 13 de noviembre de 2021 y hasta la terminación de la restricción de ley de garantías…
Consejo de Estado Providencia

Se confirmará la sentencia de primera instancia

Sentencia — Sentencia 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020200034201 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Ser probó la existencia de un vicio redhibitorio habilitante para reclamar perjuicios? Sí
El contratista puede reclamar perjuicios por la existencia de un vicio redhibitorio si demuestra que el defecto era oculto y no evidente a partir de la inspección del bien y su documentación, y que la entidad estatal, por su especialidad y experticia, debía conocerlo pero no lo hizo constar en el pliego de condiciones. La regla establece que el tradente debe manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio, lo que implica que la entidad estatal incumplió su deber de buena fe al no advertir el defecto presente en el bien al momento de la celebración del contrato. Esta decisión reitera y matiza la responsabilidad del tradente en la identificación y manifestación de vicios ocultos, lo que implica que las entidades estatales deben ser más diligentes en la verificación y documentación de las características del bien antes de la adjudicación del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Es deber de conducta del tradente manifestar todo vicio que conozca o deba conocer del bien en razón de su profesión u oficio? ¿Los vicios redhibitorios son aquellos existentes pero ocultos para el adquirente, quien sin negligencia grave no tuvo como advertirlos? ¿La demandada discute su responsabilidad frente a los vicios encontrados posteriormente en el bien y su saneamiento, en tanto afirma que este se entregó en las mismas condiciones en que fue conocido…
CONFIRMA