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RESOLUCIÓN DEL CONTRATO POR INCUMPLIMIENTO

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Consejo de Estado Providencia

El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados

Sentencia — Sentencia 2024-09-27 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 08001233100019980117801 ACCION CONTRACTUAL
¿El demandante tiene derecho a retener los $100’000.000 del precio pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales del contrato de promesa de compraventa? Sí
El contratista tiene derecho a retener los $100’000.000 pagados por el municipio como arras confirmatorias-penales en un contrato de promesa de compraventa, dado que el municipio incumplió con la obligación de otorgar la escritura pública, lo que permite que las arras operen como cláusula penal y no como parte del precio. La naturaleza confirmatoria-penal de las arras se evidencia en el contrato, donde se estipula que operan como pena en caso de incumplimiento, y no como arras de retracto, ya que no conceden facultad de desistimiento. Esta decisión modifica la interpretación previa sobre el alcance de las arras confirmatorias-penales en contratos estatales, reforzando que estas pueden operar como cláusula penal en caso de incumplimiento contractual.síntesis automática
También resuelve: ¿Los recursos entregados a título de arras dejaron de operar como parte del precio y se convirtieron en una pena cuyo alcance debe ser entendido en consonancia con las normas sobre cláusula penal? ¿Si las partes no definen la naturaleza de las arras se entiende que son de retracto? ¿Ante la desaparición del título jurídico en virtud del cual el demandado ostentaba la tenencia del predio, el demandante se encuentra habilitado para recuperarlo?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos

Sentencia — Sentencia 2026-03-13 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 44001234000020130013401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las manifestaciones de voluntad de la entidad demandada, tienen connotaciones y efectos homólogos a los actos jurídicos que se desarrollan en el tráfico negocial de los particulares? Sí
El contratista puede ejercer facultades unilaterales en contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, siempre y cuando estas estén pactadas de manera clara y expresa en el acuerdo de voluntades, en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos. La entidad estatal no puede suspender unilateralmente el plazo de ejecución del contrato sin un acuerdo mutuo o en ausencia de causas de fuerza mayor o caso fortuito, y estas facultades no tienen efectos una vez vencido el plazo contractual según lo pactado. Esta decisión reitera la jurisprudencia sobre la aplicación del derecho privado en contratos estatales, matizando que aunque las manifestaciones de voluntad de la entidad estatal tienen efectos homólogos a los actos jurídicos privados, deben respetar los principios de la función administrativa y las inhabilidades e incompatibilidades del EGCAP.síntesis automática
También resuelve: ¿El negocio jurídico se consideraría vigente una vez perfeccionado y hasta el momento de su liquidación definitiva? ¿En los contratos sometidos al derecho privado por disposición legal, pueden pactarse y ejercerse facultades unilaterales en virtud de la autonomía de la voluntad que rige los negocios jurídicos? ¿El régimen jurídico de los acuerdos de voluntades suscritos entre la contratista y Acuavalle, y los actos jurídicos de esta última, eran de derecho privado?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La entidad pública demandada respetó el debido proceso

Sentencia — Sentencia 2024-04-08 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 25000233600020140022401 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La entidad pública demandada respetó el debido proceso durante el desarrollo del procedimiento administrativo tendiente a declarar el incumplimiento del contrato? Sí
El contratista no puede invocar la excepción de contrato no cumplido cuando no demuestra la imposibilidad de ejecución de sus obligaciones, por lo que la entidad estatal no violó el debido proceso al declarar su incumplimiento parcial y establecer la penalidad proporcional al grado de incumplimiento, en este caso, el 8.999% del valor total del contrato. La Sala modifica el fallo al precisar que, aunque las sanciones por incumplimiento se imponen de acuerdo a la participación de cada uno de los miembros de la unión temporal, la devolución de los dineros recibidos y no ejecutados es solidaria entre los integrantes de la unión temporal, conforme al artículo 7 de la Ley 80 de 1993. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los requisitos legales para excusarse del incumplimiento contractual y establece que la entidad estatal debe garantizar el debido proceso en los procedimientos administrativos de liquidación unilateral del contrato.síntesis automática
También resuelve: ¿Como el incumplimiento en que incurrió la unión temporal contratista fue del 45%, el valor a pagar como penalidad corresponde al 8.999% del valor total del contrato? ¿Los argumentos de los apelantes que sustentaban la falsa motivación de las resoluciones por inexistencia de incumplimiento tienen vocación de prosperidad? ¿Se justifica la demora en la obligación de disposición de personal y en las demás obligaciones secundarias a cargo del contratista?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

La Sala liquidará el contrato según lo pretendido

Sentencia — Sentencia 2025-04-28 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 47001233100019990077801 ACCION CONTRACTUAL
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve: ¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla? ¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso? ¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
REVOCA