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Se solicita aclaración si es necesario estar inscritos en el Secop II, (Sistema Electrónico de Contratación Pública), para la contratación directa con los resguardos.
Se solicita aclaración si es necesario estar inscritos en el Secop II, (Sistema Electrónico de Contratación Pública), para la contratación directa con los resguardos. Conforme se expuso en las consideraciones de este concepto, se evidencia que lo prescrito en el Decreto 1953 de 2014 no fue derogado por la Ley 2160 de 2021. Así pues, los Territorios y Resguardos Indígenas que hayan sido autorizados para administrar recursos del SGP, conforme a lo dispuesto por ese decreto, se consideran entidades estatales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2° de la Ley 80 de 1993. Dicha capacidad será ejercida a través de su representante legal, conforme a lo dispuesto en el decreto.
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¿Bajo qué parámetros pueden celebrarse contratos de administración con recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para resguardos indígenas -AESGPRI-?
Cuando la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para resguardos indígenas no es administrada por el resguardo ni por una asociación de resguardos autorizada conforme al Decreto 1953 de 2014, su ejecución se realiza mediante un contrato de administración suscrito entre la entidad territorial respectiva y el representante legal del resguardo designado por las autoridades propias. Los territorios y resguardos indígenas autorizados para administrar recursos del Sistema General de Participaciones se consideran entidades estatales conforme al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, y ejercen esa capacidad a través de su representante legal; el Decreto 1953 de 2014 les dio el tratamiento de entidades de derecho público especial. Los actos o contratos que celebren los territorios indígenas para la ejecución de esa asignación se rigen por el Estatuto Orgánico de Presupuesto, el Estatuto de Contratación Estatal, las normas contables de la Contaduría General de la Nación y las demás disposiciones complementarias y sectoriales. Si requieren contratar con asociaciones de cabildos o autoridades tradicionales indígenas constituidas conforme al Decreto 1088 de 1993, la modalidad de selección se surte según el literal c) del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007.síntesis automática
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¿Resulta exigible el deber de publicación en SECOP de los contratos de administración que se suscriben con los resguardos indígenas para la ejecución de los recursos del Sistema General de Participaciones -SGP-?
Los contratos de administración que celebran los resguardos indígenas para ejecutar recursos del Sistema General de Participaciones están sujetos al deber de publicación en el SECOP. La postura parte de que estos resguardos y territorios autorizados para administrar recursos del SGP tienen la calidad de entidades estatales conforme al artículo 2 de la Ley 80 de 1993, según el Decreto 1953 de 2014. Tres razones la sostienen. Primera, el principio de publicidad de los artículos 209 y 74 de la Constitución obliga a las autoridades a dar a conocer sus actos, contratos y decisiones para que puedan ser divulgados y controlados. Segunda, el literal c) del artículo 3 de la Ley 1150 de 2007 atribuye al SECOP la función de contener la información oficial de la contratación con dineros públicos. Tercera, el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014 exige publicar los datos de adjudicación y ejecución de los contratos, información que también debe reflejarse en el SECOP.síntesis automática
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¿En los contratos DE OBRA que celebre la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo, se entiende pactada la cláusula de caducidad?
Conforme a la explicación precedente, los contratos de obra que suscriba la sociedad fiduciaria para la ejecución de los bienes, derechos e intereses del Fondo Nacional de Gestión del Riesgo se encontrarán incorporadas las cláusulas excepcionales del derecho común, a pesar de que no sean pactadas por las partes, de acuerdo a la remisión del artículo 66 de la Ley 1523 de 2012 a los artículos 14 a 18 de Ley 80 de 1993. En otras palabras, si bien están exceptuados del régimen general de contratación, posibilitó la aplicación de cláusulas dispuestas en las normas citadas, por lo que este tipo de contrataciones deben interpretarse sistemáticamente con los tipos de contratos que permiten la inclusión de cláusulas exorbitantes, ya sea como elementos de la naturaleza o accidentales, en cuyo caso la cláusula de caducidad se entendería pactada en los contratos de obra.
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Teniendo en cuenta el artículo 124 de la Ley 2159 de 2021 modificó transitoriamente la restricción del artículo 38 de la Ley de Garantías para la suscripción de contratos o convenios interadministrativos, usted solicita « que la Agencia Nacional de Contratación Pública, Colombia Compra Eficiente generé (sic) lineamientos dirigidos a la contratación con las comunidades de pueblos indígenas del país, por medio de sus distintas formas organizativas ».
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Usted realiza la siguiente pregunta: «Los Cabildos Indígenas tienen capacidad jurídica para suscribir contratos interadministrativos con entidades públicas?».
Los Cabildos Indígenas tienen capacidad jurídica para suscribir contratos interadministrativos con entidades públicas?. Según se explicó en las consideraciones de este concepto, el contrato interadministrativo en el régimen jurídico vigente de la contratación estatal se define a partir de un criterio eminentemente subjetivo u orgánico. Es decir, que un contrato se califica como interadministrativo cuando se celebra por parte de dos o más entidades estatales –o sea, por parte de órganos que tienen una naturaleza jurídica pública y capacidad para contratar –, con prescindencia de las normas que regulen la relación contractual.
¿Es posible que, con base en el Decreto 252 de 2020, se contraten directamente a las organizaciones indígenas para que estas construyan infraestructura educativa?
De conformidad con las consideraciones de este concepto, el artículo 1 del Decreto 252 de 2020 permite que las asociaciones de cabildos o asociaciones de autoridades tradicionales indígenas y las «organizaciones indígenas» contraten con las entidades estatales, y además pueden hacerlo de manera directa –sin necesidad de participar en licitaciones u otro proceso de selección–, pero condicionado a la composición de esas organizaciones, cuyos miembros deben ser, exclusivamente: i) cabildos indígenas, ii) resguardos indígenas, iii) asociaciones de cabildos indígenas, iv) asociaciones de autoridades indígenas, y v) otras formas de autoridad indígena.
¿La contratación directa, en los términos del artículo 1 del Decreto 252 de 2020 opera para cualquier bien, producto o servicio, o existe restricción legal aplicable?
¿La contratación directa, en los términos del artículo 1 del Decreto 252 de 2020 opera para cualquier bien, producto o servicio, o existe restricción legal aplicable? En caso de existir restricción, favor indicarla y sustentarla jurídicamente.
¿Puede una entidad territorial en cuya jurisdicción existen dos resguardos indígenas celebrar un único contrato de administración de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas que comprenda los recursos de ambos resguardos?
El contratista no puede celebrar un único contrato de administración de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para dos resguardos indígenas en una misma entidad territorial, ya que la normativa establece que los recursos se distribuyen y administran individualmente para cada resguardo, requiriéndose la celebración de contratos separados entre la entidad territorial y las autoridades de cada resguardo. Esta regla implica que la administración de los recursos debe respetar la individualización de cada resguardo, asegurando que los proyectos y presupuestos reflejen las necesidades específicas de cada comunidad indígena, lo que garantiza la transparencia y la efectividad en la ejecución de los recursos.síntesis automática
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¿Cuentan los resguardos indígenas con capacidad jurídica para celebrar contratos o convenios con Entidades Estatales?
Las asociaciones de cabildos y autoridades tradicionales indígenas tienen capacidad jurídica para contratar con entidades estatales. El Decreto 1088 de 1993 las califica como entidades de derecho público de carácter especial, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa, y pueden celebrar contratos o convenios de manera directa con las entidades estatales conforme al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Las organizaciones indígenas también pueden hacerlo, pero solo cuando estén conformadas exclusivamente por cabildos indígenas, resguardos, asociaciones de cabildos, asociaciones de autoridades u otra forma de autoridad indígena propia. Este tratamiento responde al compromiso del Estado con el Convenio 169 de la OIT, incorporado al bloque de constitucionalidad mediante la Ley 21 de 1991, que ha dado lugar a un régimen jurídico particular para los acuerdos con pueblos indígenas. Ese marco incluye el artículo 329 de la Constitución, la Ley 80 de 1993, la Ley 136 de 1994 modificada por la Ley 1551 de 2012 y los Decretos 1953 de 2014 y 252 de 2020. En consecuencia, la entidad debe verificar que el contratista indígena pertenezca a una de las categorías habilitadas por la norma.síntesis automática
También resuelve:Pueblos indígenas: convenio no. 169 de la oit, compromisosCabildos indígenas: autoridades tradicionales indígenas, asociaciones de cabildos indígenas y/o autoridades tradicionales indígenas, organizaciones indígenas, nociónResguardos indígenas: entidades estatales, Decreto 1953 de 2014
¿Se pueden suscribir convenios interadministrativos durante la aplicación de la Ley de Garantías Electorales - Ley 996 de 2005?
En respuesta a los problemas antes planteados esta Subdirección manifiesta lo siguiente: En primer lugar, debe indicarse que los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas -AESGPRI- corresponden a los recursos del Sistema General de Participaciones que les son transferidos a los resguardos indígenas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 356 de la Constitución Política y por los artículos 2º y 83 de la Ley 715 de 2001, para la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados, e incluidos en los planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
También resuelve:Resguardos indígenas: administración de recursos del sgp, entidades estatalesLey de garantías electorales: finalidad, restricciones, contratación, tipos de elecciónContratos y convenios interadministrativos: Circular Externa Única, auto de suspensión –numeral 16.2
¿Se pueden suscribir convenios interadministrativos durante la aplicación de la Ley de Garantías Electorales - Ley 996 de 2005?
El contratista puede suscribir convenios interadministrativos durante la aplicación de la Ley de Garantías Electorales, ya que la corporación establece que la prohibición legal se refiere específicamente a contratos y no a convenios, diferenciando así la naturaleza y alcance de estos instrumentos jurídicos. Esta distinción permite que las entidades estatales continúen celebrando convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos, siempre y cuando no se trate de actividades proselitistas ni se promueva su uso en reuniones de ese tipo, lo que implica que las entidades deben ser cautelosas en la celebración y ejecución de estos convenios durante los períodos electorales para evitar violaciones a la normativa electoral.síntesis automática
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¿Se pueden suscribir convenios interadministrativos durante la aplicación de la Ley de Garantías Electorales - Ley 996 de 2005?
En respuesta a los problemas antes planteados esta Subdirección manifiesta lo siguiente: En primer lugar, debe indicarse que los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas -AESGPRI- corresponden a los recursos del Sistema General de Participaciones que les son transferidos a los resguardos indígenas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 356 de la Constitución Política y por los artículos 2º y 83 de la Ley 715 de 2001, para la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados, e incluidos en los planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
También resuelve:Resguardos indígenas: administración de recursos del sgp, entidades estatalesLey de garantías electorales: finalidad, restricciones, contratación, tipos de elecciónContratos y convenios interadministrativos: Circular Externa Única, auto de suspensión –numeral 16.2
¿Se pueden suscribir convenios interadministrativos durante la aplicación de la Ley de Garantías Electorales - Ley 996 de 2005?
El contratista no puede celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo en casos excepcionales como emergencias educativas, sanitarias o desastres naturales, debido a que la Ley de Garantías Electorales prohíbe a los gobernadores, alcaldes y directores de entidades descentralizadas celebrar dichos convenios para evitar la injerencia inadecuada de intereses particulares en el ejercicio de la función pública. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores que diferencian entre contratos y convenios interadministrativos, lo que implica que las entidades estatales deben abstenerse de celebrar convenios interadministrativos durante el período electoral salvo en las circunstancias específicas permitidas por la ley.síntesis automática
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¿Se pueden suscribir convenios interadministrativos durante la aplicación de la Ley de Garantías Electorales - Ley 996 de 2005?
En respuesta a los problemas antes planteados esta Subdirección manifiesta lo siguiente: En primer lugar, debe indicarse que los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para los Resguardos Indígenas -AESGPRI- corresponden a los recursos del Sistema General de Participaciones que les son transferidos a los resguardos indígenas de conformidad con lo dispuesto por el artículo 356 de la Constitución Política y por los artículos 2º y 83 de la Ley 715 de 2001, para la financiación de proyectos de inversión debidamente formulados, e incluidos en los planes de vida o de acuerdo con los usos y costumbres de los pueblos indígenas.
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¿Cuál es la naturaleza de los recursos de la Asignación Especial del Sistema General de Participaciones para Resguardos Indígenas?
El contratista puede ser considerado como una entidad estatal para efectos de la administración de recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) cuando se trate de resguardos indígenas autorizados por el Decreto 1953 de 2014, lo que implica que estos resguardos pueden celebrar contratos de administración con las entidades territoriales respectivas. Además, la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, prohíbe la contratación directa por parte de los entes del Estado durante los cuatro meses anteriores a las elecciones presidenciales, salvo excepciones específas, y también limita la celebración de convenios interadministrativos por parte de gobernadores, alcaldes y directores de entidades descentralizadas. La Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado ha reiterado la distinción entre contratos y convenios interadministrativos, y ha determinado que la prohibición de la Ley de Garantías Electorales no se aplica a los convenios interadministrativos celebrados por entidades estatales, lo que implica que estos resguardos indígenas pueden celebrar convenios interadministrativos para la ejecución de recursos públicos sin estar sujetos a las restricciones de la Ley de Garantías Electorales durante los periodos electorales.síntesis automática
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¿Cuál es el régimen de contratación de los Resguardos Indígenas?
Conforme con lo dispuesto en el Decreto 1953 de 2014, los resguardos indígenas podrán asociarse para administrar y ejecutar los recursos de la asignación especial del Sistema General de Participaciones -SGP-, siempre que acrediten los requisitos establecidos en el decreto señalado, constituyéndose así como personas jurídicas de derecho público especial. Así las cosas, los Territorios y Resguardos Indígenas que hayan sido autorizados para administrar recursos del SGP, conforme a lo dispuesto por el decreto en mención, se consideran Entidades Estatales y en tal sentido serán aplicables las disposiciones contempladas en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, por lo cual el marco jurídico para realizar los procesos de contratación serán los establecidos en este Estatuto y no un régimen especial, dada su naturaleza jurídica.
También resuelve:Pueblos indígenas: convenio no. 169 de la oit, compromisosResguardos y autoridades tradicionales indigenas: régimen de contrataciónRégimen de contratación: resguardos indígenas, Decreto 1953 de 2014
¿Un concejal puede e suscribir contratos de prestación de servicios con una autoridad tradicional indígena para desarrollar labores por fuera de su municipio?
Con fundamento en lo descrito en la parte considerativa del presente concepto, el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los concejales está establecido en la Ley 617 del 2000, concretamente el artículo 45 de la referida disposición refiere las incompatibilidades, esto es, las conductas que no podrá realizar por ostentar la calidad de concejal.
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: noción, interpretación restrictivaAutoridades tradicionales indígenas, cabildos, resguardos –definición
¿Aplican las restricciones de la Ley de Garantías Electorales - Ley 996 de 2005 a los convenios o contratos interadministrativos que se celebren entre entidades estatales y los resguardos indígenas?
El contratista no está sujeto a las restricciones de la Ley de Garantías Electorales para los convenios interadministrativos celebrados con resguardos indígenas que han sido autorizados para administrar recursos del Sistema General de Participaciones (SGP), ya que estos resguardos son considerados entidades estatales según el Decreto 1953 de 2014 y la Ley 80 de 1993. Esta interpretación se basa en que la Ley de Garantías Electorales se aplica a las entidades estatales y no a los convenios entre estas y los resguardos indígenas que actúan como tales, lo que implica que las entidades estatales pueden celebrar estos convenios sin restricciones durante los períodos electorales, siempre y cuando no se trate de actividades proselitistas.síntesis automática
También resuelve:Resguardos indígenas: administración de recursos del sgp, entidades estatalesLey de garantías electorales: finalidad, restricciones, contratación, tipos de elecciónConvenios interadministrativos: criterio orgánico
¿Aplican las restricciones de la Ley de Garantías Electorales - Ley 996 de 2005 a los convenios o contratos interadministrativos que se celebren entre entidades estatales y los resguardos indígenas?
El contratista no está sujeto a las restricciones de la Ley de Garantías Electorales para la celebración de convenios interadministrativos con entidades estatales, ya que los resguardos indígenas que administran recursos del Sistema General de Participaciones (SGP) son considerados entidades estatales de acuerdo con la Ley 80 de 1993 y el Decreto 1953 de 2014, lo que les permite celebrar contratos de administración con entidades territoriales sin estar sujetos a las limitaciones impuestas por la Ley 996 de 2005. Esta regla reitera y matiza precedentes anteriores, permitiendo una mayor flexibilidad en la contratación estatal con resguardos indígenas durante períodos electorales.síntesis automática
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