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RÉGIMEN JURÍDICO DEL CONTRATO

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Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Liquidación unilateral: se confirmará este punto de la decisión impugnada

25000233600020180111402 de 2025 2025-11-09 Rad. 25000233600020180111402
El contratista no puede reclamar por el restablecimiento del equilibrio económico ni por la liquidación unilateral del contrato, ya que el régimen jurídico aplicable es el derecho privado y no la Ley 80 de 1993, debido a que el contrato se celebró antes de la fecha en que entró en vigencia la normativa que modificaba el régimen contractual del Fondo de Adaptación. Además, la entidad estatal puede reconocer una mayor permanencia del interventor en la obra mediante un acuerdo de voluntades, siempre y cuando se interprete y aplique correctamente el contenido de las cláusulas contractuales y se respete la buena fe. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la aplicación del derecho privado en contratos celebrados por el Fondo de Adaptación, lo que implica que las partes deben ajustarse a las normas civiles y comerciales para resolver controversias contractuales.síntesis automática
También resuelve: Régimen jurídico del contrato: Ley 153 de 1887 artículo 38, Decreto 4819 de 2010, derecho privado, Ley 80 de 1993
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato de concesión

76001233300220190018401 de 2026 2026-06-23 Sección Tercera Rad. 76001233300220190018401
El contratista no puede alegar desequilibrio económico en un contrato de concesión de alumbrado público celebrado antes de la Ley 1150 de 2007, ya que este se rige por el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCP) y no por el Estatuto General del Contrato Administrativo de la Administración Pública (EGCAP), según la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado. Además, la Sala establece que la prueba de un desequilibrio contractual requiere demostrar la ruptura del sinalagma contractual y no solo la insuficiencia de la fuente de pago, como en este caso, donde la entidad territorial solicitó conciliación pero no se demostró la falta de equilibrio económico. Esta decisión reitera y confirma la aplicación del EGCP a contratos anteriores a la Ley 1150 de 2007, reforzando la necesidad de cumplir con los requisitos legales para alegar desequilibrio económico en contratos de concesión.síntesis automática
También resuelve: Régimen jurídico del contrato de concesión: Ley 1150 de 2007, contratos de prestación de servicio de alumbrado público, se rigen por el egcap, contratos celebrados con anterioridad a la Ley 1150 de 2007
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Multas: el contrato objeto del litigio se rige por el derecho privado en los términos del artículo 6 de la Ley 1118 de 2006

85001233300200020210004401 de 2026 2026-04-07
El contratista no puede aplicar la Ley 80 de 1993 en contratos regidos por el derecho privado según la Ley 1118 de 2006, por lo que las multas impuestas no tienen una finalidad conminatoria sino sancionatoria, aplicándose incluso después de la ejecución del contrato. Además, la aseguradora del cumplimiento no está obligada a indemnizar el valor total del amparo sin que el asegurado demuestre la ocurrencia del siniestro y su cuantía, y la compensación entre saldos en favor del contratista y multas solo es posible si ambas partes son deudoras recíprocas. La sentencia reitera la jurisprudencia sobre la aplicación del derecho privado en contratos con régimen especial y la naturaleza sancionatoria de las multas, lo que implica que las partes deben cumplir rigurosamente con los plazos y obligaciones contractuales para evitar sanciones posteriores a la ejecución.síntesis automática
También resuelve: Régimen jurídico del contrato con régimen especial: aplicación del derecho privado, no aplicación de la Ley 80 de 1993 en relación con las multas Multas: acuerdo de multas no tenía finalidad conminatoria, carácter sancionatorio, incumplimiento contractual, compensación Seguro de cumplimiento: carga de la prueba del siniestro por parte del asegurado, prueba del incumplimiento y cuantía del siniestro
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato: se cuenta con una posición unificada sobre la naturaleza jurídica privada de los actos precontractuales

25000233600020200029801 de 2026 2026-06-13 Rad. 25000233600020200029801
Sobre ese punto de la controversia pone de presente la Sala que como la entidad contratante es una empresa industrial y comercial del Distrito Capital, de carácter oficial, prestadora de servicios públicos domiciliarios, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, cuyas actuaciones se rigen por el derecho privado de acuerdo con lo estipulado en el artículo 31 de la Ley 142 de 1994, pues, “ l os contratos que celebren las entidades estatales que prestan los servicios públicos a los que se refiere esta Ley, y que tengan por objeto la prestación de esos servicios, se regirán por el parágrafo 1 del artículo 32 de la ley 80 de 1993 y por la presente Ley, salvo en lo que la presente Ley disponga otra cosa”. En esa perspectiva, la norma aplicable para el caso de un eventual desequilibrio económico del contrato es la prevista en el Código de Comercio.
También resuelve: Régimen jurídico del contrato: Ley 142 de 1994 artículo 31 y 32, derecho privado Actos precontractuales de las empresas de servicios públicos domiciliarios: son de naturaleza privada, no son actos administrativos, análisis del incumplimiento de obligaciones Aplicación de los principios de función administrativa: Constitución política artículo 209 y 267, entidades con régimen exceptuado, Ley 1150 de 2007 artículo 13
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato estatal: se impone declarar de oficio la caducidad de la acción contractual

76001233300020220096601 de 2025 2025-12-28 Rad. 76001233300020220096601
De ese modo, según la naturaleza jurídica de la contratante y el propósito del acuerdo, aunado a que no existe ninguna norma que lo circunscribiera en un régimen jurídico especial, se concluye que se trató de un contrato estatal sometido a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP). Es importante rememorar que la demanda tiene como fundamento el supuesto incumplimiento del contrato, cuyo plazo de ejecución finalizó el 18 de agosto de 2011 y frente al que las partes suscribieron, el 22 de noviembre de ese año, la aludida Acta de liquidación de mutuo acuerdo del contrato de manera que, a pesar de que se interpuso en vigencia de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), el término fijado para la caducidad comenzó a correr bajo el Código Contencioso Administrativo (CCA), con la modificación introducida por la Ley 446 de 1998. Así las cosas, se impone declarar de oficio la caducidad de la acción contractual.
También resuelve: Régimen jurídico del contrato estatal: Artículo 2 de la Ley 80 de 1993, naturaleza jurídica de la entidad contratante, aplicación del egcap Liquidación del contrato estatal: alcance, carácter vinculante, Artículo 1602 del Código Civil, acuerdos en la liquidación Caducidad del medio de control: término, aplicación del Artículo 136 numeral 10 literal c) del CCA, Ley 446 de 1998
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato: la obligación de llevar a cabo la liquidación recae en contratos de ejecución sucesiva

25000232600020120115101 de 2025 2026-02-27 Rad. 25000232600020120115101
El contratista no puede ejecutar recursos obtenidos por el aprovechamiento económico del espacio público después de la liquidación del contrato, ya que la ejecución de los recursos dependía de la operación diaria y la aprobación de proyectos por parte del DADEP, y no se extendía más allá del plazo de ejecución pactado. La estructura del contrato y la obligación de rendir informes mensuales sobre la ejecución de los recursos demuestran que la intención de las partes era que la reinversión se efectuara durante la vigencia del contrato, sin extenderse a etapas posteriores. Esta decisión reitera la importancia de cumplir con los plazos y condiciones pactados en los contratos estatales, y subraya que la liquidación del contrato implica el cierre definitivo de las obligaciones contractuales, sin posibilidad de reanudar la ejecución de recursos una vez finalizado el plazo de vigencia.síntesis automática
También resuelve: Régimen jurídico del contrato: Ley 80 de 1993 artículo 1, ámbito de aplicación del ecgap, distritos son entidades estatales, Ley 489 de 1998 artículo 39 Liquidación de contratos estatales: alcance, verificación de acreencias, estado de ejecución de las obligaciones, Ley 80 de 1993 artículo 60
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato estatal: el contrato estatal se regula por las normas

25000233600020180011701 de 2026 2026-04-08 Rad. 25000233600020180011701
El contratista debe asumir la condena en costas en procesos contenciosos subjetivos, incluso cuando se trate de intereses públicos, ya que la jurisprudencia establece que la excepción de no imposición de costas solo aplica en medios de control público, no en controversias contractuales o individuales. En este caso, el Consejo de Estado confirmó la sentencia del tribunal inferior y condenó a la parte demandante a pagar las costas de la segunda instancia, matizando la interpretación previa de la condena en costas en procesos que involucran intereses públicos, lo que implica que las partes deben estar preparadas para asumir costos legales en casos contractuales, independientemente del interés público en juego.síntesis automática
También resuelve: Régimen jurídico del contrato estatal: normativa, aplicación del códigos civil y de comercio, fuerza vinculante del contrato, elementos configurativos del contrato Nulidad absoluta del contrato estatal: Ley 80 de 1993 artículo 44, causales de nulidad absoluta, derecho común, Código Civil artículo 1741 Falta de competencia: nulidad absoluta del contrato estatal, objeto ilícito, Código Civil artículo 1519, contravención al derecho público de la nación
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Naturaleza de las sociedades de economía mixta: de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios

05001233300020160267201 de 2026 2026-03-07 Rad. 05001233300020160267201
El contratista no está sujeto al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública cuando el objeto del contrato se desarrolla en un mercado regulado, como el transporte público, ya que la actividad económica, las modalidades de desarrollo y la remuneración están condicionadas por la regulación estatal, lo que implica que el régimen contractual aplicable es el de derecho privado. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente, especificando que el transporte de pasajeros constituye un mercado regulado para efectos de la excepción prevista en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, lo que implica que las entidades públicas involucradas en este tipo de actividades no están sujetas al EGCAP.síntesis automática
También resuelve: Naturaleza de las sociedades de economía mixta: Ley 489 de 1998 parágrafo 1 artículo 38, capital del estado superior al 90%- aplicación del régimen previsto para las empresas industriales y comerciales del estado, régimen del contrato, Ley 489 de 1998 art ículo 93 Régimen jurídico del contrato: transporte público– Ley 105 de 1993 artículo 3, Ley 336 de 1996 artículo 4, régimen especial de derecho público, administrativo
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato: los instrumentos expedidos por la contratante en ese marco no tienen la connotación de actos administrativos

08001233300020200061901 de 2025 2026-02-03 Rad. 08001233300020200061901
El contratista no puede acudir a la vía contenciosa para liquidar unilateralmente un contrato estatal celebrado bajo el derecho privado, salvo que exista una causa real que impida al contratante ejercer sus potestades administrativas o cuando haya una tensión entre las partes, conforme a la Ley 1150 de 2007. En este caso, el Fondo de Adaptación, como contratante, tiene la potestad de declarar el incumplimiento del contrato y efectuar la liquidación unilateralmente, en virtud de cláusulas convencionales que le otorgan esta facultad. La Sala reitera que la excepción de pleito pendente requiere una identidad de partes, objeto y causa entre los procesos en disputa, y en este caso no se cumple la identidad de objeto y de partes, por lo que la excepción no prospera. Además, la condena en costas se impone a la demandada por la improsperidad de sus argumentos en apelación, sin necesidad de calificar una conducta específica de la parte.síntesis automática
También resuelve: Régimen jurídico del contrato: fondo de adaptación, aplicación del derecho privado, expedición de actos del fondo de adaptación, actos contractuales Liquidación judicial del contrato estatal: eventos, límites, Ley 1150 de 2007 Excepción de pleito pendiente: excepción previa, Artículo 100 del Código General del Proceso, elementos, identidad de las partes, el objeto y la causa
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato estatal: el artículo 896 del Código de Comercio dispone que la cesión del contrato comprende la de todas las acciones

25000233600020140017901 de 2025 2025-10-23 Rad. 25000233600020140017901
El contratista no puede modificar el régimen jurídico sustancial del contrato estatal ni las prerrogativas derivadas de este mediante la cesión de la posición contractual, ya que el régimen jurídico aplicable al contrato es el vigente al momento de su celebración, conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887. La cesión lleva ínsita la transferencia de todas las prerrogativas y beneficios propios del contrato, incluyendo las facultades unilaterales reconocidas por la ley, sin que la naturaleza jurídica de la entidad cesionaria pueda alterar el régimen sustancial del contrato. Esta regla reitera y matiza precedentes sobre la cesión de contratos estatales, estableciendo que el régimen jurídico no puede variar por la sola figura de la cesión, lo que implica que el contrato continúa regido por el estatuto general de contratación pública, incluso cuando la cesión es a favor de una entidad pública descentralizada.síntesis automática
También resuelve: Régimen jurídico del contrato estatal: Ley 80 de 1993 artículo 2, Artículo 38 de la Ley 153 de 1887, aplicación, vigencia Cesión de la posición contractual: no varió el régimen jurídico contractual, alcance, aplicación de la Ley 80 de 1993 Facultades unilaterales: reconocimiento por la ley y no por la naturaleza de la entidad contratante, facultades unilaterales, cesión, transfiere dichas facultades
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Dequilibrio economico del contrato: el régimen de contratación aplicable a estas empresas será el del derecho privado

18001234000020190006702 de 2026 2026-06-24 Sección Tercera Rad. 18001234000020190006702
El régimen contractual de la Electrificadora del Caquetá S.A E.S.P., en su calidad de empresa de servicios públicos que realiza actividades de generación, interconexión, transmisión, distribución y comercialización de electricidad y del contrato celebrado entre esta y el Consorcio Eléctrico del Sur, es prevalentemente el de derecho privado. Cuando su inclusión sea forzosa, todo lo relativo a estas cláusulas se sujetará al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública . DEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO –– Celebración de otro sí – Inexistencia de salvedades – El contratista no puede formular una reclamación por hechos que fueron objeto de modificación – Desconocimiento del pacta sunt servanda – Buena fe contractual – Sentencia de Unificación de la Sección Tercera – No es lícito venir contrato sus propios actos – Desconocimiento de los pactos contractuales…
También resuelve: Régimen jurídico del contrato de empresa de servicios públicos domiciliarios: derecho privado, liquidación del contrato procede siempre que se haya acordado entre las partes, liquidación bilateral, liquidación unilateral Dequilibrio economico del contrato: contratos estatales regidos por el derecho privado, inaplicación del Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, régimen jurídico aplicable, Código de Comercio artículo 868
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contrato de obra: se previó que el contratista debía discriminarlos y facturarlos junto con las actas mensuales de recibo parcial de obra ejecutada

25000233600020200031401 de 2025 2026-03-06 Rad. 25000233600020200031401
Los ajustes por cambio de vigencia fiscal en los contratos de obra con pagos a precios unitarios constituyen una estipulación de carácter económico que busca preservar el equilibrio financiero del contrato en favor del contratista, cuando la ejecución se extiende a una nueva vigencia fiscal por causas no imputables a este. En ese sentido, más allá de cualquier discusión sobre la procedencia del ajuste por cambio de vigencia fiscal correspondiente al año 2018, y de si la parte actora tenía o no derecho a su reconocimiento, lo cierto es que, en el presente caso, conforme el material probatorio obrante en el expediente, no existen pruebas que den cuenta que el contratista hubiera acatado el procedimiento previsto en el contrato para su reconocimiento y pago.
También resuelve: Liquidación bilateral del contrato estatal: actuación posterior a la terminación del contrato, acuerdo de voluntades, finalidad, interpretación del juez Contrato de obra a precios unitarios: cambio de vigencia fiscal, reconocimiento y pago de ajustes, finalidad de preservar el equilibrio económico del contrato, principio de conmutatividad
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Incumplimiento del contrato: en esta etapa las partes acordarán los ajustes

25000233600020210020501 de 2026 2026-04-28 Rad. 25000233600020210020501
El contratista debe someterse al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) cuando celebre un contrato interadministrativo conmutativo y bilateral con una entidad pública sujeta a este régimen, ya que este tipo de contrato implica obligaciones recíprocas y una relación conmutativa, distinguiéndose así del convenio interadministrativo que no es oneroso. En el caso en cuestión, el contrato celebrado entre el Fondo de Desarrollo Local de Fontibón y el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (FONADE) fue considerado un contrato interadministrativo sometido al EGCAP, por lo que su liquidación debe ajustarse a las disposiciones de este estatuto. La Sala confirma la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y actualiza la condena impuesta a la Alcaldía Local de Fontibón, además de condenar en costas a la entidad demandada y fijar agencias en derecho a favor de la demandante.síntesis automática
También resuelve: Naturaleza y régimen jurídico del contrato celebrado: contrato interadministrativo, convenio interadministrativo, d iferencias, contrato oneroso Liquidación del contrato interadministrativo: Ley 80 de 1993 artículo 60, liquidación de mutuo acuerdo, coligación entre contrato y acto de liquidación, alcance del acta de liquidación liquidación unilateral Incumplimiento del contrato: diferencia con ausencia de corte final de cuentas, pérdida de oportunidad para que las partes acuerden liquidación unilateral, procede ante el fracaso de la liquidación bilateral
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato: los contratos estatales no deben interpretarse aisladamente

25000233600020190018401 de 2026 2026-07-16 Rad. 25000233600020190018401
El contratista no puede reclamar por costos adicionales o deficiencias en materiales si estos no fueron especificados en el pliego de condiciones ni asumidos en el contrato, ya que el Invías, como establecimiento público, está sujeto al régimen del Estatuto Orgánico de Contratación Pública, y los contratos estatales deben interpretarse en armonía con los documentos precontractuales. En este caso, el pliego de condiciones estableció que el contratista era responsable de definir y obtener los materiales necesarios para la ejecución del contrato, sin que la entidad estatal aceptara reclamos por costos o problemas relacionados con estos materiales. Además, la modalidad de precios unitarios otorga flexibilidad al contratista para determinar los volúmenes de insumos, pero también implica que el contratista asume el riesgo de las decisiones tomadas. Por lo tanto, la Sala confirma que el Invías no incurrió en incumplimiento contractual al no reconocer los costos adicionales reclamados por el contratista, lo que implica que los contratistas deben cumplir rigurosamente con los términos del pliego de condiciones y los documentos precontractuales para evitar reclamos desfavorables.síntesis automática
También resuelve: Régimen jurídico del contrato: Ley 80 de 1993 artículos 2 y 13, invias, establecimiento público, aplicación del egcap Interpretación del contrato estatal: armonización con los documentos precontractuales, conjunto de reglas que dan alcance al negocio jurídico Alcance de las obligaciones del contratista: pliego de condiciones
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato: el juez debe determinar la intención de las partes

08001233300020190080101 de 2025 2026-02-16 Sección Tercera Rad. 08001233300020190080101
De las circunstancias anotadas emana la fuerza vinculante de la renuncia expresa a las reclamaciones o reconocimientos pecuniarios derivados de la extensión del plazo, en las que se traslada al particular la carga de asumir las consecuencias económicas que eventualmente se habrían de presentar durante ese período. Ausencia de argumentación contra el contenido de los actos contractuales – Argumentos deben definirse en demanda La Sala da respuesta negativa el cuarto problema jurídico propuesto al inicio de estas consideraciones, puesto que no están dadas las condiciones para concluir que la otra causa judicial -o lo decidido en ella incide en el sub examine; que, en razón de ello, el tribunal debiera decidir de forma diferente la pretensión de liquidación del contrato; ni que el hecho de que la misma Sala hubiese conocido de uno y otro proceso lesione el principio de imparcialidad.
También resuelve: Régimen jurídico del contrato: fondo de adaptación, Decreto 4819 de 2010, contrato de derecho privado de la administración, Ley 1753 de 2015 artículo 155 Sentencia de unificación: interpretación de las modificaciones del contrato, deber del juez de determinar la intención de las partes, silencio no constituye necesariamente en renuncia a la posibilidad de formular reclamaciones Renuncia expresa a reclamaciones: manifestaciones de la autonomía de la voluntad, vinculante, buena fe, Código Civil artículo 15
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Régimen jurídico del contrato estatal: el análisis del caso no tendrá como referente el EGCAP

63001233300020190024401 de 2026 2026-05-28 Sección Tercera Rad. 63001233300020190024401
El contratista puede demandar a la universidad estatal por culpa in contrahendo en casos en los que la entidad actúa bajo el régimen del derecho privado, ya que la universidad no emite actos administrativos sino actos de gestión contractual, lo que permite el uso del medio de control de reparación directa. La Sala modifica la sentencia de primera instancia para declarar la responsabilidad precontractual de la universidad y condenarla a pagar una indemnización por perjuicios, sin reconocer agencias en derecho debido a que no se causaron tras la admisión de la apelación, lo que implica que los costos procesales se liquidarán de manera concentrada por el tribunal de primera instancia.síntesis automática
También resuelve: Régimen jurídico del contrato estatal: Constitución política artículo 69, autonomía universitaria, Ley 30 de 1992 artículo 28, autonomías para darse sus propios estatutos Iter contractual: aplicación de la autonomía privada y normas supletivas, universidades, no emite actos administrativos, actos de gestión contractual Actos contractuales: sentencia de unificación sobre actos contractuales, regla de unificación jurisprudencial, culpa in contrahendo, culpa contractual
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Régimen jurídico del contrato: la anterior previsión no es de impacto menor

05001233300020180148501 de 2025 2025-10-20 Sección Tercera Rad. 05001233300020180148501
El contratista no puede considerar los actos contractuales emitidos por la entidad estatal como ejercicios de potestades administrativas en contratos sometidos al régimen privado, como los contratos de prestación de servicio educativo con iglesias o confesiones religiosas, ya que estos contratos se rigen por las mismas condiciones que la contratación entre particulares, lo que implica que los contratantes están en un plano de igualdad y no pueden aplicarse tratos diferenciados. La regla reitera la jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado, lo que implica que en estos contratos, los actos contractuales no pueden ser analizados como actos administrativos y, por ende, no pueden adolecer de los vicios propios de estos.síntesis automática
También resuelve: Régimen jurídico del contrato: Ley 115 de 1994, régimen privado, contrato de prestación de servicio educativo suscrito con iglesias o confesiones religiosas, actos contractuales emitidos por la entidad no puede reputarse como ejercicio de potestades administrativas Régimen privado de contratación: actos contractuales, no son actos administrativos, acuerdo entre las partes Régimen jurídico de contratación: liquidación, autonomía de la voluntad
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Actas de entrega Y/O de recibo: Esta Subsección ha precisado el alcance probatorio de las actas de entrega y/o recibo que suscriben las partes

25000233600020220029201 de 2025 2026-02-11 Rad. 25000233600020220029201
El contratista no está sometido al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública (EGCAP) cuando desarrolla actividades comerciales en competencia con el sector privado, como en el caso de Fondecun, que se rige por las disposiciones legales aplicables a sus actividades económicas y comerciales. Esta regla se basa en el artículo 14 de la Ley 1150 de 2007, que establece que las empresas industriales y comerciales del Estado que no desarrollan actividades comerciales en competencia con el sector privado sí están sometidas al EGCAP. Además, los actos contractuales emitidos por la entidad pública en el desarrollo del negocio no pueden considerarse como el ejercicio de potestades administrativas, ya que los contratantes se encuentran en un plano de igualdad. La Sala reitera esta posición y aclara que los contratistas pueden convenir el ejercicio de facultades unilaterales, como la declaratoria de incumplimiento, siempre y cuando se ajusten a la ley, el orden público y las buenas costumbres. Esta regla implica que los actos contractuales no están sujetos a los vicios de nulidad que se aplican a los actos administrativos, lo que facilita la autonomía de la voluntad en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: Régimen jurídico del contrato interadministrativo: Ley 1150 de 2007 artículo 14, eice sometidas al egcap con excepción de aquellas que desarrollen actividades comerciales, fondecum, no está sometido al egcap Naturaleza jurídica de los actos contractuales en contratos estatales: fondecum, no está sometido al egcap, aplicación de normas de derecho privado, actos contractuales no se reputan como ejercicio de potestades administrativas Cesión de contratos en el derecho mercantil: artículos 887 a 896 del Código de Comercio, requisitos perfeccionamiento del contrato, alcance de la cesión, cesión sometida al cumplimiento de condición suspensiva
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Contratos coligados: en los contratos coligados no existe un único contrato atípico con causa mixta

68001233300020130110802 de 2025 2026-02-18 Rad. 68001233300020130110802
El contratista no es parte del contrato cuando no ha expresado su consentimiento directo o por representación voluntaria, y los beneficiarios de las viviendas no tienen la condición de partes del contrato celebrado entre el INVISBU y Fénix, pues no han emitido una declaración de voluntad encaminada a producir efectos jurídicos. La Sala establece que la existencia de múltiples documentos no implica necesariamente la pluralidad de contratos, ya que la unicidad del acuerdo y su causa puede mantenerse a pesar de la individualización operativa del proyecto. Además, el contrato no se regía por el EGCAP, salvo por la integración de las normas atributivas de las facultades excepcionales al derecho común, debido a la declaración de desastre emitida por el Gobierno Nacional. Esta regla reitera y matiza la jurisprudencia existente sobre contratos coligados, aclarando que la determinación de la unicidad o pluralidad de contratos debe basarse en la unicidad o pluralidad de causas, no en la multiplicidad documental, lo que tiene implicaciones significativas en la interpretación y aplicación de contratos complejos en situaciones de desastre.síntesis automática
También resuelve: Contratos coligados: pluralidad de contratos, autonomía de la causa contractual, causa contractual, operación económica unitaria Partes del contrato: sujetos de derecho, declaratoria de voluntad encaminada a producir efectos jurídicos, terceros, no hacen parte de la relación Contratación estatal en situación de desastre: Decreto 919 de 1989, régimen excepcional de contratación, entidades descentralizadas, requisitos y formalidades de la contratación entre particulares
Rama Judicial · recopilada por CCE Providencia

Enriquecimiento sin justa causa: el contratista puede reclamar los perjuicios derivados de la disponibilidad de equipo

05001233100020100050001 de 2025 2025-12-30 Sección Tercera Rad. 05001233100020100050001
En ese sentido, las disposiciones que regulan la preservación del equilibrio económico del contrato y disponen los lineamientos para su restablecimiento -en caso de ruptura- se hacen extensivas al negocio jurídico debatido. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato”. También hay lugar a reconocer los mayores costos cuando la mayor permanencia en obra se produce por la necesidad de ejecutar ítems de obra adicional o mayores cantidades de obra contratada. Resulta viable colegir que al contratista, por su experticia en relación con el bien o servicio a contratar, le asistía el deber de verificar la idoneidad de los estudios entregados por la entidad contratante -entre ellos los diseños arquitectónicos y estructurales-, toda vez que era un requisito indispensable para el cumplimiento del objeto contractual.
También resuelve: Enriquecimiento sin justa causa: sentencia de unificación del 31 de julio de 2025, inexistencia de contrato o de actuación del estado, se aplica la figura jurídica del enriquecimiento sin causa Régimen jurídico del contrato: empresas industriales y comerciales del estado, aplicación del egcap Ausencia de salvedades: sentencia de unificación del 23 de julio de 2023, deber del juez de determinar la intención de las partes