⚠
Atención: tienes 1 filtro marcado
Permanece activo en tus búsquedas hasta que lo quites.
Consejo de Estado
Providencia
La jurisdicción contenciosa administrativa es competente para adelantar el proceso de pérdida de investidura y restringir derechos políticos de servidores públicos.
Sentencia — Sentencia
2026-10-08
Sección Primera
CARLOS FERNANDO MANTILLA NAVARRO
Rad. 85001233300020240006301
LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
¿Con fundamento en lo señalado por numeral 2 del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que la autoridad judicial competente para restringir el goce de los derechos políticos es el juez penal en el trámite de un proceso de naturaleza penal? No
Cualquier autoridad judicial de la jurisdicción contenciosa administrativa conserva competencia para tramitar procesos de pérdida de investidura e imponer restricciones a los derechos políticos sin que ello vulnere la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En esta sentencia de segunda instancia, la corporación revocó la providencia del Tribunal Administrativo de Casanare que había decretado la pérdida de investidura de un cabildante, negando las pretensiones de la demanda tras reiterar que el proceso de pérdida de investidura constituye un juicio de responsabilidad pública autónomo radicado en la jurisdicción contenciosa administrativa conforme a las Leyes 136 de 1994 y 617 de 2000.síntesis automática
También resuelve:
¿Si procede acceder a la solicitud del demandado de analizar el interés particular, directo y actual a la luz de lo previsto en la Ley 2003 de 2019 y la Ley 2200 de 2022 que, para el caso…
¿Determinar si debe revocarse la sentencia de 20 de agosto de 2024, proferida por el Tribunal Administrativo de Casanare, mediante la cual se decretó la pérdida de investidura del señor Willinton…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El medio de control de pérdida de investidura se encuentra acorde con el artículo 23
Sentencia — Sentencia
2026-02-05
Sección Primera
GERMÁN EDUARDO OSORIO CIFUENTES
Rad. 85001233300020240010501
LEY 1437 PERDIDA DE INVESTIDURA
Establecer si le asiste razón al apelante al sostener, en aplicación del artículo 23, numeral 2., de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que la autoridad judicial competente para afectar el goce y ejercicio de los derechos políticos es el juez penal en el escenario del proceso penal y que si se admitiera que el juez competente corresponde a otras jurisdicciones, entre estas, la contencioso-administrativa, el juicio de reproche a la conducta debería adecuarse como hecho punible, pues solo una condena fundada en una imputación de esa estirpe, es legítima para limitar los derechos políticos. No
El contratista no puede apelar la decisión de un juez contencioso administrativo que declara la pérdida de investidura de un concejal por violación del régimen de conflicto de intereses, argumentando que solo un juez penal puede imponer restricciones a los derechos políticos. La Sala establece que la Convención Americana sobre Derechos Humanos permite a los jueces, independientemente de su especialidad, limitar los derechos políticos siempre que se garantice el debido proceso y el derecho de defensa. La pérdida de investidura es un medio de control autónomo que no debe adecuarse al régimen penal, ya que tiene características propias y se basa en causales establecidas en la ley. Esta decisión reitera la jurisprudencia existente y confirma que la jurisdicción contencioso-administrativa es competente para conocer y decidir sobre la pérdida de investidura de los concejales, sin necesidad de adecuar el juicio a un hecho punible.síntesis automática
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
¿De la inasistencia del alcalde encargado a la audiencia se puede concluir que la no concesión del recurso de apelación fuera atribuible al demandando?
Sentencia — Sentencia
2022-05-04
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 20001233300020130027601
LEY 1437 REPETICION
¿De la inasistencia del alcalde encargado a la audiencia se puede concluir que la no concesión del recurso de apelación fuera atribuible al demandando? No
De la sola inasistencia del [alcalde encargado] no se puede concluir que la no concesión del recurso fuera atribuible al demandando, máxime, cuando a la audiencia fue una apoderada como lo permitía la ley y, si bien la misma no tenía facultades para conciliar no se allegó el poder para determinar quién lo atribuyó de manera incompleta. En consecuencia, dado que no se demostró una conducta dolosa o gravemente culposa, se confirmará la Sentencia de primera instancia que negó las pretensiones de la demanda, pero por las razones aquí expuestas.
También resuelve:
¿La omisión del demandado como alcalde encargado determinó la imposición de la condena dentro del proceso de nulidad y restablecimiento del derecho?
¿Se acreditó que el demandado otorgó un poder de manera incompleta para que se declarara desierto el recurso de apelación?
¿Se determinó que la actuación del demandado motivó la imposición de la condena y que esa actuación estuvo revestida de dolo o culpa grave?
Consejo de Estado
Concepto
Contratación estatal: Concepto sin reserva
Concepto sin reserva — Concepto sin reserva
2022-07-05
Sala Consulta y Servicio Civil
ALVARO NAMEN VARGAS
Rad. 11001030600020170005800
CONSULTA ELEVADA POR EL GOBIERNO
En el evento en que un miembro de la Junta Directiva de una empresa participante en un proceso de selección y/o celebración de contrato, previamente a dicho negocio jurídico, se encuentre incurso en una o varias de las causales de incompatibilidad señaladas en el numeral 2º del artículo 8º de la Ley 80 de 1993 ¿Se genera automáticamente la inhabilidad de que trata el literal b, numeral 1º del artículo 8º ibídem? Sí
Cuando una persona o empresa participa en un proceso de licitación pública y presenta una propuesta o celebra un contrato como resultado de cualquier proceso de selección, a pesar de encontrarse incursa en una causal de inhabilidad o incompatibilidad, se hace acreedora a una nueva inhabilidad, de conformidad con lo previsto en el literal b) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993.