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Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Contrato de obra pública
47001233300120140035401
2022-08-22
Sección Tercera
Incumplimiento,Prohibición de ir en contra de sus propios actos,Alcance,Sujeto independiente – Mes: agosto – Año: 2022…
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Contrato
50001233100020024022701 de 2024
2024-10-03
Rad. 50001233100020024022701
El deber de reconocer y respetar la obligatoriedad de los acuerdos y de no contravenir su contenido, es una regla de conducta prístina que adquiere especial rigor frente a las demás, en la medida en que representa el medio instrumental básico y mínimo de protección de la causa y la finalidad justificativas de todo negocio jurídico, de ahí que la prohibición de contravenir lo pactado – venire contra factum propium non valet, sea una premisa que proviene desde el sustento histórico del mismo principio de buena fe sobre el cual se edificó el artículo 1603 del Código Civil, cuya falta de vigencia es prácticamente inoponible frente a los contratos.
También resuelve:
Contrato: normatividad e intangibilidad de los contratos, principio de buena fe
El principio de buena fe: reglas instrumentales de conducta contractual, acuerdos
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Mecanismo de amparo: 11001 03 15 000 2019 03665 01_AC
11001-03-15-000-2019-03665-01_AC
2020-01-30
Sección Quinta
Conductas pasadas,Actos propios,Derecho subjetivo,Juez de tutela – Mes: enero – Año: 2020…
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Lesión enorme: la buena fe como principio rector de la actividad contractual exige un actuar leal de las partes de los contratos
08001233300020160018601 de 2025
2026-02-12
Sección Tercera
Rad. 08001233300020160018601
El contratista no puede aplicar la Ley 9 de 1989 y la Ley 338 de 1997 en contratos de compraventa celebrados con el ICBF, ya que estos se rigen por la Ley 80 de 1993 y su manual de contratación, y el legislador excluyó la compraventa voluntaria de inmuebles de estas disposiciones. Además, la entidad estatal puede demandar para declarar la existencia o nulidad del contrato, ordenar su revisión o declarar el incumplimiento, según el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. La lesión enorme en contratos regidos por la Ley 80 de 1993 requiere demostrar que la venta recae sobre bienes inmuebles, que la diferencia entre el valor de la compraventa y el justo precio es menor a la mitad, que no se trata de un negocio aleatorio y que el bien no se ha perdido en poder del comprador. La Sala modifica la sentencia del Tribunal Administrativo del Atlántico, declarando la falta de legitimación en la causa por activa de una parte y condenando en costas a los demandantes que interpusieron el recurso de apelación sin éxito.síntesis automática
También resuelve:
Régimen aplicable al contrato de compraventa: Ley 80 de 1993, no aplicación de la Ley 9 de 1989 y Ley 338 de 1997
Medio de control de controversias contractuales: cpaca artículo 164 numeral 2 literal j ordinal i
Lesión enorme: concepto– procedencia, Código de Comercio artículo 1947, vicio de naturaleza objetiva, requisitos
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Principio de buena fe
05001233100020100132701 de 2024
2024-09-09
Rad. 05001233100020100132701
El artículo 863 del Código de Comercio impone el deber de actuar de buena fe en la etapa precontractual. En los anteriores términos, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 resulta aplicable, en lo pertinente, a la contratación de las entidades estatales que presten servicios públicos. De esta forma, la definición de servidor público, para los efectos de la Ley 80 de 1993, no contradice el régimen laboral de las personas que están vinculadas a las entidades estatales, en este caso en particular, a las empresas industriales y comerciales que prestan servicios públicos domiciliarios, por cuanto para lo contractual serán servidores públicos, con independencia de si son empleados públicos o trabajadores oficiales, lo que significa que esta última clasificación no desaparece, pero es irrelevante para el marco contractual y de la aplicación del régimen de inhabilidades e incompatibilidades que regula la citada ley.
También resuelve:
Principio de buena fe: aplicabilidad a la contratación pública, presunción de buena fe
Régimen contractual de las entidades estatales prestadoras de servicios públicos: inhabilidades e incompatibilidades
Inhabilidades e incompatibilidades para contratar
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Régimen jurídico del fondo de adaptación: la imprevisibilidad debe analizarse al momento de la celebración del contrato
15001233300020180045102 de 2026
2026-06-12
Rad. 15001233300020180045102
El contratista no está sujeto al régimen contractual del Decreto Legislativo 4819 de 2010 después de 2014, ya que la sentencia C-251 de 2011 declaró condicionalmente exequible dicha disposición hasta esa fecha, y las modificaciones posteriores en las Leyes 1753 de 2015 y 1955 de 2019 no son aplicables a contratos celebrados antes de dicha fecha. En cuanto a la caducidad de la acción contractual, el término de dos años para demandar en controversias contractuales se inicia desde el día siguiente a la ocurrencia del motivo de hecho o derecho que sirve de fundamento, salvo que el contrato requiera liquidación y esta se efectúe de común acuerdo, en cuyo caso el término corre desde la firma del acta de liquidación. Si el interés jurídico surge después de la liquidación del contrato, el cómputo del término debe iniciarse desde el día siguiente al motivo de hecho que funda la demanda, no desde la firma del acta, lo que implica que la restricción temporal no operará antes de que se actualice el presupuesto que sustenta el ejercicio del derecho de acción, garantizando así el acceso a la justicia.síntesis automática
También resuelve:
Régimen jurídico del fondo de adaptación: Decreto Legislativo 4819 de 2010, derecho privado, contratación estatal, función administrativa –Ley 80 de 1993
Caducidad de la acción contractual: cpaca artículo 164 numeral 2 literal j, término de caducidad, contratos estatales –liquidación bilateral, acta de liquidación
Coligación negocial: contrato de obra y de consultoría, alcance de la coligación, deberes secundarios de conducta en coligación negocial
Rama Judicial · recopilada por CCE
Providencia
Contrato a precios unitarios fijos: debe precisarse que cuando una prórroga es concedida en beneficio del contratista
13001233300020170082000 de 2026
2026-06-26
Sección Tercera
Rad. 13001233300020170082000
El juez del contrato estatal no puede deducir una renuncia tácita por la ausencia de salvedades en acuerdos modificatorios, ni exigir reservas expresas como requisito para la procedencia de reclamaciones posteriores, pues ello contraviene la autonomía de la voluntad y la prohibición legal de condicionar modificaciones contractuales a renuncias de derechos. La Sala Plena de la Sección Tercera reitera que el juez debe examinar el contenido y contexto de los acuerdos para determinar si las partes regularon o zanjaron la controversia económica, y no puede crear requisitos jurisprudenciales no previstos en la ley. Esta regla implica que el juez debe valorar la conducta real de las partes y el material probatorio para determinar las responsabilidades contractuales, sin desnaturalizar el principio de buena fe objetiva.síntesis automática
También resuelve:
Ausencia de salvedades en acuerdos modificatorios del contrato estatal y reclamaciones posteriores
Principio de buena fe en la contratación estatal
Reclamaciones posteriores en el contrato estatal
Procuraduría General de la Nación
Fallo disciplinario
No se puede exigir el pago de obras adicionales no contempladas en el contrato.
Decisión disciplinaria — EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL
2025-12-10
PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Principio de buena fé/EJECUCIÓN DEL CONTRATO-Cumplir las obligaciones o perseverar en su cumplimiento y actuar con corrección y lealtad durante su ejecución En ese orden, se activa la competencia del juez del asunto para liquidar judicialmente el contrato Afirmó que el contratista no ejecutó el objeto principal del contrato en los tiempos y conforme a los documentos técnicos acordados, pues solo completó el 64.90% del presupuesto total, dejó de ejecutar $1.450.005.316, lo que corresponde al 35.10% de las actividades restantes. Por tanto, no se puede exigir el pago de obras adicionales no contempladas en el contrato. Adujo que el incumplimiento no puede atribuirse al contratista dado que la cimentación representa aproximadamente el 20% del valor del contrato y fue la falta de dirección y gestión por parte de la FAC lo que impidió la correcta ejecución y terminación de la obra.
También resuelve:
Controversias contractuales: Contra la Nación–Ministerio De Defensa– Fuerza Aérea Colombiana–FAC, por posible incumplimiento por parte de la FAC del contrato no. 181-00-a-cofac-difra-2021 de 29 de octubre de 2021
Liquidación unilateral del contrato: Fundamento legal
Liquidacion del contrato estatal: Procedimientos