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Colombia Compra Eficiente
Concepto
Mano de obra local: el desarrollo normativo posterior no es una condición necesaria para la contratación de mano de obra local
C-068 de 2024
2024-04-18
¿Cómo se ve reflejada esta modificación en los contratos públicos?
La obligación de contratar como mínimo el 50% de mano de obra local en las inversiones y programas proyectados a ejecutarse en las regiones, prevista en el artículo 80 de la Ley 2294 de 2023, se aplica aunque estos se ejecuten mediante negocios jurídicos suscritos con terceros, y está condicionada a que exista la mano de obra con las capacidades que requiere la ejecución, aspecto que las entidades analizan según sus necesidades y que se sugiere motivar en los documentos del proceso. La norma hace parte del régimen sustancial de cumplimiento de las obligaciones, por lo que concurre con el factor de industria nacional de la Ley 816 de 2013 y los factores sociales del Decreto 142 de 2023. Conforme al artículo 38 de la Ley 153 de 1887, afecta los contratos suscritos desde la entrada en vigencia de la ley, publicada el 19 de mayo de 2023, y no los anteriores. Es de aplicación directa, sin necesidad de reglamento. Al no afectar los requisitos habilitantes, los factores de evaluación ni los trámites de selección, no es necesario modificar los Documentos Tipo, y la obligación puede desarrollarse en la minuta del contrato.síntesis automática
También resuelve:
Mano de obra local: contratación, Ley 2294 de 2023, art. 8, alcance
Vigencia de las normas en el tiempo: Ley 153 de 1887, Artículo 38
Aplicación directa: desarrollo reglamentario, discrecionalidad
Colombia Compra Eficiente
Concepto
Las condiciones que establezcan deben promover la libre concurrencia de los proponentes y evitar la imposición de barreras injustificadas que limiten el acceso a los procesos de contratación o que promuevan un trato discriminatorio.
C-1020 de 2025
2025-09-08
¿Deben las entidades incluir la mano de obra local como requisito ponderable y requerir certificados de residencia para su acreditación?
Las entidades estatales tienen discrecionalidad para definir los criterios ponderables de sus procesos de selección, pero esa facultad no es ilimitada. Los factores deben ser acordes con la ponderación de factores técnicos y económicos que permita escoger la oferta más ventajosa, conforme al numeral 2 del artículo 5 de la Ley 1150 de 2007 y al artículo 2.2.1.1.2.2.2 del Decreto 1082 de 2015. La postura se funda en los principios de selección objetiva, igualdad y libre concurrencia, que exigen garantizar la pluralidad de oferentes y evitar barreras injustificadas o tratos discriminatorios. Por ello, las entidades no pueden incluir criterios discriminatorios por razón de la nacionalidad o de la residencia en un territorio específico, pues vulneran la libertad de empresa en una economía de mercado. La libre concurrencia es, además, una prohibición para el Estado de restringir la participación de los oferentes, y se concreta en no establecer aspectos que limiten la presentación de ofertas. En la estructuración de los pliegos, esos límites operan sobre cualquier criterio ponderable que se fije, incluido el de mano de obra local.síntesis automática
También resuelve:
Selección objetiva: requisitos de ponderación, asignación de puntaje, comparación de ofertas
Factores ponderables: principios de igualdad y libre concurrencia, alcance
Mano de obra local: certificados de residencia, límites
Consejo de Estado
Providencia
Se presenta falta al principio de congruencia en el fallo de primera instancia
Sentencia — Sentencia
2022-05-11
Sección Tercera (Subsección A)
MARTA NUBIA VELASQUEZ RICO
Rad. 68001233300020130040902
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Se presenta falta al principio de congruencia en el fallo de primera instancia? Sí
Se configura falta al principio de congruencia cuando el juez resuelve pretensiones que no fueron formuladas en la demanda, lo que constituye una decisión extra petita. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que la demanda solo pidió la efectividad del amparo de cumplimiento de la garantía única, de modo que el tribunal no podía ordenar también la efectividad de los amparos de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones. La segunda es que la intención del demandante era obtener la efectividad de la garantía solamente en cuanto al amparo de cumplimiento. En consecuencia, la Sala revoca el ordinal cuarto de la parte resolutiva de la sentencia de primera instancia y suprime la condena contra la aseguradora por los aportes de seguridad social y parafiscales. Como obiter dictum, la providencia recuerda que, en el derecho privado, el beneficiario puede reclamar la efectividad del amparo a la aseguradora y, si la reclamación es objetada, acudir al juez del contrato. La nota de relatoría remite a una sentencia de 30 de julio de 2021 sobre el principio de congruencia, y el documento no indica que modifique un precedente.síntesis automática
También resuelve:
¿Al momento de presentar la reclamación formal, Ecopetrol adjuntó los documentos requeridos por las condiciones generales del contrato de seguro, tales como el contrato afianzado?
¿Se presentó inejecución de obligaciones contractuales que conllevaron a la paralización total de las actividades contratadas?
¿Es responsable la entidad demandante del incumplimiento del contrato?