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Consejo de Estado
Providencia
Liquidación del contrato: Sentencia
Sentencia — Sentencia
2023-11-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 25000232600020070069801
ACCION CONTRACTUAL
¿La falta de liquidación unilateral del contrato por parte de la Administración configura un incumplimiento contractual a partir del cual pueda atribuirse responsabilidad a la entidad contratante? No
La falta de liquidación unilateral de un contrato estatal por parte de la entidad no constituye, por sí misma, un incumplimiento contractual, porque la liquidación unilateral es una potestad que la ley le otorga y no una obligación cuyo no ejercicio genere responsabilidad. Una razón es que la liquidación bilateral requiere el consenso de las partes, y ante la ausencia de acuerdo la entidad puede adoptarla unilateralmente, pero decidir no ejercer esa prerrogativa no causa un perjuicio cierto al contratista. Otra razón es que no se conoce en qué términos la entidad habría liquidado ni si la decisión habría beneficiado o perjudicado al contratista, de modo que no hay obligación contractual incumplida. En el caso, las partes quedaron habilitadas para pedir la liquidación judicial, que es la vía en la que se determina el cruce final de cuentas. La Sala revocó la decisión que había reconocido el incumplimiento y confirmó la negación de las pretensiones de incumplimiento y de perjuicios derivados. Su consecuencia práctica es que el contratista debe acudir a la liquidación judicial y no reclamar perjuicios por no liquidar.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede la liquidación judicial con inclusión de unas sumas concretas de dinero en favor del contratista por concepto del valor de la prórroga del contrato acordada en forma bilateral?
¿Procede la liquidación judicial con inclusión de unas sumas concretas de dinero en favor del contratista por por servicios prestados luego de expirado el término del contrato?
¿Se acreditó temeridad o de mala fe de las partes que conlleve a la condena en costas?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
No es posible pronunciarse sobre la nulidad propuesta contra la Resolución 09 de 13 de septiembre de 2007
Sentencia — Sentencia
2022-03-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 68001233100020100002501
ACCION CONTRACTUAL
¿Es posible pronunciarse sobre la nulidad propuesta contra la Resolución 09 de 13 de septiembre de 2007, por desconocimiento de lo establecido en los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, si no se allegó copia de la póliza única de cumplimiento? No
El contratista no puede solicitar la nulidad de la Resolución 09 de 2007 por desconocimiento de los artículos 1077 y 1088 del Código de Comercio, ya que no aportó la copia de la póliza única de cumplimiento, lo que impide determinar la vigencia, el valor asegurado y la cobertura del contrato de seguro. Además, la Sala reitera que la falta o indebida notificación del acto administrativo no es causal de nulidad, ya que no se encuentra consagrada en la Ley 1437 de 2011 y no afecta la formación del acto, solo su exigibilidad. Esto implica que el juez no puede pronunciarse sobre la nulidad propuesta sin la documentación completa, y que la notificación adecuada es una diligencia obligatoria pero no determinante para la nulidad del acto administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿La falta o indebida notificación del acto definitivo es causal de nulidad?
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto
Sentencia — Sentencia
2025-12-09
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 47001233300020170046801
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Magdalena? Sí
La jurisdicción de lo contencioso administrativo es competente para conocer de los litigios derivados de un contrato celebrado entre una sociedad y un departamento, entidad territorial, conforme al artículo 104 del CPACA, y el Consejo de Estado es competente para resolver la apelación contra la sentencia del tribunal administrativo cuando la cuantía de la demanda supera los 500 salarios mínimos legales mensuales vigentes. La regla se sostiene en tres razones: el contrato de prestación de servicios especializados para la modernización tecnológica de la gobernación se origina en la actividad contractual de una entidad territorial; el artículo 150 del CPACA atribuye a la Corporación la apelación contra las sentencias de los tribunales administrativos; y el numeral 5 del artículo 152 del CPACA define la competencia de segunda instancia por la cuantía de la demanda a la fecha de su interposición. Por ello, la competencia de la jurisdicción y del Consejo de Estado se determina por la naturaleza del contrato y la cuantía. La providencia de primera instancia se revoca.síntesis automática
También resuelve:
¿Como el asunto sub judice se refiere al presunto incumplimiento del contrato, a la ruptura de la ecuación económica y a su liquidación judicial…
¿Las partes estipularon de manera expresa que una vez finalizado el plazo de ejecución, el contrato sería objeto de liquidación conforme a lo dispuesto en el Estatuto General de Contratación?
¿La nulidad absoluta de los contratos estatales puede y debe ser declarada de oficio cuando aparezca plenamente demostrada y no sea susceptible de ser saneada mediante ratificación?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Se impone denegar las pretensiones de la demanda y, confirmar la decisión del a quo.
Sentencia — Sentencia
2024-05-06
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233100020100132701
ACCION CONTRACTUAL
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve:
¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato?
¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto?
¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal.
Sentencia — Sentencia
2025-10-21
Sección Tercera (Subsección C)
ADRIANA POLIDURA CASTILLO
Rad. 25000232600020090093302
ACCION CONTRACTUAL
¿A la jurisdicción de lo contencioso administrativo le corresponde el conocimiento del presente asunto, en tanto la controversia gira en torno al contrato suscrito entre una unión temporal y la Superintendencia de Notariado y Registro, entidad descentralizada de naturaleza estatal? Sí
El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre todas las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito, incluso cuando no hayan sido propuestas en los recursos de apelación, conforme a la jurisprudencia unificada de la Sala Plena de la Sección Tercera del Consejo de Estado. En este caso, la Sala revocó la sentencia de primera instancia al advertir que se configuró la excepción de ineptitud sustantiva de la demanda, ya que la resolución que liquidó unilateralmente el contrato fue conocida antes de que quedara en firme el auto admisorio de la demanda, sin que la parte actora adicionara la pretensión de nulidad contra el acto administrativo de liquidación unilateral del contrato. Además, la notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente, mientras aquel acuerdo no haya sido liquidado unilateral o bilateralmente, según la interpretación mayoritaria de la Corporación basada en el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo.síntesis automática
También resuelve:
¿El juez de segunda instancia cuenta con la potestad de pronunciarse oficiosamente sobre las cuestiones necesarias para proferir una decisión de mérito…
¿La notificación del auto admisorio de la demanda en la que se pide la liquidación judicial del contrato es el hito que produce la pérdida de competencia de la entidad para liquidarlo unilateralmente?
¿Para que un acto administrativo exista necesita que quien lo expida sea una autoridad, el órgano emisor es un elemento de la existencia…
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
Sentencia de unificación: Sentencia Unificación
Sentencia Unificación — FALLO
2020-09-03
Sección Tercera (Subsección B)
Rad. 25000232600020090013101
ACCION CONTRACTUAL
¿Cuando no exista norma expresa legal sobre la jurisdicción que debe conocer de controversias en las que haga parte un prestador de servicios públicos domiciliarios, deberá acudirse a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo (artículo 82 del CCA, hoy 104 del CPACA) para resolver el vacío normativo? Sí
El contratista o la entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios, en ausencia de norma legal específica sobre la jurisdicción competente para resolver controversias, debe acudir a la cláusula general de competencia de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, establecida en el artículo 104 del Código Procesal Administrativo (anteriormente en el artículo 82 del Código Contencioso Administrativo), para determinar la jurisdicción competente. Esta regla se aplica salvo las excepciones expresamente establecidas en la ley vigente, y reconoce que los actos precontractuales de los prestadores de servicios públicos domiciliarios no son actos administrativos y se rigen por la normatividad civil y comercial, con las excepciones que la ley determine. Además, las controversias relativas a estos actos precontractuales, que no son actos administrativos, deben tramitarse a través de la acción de reparación directa, y el juez de conocimiento resolverá la controversia de fondo, aunque no se haya empleado el medio de control que corresponda, garantizando así el derecho de acceso a la administración de justicia. Esta sentencia unifica la jurisprudencia y establece una regla clara para resolver el vacío normativo existente en la materia.síntesis automática
También resuelve:
¿Ha existido línea unívoca en la jurisprudencia en relación con el el conocimiento, o no, de la jurisdicción de lo contencioso administrativo e controversias de naturaleza contractual o…
¿La cláusula general de competencia, vigente para la época del caso concreto, era el artículo 82 del CCA?
¿La corporación ha tenido una postura uniforme sobre la determinación de la naturaleza jurídica de los actos precontractuales emitidos por entidades que tienen regímenes de contratación exceptuados…
Consejo de Estado
Providencia
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo is competente para conocer demandas contra resoluciones de sociedades de economía mixta de servicios públicos.
Sentencia — Sentencia
2025-08-11
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLÁS YEPES CORRALES
Rad. 68001233300020180092301
LEY 1437 NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO
¿Es competente la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para conocer de una demanda contra una resolución proferida por una sociedad por acciones de carácter mixto encargada de la prestación de servicios públicos domiciliarios? Sí
La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo conoce de las demandas dirigidas contra los actos administrativos expedidos por sociedades anónimas de carácter mixto encargadas de la prestación de servicios públicos domiciliarios, conforme al artículo 104 del CPACA. En la decisión adoptada, la Sala constató la competencia de esta jurisdicción y del Consejo de Estado en segunda instancia para desatar el recurso de apelación contra la sentencia del tribunal administrativo, al verificarse la naturaleza pública de la entidad demandada y la vocación de doble instancia del proceso contencioso contractual.síntesis automática
También resuelve:
¿El medio de control procedente para solicitar la nulidad de un acto administrativo post contractual, es el de controversias contractuales?
¿El término de caducidad del medio de control de controversias contractuales cuando la pretensión es la nulidad del acto administrativo, empieza a contar desde que se surte su notificación…
¿La designación como gestor de los Planes Departamentales para el Manejo Empresarial de los Servicios de Agua y Saneamiento (PDA) implica el sometimiento de sus actuaciones contractuales al régimen…
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
La Sala liquidará el contrato según lo pretendido
Sentencia — Sentencia
2025-04-28
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ
Rad. 47001233100019990077801
ACCION CONTRACTUAL
¿La demandante probó la existencia de valores invertidos no amortizados y cumplió el plan de inversión? No
En la liquidación de un contrato, corresponde al contratista demostrar los valores invertidos no amortizados que reclama, y el incumplimiento del plan de inversión no se corrige con afirmaciones generales de un dictamen pericial. Cuando el contrato se ejecutó durante buena parte de su plazo sin que se completara la inversión pactada, procede liquidarlo con saldos a cargo del contratista por los cánones de arrendamiento impagados hasta la devolución efectiva del inmueble, indexados con base en el IPC desde esa fecha. Además, la recesión económica invocada como causa externa que alteró la ecuación contractual no es un hecho notorio para todos los sectores de la economía, y la promoción de la ocupación de la zona franca era una obligación del arrendatario que no acreditó haber ejecutado. En el caso concreto, la sentencia revocó la decisión de primera instancia y liquidó el contrato con saldos en contra de la contratista. Como consecuencia práctica, la parte que reclame valores amortizables o causas externas debe aportar prueba específica de su existencia y de la alteración que produjo, pues las afirmaciones generales no bastan.síntesis automática
También resuelve:
¿La promoción de la ocupación de la zona franca era obligación del arrendatario, quien no probó haber ejecutado lo que le correspondía para promoverla?
¿Se desestiman los cargos de apelación que no fueron formulados en las demandas respecto del debido proceso por tratarse de aspectos que no fueron objeto de debate en el proceso?
¿Las partes estipularon que procedía la terminación anticipada del contrato por solicitud del arrendatario aceptada por el ministerio?
REVOCA
Consejo de Estado
Providencia
El contrato de obra suscrito entre las partes es sin duda un contrato de tracto sucesivo que requiere de liquidación
Sentencia — Sentencia
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 25000233600020170044201
LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El término de caducidad de la acción de controversias contractuales empezó a contar desde la expiración del plazo para liquidar el contrato? Sí
El contratista tiene un plazo de dos años para ejercer la acción de controversias contractuales desde la expiración del término para liquidar el contrato, conforme a lo establecido en el artículo 164 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Este plazo se inicia luego de que se agote el tiempo acordado para la liquidación voluntaria bilateral o unilateral del contrato, según lo pactado en las cláusulas del mismo. La Sala reitera que la liquidación es obligatoria para los contratos de tracto sucesivo, y que la falta de liquidación por parte de la entidad estatal no interrumpe el cómputo del plazo para la acción de controversias contractuales, lo que implica que el contratista debe actuar oportunamente para evitar la caducidad de su derecho a la indemnización de perjuicios.síntesis automática
También resuelve:
¿Para que el retardo del deudor permita al acreedor tener derecho a la indemnización de perjuicios, debe demostrar que el incumplimiento le causó un perjuicio y que el deudor está constituido en mora?
¿La liquidación del contrato es obligatoria para los que contemplan obligaciones de tracto sucesivo?
¿Cuál es el plazo estipulado en la ley para la liquidación bilateral y unilateral del contrato?
Consejo de Estado
Providencia
El contratista tenía el derecho de aportar y controvertir pruebas
Sentencia — Sentencia
2026-01-30
Sección Tercera (Subsección A)
JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ
Rad. 25000232600020110049101
ACCION CONTRACTUAL
¿Se debía otorgar un término suficiente para que el contratista pudiera revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones que sustentaban la actuación, determinar las pruebas que presentaría para desvirtuar el incumplimiento atribuido y preparar sus descargos? Sí
El contratista debe recibir un término suficiente para revisar las pruebas en su contra, analizar las imputaciones, determinar las pruebas que presentará y preparar sus descargos, conforme al artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que garantiza el debido proceso en actuaciones sancionatorias. La entidad debe formular un requerimiento previo indicando los hechos que constituyen un incumplimiento contractual, y otorgar un plazo razonable para que el contratista pueda preparar adecuadamente sus descargos. La Sala modifica la jurisprudencia anterior, reiterando que el acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para garantizar el debido proceso, ya que no contiene una formulación expresa de los hechos que configuran el incumplimiento ni las consecuencias jurídicas derivadas de este. Esto implica que las entidades deben cumplir con estas formalidades para evitar la nulidad de los actos administrativos sancionatorios.síntesis automática
También resuelve:
¿El acta de terminación del contrato no puede considerarse como el requerimiento previo exigido para la garantía del debido proceso…
¿El término concedido por el IDU para que el contratista rindiera sus descargos, así como la decisión de no ampliarlo, afectaron el derecho a la defensa en el procedimiento sancionatorio?
¿Todas las declaraciones de voluntad de una entidad estatal emitidas en la ejecución de un contrato sometido al EGCAP se califican como actos administrativos?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
Aclaración de voto: el juez no podrá declarar su nulidad, lo cual podría llegar a permitir la subsistencia de actos ilegales
Aclaración voto — Aclaración de voto
2024-01-19
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 05001233100019960260202
ACCION CONTRACTUAL
¿Mientras las entidades públicas ejerzan la función administrativa se pronuncian a través de actos administrativos? Sí
Considero importante aclarar mi voto, con el fin de reiterar parcialmente los argumentos que me llevaron a salvar el voto en la sentencia de unificación del 3 de septiembre de 2020 (exp. 42.003). Considero que, mientras las entidades públicas ejerzan la función administrativa -es decir, distinta de la legislativa y de la judicial-, estas se pronuncian a través de actos administrativos, puesto que es la forma jurídicamente concebida para plasmar la voluntad de los órganos del Estado. No puede confundirse el régimen jurídico aplicable con la naturaleza del acto, pues no porque un acto se rija en su contenido por el derecho privado, deja de ser administrativo.
También resuelve:
¿Resulta admisible que se controviertan los actos precontractuales a través del medio de control de reparación directa?
Consejo de Estado
Providencia
Acción de controversias contractuales: Salvamento voto
Salvamento voto — Salvamento de voto
2022-08-16
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 47001233100020080038601
ACCION CONTRACTUAL
¿La Ley 80 de 1993 vigente al momento de celebrar el contrato de suministro, y la aplicación retroactiva del artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, habilitaba a la Administración Pública para pactar en los contratos la facultad de declarar su incumplimiento e imponer la cláusula penal? Sí
Aunque comparto la decisión de confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto declaró la nulidad del acto que declaró la caducidad del contrato, no estoy de acuerdo con la decisión de confirmar la nulidad de la Resolución… proferida por Indumil, mediante la cual se declaró el incumplimiento del contrato. Incluso antes de la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007, las entidades estatales podían pactar en los contratos la facultad de declarar el incumplimiento del contrato e imponer la cláusula penal. Esto, porque el artículo 13 de la Ley 80 de 1993 dispone que a los contratos estatales les son aplicables las disposiciones civiles y comerciales, las cuales permiten, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, pactar la imposición de multas y cláusulas penales.
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: puede declararse de oficio la falta de competencia como vicio que afecta el acto administrativo cuando este fue uno de los cargos
Salvamento voto — Salvamento de voto
2022-03-30
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 68001233100020100002501
ACCION CONTRACTUAL
¿Puede declararse de oficio la falta de competencia como vicio que afecta el acto administrativo cuando este fue uno de los cargos de la demanda? Sí
En reiteradas oportunidades el Consejo de Estado ha señalado que “la falta de competencia constituye el más grave de los vicios que puede afectar la validez de un acto y, por tal razón, puede ser declarado de oficio”. Aunque el estudio de la competencia para la expedición de cualquier acto administrativo es una consideración que resulta forzosa para quien decide sobre la legalidad del acto, y podría emprenderse de oficio, en el caso sometido a consideración de la Sala el estudio sobre la competencia no debía hacerse de manera oficiosa, pues, se insiste, fue un cargo de la demanda y un elemento central de las excepciones que presentó la entidad demandada, quien sostuvo que “tenía PLENA COMPETENCIA para expedir los actos administrativos” demandados (énfasis original).
También resuelve:
¿Debe existir una habilitación legal clara e inequívoca para que se puedan proferir actos administrativos?
¿Ecopetrol estaba facultado para, de manera unilateral, imponer multas y liquidar unilateralmente el contrato?