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20001233300020180005301 de 20262026-09-18Sección TerceraRad. 20001233300020180005301
El contratista no puede enriquecerse sin justa causa a expensas de la entidad estatal, según el artículo 831 del Código de Comercio, lo que implica que la teoría del enriquecimiento sin justa causa es una fuente autónoma y subsidiaria de obligaciones que busca restablecer el equilibrio patrimonial alterado por un enriquecimiento injustificado. La Sección Tercera de la corporación ha establecido que esta teoría es excepcional en el derecho público, especialmente en contratación estatal, y solo procede cuando se acredita que la entidad pública constriñó al particular a prestar el servicio, en situaciones de urgencia manifiesta para la adquisición de bienes o servicios de salud, o cuando la entidad omite declarar la urgencia manifiesta y solicita la prestación de bienes y servicios. La sentencia de unificación del 31 de julio de 2025 reitera que la procedencia de la teoría no se limita a un catálogo taxativo de hipótesis, sino que depende de la demostración de circunstancias extraordinarias de interés general que justifiquen la prestación del servicio sin contrato, además de la ausencia de mecanismos legales para escoger un contratista y celebrar un contrato. La corporación matizó que los casos de prestación de servicios sin contrato, cuando derivan de una imposición o constreñimiento por parte del Estado, deben analizarse desde el régimen de responsabilidad extracontractual del Estado, específicamente a partir de un análisis de falla en el servicio.síntesis automática
También resuelve:Enriquecimiento sin justa causa por hechos cumplidosEnriquecimiento sin justa causa: jurisprudencia unificada, procedencia excepcional, prestaciones sin respaldo contractual, constricción de la entidad pública
El contratista o particular que ejecuta prestaciones de carácter material a favor de una entidad pública sin la existencia previa de un contrato escrito válido no puede invocar válidamente la teoría del enriquecimiento sin justa causa para desconocer de forma deliberada el ordenamiento presupuestal ni las normas sustanciales imperativas que rigen de manera general la contratación estatal, toda vez que la proscripción del enriquecimiento indebido busca restablecer el equilibrio patrimonial en hipótesis específicas pero bajo ninguna circunstancia puede prohijar el desconocimiento flagrante de las disposiciones legales aplicables, debiendo el juez contencioso administrativo denegar inexorablemente las pretensiones de reparación directa cuando se advierta la ausencia absoluta de los requisitos formales y sustanciales exigidos para la contratación.síntesis automática
También resuelve:Accion de reparacion directa: enriquecimiento sin justa causa, objetoCopias simples: valor probatorio, copia simple, valoraciónDocumento privado: autenticidad, requisitos
El contratista no puede obtener el reconocimiento y pago de las mejoras realizadas en un inmueble entregado en comodato, ni reclamar enriquecimiento sin justa causa, cuando las estipulaciones contractuales específicas impiden tal reconocimiento, ya que la controversia tiene naturaleza contractual y las disposiciones civiles que regulan el contrato de comodato no permiten tales pretensiones extracontractuales. La Sala confirma que las cláusulas en cuestión no están viciadas y que la relación entre las partes se rige por los contratos de comodato suscritos, lo que impide la prosperidad de las pretensiones subsidiarias. Esta decisión reitera la importancia de la naturaleza contractual de las relaciones entre las partes y limita el uso de acciones extracontractuales en casos similares.síntesis automática
También resuelve:Enriquecimiento sin justa causa: nulidad, contractual, modificaciones, comodatoRepública de colombiaConsejo de estado sala de lo contencioso administrativo sección tercera: subsección b
68001233300020170015801 de 20262026-04-20Sección TerceraRad. 68001233300020170015801
El contratista no puede invocar la lesión enorme en un contrato de promesa de compraventa, ya que esta figura se aplica exclusivamente a la compraventa propiamente dicha, donde se establece una obligación de dar, mientras que la promesa de contrato implica una obligación de hacer. Además, la jurisprudencia ha establecido que la controversia derivada de la ejecución de actividades sin el respaldo de un contrato en favor de entidades que deben aplicar el Estatuto General de Contratación Pública se regirá por las reglas de la reparación directa, salvo en casos excepcionales donde no exista razón jurídica para una acción contractual o extracontractual. En consecuencia, la pretensión basada en el enriquecimiento sin justa causa resulta improcedente cuando la controversia tiene su origen en un negocio jurídico determinado, lo que implica que el contratista debe buscar otras vías legales para su reclamo.síntesis automática
También resuelve:Adquisición de inmuebles por enajenación voluntaria y expropiación judicial: normatividad, plazo para iniciar proceso de expropiaciónLesión enorme en contratos estatales: ámbito de aplicación – contrato de compraventa, obligaciones en el contrato de compraventa, obligación de dar, obligaciones en el contrato de promesa de compraventa
¿Hay lugar a otorgarle efectos jurídicos a la denominada segunda adición y primera prórroga del contrato No. 15 de 2015 y por lo tanto a entender que el contrato estuvo vigente hasta diciembre del 2015, pese a no haber sido suscrita por la entidad por escrito? No
El contratista no puede obtener efectos jurídicos para la segunda adición y primera prórroga del contrato No. 15 de 2015, ya que no fue suscrita por la entidad estatal por escrito, lo que es requisito indispensable para el perfeccionamiento de contratos estatales y sus modificaciones, independientemente de que estén sometidos a un régimen contractual exceptuado del Estatuto General de Contratación. La Sala establece que los contratos estatales y sus modificaciones deben respetar los principios de publicidad y control fiscal, por lo que la existencia de contratos o modificaciones contractuales meramente consensuales no cumple con estos principios. La entidad estatal debe contar con el soporte documental que permita a los entes de control realizar efectivamente el control fiscal, por lo que la falta de firma por parte de la entidad implica que no se cumplió con las formalidades necesarias para que la adición y prórroga tuvieran efectos legales. Esta decisión reitera la necesidad de que los contratos estatales y sus modificaciones estén debidamente formalizados por escrito y suscritos por las partes, lo que implica que el contratista solo puede reclamar las prestaciones que se materializaron durante el plazo original del contrato, es decir, entre el 30 de marzo y el 30 de septiembre de 2015.síntesis automática
También resuelve:¿Los valores reclamados por la parte actora no están amparadas en contrato estatal alguno, y además no se encuentra plenamente acreditado el cumplimiento de los servicios presuntamente adeudados?¿Procede el reconocimiento de los servicios presuntamente prestados sin respaldo contractual y cobrados mediante las facturas 428, 432 y 433, a título de enriquecimiento sin justa causa?
¿Es procedente en la liquidación de contratos de obra reconocer el pago de los ítems no previstos y de mayores cantidades de obra?
La liquidación es el ajuste de cuentas en el que las partes hacen un balance económico, técnico y jurídico del cumplimiento de sus obligaciones, y debe incluir el análisis de la calidad y oportunidad en la entrega de los bienes, obras o servicios. Su regulación se encuentra en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, y en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007. Frente a los ítems no previstos y a las mayores cantidades de obra, la jurisprudencia del Consejo de Estado, en la sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, señala que, por regla general, no es posible solicitar reconocimientos económicos por la ejecución de obras extras o adicionales sin la previa suscripción de la modificación contractual correspondiente. Por ello, la liquidación es el momento oportuno para resolver las diferencias y para que las entidades públicas garanticen el equilibrio económico, si este resultó afectado durante la ejecución. La consecuencia práctica es que el pago de ítems no previstos o de mayores cantidades debe verificarse contra lo efectivamente autorizado en el contrato y sus modificaciones antes de reconocerse en la liquidación.síntesis automática
También resuelve:Liquidación: definición, objetivoLiquidación bilateral: concepto, fundamento normativo, ajustes, revisionesEnriquecimiento sin justa causa: sentencia de unificación del 19 de noviembre de 2012, alcance, nueva postura, sentencia de unificación jurisprudencial
¿Es procedente en la liquidación de contratos de obra reconocer el pago de los ítems ejecutados, pero que no están previstos en el contrato de obra y sus modificaciones?
El contratista no puede obtener reconocimiento económico por la ejecución de obras extras o adicionales no previstas en el contrato de obra y sus modificaciones, salvo en casos excepcionales como la imposición de la entidad, la urgencia para evitar una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, o la omisión del decreto de urgencia manifiesta con circunstancias que la hubieran justificado, según reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado. Esta regla implica que la liquidación del contrato debe ajustarse estrictamente a lo pactado, salvo en las circunstancias taxativas mencionadas, para evitar enriquecimiento sin justa causa.síntesis automática
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La entidad estatal examina las normas relativas al perfeccionamiento de los contratos estatales conforme a lo dispuesto en los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993. El juez contencioso administrativo reitera que la formalidad de la instrumentación escrita constituye un requisito esencial ad substantiam actus, por lo que todo negocio jurídico celebrado por las entidades públicas requiere constar por escrito y reflejar el acuerdo sobre el objeto y la contraprestación. Asimismo, la corporación analiza los presupuestos para la procedencia de reclamaciones por enriquecimiento sin causa, señalando que tal figura no puede utilizarse para desconocer las normas presupuestales y de contratación estatal ni para convalidar actuaciones carentes de soporte contractual válido. Por consiguiente, ante la ausencia de un vínculo negocial perfeccionado conforme a la ley, la jurisdicción resuelve revocar la sentencia apelada y negar las pretensiones formuladas en la demanda de acuerdo con los principios del régimen de contratación pública.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: perfeccionamiento del contratoEnriquecimiento sin causa: jurisdicción de lo contencioso administrativo, solemnidadesConsejo de estado
El contratista que pretende el reconocimiento judicial de derechos y obligaciones de carácter económico derivados de un contrato estatal tiene la carga procesal ineludible de probar fehacientemente la existencia del negocio jurídico mediante la aportación oportuna del documento escrito que constituye solemnidad sustancial ad substantiam actus y ad solemnitatem, conforme a lo dispuesto expresamente por los artículos 39 y 41 de la Ley 80 de 1993, de modo que la falta del documento contractual esencial no puede suplirse válidamente con otros medios de prueba previstos en la ley procesal y su omisión acarrea la absoluta inexistencia del negocio jurídico, justificando plenamente la absolución de la demanda en aplicación rigurosa de los principios procesales sobre la carga de la prueba.síntesis automática
También resuelve:Contrato estatal: formalidades, elementos, perfeccionamiento, existenciaContrato de consultoria: ejecución, inexistenciaAccion in rem vers o o accion de enriquecimient o sin justa causa: aplicación
¿Operó la caducidad respecto de las pretensiones de reparación directa por el enriquecimiento sin justa causa del municipio demandado debido al servicio de parqueadero prestado por el demandante? Sí
La entidad territorial y el contratista involucrados in controversias contractuales de reparación directa por enriquecimiento sin justa causa deben observar estrictamente los términos de caducidad consagrados en el CPACA. El término de caducidad empieza a correr a partir del día siguiente a aquel en que cesó la prestación del servicio y finalizó el vínculo negocial, sin que pueda prolongarse indefinidamente por actuaciones ajenas a la administración. De igual forma, de conformidad con el artículo 188 del CPACA y el artículo 365 del Código General del Proceso, la parte demandante que resulte vencida en el proceso o en la segunda instancia es condenada al pago de las costas procesales y agencias en derecho, tasadas en salarios mínimos legales mensuales vigentes conforme al acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura, cuando se configuran los presupuestos objetivos de desfavorabilidad en las pretensiones.síntesis automática
También resuelve:¿Es procedente la condena en costas procesales en segunda instancia?
¿Es procedente en la liquidación de contratos expedir un Certificado de Disponibilidad Presupuestal –CDP- y un Registro Presupuestal –RP-, a fin de reconocer el pago de reclamaciones económicas o de obras adicionales?
El contratista puede obtener el reconocimiento de reclamaciones económicas o de obras adicionales en la liquidación del contrato estatal mediante la expedición de un Certificado de Disponibilidad Presupuestal (CDP) y un Registro Presupuestal (RP), siempre que se demuestre que la ejecución de dichas obras o servicios adicionales fue por imposición de la entidad, para evitar una lesión inminente e irreversible al derecho a la salud, o cuando se omitió el decreto de urgencia manifiesta pero concurren circunstancias que la hubieran justificado, matizando la posición anterior que exigía la suscripción de un contrato adicional para tales casos. Esta nueva interpretación facilita la resolución de conflictos y garantiza el equilibrio económico del contrato, permitiendo a las entidades validar sus actuaciones en la liquidación.síntesis automática
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44001234000020170021801 de 20252025-10-27Sala PlenaRad. 44001234000020170021801
De otro lado, se ha reconocido que en el marco del actuar del Estado es posible que se pueda presentar un enriquecimiento sin justa causa – también predicable del actuar privado- , entendido como una figura a partir de la cual una persona ve incrementado su patrimonio a costa del empobrecimiento correlativo de otra persona, que en cualquiera de los dos casos puede ser una entidad pública, y sin que exista una justa causa, escenario en el cual, al no haber una fuente que valide la relación transaccional, tanto la jurisprudencia de antaño como la recientemente de unificación han sostenido que el medio de control residual e idóneo para perseguir la compensación respectiva – que no indemnización- es la reparación directa, pues, entre otros, dicha circunstancia no tiene como causa un contrato o un acto administrativo.
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¿Qué papel juega la cláusula de reajuste de precios dentro del restablecimiento de la ecuación financiera del contrato?
El contratista puede utilizar la cláusula de reajuste de precios para restablecer el equilibrio financiero del contrato estatal cuando se demuestre un menoscabo grave y no imputable a una de las partes, siempre que la reclamación se realice en la oportunidad debida, es decir, al momento de suscribir las modificaciones contractuales. Sin embargo, el Consejo de Estado ha matizado esta posición, permitiendo que en casos específicos se analice la circunstancia excepcional que justifique la reclamación posterior a la modificación contractual, siempre y cuando se configure el enriquecimiento sin justa causa y se demuestre la actividad afectada. Esto implica que cada entidad debe evaluar en cada caso concreto la procedencia de la cláusula de reajuste, considerando la distribución de riesgos y el principio de buena fe contractual, sin que exista un criterio universal definido por Colombia Compra Eficiente.síntesis automática
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¿Cuáles son los mecanismos para el restablecimiento de la ecuación financiera del contrato?
El restablecimiento de la ecuación financiera del contrato estatal procede cuando se rompe la equivalencia entre derechos y obligaciones por causas sobrevinientes, imprevisibles y no imputables a quien resulta afectado, y su fundamento es el principio de equilibrio financiero previsto en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993. Según la jurisprudencia citada, el restablecimiento exige probar el menoscabo, demostrar que este es grave y que no corresponde a un riesgo propio de la actividad que deba asumir alguna de las partes. Además, las reclamaciones deben formularse en la oportunidad debida, pues las salvedades que no se hacen al suscribir suspensiones, adiciones, prórrogas, contratos adicionales u otrosíes pueden impedir la reclamación posterior. En consecuencia, el contratista que pretenda el restablecimiento debe acreditar el perjuicio y presentar sus solicitudes en el momento oportuno, y la entidad debe evaluar si el hecho alegado corresponde a un riesgo asumible por el contratista antes de reconocer cualquier compensación. El mecanismo adecuado depende de la prueba del desequilibrio y de la oportunidad con que se haya formulado la reclamación.síntesis automática
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¿En qué consiste el reconocimiento de mayores cantidades de obra o adición de ítems contractuales, y en qué se diferencia del rompimiento del equilibrio económico del contrato estatal?
El contratista puede solicitar el reconocimiento de mayores cantidades de obra o la adición de ítems contractuales cuando se presentan circunstancias no previstas en el contrato, lo que implica ajustar el precio unitario según las cantidades finalmente ejecutadas, sin necesariamente romper el equilibrio económico del contrato. Este ajuste se diferencia del rompimiento del equilibrio económico, que requiere una alteración extraordinaria de la equivalencia de prestaciones y exige cumplir con requisitos y estándares probatorios más estrictos. La entidad estatal, en ejercicio de su discrecionalidad, puede establecer en el pliego de condiciones o en el contrato la figura del AIU y el sistema de precios unitarios, lo que permite ajustar el precio en función de las circunstancias particulares de cada caso, sin necesidad de declarar el rompimiento del equilibrio económico, a menos que se acredite una variación significativa en las condiciones originales del contrato.síntesis automática
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¿Cuál es el régimen de contratación aplicable a las Empresas Promotoras de Salud constituidas como sociedades de economía mixta en las que el Estado tiene una participación superior al cincuenta por ciento (50%)?
El contratista debe cumplir con el régimen de contratación estatal aplicable a las sociedades de economía mixta en las que el Estado tiene una participación mayor al 50%, conforme a lo establecido en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, siempre y cuando las actividades no estén en competencia con el sector privado o público, nacional o internacional, o en mercados regulados. La liquidación del contrato debe incluir un ajuste económico, técnico y jurídico del cumplimiento de las obligaciones, y la liquidación bilateral tiene efectos de título ejecutivo, siempre que no contravenga la ley y los principios del EGCAP. La jurisprudencia ha establecido que la ausencia de salvedades en la liquidación bilateral impide reclamaciones posteriores por vía judicial sobre aspectos no controvertidos. Además, la Sala Plena del Consejo de Estado ha modificado su posición respecto al enriquecimiento sin justa causa, permitiendo al juez determinar la corrección al traslado patrimonial injustificado basándose en la prueba de la actividad y la circunstancia excepcional, independiente de la lista de hipótesis previas. Esto implica que las pretensiones de compensación por enriquecimiento sin causa deben evaluarse conforme a esta nueva regla a partir de la ejecutoria de la sentencia de unificación del 31 de julio de 2025.síntesis automática
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05001233100020100050001 de 20252025-12-30Sección TerceraRad. 05001233100020100050001
En ese sentido, las disposiciones que regulan la preservación del equilibrio económico del contrato y disponen los lineamientos para su restablecimiento -en caso de ruptura- se hacen extensivas al negocio jurídico debatido. Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal contratante, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato”. También hay lugar a reconocer los mayores costos cuando la mayor permanencia en obra se produce por la necesidad de ejecutar ítems de obra adicional o mayores cantidades de obra contratada. Resulta viable colegir que al contratista, por su experticia en relación con el bien o servicio a contratar, le asistía el deber de verificar la idoneidad de los estudios entregados por la entidad contratante -entre ellos los diseños arquitectónicos y estructurales-, toda vez que era un requisito indispensable para el cumplimiento del objeto contractual.
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¿Cuál es el alcance del límite establecido en el artículo 40 de la Ley 80 de 1993 con respecto a las medidas que adopten las entidades para restablecer el equilibrio económico del contrato?
El contratista debe mantener el equilibrio económico del contrato estatal, lo que implica adoptar medidas necesarias para restablecer la ecuación contractual cuando se producen fenómenos que la alteran, siempre respetando los límites establecidos en la Ley 80 de 1993, como el parágrafo del artículo 40 que prohíbe la adición del contrato en más del 50% de su valor inicial. Esta regla reitera la jurisprudencia del Consejo de Estado y la Corte Constitucional, y subraya que cualquier modificación contractual debe ser excepcional y cumplir con los principios y fines de la contratación estatal, lo que implica que las entidades deben evaluar cuidadosamente cada caso para asegurar que las medidas adoptadas no violen las restricciones legales.síntesis automática
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¿Cuál es marco normativo del desequilibrio económico en los proyectos financiados con recursos del Sistema General de Regalías?
El contratista debe considerar el marco normativo del Sistema General de Regalías, establecido en la Constitución Política y la Ley 2056 de 2020, para la estructuración y aprobación de proyectos de inversión financiados con recursos de regalías, incluyendo la evaluación del desequilibrio económico en los contratos estatales. Este marco incluye la distribución, objetivos, fines, administración, ejecución, control y uso eficiente de los ingresos provenientes de la explotación de recursos naturales no renovables. La entidad estatal, al ejecutar proyectos financiados con regalías, debe aplicar el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública y tener en cuenta las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado para resolver problemas específicos de gestión contractual. Este concepto no establece un criterio universal, sino que brinda elementos generales para que las entidades definan la forma de adelantar su gestión contractual, lo que implica que cada caso debe ser analizado en el contexto específico del procedimiento contractual.síntesis automática
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