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EMPRESA MIXTA DE SERVICIOS PÚBLICOS

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Consejo de Estado Providencia

Se está en presencia de un laudo arbitral proferido

Auto interlocutorio — Auto que admite recurso extraordinario de anulación 2024-04-10 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 11001032600020230013200 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de anulación se presentó y sustentó en tiempo, con indicación de las causales invocadas, ante la Secretaría del Tribunal de Arbitramento? Sí
En este caso se está en presencia de un laudo arbitral proferido en el marco de un proceso en el que intervino la Empresa Distribuidora del Pacífico S.A. ESP - DISPAC, con ocasión del contrato DG-002-2013, celebrado el 16 de mayo de 2013 con DISICO S.A.… A su turno, en punto a la naturaleza jurídica de las partes del proceso arbitral y particularmente en lo que corresponde a DISPAC, se advierte que está constituida como una empresa de servicios públicos mixta vinculada al Ministerio de Minas y Energía.
También resuelve: ¿El Consejo de Estado conoce en única instancia de los recursos de anulación contra laudos arbitrales proferidos en conflictos originados en contratos celebrados por una entidad pública? ¿Contra el laudo arbitral procede el recurso extraordinario de anulación?
ADMITE
Consejo de Estado Providencia

La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación

Sentencia — Sentencia 2023-05-25 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000233600020140085102 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La elección de la modalidad de pago, o de remuneración de cada una de las obligaciones, implica una asignación de obligaciones y riesgos entre las partes? Sí
El contratista no puede solicitar reajustes de precios en un contrato estatal pactado sin fórmula de reajuste, ya que la elección de la modalidad de pago implica una asignación de riesgos entre las partes, y el juez no puede contrariar lo acordado por las partes en ausencia de una revisión basada en la ruptura del equilibrio económico o la excesiva onerosidad. Además, el contratista no puede ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante, según lo pactado en el contrato. Asimismo, la entidad debe suministrar información técnica adecuada y suficiente para que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato, y en ausencia de pruebas que demuestren lo contrario, no puede ser declarado el incumplimiento. Finalmente, en caso de que se haya pagado indebidamente, se ordenará la devolución del reembolso que el consorcio contratista debía reintegrar a la entidad, como restablecimiento del derecho. Esta sentencia reitera y matiza precedentes sobre la interpretación de las cláusulas contractuales y la responsabilidad de las partes en la contratación estatal, limitando la capacidad del juez para modificar acuerdos previamente establecidos.síntesis automática
También resuelve: ¿Se pactó que el contratista no podía ejecutar mayores cantidades de obra sin el visto bueno de la entidad contratante? ¿En el expediente no obra ninguna prueba que demuestre que los estudios previos, planos, y diseños no fueron adecuados o que no se encontraban de conformidad con los estándares técnicos requeridos? ¿Se ordenará, en caso de haber sido pagado, la devolución del “reembolso” que el consorcio contratista debía reintegrar a la ESP?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Medio de control de controversias contractuales: Sentencia

Sentencia — Sentencia 2025-07-01 Sección Tercera (Subsección A) JOSE ROBERTO SACHICA MENDEZ Rad. 52001233300020200005903 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La contratista incumplió con la obligación de constitución de garantías cuando mencionó en la carátula de las pólizas a una sola de las entidades contratantes como asegurada, aunque en el cuerpo del documento aclaró, de forma expresa, que también estaban aseguradas las demás entidades públicas exigidas por el numeral 36 de los términos de referencia y por los contratos DG-030 y DG-031 de 2018? No
El contratista no incumple con la obligación de constitución de garantías cuando, en la carátula de las pólizas de seguro, menciona a una sola entidad como asegurada, siempre y cuando en el cuerpo del documento se aclare expresamente que también están aseguradas las demás entidades públicas requeridas por los términos de referencia y los contratos específicos. La Sala determina que la precisión en el cuerpo de la póliza evidencia que el contratista cumplió con lo dispuesto en los términos de referencia y en la cláusula de garantía del contrato, sin que la mención en la carátula a una sola entidad afecte la efectividad de la garantía. Esta decisión reitera la jurisprudencia que enfatiza la importancia del contenido sustancial de la póliza sobre aspectos formales, y confirma que la finalidad de la contratación estatal no se ve comprometida por incorrecciones en la titulación de los documentos, siempre y cuando se cumplan los requisitos esenciales pactados.síntesis automática
También resuelve: ¿Constituye un incumplimiento contractual por parte de la contratista, la expedición de las pólizas de cumplimiento con un rótulo que las identifica como expedidas a favor de particulares… ¿Resulta procedente condenar en costas y agencias en derecho a la parte demandante, por resolverse, de manera desfavorable…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

No hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 19001233100020110057302 ACCION CONTRACTUAL
¿Hay lugar a declarar la nulidad de la Resolución 391 de 2008 con la que el municipio de Guapi declaró la Caducidad del Contrato de Concesión que celebró con la parte actora para la operación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y actividades complementarias, a consecuencia de haberse notificado el acto administrativo que lo contiene, de manera irregular? No
La notificación de un acto administrativo por edicto, cuando se cumplen los requisitos del artículo 45 del Código Contencioso Administrativo, es válida y fija la fecha a partir de la cual se cuenta el término de caducidad de la acción. Esta regla se apoya en que el edicto debe fijarse por el término legal, que en el caso fue de veinte días hábiles, y en que la notificación personal al representante legal ordenada por la administración tampoco adquiere efectos distintos si el edicto se surtió conforme a la ley. Por ello el término de caducidad se computa desde la fecha de fijación y desfijación del edicto. En el caso concreto la notificación de la resolución de caducidad del contrato se surtió por edicto dentro del término legal, por lo que el término de caducidad no había operado. Por ello se revocó el auto que rechazó la demanda por caducidad y la pretensión de nulidad fue negada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la notificación por edicto válida fija el inicio de la caducidad de la demanda contra el acto.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado es competente para resolver el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo? ¿La legitimación en la causa por activa recae sobre la empresa de servicios públicos con la que el Municipio celebró el contrato de concesión? ¿El régimen jurídico aplicable al contrato suscrito entre la empresa de servicios públicos y el municipio, es el contemplado en el Estatuto General de la Contratación Pública?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato?

Sentencia — Sentencia 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLOREZ Rad. 05001233300020200372701 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato? Sí
La Subsección resolverá desfavorablemente el recurso de apelación presentado por Genmas S.A. E.S.P. y confirmará la sentencia de primera instancia. Lo manifestado por [la contratante en los términos de referencia] otorgó certeza a la contratista de que el dinero de la construcción estaba garantizado, dado que se señaló que su financiación provendría de recursos propios de la entidad. Genmas S.A. E.S.P. ejerció de manera injustificada la facultad de terminación unilateral del contrato, debido a que no acreditó la circunstancia económica de la empresa que alegó como fundamento para el ejercicio de la prerrogativa contractual, por lo que se materializó su incumplimiento del negocio jurídico.
También resuelve: ¿Lo convenido correspondió a un contrato de obra a precios unitarios que fue suscrito con el objetivo de desarrollar las obras civiles de una central hidroeléctrica… ¿El perfeccionamiento del negocio se dio con la suscripción del documento correspondiente por las partes, en el que la accionante se obligó a construir las obras civiles de la central hidroeléctrica? ¿La potestad de terminación unilateral del contrato se ejerció sin justa causa, por lo que la conducta de la contratante constituyó un incumplimiento del contrato?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

El juez de segunda instancia debe ceñirse a los aspectos planteados en el recurso de apelación

Sentencia — Sentencia 2025-08-11 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 05001233300020180162101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El juez de segunda instancia debe ceñirse a los aspectos planteados en el recurso de apelación, sin que sea posible modificar la causa petendi en dicha etapa procesal? Sí
El juez de segunda instancia debe ceñirse a los aspectos planteados en el recurso de apelación sin modificar la causa petendi, en virtud del derecho al debido proceso y el principio de congruencia, que requieren que el fallo sea coherente con los hechos y pretensiones formulados en la demanda y las excepciones planteadas en la contestación. La Sala reitera esta regla general, que admite excepciones basadas en normas constitucionales, tratados internacionales y normas legales imperativas. EPM no está sometida al Estatuto General de Contratación Estatal en la celebración de contratos de derecho privado, salvo excepciones específicas, por lo que el contrato CT-2014-000808 se rige por la Ley 142 de 1994 y su reforma por la Ley 689 de 2001. Además, la Sala encuentra que EPM no incurrió en incumplimiento contractual atribuible a la entidad contratante en relación con el inicio de la ejecución del contrato, ya que el inicio del plazo contractual se estableció mediante una acta suscrita por ambas partes y no por una orden unilateral de EPM, desvirtuando así la tesis sostenida por la parte apelante.síntesis automática
También resuelve: ¿Está sometida EPM, en la celebración del contrato objeto del litigio, al régimen de derecho privado previsto en la Ley 142 de 1994 y no al Estatuto General de Contratación Estatal? ¿Se probó que EPM incurrió en incumplimiento contractual atribuible a la entidad contratante en relación con el inicio de la ejecución del contrato? ¿El silencio y la firma del acta por parte de Servipáramo convalidaron cualquier retardo previo en el inicio del contrato, impidiendo atribuir incumplimiento a EPM?
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

Se impone denegar las pretensiones de la demanda y, confirmar la decisión del a quo.

Sentencia — Sentencia 2024-05-06 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 05001233100020100132701 ACCION CONTRACTUAL
¿La decisión de descalificación de la propuesta contractual obedeció a una ruptura intempestiva y carente de razón? No
Constituye un motivo válido para descalificar una propuesta en un proceso de selección que una persona con cargo directivo en la entidad contratante tenga relación familiar con el representante de la firma proponente, pues la prohibición de favorecimiento aplica aunque la dependencia en la que se desempeña no tenga relación con la contratación. Esta regla se sostiene en dos razones. Primero, la presencia de un servidor público del nivel directivo con esa relación familiar basta para activar la prohibición, con independencia de que su dependencia no intervenga en el objeto contratado. Segundo, la descalificación no vulnera el principio de buena fe contractual cuando la decisión no obedece a una ruptura intempestiva ni carece de razón y no sorprende al participante, pues en tal caso no se rompen las tratativas, que deben respetarse conforme a los pliegos y a la ley. La providencia deniega las pretensiones de la demanda y confirma la decisión de primera instancia; en la práctica, el aspirante que incurre en una prohibición legal puede ser descalificado sin que ello implique una ruptura de las tratativas precontractuales.síntesis automática
También resuelve: ¿La incompatibilidad en estudio era adecuada si se dirigía a los familiares de aquellas personas que gozaran de poder de decisión de adjudicar un contrato? ¿La incompatibilidad en estudio resulta conteste con la clasificación y nomenclatura de cargos de la EPM y era viable su aplicación en el presente asunto? ¿La calidad de servidores públicos de las entidades estatales mixtas la ostentan sus representantes legales y los funcionarios de los niveles directivo…
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Consejo de Estado Providencia

No le asistió razón a la parte apelante en que la Universidad incumplió el contrato

Sentencia — Sentencia 2024-09-23 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 41001233300020120018402 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La intención del consorcio fue aceptar una mayor permanencia en obra y la adición de unos ítems de manera consonante con la exclusión de otros, todo por el mismo precio inicial? Sí
El contratista acepta una mayor permanencia en obra y la adición de ítems, excluyendo otros, todo por el mismo precio inicial, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, lo que implica que las cláusulas acordadas deben ser consideradas válidas y no pueden ser desconocidas por el juez. La liquidación bilateral del contrato constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles, por lo que cualquier cuestionamiento a su validez debe estar respaldado por vicios que deriven en nulidad absoluta o relativa. La Sala desestima cargos de incumplimiento y enriquecimiento sin justa causa, dado que el contratista aceptó libremente las modificaciones al contrato, sin que se acredite un perjuicio económico. Esta decisión reitera la importancia de la buena fe contractual y la teoría del acto propio en la interpretación de las modificaciones al contrato, y confirma que la liquidación bilateral es un acto jurídico válido y ejecutivo, siempre y cuando no se demuestren vicios que la anulen.síntesis automática
También resuelve: ¿La liquidación bilateral es un negocio jurídico que constituye derechos y obligaciones, al punto de que constituye un título ejecutivo con obligaciones claras, expresas y exigibles? ¿Se eliminaron otros ítems para hacer sostenible el proyecto con el presupuesto inicial? ¿Desde el mismo instante en que las dificultades de ejecución del contrato se identificaron, las partes efectuaron ajustes al acuerdo de voluntades con el objetivo de evitar la paralización de la…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La cesión de la posición contractual en contratos no sometidos al Estatuto General de Contratación no conlleva ceder actos administrativos.

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-10-17 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 25000233600020130167002 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Es jurídicamente viable considerar que la cesión de la posición contractual en contratos no sometidos al Estatuto General de Contratación conlleva la cesión de la facultad de expedir actos administrativos contractuales? No
El contratista cesionario no adquiere la potestad de expedir actos administrativos contractuales por la mera cesión de la posición contractual en regímenes regidos por el derecho privado o normatividades especiales. En la aclaración de voto se destaca que dicha facultad no constituye un beneficio inherente al negocio jurídico cedible conforme al artículo 895 del Código de Comercio, sino que emana directamente de la ley y de autorizaciones de poder público conferidas en virtud de competencias legales específicas que no dependen de la autonomía de la voluntad privada ni de la simple transferencia negocial entre las partes.síntesis automática
También resuelve: ¿La cesión del contrato es procedente por cuanto es producto de una delegación de funciones entre entidades públicas?