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EFECTOS DE LA NORMA

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Consejo de Estado Providencia

¿La demanda de reconvención formulada por el Distrito Capital de Bogotá en contra de la CAR, fue promovida oportunamente?

Sentencia — Sentencia 2024-09-11 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 25000232600020040020202 ACCION CONTRACTUAL
¿La demanda de reconvención formulada por el Distrito Capital de Bogotá en contra de la CAR, fue promovida oportunamente? Sí
El contratista puede presentar una demanda de reconvención oportunamente si la formula dentro del plazo de dos años siguientes a la fecha de liquidación del contrato que arroje un saldo a favor del concesionario, tal como ocurrió en este caso, donde la liquidación bilateral del contrato de concesión se llevó a cabo el 7 de diciembre de 2004, y la demanda de reconvención fue presentada el 23 de noviembre de 2005, dentro del plazo establecido. La Sala modificó la interpretación anterior sobre la oportunidad de la demanda de reconvención, lo que implica que las partes deben estar atentas a los plazos para presentar estas acciones y asegurarse de que estén dentro del marco legal vigente.síntesis automática
También resuelve: ¿Procede condenar a la CAR al pago de aportes que debió efectuar al Fondo Cuenta en virtud del convenio 250 de 1997, desde el 1 de enero de 2004 al 7 de diciembre de 2004? ¿Es procedente adicionar la sentencia de primera instancia en el sentido de declarar no probadas las excepciones propuestas por la CAR frente a la demanda de reconvención? ¿Procede condenar a la CAR al pago de intereses moratorios sobre la suma que ésta le adeuda por pago de los aportes que debió efectuar al Fondo Cuenta?
MODIFICA
Consejo de Estado Providencia

Están reunidos los presupuestos procesales para dictar sentencia

Sentencia — Sentencia 2022-07-13 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 68001233100020090001901 ACCION DE REPETICION
¿El cómputo del término de la acción de repetición inicia desde el dia siguiente a la realización del pago de la condena por parte de la entidad del Estado? Sí
El término de caducidad de la acción de repetición se cuenta desde el día siguiente al pago de la condena cuando este se efectúa antes del vencimiento del plazo de dieciocho meses que tiene la administración desde la ejecutoria de la sentencia, y si el último día cae en vacancia judicial, la demanda puede presentarse el primer día hábil siguiente. La regla se sostiene en dos razones. La primera es que el pago ocurrió antes de que venciera el plazo de dieciocho meses, de modo que los dos años corren desde el día siguiente al pago. La segunda es que, al vencerse el término, la Rama Judicial se encontraba en vacancia, por lo que la demanda se presentó el primer día hábil, con lo cual resultó oportuna. En el mismo caso, el régimen aplicable se determina por los hechos que dieron lugar a la condena, por lo que las presunciones de la Ley 678 de 2001 no se aplican cuando los hechos ocurrieron antes de su vigencia. El documento no indica que modifique un precedente; su consecuencia práctica es que la Sala analiza el elemento subjetivo de culpa grave o dolo.síntesis automática
También resuelve: ¿Las previsiones de la Ley 678 de 2001 se aplican para hechos ocurridos a partir de su vigencia? ¿Se acredito en debida forma la condena contra el Estado para la procedencia de la acción de repetición? ¿Se acredito en debida forma el pago de la condena en favor de la víctima del daño antijurídico?
Consejo de Estado Providencia

La declaratoria de incumplimiento se efectuó en la Resolución

Sentencia — Sentencia 2022-01-26 Sección Tercera (Subsección B) ALBERTO MONTAÑA PLATA Rad. 15001233100020020020401 ACCION CONTRACTUAL
¿Los actos administrativos que declararon unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato fueron expedidos sin competencia y en consecuencia procede su nulidad, en razón a que esta facultad de la Administración fue suprimida temporalmente cuando entró en vigencia la Ley 80 de 1993 y derogó el Decreto 222 de 1983? Sí
El contratista puede solicitar la nulidad de los actos administrativos que declaran unilateralmente el incumplimiento y la caducidad del contrato, cuando estos se expiden sin la competencia legal correspondiente, ya que la Ley 80 de 1993 derogó temporalmente la facultad de las entidades para declarar incumplimientos y caducidades hasta la entrada en vigencia de la Ley 1150 de 2007. Además, la entidad pierde su competencia para declarar la caducidad una vez vencido el plazo pactado para la ejecución del contrato. Asimismo, el debido proceso debe garantizarse en todas las actuaciones administrativas, permitiendo al afectado ejercer su derecho de contradicción y defensa. Estas reglas implican que los actos administrativos que no respetan estas garantías y competencias pueden ser declarados nulos, protegiendo así los derechos del contratista en el marco de la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve: ¿Para la procedencia de la declaratoria de caducidad del contrato es necesario que el plazo pactado para su ejecución esté vigente, porque de haber finalizado… ¿El derecho al debido proceso debe garantizarse en las actuaciones administrativas y conlleva a que el afectado pueda ejercer su derecho de contradicción y defensa? ¿Ante la ausencia de pruebas sobre el detrimento patrimonial y la falta de acreditación de los perjuicios materiales, procede la negativa de las pretensiones económicas o la condena en abstracto?
Consejo de Estado Providencia

El recurso extraordinario de revisión fue presentado de forma oportuna

Sentencia — Sentencia 2024-11-18 Sección Tercera (Subsección B) FREDY HERNANDO IBARRA MARTÍNEZ Rad. 11001032600020210017500 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿El recurso extraordinario de revisión en contra del laudo arbitral y el auto aclaratorio proferidos los días 6 y 16 de agosto de 2019, se presentó a tiempo? Sí
Corresponde a la Sección Tercera del Consejo de Estado, en segunda instancia, conocer del recurso extraordinario de revisión interpuesto contra un laudo arbitral y su auto aclaratorio cuando en el proceso arbitral intervino una entidad pública. Esta competencia se apoya en el artículo 45 de la Ley 1563 de 2012, que somete los laudos a la revisión por las causales y el trámite del Código General del Proceso, en el artículo 46 de la misma ley, que asigna el conocimiento a la Sección Tercera, y en el numeral 7 del artículo 104 del CPACA. La intervención de la entidad pública en el trámite arbitral es el criterio que activa la competencia. Como el recurso se presentó en tiempo, la discusión de fondo se centró en si se configuró la causal de revisión por nulidad originada en el laudo y su auto aclaratorio, y la pretensión fue declarada infundada. El documento no indica que la decisión reitere, unifique o cambie precedente; la consecuencia práctica es que la revisión de laudos con intervención pública corresponde a la Sección Tercera y no al tribunal de arbitramento.síntesis automática
También resuelve: ¿El Consejo de Estado tiene competencia para resolver el recurso extraordinario de revisión interpuesto por los Bancos de Bogotá SA, AV Villas SA… ¿El recurso extraordinario de revisión constituye una excepción al principio de inmutabilidad de las sentencias ejecutoriadas que hacen tránsito a cosa juzgada… ¿Para la configuración de la causal de revisión de nulidad originada en la sentencia que pone fin al proceso debe se deben tener en cuenta: La existencia de una sentencia que ponga fin al proceso…
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

Los fundamentos del recurso extraordinario de anulación son meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos

Sentencia — Sentencia 2024-11-08 Sección Tercera (Subsección C) JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS Rad. 11001032600020240001500 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Los fundamentos del recurso extraordinario de anulación son meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad? Sí
El contratista no puede basar un recurso extraordinario de anulación contra un laudo arbitral en meras discrepancias frente a lo decidido y a los fundamentos expuestos por el panel arbitral sobre el presupuesto procesal de caducidad, ya que la causal analizada no implica la configuración de un error in procedendo que comprometa la ritualidad de las actuaciones o vulnere las garantías del derecho de defensa y del debido proceso. La Sala declara infundado el recurso, al considerar que la función del juez de anulación no es intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento, sino limitarse a examinar si se han cumplido los requisitos formales y procesales establecidos. Además, las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral deben ser consideradas como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley, sin que el juez de anulación pueda revisar la pertinencia de dicha interpretación.síntesis automática
También resuelve: ¿La función del juez de anulación no es operar como superior jerárquico, ni intervenir en el juzgamiento del asunto de fondo para modificar las decisiones del tribunal de arbitramento? ¿Las apreciaciones y conclusiones del panel arbitral se muestran como producto de una válida interpretación y aplicación de la ley? ¿Se considera que la demanda fue presentada dentro del término establecido para ello y que el análisis realizado por el panel arbitral no fue irrazonable?
INFUNDADO
Consejo de Estado Providencia

Salvamento de voto: la sentencia optó por la salida simple y fácil

Salvamento voto — Salvamento de voto 2024-03-14 Sección Tercera (Subsección A) MARIA ADRIANA MARIN Rad. 11001032600020220017300 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿La sentencia optó por la salida simple y fácil de considerar que en la medida en que para resolver sobre el efecto económico de un acto administrativo es necesario pronunciarse sobre su validez, en ningún caso los árbitros pueden resolver este tipo de controversias? Sí
La sentencia de la que me aparto, en vez de construir una interpretación que permita aplicar el artículo 1º de la Ley 1563 de 2012 para que los tribunales de arbitramento puedan ejercer la habilitación legal que les otorgó esta disposición, optó por la salida simple y fácil de considerar que, en la medida en que para resolver sobre el efecto económico de un acto administrativo es necesario pronunciarse sobre su validez, en ningún caso los árbitros pueden resolver este tipo de controversias. La Sala estaba obligada a considerar los efectos de su decisión y a respetar el derecho fundamental de acceso a la administración de justicia de la convocante. Creo que los jueces siempre debemos tener en cuenta nuestra tarea consiste en solucionar los conflictos y no obstaculizar ese derecho de las partes.
También resuelve: ¿El Consejo de Estado ya había establecido que aunque los actos administrativos contractuales que no están incluidos en el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 son actos proferidos en ejercicio de… ¿La distinción hecha por el Consejo de Estado, según la cual los árbitros sí pueden anular un acto administrativo contractual expedido en ejercicio de facultades excepcionales por el simple hecho de… ¿La restricción introducida por la Corte Constitucional se refiere a todos los actos administrativos en los que se haga uso de estas facultades excepcionales porque en todos ellos está involucrado el…