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¿Se configura una incompatibilidad sobreviniente cuando, durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios, el compañero permanente del contratista es nombrado en un cargo del nivel directivo de la misma entidad estatal?
El contratista no incurre en una incompatibilidad sobreviniente cuando durante la ejecución de un contrato de prestación de servicios su compañero permanente es nombrado en un cargo del nivel directivo de la misma entidad estatal, siempre y cuando el compañero no haya participado en la celebración, ejecución o supervisión del contrato. Esta conclusión se basa en que las inhabilidades e incompatibilidades deben ser tipificadas en la ley y su interpretación debe ser restrictiva, evitando supuestos indeterminados que pongan en riesgo principios como la igualdad y el debido proceso. La regla establece que la inhabilidad sobreviniente solo se configura si el vínculo con el servidor público directivo se presenta después de la celebración del contrato y afecta su ejecución, lo que no ocurre en este caso. Esta interpretación reitera y matiza precedentes sobre la configuración de inhabilidades sobrevinientes, permitiendo una aplicación más precisa de las normas y evitando situaciones injustas para los contratistas.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidad: nociónRegimen de inhabilidades e incompatibilidades: interpretación restrictivaInhabilidades e incompatibilidades: sobreviniente
¿Es jurídicamente procedente que un exintegrante de corporaciones públicas territoriales suscriba contratos estatales con el mismo municipio donde ejerció sus funciones, dentro de los doce (12) meses siguientes a la finalización de su período constitucional o renuncia?
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades constituye un sistema de restricciones de origen constitucional y legal, de carácter taxativo y de interpretación restrictiva, de modo que ninguna inhabilidad o incompatibilidad puede presumirse, extenderse por analogía ni aplicarse a supuestos no previstos expresamente por el legislador. Dentro de ese marco, el numeral 1 del literal a) del artículo 43 de la Ley 1952 de 2019 prohíbe que, durante el año siguiente a su retiro, un concejal intervenga en la celebración de contratos o en la gestión de negocios con la entidad en la que ejerció funciones, ya sea en nombre propio o de terceros. Esa restricción aplica con independencia de que la persona hubiera conocido o no el asunto específico mientras estuvo en el cargo, y busca evitar conflictos de interés y el uso de influencias indebidas. En consecuencia, un exconcejal no puede intervenir en la celebración de contratos con el municipio donde ejerció sus funciones durante ese año, pues la prohibición es expresa y no admite interpretación extensiva. En la práctica, la restricción alcanza la intervención del exconcejal en el contrato y no depende del conocimiento previo del asunto.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: nociónInhabilidades e incompatibilidades: interpretación restrictivaLiteral a numeral 1 articulo 43 ley 1952 de 2019: interpretación
¿Se configura alguna causal de inhabilidad e incompatibilidad, o conflicto de intereses para que el presidente de una Junta de Acción Comunal, que además es contratista de prestación de servicios del municipio, celebre en su calidad de representante legal de la JAC convenios con el mismo ente territorial?
En primera medida a juicio de la Agencia, no existe restricción de orden legal o reglamentaria, ni causal de inhabilidad o incompatibilidad que prohíba y/o impida que quien preside una JAC tenga simultáneamente un contrato de prestación de servicios con el municipio y como representante legal la JAC celebre un convenio con ese mismo municipio.
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: concepto, principio de legalidad / inhabilidades e incompatibilidades ― interpretación restrictiva
¿Se configura la inhabilidad prevista en el artículo 5 de la Ley 1474 de 2011 por la existencia de un vínculo de parentesco en segundo grado de consanguinidad entre socios de personas jurídicas independientes que integran, respectivamente, un consorcio de obra y un consorcio de interventoría?
Las inhabilidades e incompatibilidades para contratar con el Estado son restricciones establecidas por la Constitución o la ley, y su interpretación debe ser restrictiva, nunca extensiva, analógica o teleológica. Por ello, ninguna entidad pública puede crear o ampliar causales que no estén expresamente previstas en la ley, pues los particulares solo responden por infringir la Constitución y las leyes, conforme al artículo 6 de la Constitución Política. Frente al artículo 5 de la Ley 1474 de 2011, la causal opera respecto de quien haya celebrado un contrato de obra pública, o de su cónyuge, compañero o compañera permanente, parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o de sus socios en sociedades distintas de las anónimas abiertas, que no pueden celebrar contratos de interventoría durante la ejecución y hasta la liquidación del mismo. En el caso consultado, el concepto considera que no hay lugar a aplicarla, porque los contratos de obra e interventoría se adjudicaron mediante procesos independientes y su celebración ocurrió antes del inicio de la ejecución contractual. En consecuencia, el parentesco entre socios de empresas distintas, integrantes de consorcios diferentes, no configura por sí solo la inhabilidad.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: definición, taxatividad, interpretación restrictivaInhabilidades e incompatibilidades: Ley 1474 de 2011, Artículo 5, aplicabilidad
¿Cuál es el marco normativo de la Compra Pública de Tecnología e Innovación?
El desarrollo normativo sobre compras públicas de tecnología e innovación no ha sido muy amplio dentro del ordenamiento jurídico colombiano, a pesar de que se han expedido normas relacionados con las actividades científicas y tecnológicas.
También resuelve:Ley de emprendimiento: finalidadCompras públicas de tecnología e innovación: Ley 2069 de 2020, Artículo 36, alcance, vigenciaDecreto 442 de 2022: regulación
¿Puede un docente de tiempo completo de una universidad pública celebrar un contrato de medio tiempo con una EPS pública para ejercer la medicina, en horarios que no se cruzan con sus funciones docentes, sin vulnerar el régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los servidores públicos?
Las normas del artículo 128 de la Constitución y del literal f) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 restringen la celebración de contratos con cualquier entidad pública por parte de quienes tienen la calidad de servidores públicos. Por ello, el concepto considera que podría configurarse la incompatibilidad respecto del docente de tiempo completo de una universidad pública que celebre un contrato de medio tiempo con una EPS pública para ejercer la medicina, aun cuando los horarios no se crucen. Esta conclusión se apoya en que las inhabilidades e incompatibilidades son restricciones a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos estatales, por lo que solo pueden tipificarse en la ley y deben interpretarse de manera restrictiva, conforme al principio pro libertate. Además, la presencia de una inhabilidad o de una incompatibilidad produce las mismas consecuencias jurídicas, esto es, la limitación de la capacidad contractual. En consecuencia, la ausencia de cruce de horarios no excluye por sí sola la incompatibilidad.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidad e incompatibilidad: conceptoInhabilidades e incompatibilidades: interpretación restrictivaProhibición para contratar: incompatibilidad, servidores públicos, docentes de universidades públicas
¿ Es jurídicamente procedente que una entidad territorial celebre un contrato estatal con un exconcejal del mismo municipio dentro de los doce (12) meses siguientes a la terminación de su período constitucional de conformidad con el régimen de incompatibilidades previsto?
El contratista no puede celebrar contratos estatales con la entidad territorial donde ejerció funciones de concejal durante los doce meses siguientes a la terminación de su período, ya sea en nombre propio o de terceros, independientemente de su conocimiento específico del asunto mientras estuvo en el cargo, en virtud del numeral 1 del literal a) del artículo 43 de la Ley 1952 de 2019. Esta prohibición busca prevenir conflictos de interés y el uso indebido de influencias, garantizando los principios de moralidad, transparencia e imparcialidad en la contratación estatal. La regla reitera y matiza precedentes sobre el régimen de inhabilidades e incompatibilidades, limitando su interpretación a lo estrictamente dispuesto por el legislador y excluyendo la analogía, lo que implica que cualquier desacato a esta norma puede derivar en consecuencias disciplinarias.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: nociónInhabilidades e incompatibilidades: interpretación restrictivaLiteral a numeral 1 articulo 43 ley 1952 de 2019: interpretación
¿ Puede un exservidor público suscribir contratos estatales con el mismo municipio donde ejerció su función dentro de los 12 meses siguientes a la finalización de su periodo o su renuncia?
El régimen de inhabilidades e incompatibilidades en la contratación pública busca asegurar que la adquisición de bienes y servicios por las entidades estatales se realice con probidad y transparencia. Por tratarse de restricciones a la capacidad para presentar ofertas y celebrar contratos, solo pueden tipificarse en la ley, debe satisfacerse el principio de legalidad y su interpretación debe ser restrictiva. Bajo el principio pro libertate, no es posible una interpretación extensiva que amplíe las causales. El literal a) del numeral 1 del artículo 43 de la Ley 1952 de 2019 prohíbe que, durante el año siguiente a su retiro, un exservidor público intervenga en la celebración de contratos o en la gestión de negocios con la entidad en la que ejerció funciones, ya sea en nombre propio o de terceros. Esa restricción aplica independientemente de que la persona haya conocido o no del asunto específico mientras estuvo en el cargo, y busca evitar conflictos de interés y el uso de influencias indebidas.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: concepto, principio de legalidadProhibición para exservidores públicos: literal a) del numeral 1° del artículo 43 de la Ley 1952 de 2019
¿La vinculación de familiares del representante legal y/o de otro trabajador por parte del contratista en ejecución de dicho contrato genera inhabilidad, incompatibilidad o conflicto de intereses?
La vinculación de familiares del representante legal o de otros trabajadores del contratista, durante la ejecución del contrato, no configura por sí sola una inhabilidad para contratar con el Estado. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades debe interpretarse con sujeción estricta al principio de legalidad, de modo que sus causales son taxativas y de aplicación restrictiva, y no admiten extender por analogía supuestos que la ley no contempla. Lo que sí puede presentarse es un conflicto de interés, cuya configuración depende de la naturaleza de las funciones asignadas al contratista en la ejecución del contrato y de la vinculación de sus familiares, en la medida en que se encuadre en las definiciones previstas en los propios instrumentos contractuales, como el pliego de condiciones o el contrato. Por tanto, corresponde a cada entidad estatal verificar en el caso concreto si se configura alguno de esos conflictos, sin presumir una inhabilidad que el texto no reconoce. La consecuencia práctica es que la entidad debe analizar la situación con base en sus instrumentos contractuales y en las funciones del contratista, no en una aplicación extensiva del régimen de inhabilidades.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: concepto, principio de legalidad
¿Pueden las entidades estatales celebrar contratos de prestación de servicios con empleados de organizaciones públicas internacionales o se genera alguna causal de inhabilidad o incompatibilidad?
Una persona natural puede celebrar un contrato de prestación de servicios con una entidad estatal y, al mismo tiempo, tener una relación laboral con una persona jurídica de derecho internacional, sin que ello configure una inhabilidad o incompatibilidad. La regla parte de que las inhabilidades e incompatibilidades solo pueden tipificarse en la ley y se interpretan restrictivamente, porque limitan la capacidad para celebrar contratos estatales y una interpretación extensiva pondría en riesgo principios como la igualdad, el debido proceso y la libre concurrencia. Revisadas las causales de la Constitución, el artículo 8 de la Ley 80 de 1993 y otras disposiciones complementarias, el concepto no encuentra prohibición para que una misma persona preste sus servicios a la entidad estatal como contratista y, mediante contratos distintos y concomitantes, a una persona de derecho internacional. Sin embargo, la ausencia de inhabilidad no basta, porque el contrato de prestación de servicios con una persona natural es excepcional y solo es admisible cuando las actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados, lo que debe justificarse en los estudios previos.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: finalidad, limitación a la capacidad, carácter restrictivoCausales de inhabilidad e incompatibilidad: contrato de prestación de servicios, contrato laboral, posibilidad de celebrar varios contratos, verificación
¿Existe inhabilidad o incompatibilidad para celebrar un contrato de prestación de servicios u otro con personas condenadas o con antecedentes penales?
De manera preliminar se debe señalar que, el principio pro libertate es el que debe dirigir la interpretación de las disposiciones normativas que consagran restricciones de derechos, como sucede con las causales de inhabilidad e incompatibilidad en la contratación estatal. En ese sentido, las disposiciones que integran el régimen de inhabilidades e incompatibilidades exigen una interpretación que garantice el referido principio, lo que significa una aplicación sintonizada con lo expresamente señalado en la norma.
También resuelve:Contratación estatal: capacidad, validez contratos, régimen de contratación, limitación de la capacidadRégimen de inhabilidad e incompatibilidad: conceptoInhabilidades e incompatibilidades: interpretación restrictiva
¿Cuál es el alcance de la prohibición establecida en el numeral cuarto del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019 con respecto a la celebración de contratos estatales?
El contratista está inhabilitado para contratar con el Estado si ha sido declarado responsable fiscalmente, según establece el parágrafo primero del artículo 42 de la Ley 1952 de 2019, que amplía la prohibición inicialmente limitada al ejercicio de cargos públicos. Esta regla se fundamenta en la necesidad de proteger principios como la moralidad administrativa y la igualdad en la contratación estatal, evitando interpretaciones amplias que puedan socavar estos valores. La entidad estatal debe verificar la capacidad jurídica del contratista y determinar si se configura alguna inhabilidad, incluyendo la sobreviniente, lo que implica que si durante la ejecución del contrato se presenta una inhabilidad como la declarada responsable fiscalmente, la entidad deberá proceder a la cesión del contrato o a su terminación, según lo dispuesto en el artículo 9 de la Ley 80 de 1993.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: concepto, interpretación restrictiva –principio pro libertateInhabilidades e incompatibilidades: sobrevinienteInhabilidad para contratar: Ley 1952 de 2019, Artículo 42
¿Pueden los firmantes del Acuerdo de Paz celebrar contratos de prestación de servicios con el Estado?
Las inhabilidades e incompatibilidades son circunstancias establecidas en la Constitución o en la ley que impiden que personas naturales o jurídicas sean designadas en cargos públicos o celebren contratos con el Estado, con el fin de garantizar la idoneidad, imparcialidad, probidad y transparencia de la función pública. Como restricciones que afectan la personalidad jurídica, la igualdad, la libre empresa y el derecho a participar en procesos de selección, la Corte Constitucional ha reconocido que deben interpretarse de manera taxativa y restrictiva. Según el concepto, la inhabilidad que alcanza a los miembros de grupos armados organizados al margen de la ley tiene una excepción constitucional, que solo opera cuando se cumplen las condiciones fijadas en la propia norma para que la persona sea considerada hábil. Por ello, los firmantes del Acuerdo de Paz pueden ser considerados hábiles para celebrar contratos con las entidades estatales cuando se verifican esos supuestos. Como pronunciamiento consultivo, el concepto enuncia que la celebración de contratos por estos firmantes depende de que se acrediten los supuestos de la excepción constitucional.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: conceptoRegimen de inhabilidades e incompatibilidades: interpretación restrictiva –principio pro libertateInhabilidades e incompatibilidades: Constitución Política, Artículo 122, firmantes del acuerdo de paz
¿Existe inhabilidad o incompatibilidad que impida que un exconcejal celebre contratos de prestación de servicios con el municipio en el que ejerció como servidor público?
De conformidad con el artículo 43 de la Ley 1952 de 2019, quienes se desempeñaron como concejales tienen restringida la posibilidad de intervenir en nombre propio o ajeno en actuaciones contractuales en las que tenga interés el municipio. Esta incompatibilidad se extiende desde el momento de su elección hasta doce 12 meses siguientes al vencimiento del periodo constitucional o el retiro del servicio. Esto implica que, durante el periodo señalado los exconcejales tengan restringida la posibilidad celebrar contratos de prestación de servicios con el ente territorial en el que ejercieron como servidores públicos.
También resuelve:Régimen de inhabilidad e incompatibilidad: conceptoProhibición para contratar: incompatibilidad, exservidores públicos, exconcejales
¿Existen restricciones que prohíben a los exfuncionarios públicos que hayan ejercido cargos de nivel directivo celebrar directa o indirectamente contratos estatales?
Las restricciones para que exfuncionarios públicos celebren contratos estatales son de interpretación restrictiva, pues son límites a la capacidad contractual que solo pueden tipificarse en la ley. El artículo 4 de la Ley 1474 de 2011 introdujo en el literal f) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993 una incompatibilidad para quienes ejercieron cargos del nivel directivo en entidades del Estado, que se configura de manera directa en la persona natural y de manera indirecta en las sociedades a las que esté vinculada, a cualquier título. Esta restricción aplica solo a objetos contractuales relacionados con el sector en el que prestó sus servicios el exfuncionario, y se extiende durante los dos años siguientes a su retiro. También alcanza a las personas naturales con parentesco en primer grado de consanguinidad, primero de afinidad o primero civil, durante ese mismo plazo. Por otra parte, el literal a) del numeral 2 del mismo artículo establece una incompatibilidad para contratar con una entidad determinada en quienes fueron miembros de su junta o consejo directivo y en los exservidores de los niveles directivo, asesor o ejecutivo, durante el año siguiente a su retiro, y solo respecto de esa entidad.síntesis automática
También resuelve:Inhabilidad e incompatibilidadInhabilidades e incompatibilidades: Ley 80 de 1993, numeral 2, literal a), exservidor público, n iveles directivo, asesor o ejecutivo
¿La sanción disciplinaria de suspensión impuesta por la comisión de una falta grave culposa, conforme al artículo 44, numeral 3°, de la Ley 734 de 2002, y su correspondiente anotación en el certificado de antecedentes disciplinarios, genera una inhabilidad o restricción legal para contratar con el Estado mediante contratos de prestación de servicios?
La sanción de suspensión impuesta por falta grave culposa, conforme al numeral 3 del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, no genera por sí misma una inhabilidad para contratar con el Estado mediante contratos de prestación de servicios. El régimen de inhabilidades e incompatibilidades restringe la capacidad contractual, solo puede tipificarse en la ley y se interpreta de manera restrictiva, sin admitir interpretaciones extensivas que pongan en riesgo la igualdad, el debido proceso, la libre concurrencia o el ejercicio de la profesión u oficio. La norma distingue entre sanciones: el numeral 2 prevé la suspensión con inhabilidad especial para faltas graves dolosas o gravísimas culposas, mientras que el numeral 3 se refiere solo a la suspensión, sin inhabilidad, para faltas graves culposas. Esta regla se mantuvo en el artículo 48, numeral 4, de la Ley 1952 de 2019, que prevé la suspensión de uno a doce meses sin inhabilidad adicional. Por ello, la sanción mantiene una naturaleza informativa y no restrictiva frente al acceso a la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: concepto, principio de legalidadInhabilidades e incompatibilidades: certificado antecedentes disciplinarios, Ley– sanciones disciplinarias, censura –registro de sanciones
¿Existe inhabilidad o incompatibilidad para celebrar un contrato de prestación de servicios u otro con personas condenadas o con antecedentes penales?
Los antecedentes penales de una persona pueden condicionar la posibilidad de que suscriba contratos estatales, incluido el de prestación de servicios, porque existen inhabilidades cuyos supuestos de hecho aluden a condenas penales, como las de los literales d) y j) del numeral 1 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993; por ello, es relevante analizar los antecedentes penales del futuro contratista, ya que podrían afectar su capacidad jurídica. Con todo, es necesario revisar el alcance particular de cada condena para establecer si configura o no una inhabilidad o incompatibilidad que impida contratar, análisis que corresponde a la entidad en cada caso. El concepto explica que la capacidad es un requisito de validez de los contratos estatales, tanto en el régimen del Estatuto General como en el de las entidades exceptuadas, y que las inhabilidades derivan de comportamientos reprochables o sanciones, de vínculos de parentesco o estado civil, o de una actividad desempeñada en el pasado, mientras que las incompatibilidades se fundan en una calidad que no puede coexistir con la de contratista; ambas limitan la capacidad contractual. Por ser restricciones, solo pueden tipificarse en la ley y deben interpretarse restrictivamente, conforme al principio pro libertate.síntesis automática
También resuelve:Contratación estatal: capacidad, validez contratos, régimen de contratación, limitación de la capacidadRégimen de inhabilidad e incompatibilidad: concepto
¿Existen restricciones que prohíben a los exempleados públicos que hayan ejercido cargos de nivel directivo celebrar directa o indirectamente contratos estatales?
Sí. Existen restricciones contempladas en el literal a) del numeral 2 del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, y se configura incompatibilidad para contratar con una entidad determinada en quienes fueron miembros de junta o consejo directivo, así como en los exservidores públicos de los niveles directivo, asesor o ejecutivo. Esta restricción a la capacidad rige únicamente respecto de la entidad contratante a la que estuvo vinculado el respectivo miembro de junta o servidor, durante el año siguiente a la fecha de retiro.
También resuelve:Inhabilidad e incompatibilidadInhabilidades e incompatibilidades: Ley 80 de 1993, numeral 2, literal a), exservidor público, n iveles directivo, asesor o ejecutivo
¿Se debe expedir acto administrativo de justificación de contratación directa para la celebración de un convenio especial de cooperación?
Respecto al primer interrogante se precisa que dentro de las formas de asociación establecidas en el Decreto Ley 393 de 1991, para la realización de actividades científicas y tecnológicas, está la celebración de convenios especiales de cooperación, pero se encuadra dentro de la causal de contratación directa del literal “e” del numeral 4 del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007, no se encuentra dentro de las tipologías exceptuadas en el artículo 2.2.1.2.1.4.1. del Decreto 1082 de 2015, por lo que si se requiere la expedición del acto administrativo de justificación de contratación directa.
También resuelve:Contratos con esal: Constitución, Artículo 355, fundamentoTipos de contratos: esal, Constitución Política, Artículo 355, Ley 489Contratación con recursos de organismos internacionales: Artículo 20 de la Ley 1150 de 2007
¿Cuáles son las condiciones necesarias para la configuración de la causal de inhabilidad establecida en el literal j) del artículo 8.1 de la Ley 80 de 1993?
El contratista está inhabilitado para contratar con el Estado si ha sido condenado penalmente por delitos de soborno transnacional, independientemente de que la sentencia no esté firme, siempre que la condena sea impugnada por vías judiciales; esta inhabilidad es taxativa y debe interpretarse restrictivamente, ya que el régimen de inhabilidades e incompatibilidades es un aspecto propio del Estatuto General de la Contratación Pública, por lo que solo puede ser tipificado por el legislador y no por los operadores jurídicos. Esta regla reitera la jurisprudencia existente y refuerza la necesidad de interpretar las inhabilidades de manera estricta para garantizar la transparencia y eficiencia en la contratación estatal.síntesis automática
También resuelve:Régimen de inhabilidades e incompatibilidades: definición, taxatividad, interpretación restrictivaPersonas jurídicas: socios, capacidad, independencia, consecuenciasInhabilidades: incumplimiento reiterado, responsabilidad fiscal por daño al patrimonio público, alcance