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Consejo de Estado
Providencia
Es procedente la designación del defensor de oficio
Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud
2025-02-24
Sección Tercera (Subsección B)
ALBERTO MONTAÑA PLATA
Rad. 11001032600020140013800
LEY 1437 REPETICION
¿Es procedente la designación del defensor de oficio, teniendo en cuenta que el abogado manifestó que no podía atender la designación por su condición de desplazado y sujeto de especial protección constitucional? Sí
La designación de un defensor de oficio no se deja sin efecto por la sola manifestación del abogado designado de ser desplazado y sujeto de especial protección constitucional, pues debe acreditarse que la situación de desplazamiento es actual o reciente y que hubo un cambio de residencia que impida atender el encargo. Cuando el hecho victimizante ocurrió hace casi veinte años y en un departamento distinto del lugar del proceso, no se demuestra esa actualidad. Tampoco basta con que la entidad demandante tenga sede en el departamento donde se presenta el conflicto para que el abogado deba desplazarse allí. En el caso concreto, el despacho confirmó la designación porque la certificación aportada ubicaba el hecho en otro departamento y en 2006, y porque no se probó el cambio de residencia que se alegó. Como consecuencia práctica, el abogado que pretenda excusarse de una designación de oficio por su condición de desplazado debe aportar pruebas de la actualidad del hecho y del cambio de residencia.síntesis automática
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado
Providencia
No cumple los presupuestos establecidos en el artículo 590 CGP
Auto interlocutorio — Auto que resuelve medida cautelar
2024-07-15
Sección Tercera (Subsección C)
NICOLAS YEPES CORRALES
Rad. 11001032600020210021800
LEY 1437 REPETICION
¿En la solicitud de medidas cautelares y en el escrito de la demanda la parte demandante no realizó razonamiento alguno que justifique que su decreto resulta imprescindible? Sí
El contratista no obtiene el decreto de medidas cautelares cuando en la solicitud y en el escrito de la demanda no realiza razonamientos que justifiquen objetivamente la necesidad de la medida para asegurar la eficacia de la sentencia y evitar el riesgo de inejecución del fallo judicial. La parte demandante debe demostrar la existencia de amenaza o vulneración del derecho, la apariencia de buen derecho, la necesidad, efectividad y proporcionalidad de la medida cautelar, y no puede limitarse a relacionar documentos sin un análisis detallado que evidencie la gravedad del perjuicio irremediable que podría causarse. La Sala reitera que la omisión en cumplir estos requisitos impide el estudio de ponderación y la aplicación del principio de proporcionalidad, negando así la solicitud de medidas cautelares.síntesis automática
También resuelve:
¿Para acceder al decreto de medidas cautelares en los procesos promovidos en ejercicio del medio de control de repetición se requiere verificar los requisitos de procedencia?
¿Se aportaron un conjunto de documentos que constituyen un principio de prueba de que la pretensión se encuentra fundada, al menos en apariencia?
¿La parte actora deberá allegar prueba que haga al menos verosímil o presumible la responsabilidad del comportamiento del demandado?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: es procedente la acción de repetición contra miembros de la fuerza pública implicados en delitos
Salvamento voto — Salvamento de voto
2022-03-02
Sección Tercera (Subsección B)
FREDY HERNANDO IBARRA MARTINEZ
Rad. 05001233300020130172101
LEY 1437 REPETICION
¿Es procedente la acción de repetición contra miembros de la fuerza pública implicados en delitos dentro del conflicto armado interno? Sí
No estoy de acuerdo con la decisión adoptada en la providencia en el sentido de estudiar el fondo de las pretensiones de la demanda de repetición. Se debió aplicar el artículo transitorio 26 del Acto Legislativo No. 01 de 2017 que establece la improcedencia de la acción de repetición contra miembros de la Fuerza Pública que hayan cometido conductas punibles relacionadas con el conflicto armado.… Los hechos que dieron lugar a la demanda de repetición pueden ser calificados como “conductas punibles por causa, con ocasión o en relación directa o indirecta con el conflicto armado”, porque a los demandados se les imputó haber participado en la muerte de un civil que fue presentado como miembro de un grupo subversivo para justificar su fallecimiento.
También resuelve:
¿A pesar de la exclusión de la acción de repetición contra miembros de la Fuerza Pública, el Estado debe garantizar la reparación integral del daño y los demás derechos de las víctimas?
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: se trata entonces de apartarse del tope indemnizatorio de cien salarios mínimos
Salvamento voto Unificación — SALVAMENTO DE VOTO
2013-09-25
Sección Tercera (Subsección C)
Rad. 05001233100020010079901
ACCION DE REPARACION DIRECTA
¿Para conceder indemnizaciones más altas cuando la naturaleza del caso lo amerite, el criterio rector para determinar la flexibilización del tope indemnizatorio ha de estar en la intensidad e índole del daño antijurídico? Sí
En el caso sub exámine la Sala ha encontrado procedente el incremento del monto de la condena por perjuicios morales, frente a daños antijurídicos derivados [de] graves violaciones a los derechos humanos y ante el deber de la reparación integral. Se trata entonces de apartarse del tope indemnizatorio de cien salarios mínimos, y dado el límite de mil salarios, contemplado en el art. 97 del Código Penal vigente, para la reparación del daño dentro del proceso penal. En su motivación, la Sala ha sido enfática en señalar que la posibilidad de extender la aplicación de la norma en cita se limita estrictamente a aquellos casos en los que el perjuicio alegado se deriva del delito y que el tope indemnizatorio señalado no se puede entender, de ninguna manera, como una imposición de reconocer exactamente mil salarios mínimos en tales casos.
También resuelve:
¿La Constitución de 1991 claramente se alejó de la concepción punitiva o subjetiva de la responsabilidad estatal para establecer un régimen centrado en el daño antijurídico?
¿La acción penal y la acción de reparación directa, al perseguir objetivos distintos, tienen diversos baremos de certeza y exigencias de individualización?
¿El fallo parece desconocer que el daño antijurídico puede perfectamente provenir de actuaciones que no constituyen delito y que, no por ello, implican un perjuicio menor para el afectado?