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Consejo de Estado
Providencia
A este recurso le resultan aplicables la Ley 1437 de 2011
Auto interlocutorio — Auto que resuelve recurso de súplica
2025-04-09
Sección Tercera (Subsección C)
WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ
Rad. 11001032600020120006300
LEY 1437 REPETICION
¿Al recurso de súplica le resultan aplicables la Ley 1437 de 2011 (CPACA), así como la Ley 2080 de 2021 que modificó dicho estatuto, teniendo en cuenta que la parte demandada lo interpuso en vigencia de la referida normativa? Sí
El recurso de súplica procede contra el auto dictado por el magistrado ponente que rechaza o declara desierto el recurso de apelación, siempre que sea interpuesto dentro del término de tres días previsto en la Ley 1437 de 2011 y modificada por la Ley 2080 de 2021, y se encuentra vigente en el momento de la interposición. La Sala confirma que este recurso es aplicable en casos donde la parte demandada lo interpuso en vigencia de la normativa actual, y que en los asuntos no regulados por el CPACA, resultan aplicables las disposiciones del Código General del Proceso por remisión. La regla establecida reitera la aplicación de la Ley 2080 de 2021 en procedimientos de repetición, garantizando la procedencia del recurso de súplica en la medida en que se cumplan los requisitos establecidos.síntesis automática
También resuelve:
¿El recurso de súplica procede contra el auto dictado por el magistrado ponente que durante el trámite del recurso de apelación, lo rechace; y éste fue interpuesto de manera oportuna?
¿En sede de súplica, resulta procedente el recurso de apelación contra la sentencia de 28 de noviembre de 2022, proferida por esta Subsección en el proceso de repetición?
CONFIRMA
Consejo de Estado
Providencia
El Consejo de Estado carece de competencia para conocer del presente asunto en única instancia
Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente
2023-10-11
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 11001032600020130016500
LEY 1437 REPETICION
¿El Consejo de Estado carece de competencia para conocer del presente asunto en única instancia, por cuanto la CAR no es una entidad del orden nacional? Sí
La acción de repetición contra los representantes legales de entidades del orden nacional es de única instancia ante el Consejo de Estado, conforme al numeral 13 del artículo 149 del CPACA, pero no cuando la entidad es una corporación autónoma regional, que no pertenece al orden nacional, de modo que la corporación carece de competencia y debe remitir el expediente. La razón es que la naturaleza de la corporación es sui generis y no puede asimilarse a un organismo de la administración central ni a una entidad territorial, mientras que su representante legal ejerce competencias en el ámbito territorial definido por la Ley 99 de 1993. Además, al declararse la falta de competencia, el artículo 152 del CPACA ordena remitir el expediente al tribunal competente, y las actuaciones surtidas conservan su validez según el artículo 16 del Código General del Proceso. En el caso, el despacho declaró la falta de competencia y ordenó remitir el expediente al tribunal administrativo competente. Su consecuencia práctica es que la competencia de única instancia exige que la entidad sea del orden nacional, y que una corporación descentralizada no basta para activarla.síntesis automática
También resuelve:
¿Las CAR son organismos administrativos intermedios entre la Nación y las entidades territoriales?
¿La competencia del Consejo de Estado para resolver en única instancia las demandas de repetición, se restringe a los eventos en que se llame a responder patrimonialmente a los representantes legales…
¿El legislador estableció para cada CAR un ámbito territorial limitado para el ejercicio de sus competencias?
FALTA DE COMPETENCIA
Consejo de Estado
Providencia
No está acreditado el primer presupuesto para que proceda la acción de repetición y, se negarán las pretensiones
Sentencia — Sentencia
2023-07-19
Sección Tercera (Subsección C)
GUILLERMO SANCHEZ LUQUE
Rad. 11001032600020170006000
LEY 1437 REPETICION
¿La devolución de un tributo con su respectivo reajuste monetario implica una pérdida patrimonial para la entidad pública? No
En el medio de control de repetición, la devolución de un tributo con su reajuste monetario, ordenada por sentencia judicial, no constituye una obligación reparatoria ni una pérdida patrimonial de la entidad pública. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la acción de repetición exige una condena que tenga naturaleza reparatoria del daño causado a un particular, y la devolución de un tributo pagado indebidamente no reúne ese carácter. Segunda, el reajuste monetario que se reconoce con la devolución no implica un daño patrimonial para la entidad, pues corresponde al valor del tributo ya pagado. En el caso, la Sala concluye que no se acredita el primer presupuesto de la repetición, y la providencia niega las pretensiones. La providencia subraya que el valor devuelto no representa un daño indemnizable para la entidad. En la práctica, la entidad que pretenda repetir contra un funcionario por la devolución de tributos debe demostrar que la condena tuvo carácter reparatorio y produjo una pérdida patrimonial efectiva.síntesis automática
También resuelve:
¿La decisión judicial que ordenó la devolución de una suma dinero por el pago de un tributo es producto de un daño antijurídico?
¿La Ley 678 de 2001 reguló los aspectos sustanciales y procesales de la acción de repetición?
¿La CDMB está legitimada en la causa por activa, pues fue la entidad pública que devolvió una suma de dinero derivada de una sentencia judicial?
NIEGA
Consejo de Estado
Providencia
El consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición formulada contra el Representante a la Cámara
Auto interlocutorio — Auto que inadmite demanda
2025-10-01
Sección Tercera (Subsección A)
FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ
Rad. 11001032600020250007800
LEY 1437 REPETICION
¿El consejo de Estado es competente para conocer de la acción de repetición formulada contra el Representante a la Cámara por hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones, atendiendo al factor subjetivo de competencia y a la garantía de la doble conformidad? Sí
El contratista no puede ejercer la acción de repetición contra el Representante a la Cámara por hechos ocurridos durante el ejercicio de sus funciones, ya que la competencia del Consejo de Estado para conocer de estos casos está limitada a servidores públicos específicamente enlistados en la legislación, y el Representante a la Cámara no se encuentra en dicha lista. Además, la demanda de repetición debe cumplir con los requisitos formales como la legitimación en la causa, la acreditación de la calidad de agente del Estado, la condena judicial, la conciliación, la constancia del pago total de la indemnización y la oportunidad en la presentación del medio de control. En este caso, la falta de acreditación de la calidad de agente público del demandado en su condición de Representante a la Cámara llevó a la inadmisión de la demanda, lo que implica que el contratista no podrá obtener el reembolso de las sumas pagadas por cuenta de una condena judicial en contra del Representante a la Cámara.síntesis automática
También resuelve:
¿La demanda de repetición debe cumplir con los presupuestos procesales, en lo relativo a la legitimación en la causa, la acreditación de la calidad de agente del Estado, una condena judicial…
¿A pesar de encontrarse acreditada la legitimación en la causa por activa del Congreso de la República, debe inadmitirse la demanda por falta de acreditación de la legitimación en la causa por…
¿Se encuentran acreditados los presupuestos procesales para la admisión de la demanda de repetición, consistentes en la existencia de una condena judicial contra un entidad del Estado y la prueba del…
INADMITE
Consejo de Estado
Providencia
El daño es imputable a la Rama Judicial porque la Corte Suprema de Justicia pertenece a esta entidad
Sentencia — Sentencia
2023-05-02
Sección Tercera (Subsección B)
MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ
Rad. 25000233600020140144601
LEY 1437 REPARACION DIRECTA
¿La privación de la libertad que padeció la demandante le generó un daño que no debía soportar porque superó las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad? Sí
El contratista no debe soportar un daño que supere las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar por el hecho de vivir en sociedad, configurándose la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad cuando la entidad estatal priva injustamente de la libertad a un ciudadano y este es absuelto por atipicidad objetiva de la conducta. En este caso, la Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante por supuestamente utilizar su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS, pero posteriormente absolvió a la demandante por desvirtuar los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias, al establecer que las facturas no son documentos reservados y que la exhibición de estos documentos se realizó dentro de su rol institucional. La Sala concluyó que la privación de la libertad que padeció la demandante generó un daño que no debía soportar, superando las cargas públicas que los ciudadanos deben tolerar, y que la responsabilidad patrimonial de la rama judicial se configura en estos casos.síntesis automática
También resuelve:
¿Los elementos objetivos del delito de tráfico de influencias fueron desvirtuados por la Corte en la sentencia absolutoria?
¿La Corte Suprema de Justicia dictó medida de aseguramiento contra la demandante porque utilizó su condición de presidenta del Senado para obtener información reservada del DAS?
¿La absolución del sindicado por atipicidad de la conducta era suficiente para considerar como antijurídico el daño recibido por la privación de su libertad?
MODIFICA
Consejo de Estado
Providencia
No existe, como requisito de acceso a la administración de justicia
Sentencia — Sentencia
2021-12-10
Sección Tercera (Subsección C)
JAIME ENRIQUE RODRIGUEZ NAVAS
Rad. 68001233100020110065001
ACCION CONTRACTUAL
¿La liquidación del contrato es un requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción de controversias contractuales? No
El contratista no necesita realizar la liquidación del contrato como requisito de procedibilidad para ejercer la acción de controversias contractuales, ya que los requisitos de procedibilidad deben interpretarse restrictivamente y no existe un requerimiento legal expreso que lo establezca. La liquidación unilateral por parte de la entidad estatal no impide el análisis del incumplimiento contractual, siempre y cuando el contratista incluya la nulidad del acto liquidatario en sus pretensiones, pero esto no es un requisito de procedibilidad sino un presupuesto lógico para la prosperidad de las pretensiones. La Sala revoca la sentencia de primera instancia que declaró la excepción de inepta demanda por falta de liquidación, permitiendo que el juez estudie el incumplimiento del contrato incluso durante su ejecución, siempre que se respete lo estipulado en el contrato.síntesis automática
También resuelve:
¿Procede el descuento del llamado impuesto de guerra por parte de la entidad al contratista entendiendo este un tributo aplicable a los contratos de obra pública?
¿Incurrió en doble tributación la administración al realizar el descuento por el tributo de estampilla con inclusión del monto del IVA?
Consejo de Estado
Providencia
Salvamento de voto: pueden las Corporaciones Autónomas Regionales ser consideradas entes de naturaleza intermedia en la estructura del Estado
Salvamento voto — Salvamento de voto
2025-02-07
Sección Tercera (Subsección A)
MARIA ADRIANA MARIN
Rad. 11001032600020130016500
LEY 1437 REPETICION
¿Pueden las Corporaciones Autónomas Regionales ser consideradas entes de naturaleza intermedia en la estructura del Estado, diferentes de las entidades de orden nacional o territorial? Sí
Me he apartado de la decisión mayoritaria de la Sala, bajo una línea de pensamiento concreta conforme a la cual la naturaleza especial o sui géneris de las Corporaciones Autónomas Regionales en la estructura del Estado, impide catalogarlas como organismos de orden nacional. Sostengo que el carácter regional de estos entes corporativos, que es respaldado con la atribución de una jurisdicción circunscrita a un ámbito territorial específico, debe conducir al reconocimiento de un verdadero nivel intermedio incorporado al diseño organizacional del Estado, por lo que me aparto de las tesis que aun exploran la naturaleza de aquellos entes dentro de un catálogo limitado que únicamente oscila entre entidades de orden nacional y territorial, cuando no se corresponden con ninguna de ellas.
También resuelve:
¿Deben las Corporaciones Autónomas Regionales ser consideradas entidades con jurisdicción funcional propia y naturaleza diferenciada?
¿El hecho de que las Corporaciones Autónomas Regionales sean creadas mediante ley de la República permite concluir que tienen competencia de orden nacional para efectos de determinar la competencia…