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ACTUACIÓN PROCESAL EN LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

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Consejo de Estado Providencia

Las solicitudes que exigen actuaciones judiciales de jueces, partes o intervinientes se rigen por las normas procesales y no por el derecho de petición.

Auto interlocutorio — Auto que resuelve sobre intervención de terceros 2025-08-04 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 76001233300020170042101 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿Las solicitudes que exigen actuaciones judiciales de jueces, partes o intervinientes se rigen por las normas procesales y no por el derecho de petición? Sí
El contratista no puede presentar solicitudes que exigen actuaciones judiciales de jueces, partes o intervinientes bajo el amparo del derecho de petición, ya que estas deben regirse por las normas procesales correspondientes. El derecho de petición ante autoridades judiciales es procedente solo respecto de las solicitudes que se realicen en virtud de las funciones administrativas que estas desempeñen, no en casos que requieren una actuación judicial. Además, la intervención en un proceso contencioso administrativo debe efectuarse a través de un apoderado judicial, por lo que la participación directa de personas naturales no representadas por un profesional en derecho es improcedente. Asimismo, la vinculación de nuevos sujetos procesales en segunda instancia, cuando el litigio ya fue integrado y la solicitud se realizó fuera del término legal, no es admisible, ya que las normas procesales establecen plazos específicos para la intervención de terceros. Esta decisión reitera y matiza la competencia de la autoridad judicial en el ejercicio de sus funciones, limitando la intervención de sujetos que no cumplen con los requisitos legales, lo que implica una mayor rigurosidad en el cumplimiento de los trámites procesales.síntesis automática
También resuelve: ¿Pueden intervenir directamente en un proceso contencioso administrativo personas naturales que no estén representadas por apoderado judicial? ¿Es procedente la vinculación de nuevos sujetos procesales en segunda instancia, cuando el litigio ya fue integrado y la solicitud de intervención de terceros se realizó por fuera del término legal?
NIEGA
Consejo de Estado Providencia

No resulta procedente la petición de impulso procesal reiterada por el demandante

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición 2023-08-10 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 70001233100019980028901 ACCION CONTRACTUAL
¿Resulta procedente la petición de impulso procesal reiterada por el demandante, con miras a obtener fallo definitivo, cuando se observa que aún existen actuaciones procesales pendientes por surtirse en el trámite del proceso? No
En cuanto a la solicitud de impulso radicada el 15 de junio de 2023, tendiente a que se profiera fallo definitivo, se le aclara al demandante que el asunto se encuentra al Despacho para resolver objeción del dictamen pericial presentada el 3 de marzo de 2023 por el apoderado de la parte demandada, de manera que aún existen actuaciones procesales pendientes, las cuales, una vez se surtan en su totalidad, se podrá proferir una decisión de fondo en el presente asunto. En ese sentido, es dable precisar que de conformidad con el principio de preclusión, el juez debe garantizar que el proceso se desarrolle conforme a las etapas y oportunidades previstas en la ley, para efectos de garantizar la seguridad jurídica y que el proceso cumpla su función de solucionar efectivamente las controversias jurídicas.
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado Providencia

Los jueces tienen la obligación de respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia

Auto interlocutorio — Auto que resuelve solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición 2024-03-11 Sección Tercera (Subsección C) WILLIAM EDGARDO BARRERA MUÑOZ Rad. 05001233100020080125501 ACCION CONTRACTUAL
¿Los jueces tienen la obligación de respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia? Sí
Los jueces deben respetar el orden de llegada de los expedientes para proferir sentencia, y que la solicitud de impulso de un proceso judicial no se tramita como derecho de petición. Esta regla se sostiene en tres razones. Primera, el artículo 18 de la Ley 446 de 1998 impone a los jueces el deber de respetar el orden para proferir sentencia. Segunda, la actividad judicial se rige por los códigos procesales de cada jurisdicción, y los procesos contencioso administrativos siguen el CCA o el CPACA según la fecha de inicio, conforme al artículo 308 del CPACA. Tercera, la jurisprudencia citada ha precisado que el derecho de petición regulado en la Ley 1755 de 2015 es improcedente ante las autoridades judiciales en desarrollo de su actividad judicial. La providencia ordena estarse a lo resuelto e informar a la solicitante que el proyecto de sentencia se redactará en su turno. La consecuencia práctica es que el reclamo sobre la demora en el fallo se resuelve dentro del turno del despacho y no mediante derecho de petición.síntesis automática
También resuelve: ¿La actividad de las autoridades judiciales está regulada en los códigos procesales de las respectivas jurisdicciones y especialidades?
ÉSTESE A LO RESUELTO
Consejo de Estado Providencia

El Ejército Nacional está acudiendo indebidamente al medio de control de repetición y desconociendo una decisión

Sentencia — Sentencia 2023-08-22 Sección Tercera (Subsección B) MARTIN GONZALO BERMUDEZ MUÑOZ Rad. 18001233300020140004401 LEY 1437 REPETICION
¿El Ejército Nacional, entidad demandante, está acudiendo indebidamente al medio de control de repetición y desconociendo una decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada? Sí
En el medio de control de repetición, la pretensión no procede cuando busca desconocer una decisión que ya hizo tránsito a cosa juzgada y en la que la jurisdicción contencioso administrativa se pronunció sobre la misma controversia. La regla se sostiene en dos razones. Primera, la entidad demandante no puede acudir a la acción de repetición para reabrir un asunto ya resuelto por una sentencia ejecutoriada, porque ello desconoce la cosa juzgada. Segunda, la acción de repetición está destinada a recuperar lo pagado por la condena, y no a revisar nuevamente la responsabilidad que la sentencia ya declaró. En el caso, la sentencia anterior estableció que el Estado debía responder por las lesiones, y la entidad pretendía discutir de nuevo ese asunto mediante la repetición. La providencia rechaza las pretensiones y, en esa medida, revoca la decisión de primera instancia. En la práctica, la entidad que quiera repetir debe verificar que su pretensión no reproduzca el objeto de una sentencia previa con fuerza de cosa juzgada.síntesis automática
También resuelve: ¿La acción de repetición está prevista para solicitar el reintegro de lo pagado por el Estado en una condena judicial? ¿La demanda de repetición debe presentarse en el término de dos (2) años contados a partir del día siguiente a la fecha en que efectivamente se realice el pago de la condena? ¿La condena en costas es procedente en la acción de repetición porque en esta se ventilan intereses patrimoniales de las entidades públicas?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

En cambio, sí es prorrogable, de que, aunque la autoridad judicial no sea competente puede dictar válidamente sentencia si el vicio no se alega oportunamente.

Auto interlocutorio — Auto que declara incompetencia o falta de jurisdicción y ordena remitir al competente 2025-08-22 Sección Tercera (Subsección A) JOSÉ ROBERTO SÁCHICA MÉNDEZ Rad. 25000233600020200038801 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La jurisdicción de lo contencioso-administrativo es competente para conocer de una controversia derivada de un contrato celebrado por una entidad pública con carácter de institución financiera, vigilada por la Superintendencia Financiera, dentro del giro ordinario de sus negocios? No
El contratista no puede acudir a la jurisdicción de lo contencioso-administrativo para resolver una controversia derivada de un contrato celebrado con una entidad pública que actúa como institución financiera y está vigilada por la Superintendencia Financiera, siempre y cuando el contrato se encuentre dentro del giro ordinario de los negocios de la entidad financiera. Esta regla se fundamenta en que la falta de jurisdicción y la incompetencia por factores subjetivo y funcional son improrrogables, generando una nulidad insanable. En el caso del Fondo Nacional del Ahorro (FNA), su naturaleza como establecimiento de crédito y entidad pública vigilada por la Superintendencia Financiera cumple con los requisitos del artículo 105 del CPACA, excluyendo así la competencia de la jurisdicción contencioso-administrativa para conocer de controversias contractuales que correspondan al giro ordinario de sus negocios. Esta decisión reitera y matiza precedentes sobre la competencia funcional y subjetiva, limitando la jurisdicción contencioso-administrativa en casos específicos de entidades financieras estatales.síntesis automática
También resuelve: ¿El Fondo Nacional del Ahorro (FNA), en su calidad de establecimiento de crédito de naturaleza especial y entidad pública vigilada por la Superintendencia Financiera… ¿El contrato celebrado entre el FNA y la Entidad de Certificación Digital corresponde al giro ordinario de los negocios de la entidad? ¿Se debe declarar la nulidad del fallo de primera instancia por falta de competencia, y remitir el expediente al juez competente conforme al factor territorial?
DECLARA FALTA DE JURISDICCION
Consejo de Estado Providencia

La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo es competente para conocer del asunto

Sentencia — Sentencia 2026-07-17 Sección Tercera (Subsección C) NICOLÁS YEPES CORRALES Rad. 44001233300020130013501 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿El Consejo de Estado es competente para desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de La Guajira, dada la vocación de doble instancia del proceso? Sí
El contratista es competente para interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia emitida por un tribunal administrativo, dado que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo tiene competencia para conocer de la controversia contractual, conforme al artículo 104 del Código Procesal Administrativo y Contencioso Administrativo (CPACA). Esta competencia se fundamenta en que la demanda se dirige contra una entidad prestadora de servicios públicos domiciliarios y que la pretensión supera los 500 SMLMV, lo que se ajusta a los artículos 150 y 152 numeral 5 del CPACA. Además, el contrato de obra celebrado por la empresa de servicios públicos se rige por el derecho privado, conforme al artículo 31 de la Ley 142 de 1994, y las resoluciones emitidas por la empresa se consideran actos contractuales de derecho privado. La aseguradora que expidió la póliza de garantía contractual para el contrato de obra también tiene legitimación en la causa por activa para demandar, ya que tiene un interés jurídico directo en la controversia. Este precedente reitera la competencia del Consejo de Estado para resolver recursos de apelación en casos de doble instancia y confirma la naturaleza privada de los actos contractuales de las empresas de servicios públicos.síntesis automática
También resuelve: ¿El contrato de obra que tuvo por objeto la construcción del acueducto y alcantarillado se rige de modo preferente por el derecho privado? ¿A la aseguradora demandante le asiste un interés jurídico para demandar y se encuentra legitimada en la causa por activa… ¿El juez de lo contencioso administrativo en sede de apelación se encuentra atado a resolver únicamente lo que la parte recurrente le formule…
CONFIRMA
Consejo de Estado Providencia

La sociedad demandante no cumplió con la carga probatoria que le correspondía

Sentencia — Sentencia 2023-12-04 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 23001233300020140010901 LEY 1437 CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
¿La sociedad demandante cumplió con la carga de probar las circunstancias graves que le atribuye a la entidad pública como generadoras del incumplimiento del contrato? No
Quien alega como causa del incumplimiento contractual unas circunstancias graves atribuibles a la entidad pública tiene la carga de probarlas, conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, pues sin esa prueba la excepción de contrato no cumplido no puede prosperar. Esta carga se justifica en dos razones. Una razón es que la omisión que se atribuye a la entidad como causa del incumplimiento no quedó demostrada, porque el contrato no evidenció que la sociedad hubiera presentado planes de inversión o solicitudes de aprobación de inversiones ante el municipio, como le correspondía. Otra razón es que la actora no aportó las pruebas que sustentaran las circunstancias graves que invocó, de modo que no pudo declararse la inejecución atribuida a la entidad. En el caso, la sociedad concesionaria pretendió la nulidad de los actos administrativos sancionatorios por la terminación unilateral del contrato de concesión del matadero municipal. La decisión de primera instancia se revocó y las pretensiones fueron negadas. Su consecuencia práctica es que el contratista debe probar los hechos que atribuye a la entidad antes de excusar su propio incumplimiento.síntesis automática
También resuelve: ¿El municipio autorizó la realización de obras para adecuar el matadero así como la realización del plan gradual de cumplimiento? ¿Obran elementos de prueba que conduzcan a determinar que con ocasión de la expedición del decreto la comercializadora hubiese presentado al Municipio algún plan de inversión? ¿Se revoca el numeral segundo de la parte resolutiva del fallo recurrido por comportar una decisión extra petita?
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida

Sentencia — Sentencia 2025-04-09 Sección Tercera (Subsección C) NICOLAS YEPES CORRALES Rad. 19001233300020140035901 LEY 1437 REPETICION
¿Esta Sala es competente para conocer el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante contra la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo del Cauca? Sí
El contratista puede interponer un recurso de apelación contra una sentencia de primera instancia en la jurisdicción de lo contencioso administrativo cuando la entidad pública resulta condenada por una actuación dolosa o gravemente culposa de servidores públicos, y la cuantía del proceso supera los 500 SMLMV, lo que otorga competencia al Consejo de Estado para conocer y resolver el recurso. La caducidad del medio de control de repetición es un límite irrenunciable que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en marcha del aparato judicial, pero en este caso se considera que el ejercicio del derecho de acción se realizó dentro del plazo legal. Además, los demandados están legitimados en la causa por pasiva, ya que fueron los agentes estatales cuya conducta gravemente culposa dio lugar a la condena impuesta, lo que confirma la competencia del medio de control de repetición y la legitimación de las partes para ejercer el recurso de apelación.síntesis automática
También resuelve: ¿La caducidad se entiende como una limitación de carácter irrenunciable al ejercicio del derecho de acción, resultando como una sanción que opera por la falta de actividad oportuna en la puesta en… ¿Los demandados están legitimados en la causa por pasiva, pues presuntamente fueron los agentes estatales que con su conducta gravemente culposa dieron lugar a la condena impuesta? ¿La repetición es una acción de carácter patrimonial que debe ejercerse en contra del servidor o exservidor público, así como de los particulares que ejercen función pública…
REVOCA
Consejo de Estado Providencia

Aclaración de voto: debe entenderse el expediente electrónico como un mecanismo procesal integral

Aclaración voto — Aclaración de voto 2025-05-30 Sección Tercera (Subsección A) FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ Rad. 11001032600020250002800 LEY 1437 RECURSO DE ANULACION DE LAUDO ARBITRAL
¿Debe entenderse el expediente electrónico como un mecanismo procesal integral que garantiza el ejercicio de los derechos de las partes y la materialización de los principios procesales, más allá de la simple digitalización de documentos? Sí
Para algunos, el expediente electrónico puede entenderse como la digitalización de la información del proceso para ser incluida en un archivo o dispositivo; para otros, involucra también y de forma precedente, la actividad conjunta de los sujetos procesales a través una plataforma dispuesta para el ingreso de actuaciones, comunicaciones y memoriales que, por así decirlo, constituye un proceso en línea. Por ello, su definición y alcance parte del concepto mismo de expediente, aspecto cardinal en la ciencia del proceso. Esta noción alude al mecanismo que da cuenta del compendio integral de las diferentes actuaciones que se adelantan en sede judicial, a partir del cual, las partes ejercitan su derecho de defensa y contradicción; a la par, se materializan los principios de igualdad, imparcialidad, inmediación, concentración, lealtad, entre otros, y de manera especial el de publicidad.
También resuelve: ¿La Ley 1563 de 2012 autoriza expresamente la utilización de medios electrónicos para todas las actuaciones arbitrales, incluida la formación y guarda del expediente… ¿La omisión en el envío a la dirección electrónica acordada para la radicación de documentos impide que la comunicación se entienda incorporada al expediente electrónico arbitral…