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Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias — Resolución de Decisión No 271 RES Q SOLUTIONS
Acuerdo marco de precios: Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias
Documento: Documento (4.-Resolucion-de-Decision-No-271-RES-Q-SOLUTIONS-1.pdf)
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
RESOLUCIÓN NÚMERO 271 DE 2026
REPUBLICA DE COLOMBIA I "Por la cual se decide el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual No. ACS-SNEG- 003-2025 por el presunto incumplimiento de las obligaciones generales del Acuerdo Marco de Precios para Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias, No. CCE-197-AMP-2021, suscrito entre la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y RES-Q SOLUTIONS S.A.S."
LA SUBDIRECTORA DE NEGOCIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Nombrada mediante Resolución 563 del 27 de agosto de 2025, cargo para el cual tomo posesión, según consta en el Acta No. 030 de la misma fecha, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto Ley 4170 de 2011 y la Resolución 445 de 2025, expedida por el director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y
CONSIDERANDO
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (...)"
Que de conformidad con el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, referido al principio de responsabilidad, los servidores públicos tienen la obligación de "buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que pueden verse afectados por la ejecución del contrato."
Que, con el objetivo de lograr los fines de la contratación estatal, la Ley 80 de 1993 estableció como derechos y deberes de las entidades estatales, el exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, al igual que adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
Que la Ley 1474 de 2011 en su artículo 86, consagró el procedimiento que las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en cabeza de sus Representantes Legales, deben adelantar con el fin de poder declarar el incumplimiento contractual, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato y hacer efectiva la correspondiente cláusula penal.
Que, en cumplimiento de la delegación mencionada a la Subdirectora de Negocios , corresponde a esta dependencia, adelantar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones generales del Acuerdo Marco de Precios para Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias, No. CCE -197-AMP-2021, en contra del proveedor RES-Q SOLUTIONS S.A.S , identificado con NIT. 900.984.668-6, con base en los siguientes:
1. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA ACTUACIÓN
RESOLUCIÓN NÚMERO 271 DE 2026
2 PRIMERO: Que el día tres (3) de septiembre de 2021, la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente - (en adelante "Colombia Compra Eficiente") celebró con el proveedor RES-Q SOLUTIONS S.A.S , identificado con NIT. 900.984.668-6, representado legalmente por WILSON BARRERA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79. 242.843, Acuerdo Marco de Precios para Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias , cuyo objeto es establecer: (i) las condiciones para la contratación adquisición de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias al amparo del Acuerdo Marco y el suministro de dichos bienes por parte de los Proveedores ; (ii) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias; y (iii) las condiciones para el pago de los Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias por parte de las Entidades Compradoras, con duración inicial definida, desde el 1 de septiembre de 2021 , hasta el 1 de septiembre de 2024, prorrogado por doce (12) meses más hasta el día 1 de septiembre de 2025, y prorrogado por segunda vez y modificado, con plazo de ejecución hasta el 1 de septiembre de 2026.
SEGUNDO: Que el equipo de Supervisión y Administración del Acuerdo Marco de Precios para Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE -197-AMP- 2021, remitió el 6 de mayo de 2025 , al Grupo Interno de Cumplimiento Contractual (antes Grupo Interno de Procesos Sancionatorios y Trámites Postcontractuales) de la Subdirección de Negocios el reporte de posible incumplimiento, manifestando que el proveedor RES-Q SOLUTIONS S.A.S., no allegó la garantía de cumplimiento actualizada conforme a la prórroga No. 1 d el Acuerdo Marco, y tampoco renovó su Registro Único de Proponentes (RUP).
TERCERO: Que de conformidad con la cláusula 18, numeral 18.1 de la minuta del Acuerdo Marco de precios, el proveedor RES-Q SOLUTIONS S.A.S. estaba obligado a constituir a favor de Colombia Compra Eficiente una garantía de cumplimiento por el valor, amparos y vigencia establecidos en el Acuerdo Marco, según las regiones en las que participe. En cumplimiento de dicho precepto, el proveedor remitió la garantía de cumplimiento No. 15-44-101248923, emitida por Seguros del Estado S.A., por un valor total de ciento cincuenta millones setecientos cincuenta y cuatro mil ciento ochenta y ocho pesos MCTE ($150.754.188,00), con una vigencia de amparo desde el 03 de septiembre de 2021, hasta el 03 de noviembre de 2025.
CUARTO: El día 15 de agosto de 2024, Colombia Compra Eficiente comunicó la intención de prórroga del Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 por el término de un (1) año adicional, con vigencia hasta el 1 de septiembre de 2025. El día 20 de agosto de 2024, el señor WILSON BARRERA GARCIA, representante legal de RES-Q SOLUTIONS S.A.S., remitió oficio de aceptación de prórroga; y el día 30 de agosto de 2024, el proveedor aceptó y firmó la prórroga en la plataforma SECOP II.
QUINTO: En vista de que el proveedor no allegaba la garantía de cumplimiento actualizada, Colombia Compra Eficiente realizó cuatro (4) requerimientos: el 9 de septiembre de 2024 (primera solicitud), el 13 de septiembre de 2024 (segunda solicitud), el 20 de septiem bre de 2024 (tercera solicitud) y el 4 de octubre de 2024 (cuarta solicitud), advirtiéndole en esta última que de no allegar la garantía sería objeto de un proceso administrativo sancionatorio por incumplimiento. Sin embargo, a la fecha del informe del reporte por presunto incumplimiento, el proveedor no allegó la garantía de cumplimiento.
SEXTO: El día 22 de octubre de 2024, Colombia Compra Eficiente verificó la vigencia del Registro Único de Proponentes (RUP) del proveedor RES-Q SOLUTIONS S.A.S. con NIT 900.984.668-6 en la página del Registro Único Empresarial y Social (RUES), evidenciando que el proponente no había renovado su inscripción en el RUP (Estado del Proponente: NO RENOVADO, Número de Inscripción RUP: 000000062057, Fecha de Renovación : 2017-05-11). El 23 de octubre de 2024 se le solicitó al proveedor allegar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes el soporte del RUP vigente y en firme; sin embargo, a la fecha no obtuvo respuesta del proveedor, y verificado el 28 de febrero de 2025, el RESOLUCIÓN NÚMERO 271 DE 2026
3 RUP continuaba sin ser renovado , por lo que fue suspendido de la TVEC el día 8 de noviembre de 2024.
SÉPTIMO: Que ante la suspensión en la TVEC de la operación del proveedor RES -Q SOLUTIONS S.A.S. con NIT 900.984.668 -6, por la no actualización del Registro Único de Proponente -RUP, y persistiendo dicha situación, lo que impide contar con el medio para acreditar su capacidad técnica, jurídica y financiera para participar en procesos de contratación con el estado, en consecuencia, no continuó ostentando la calidad de proveedor activo del Acuerdo Marco de Precios de Elementos para la Atención, Prevención y Mi tigación del Riesgo y de Emergencias No. CCE -197-AMP-2021 (CCENEG-041-01-2021).
OCTAVO: Mediante Radicados No. 2-2025-06-09-005739 y No. 2-2025-06-09-005740 de fecha 9 de junio de 2025, se citó al proveedor RES-Q SOLUTIONS S.A.S ., y a la Compañía Aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A ., como garante, a través de la Póliza de Cumplimiento No. 15 -44- 101248923, para adelantar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones generales contractuales del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-197-AMP-2021. La audiencia fue fijada para realizarse el día 11 de junio de 2025.
NOVENO: Que conforme a la prórroga No. 2 y modificación No. 2 y ante la suspensión en la TVEC de la operación del proveedor RES-Q SOLUTIONS S.A.S. con NIT 900.984.668-6, por la no actualización del Registro Único de Proponente -RUP y al no ostentar la calidad de proveedor activo en el AMP su contrato finalizó el 1 de septiembre de 2025.
2. TRAMITE PROCESAL En virtud del informe presentado por la supervisión del Acuerdo Marco de Precios, el Subdirector de Negocios de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente inició el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual No. ACS -SNEG-003-2025, con fundamento en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, instaurando audiencia el día 03 de octubre de 2024.
Dentro de las obligaciones adquiridas por el proveedor para el Acuerdo Marco de Precios para Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE -197-AMP- 2021, se relacionan las siguientes por tener relevancia para la situaci ón descrita en los hechos, de conformidad con las obligaciones establecidas en la cláusula 11 numeral 11.15, numeral 11.26 y cláusula 18 numeral 18.1:
"11.15 Mantener las condiciones de calidad, legalidad y demás certificados exigidos por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores."
"11.26 Mantener actualizadas las garantías según lo establecido en la Cláusula 18."
"18.1 En caso de prórroga del Acuerdo Marco, la garantía de cumplimiento debe ser ampliada hasta el vencimiento del mismo y por seis (6) meses más. En todo caso de conformidad al Decreto 1082 de 2015 la garantía de cumplimiento debe estar vigente hasta la liquidación."
2.1. De la Citación
El 9 de junio de 2025, mediante Radicado No. 2-2025-06-09-005739, se citó a audiencia pública al proveedor RES-Q SOLUTIONS S.A.S y a la aseguradora Seguros del Estado SAS para adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones generales contractuales del Acuerdo Marco de RESOLUCIÓN NÚMERO 271 DE 2026
4 Precios para Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias CCE-197-AMP-2021. La audiencia fue programada para el 11 de junio de 2025 2.2. De la Audiencia En desarrollo del procedimiento administrativo sancionatorio adelantado contra el proveedor RES-Q SOLUTIONS S.A.S., se deja constancia de la siguiente trazabilidad de las actuaciones surtidas: El 11 de junio de 2025 , no fue posible instalar la audiencia debido a la inasistencia del contratista. Adicionalmente, el poder del garante no cumplía los requisitos previstos en la Ley 2213 de 2022. La audiencia fue reprogramada para el 17 de junio de 2025, a las 08:00 a.m. El 17 de junio de 2025, no asistió el contratista. Se reprogramó la audiencia para el 25 de junio de 2025, a las 10:00 a.m. El 25 de junio de 2025 , persistió la inasistencia del proveedor. Se reprogramó la audiencia para el 1 de julio de 2025, a las 10:00 a.m. El 1 de julio de 2025, no se realizó por inasistencia de las partes. Se reprogramó para el 22 de octubre de 2025. El 22 de octubre de 2025, no asistieron las partes. Se reprogramó para el 6 de noviembre de 2025. El 6 de noviembre de 2025, se reprogramó para el 18 de noviembre de 2025. El 18 de noviembre de 2025, se instaló la audiencia, se leyeron los cargos y se suspendió por inasistencia del garante y del proveedor.
El 1 de diciembre de 2025, se recibió solicitud del garante Seguros del Estado S.A. para la remisión del acta de audiencia. El 11 de diciembre de 2025, Colombia Compra Eficiente remitió la copia del acta correspondiente.
3. CONSIDERACIONES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
Colombia Compra Eficiente es competente para adelantar y resolver mediante acto administrativo el procedimiento sancionatorio contractual previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, incluyendo la declaratoria de incumplimientos y la imposición de multas y sanciones.
Este procedimiento se fundamenta en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que faculta a las entidades contratantes para declarar incumplimientos y hacer efectiva unilateralmente la cláusula de multas, garantizando en todo caso el debido proceso del contratista conforme al artículo 29 de la Constitución Política. El Acuerdo Marco de Precios, como contrato estatal regido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, radica en Colombia Compra Eficiente la calidad de entidad contratante y, por ende, la competencia sancionatoria frente a los proveedores incumplidos.
A lo largo de la actuación se han observado plenamente las garantías de defensa, contradicción y debido proceso del contratista y su garante. En materia procedimental, el parágrafo primero del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 —modificado por la Ley 2080 de 2021 — dispone que las actuaciones sancionatorias se rigen por sus normas especiales, siendo aplicable el citado artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Finalmente, la actuación responde al deber de las entidades estatales de exigir la ejecución idónea del contrato y adelantar el cobro de sanciones y garantías, conforme al artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los principios de la función administrativa del artículo 209 Superior.
De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los antecedentes de la actuación, este trámite se inició con fundamento en el informe por presunto incumplimiento contractual, presentado por el Supervisor del Acuerdo Marco de Precios para Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias, No. CCE-197-AMP-2021, quien remitió al Grupo Interno de Cumplimiento Contractual (antes Grupo Interno de Procesos Sancionatorios y Trámites Postcontractuales) de la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente, el reporte del RESOLUCIÓN NÚMERO 271 DE 2026
5 posible incumplimiento de las obligaciones generales del Acuerdo Marco de precios, por parte del proveedor RES-Q SOLUTIONS S.A.S , por no constituir a favor de Colombia Compra Eficiente una garantía de cumplimiento por el valor, amparos y vigencia establecidos en el Acuerdo Marco, además de que no mantuvo las condiciones de calidad, legalidad y demás certificados exigidos por Colombia Compra Eficiente para la selección de Proveedores , identificados en hecho TERCERO y SEXTO del presente acto administrativo.
3.1. DE LA IMPROCEDENCIA DE LA IMPOSICIÓN DE MULTAS POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS PARA ELEMENTOS PARA LA ATENCION, PREVENCION, Y MITIGACION DEL RIESGO Y DE EMERGENCIAS, No. CCE-197- AMP-2021
Cabe destacar que el interés del contrato se encuentra supeditado a la ejecución íntegra y adecuada del objeto contractual. En virtud de ello, el ordenamiento jurídico confiere a la Administración facultades de naturaleza sancionatoria orientadas a garanti zar el cumplimiento efectivo de las obligaciones derivadas del contrato estatal. En efecto, además del poder de dirección y control sobre la ejecución contractual, la Administración, con fundamento en el ius puniendi del Estado, cuenta con potestades sancionatorias que se activan frente al incumplimiento del contratista. Estas se concretan en medidas coercitivas y apremiantes como la imposición de multas que tienen por finalidad compeler al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, disuadir el incumplimiento total y, con ello, evitar la afectación a la continuidad en la prestación de los servicios o a la entrega de los bienes y obras objeto del contrato.
Las multas contractuales tienen, por regla general, una finalidad coercitiva, orientada a compeler legítimamente al contratista, al cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones contractuales cuando incurra en mora o en incumplimiento parcial. No tienen carácter indemnizatorio ni requieren la demostración de un daño, pues no buscan reparar perjuicios, sino constituirse en un mecanismo sancionatorio y disuasorio frente a la inobservancia contractual.
Su propósito es inducir al contratista a corregir su conducta y dar cumplimiento al contrato, evitando reiteraciones que podrían derivar en la imposición de nuevas sanciones e incluso en inhabilidades para contratar con el Estado.
Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido de manera reiterada y uniforme que las multas contractuales tienen una finalidad eminentemente coercitiva y conminatoria. Así lo señaló la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentenci a del 10 de septiembre de 2015 (Radicación número: 68001 -23-15-000-1994-09826-01 (28875), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa), al precisar que:
"Las multas pueden hacerse efectivas en vigencia del contrato y ante incumplimientos parciales en que incurra el contratista, pues si por medio de éstas lo que se busca es constreñirlo a su cumplimiento, no tendría sentido imponer una multa cuando el térmi no de ejecución del contrato ha vencido y el incumplimiento es total y definitivo. [...] La imposición de multas en los contratos estatales tiene por objeto apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, mediante la imposición de una sanción de tipo pecuniario en caso de mora o incumplimiento parcial."
Esta misma línea jurisprudencial fue desarrollada y profundizada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado en sentencia del 4 de febrero de 2022 (Expediente 250002326000200700444 01, Rad. 49.286, C.P. José Roberto Sáchica Méndez), en la que la Corporación fue enfática en señalar que: "las entidades públicas tienen un límite temporal para acudir a este mecanismo corrector de las obligaciones incumplidas, el cual está intrínsecamente ligado a la finalidad de apremio que persiguen, por lo cual sólo pueden aplicarse dentro de la vigencia del contrato y siempre que tengan la virtualidad de lograr su cometido, esto es, constreñir al contratista al cumplimiento, RESOLUCIÓN NÚMERO 271 DE 2026
6 de manera que si, aun estando vigente el plazo, ese no es su propósito, porque, por ejemplo, las obligaciones que se habían inobservado ya se cumplieron o porque se acordaron otros mecanismos de remediación para lograr su cumplimiento y éstos se están ejecutando adecuadamente, entonces no habrá lugar a imponerlas, pues habrán perdido su razón de ser." Subrayado Fuera de Texto
En esa misma providencia, el Consejo de Estado reiteró el precedente en la materia, que ha sostenido que:
"Las multas que la administración puede imponer a un contratista suyo tienen una finalidad específica: inducir el cumplimiento del contrato. Por eso la doctrina las incluye en las denominadas medidas coercitivas provisionales, por oposición a la medida coercitiva definitiva (caducidad o terminación) que sanciona no ya incumplimientos parciales o salvables, sino incumplimientos graves que muestran que ya el contrato no podrá cumplirse. Este poder exorbitante de imposición de multas tiene un límite temporal o bvio: mientras esté vigente el contrato y la medida pueda producir el efecto deseado (el constreñimiento del contratista), ya que la medida no busca sancionar porque sí, sino sancionar para que el contratista que está incumpliendo se sienta compelido a cumplir."
La sentencia del 4 de febrero de 2022 (Exp. 49.286) resulta especialmente relevante para el caso que nos ocupa, pues en ella el Consejo de Estado declaró la nulidad de unos actos administrativos que impusieron multas bajo circunstancias en las cuales éstas habían perdido su razón de ser, concluyendo que la finalidad conminatoria de las multas no se puede desligar de la existencia actual y efectiva de una obligación pendiente de cumplimiento que sea susceptible de ser compelida.
Dicha regla jurisprudencial resulta lógica porque, como lo expresó esa Corporación, no tendría sentido imponer la multa cuando el término de ejecución del contrato ha vencido y el incumplimiento es total y definitivo, o cuando las obligaciones que se habían inobservado ya se cumplieron en su integridad, o cuando las partes reajustaron sus compromisos en aras de lograr el cumplimiento del objeto pactado y tales acuerdos se vienen ejecutando adecuadamente.
En consonancia con lo anterior, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 prescribe expresamente que la imposición de multas procede únicamente mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Esta condición de procedibilid ad ha sido ratificada de manera uniforme por el Consejo de Estado, en múltiples pronunciamientos, en los que se ha precisado que la potestad sancionatoria de la administración en materia contractual se activa exclusivamente durante la vigencia del vínculo obligacional que dio origen a la relación jurídica. De igual manera, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que regula el procedimiento sancionatorio contractual, está orientado a garantizar el cumplimiento efectivo de las prestaciones pendientes durante la ejecución del contrato. La naturaleza coercitiva de las multas implica que su imposición solo tiene objeto cuando existe un comportamiento futuro que puede ser compelido; una vez vencido el plazo de ejecución, dicha finalidad desaparece, siendo improcedente la imposición de esta medida.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia C -214 de 28 de abril de 1994, al referirse al debido proceso en actuaciones administrativas sancionatorias, señaló que:
"El debido proceso tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional. [...] el proceso se institucionaliza y normatiza, mediante estatutos escritos que contienen mandatos reguladores de la conducta de las autoridades administrativas o judiciales encaminados a asegurar el ejercicio regular de sus competencias."
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7 Ello implica que cualquier actuación sancionatoria debe ejercerse dentro de los límites que la ley establece, incluido el temporal, so pena de incurrir en un exceso en el ejercicio de las potestades sancionatorias de la administración.
De la lectura de la norma se evidencia que su contenido se fundamenta en los principios constitucionales de legalidad y debido proceso que rigen la contratación estatal. Dicha disposición establece de manera expresa que las entidades estatales cuentan con la facultad unilateral de imponer las multas pactadas contractualmente, con el fin de conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones. Tal decisión administrativa debe estar precedida de la audiencia del contratista afectado y del agotamiento d e un procedimiento mínimo, y únicamente puede adoptarse mientras subsista la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Cabe anotar que la disposición normativa establece que la imposición de multas únicamente procede mientras se encuentre pend iente la ejecución de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. Ello implica que su aplicación está prevista para supuestos de incumplimiento parcial y no total, y resulta procedente siempre que el contratista no haya satisfecho plenamente sus prestaciones. Su finalidad es garantizar el cumplimiento íntegro y oportuno del contrato, mediante la coacción legítima en caso de mora o retardo en la ejecución contractual.
Con base en los antecedentes contractuales y en los términos del Acuerdo Marco de Precios para Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias No. CCE-197-AMP- 2021, pese a que el mecanismo de agregación de demanda en mención se encuentra vigente y operando, con plazo de ejecución hasta el 1 de septiembre de 2026, de conformidad con el otrosí No. 2, que corresponde al a segunda prórroga y primera modificación , se tiene que la vinculación contractual del proveedor RES-Q SOLUTIONS S.A.S. se extendió desde el 1 de septiembre de 2021, y hasta el 1 de septiembre de 2025, fecha en la cual finalizó su participación dentro del referido mecanismo. Tal como se evidencia en su contrato No. CCENEG-041-01-2021 publicado n la plataforma del SECOP II
Trasladando las anteriores consideraciones jurisprudenciales al caso concreto, si bien se advierte un eventual incumplimiento por parte de RES-Q SOLUTIONS S.A.S frente a sus obligaciones de Mantener las condiciones de calidad, legalidad y demás certificados exigidos por Colombia Compra Eficiente y mantener actualizadas las garantías , lo cierto es que se presenta un escenario en el que ya ha cesado completamente el plazo de ejecución del mecanismo contractual, puesto que, el Acuerdo Marco de Precios No. CCE-197-AMP-2021 finalizó el 1 de septiembre de 2025, fecha a partir de la cual no existe obligación contractual susceptible de ser compelida mediante la imposición de multas.
En efecto, tal como lo señaló el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de febrero de 2022 (Exp. 49.286), la imposición de una multa solo tiene virtualidad cuando puede producir el efecto deseado — el constreñimiento del contratista al cumplimiento—. En el presente caso, vencido el plazo de ejecución del Acuerdo Marco de Precios, la Administración se encuentra jurídicamente impedida para ejercer potestades sancionatorias de naturaleza coercitiva, en tanto que ha cesado la relación obligacional que habilitaba su ejercicio. La imposición de una multa, en tales circunstancias, carecería de objeto, pues no habría conducta futura que constreñir ni prestación pendiente que garantizar: la obligación de participar en eventos de cotización ya no existe, dado que el Acuerdo Marco de Precios finalizó y con él desapareció la obligación correlativa del proveedor de cotizar en los eventos que se convocaran bajo su amparo.
En virtud de lo motivado, y en atención a los hechos demostrados en el curso de la presente actuación administrativa, la Subdirección de Negocios de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia compra Eficiente,
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8 RESUELVE:
ARTÍCULO 1. ORDENAR LA TERMINACIÓN del presente proceso administrativo sancionatorio y, en consecuencia, ARCHIVAR el proceso administrativo sancionatorio contractual No. ACS -SNEG-003- 2025, adelantado a partir del reporte realizado por el equipo de Supervisión y Administración del Acuerdo Marco de Precios para Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias, No. CCE -197-AMP-2021, por el posible incumplimiento del proveedor RES-Q SOLUTIONS S.A.S , identificado con NIT. 900.984.668-6, representado legalmente por WILSON BARRERA GARCIA, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.242.843, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente decisión a las partes en audiencia, de conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
TERCERO: Informar a los notificados que contra la presente decisión procede el recurso de reposición, el cual debe interponerse, sustentarse y decidirse dentro de la audiencia, de conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
CUARTO: La presente resolución tiene vigencia a partir de su expedición.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el cuatro (4) de Mayo de 2026.
YENNY LISETH PÉREZ OLAYA Subdirectora de Negocios
Proyectó: Katheryn Martinez Asencio Revisó: Alejandra Carolina Burgos Aprobó: Germán Enrique Olier Oliver Asesor Subdirección de Negocios