Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV — Resolución No. 270 - Procedimiento Administrativo Sancionatorio - CLEANER SAS
Acuerdo marco de precios: Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV
Documento: Documento (3.-Resolucion-de-Decision-No-270-CLEANER-SA.pdf)
AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
RESOLUCIÓN NÚMERO 270 DE 2026
REPUBLICA DE COLOMBIA I "Por la cual se decide el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual No. ACS-SNEG- 003-2024 por el presunto incumplimiento de las obligaciones generales del Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV, No. CCE-126-2023, suscrito entre la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente y CLEANER S.A.""
LA SUBDIRECTORA DE NEGOCIOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA - COLOMBIA COMPRA EFICIENTE
Nombrada mediante Resolución 563 del 27 de agosto de 2025, cargo para el cual tomo posesión, según consta en el Acta No. 030 de la misma fecha, en ejercicio de sus facultades legales, en especial las que le confieren la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 en uso de las facultades y funciones contenidas en el Decreto Ley 4170 de 2011 y la Resolución 445 de 2025, expedida por el director general de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente y
CONSIDERANDO
Que el artículo 209 de la Constitución Política establece que "La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones (...)"
Que de conformidad con el artículo 26 de la Ley 80 de 1993, referido al principio de responsabilidad, los servidores públicos tienen la obligación de "buscar el cumplimiento de los fines de la contratación, a vigilar la correcta ejecución del objeto contratado y a proteger los derechos de la entidad, del contratista y de los terceros que pueden verse afectados por la ejecución del contrato."
Que, con el objetivo de lograr los fines de la contratación estatal, la Ley 80 de 1993 estableció como derechos y deberes de las entidades estatales, el exigir al contratista la ejecución idónea y oportuna del objeto contratado, al igual que adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro de las sanciones pecuniarias y garantías a que hubiere lugar.
Que la Ley 1474 de 2011 en su artículo 86, consagró el procedimiento que las entidades sometidas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, en cabeza de sus Representantes Legales, deben adelantar con el fin de poder declarar el incumplimiento contractual, imponer las multas y sanciones pactadas en el contrato y hacer efectiva la correspondiente cláusula penal.
Que, en cumplimiento de la delegación mencionada a la Subdirectora de Negocios , corresponde a esta dependencia, adelantar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio por el presunto incumplimiento de las obligaciones generales del Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería No. IV No. CCE-126-2023, en contra del proveedor CLEANER S.A, identificado con NIT. 800.041.433-3, con base en los siguientes:
1. HECHOS QUE FUNDAMENTAN LA ACTUACIÓN
PRIMERO: Que el 1° de febrero de 2023, la Agencia Nacional de Contratación Pública -Colombia Compra Eficiente- (en adelante "Colombia Compra Eficiente") celebró con el proveedor CLEANER S.A., identificado con NIT. 800.041.433-3, representado legalmente por JULIAN ANDRES RESOLUCIÓN NÚMERO 270 DE 2026
2 RESTREPO SOLARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.386.969, el Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV No. CCE-126-2023, cuyo objeto es: “(a) establecer las condiciones para la contratación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería al amparo del Acuerdo Marco; (b) las condiciones en las cuales las Entidades Compradoras se vinculan al Acuerdo Marco y adquieren el Servicio Integral de Aseo y Ca fetería; y (c) las condiciones para el pago del Servicio Integral de Aseo y Cafetería por parte de las Entidades Compradoras”, con un plazo inicial definido desde el 7 de marzo de 2023, hasta el 7 de marzo de 2024.
SEGUNDO: Que el plazo de ejecución inicial previsto en la cláusula 12 del Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023 es de un (01) año, contados a partir de la puesta en funcionamiento del mismo, es decir, desde el 07 de marzo de 2023, y hasta el 0 7 de marzo de 2024, plazo que puede prorrogarse hasta por máximo doce (12) meses, si la necesidad lo requiere. Que, conforme a la prórroga No. 1, el proveedor CLEANER SAS manifestó no prorrogar el AM P, por lo tanto, su ejecución del contrato finalizó el 07 de marzo de 2024.
TERCERO: Que el equipo de Supervisión y Administración del Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV No. CCE-126-2023, remitió el 12 de diciembre de 202 3 al Grupo Interno de Cumplimiento Contractual (antes Grupo Interno de Procesos Sancionatorios y Trámites Postcontractuales ) de la Subdirección de Negocios el reporte de posible incumplimiento, manifestando que el proveedor CLEANER, de manera reiterada, no participó en once (15) eventos de cotización creados por entidades compradoras, al amparo del referido Acuerdo Marco de precios, entre los cuales se identificaron los siguientes: 162078, 162468, 162225, 161938, 161825, 161813, 161812, 161811, 161799, 161782, 161503, 158058, 156390, 155786 y 155355.
CUARTO: Que realizada la verificación pertinente del Informe respecto del reporte de posible incumplimiento remitido el 12 de diciembre de 2023 por parte de la supervisión del Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV No. CCE -126-2023, al Grupo Interno de Procesos Sancionatorios y Trámites Postcontractuales de la Subdirección de Negocios , mediante radicados No. RS20240822011762 y RS20240822011754 de fecha 22 de agosto de 2024, se citó al proveedor CLEANER y a la compañía aseguradora SEGUROS DEL ESTADO S.A., como garante, a través de la Póliza de Cumplimiento No. 45-44-101145948 para adelantar el Procedimiento Administrativo Sancionatorio previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones generales contractuales, del Acuerdo Marco de Precios de Aseo y Cafetería IV No. CCE-126-2023.
QUINTO: Que el día 9 de octubre de 2024 se instauró la audiencia pública establecida en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
2. TRAMITE PROCESAL En virtud del informe presentado por la supervisión del Acuerdo Marco de Precios, el Subdirector de Negocios de la Agencia Nacional de Contratación Pública - Colombia Compra Eficiente inició el Procedimiento Administrativo Sancionatorio Contractual No. ACS -SNEG-003-2024, con fundamento en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, instaurando audiencia el día 09 de octubre de 2024.
Dentro de las obligaciones del proveedor, en el Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV No. CCE -126-2023, se relacionan las siguientes , por tener relevancia para la situación descrita en los hechos, de conformidad con las obligaciones establecidas en la cláusula 7:
"7.1. Participar en todos los eventos de cotización en las regiones en la que se encuentre adjudicado, salvo las situaciones en las cuales la Entidad Compradora se encuentre en mora de pago con este, caso en el cual, podrá no presentar cotización habiendo notificado RESOLUCIÓN NÚMERO 270 DE 2026
3 previamente el hecho a Colombia Compra Eficiente. Para este efecto, el proveedor debe responder a la solicitud de cotización dentro de los CINCO (5) DÍAS HÁBILES siguientes al recibo de esta."
"7.56. Responder en las condiciones dentro del término previsto en los documentos del proceso a todas las solicitudes de cotización de las Entidades Compradoras. La no cotización en los términos descritos obligará a que las Entidades Compradoras reporten a Colombia Compra Eficiente la situación y que esta última proceda a adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio por presunto incumplimiento de las o bligaciones generales derivadas del Acuerdo Marco."
2.1. De la Citación
El 22 de agosto de 2024, se citó a audiencia pública al proveedor CLEANER, mediante radicado de salida No. RS20240822011762, y a la aseguradora Seguros del Estado SAS mediante radicado de salida No. RS20240822011754 para adelantar el procedimiento administrativo sancionatorio previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, por el presunto incumplimiento parcial de las obligaciones generales contractuales del Acuerdo Marco de Precios para el Servicio Integral de Ase o y Cafetería IV No. CCE-126-2023.
No obstante, el 22 de agosto de 2024, la agencia le comunicó mediante correo electrónico a las partes sobre la imposibilidad de realizar la audiencia en la fecha programada dado que no fue posible notificar a una de ellas.
El día 10 de septiembre se notificó al proveedor CLEANER SA mediante correo certificado nacional 4- 72, reprogramándose la audiencia para el día 09 de octubre de 2024, a las 10:00 A.M.
2.2. De la Audiencia El 27 de agosto de 2024, a las 14:00 P.M., estaba programada la audiencia pública establecida en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011; no obstante, en dicha fecha no fue posible realizar la audiencia por la imposibilidad de notificar a una de las partes de l a diligencia, por lo que se suspendió y se reprogramó para nueva fecha, 9 de octubre de 2024.
El día 9 de octubre de 2024 – 10:00 A.M., se instaló la audiencia y se verificó la presencia de las partes, sin embargo, no asistió el proveedor CLEANER S.A. Por parte del garante SEGUROS DEL ESTADO S.A., se presentó La Dra. Ana María Martínez Martínez, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.018.484.604 de la ciudad de Bogotá, con tarjeta profesional número 346581 del Consejo Superior de la Judicatura.
Se dejó constancia en el acta de la audiencia que se intentó notificar al proveedor CLEANER S.A. mediante el oficio RS2024082211762 del 25 de septiembre de 2024. Este oficio fue enviado a los correos
[email protected] y
[email protected], ambos señalados por el proveedor como direcciones de notificación legal en la oferta y los mismo s que reposan en su certificado de existencia y representación legal. Dichos correos fueron rechazados (rebotaron). Posteriormente, se realizó la notificación física a la dirección registrada en el certificado de existencia de representación legal, remitida a través de 4 -72. Se recibió el certificado número RA49472987CO del 10 de septiembre de 2024, en el cual 4-72 confirmó que fue recibida en la dirección aportada.
En virtud de la solicitud de la abogada Ana María Martínez de Seguros del Estado, la audiencia se reprogramó para el jueves 17 de octubre de 2024 a las 12:00 P.M.
Posteriormente, se realizó Notificación por Aviso No. 1 en la página de Colombia Compra Eficiente al proveedor CLEANER S.A. por el término de 5 días, desde el 11 de octubre, desfijado el 18 de octubre RESOLUCIÓN NÚMERO 270 DE 2026
4 de 2024, advirtiendo que la notificación se considera surtida al finalizar el día siguiente al retiro del aviso.
El día 29 de noviembre de 2024, se notificó en audiencia el auto de pruebas de fecha 8 de noviembre de 2024, y se remitió el informe allegado por el supervisor del AMP a la compañía de seguros y al proveedor, informando la nueva fecha de audiencia programada para el 2 de diciembre de 2024.
2.3. Del material probatorio
Como medios de prueba para adelantar la presente actuación administrativa, la entidad cuenta con los documentos que integran la etapa precontractual y contractual y, en específico, los documentos que integran la citación, así como los incorporados a la actuación mediante auto de pruebas de fecha 8 de noviembre de 2024.
3. CONSIDERACIONES DE COLOMBIA COMPRA EFICIENTE.
Colombia Compra Eficiente es competente para adelantar y resolver mediante acto administrativo el procedimiento sancionatorio contractual previsto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, incluyendo la declaratoria de incumplimientos y la imposición de multas y sanciones.
Este procedimiento se fundamenta en el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007, que faculta a las entidades contratantes para declarar incumplimientos y hacer efectiva unilateralmente la cláusula de multas, garantizando en todo caso el debido proceso del contratista conforme al artículo 29 de la Constitución Política. El Acuerdo Marco de Precios, como contrato estatal regido por el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, radica en Colombia Compra Eficiente la calidad de entidad contratante y, por ende, la competencia sancionatoria frente a los proveedores incumplidos.
A lo largo de la actuación se han observado plenamente las garantías de defensa, contradicción y debido proceso del contratista y su garante. En materia procedimental, el parágrafo primero del artículo 47 de la Ley 1437 de 2011 —modificado por la Ley 2080 de 2021— dispone que las actuaciones sancionatorias se rigen por sus normas especiales, siendo aplicable el citado artículo 86 de la Ley 1474 de 2011. Finalmente, la actuación responde al deber de las entidades estatales de exigir la ejecución idónea del contrato y adelantar el cobro de sanciones y garantías, conforme al artículo 4 de la Ley 80 de 1993 y los principios de la función administrativa del artículo 209 Superior.
De acuerdo con lo anterior, y de conformidad con lo establecido en los antecedentes de la actuación, este trámite se inició con fundamento en el informe por presunto incumplimiento contractual, presentado por el Supervisor del Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV No. CCE -126-2023, quien remitió al Grupo Interno de Cumplimiento Contractual (antes Grupo Interno de Procesos Sancionatorios y Trámites Postcontractuales) de la Subdirección de Negocios de Colombia Compra Eficiente, el reporte del posible incumplimiento de las obligaciones generales del Acuerdo Marco de precios, por parte del proveedor CLEANER S.A ., por su no participación en los eventos de cotización identificados en el hecho TERCERO del presente acto administrativo.
3.1. DE LA IMPROCEDENCIA DE LA IMPOSICIÓN DE MULTAS POR VENCIMIENTO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE ASEO Y CAFETERÍA IV NO. CCE-126- 2023.
Cabe destacar que el interés del contrato se encuentra supeditado a la ejecución íntegra y adecuada del objeto contractual. En virtud de ello, el ordenamiento jurídico confiere a la Administración facultades de naturaleza sancionatoria orientadas a garanti zar el cumplimiento efectivo de las obligaciones derivadas del contrato estatal. En efecto, además del poder de dirección y control sobre la ejecución contractual, la Administración, con fundamento en el ius puniendi del Estado, cuenta con potestades RESOLUCIÓN NÚMERO 270 DE 2026
5 sancionatorias que se activan frente al incumplimiento del contratista. Estas se concretan en medidas coercitivas y apremiantes como la imposición de multas que tienen por finalidad compeler al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, disuadir el incumplimiento total y, con ello, evitar la afectación a la continuidad en la prestación de los servicios o a la entrega de los bienes y obras objeto del contrato.
Las multas contractuales tienen, por regla general, una finalidad coercitiva, orientada a compeler legítimamente al contratista, al cumplimiento oportuno y adecuado de sus obligaciones contractuales cuando incurra en mora o en incumplimiento parcial. No tienen carácter indemnizatorio ni requieren la demostración de un daño, pues no buscan reparar perjuicios, sino constituirse en un mecanismo sancionatorio y disuasorio frente a la inobservancia contractual.
Su propósito es inducir al contratista a corregir su conducta y dar cumplimiento al contrato, evitando reiteraciones que podrían derivar en la imposición de nuevas sanciones e incluso en inhabilidades para contratar con el Estado.
Al respecto, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido de manera reiterada y uniforme que las multas contractuales tienen una finalidad eminentemente coercitiva y conminatoria. Así lo señaló la Sección Tercera del Consejo de Estado en sentenci a del 10 de septiembre de 2015 (Radicación número: 68001 -23-15-000-1994-09826-01 (28875), C.P. Jaime Orlando Santofimio Gamboa), al precisar que:
"Las multas pueden hacerse efectivas en vigencia del contrato y ante incumplimientos parciales en que incurra el contratista, pues si por medio de éstas lo que se busca es constreñirlo a su cumplimiento, no tendría sentido imponer una multa cuando el térmi no de ejecución del contrato ha vencido y el incumplimiento es total y definitivo. [...] La imposición de multas en los contratos estatales tiene por objeto apremiar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones, mediante la imposición de una sanción de tipo pecuniario en caso de mora o incumplimiento parcial."
Esta misma línea jurisprudencial fue desarrollada y profundizada por la Sección Tercera, Subsección A del Consejo de Estado en sentencia del 4 de febrero de 2022 (Expediente 250002326000200700444 01, Rad. 49.286, C.P. José Roberto Sáchica Méndez), en la que la Corporación fue enfática en señalar que: "las entidades públicas tienen un límite temporal para acudir a este mecanismo corrector de las obligaciones incumplidas, el cual está intrínsecamente ligado a la finalidad de apremio que persiguen, por lo cual sólo pueden aplicarse dentro de la vigencia del contrato y siempre que tengan la virtualidad de lograr su cometido, esto es, constreñir al contratista al cumplimiento, de manera que si, aun estando vigente el plazo, ese no es su propósito, porque, por ejemplo, las obligaciones que se habían inobservado ya se cumplieron o porque se acordaron otros mecanismos de remediación para lograr su cumplimiento y éstos se están ejecutando adecuadamente, entonces no habrá lugar a imponerlas, pues habrán perdido su razón de ser." Subrayado Fuera de Texto
En esa misma providencia, el Consejo de Estado reiteró el precedente en la materia, que ha sostenido que:
"Las multas que la administración puede imponer a un contratista suyo tienen una finalidad específica: inducir el cumplimiento del contrato. Por eso la doctrina las incluye en las denominadas medidas coercitivas provisionales, por oposición a la medida coercitiva definitiva (caducidad o terminación) que sanciona no ya incumplimientos parciales o salvables, sino incumplimientos graves que muestran que ya el contrato no podrá cumplirse. Este poder exorbitante de imposición de multas tiene un límite temporal o bvio: mientras esté vigente el contrato y la medida pueda producir el efecto deseado (el constreñimiento del contratista), ya RESOLUCIÓN NÚMERO 270 DE 2026
6 que la medida no busca sancionar porque sí, sino sancionar para que el contratista que está incumpliendo se sienta compelido a cumplir."
La sentencia del 4 de febrero de 2022 (Exp. 49.286) resulta especialmente relevante para el caso que nos ocupa, pues en ella el Consejo de Estado declaró la nulidad de unos actos administrativos que impusieron multas bajo circunstancias en las cuales éstas habían perdido su razón de ser, concluyendo que la finalidad conminatoria de las multas no se puede desligar de la existencia actual y efectiva de una obligación pendiente de cumplimiento que sea susceptible de ser compelida.
Dicha regla jurisprudencial resulta lógica porque, como lo expresó esa Corporación, no tendría sentido imponer la multa cuando el término de ejecución del contrato ha vencido y el incumplimiento es total y definitivo, o cuando las obligaciones que se habían inobservado ya se cumplieron en su integridad, o cuando las partes reajustaron sus compromisos en aras de lograr el cumplimiento del objeto pactado y tales acuerdos se vienen ejecutando adecuadamente.
En consonancia con lo anterior, el artículo 17 de la Ley 1150 de 2007 prescribe expresamente que la imposición de multas procede únicamente mientras se halle pendiente la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Esta condición de procedibilid ad ha sido ratificada de manera uniforme por el Consejo de Estado, en múltiples pronunciamientos, en los que se ha precisado que la potestad sancionatoria de la administración en materia contractual se activa exclusivamente durante la vigencia del vínculo obligacional que dio origen a la relación jurídica. De igual manera, el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011, que regula el procedimiento sancionatorio contractual, está orientado a garantizar el cumplimiento efectivo de las prestaciones pendientes durante la ejecución del contrato. La naturaleza coercitiva de las multas implica que su imposición solo tiene objeto cuando existe un comportamiento futuro que puede ser compelido; una vez vencido el plazo de ejecución, dicha finalidad desaparece, siendo improcedente la imposición de esta medida.
En el mismo sentido, la Corte Constitucional, en Sentencia C -214 de 28 de abril de 1994, al referirse al debido proceso en actuaciones administrativas sancionatorias, señaló que:
"El debido proceso tiene la función de defender y preservar el valor de la justicia reconocida en el preámbulo de la Carta Fundamental, como una garantía de la convivencia social de los integrantes de la comunidad nacional. [...] el proceso se institucionaliza y normatiza, mediante estatutos escritos que contienen mandatos reguladores de la conducta de las autoridades administrativas o judiciales encaminados a asegurar el ejercicio regular de sus competencias."
Ello implica que cualquier actuación sancionatoria debe ejercerse dentro de los límites que la ley establece, incluido el temporal, so pena de incurrir en un exceso en el ejercicio de las potestades sancionatorias de la administración.
De la lectura de la norma se evidencia que su contenido se fundamenta en los principios constitucionales de legalidad y debido proceso que rigen la contratación estatal. Dicha disposición establece de manera expresa que las entidades estatales cuentan con la facultad unilateral de imponer las multas pactadas contractualmente, con el fin de conminar al contratista al cumplimiento de sus obligaciones. Tal decisión administrativa debe estar precedida de la audiencia del contratista afectado y del agotamiento d e un procedimiento mínimo, y únicamente puede adoptarse mientras subsista la ejecución de las obligaciones a cargo del contratista. Cabe anotar que la disposición normativa establece que la imposición de multas únicamente procede mientras se encuentre pend iente la ejecución de las obligaciones contractuales a cargo del contratista. Ello implica que su aplicación está prevista para supuestos de incumplimiento parcial y no total, y resulta procedente siempre que el contratista no haya satisfecho plenamente sus prestaciones. Su finalidad es garantizar el cumplimiento RESOLUCIÓN NÚMERO 270 DE 2026
7 íntegro y oportuno del contrato, mediante la coacción legítima en caso de mora o retardo en la ejecución contractual.
Con base en los antecedentes contractuales y los términos del Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV No. CCE-126-2023, se tiene que, el plazo inicial de ejecución del mencionado mecanismo contractual que entró en operación el 7 de marzo de 2023, hasta el 7 de marzo de 2024, siendo prorrogado por un período adicional de siete (7) meses, hasta el día 7 de octubre de 2024, luego se prorrogo por segunda vez por cinco (5) meses adicionales, hasta el día 7 de marzo de 2025, por último se prorrogo por tercera vez por cuatro (4) meses, hasta el 7 de julio de 2025, fecha en la cual expiró en su totalidad el plazo de ejecución del Acuerdo Marco de Precios tal como se evidencia en la Tienda Virtual del Estado Colombiano 1 y SECOP II con numero de proceso CCENEG-063-01-20222.
Trasladando las anteriores consideraciones jurisprudenciales al caso concreto, si bien se advierte un eventual incumplimiento por parte de CLEANER S.A. frente a sus obligaciones de cotización en los eventos señalados en los hechos del presente acto administrativo, lo cierto es que se presenta un escenario en el que ya ha cesado completamente el plazo de ejecución del mecanismo contractual, puesto que, e l Acuerdo Marco de Precios No. CCE-126-2023 finalizó el 7 de julio de 2025, fecha a partir de la cual no existe obligación contractual susceptible de ser compelida mediante la imposición de multas.
En efecto, tal como lo señaló el Consejo de Estado en la sentencia del 4 de febrero de 2022 (Exp . 49.286), la imposición de una multa solo tiene virtualidad cuando puede producir el efecto deseado — el constreñimiento del contratista al cumplimiento—. En el presente caso, vencido el plazo de ejecución del Acuerdo Marco de Precios, la Administración se encuentra jurídicamente impedida para ejercer potestades sancionatorias de naturaleza coercitiva, en tanto que ha cesado la relación obligacional que habilitaba su ejercicio. La imposición de una multa, en tales circunstancias, carec ería de objeto, pues no habría conducta futura que constreñir ni prestación pendiente que garantizar: la obligación de participar en eventos de cotización ya no existe, dado que el Acuerdo Marco de Precios finalizó y con él desapareció la obligación correlativa del proveedor de cotizar en los eventos que se convocaran bajo su amparo.
En virtud de lo motivado, y en atención a los hechos demostrados en el curso de la presente actuación administrativa, la Subdirección de Negocios de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia compra Eficiente,
RESUELVE:
ARTÍCULO 1. ORDENAR LA TERMINACIÓN del presente proceso administrativo sancionatorio y, en consecuencia, ARCHIVAR el proceso administrativo sancionatorio contractual No. ACS -SNEG-007- 2024, adelantado a partir del reporte realizado por el equipo de Supervisión y Administración del Acuerdo Marco de Precios para la Prestación del Servicio Integral de Aseo y Cafetería IV No. CCE - 126-2023, por el posible incumplimiento del proveedor CLEANER S.A , identificado con NIT. 800.041.433-3, representado legalmente por JULIAN ANDRES RESTREPO SOLARTE, identificado con cédula de ciudadanía No. 6.386.969, por las razones expuestas en la parte motiva del presente proveído.
SEGUNDO: Notificar el contenido de la presente decisión a las partes en audiencia, de conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
1 https://www.colombiacompra.gov.co/archivos/portfolio-item/servicio-integral-de-aseo-y-cafeteria-iv 2 https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.3309652&isFromPublicArea=True&isModal=False RESOLUCIÓN NÚMERO 270 DE 2026
8 TERCERO: Informar a los notificados que contra la presente decisión procede el recurso de reposición, el cual debe interponerse, sustentarse y decidirse dentro de la audiencia, de conformidad con lo señalado en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011.
CUARTO: La presente resolución tiene vigencia a partir de su expedición.
PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
Dada en Bogotá D.C., el cuatro (4) de Mayo de 2026.
YENNY LISETH PÉREZ OLAYA Subdirectora de Negocios
Proyectó: Katheryn Martínez Asencio Revisó: Alejandra Carolina Burgos Aprobó: Germán Enrique Olier Oliver Asesor – Subdirección de Negocios