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Tienda Virtual (Acuerdos Marco) Acuerdo Marco

Documento: Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II — AUTO ADMITE NIEGA MEDIDA

Documento oficial completo ↗ Fuente oficial ↗
Fecha
2023-04-03
Corporación
Colombia Compra Eficiente — Tienda Virtual del Estado Colombiano
Número
Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II

Síntesis del concepto

Documento: Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II — AUTO ADMITE NIEGA MEDIDA

En resumen

Ahora bien, teniendo en cuenta que la identificación y datos de contacto de los proveedores actualmente vinculados al Acuerdo Marco de Precios CCE -144-2023 reposan en poder de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se procede a su VINCULACIÓN al presente trámite constitucional y en atención a los principios d e celeridad, eficacia y economía procesal, se ordenará requerir a dicha entidad para que proceda a publicar el presente auto y la Acción de tutela Radicado: 70-001-33-33-010-2026-00242-00 Por lo tanto, el Juzgado Décimo Administrativo Oral de Sincelejo…

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente. El texto completo está en el documento oficial.

Fundamentos

  • Decreto 2591 de 1991
  • Decreto Ley 2591 de 1991
  • Constitución Política

Puntos que trata

  • Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II
  • Acuerdos marco de precios
  • Acuerdo marco: Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II
  • Documento

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

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Texto del documento 16.201 caracteres
Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II — AUTO ADMITE NIEGA MEDIDA Acuerdo marco de precios: Acuerdo Marco Transporte Terrestre Especial de Pasajeros II Documento: Documento (Auto-Admite-Niega-Medida.pdf) Sincelejo, veintidós (22) de septiembre de dos mil veintiséis (2026) Radicación: 70001-33-33-010-2026-00242-00 Accionante: GERARDO ANÍBAL ALZATE GRIJALBA Accionado: AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -CCE- Acción: Tutela Juez: Karen Johanna Valencia Salazar 1. ANTECEDENTES El señor GERARDO ANÍBAL ALZATE GRIJALBA presenta acción de tutela contra la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -CCE-, a fin de que se protejan los derechos fundamentales al debido proceso administrativo, igualdad, acceso efectivo a oportunidades públicas en condiciones objetivas, en conexidad con los principios de la función administrativa y de la contratación estatal, entre otros, que considera le han sido vulnerados. Aunado a lo anterior, como medida cautelar solicitó: Acción de tutela Radicado: 70-001-33-33-010-2026-00242-00 Página 2 de 8 2. CONSIDERACIONES 2.1 Por reunir los requisitos señalados en el artículo 14 del Decreto 2591 de 1991, se procederá a admitir la presente ACCIÓN DE TUTELA. 2.2 Respecto a la medida provisional solicitada por el extremo actor, se entrará a resolver así: El artículo 7º del Decreto 2591 de 1991 dispone lo siguiente en relación con las medidas provisionales que se pueden adoptar dentro de los procesos de tutela: “Artículo 7o. Medidas provisionales para proteger un derecho. Desde la presentación de la solicitud, cuando el juez expresamente lo considere necesario y urgente para proteger el derecho, suspenderá la aplicación del acto concreto que lo amenace o vulnere. Sin embargo, a petición de parte o de oficio, se podrá disponer la ejecución o la continuidad de la ejecución, para evitar perjuicios ciertos e inminentes al interés público. En todo caso el juez podrá ordenar lo que co nsidere procedente para proteger los derechos y no hacer ilusorio el efecto de un eventual fallo a favor del solicitante. La suspensión de la aplicación se notificará inmediatamente a aquél contra quien se hubiere hecho la solicitud por el medio más expedito posible. El juez también podrá, de oficio o a petición de parte, dictar cualquier medida de conservación o seguridad encaminada a proteger el derecho o a evitar que se produzcan otros daños como consecuencia de los hechos realizados, todo de conformidad con las circunstancias del caso. (…)” Por lo cual, el juez de tutela dispone desde la presentación de la acción de facultades dirigidas a la garantía inmediata de los derechos fundamentales en riesgo o afectados, no obstante la concesión de la medida p rovisional debe cumplir unas exigencias de procedencia, en la medida que su adopción debe atender al carácter informal del medio concreto de constitucionalidad, y la peculiaridad de adoptar una sentencia en diez (10) días que se traduciría suficiente para el amparo de los derechos que son invocados. Acción de tutela Radicado: 70-001-33-33-010-2026-00242-00 Página 3 de 8 Al respecto, la Corte Constitucional en Auto A-1368 de 2024 determinó: “17. La adopción de medidas provisionales en el trámite de tutela está supeditada al cumplimiento de tres exigencias: (i) que exista una vocación aparente de viabilidad, (ii) que exista un riesgo probable de afectación a derechos fundamentales por la demora en el tiempo y (iii) que la medida no resulte desproporcionada. En seguida, se explicará el alcance de tales requisitos. 18. Primero, que debe existir una vocación aparente de viabilidad, significa que la solicitud debe “estar respaldada en fundamentos: (a) fácticos posibles y (b) jurídicos razonables ” que permitan concluir, al menos prima facie, la apariencia de buen derecho del accio nante (fumus boni iuris). En la fase inicial del proceso no es exigible acreditar con certeza la existencia de la vulneración del derecho fundamental cuyo amparo se solicita, pero sí es necesario “un principio de veracidad soportado en las circunstancias fácticas presentes en el expediente y apreciaciones jurídicas razonables soportadas en la jurisprudencia de la Corte Constitucional”. 19. Segundo, debe existir un riesgo probable de afectación a derechos fundamentales por la demora en el tiempo (periculum in mora). Esto supone constatar que “la protección del derecho invocado o la salvaguarda del interés público pueda verse afectado considerablemente por el tiempo trascurrido durante el trámite de revisión ”. Este requisito pretende evitar que la falta de adopción de la medida provisional genere un perjuicio o un daño mayor que transforme en tardío el fallo definitivo. De este modo, la revisión preliminar del expediente debe aportar “un alto grado de convencimiento de que la amenaza de perjuicio irremediable es cierta; y que el daño, por su gravedad e inminencia, requier[e] medidas urgentes e impostergables para evitarlo”. 20. Tercero, la medida provisional no puede resultar desproporcionada. Lo anterior implica que no debe generar un daño intenso a quien r esulta directamente afectado por ella. Este requisito exige al juez llevar a cabo una ponderación “entre los derechos que podrían verse afectados [y] la medida”, con el fin de evitar que se adopten decisiones que, aunque tengan algún Acción de tutela Radicado: 70-001-33-33-010-2026-00242-00 Página 4 de 8 principio de justifica ción, “podrían causar un perjuicio grave e irreparable a otros derechos o intereses jurídicos involucrados”. 21. Finalmente, es importante destacar que las medidas provisionales no representan el prejuzgamiento del caso ni pueden entenderse como indicio del sentido de la decisión. Por el contrario, su finalidad se limita a evitar que se materialice la vulneración o perjuicio de los derechos fundamentales involucrados, mientras el juez de tutela adopta una sentencia definitiva.” Decantado lo anterior, dentro del presente asunto se tiene que l a parte accionante solicita como medida provisional que se ordene a la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente suspender temporalmente el trámite, perfeccionamiento, firma, publicación y ejecución de la prórroga anunciada el 2 de septiembre de 2026 respecto del Acuerdo Marco de Precios CCE-144-2023, mediante el cual se pretende extender su vigencia hasta el 2 de diciembre de 2026. Al respecto, el artículo 7 del Decreto 2591 de 1991 faculta al juez constitucional para decretar medidas provisionales cuando resulten necesarias para evitar la consumación de una amenaza o vulneración de derechos fundamentales, o para impedir la ocurrencia de un perjuicio mientras se adopta la decisión definitiva dentro del trámite de tutela. En ese contexto, la medida solicitada no se muestra claramente encaminada a evitar la ocurrencia de un hecho futuro e inminente, sino a intervenir sobre una actuación administrativa cuyo trámite ya habría avanzado más allá de la etapa que específicamente cuestiona el accionante. En consecuencia, el Despacho no dispone actualmente de elementos que permitan establecer si la prórroga se perfeccionó, si continúa en trámite o cuál es el estado actual de la actuación administrativa, circunstancia que precisamente deberá ser informada por la entidad accionada durante el traslado de la tutela. Lo anterior, por cuanto la medida solicitada implica suspender los efectos de una actuación administrativa y contractual de alcance nacional cuya ejecución puede involucrar múltiples sujetos e intereses jurídicos, circunstancia que exige contar previamente con los elementos de juicio que se aporten, así como efectuar un análisis integral de los presupuestos de procedencia de la acción, de los h echos Acción de tutela Radicado: 70-001-33-33-010-2026-00242-00 Página 5 de 8 expuestos en la demanda y de los derechos fundamentales invocados, cuestiones que corresponden al estudio de fondo de la presente actuación constitucional. De igual manera, se observa que la solicitud cautelar formulada por el actor coincide sustancialmente con el contenido principal de las pretensiones de la acción constitucional, pues mediante ella pretende que se impida la perfección y ejecución de la prórroga hasta el 2 de diciembre de 2026. En otras palabras, acceder a la medida solicitad a implicaría anticipar provisionalmente el efecto práctico que el accionante pretende obtener mediante la sentencia, sin que aún se cuente con los elementos de juicio necesarios para concluir, siquiera en forma preliminar, que la actuación cuestionada resulta lesiva de los derechos fundamentales invocados. En tal sentido, el término legal de diez (10) días previsto para resolver la acción de tutela aparece, en principio, razonable y compatible con la naturaleza de las pretensiones formuladas, pues permite que la controversia sea analizada con respeto de las garantías procesales de las partes y de los terceros eventualmente afectados, sin que se advierta que durante dicho lapso pueda producirse un perjuicio irremediable de tal magnitud que torne indispensable la adopción inmediata de una medida cautelar constitucional. Lo anterior, cobra especial relevancia si se considera que la decisión eventualmente reclamada por el accionante no recaería exclusivamente sobre la entidad accionada, sino también sobre un in strumento contractual de alcance nacional en cuya ejecución participan múltiples proveedores actualmente vinculados al Acuerdo Marco de Precios CCE -144-2023, quienes igualmente tienen derecho a ser escuchados antes de adoptar una determinación que pueda af ectar su situación jurídica. Por consiguiente, al no encontrarse acreditados en este momento procesal los presupuestos de urgencia, necesidad e inminencia que justifiquen la adopción de una medida cautelar constitucional, el Despacho negará la medida prov isional solicitada, sin perjuicio de la valoración que corresponda efectuar al momento de proferir la decisión de fondo. 2.3. De la vinculación de terceros: Acción de tutela Radicado: 70-001-33-33-010-2026-00242-00 Página 6 de 8 Solicita igualmente el accionante la vinculación de todos los proveedores que actualmente integran el Acuerdo Marco de Precios CCE -144-2023, de todos aquellos que hicieron parte del mismo y posteriormente se retiraron o dejaron de participar, de las personas jurídicas que integraron uniones temporales o consorcios vinculados al acuerdo, de los participant es del eventual instrumento que llegare a sustituirlo, así como de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República. Frente a dicha solicitud, estima el Despacho que la eventual decisión que llegue a adoptarse dentro de la pre sente acción constitucional podría incidir de manera directa sobre la situación jurídica de los proveedores que actualmente integran el Acuerdo Marco de Precios CCE -144-2023, en la medida en que la controversia planteada se encuentra relacionada con la nueva prórroga anunciada por la entidad accionada y con los efectos que de ella podrían derivarse. Por tal razón, resulta procedente adoptar las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de los derechos de defensa, contradicción y debido proceso de dichos terceros. No ocurre lo mismo respecto de los proveedores que ya no hacen parte del acuerdo marco, los exintegrantes de estructuras plurales, los participantes de eventuales procesos de selección futura o los demás sujetos indeterminados mencionados por el accionante, por cuanto no se evidencia, al menos en esta etapa inicial, una afectación directa, actual y concreta susceptible de justificar su comparecencia obligatoria dentro del trámite constitucional. De igual manera, el Despacho no advierte po r ahora la necesidad de vincular formalmente a la Contraloría General de la República, toda vez que la controversia sometida a consideración de este Despacho se refiere al presunto desconocimiento de derechos fundamentales derivado de una actuación adelant ada por la entidad accionada, sin que se advierta, de momento, una situación que haga indispensable su participación para la adecuada integración del contradictorio. Ahora bien, teniendo en cuenta que la identificación y datos de contacto de los proveedores actualmente vinculados al Acuerdo Marco de Precios CCE -144-2023 reposan en poder de la Agencia Nacional de Contratación Pública – Colombia Compra Eficiente, se procede a su VINCULACIÓN al presente trámite constitucional y en atención a los principios d e celeridad, eficacia y economía procesal, se ordenará requerir a dicha entidad para que proceda a publicar el presente auto y la Acción de tutela Radicado: 70-001-33-33-010-2026-00242-00 Página 7 de 8 demanda de tutela en la página web dispuesta para los avisos sobre acciones constitucionales o a través del medio que dispongan para ello, con el fin de que en el término de dos (02) días hábiles, quienes lo consideren necesario, intervengan en el trámite de la presente acción , debiendo allegar las respectivas constancias junto con el informe requerido por este Despacho. Por lo tanto, el Juzgado Décimo Administrativo Oral de Sincelejo, RESUELVE PRIMERO: ADMÍTASE la presente acción de tutela instaurada por el señor GERARDO ANÍBAL ALZATE GRIJALBA contra la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -CCE-. SEGUNDO: VINCULAR en calidad de terceros con interés legítimo a los proveedores actualmente vinculados al Acuerdo Marco de Precios CCE -144-2023, para que si a bien lo consideran se pronuncien respecto de los hechos y pretensiones esbozados en la presente acción de tutela. TERCERO: NIÉGUESE la solicitud de medida cautelar presentada por la parte accionante, por las razones expuestas en la parte considerativa de esta providencia. CUARTO: NOTIFÍQUESE a la entidad accionada, AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -CCE-, a través del medio más expedito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 del Decreto Ley 2591 de 1991. QUINTO: SOLICÍTESE a la entidad accionada, AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -CCE-, que informe lo pertinente a lo manifestado por el accionante. Cuentan con el término de dos (2) días para ello, contados a partir de la recepción de la comunicación respectiva, so pena de aplicar lo normado en el artículo 20 del citado Decreto. SEXTO: REQUERIR a la AGENCIA NACIONAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA – COLOMBIA COMPRA EFICIENTE -CCE- para para que proceda a publicar el presente auto y la demanda de tutela en la página web dispuesta para los avisos sobre acciones constitucionales o a través del medio que dispongan para ello, con el fin de que en el término de dos (02) días hábiles los terceros interesados y Acción de tutela Radicado: 70-001-33-33-010-2026-00242-00 Página 8 de 8 proveedores actualmente vinculados al Acuerdo Marco de Precios CCE -144-2023, si lo consideren necesario, intervengan en el trámite de la presente acción, debiendo allegar las respectivas constancias junto con el informe requerido por este Despacho. SÉPTIMO: REQUERIR a la entidad accionada para que, al presentar el informe, identifique plenamente al servidor público o funcionario competente de dar cumplimiento a las órdenes que eventualmente se impartan dentro de la presente acción constitucional, indicando su nombre completo, número de identificación, cargo que desempeña, dependencia a la que se encuentra adscrito, dirección electrónica institucional para notificaciones y demás datos de contacto que reposen en la entidad. OCTAVO: COMUNÍQUESE a la parte accionante de la admisión de la acción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE Firmado Por: Karen Johanna Valencia Salazar Juez Juzgado Administrativo 010 Del Circuito Sincelejo - Sucre Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12 Código de verificación: b1997de39e158c0a26176373cd9115c632a047fae4f08544d1acacd34c38ff57 Documento generado en 22/09/2026 04:40:46 PM Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL: https://firmaelectronica.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica

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