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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL: ha considerado la jurisprudencia que se requiere que el fenómeno anormal no se hubiere originado

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Fecha
2025-08-06
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA CON FUNCIONES MIXTAS 6: PARA LA CONCILIACION ADMINISTRATIVA
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202511272003560.DOCX

Síntesis del concepto

EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO ESTATAL: ha considerado la jurisprudencia que se requiere que el fenómeno anormal no se hubiere originado

Regla de decisión

Ha considerado la jurisprudencia que se requiere que el fenómeno anormal no se hubiere originado dentro del margen de riesgo propio del contrato, ni bajo las circunstancias previstas por las partes al distribuir los riesgos del objeto contractual, en los actos antecedentes o en las cláusulas del negocio jurídico.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Fundamentos

  • Decreto 679 de 1994
  • Ley 80 de 1993

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO-Busca el mantenimiento de una equivalencia prestacional en la que confluyen derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar Añadió que el contratista no está llamado a asumir el riesgo con responsabilidad exclusiva del 100% porque está probado que el desequilibrio contractual afectó al contratista y el interventor del contrato base reconoció el valor de sobreacarreo y lo liquidó en suma de $ 620.208.308,93 valor refrendado por el peritaje practicado en el proceso y desestimado por la primera instancia. Por lo tanto, dado que no hubo alegaciones relacionadas con un vicio del consentimiento que afectara la suscripción del documento por parte de la ahora apelante, ni prueba que lo avale carecen de fundamento las afirmaciones de imposición de por la fuerza de las prórrogas del contrato. A manera de ejemplo extraemos el ordinal tercero de las pretensiones.

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Texto del documento 40.353 caracteres
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-A fin de obtener la declaratoria de responsabilidad administrativa del instituto nacional de vías ( invias) con base en el rompimiento del equilibrio económico contractual VICIO DEL CONSENTIMIENTO-Dado que no hubo alegaciones relacionadas ni prueba que lo avale carecen de fundamento las afirmaciones de imposición de por la fuerza de las prórrogas del contrato Otro razonamiento del recurrente es que el Tribunal se equivocó al dar importancia a la ausencia de salvedades en la suscripción de las prórrogas antes mencionadas porque lo único que debió llamar su atención era los sobrecostos del acarreo. Tampoco le asiste razón a la apelante en el punto relacionado porque precisamente el tema recurrente en la demanda, tanto en la parte de pretensiones como en toda la narración fáctica, es que INVIAS permitió el desequilibrio económico al no tomar medidas tendientes a restablecerlo cuando tuvo conocimiento de éste. A manera de ejemplo extraemos el ordinal tercero de las pretensiones DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO-El elemento de la imprevisibilidad de circunstancias que supuestamente alteraron los indicies de la ejecución en las unidades de entrega es fundamental para establecer la ocurrencia del desequilibrio económico. EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO-Busca el mantenimiento de una equivalencia prestacional en la que confluyen derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar PRINCIPIO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO-En caso de un rompimiento de la equivalencia aludida por causas sobrevinientes, imprevisibles y no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán las medidas necesarias para su restablecimiento El principio del equilibrio financiero del contrato busca el mantenimiento de una equivalencia prestacional en la que confluyen derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, de tal suerte que, en caso de un rompimiento de la equivalencia aludida por causas sobrevinientes, imprevisibles y no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán las medidas necesarias para su restablecimiento. Pero esta correlación de condiciones iniciales, en el sub examine, debió extenderse en el tiempo y es revisable en distintos momentos de conformidad con el ordenamiento civil y comercial DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO-Origen Basado en lo expuesto el desequilibrio económico y financiero del contrato puede tener origen en: (i) las situaciones originadas en factores externos a las partes del contrato que se enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”; (ii) los actos unilaterales de los entes contratantes que modifiquen las condiciones del contrato “ius variandi”; y (iii) los actos generales proferidos por el ente contratante en ejercicio de sus funciones administrativas que terminan afectando el contrato “hecho del príncipe”. Pero en sub examine no hay prueba de la anormalidad del sobrecosto para la consecución del material de cantera, sino que aparece dicha situación como un riesgo propio de los contratos de obra como el estudiado. Ha considerado la jurisprudencia que se requiere que el fenómeno anormal no se hubiere originado dentro del margen de riesgo propio del contrato, ni bajo las circunstancias previstas por las partes al distribuir los riesgos del objeto contractual, en los actos antecedentes o en las cláusulas del negocio jurídico TEORIA DE LA IMPREVISION-El Tribunal Administrativo del Cesar determinó que no hubo desequilibrio económico basado en que no se cumplió el requisito de la imprevisibilidad El primero de los contextos de previsión que se deben revisar es lo consignado en la matriz de riesgos, dada la referencia reiterada del recurrente a la variación de circunstancias resultante de la comparación entre lo ofertado y el desarrollo de la ejecución contractual. El riesgo por acarreo de material de cantera esencial para la realización de una obra civil se clasifica como logístico y operacional, verificable para el caso en comento, a partir de las condiciones específicas de la ejecución del contrato de obra. El apelante arguyó en su favor que el riesgo especifico de acarreo o transporte de materiales no se encontraba enlistado en la matriz de riesgo y en consecuencia eran desacertadas las conclusiones de la primera instancia relativas al riesgo y la falta de prueba de la imprevisibilidad. En palabras del apelante: “[…] podemos aseverar con suficiente solvencia que el riesgo contemplado en el numeral 11 del (sic) la matriz de riesgos que hace parte integral de la Licitación LP-SGT-SRN-015-2011 no aplica al caso concreto, al no encajar dentro de la (sic) circunstancias fácticas; por tal razón el contratista no está llamado a asumir el riesgo con responsabilidad exclusiva del 100% […]” ENRIQUECIMIENTO SIN CAUSA-Solo es viable cuando no existe una causa contractual o legal que justifique el incremento patrimonial de una de las partes en detrimento de la otra, pero ese no es el caso/ EJERCICIO DE LA ACTIO IN REM VERSO-Al tratarse de prestaciones pactadas, el objeto ejecutado correspondió al propuesto, planeado y contratado, descartando la inexistencia de una causa jurídica válida como presupuesto de la actio in rem verso Como argumentos adicionales de la apelación, en esta se dijo que se presentó un enriquecimiento sin causa para INVIAS, pero este razonamiento tampoco se ajusta a la realidad. En los fundamentos de derecho de la demanda y en el recurso de apelación la parte actora afirmó que se configuró un enriquecimiento sin justa causa con ocasión de la falta de pago de lo que según su criterio constituyen sobrecostos de la obra. El anterior pedido es improcedente por cuanto la figura en cita es de carácter excepcional, y extraordinaria, solo es viable cuando no existe una causa contractual o legal que justifique el incremento patrimonial de una de las partes en detrimento de la otra, pero ese no es el caso. En efecto, la parte apelante busca el reconocimiento de costos asociado a una obra ejecutada en vigencia de un contrato válidamente celebrado y, por lo tanto, al tratarse de prestaciones pactadas, el objeto ejecutado correspondió al propuesto, planeado y contratado, descartando la inexistencia de una causa jurídica válida como presupuesto de la actio in rem verso. CONCEPTO N° XXXX/2025 Bogotá D. C., 11 de agosto de 2025 Señores CONSEJO DE ESTADO SECCIÓN TERCERA – SUBSECCIÓN C Consejero Ponente doctor [NOMBRE TACHADO] S. D. Radicación: 20001-23-39-000-2017-00198-01 (73157) Actor: Estructuras Especiales S.A. Demandado: Instituto Nacional de Vías (INVIAS) Medio de control: Controversias contractuales (Ley 1437) Asunto: Apelación de sentencia El Ministerio Público presenta concepto dentro del proceso en referencia de conformidad con los argumentos que se exponen a continuación. En esta oportunidad solicita confirmar la decisión de primera instancia dado que la parte actora, ahora apelante, no logró desvirtuar las conclusiones del a quo relacionadas con la falta de prueba del carácter imprevisible de los hechos generadores del alegado desequilibrio económico del contrato. ANTECEDENTES 1.1. La demanda: El 10 de mayo de 2017, la Sociedad Estructuras Especiales S.A. interpuso medio de control de controversias contractuales a fin de obtener la declaratoria de responsabilidad administrativa del Instituto Nacional de Vías (en adelante INVIAS) con base en el rompimiento del equilibrio económico contractual. Sostuvo que la ejecución de la obra representó un mayor valor del pactado y que este hecho benefició a INVIAS por lo que reclamó pago de $104’553.556 por concepto de obras realizadas de acuerdo con acta de ajustes numeradas 7, 8, 9 y 10 del año 2012. Reclamó el pago de $1.216’901.499 por concepto de lo que denominó sobreacarreo y además que le fuera pagado el mayor tiempo de permanencia de la obra, en la cuantía que determine la respectiva peritación. Indicó que el INVIAS mediante resolución N° 02474 del 26 de mayo de 2011 ordenó la apertura de la licitación pública número LP-SGT-SRN-OI5-2011 con el objeto de contratar, por el sistema de precios unitarios con ajustes, el mejoramiento y mantenimiento carreteras zona norte grupo 1, mejoramiento y mantenimiento de la carretera Cuatro Vientos - Codazzi ruta o 45CS09 en el departamento del Cesar, modulo 1. Narró que el día 23 de agosto de 2011 el INVIAS y la sociedad Estructuras Especiales S.A. suscribieron el Contrato N° 1212 de 2011. Agregó que en cuanto al valor del contrato se pactó la cláusula segunda que consignaba: "[…] El precio de este contrato será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas por los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato, bajo esta condición se estima el precio del presente contrato en la suma de TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS ($3.499.343.049,00) MONEDA CORRIENTE, suma que incluye el IVA […]”. Relató que el plazo del contrato se pactó hasta el 31 de diciembre de 2011 a partir de la orden de iniciación que impartiría el jefe de la Unidad Ejecutora del Instituto. Añadió que, en la cláusula séptima, respecto de las Actas de Obra y ajuste se dijo que: "[…] Acta de obra: Es el documento en el que el contratista y el interventor dejarán consignadas las cantidades de obra realmente ejecutadas durante cada mes. El valor básico del acta será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutada por los precios unitarios estipulados en el formulario de la propuesta del contratista o por los precios acordados para los nuevos ítems que resulten durante el desarrollo del contrato. [...] El interventor podrá en actas posteriores hacer correcciones o modificaciones a cualquiera de las actas anteriores aprobadas por él [...] Ninguna constancia de parte del interventor que o no sea la de recibo definitivo de la totalidad, o de parte de las obras, podrá considerarse como constitutiva de aprobación de algún trabajo u obra. PARAGRAFO: AJUSTES: El contrato de obra se encuentra sujeto a ajustes tomando como base los Índices de Costos de la Construcción Pesada ICCP […]”. Dijo que la forma de pago, cláusula octava, se pactó así: “[…] Las actas de obra deberán presentarse dentro de los cinco (5) días calendario siguientes al mes de ejecución de las obras, EL CONTRATISTA deberá radicar en la dependencia del INSTITUTO las correspondientes facturas de pago, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes al recibo de las actas de obra debidamente aprobadas por EL INSTITUTO, y el INVIAS las pagará dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha de presentación de las mismas o, si a ello hubiere lugar, dentro de los noventa (90) días calendario siguientes a la fecha en que el CONTRA TISTA subsane las glosas que formule. [...] En caso de mora en el pago, el INVIAS reconocerá al CONTRA TISTA un interés moratorio equivalente al interés legal civil vigente sobre el valor histórico actualizado siguiendo el procedimiento descrito en el Decreto 679 de 1994 […]”. Sostuvo que la gestión ambiental se estipuló en la cláusula decimocuarta, parágrafo tercero, así: “[…] El CONTRATISTA es el único responsable de todo lo relacionado con las fuentes de materiales de construcción necesarias para la ejecución de la obra contratada y se obliga a conseguir legal y oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a manejar permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos […] EL CONTRA TISTA se responsabiliza de adelantar los estudios (método de explotación, cantidad requerida, manejo ambiental), delimitación de polígonos, verificación de calidad del material, entre otros, que solicite la autoridad ambiental para la obtención de licencia ambiental de la explotación. Igualmente, la información requerida por la autoridad minera, todo lo cual es responsabilidad del contratista, hasta obtener la licencia y el permiso de explotación requeridos. EL CONTRATISTA debe prever que los precios a reconocer por EL INSTITUTO cubren entre otros todos los costos por evaluación y seguimiento de licencias, autorizaciones, tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue, transporte y descargue. los cuales se acreditarán por medios idóneos para aprobación de la interventoría […]”. Señaló que por causas ajenas al contratista se suscribieron las siguientes prórrogas: Adición N°. 1 prorroga desde 31 de diciembre de 2011 a 09 de abril de 2012; Adición N° 2 prorroga desde 09 de abril de 2012 a 09 de mayo de 2012; Adición No. 3 prorroga desde 09 de mayo de 2012 a 09 de julio de 2012 y Adición No. 4 prorroga desde 09 de julio de 2012 a 23 de agosto de 2012. Agregó que el acta de entrega y recibo definitivo de la obra se firmó el 19 de noviembre de 2012 por el contratista y el interventor y éstos dejaron constancia que las obras pactadas en el Contrato No. 1212 de 2011 fueron entregadas en su totalidad a satisfacción. Afirmó que el acta de liquidación de contrato se suscribió el 26 de febrero de 2015 con salvedades de ambas partes. Dijo que el contratista avisó en varias oportunidades al INVIAS y al interventor sobre la falta de materiales en el radio de los 51 km que había indicado la entidad contratante en los pliegos y los sobrecostos que ello representaba para la obra. Manifestó que informó al interventor, al supervisor y a la entidad contratante, que se había generado un desequilibrio económico del contrato, relacionando el mayor kilometraje que conllevó a un sobreacarreo, teniendo en cuenta que, en el radio de la distancia contemplada por el INVIAS en los pliegos, 51 km, no existía una cantera con las licencias y permisos requeridos para que la extracción legal del material. Explicó que debió acudir a otra fuente para abastecerse de los materiales sin los cuales le era imposible acometer la obra pública, cantera que estaba ubicada a 115 km del centro de gravedad del proyecto. Sostuvo que avisó de los nuevos precios y solicitó el reconocimiento de dichos valores, con lo cual se debe entender que la ahora demandante en varias oportunidades le dio alcance a lo solicitado en la reunión del 03 de julio de 2012, respecto de presentar una solicitud de reconocimiento. Indicó que las Actas de Ajuste números 7 y 8 fueron presentadas es el mes de julio de 2012 y el Acta de Ajuste 9 se radicó el 10 de septiembre de 2012 y de ello se desprendió que no hay duda sobre las obras ejecutadas y contenidas en dichas actas. Añadió que el INVIAS no ejerció las funciones que de Ley le corresponden porque careció de diligencia al momento de proveer con antelación los recursos requeridos para ejecutar el contrato. Relató que la compañía Estructuras Especiales S.A., mediante oficio ESESGT-1212-091 del 20 de agosto de 2013, cuyo asunto era "reclamación por ruptura del equilibrio económico del contrato de obra” radicado bajo el N° 83142 el 26 de agosto de 2013 en el INVIAS, solicitó a dicha entidad que ante la negativa al reconocimiento y pago de las Actas de Ajuste # 7, 8, 9 y 10, las cuales se habían remitido por oficio del 19 de diciembre a la Interventoría, le solicitaba que incluyera dentro del acta de liquidación del contrato, las actas de ajuste pendientes de pago, según la siguiente relación: Acta No. 7 (Mayo), por valor de $14.935.429,57; Acta No. 8 (Junio), por valor de $ 8.227.844,02; Acta No. 9 (Julio) por valor de $47.553.051,14 y Acta No. 10 (Agosto) por valor de $24.571.559,51. Afirmó que tanto el interventor como INVIAS han desconocido las obligaciones que les correspondían, y que también hubo falta de gestión administrativa a efectos de desplegar las actuaciones en apoyo de los rubros que hubiesen respaldado el pago de las Actas en mención. Añadió que la entidad, ahora demandada, no quiso dar solución a las circunstancias planteadas oportunamente por el Contratista en lo que tuvo que ver con la dificultad al momento de la consecución de materiales y el consecuente sobreacarreo. Dijo que, como consecuencia de lo anterior, la ahora demandante no debió recorrer los 15 kilómetros estipulados en la oferta sino 115 kilómetros que habían desde el centro de gravedad del proyecto a la Planta MEGASFALTO S.A, lo que significó que debió recorrer 100 kilómetros de más y si tenemos en cuenta que el material estaba constituido por tres elementos a saber: subbase granular, base granular y mezcla asfáltica mcd2, el valor por M3 de transporte de dichos materiales se incrementó considerablemente. Agregó que los incrementos en cuestión fueron detallados en el Oficio ESESGT-1212-94 dirigido al Subdirector de la Red Nacional de Carreteras del INVIAS, el 2 de diciembre de 2013 y recibido por el INVIAS el 3 de diciembre de 2013, con radicado N° 126082. 1.2. La defensa: El INVIAS dio contestación a la demanda a través de memorial radicado el 13 de febrero de 2019 y se opuso a todas y cada una de las pretensiones de la demanda. Sostuvo que la apropiación de los recursos necesarios para el pago de las obligaciones derivadas de un contrato estatal requiere de la elaboración de estudios previos con la finalidad de determinar con precisión la necesidad pública a satisfacer y el objeto a contratar. Añadió que la elaboración de esos estudios y diseños permiten establecer la viabilidad del proyecto a contratar y que, en este mismo sentido el contratista debió hacer entrega de cada acta parcial en la oportunidad otorgada en el pliego de condiciones y el contrato. Explicó que esa entrega de acta parcial debía hacerla el contratista los 5 primeros días de cada mes, pero no lo hizo, por lo tanto, el presunto sobreacarreo se hizo sin autorización expresa y clara de INVIAS. Afirmó que el contratista no cumplió con las formalidades antes descritas, las cuales son disposiciones normativas que determinan, de acuerdo con el inciso 2° del artículo 3° de la Ley 80 de 1993, comoquiera que los particulares contratistas del estado son colaboradores de la administración. Agregó que este rol de colaborador impone deberes en el cumplimiento del principio de la planeación como poner de presente a la entidad contratante las deficiencias en el cumplimiento de las normas sobre planeación situación que no se presentó en este caso, sino que debió abstenerse de seguir con la obra que no le fue estipulada en el contrato. Por lo expuesto dijo que no puede ahora el contratista pretender el reconocimiento y pago de derechos económicos surgidos con ocasión del contrato por el presunto sobre acarreo, el cual no fue aprobada legalmente, por lo tanto esta situación viola el principio de la planeación, y así las cosas estaríamos frente a una apropiación indebida de los recursos públicos, por cuanto las obras se realizaron en contravía a lo dispuesto por normas imperativas que ordenan que los contratos estatales deben ser adecuadamente planeados. 1.3. Sentencia: Con 24 de abril de 2025 fue proferida la sentencia de primera instancia por parte del Tribunal Administrativo del Cesar, mediante la cual se negaron las pretensiones de la demandada. Sostuvo que el pago del contrato fue pactado a precios unitarios sin fórmula de reajuste, por lo que en principio no podría solicitarse la actualización de precios, toda vez que en los contratos a precios unitarios la obligación de pagar las mayores cantidades de obra le corresponde a la entidad, mientras que el contratista asume, en principio, la ejecución, a los precios propuestos. Dijo que para la prueba del desequilibrio económico se debe acreditar una circunstancia que impactó gravemente los costos pactados, que ella no podía ser prevista razonablemente y que el alza provenga de una circunstancia ajena a las partes. Afirmó en el caso de marras no se está frente a una causa o circunstancias imprevisibles y ajenas a la responsabilidad del contratista, porque los motivos fueron por el acarreo de los materiales y por tanto eran riesgos previsibles a cargo del contratista quien debió tomar las medidas necesarias para su mitigación a fin de garantizar el cumplimiento de sus obligaciones contractuales. Afirmó que el riesgo en mención era previsible, porque un constructor con experiencia debe cumplir con las verificaciones necesarias para garantizar los insumos de la obra y si bien no podía saber que iban a cerrar el lugar de los materiales era su deber prever otras fuentes que le permitieran cumplir sus obligaciones, sin que pueda pretender un reconocimiento ante sus omisiones sobre el particular, porque al consultar los riesgos pactados contractualmente, los pliegos de condiciones y la matriz de riesgos, este riesgo fue asignado al contratista. Indicó que tampoco hay evidencia de que la variación de precios hubiera tenido la gravedad suficiente para causar el desequilibrio de la ecuación financiera del contrato porque si bien en la demanda se habló de una suma de $1.216.901.499,84 millones de pesos en un contrato con precio estimado de $3.499.342.049, lo cierto es que el contratista para calcular esa suma tomó la distancia existente entre la fuente utilizada y el lugar de la obra, cuando debió contarse la distancia entre la consignada en los términos de referencia y la realmente utilizada. Dijo sobre el dictamen pericial que lejos de ser presentado por un ingeniero con conocimientos técnicos sobre las obras y los materiales, o por un economista experto en cálculos financieros y análisis presupuestales o incluso un contador que realizara un análisis contable de la realidad financiera del contrato, el dictamen fue rendido por una profesional del derecho, que obviamente por razones de su profesión carecía de los conocimientos necesarios para rendir esta experticia en particular. Explicó que el dictamen nunca puede versar sobre puntos de derecho en tanto ello justamente corresponde a la labor del juez del proceso. Aclaró que la prueba consistió en recorrer la distancia entre el sitio de la obra y la ubicación de la fuente de donde se extrajeron los materiales para determinar que entre los dos puntos había 91 km y luego se hicieron operaciones matemáticas para establecer la diferencia de precios causadas por la mayor distancia recorrida para el traslado de los materiales y aunque se explicó la metodología utilizada, es claro que para eso no se utilizaron conocimientos técnicos especializados que es una de las características relevantes de un dictamen pericial. Por lo tanto, concluyó sobre la prueba pericial que no puede ser tenida en cuenta porque no presenta una explicación técnica o científica de lo ocurrido y tampoco arroja luces sobre el verdadero debate del proceso, no se analizaron los datos contables del contrato para verificar el desbalance al que alude el demandante. Señaló que al proceso se allegó certificación expedida por el propietario del establecimiento que iba a surtir los materiales donde consta que estuvo cerrado durante un tiempo y adicionalmente se aportó certificación de que los materiales fueron suministrados por un establecimiento MEGASFALTO, ubicado en Valledupar, que según el INVIAS pertenece al mismo contratista, pero ello no fue probado debidamente. Sin embargo, de la inexistencia de otras fuentes para proveer los insumos de la sub base, la base granular y la mezcla densa, sólo se cuenta con lo afirmado por el contratista quien lo infirió con respaldo en los términos de referencia del contrato y lo señalado en el dictamen pericial, pruebas que no ofrecen certeza o convicción suficiente para tener por acreditado tal hecho. Por lo antes dicho resolvió que los argumentos del demandante no están llamados a prosperar. 1.4. Apelación: La demandante Estructuras Especiales S.A radicó escrito de apelación el 15 de mayo de 2025 contra la sentencia de primera instancia emitida por el Tribunal Administrativo del Cesar, basado en los argumentos que se resumen a continuación. Indicó que el Juez natural del contrato está llamado a impartir justicia material impidiendo que el Estado se enriquezca sin causa, a costa de un contratista que pese a las vicisitudes que tuvo que afrontar para poder culminar exitosamente la obra, ve disminuido sin una justa causa su patrimonio, pues si las actas 7 a 10 se justifica que no sean pagadas por haberse presentado presuntamente extemporáneas. Agregó que dicho razonamiento cabría igual para las actas 1 a la 6, las cuales sí fueron pagadas, siendo por tanto esta la instancia propicia para que se evite tamaña injusticia, pues lo que está cobrando, es lo que la misma interventoría acreditó como que los valores contenidos en las actas 7 a la 10 estaban que estaban correctamente calculados y justificados. Sostuvo que para negar el restablecimiento del equilibrio económico del contrato la Sala cuestionó el dictamen pericial, al “[…] indicar es que lejos de ser presentado por un ingeniero con conocimientos técnicos sobre las obras y los materiales, o por un economista experto en cálculos financieros y análisis presupuestales o incluso un contador que realizara un análisis contable de la realidad financiera del contrato, el dictamen fue rendido por una profesional del derecho […]”, no empero habrá de decirse que dicha funcionaria fue designada por el Despacho, y tal como se acreditó en la sustentación del dictamen, se contó con el apoyo de un profesional de la ingeniería civil, sin que hubiese sido objetado por ninguna razón al amparo de la norma, habiéndose allí presentado la explicación técnica de lo ocurrido en el devenir del contrato de obra, arrojando luces sobre lo debatido en el proceso, solo que el Despacho optó por desestimarlo. Señaló que se puede aseverar con solvencia que el riesgo contemplado en el numeral 11 de la matriz de riesgos que hace parte integral de la Licitación LP-SGT-SRN-015-2011 no aplica al caso concreto, al no encajar dentro de las circunstancias fácticas. Añadió que el contratista no está llamado a asumir el riesgo con responsabilidad exclusiva del 100% porque está probado que el desequilibrio contractual afectó al contratista y el interventor del contrato base reconoció el valor de sobreacarreo y lo liquidó en suma de $ 620.208.308,93 valor refrendado por el peritaje practicado en el proceso y desestimado por la primera instancia. 2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. PROBLEMA JURÍDICO El Ministerio Público considera que el problema jurídico consiste en determinar si: ¿Procede revocar la sentencia de primera instancia y en su lugar declarar que el INVIAS es responsable por los perjuicios causados en desarrollo del contrato de obra 1212 de 2011 al no haber reconocido los sobrecostos de la ejecución y no haber adoptado las medidas necesarias para mantener la ecuación económica del acuerdo? 2.2. CASO CONCRETO: NO PROSPERA EL PEDIDO DE LA APELANTE PORQUE ÉSTA NO PROBÓ LA IMPREVISIBILIDAD DE LOS COSTOS Y EN CONSECUENCIA NO PROBÓ EL DESEQUILIBRIO ECONÓMICO DEL CONTRATO El primero de los argumentos de la apelante apunta a que la primera instancia no estudió las pretensiones de cada “modificación contractual” y que estas fueron impuestas de forma unilateral por el INVIAS. Revisado el expediente se encuentra que no hubo modificaciones unilaterales del contrato en los términos señalados por la recurrente y por el contrario se suscribieron por ambas partes, por solicitud de la contratista, prórrogas que extendieron la duración del contrato. Las prórrogas en cuestión fueron: Cada prórroga consignó en la cláusula primera que: Cada una de las prórrogas fueron suscritas por un funcionario de INVIAS y la representante de la empresa contratista, ahora demandante, Estructuras Especiales S.A.. Por lo tanto, dado que no hubo alegaciones relacionadas con un vicio del consentimiento que afectara la suscripción del documento por parte de la ahora apelante, ni prueba que lo avale carecen de fundamento las afirmaciones de imposición de por la fuerza de las prórrogas del contrato. Otro razonamiento del recurrente es que el Tribunal se equivocó al dar importancia a la ausencia de salvedades en la suscripción de las prórrogas antes mencionadas porque lo único que debió llamar su atención era los sobrecostos del acarreo. Tampoco le asiste razón a la apelante en el punto relacionado porque precisamente el tema recurrente en la demanda, tanto en la parte de pretensiones como en toda la narración fáctica, es que INVIAS permitió el desequilibrio económico al no tomar medidas tendientes a restablecerlo cuando tuvo conocimiento de éste. A manera de ejemplo extraemos el ordinal tercero de las pretensiones. De acuerdo con la jurisprudencia, las reclamaciones y salvedades de las contratistas son determinantes a la hora de establecer si el contratista actuó de buena fe durante la ejecución y que él no está emboscando al ente demandado al reclamar en sede jurisdiccional por asuntos no revelados de forma oportuna cuando se estaba desarrollando el objeto contractual. Las salvedades que pueden ser incluidas en los documentos de prórrogas tienen asiento jurídico en lo normado por el artículo 1618 del Código Civil, en tanto señala que, conocida claramente la intención de los contratantes, debe estarse a ella más que a lo literal de las palabras. De tal forma que, tanto el contrato original como sus adicionales, son producto del acuerdo de las partes el criterio hermenéutico impone establecer cuál es realmente la voluntad común y por ello, ante la falta de una prueba indicativa de irregularidades extratextuales que exhiban una discrepancia entre la intención real y el contenido de la prórroga se impone el contenido semántico de las cláusulas. Por lo expuesto, el argumento relacionado por la modificación unilateral del contrato y la imposición por la fuerza del clausulado de las prórrogas no está llamado a prosperar. Otro argumento de la apelante es que lo importante del análisis es el lugar de consecución del material necesario para la obra fijado en la oferta el cual estaba cerrado al momento de iniciar la etapa de ejecución contractual y que tanto el contratante como el interventor autorizaron que la contratista buscara el material de cantera “en un lugar más lejano”. En los términos exactos del apelante: “[…] la consecución del material sin el cual no era posible acometer con éxito la obra pública, por causas completamente ajenas, impredecibles e irresistibles al CONTRATISTA, dicho lugar al momento de iniciar la obra estuvo CERRADO, debiendo buscar otro alterno, lo que le causó no solo la mayor permanencia en la obra debido a que dicha decisión tuvo que pasar por el TAMIZ de la INTERVENTORÍA y el INVÍAS quienes autorizaron adquirir el material en otro sitio distinto y distante al propuesto -se repite- por el INVIAS, sin que el CONTRATISTA hubiese podido proponer de entrada otro fuera del radio propuesto, pues su propuesta en tal caso excedería el presupuesto oficial, el cual se basó en que la adquisición del material se haría en ese sitio y no otro […]”. Sobre el deber de preservación de la juridicidad del contrato se debe decir que éste compete a ambas partes y no sólo a la parte contratante. Así, se logrará un beneficio de interés general cuando el ánimo de lucro que mueve a los contratistas cumplidos se vea recompensado con una remuneración razonable, proporcional y justa. Para el apelante, se atentó contra su vocación de utilidad contractual cuando el INVIAS autorizó la consecución del material de cantera en un sitio distinto al señalado en la oferta durante el proceso licitatorio. Revisado el acervo probatorio no se halló evidencia de la supuesta autorización emanada del INVIAS o la interventoría y en consecuencia ese argumento no debe prosperar. En lo que respecta a los argumentos de desequilibrio económico se tiene que, en efecto, una modificación significativa de las condiciones primigenias del contrato puede afectar la entrega de unidades y generar dos consecuencias jurídicas: i) la imposibilidad de cumplimiento en virtud de una fuerza mayor o caso fortuito y, por lo tanto, la exculpación, o, ii) el desequilibrio financiero o económico del contrato que suponga una revisión de este. También podría darse que el acuerdo se vea alterado por hechos imputables a la administración contratante, y aun así dicha circunstancia no conlleve la configuración de una responsabilidad contractual del Estado. Por lo anterior, el elemento de la imprevisibilidad de circunstancias que supuestamente alteraron los indicies de la ejecución en las unidades de entrega es fundamental para establecer la ocurrencia del desequilibrio económico. El principio del equilibrio financiero del contrato busca el mantenimiento de una equivalencia prestacional en la que confluyen derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, de tal suerte que, en caso de un rompimiento de la equivalencia aludida por causas sobrevinientes, imprevisibles y no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán las medidas necesarias para su restablecimiento. Pero esta correlación de condiciones iniciales, en el sub examine, debió extenderse en el tiempo y es revisable en distintos momentos de conformidad con el ordenamiento civil y comercial. Basado en lo expuesto el desequilibrio económico y financiero del contrato puede tener origen en: (i) las situaciones originadas en factores externos a las partes del contrato que se enmarquen en la denominada “teoría de la imprevisión”; (ii) los actos unilaterales de los entes contratantes que modifiquen las condiciones del contrato “ius variandi”; y (iii) los actos generales proferidos por el ente contratante en ejercicio de sus funciones administrativas que terminan afectando el contrato “hecho del príncipe”. Pero en sub examine no hay prueba de la anormalidad del sobrecosto para la consecución del material de cantera, sino que aparece dicha situación como un riesgo propio de los contratos de obra como el estudiado. Ha considerado la jurisprudencia que se requiere que el fenómeno anormal no se hubiere originado dentro del margen de riesgo propio del contrato, ni bajo las circunstancias previstas por las partes al distribuir los riesgos del objeto contractual, en los actos antecedentes o en las cláusulas del negocio jurídico. El primero de los contextos de previsión que se deben revisar es lo consignado en la matriz de riesgos, dada la referencia reiterada del recurrente a la variación de circunstancias resultante de la comparación entre lo ofertado y el desarrollo de la ejecución contractual. El riesgo por acarreo de material de cantera esencial para la realización de una obra civil se clasifica como logístico y operacional, verificable para el caso en comento, a partir de las condiciones específicas de la ejecución del contrato de obra. El apelante arguyó en su favor que el riesgo especifico de acarreo o transporte de materiales no se encontraba enlistado en la matriz de riesgo y en consecuencia eran desacertadas las conclusiones de la primera instancia relativas al riesgo y la falta de prueba de la imprevisibilidad. En palabras del apelante: “[…] podemos aseverar con suficiente solvencia que el riesgo contemplado en el numeral 11 del (sic) la matriz de riesgos que hace parte integral de la Licitación LP-SGT-SRN-015-2011 no aplica al caso concreto, al no encajar dentro de la (sic) circunstancias fácticas; por tal razón el contratista no está llamado a asumir el riesgo con responsabilidad exclusiva del 100% […]”. La conclusión del apelante es errada dado que el Tribunal Administrativo del Cesar determinó que no hubo desequilibrio económico basado en que no se cumplió el requisito de la imprevisibilidad. En los términos de la sentencia sometida a censura: “[…] un constructor con experiencia debe cumplir con las verificaciones necesarias para garantizar los insumos de la obra y si bien no podía saber que iban a cerrar el lugar de los materiales era su deber prever otras fuentes que le permitieran cumplir sus obligaciones […]”. La matriz de riesgo determinaba en su numeral 11 que aquel representado por la modificación o cambios en la fuente de materiales propuestas por el contratista estaría radicado en cabeza del oferente dado que éste tenía la carga de verificar las distancias de los acarreos a través de la verificación de las fuentes en cuestión. La asunción de riesgos se acordó bajo los siguientes términos: De tal suerte que el fundamento de la negativa no tuvo ninguna relación son la inclusión del riesgo logístico en el listado de la matriz, sino que estuvo afincado en equivocada justificación de las pretensiones porque las dificultades operativas en el transporte de materiales e insumos se considera un riesgo previsible que debe ser asumido por el contratista. El contratista siempre estará expuesto a los riesgos de la actividad contractual y la consumación de ellos, en muchos de los casos, cuando le haya correspondido preverlos deberán ser asumidos por él. Se debe tener claro que no basta con la existencia de una inconformidad del contratista, relacionada con expectativas incumplidas respecto de los resultados económicos del contrato, para que ello pueda ser considerado un rompimiento del equilibrio económico. Las fuentes de materiales se regularon a través de la cláusula décima cuarta, parágrafo tercero y se dijo de manera diáfana que el contratista se encargaba a su cuenta y riesgo de la consecución de los materiales. El adecuado manejo del riesgo está directamente relacionado con el principio de continuidad del servicio público, porque los contratos estatales no pueden paralizarse a la primera dificultad, sino que deben ejecutarse con la debida previsión de circunstancias adversas y sus posibles soluciones. Las soluciones serán entonces medidas tendientes a garantizar que la igualdad existente en términos económicos al tiempo de su celebración a pesar de los inconvenientes que se puedan presentar y se conserve a pesar causas sobrevinientes. Se debe tener claro que no basta con la existencia de una inconformidad del contratista, relacionada con expectativas incumplidas con los resultados económicos del contrato, porque para que ello pueda ser considerado un rompimiento del equilibrio económico se debe probar un sobrecosto que no permita la obtención de la utilidad esperada. Tanto el contratante público como su contratista tienen el deber de hacer una representación honesta de sus expectativas prestacionales al momento de suscribir el contrato y, con la misma transparencia, les corresponderá propender por el mantenimiento de la correlación de aquellos cálculos durante toda la vigencia de contrato. Por lo expuesto no está llamado a prosperar el argumento de anormalidad de la circunstancia detonante del supuesto desequilibrios dado que quedó claro en el proceso que la parte apelante estaba en mejor posición para evaluar, controlar y administrar el riesgo, por consiguiente, debió asumirlo. Como argumentos adicionales de la apelación, en esta se dijo que se presentó un enriquecimiento sin causa para INVIAS, pero este razonamiento tampoco se ajusta a la realidad. En los fundamentos de derecho de la demanda y en el recurso de apelación la parte actora afirmó que se configuró un enriquecimiento sin justa causa con ocasión de la falta de pago de lo que según su criterio constituyen sobrecostos de la obra. El anterior pedido es improcedente por cuanto la figura en cita es de carácter excepcional, y extraordinaria, solo es viable cuando no existe una causa contractual o legal que justifique el incremento patrimonial de una de las partes en detrimento de la otra, pero ese no es el caso. En efecto, la parte apelante busca el reconocimiento de costos asociado a una obra ejecutada en vigencia de un contrato válidamente celebrado y, por lo tanto, al tratarse de prestaciones pactadas, el objeto ejecutado correspondió al propuesto, planeado y contratado, descartando la inexistencia de una causa jurídica válida como presupuesto de la actio in rem verso. JULIÁN FERNÁNDEZ Procurador Delegado con Funciones Mixtas 6: para la Conciliación Administrativa JAF/HWMP

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