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ACCION DE NULIDAD ELECTORAL-Concejo Municipal de Pereira eligió a como personero municipal para el período 2024–2028, mediante concurso de méritos, pudiendo contratar universidades
ACCION DE NULIDAD ELECTORAL-No puede entrar a revisar la validez del contrato estatal mediante el cual se designó a la entidad operadora del concurso
CONCEPTO DEL MINISTERIO PUBLICO-Acto administrativo de contenido electoral emitido por el Concejo Municipal de Pereira, Risaralda, mediante el cual se eligió como personero de ese ente territorial para el período 2024-2028
Bogotá D.C.,15 de julio de 2025
Concepto No. 2025-07-194
Doctor
[NOMBRE TACHADO] Ponente
Consejo de Estado-Sección Quinta
E. S. D.
RADICACIÓN: 66001-23-33-000-2024-00334-02
MEDIO DE CONTROL: NULIDAD ELECTORAL
DEMANDANTES: MANUEL RICARDO [NOMBRE TACHADO] Y LAURA GISELLE STEPHANNY QUEVEDO SANTOFIMIO.
DEMANDADO: [NOMBRE TACHADO] - PERSONERO DEL MUNICIPIO DE PEREIRA, RISARALDA.
ASUNTO DE INTERÉS: FALTA DE IDONEIDAD Y EXPERIENCIA DE LA ENTIDAD QUE DESARROLLÓ EL CONCURSO DE MÉRITOS PARA LA ESCOGENCIA DE PERSONERO MUNICIPAL.
Respetado magistrado:
Dentro del término de traslado para rendir pronunciamiento, como Agente del Ministerio Público ante esa Sección, presento concepto en el proceso de la referencia.
ANTECEDENTES
Hechos
Previa autorización para el desarrollo del concurso de méritos para la selección del personero municipal de Pereira, Risaralda, se adelantaron dos procesos de selección por concurso de méritos con el fin de escoger a la entidad especializada que adelantara tal trámite de escogencia, los cuales fueron declarados desiertos, circunstancia que conllevó a la expedición de la Resolución 279 de 2023, mediante la cual se autorizó adelantar un procedimiento por contratación directa con la Universidad del Atlántico, el cual culminó con la celebración del contrato interadministrativo 01 de 2023, cuyo objeto fue: «Elaborar las pruebas y diseñar el modelo de evaluación para la realización del concurso público de méritos para la elección del personero municipal para el periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2024 y el 29 de febrero de 2028, que elegirá el Concejo Municipal de Pereira».
Asimismo, mediante las resoluciones 301, 312 y 320 de 2023, se convocó y reglamentó el concurso público de méritos, publicándose el 19 de diciembre de esa anualidad la lista definitiva de admitidos y no admitidos, y citándose para la realización de la prueba escrita el día veintiuno del mismo mes, cuyos resultados se publicaron de forma definitiva el 29 de diciembre de 2023.
Una vez agotadas las anteriores etapas, y luego de varias suspensiones con ocasión de algunas acciones de tutela incoadas, el 8 de marzo de 2024 se conformó la lista de elegibles, realizándose la elección de personero el 2 de julio de 2024, designándose al señor [NOMBRE TACHADO] para el periodo 2024–2028, decisión que fue protocolizada mediante Acta n.º 096 de la misma fecha.
Designado [NOMBRE TACHADO] como personero de Pereira, el demandante Manuel Ricardo [NOMBRE TACHADO], en ejercicio del medio de control de nulidad electoral, controvirtió la legalidad de dicho acto de nombramiento, pretendiendo que, además de su anulación, se ordene la realización de un nuevo concurso de méritos para la escogencia del agente del Ministerio Público en ese municipio. Igualmente, solicitó que se inaplicaran las siguientes resoluciones.:
NUMERO DE RESOLUCIÓN
OBJETO
Resolución No. 301 de fecha 27 de noviembre de 2023
«Por medio de la cual, se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de Personero(a) Municipal de Pereira - Risaralda para el Periodo Institucional 2024 – 2028»
Resolución No. 312 de fecha 06 de diciembre de 2023
«Por la cual se modifica la Resolución n.º 301 del 27 de noviembre de 2023, «Por medio de la cual se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Pereira, periodo 2024–2028»
Resolución No. 320 de fecha 13 de diciembre de 2023
«Por la cual se modifica la Resolución n.º 301 del 27 de noviembre de 2023, por medio de la cual se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Pereira, periodo 2024–2028»
Resolución No. 01 de fecha 04 de enero de 2024
«Por medio de la cual se suspende el cronograma contenido dentro de la resolución n° 320 del 6 de diciembre de 2023 "por la cual se modifica la resolución n° 301 del 27 de noviembre de 2023 "por medio de la cual se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Pereira periodo 2024-2028»
Resolución No. 010 de fecha 17 de enero de 2024
«Por medio de la cual se reinicia el cronograma contenido dentro de la resolución n° 320 del 6 de diciembre de 2023 "por la cual se modifica la resolución n° 301 del 27 de noviembre de 2023 "por medio de la cual se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Pereira periodo 2024- 2028»
Resolución No. 18 de fecha 25 de enero de 2024
«Por medio de la cual se suspende el cronograma contenido dentro de la resolución no 10 del 17 de enero de 2.024, que a su vez modificó la resolución 320 del 6 de diciembre de 2.023, que modificaba la resolución 301 de 27 de noviembre de 2023 "por medio de la cual se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Pereira periodo 2024-2028»
Resolución No. 30 de fecha 05 de febrero de 2024
«Por medio de la cual se reinicia el cronograma contenido dentro de la resolución no 10 del 17 de enero de 2.024, que a su vez modificó la resolución 320 del 6 de diciembre de 2.023, que modificaba la resolución 301 de 27 de noviembre de 2023 "por medio de la cual se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Pereira periodo 2024 - 2028»
Resolución No. 039 de fecha 14 de febrero de 2024
«Por medio de la cual se suspende el cronograma contenido dentro de la resolución no 30 del 5 de febrero de 2.024 por la cual se daba continuidad a la resolución 301 de 27 de noviembre de 2023 "por medio de la cual se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Pereira periodo 2024-2028»
Resolución No. 046 de fecha 22 de febrero de 2024
Por medio de la cual se reinicia el cronograma contenido en la resolución 30 del 05 de febrero de 2024, la cual modificó la resolución no 10 del 17 de enero de 2.024, que a su vez modificó la resolución 320 del 6 de diciembre de 2.023, que modificaba la resolución 301 de 27 de noviembre de 2023 "por medio de la cual se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Pereira periodo 2024-2028»
Resolución No. 051 de fecha 23 de febrero de 2024
«Por medio de la cual se suspende el cronograma contenido dentro de la Resolución n.º 046 del 22 de febrero de 2024, por la cual se daba continuidad a la Resolución 301 del 27 de noviembre de 2023, «Por medio de la cual se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Pereira, periodo 2024–2028»
Resolución No. 056 de fecha 29 de febrero de 2024
«Por medio de la cual se nombra personero municipal encargado mientras se suple el cargo definitivo»
Resolución No. 061 de fecha 08 de marzo de 2024
«Por medio de la cual se reinicia el cronograma contenido dentro de la Resolución n.º 046 del 22 de febrero de 2024, que daba continuidad a la Resolución 301 del 27 de noviembre de 2023, «Por medio de la cual se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Pereira, periodo 2024–2028»
Resolución No. 084 de fecha 21 de marzo de 2024
«Por medio de la cual se fija fecha para el nombramiento del personero municipal de Pereira, periodo 2024–2028»
Resolución No. 090 de fecha 04 de abril de 2024
«Por medio de la cual se suspende el cronograma contenido dentro de la Resolución n.º 061 del 8 de marzo de 2024, el cual había reiniciado la Resolución n.º 046 del 22 de febrero, por la cual se daba continuidad a la Resolución 301 del 27 de noviembre de 2023, «Por medio de la cual se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Pereira, periodo 2024–2028»
Resolución No. 100 de fecha 30 de abril de 2024
«Por medio de la cual se fija fecha para el nombramiento y posesión del personero municipal de Pereira, periodo 2024–2028»
Resolución No. 108 de fecha 07 de mayo de 2024
«Por medio de la cual se suspende el cronograma contenido dentro de la Resolución n.º 100 del 30 de abril de 2024, por la cual se daba continuidad a la Resolución 301 del 27 de noviembre de 2023, «Por medio de la cual se convoca y reglamenta el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Pereira, periodo 2024–2028»
Resolución No. 154 de fecha 28 de junio de 2024
«Por medio de la cual se reanuda el procedimiento y se fija fecha para el nombramiento y posesión del personero municipal de Pereira, periodo 2024–2028.»
Tabla número 1.
Fallo de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Risaralda, en sentencia del 20 de mayo de 2025, no accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad de la designación como personero municipal de Pereira, Risaralda, para el período 2024–2028, al considerar que los argumentos esgrimidos por el demandante carecían de vocación de prosperidad.
Fijó el problema jurídico en los siguientes términos:
«Se debe determinar si hay lugar a declarar la nulidad del acto de elección del señor [NOMBRE TACHADO], como personero del municipio de Pereira periodo 2024-2028, contenido en el Acta de Sesión 096 del 2 de julio de 2024, suscrito por la mesa directiva del Concejo Municipal de Pereira, con base en los vicios de nulidad anteriormente descritos o, como lo sostiene el demandado, no se encuentran debidamente probadas dichas causales, por lo que se debe declarar la legalidad de la elección.»
Antes de dar resolución al anterior interrogante, abordó lo relacionado con la función electoral, indicando que esta constituye el objeto de estudio del orden jurídico homónimo y que desarrolla el principio constitucional de representación política, propio de las democracias representativas como la colombiana. Igualmente, señaló que tanto a nivel interno como en el ámbito convencional se ha reconocido el carácter fundamental de los derechos políticos, dada su estrecha relación con otras garantías como la libertad de expresión, de reunión y de asociación, las cuales permiten el adecuado funcionamiento del «juego democrático».
Puntualizó que la ciudadanía puede acudir al mecanismo de nulidad electoral previsto en el artículo 139 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- para cuestionar no solo los actos de elección por voto popular, sino también los actos de llamamiento, de nombramiento y los de elección por cuerpos colegiados. Agregó que existe una distinción entre los actos electorales propiamente dichos y los actos administrativos de contenido electoral, en tanto estos últimos constituyen desarrollo de la función administrativa -destacándose dentro de ellos los actos de nombramiento-, pero comprometen derechos de contenido electoral relacionados con el acceso al ejercicio de funciones y cargos públicos. Manifestó que la garantía de ingreso al servicio público es una dimensión de los derechos políticos, debiéndose garantizar la participación en igualdad de condiciones para su acceso.
Seguidamente, detalló lo relacionado con el marco normativo y jurisprudencial aplicable a la escogencia de personeros, aludiendo a que dicha potestad recae en los concejos municipales y distritales, en virtud de lo dispuesto en el artículo 313, numeral 8, de la Constitución Política. Competencia que fue desarrollada por la ley 136 de 1994 y las modificaciones introducidas por la ley 1551 de 2012, consagrándose en este último instrumento el deber de adelantar un concurso de méritos para su selección.
Asimismo, indicó cada una de las etapas para el desarrollo del concurso, y explicó que, por delegación contractual, dicho proceso puede ser efectuado por entidades especializadas, conforme a lo reglamentado en el Decreto 1083 de 2015. Añadió, frente a esta tipología de procesos, que la constitucionalidad de los concursos de méritos fue ratificada mediante la declaratoria de exequibilidad efectuada por la Corte Constitucional en la sentencia C-105 de 2013.
En esa línea, mencionó las causales de inhabilidad para el ejercicio del cargo de personero previstas en el artículo 174 de la ley 136 de 1994, las cuales corresponden a: a) estar incurso en las causales de inhabilidad establecidas para el alcalde municipal, en lo que le sea aplicable; b) haber ocupado, durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio; c) haber sido condenado, en cualquier época, a pena privativa de la libertad -excepto por delitos políticos o culposos-; d) haber sido sancionado disciplinariamente por faltas a la ética profesional en cualquier tiempo; e) hallarse en interdicción judicial; f) ser pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil, o tener vínculos por matrimonio o unión permanente con los concejales que intervienen en su elección, con el alcalde o con el procurador departamental; g) haber intervenido, durante el año anterior a su elección, en la celebración de contratos con entidades públicas en interés propio o en el de terceros, o haber celebrado -por sí o por interpuesta persona- contrato de cualquier naturaleza con entidades u organismos del sector central o descentralizado de cualquier nivel administrativo que deba ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio; y h) haber sido representante legal de entidades que administren tributos o contribuciones parafiscales en el municipio dentro de los tres meses anteriores a su elección.
Con relación a ellas, indicó que si bien la prevista en el literal a) remite a las inhabilidades estipuladas para los mandatarios municipales, lo cierto es que no es dable efectuar una interpretación extensiva de estas, en tanto dichos instrumentos -dado su carácter limitativo de derechos- son de interpretación restrictiva, no pudiendo aplicarse, por consiguiente, las inhabilidades previstas en los numerales 2 y 5 del artículo 95 de la ley 136 de 1994, pues la prohibición de ocupar previamente un determinado cargo, en el caso de los personeros, se consagra expresamente en el literal b) del mencionado artículo 174.
Descendiendo al caso en concreto, determinó que, si bien se reprochó, como vicio para anular la elección del señor [NOMBRE TACHADO], la presunta inhabilidad en que pudo incurrir la entonces candidata, señora [NOMBRE TACHADO], al aspirar a ocupar el cargo de personera municipal de Pereira para el periodo 2024-2028, ejerciendo tal cargo para el momento de su postulación, lo cierto es que, al margen de que el accionante no demostró tal afirmación –no allegando como soporte el acto por el cual se nombró a esa aspirante como agente del Ministerio Público–, analizadas las causales de inhabilidad de personeros, la consagrada en el literal b) hace referencia únicamente a cargos o empleos en la administración central o descentralizada de la respectiva entidad territorial, no haciendo las personerías parte de estas. Igualmente, descartó el reparo de que resultara irregular la reelección en el cargo de personeros, pues tal situación no se encuentra expresamente prohibida por el ordenamiento jurídico.
De otro lado, desestimó la supuesta anomalía relativa a la participación, estando inhabilitado, del señor [NOMBRE TACHADO] el proceso de selección de méritos, pues, aun cuando se encontraba sancionado disciplinariamente por la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y se allegó el certificado de antecedentes correspondiente, no se suministró el respectivo fallo. Igualmente, no demostró el accionante la incidencia que tal acontecimiento produjo dentro del trámite de elección de [NOMBRE TACHADO], ni cómo tal situación viciaba la legalidad de la elección de este último.
A su vez, descartó la pretensión de que se declarara la nulidad del acto de nombramiento del personero accionado por estar presuntamente incurso en una inhabilidad, al haberse desempeñado como procurador provincial de instrucción de Pereira entre el 16 de noviembre de 2023 y el 5 de marzo de 2024. Lo anterior, en tanto que, a pesar de que no se indicó ninguna de las causales de inhabilitación previstas para los agentes del Ministerio Público, se tiene que ninguna de ellas contempla como supuesto el haber desempeñado cargos dentro de la estructura de la Procuraduría General de la Nación -PGN-, censurando únicamente haber laborado en el sector central y distrital de la administración municipal o distrital, no pudiendo aplicarse por extensión las inhabilidades previstas en los numerales 2 y 5 del artículo 95 de la ley 136 de 1994.
De igual manera, no dio prosperidad al argumento de que [NOMBRE TACHADO] haya incurrido en un conflicto de interés por no haberse declarado impedido tras emitir orientaciones sobre cómo desarrollar el concurso de méritos en cumplimiento de la Directriz 001 del 27 de enero de 2023 proferida por la -PGN-, en razón a que no existió medio de prueba que acreditara dicha directriz. Además, no quedó demostrado que dentro de las funciones que ejerció como procurador provincial estuviera la de controlar el proceso de selección meritocrático adelantado por el Concejo Municipal de Pereira, ni que hubiera existido un acto de delegación en ese sentido desde el sector central de dicho ente de control.
En cuanto a los supuestos vicios existentes por las irregularidades en la etapa precontractual, en el modo de selección al que acudió el órgano colegiado municipal para contratar a la Universidad del Atlántico, así como en la eliminación de requisitos que se habían previsto en los dos procesos de selección previos que se declararon desiertos, y en las presuntas irregularidades en la fase contractual, arguyó que tales razonamientos no podían ser desatados por el juez electoral, correspondiendo su estudio a la jurisdicción de lo contencioso administrativo -pero en su especialidad contractual-, pues es a los jueces que conocen sobre estos tópicos a quienes les corresponde analizar la legalidad de los negocios jurídicos estatales.
Igualmente, descartó el Tribunal de Conocimiento el argumento respecto a la aparente ilegalidad de las resoluciones 301, 312 y 320 de 2023 -correspondientes a los actos de convocatoria y sus modificaciones- por haberse emitido de forma irregular y con falta de competencia, al no contar con la firma de la totalidad de los integrantes de la mesa directiva del Concejo Municipal de Pereira. Lo anterior, por cuanto, al enervarse el medio de control de nulidad electoral, debe señalarse la incidencia del vicio alegado -lo cual no sucedió en relación con este cuestionamiento-. En ese sentido, determinó que el señor [NOMBRE TACHADO] -quien se desempeñaba como primer vicepresidente- se declaró impedido desde el inicio del procedimiento de selección del personero, lo que justificó la no suscripción de tales actos administrativos por su parte.
Por otra parte, no atendió el razonamiento de que, con la convocatoria efectuada, no se respetó lo previsto en el parágrafo del artículo 2.2.6.7 del Decreto 1083 de 2015, respecto al término de inscripción de cinco días, a raíz de que el procedimiento de selección de personero es un trámite especial, el cual faculta a los cabildos municipales o distritales a reglamentar los términos de inscripción.
En lo concerniente a las anomalías consistentes en que se resolvieron solicitudes de exclusión, recusación y recursos con posterioridad al nombramiento del personero municipal de Pereira, acreditó que no existió ninguna solicitud ulterior a este hito fáctico. En esa línea, tampoco se dio prosperidad al planteamiento de que se vulneró el principio de publicidad al no divulgarse en la página web del Concejo Municipal las actas de elección y posesión de [NOMBRE TACHADO], por cuanto, si bien no se difundieron el mismo día, sí se hicieron públicas posteriormente, informándose oportunamente a la comunidad.
Respecto del presunto incumplimiento de la Directiva 001 del 27 de enero de 2023, que el accionante afirmó con fundamento en la inexistencia de cláusulas en el contrato estatal suscrito con la Universidad del Atlántico o en las reglas de la convocatoria relativas a la reserva de las preguntas, advierte que, si bien no se estableció un protocolo específico para las pruebas escritas, lo cierto es que no se presentaron reclamaciones por fraude ni por manipulación de resultados, no configurándose vulneración a los principios de objetividad, transparencia ni cadena de custodia.
Por último, no acogió el reproche según el cual se habrían variado las reglas de la entrevista con anterioridad a su realización por haberse remitido una guía para su preparación, pues tal alegación fue derruida al establecerse que dicha guía no resulta contraria a los criterios fijados en la convocatoria. Asimismo, descartó que el demandado no hubiese efectuado su exposición respecto de su plan estratégico de acción, así como que se hubiesen presentado cambios o alteraciones en los ítems a evaluar con posterioridad a la realización de la prueba de entrevista. Igualmente, concluyó que no existió arbitrariedad en la elección del personero demandado, por cuanto la subjetividad es un elemento inherente a los procesos de entrevista, sin que ello implique la nulidad del acto de contenido electoral.
A la luz de lo expuesto, no otorgó prosperidad a las pretensiones de la demanda incoada, determinándose la legalidad del acta por la cual resultó electo [NOMBRE TACHADO] y de las resoluciones que convocaron al proceso de elección para el cargo de personero, correspondiente al periodo comprendido entre 2024 y 2028.
1.3. Recurso de apelación
Desvirtuados los planteamientos esgrimidos en el escrito de demanda por la autoridad de primera instancia, el accionante Manuel Ricardo [NOMBRE TACHADO] interpuso recurso de apelación contra el fallo de primera instancia, pretendiendo que se revoque y se declare la nulidad de la elección del señor [NOMBRE TACHADO].
Reprochó el apelante que el Tribunal de Conocimiento incurrió, al emitir la decisión del 20 de mayo de 2025, en errores de derecho, omisiones valorativas y falacias argumentativas que desconocen el «análisis de legalidad». Como desarrollo de las presuntas falacias obrantes en la decisión impugnada, manifestó que convergieron varias de ellas, siendo la primera la falacia de irrelevancia normativa o «ignoratio elenchi», la cual se habría estructurado al omitirse pronunciamiento respecto de la aparente inhabilidad en la que estaría incurso el personero demandado, en tanto ejerció como autoridad administrativa al desempeñarse como procurador provincial y emitir directrices respecto del proceso en el cual terminó inscribiéndose.
Sobre el particular, manifestó que deben aplicarse las decisiones emitidas por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 17 de julio de 2003 y el 20 de octubre de 2016, en el marco de los radicados 25000-23-24-000-2002-0259-01 y 11001-03-28-000-2016-00063-00, respectivamente, en las que se definió que el ejercicio de autoridad administrativa consiste en «imponer decisiones obligatorias a los ciudadanos o a otros órganos del Estado, influir sobre sus actos u orientarlos, ya sea mediante órdenes, recomendaciones o actos administrativos» y, además, cuando el funcionario «incluso en tareas preventivas, orienta, fiscaliza, recomienda o instruye de manera vinculante o determinante para otros órganos del Estado o para la comunidad». Circunstancias que -a criterio del apelante- se habrían configurado en el caso concreto, en tanto el accionado, en su calidad de procurador provincial, emitió recomendaciones, participó en la vigilancia del concurso, y determinó condiciones y cronogramas, incurriendo así en la prohibición prevista en el artículo 174 de la ley 136 de 1994.
Añadió que también se configuró una falacia de formalismo legal, al minimizarse el impacto de la falta de firma del primer vicepresidente en resoluciones que consideró «claves», desconociendo que se trataba de actos administrativos que requerían la voluntad unánime de todos los integrantes de la mesa directiva. En ese mismo sentido, afirmó que igualmente se incurrió en una «generalización apresurada del contrato estatal», al declararse su legalidad sin valorar la omisión de requisitos esenciales ni el exceso de funciones asumidas por el operador. Asimismo, sostuvo que se presentó una irregularidad al contratar a la Universidad del Atlántico mediante el mecanismo de contratación directa, cuando la normativa exige que dicho procedimiento se adelante por medio de concurso de méritos.
De otro lado, reprochó múltiples irregularidades acaecidas en el proceso de selección por el cual terminó elegido el accionado. Al respecto, cuestionó que se hayan «mantenido» candidatos inhabilitados, en contravía de lo dispuesto en el mencionado artículo 174. Complementó sus argumentos de censura indicando que el proceso fue instrumentalizado por parte del Concejo Municipal de Pereira para favorecer a un determinado candidato, desconociendo los principios de imparcialidad y transparencia, así como las normas sobre inhabilidades y conflicto de intereses, situación que -según afirmó- se acreditaría con las grabaciones de las sesiones y las intervenciones de los concejales que desestimaron las inhabilidades propuestas.
Manifestó que se presentaron irregularidades en la etapa de entrevista, toda vez que no se empleó un banco estandarizado de preguntas ni se aplicaron criterios objetivos de calificación, sin que existiera un protocolo uniforme para su desarrollo. Asimismo, sostuvo que se vulneró el principio de publicidad, dado que no se permitió el acceso a las actas de elección ni a las resoluciones mediante las cuales se resolvieron las recusaciones presentadas por la ciudadanía, que en su criterio, no fueron decididas con anterioridad a la elección. Finalmente, alegó que no existieron garantías de objetividad en la custodia de las pruebas escritas practicadas.
En ese orden de ideas, solicitó, a modo de conclusión, que se revocara la decisión judicial impugnada, debiéndose acceder a las pretensiones de la demanda y declarar la nulidad del acto por el cual se designó al señor [NOMBRE TACHADO] como personero municipal de Pereira, Risaralda, para el periodo 2024–2028.
CONSIDERACIONES DE LA PROCURADURÍA SÉPTIMA DELEGADA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
2.1. Problema jurídico
Corresponde a la Sección Quinta del Consejo de Estado determinar si confirma o revoca la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda, mediante la cual no se accedió a las pretensiones de la demanda de nulidad de la elección de [NOMBRE TACHADO] como personero municipal de Pereira, Risaralda, para el período 2024–2028, al no encontrarse ninguna irregularidad con la entidad suficiente para anular el Acta n.º 096 del 2 de julio de 2024. Para ello, el Ministerio Público procederá a pronunciarse sobre cada uno de los argumentos de los apelantes en puntos de orden.
2.1.1. Sobre la elección de personeros por los concejos municipales o distritales y su régimen de inhabilidades
En razón a que la presente controversia versa sobre la legalidad del acto administrativo mediante el cual se eligió al accionado como personero municipal, resulta pertinente hacer referencia tanto al fundamento constitucional que respalda la provisión de dicho cargo, como al procedimiento previsto para su designación, para luego sí desatar los argumentos de censura elevados por los impugnantes.
Bajo ese derrotero, se tiene que el Constituyente, con el propósito de respetar la autonomía de las entidades territoriales, asignó a los concejos municipales la labor de escoger al respectivo personero municipal, funcionario que, a nivel territorial, ejerce las funciones del Ministerio Público, entre ellas la guarda y protección de los derechos humanos, la defensa del interés público y la vigilancia de la conducta oficial de quienes desempeñan funciones públicas, debiendo para el cumplimiento de estos fines velar por la observancia de la Constitución, ejercer la acción disciplinaria cuando tenga conocimiento de comportamientos irregulares por parte de servidores públicos municipales o distritales, intervenir ante las autoridades judiciales y de policía, así como interponer las acciones constitucionales a que haya lugar.
Resultan de tal importancia las funciones generales asignadas a la institución de las personerías, que el período institucional de sus titulares es de cuatro años, debiendo ser elegidos, previo concurso de méritos, dentro de los diez primeros días del mes de enero en que se inicia el período constitucional de los órganos deliberantes municipales. Asimismo, la realización de un procedimiento meritocrático responde a la necesidad de garantizar, además de la participación ciudadana en la toma de decisiones administrativas que les repercutan, que quien resulte designado haya sido elegido de forma imparcial, objetiva y con soporte en su experiencia académica y profesional.
Ahora bien, los parámetros para el desarrollo del concurso público y abierto de méritos se encuentran previstos en el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, instrumento normativo que compiló el Decreto 2485 de 2014, reglamentó la Ley 1551 de 2012 y habilitó a los concejos municipales o distritales para adelantar dicho trámite a través de: i) universidades, ii) instituciones de educación superior o iii) entidades especializadas en procesos de selección de personal. Es decir, es el propio orden jurídico el que faculta a estas corporaciones político-administrativas para contratar, mediante alguno de los procedimientos de selección previstos, la realización del proceso de méritos con el apoyo de dichos operadores externos.
Frente al criterio de especialización, la Sala Electoral del Consejo de Estado ha sostenido, al interpretar el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015, que la entidad que asesora el concurso de méritos debe tener expresamente contemplado en su objeto social la realización, el apoyo o la gestión de procesos de selección de personal. Adicionalmente, advirtió que la simple referencia a actividades relacionadas con el suministro de talento humano no resulta equiparable a la labor específica de adelantar procesos de selección regidos por los principios de mérito y objetividad. Sobre el particular, se indicó:
«Pues bien, esta Sala Electoral, en pronunciamientos previos ha traído a colación el artículo 2.2.27.1 del Decreto 1083 de 2015 para dilucidar qué se entiende por “entidad especializada en procesos de selección de personal”, arribando a la conclusión de que la cualificación de especializada se decanta y se materializa en “aquella persona jurídica privada o pública, que tenga dentro de su objeto social la realización, apoyo o gestión a procesos de selección de personal». [Subrayas fuera del texto]
De lo anterior se extrae que los cabildos municipales o distritales deben escoger a una organización que contemple, dentro de su objeto social, la posibilidad de desarrollar procesos de selección de personal para el ingreso al ejercicio de cargos oficiales, debiendo encontrarse dicha actividad consignada de forma inequívoca en su acto de constitución.
Es importante precisar que, si bien el Decreto 1083 de 2015 establece la necesidad de adelantar un trámite fundado en el mérito para la designación de la persona que ejercerá el cargo de personero, ello no implica que la modalidad de selección que emplee la corporación municipal para escoger a la universidad, institución de educación superior o entidad especializada que lleve a cabo dicho proceso deba limitarse, de manera exclusiva, al concurso de méritos. Por el contrario, es posible acudir a otras modalidades de contratación -como la licitación pública, la contratación directa, la selección abreviada o la mínima cuantía- , según aplique, siempre que el objeto del contrato consista en la realización de un procedimiento de selección orientado a garantizar la escogencia de la persona más capacitada.
Ahora bien, es de indicar que, aunque con anterioridad a la designación del personero debe adelantarse un procedimiento administrativo contractual, mediante el cual se seleccione al adjudicatario encargado de llevar a cabo el concurso de méritos que culmina con el acto de nombramiento del agente del Ministerio Público, lo cierto es que las anomalías suscitadas en dicho trámite de contratación -relacionadas con la forma de adjudicación y con eventuales irregularidades en el acuerdo de voluntades respecto de sus requisitos, etc.- no deben ser objeto de análisis por parte del juez electoral, pues ello implicaría inmiscuirse en el ámbito competencial propio del juez de lo contencioso administrativo, en su especialidad contractual, a quien le corresponde determinar la validez del negocio jurídico estatal y los actos que conllevaron a su celebración. Sobre el particular, ha sostenido el máximo órgano de la jurisdicción de lo contencioso y administrativo:
«182. Ahora, sin perjuicio de lo anterior, conviene precisar que los asuntos relacionados con el contrato, el cumplimiento de requisitos, forma de adjudicación, tipo de vinculación, etc., escapan del ámbito del juez del medio de control de nulidad electoral, quien para el caso objeto de controversia, tiene la facultad de valorar si existió una presunta expedición irregular del acto de elección, pero sin que le sea dable adentrarse a las competencias del juez de controversias contractuales.» [Subrayas fuera del texto]
Establecido lo anterior, debe indicarse que, dada la trascendencia de las labores asignadas a las personerías en el ámbito municipal y distrital, y con el fin de que estas se ejerzan conforme a los principios que rigen la función pública, se estableció un régimen de inhabilidades -entendidas como las circunstancias fácticas que impiden el acceso o permanencia en un cargo oficial-, para asegurar que quienes aspiren a fungir como agentes del Ministerio Público a nivel territorial, y resulten finalmente elegidos, actúen con sujeción al orden constitucional y legal, y con integridad en el desempeño de sus actividades institucionales.
Tal catálogo de restricciones fue contemplado por el legislador en el artículo 174 de la ley 136 de 1994, disposición que estableció, entre otras causales, haber ocupado durante el año anterior cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio, haber sido sancionado disciplinariamente por faltas a la ética profesional en cualquier tiempo, así como una remisión a las hipótesis de inhabilidad previstas para ser alcalde.
Dicho precepto ha sido objeto de análisis por la Sala Electoral del Consejo de Estado, autoridad judicial que estableció como regla jurídica aplicable que no es posible extrapolar, de forma directa e íntegra, la totalidad de las hipótesis de inhabilidad previstas por el legislador para los mandatarios municipales o distritales. En ese sentido, descartó, para los personeros, los supuestos inhabilitantes contemplados para esta clase de servidores públicos de elección popular previstos en los numerales 2 y 5 del artículo 95 de la ley 136 de 1994, relativos a haber fungido, dentro de los doce meses anteriores a la elección, como empleado público, ejercido actos de jurisdicción o actuado como autoridad civil, administrativa, militar o política en la respectiva entidad territorial donde se resultó elegido, o desempeñado el cargo de personero o contralor en ese mismo periodo.
Lo anterior, en razón a que las restricciones para el acceso o permanencia en un determinado cargo deben interpretarse de forma estricta y no extensiva, circunstancia que ocurre con el literal a) del artículo 174, el cual establece que dichas inhabilidades solo serán aplicables a los personeros en «lo que les sea aplicable». De suerte que, si fue el propio legislador quien dispuso, en el literal b) de ese canon, que únicamente se encuentra vedado elegir como personero a quien se haya desempeñado en cargos de la administración central o descentralizada del respectivo ente territorial, se entiende que el propósito de dicha prohibición no era limitar el acceso de quienes hubiesen sido previamente personeros, contralores o funcionarios de entidades del orden nacional a dicho cargo como agentes del Ministerio Público.
Definido lo anterior se procederá a analizar los reparos presentados por el apelante, con el fin de determinar si las irregularidades manifestadas en el escrito de impugnación gozan de la incidencia para anular el acto administrativo de contenido electoral por el cual se determinó la elección de [NOMBRE TACHADO] como personero municipal de Pereira, Risaralda, para el período 2024–2028.
2.1.2. Pronunciamiento respecto al recurso de apelación
Dentro de los razonamientos expuestos en la impugnación presentada por el accionante Manuel Ricardo [NOMBRE TACHADO], se solicitó la revocatoria de la decisión adoptada en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Risaralda, en la medida en que, presuntamente, existían múltiples irregularidades que afectarían la validez del acto demandado y que conllevarían a que este no se ajustara al orden jurídico, por lo cual debía decretarse su nulidad y, en consecuencia, realizarse un nuevo concurso de méritos.
Como sustento de dicha pretensión, manifestó que el Tribunal de conocimiento incurrió en errores de derecho, omisiones valorativas y falacias argumentativas que desconocen el análisis de legalidad al emitir la decisión apelada, siendo la primera de ellas la falacia de irrelevancia normativa o «ignoratio elenchi», en tanto habría omitido pronunciarse respecto de la supuesta inhabilidad en la que se encontraba incurso el accionado, quien, con anterioridad a su elección como personero, se desempeñó como procurador provincial de instrucción en Pereira.
Frente a este reparo se precisa que, contrario a lo esgrimido, de la revisión de la sentencia apelada se advierte que sí se emitió un pronunciamiento expreso respecto de la presunta inhabilidad en la que habría incurrido [NOMBRE TACHADO]. En ese sentido, si bien el apelante alegó la configuración de una falacia de irrelevancia normativa o «ignoratio elenchi» –la cual se presenta cuando «el argumentador, como en este caso, expone razones encaminadas a sustentar una proposición distinta a la que ofrece como conclusión» y cuando «un argumento puede o no ser por sí mismo válido, pero prueba o concluye una proposición diferente a la que debería demostrar o acreditar»-, lo cierto es que, además de no señalar de manera concreta cómo incurrió el a quo en tal error lógico, la sentencia sí abordó de fondo el tema objeto de controversia. En el acápite «5.6.4. Régimen de inhabilidades» se expuso el marco general de dicha figura, así como su aplicación respecto de los personeros. De igual manera, en el numeral «5.6.4.2. Cargo de inhabilidad y conflicto de intereses del personero» se analizó la situación particular del demandado, descartándose la existencia de inhabilidad alguna que comprometiera su designación como personero, derivada de su previo desempeño profesional en la Procuraduría General de la Nación, concluyéndose expresamente: «No se configuraron las causales de inhabilidad y conflicto de intereses del demandado que impidan su nombramiento como personero municipal».
Aclarado lo anterior, para esta Agencia, tales argumentos de impugnación no deben ser tenidos en cuenta, pues el demandante pretende extender el régimen de inhabilidades previsto para los mandatarios municipales o distritales a los personeros, lo cual no resulta jurídicamente acertado. Ello, toda vez que, como se señaló con anterioridad, el Consejo de Estado, al analizar el alcance de este tipo de restricciones respecto de estos últimos funcionarios, estableció que, si bien el citado canon 174 remite en su literal a) a las causales de restricción para el acceso o permanencia en el cargo de alcalde, dicha remisión no implica una extrapolación íntegra de cada uno de los eventos inhabilitantes previstos para los servidores públicos elegidos por sufragio popular, pudiéndose aplicar únicamente aquellas hipótesis que «les sean aplicables».
En esa línea, al establecerse expresamente, dentro del catálogo del artículo 174 de la ley 136 de 1994, la limitación para los personeros consistente en no haber ocupado, dentro del año anterior a su elección, cargo o empleo en la administración municipal o distrital –ya sea en el sector central o descentralizado–, el cumplimiento de funciones en otra entidad pública ajena a esos niveles, siempre que no haya consistido en la intervención como ordenador del gasto en la ejecución de recursos de inversión o en la celebración de contratos que deban ejecutarse o cumplirse en el respectivo municipio, no configura inhabilidad alguna para quien resulte electo en dicha dignidad. No siendo posible, en consecuencia, aplicar por remisión la restricción establecida para el acceso o permanencia en el cargo de alcalde, referida a haber fungido, dentro de los doce meses anteriores a la elección, como personero, contralor municipal o distrital, o haber ejercido empleo público, jurisdicción o autoridad política, civil o administrativa en el respectivo ente territorial.
Bajo ese orden de ideas, se comparte que el Tribunal haya empleado la regla fijada en la sentencia proferida por la Sección Quinta del Consejo de Estado el 9 de marzo de 2023, dentro del radicado 73001-23-33-000-2021-00478-01, por cuanto lo allí decidido se erige como verdadero precedente, al haberse examinado como problema jurídico si debía mantenerse la elección de la entonces personera de Ibagué y si le eran aplicables las causales de inhabilidad previstas en esos apartes normativos para los alcaldes, concluyéndose que no eran procedentes los numerales 2 y 5 del artículo 95 de la ley 136 de 1994, pues para los agentes del Ministerio Público únicamente opera como limitación lo dispuesto en el literal b), consistente en «haber ocupado durante el año anterior, cargo o empleo público en la administración central o descentralizada del distrito o municipio», coincidiendo lo resuelto con la situación fáctica y el planteamiento jurídico del presente caso.
Acorde con esta postura, si bien a lo largo del proceso se logró acreditar, mediante respuesta emitida por el entonces Jefe de la División de Gestión Humana de la Procuraduría General de la Nación, que el procesado desempeñó distintos cargos en dicho ente de control, laborando entre el 15 de noviembre de 2023 y el 5 de marzo de 2024 como procurador provincial de instrucción de Pereira, lo cierto es que haber ejercido previamente como autoridad instructora en esa ciudad no implica haber ocupado un empleo oficial en la administración central o descentralizada por servicios del respectivo municipio, pues dicha labor de enjuiciamiento, tendiente a verificar la existencia o no de un hecho con relevancia disciplinaria, fue ejercida en representación de un órgano de control de carácter nacional, dentro del ámbito de su estructura desconcentrada y no perteneciente a la administración del municipio de Pereira, por lo que debe descartarse que [NOMBRE TACHADO] se encontrara inhabilitado por esta circunstancia.
Siguiendo esa línea argumentativa, aunque el demandante sostuvo que el ejercicio del rol de procurador provincial de instrucción implicó el desarrollo de autoridad administrativa, en tanto emitió recomendaciones, participó en la vigilancia del concurso y determinó condiciones y cronogramas, incurriendo así en la prohibición prevista en el artículo 174 de la ley 136 de 1994, razón por la cual consideró que la Sala Electoral del Consejo de Estado debía aplicar las providencias judiciales proferidas el 17 de julio de 2003 y el 20 de octubre de 2016, dentro de los procesos radicados 25000-23-24-000-2002-0259-01 y 11001-03-28-000-2016-00063-00, en las cuales se precisó que, por autoridad administrativa, debe entenderse la facultad de «imponer decisiones obligatorias a los ciudadanos o a otros órganos del Estado, influir sobre sus actos u orientarlos, ya sea mediante órdenes, recomendaciones o actos administrativos» y, además, que también se configura cuando un funcionario «incluso en tareas preventivas, orienta, fiscaliza, recomienda o instruye de manera vinculante o determinante para otros órganos del Estado o para la comunidad», lo que, a su juicio, ocurrió en el caso concreto, lo cierto es que este razonamiento debe ser descartado, en consideración a que, si bien dentro del numeral segundo del artículo 95 de la ley 136 de 1994 se impidió que quienes ejercieran autoridad administrativa dentro del año anterior al certamen electoral pudieran resultar elegidos como mandatarios municipales, tal como se indicó, dicha restricción no resulta aplicable a los personeros, aun cuando, en virtud del artículo 190 del mismo estatuto, se haya preestablecido que dentro de los funcionarios que ejercen dirección administrativa se encuentran aquellos servidores públicos que, legal o reglamentariamente, tengan el deber de investigar faltas disciplinarias.
Igualmente, cabe destacar que, aunque el demandante afirmó a lo largo del proceso que el investigado expidió directrices en desarrollo de la Directiva 001 del 27 de enero de 2023, tal como lo sostuvo la autoridad judicial de primera instancia, no se aportó medio de prueba que respaldara tal afirmación. Asimismo, de la lectura de dicho instrumento se advierte que su parte resolutiva estaba dirigida, entre otros, a las Mesas Directivas de los Concejos Municipales y Distritales, así como a la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión Primera para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública y a la Procuraduría Delegada Preventiva y de Control de Gestión Segunda para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, entidades que podían cumplir lo allí dispuesto con el apoyo de los procuradores regionales, distritales y provinciales, sin que se impartiera una orden directa al procurador instructor provincial de Pereira.
De otro lado, aunque el accionante haya censurado como vicio de invalidez que en el proceso de escogencia en el cual resultó electo [NOMBRE TACHADO] se haya «mantenido» a un candidato presuntamente inhabilitado, en razón a que el aspirante Julián Antonio Zapata Rodas habría sido sancionado por la jurisdicción disciplinaria con el correctivo de censura, esta vicisitud no tiene la entidad suficiente para conllevar la nulidad del acto de designación de personero para el período 2024-2028. Ello por cuanto la inhabilidad prevista en el literal d) del artículo 174 de la ley 136 de 1994, relativa a haber sido «sancionado disciplinariamente por faltas a la ética profesional en cualquier tiempo», constituye una limitante dirigida a impedir la selección del candidato que haya sido destinatario de una consecuencia punitiva por infracción a sus deberes como abogado, circunstancia que se deduce del propio tenor del precepto normativo, el cual señala: «No podrá ser elegido personero quien:», lo cual no se configuró en este caso, pues finalmente se escogió a un candidato que no reportaba antecedentes disciplinarios.
Por último, en lo que respecta al tópico de las inhabilidades, se reprochó que el proceso fue instrumentalizado por parte del Concejo Municipal para favorecer a un determinado candidato, desconociendo los principios de imparcialidad y transparencia, así como las normas sobre inhabilidades y conflicto de intereses, situación que -a criterio del recurrente- se acreditaría con las grabaciones de las sesiones y las intervenciones de los concejales que desestimaron las inhabilidades propuestas.
Tal discenso no debe ser atendido, en consideración a que el artículo 211 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -CPACA- remite al régimen probatorio instituido por el Código General del Proceso -CGP-, codificación que, en su artículo 167, exige a las partes acreditar el supuesto de hecho de las normas cuyos efectos se pretenden. Bajo esa premisa, el apelante no especificó cómo fueron desplegados los actos de favorecimiento ni de qué manera se desconocieron los principios señalados. Por el contrario, y como se expuso en precedencia, el demandado no incurrió en ninguna causal de inhabilidad; asimismo, no era destinatario de conflicto alguno, pues dichos cuestionamientos recaían sobre los concejales que se encontraban en ejercicio de la función administrativa de elección consistente en seleccionar a un aspirante al cargo de personero, quienes debían determinar si el ejercicio de dicha prerrogativa entraba en conflicto con algún interés particular. Tampoco puntualizó el demandante en qué video, ni de cuál sesión, podría evidenciarse alguna discrepancia entre la función pública mencionada y una circunstancia específica atribuible a un determinado cabildante.
De otra parte, se señaló en el escrito de impugnación que el Tribunal de Risaralda incurrió en la denominada falacia de formalismo legal, al minimizar el impacto de la falta de firma del primer vicepresidente en resoluciones que consideró «claves», desconociendo que se trataba de actos administrativos que requerían la voluntad unánime de todos los integrantes de la mesa directiva. De la revisión del expediente se advierte que el apelante alude a las Resoluciones No. 301, 312 y 320 de 2023; no obstante, en criterio de esta Procuraduría Delegada, el planteamiento propuesto no debe ser acogido.
A esta conclusión se arriba en tanto las irregularidades dentro del procedimiento administrativo que antecede a la producción del acto de contenido electoral deben ser de carácter sustancial y repercutir de forma directa en su contenido y en la decisión adoptada, de suerte que, de no haberse presentado, la determinación final habría sido otra.
Situación que no se configura en el presente caso, pues no se indicó de qué manera la ausencia de una firma en las resoluciones por medio de las cuales se convocó y reglamentó el concurso público y abierto de méritos para proveer el cargo de personero municipal de Pereira, Risaralda para el periodo institucional 2024–2028, y sus respectivas modificaciones, pudo haber repercutido en la manifestación de voluntad del Concejo Municipal de Pereira para seleccionar a [NOMBRE TACHADO]. Más aún cuando dichas resoluciones fueron proferidas los días 27 de noviembre y 6 y 13 de diciembre de 2023, fechas en las cuales, según el cronograma establecido en esos instrumentos normativos, ni siquiera se contaba con un listado definitivo de admitidos y no admitidos, no se había citado a la realización de pruebas, no se habían desarrollado las mismas, no se había emitido la lista definitiva de resultados ni se había llevado a cabo la entrevista con su respectiva evaluación.
Adicionalmente, y sin perjuicio del argumento anterior, se tiene que, en el caso concreto, le correspondía al señor [NOMBRE TACHADO], dada su pretensión de nulidad, acreditar que el primer vicepresidente del Concejo Municipal de Pereira omitió suscribir las Resoluciones 301, 312 y 320 de 2023, teniendo el deber de hacerlo y sin encontrarse en una situación que justificara tal circunstancia. Lo anterior guarda relevancia frente a la prosperidad de sus aspiraciones procesales, pues, tal como lo manifestó la autoridad de primer grado, en la sesión del 2 de julio de 2024, en la cual se eligió al demandado, se indicó expresamente:
«Presidente: Continuamos con el orden del día. Secretario: Cuarto: Impedimentos presentados por los honorables concejales. Presidente: En este punto, les pido el favor al concejal [NOMBRE TACHADO] y al concejal Gustavo Montes que se retiren de la sesión, teniendo en cuenta que vamos a elegir personero y ustedes están impedidos desde el inicio de todo este proceso. Podrán regresar en el siguiente punto del orden del día.»
De dicho pasaje se extrae que el señor [NOMBRE TACHADO] -quien, con fundamento en la Resolución 279 de 2023 aportada por el demandante, se tiene demostrado que para esa anualidad ejercía el cargo de primer vicepresidente del cabildo- no participó en la sesión de escogencia del personero, dado que su impedimento fue aceptado desde el inicio del procedimiento de selección de dicho funcionario. En consecuencia, su ausencia en la suscripción de los actos administrativos 301, 312 y 320 se encontraba justificada. Por lo anterior, no se tiene acreditado que la omisión en la rúbrica de dicho cabildante haya sido injustificada, ni que haya constituido una anomalía trascendente.
De otra parte, sostuvo el apelante que el Tribunal de Conocimiento incurrió en una «generalización apresurada del contrato estatal», al declararse su legalidad, sin valorar la omisión de requisitos esenciales ni el exceso de funciones asumidas por el operador. Asimismo, sostuvo que se presentó una irregularidad al contratar a la Universidad del Atlántico mediante el mecanismo de contratación directa, cuando la normativa exige que dicho procedimiento se adelante por medio de concurso de méritos.
Para el Ministerio Público, los anteriores argumentos apuntan a cuestionar presuntas inconsistencias suscitadas al interior del proceso administrativo contractual que culminó con la escogencia de la Universidad del Atlántico como entidad encargada de realizar el concurso de méritos para seleccionar al agente del Ministerio Público para el periodo 2024–2028. En ese derrotero, se menciona que, aunque al juez electoral no le corresponde emitir pronunciamiento alguno respecto de las eventuales irregularidades surgidas en el trámite contractual, lo cierto es que el Decreto 1083 de 2015, al regular el acápite «Estándares mínimos para elección de personeros municipales», establece los requisitos mínimos para la selección de esta clase de funcionarios, exigiendo únicamente, para tal fin, la utilización del mecanismo de concurso de méritos, entendido como la fórmula de escogencia del candidato que, previa convocatoria, y en razón a sus calidades personales, académicas y profesionales, adquiere el derecho a ser nombrado en un cargo público, sin que ello implique la obligación de acudir a la modalidad de selección contractual homónima para escoger a la entidad que lleve a cabo dicho concurso meritocrático.
En esa línea, se tiene que el accionante confunde en su escrito de impugnación, el concurso de méritos en su manifestación de función pública -entendido como forma de ingreso al servicio público- con el concurso de méritos como modalidad de selección de contratistas, debiéndosele indicar que, si bien el trámite de escogencia de personeros requiere del primero de ellos, no exige el segundo, pues la universidad o el ente especializado puede ser seleccionado a través de cualquier otro mecanismo de contratación previsto para vincular contratistas a un determinado negocio jurídico estatal.
Según lo expuesto, que el Concejo Municipal de Pereira haya acudido al mecanismo de escogencia por contratación directa no implica, per se, la presencia de una disfunción dentro del trámite de escogencia que culminó con la elección del demandado, pues los artículos 2.2.27.1 y siguientes del Título Veintisiete del Decreto 1083 de 2015 únicamente exigen el cumplimiento de un concurso de méritos -en su modalidad de herramienta de ingreso a la función pública- por parte de los órganos deliberativos territoriales, lo cual se presentó en el caso concreto, debiendo las irregularidades que el actor considere respecto del contrato estatal suscrito con la Universidad del Atlántico, ventilarse ante el juez contencioso, en su especialidad contractual.
Entre los demás argumentos del demandante, también se adujo que se presentaron irregularidades en la etapa de entrevista, toda vez que no se empleó un banco estandarizado de preguntas ni se aplicaron criterios objetivos de calificación, sin que existiera un protocolo uniforme para su desarrollo. Esta censura debe desestimarse, en razón a que, como lo manifestó la autoridad judicial de primer grado, a los tres aspirantes que presentaron dicha etapa se les remitió un formato de entrevista en el cual, como ítem a evaluar, se indicó: «Presentación del Plan Estratégico de Trabajo periodo 2024–2028», evidenciándose que existió uniformidad en torno a la propuesta que cada candidato debía presentar ante los cabildantes entrevistadores para sustentar su postulación. Asimismo, de la respuesta que el Concejo de Pereira dio a la candidata [NOMBRE TACHADO], se advierte que se evaluaron tres preguntas idénticas para cada aspirante, lo cual refleja que se aplicó un criterio uniforme sin favorecer arbitrariamente a alguno de ellos.
Respecto de la presunta transgresión al principio de publicidad, dada la supuesta negativa de acceso a las actas de elección y a las resoluciones mediante las cuales se resolvieron las recusaciones presentadas por la ciudadanía -las cuales, según el actor, no habrían sido decididas con anterioridad a la elección-, lo cierto es que, tal como se sostuvo en la decisión recurrida y conforme a la verificación del expediente digital allegado por el Concejo Municipal de Pereira, no quedó pendiente de resolver ninguna recusación o petición con posterioridad a la sesión en que resultó elegido el accionado. Igualmente, el demandante no acreditó haber presentado una solicitud específica de acceso a las actas ni que la misma hubiera sido rechazada o desatendida.
Finalmente, en cuanto al reparo relativo a la supuesta ausencia de garantías de objetividad en la custodia de las pruebas escritas practicadas, se reitera lo afirmado en la determinación judicial cuestionada, en tanto no existe norma jurídica que imponga un procedimiento adicional orientado a garantizar que los participantes no tengan acceso previo al material documental que contiene el examen de conocimientos, circunstancia que, además, no fue acreditada por el accionante como ocurrida en el presente caso.
De conformidad con lo expuesto, y en razón a que los reparos de impugnación no gozan de prosperidad, se considera que la decisión a adoptar por parte de la Sección Quinta debe ser la de confirmar la adoptada en primera instancia por el Tribunal de Risaralda.
2.2. Síntesis
El Ministerio Público considera que no están dados los elementos de juicio para que prosperen los argumentos esgrimidos por los apelantes, por cuanto se acreditó que el acto administrativo de contenido electoral emitido por el Concejo Municipal de Pereira, Risaralda –contenido en el Acta n.º 096, mediante el cual se eligió al señor [NOMBRE TACHADO] como personero de ese ente territorial para el período 2024-2028, no se encuentra viciado, al no haber incurrido dicho agente del Ministerio Público en ninguna causal de inhabilidad, ni haberse desconocido el procedimiento de selección de personeros previsto en el Decreto 1083 de 2015. Del mismo modo, tampoco se acreditó la existencia de un vicio sustancial que alterara el contenido de la designación efectuada.
A ello se suma que, dentro del ámbito competencial del juez electoral, no se encuentra la revisión de las presuntas irregularidades que puedan producirse con ocasión de los procesos de selección de contratistas encargados de desarrollar los concursos de méritos para la elección de personeros. En consecuencia, la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda el 20 de mayo de 2025, que no accedió a las pretensiones de la demanda, debe ser confirmada.
III. CONCLUSIÓN
Con fundamento en lo expuesto, esta Delegada del Ministerio Público solicita confirmar la sentencia proferida por el Tribunal Administrativo de Risaralda del 20 de mayo de 2025 y, en consecuencia, no acceder a los reparos formulados a través del recurso de apelación presentado.
Respetuosamente,
ORIGINAL FIRMADO
IDAYRIS YOLIMA CARRILLO PÉREZ
Procuradora Delegada para Asuntos Electorales y Participación Democrática Procuradora Séptima Delegada ante el Consejo de Estado en funciones