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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

Ejecucion del contrato estatal: Decisión disciplinaria

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Fecha
2025-03-06
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202507221504260.DOCX

Síntesis del concepto

Ejecucion del contrato estatal: Decisión disciplinaria

En resumen

EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL-Obras deben ejecutarse dentro del marco temporal permitido o reconocidas como carga adicional durante la ejecución EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL-Requisitos para adición de recursos Señaló que las actas de suspensión suscritas con posterioridad a esta fecha por parte del supervisor y el contratista no tenían la facultad de suspender el plazo del contrato, puesto que las mismas no fueron suscritas por las partes, ni fueron ratificadas por el representante legal de EMCALI; que en gracia de discusión dentro de la carpeta no se observa, ni se evidencia que al interventor del contrato le hubiesen sido delegadas facultades para suspender el plazo de ejecución del contrato por lo que no existe elemento jurídico alguno que permita establecer que dichas suspensiones al plazo de ejecución del contrato fueron autorizadas por el representante legal de EMCALI EICE ESP.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 80 de 1993
  • Ley 1437 de 2011
  • Ley 2080 de 2021

Puntos que trata

  • Ministerio público en intervención ante el consejo de estado: Solicita se confirme Sentencia del Tribunal del Valle del Cauca al concluirse que no se encuentran acreditados requisitos del Manual de Contratación de EMCALI EICE ESP para reconocimiento de actividades adicionales señaladas en el acta de recibo final
  • Equilibrio economico del contrato: Circunstancias reclamadas que alteraban el equilibrio económico del contrato no fueron registradas de manera oportuna en las actas de suspensión, en informes de interventoría o durante la vigencia del contrato
  • Ejecucion del contrato estatal: Obras deben ejecutarse dentro del marco temporal permitido o reconocidas como carga adicional durante la ejecución
  • Interventoria de contratos: Aunque interventor valide actividades en acta de recibo final esto no suple exigencia de autorización expresa por representante legal y verificación de disponibilidad presupuestal

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

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Texto del documento 74.212 caracteres
MINISTERIO PÚBLICO EN INTERVENCIÓN ANTE EL CONSEJO DE ESTADO-Solicita se confirme Sentencia del Tribunal del Valle del Cauca al concluirse que no se encuentran acreditados requisitos del Manual de Contratación de EMCALI EICE ESP para reconocimiento de actividades adicionales señaladas en el acta de recibo final EQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-Circunstancias reclamadas que alteraban el equilibrio económico del contrato no fueron registradas de manera oportuna en las actas de suspensión, en informes de interventoría o durante la vigencia del contrato EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL-Obras deben ejecutarse dentro del marco temporal permitido o reconocidas como carga adicional durante la ejecución INTERVENTORIA DE CONTRATOS-Aunque interventor valide actividades en acta de recibo final esto no suple exigencia de autorización expresa por representante legal y verificación de disponibilidad presupuestal EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL-Requisitos para adición de recursos VALORACION PROBATORIA-No existe prueba sobre autorización o aval del representante legal de la empresa EMCALI para realización de obras reclamadas en el acta de recibo final INTERVENTOR-Tiene competencia para ejecutar actividades correctivas en curso de la ejecución del contrato con miras a lograr la ejecución de objeto y evitar la parálisis del contrato INTERVENTOR-Debía actuar de manera coordinada con el representante legal de EMCALI para efectuar reconocimiento económico de sumas de dinero por concepto de ejecución de actividades dentro del contrato que aumentaban el valor de aquel CONCEPTO No. 025 / 2025 Bogotá D.C., 07 de marzo de 2025. SEÑORES CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A” Consejero Ponente: FERNANDO ALEXEI PARDO FLÓREZ E. S. D. EXPEDIENTE: 76001-23-33-000-2016-00265-02 (72.101) MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DEMANDANTE: CONSORCIO AUTOMATIZACIÓN 2010 DEMANDADO: EMCALI EICE E.S.P. Sentido del concepto: Se debe CONFIRMAR la decisión contenida en la Sentencia de fecha 01 de agosto de 2024 emitida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca. // El consocio no efectuó las salvedades en curso de le ejecución del Contrato No. 800-GA-CO-224-2010 destinadas a advertir la presencia de circunstancias que alteraban el equilibrio económico del contrato. // Dentro del plenario no se advierten elementos probatorios que permitan considerar que las obras de las cuales se reclama su pago en el acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2015, fueron autorizadas o avaladas por el representante legal de la empresa EMCALI, ello de acuerdo con las exigencias normativas contenidas en el manual de contratación de la entidad. // El interventor si bien tenía competencia para ejecutar actividades correctivas en curso de la ejecución del contrato con miras a lograr la ejecución de objeto y evitar la parálisis del contrato, debía actuar de manera coordinada con el representante legal de EMCALI para efectuar reconocimiento económico de sumas de dinero por concepto de ejecución de actividades dentro del contrato que aumentaban el valor de aquel. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el medio de control de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior presenta los siguientes elementos: 1. ANTECEDENTES Objeto del litigio: El CONSORCIO AUTOMATIZACIÓN 2010, en adelante el CONSORCIO, el día 25 de febrero de 2016, a través de apoderado judicial, presentó demanda de controversias contractuales en contra de EMCALI EICE E.S.P. en adelante EMCALI, con el objetivo que se accedan a las siguientes pretensiones: “PRIMERA: Que se ordene la liquidación del contrato No. 800-GA-CO-224-2010, y en consecuencia se disponga lo siguiente: 1) Que se condene a EMCALI EICE ESP a pagar el valor de $372.684.737, saldo final del contrato por mayor cantidad de obras en el contrato NO. 800-GA-CO-224-2010, según acta de recibo de fecha 4 de diciembre de 2015; 2) Que se condene a EMCALI EICE ESP, a pagar al CONSORCIO AUTOMATIZACIÓN 2010, los intereses de mora por el no pago del saldo económico a favor de la actora desde el día 4 de diciembre de 2014 hasta la fecha en que cancele la totalidad de la obligación. SEGUNDA: Que la condena respectiva sea actualizada de conformidad con lo previsto en la norma, aplicando en la liquidación de variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo. TERCERA: A la sentencia que le ponga fin al proceso se le dará cumplimiento en los términos de los artículos 192 del CPACA, y se condene en costas a la parte demandada.” Hechos. EMCALI suscribió con el CONSORCIO el contrato No. 800-GA-CO-224-2010, cuyo objeto era realizar la construcción, diseño y montaje del sistema de automatización en las plantas de Puerto Mallarino, Río Cali, La Reforma y Río Cauca consistente en i) dosificación de coagulante para las plantas de Puerto Mallarino, Río Cali, La Reforma y Río Cauca; ii) Instrumentación y control para la operación de las compuertas de entrada de los desarenadores 1 y 2 de la planta de Puerto Mallarino; iii) sistema automático de preparación y dosificación de polímero ayudante de floculación en la planta Puerto Mallarino; iv) Construcción y montaje de un sistema de medición en línea de COT: una para agua tratada de la planta Puerto Mallarino y las otras dos para la planta de medición de COT en el agua cruda y tratada de la planta Río Cali respectivamente; v) Montar, dimensionar, suministrar, calibrar e integrar al centro de control de Puerto Mallarino un variador de velocidad en la estación de bombeo de reservorio EMCALI, con un plazo inicial de 10 meses contados a partir del 20 de agosto de 2010 y terminación inicial el 20 de junio de 2011 y por un valor inicial de $5.807.764.952. Para el mismo, se designó como interventor al señor [NOMBRE TACHADO]. El acta de inicio se suscribió de 20 de agosto de 2010. Se firmaron el OTRO SI No. 1 de fecha 03 de diciembre de 2011 mediante el cual se adiciono al valor del contrato la suma de $4.582.000.000; OTRO SI No. 2 de fecha 05 de diciembre de 2011 mediante el cual se prorrogo el plazo por 4 meses y la ampliación de la póliza por el mismo término; OTRO SI No. 3 de fecha 30 de abril de 2012 mediante el cual se prorrogó el plazo por 2 meses pactando la ampliación de la póliza por el mismo término; OTRO SI No. 4 de fecha 25 de julio de 2012 mediante el cual se adiciono el objeto del contrato y su valor en la suma de $873.147.656 y la ampliación del plazo por 150 días ampliando la garantía por el mismo término; y OTRO SI No. 5 de fecha 06 de agosto de 2012 mediante el cual se adiciono el valor del contrato en la suma de $873.146.606. Se firmaron actas de suspensión del contrato, No. 1 de fecha 15 de junio de 2012 por el término de 45 días debido a la necesidad de la presencia de un técnico especializado para solución el recalentamiento del motor 1250 hp 4160 voltios ubicado en el sistema de bombeo de agua potable de la planta de Puerto Mallarino; acta de suspensión 2 de fecha 02 de agosto de 2012 por el término de 30 días debido a que no se había dado solución al recalentamiento del motor; acta de sus pensión 3 de fecha 15 de enero de 2013 por el término de 120 días debo a la necesidad de cambio del equipo para mover la cal, decisión que generó un aumento del tiempo del proyecto por el diseño, fabricación y montaje de la nueva tecnología; acta de suspensión 3ª de fecha 06 de mayo de 2013 por el término de 60 días debido al cambio de aplicación de lechada de cal y del diseño del trazado de la tubería y su montaje, así como el cambio y montaje de los equipos de bombeo; acta de suspensión 4 de fecha 02 de julio de 2013 por el término de 150 días debido a defectos en las bombas de la planta de Puerto Mallarino; acta de suspensión 4ª de fecha 04 de octubre de 2013 por el término de 60 días debido a problemas de recalentamiento del motor de bombeo de agua potable de la planta de Puerto Mallarino. Se suscribieron actas de reiniciación No.1, 2 y 3 de fecha 24 de junio de 2012, 24 de agosto de 2012 y de 2 de diciembre de 2013, respectivamente, debido a que se superaron los imprevistos que dio origen a la suspensión, en estas actas de reiniciación se realizó un cronograma sobre la prórroga, OTRO SI, y suspensiones donde se indica la fecha de entrega de la obra para el día 22 de diciembre de 2013 pero realmente se hace entrega de la obra el día 4 de diciembre de 2013. El 4 de diciembre de 2013, se reunió el interventor [NOMBRE TACHADO] y el representante legal de CONSORCIO, para suscribir el acta de liquidación y recibo final de fecha 4 de diciembre de 2014, donde se certifica por parte del interventor que EMCALI EICE ESP debe a favor de la actora por valor de $372.684.737, por concepto de mayor cantidad de obra. Resalta que, la obra se terminó y entregó el día 4 de diciembre cuando la fecha estipulada era la del 22 de diciembre de 2013. La postura de la parte actora es que en el mes de julio de 2015, el representante legal del CONSORCIO realizó solicitud ante la demandada para que cancelara el valor adeudado como saldo del contrato por valor de $372.684.737, por concepto de mayor cantidad de obra, según acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2014, lo que fue certificado por el interventor de la obra. Dicha petición se reiteró el 6 de octubre de 2015. Sostuvo que, de acuerdo con los hechos expuestos, es notable la mala fe de la entidad demandada al no reconocer la deuda y no tener el ánimo de llegar a un acuerdo con la actora pese a los múltiples requerimientos realizados. EMCALI señalo que se opone a las pretensiones formuladas, argumentando que las suspensiones del Contrato No. 80-GA-CO-224-2010 fueron suscritas entre el representante legal del consorcio y el interventor del contrato, siendo que este último no estaba facultado ni por ley, ni por delegación expresa del representante legal de EMCALI para realizar dichas actuaciones; no obstante, hasta el otro si No. 5, suscrito el 6 de agosto de 2012, el representante legal de EMCALI ratificó esas actuaciones. Señaló que las actas de suspensión suscritas con posterioridad a esta fecha por parte del supervisor y el contratista no tenían la facultad de suspender el plazo del contrato, puesto que las mismas no fueron suscritas por las partes, ni fueron ratificadas por el representante legal de EMCALI; que en gracia de discusión dentro de la carpeta no se observa, ni se evidencia que al interventor del contrato le hubiesen sido delegadas facultades para suspender el plazo de ejecución del contrato por lo que no existe elemento jurídico alguno que permita establecer que dichas suspensiones al plazo de ejecución del contrato fueron autorizadas por el representante legal de EMCALI EICE ESP. 1.5. El Ministerio Público en el trámite de primera instancia no realizó ninguna intervención. 1.6. Sentencia de primera instancia: Correspondió el conocimiento del asunto al Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, despacho que mediante sentencia de primera instancia de fecha 01 de agosto de 2024, declaró LIQUIDAR el contrato No. 800-GA-CO-224-2010 y NEGAR las demás pretensiones de la demanda de acuerdo con las siguientes consideraciones. Señala el Tribunal que debe establecerse el verdadero alcance del contenido del documento al que se denominó acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2013, del Contrato 800-GA-CO-224-2010, suscrito por el interventor y el representante legal del CONSORCIO AUTOMATIZACIÓN 2010, pues de ello depende la suerte de tales peticiones. Es solo en dicho documento en el que por primera vez se hace un listado de las obras adicionales ejecutadas presuntamente por la actora, y si el aval allí impartido por el interventor, tiene la solvencia y validez suficiente para que pueda entenderse que la mayor cantidad de obra a la que hace mención el actor, quedó incorporada en el objeto contractual, no siendo necesaria la formalización previa de una modificación al contrato, tal como se aduce en la demanda y lo sostuvo el interventor en su declaración en este proceso. Que en el mentado documento, acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2014, además del recuento de la gestión contractual que comprendía la descripción de las modificaciones y de las suspensiones del contrato, se plasmó la constancia de cumplimiento de las obligaciones contractuales por parte del contratista, e igualmente, se dejó constancia del valor pendiente de pago de $372.684.737, por concepto de mayor cantidad de obra, la que se detalla, asignándosele un valor económico a cada uno de los ítems que comprende. Señalo el Tribunal que el citado documento no equivale a una liquidación bilateral del contrato; ello, por cuanto, quien fungió como interventor del contrato no tenía facultades para suscribir un documento de esa naturaleza, correspondiendo dicha competencia exclusivamente al Gerente General de EMCALI, tal como lo establecía el estatuto contractual por entonces vigente en la entidad, situación que, por demás, fue aceptada por el interventor en su declaración en el proceso. Que el aludido documento simplemente tenía como objeto dejar constancia del recibo de la obra y del cumplimiento de los compromisos contractuales por parte del consorcio contratista. Que respecto al contenido del acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2013, pudo advertir el Tribunal que, aunque contiene una lista detallada de las obras adicionales que realizó el consorcio contratista y sus valores, en el acta de recibo final no se incluye información sobre las fechas de su realización, así como sobre las razones que las justificaron, a efectos de su ubicación en el tiempo de la gestión contractual, para finalmente determinar si para su ejecución, se requería de la formalización o no de un contrato adicional. Que, las obras adicionales a las que hace referencia el acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2013, debieron ser incluidas en un contrato adicional, pues, aunque estas pudieran no variar el objeto del contrato, si reflejaban un aumento de su valor, para lo cual, debía contarse no sólo con la autorización del interventor, sino con la del representante legal de EMCALI. Que en este caso, señalo el Tribunal, no obra en el plenario documento alguno que ilustre, sobre la necesidad y urgencia de las obras adicionales y, mucho menos, sobre las fechas de su ejecución, lo que hubiera permitido precisar si fueron realizadas con anterioridad o en fecha posterior a la celebración de los contratos adicionales u OTRO SÍ, e igualmente si la necesidad de su ejecución se derivó como consecuencia de las sucesivas suspensiones del contrato. Que, si bien el interventor podía autorizar las obras adicionales durante el término de ejecución del contrato, no obstante, a fin de precaver una afectación del equilibrio económico del contrato, en desarrollo de lo establecido en el artículo 27 de la Ley 80 de 1993, debían adoptarse las medidas para su restablecimiento en el menor tiempo posible, lo que, necesariamente implicaba la formalización de un contrato adicional entre las partes, a fin de aumentar su valor. Señala el Tribunal, que no se advierte que el contratista hubiera formulado alguna reclamación de restablecimiento del equilibrio financiero del contrato, ni antes o después de las suspensiones y modificaciones al contrato. Que por lo expuesto, considero, que pese a que el aludido documento, acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2013, da cuenta de la ejecución de mayores cantidades de obra, y como quiera que se desconocen con exactitud las fechas en que estas se produjeron, así como su debida justificación, no puede entenderse configurado el desequilibrio económico del contrato reclamado por la actora, de modo que tales valores no podrán ser incluidos en la liquidación del contrato. Que en consecuencia determinó el Tribunal negará el reconocimiento y pago de las obras adicionales solicitadas en la demanda, liquidándolo así: VALOR TOTAL DEL CONTRATO $11.262.911.558 VALOR PAGADO POR EMCALI AL CONTRATISTA $11.262.911.558 SALDO A FAVOR DE EMCALI $0 SALDO A FAVOR DEL CONSORCIO AUTOMATIZACIÓN 2010 $0 1.7. Del recurso de apelación interpuesto: Inconforme con la decisión adoptada por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en sentencia de fecha 01 de agosto de 2024, la defensa del CONSORCIO AUTOMATIZACIÓN 2010 presentó recurso de apelación el cual sustentó en los siguientes términos: Que en las actas de suspensión No. 1 de fecha 15 de junio de 2012, No. 2 de fecha 02 de agosto de 2012, No. 3 de fecha 15 de enero de 2013, No. 4 de fecha 02 de julio de 2013 y Acta Final de fecha 04 de diciembre de 2013, del proceso suscritas entre el consorcio y el interventor, se expuso el motivo de suspensión, fecha en la cual se realizó y el tiempo que estuvo suspendido el contrato y la fecha en la cual se reinició el contrato, y quedo demostrado que el contratista realizo las actuaciones que conllevaron a mayor cantidad de la obra como se especificaron en el acta de suspensión 01, 02, 03 y 04, y en el acta de liquidación de la obra y donde se encuentra especificado que se iniciaron el 15 de junio de 2012 y finalizaron el 24 de julio de 2012. Que con la declaración testimonial del ingeniero [NOMBRE TACHADO] y las actas de suspensión, quedo demostrado y acreditado el motivo y justificación de cada una de las 21 obras pendientes realizadas por parte del contratista durante la ejecución del contrato, además que manifiesta que todas las obras eran totalmente necesarias y que no era necesario realizar otro si o contrato adicional porque las facultades que tenía el interventor le permitía realizar estas funciones sin necesidad de aprobación de gerencia; que también quedo demostrado que estas 21 obras se realizaron desde la fecha que inicio el contrato y fecha en que finalizo, y en el acta de final del contrato quedo detallado el valor de cada una de las 21 obras que el contratista realizo por concepto de mayor cantidad de obra y el cual alcanza el valor de $ 372.684.737. Que el Tribunal comete un error al señalar que lo manifestado por el interventor respecto a la mayor cantidad de la obra tenía que estar formalizado mediante un contrato adicional u otro si, pues en ningún momento se modificó el objeto del contrato y tampoco el plazo de la ejecución de este, únicamente se modificó el valor ya que se incluyeron nuevas obras que fueron realizadas por parte del contratista. Que no puede el Tribunal ignorar, que si quedo demostrado y evidenciado en el proceso la fecha de inicio, fecha de finalización y justificación de cada una de las 21 obras que realizó el contratista y que el interventor manifestó que se efectuaron como mayor cantidad de obra y que se realizaron durante la ejecución del contrato, además, quedaron detalladas el concepto y el valor de cada una de las obras en el acta de recibo final donde se estipulo el valor que EMCALI le adeuda al CONSORCIO a la finalización del contrato y, donde estos valores, son los que se están pretendiendo que se reconozcan en el proceso como mayor cantidad de obra y que se liquide el contrato incluyendo estos valores, en ningún momento se está pretendiendo el cobro de mayor estadía en la obra. 1.8. Admisión del recurso de apelación Mediante Auto de fecha 18 de febrero de 2025, el Consejo de Estado dispuso admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia de primera instancia de fecha 01 de agosto de 2024 proferida por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, por cumplir lo establecido en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. 2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos. De acuerdo con el trámite surtido y conforme los reparos manifestados en el recurso de apelación, el Ministerio Público, en su función de intervención en defensa del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales, considera que el problema jurídico a abordar, para efectos de presentar concepto, se puede formular de la siguiente manera: ¿Es procedente dentro de la liquidación judicial del contrato No. 800-GA-CO-224-2010 solicitada por el extremo actor, el reconocimiento de la suma de $372.684.737 de acuerdo con los saldos señalados en el Acta Final de fecha 04 de diciembre de 2013 por concepto de mayor cantidad de obra ejecutada, y que a su juicio se constituyó en valores que representan un desequilibrio económico del contrato; obras o actividades que fueron autorizadas por el Interventor del contrato y quien determino que sobre aquellas no era necesario la suscribió de un contrato adicional u otro si? De acuerdo con la normatividad que rige los procesos contractuales en EMCALI, ¿es el interventor del contrato No. 800-GA-CO-224-2010, competente por sí solo, para reconocer los valores previstos en el Acta Final de fecha 04 de diciembre de 2013? Marco Jurídico y/o jurisprudencial aplicable al caso. Del equilibrio económico del contrato estatal. Según lo ha entendido el Consejo de Estado, la Ley 80 de 1993 reconoce el derecho de los contratistas a que se mantenga el equilibrio de la ecuación económica del contrato cuando se vea alterado por situaciones imprevistas y no imputables a las partes; así mismo aquel cuerpo normativo reitera el derecho a que se mantenga el equilibrio de la ecuación financiera y agrega que cuando su ruptura no es imputable al afectado se deben adoptar las medidas para restablecerlo en el menor tiempo posible. El deber de restablecimiento del equilibrio económico se encuentra normativamente previsto en los numerales 3º y 8º del artículo 4º, en el numeral 1º del artículo 5º y en el artículo 27, todos de la Ley 80 de 1993, que respectivamente preceptúan: “Artículo 4°. De los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales: (…) 3°. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato. (…) 8°. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa, Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios. (…) Artículo 5° De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 30.de esta ley. Los contratistas: 1°. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato. En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas, Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato. (…) Artículo 27. De la ecuación contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento. Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia que se trate”. (Subrayado fuera de texto). El derecho al mantenimiento del equilibrio económico del contrato, está previsto para evitar que quien acude como colaborador de la administración quede desprotegido frente a situaciones adversas, imprevisibles o derivadas de la conducta de su contraparte a quien la misma ley dota de poderes excepcionales tendientes a conseguir el fin último de la contratación que es la satisfacción de los intereses y necesidades públicas, siempre que estas alteraciones afecten de manera grave la economía del contrato. La jurisprudencia de la Sección Tercera, ha sido reiterativa en aceptar que existen diferentes eventos que pueden dar lugar a la ruptura del equilibrio financiero del contrato: (i) el acaecimiento de hechos imprevistos, imprevisibles e irresistibles, esto es, factores externos y ajenos a las partes del contrato; (ii) el ejercicio de los poderes estatales derivados de su supremacía en la relación contractual y, (iii) la expedición de decisiones generales y abstractas derivadas del ejercicio de sus poderes soberanos con la potencialidad para afectar situaciones propias de la ejecución. En tales eventos, conforme lo prevé el artículo 5 de la Ley 80 de 1993 el contratista tiene derecho a ser llevado a un punto de no pérdida porque como colaborador de la administración no está legalmente llamado a soportar los efectos económicos imposibles de prever y precaver. Ahora bien, en efecto, tanto el artículo 16, como el artículo 27 antes transcrito, de la Ley 80 de 1993 prevén que en los casos de alteración del equilibrio económico del contrato las partes pueden convenir lo necesario para restablecerlo, suscribiendo “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…”. Lo anterior significa que en situaciones o circunstancias que alteren o puedan alterar el equilibrio económico del contrato, y sobre tales las partes lleguen a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir tales acuerdos en razón de tales circunstancias es que deben presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes. Sobre este tema, el Consejo de Estado se ha pronunciado señalando que es el principio de la buena fe el que se impone ante tales eventualidades, toda vez que como se sabe, la buena fe contractual, que es la objetiva, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia” (Subrayado fuera de texto). Sobre este aspecto, el Consejo de Estado señaló: “(…) En consecuencia, si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual. (…) No encuentra la Sala razonable que el contratista después de finalizado el contrato, por entrega total de la obra, pretenda censurar a la administración por prolongaciones en el plazo convenido, cuando estuvo de acuerdo con las mismas y en parte fue causante de aquellas. En ningún momento el contratista impugnó tales prórrogas y, si lo hizo, de ello no hay demostración alguna en el proceso. En cambio, si se infiere que con las prórrogas y ampliaciones las partes procuraron superar las dificultades que se presentaron, todo con el ánimo de obtener la ejecución del objeto contractual y de cumplir a cabalidad las obligaciones contractualmente adquiridas. De estas apreciaciones concluye la Sala que no hay lugar a aceptar el cumplimiento respecto del término del contrato planteado por el actor…” (…) “No se probó procesalmente que BENHUR, dentro del término de ejecución del contrato incurrió en sobrecostos superiores a los reconocidos por CEDENAR. Además la Sala destaca que BENHUR en ejercicio de su autonomía de la voluntad suscribió contratos adicionales de plazo en los cuales luego de la modificación de la cláusula original de PLAZO, convino con CEDENAR que las demás cláusulas del contrato, entre ellas el precio, permanecían incólumes” (subraya la sala). No sólo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana que violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negóciales guardar silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las partes al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización, sorprendiendo luego o al culminar el contrato a la otra parte con una reclamación de esa índole. Recuérdese que la aplicación de la buena fe en materia negocial implica para las partes la observancia de una conducta enmarcada dentro del contexto de los deberes de corrección, claridad y recíproca lealtad que se deben los contratantes, para permitir la realización de los efectos finales buscados con el contrato... (…) Por eso, durante el desarrollo de un contrato como el de obra, en el que pueden sobrevenir una serie de situaciones, hechos y circunstancias que impliquen adecuarlo a las nuevas exigencias y necesidades en interés público que se presenten y que inciden en las condiciones iniciales o en su precio, originados en cambios en las especificaciones, incorporación de nuevos ítems de obra, obras adicionales o nuevas, mayores costos no atribuibles al contratista que deban ser reconocidos y revisión o reajuste de precios no previstos, entre otros, la oportunidad para presentar reclamaciones económicas con ocasión de las mismas y para ser reconocidas es al tiempo de suscribir o celebrar el contrato modificatorio o adicional. Igualmente, cuando las partes determinen suspender el contrato deben definir las contraprestaciones económicas que para ellas represente esa situación, con el fin de precaver reclamaciones y la negativa al reconocimiento por parte de la entidad contratante, dado que en silencio de las partes ha de entenderse que las mismas no existen o no se presentan en caso de que éstas no las manifiesten en esa oportunidad. (…) Por consiguiente, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por incumplimientos previos a la fecha de celebración de un contrato modificatorio, adicional o una suspensión tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente hechos anteriores (excepto por vicios en el consentimiento), toda vez que no es lícito a las partes venir contra sus propios actos, o sea “venire contra factum propium non valet”, que se sustenta en la buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas.” La Subsección C de la Sección tercera de ésta Corporación también acoge dicha posición al señalar: “Pues bien, la Sala entiende que el término adicional no pudo causar una mayor permanencia en la obra imputable a la entidad, por varias razones: En primer lugar, porque este lapso fue objeto de un contrato donde las partes expresaron su voluntad sobre las condiciones en que se continuaría ejecutando la obra, de manera que siempre que se suscribe un contrato adicional la voluntad de las partes retorna a una posición de reequilibrio de las condiciones del nuevo negocio –como cuando se suscribió el contrato inicial-, porque tanto contratante como contratista tienen la posibilidad de suscribirlo o de abstenerse de hacerlo, y si ocurre lo primero, a continuación pueden establecer las nuevas condiciones del negocio. (…) Esto significa que es perfectamente posible modificar, de común acuerdo, en los contratos adicionales, los precios unitarios o globales del contrato a celebrar, bien para reducirlos o para incrementarlos, definición que cada parte valorará y seguramente concertará en función de los precios del mercado del momento. Claro está que si desde el negocio inicial el contratista se comprometió en alguna de sus cláusulas a mantener los precios, en caso de que se adicione el contrato, entonces la libertad de pacto se habrá empeñado desde esa ocasión, y a ella se atendrá la parte comprometida. En este mismo sentido ya ha expresado esta Sala que: (…) En conclusión, para que proceda el restablecimiento judicial de la ecuación financiera del contrato es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 1.- Que la ruptura de la ecuación financiera del contrato (menoscabo) sea de carácter GRAVE. 2. Que a través del medio probatorio idóneo se encuentre acreditada la relación entre la situación fáctica alegada como desequilibrante y la ruptura grave del equilibrio económico. 3. Que la situación fáctica alegada como desequilibrante no corresponda a un riesgo propio de la actividad que deba ser asumido por una de las partes contractuales. 4.- Que se realicen las solicitudes, reclamaciones o salvedades de los hechos generadores de la ruptura del equilibrio financiero, dentro de los criterios de oportunidad que atiendan al principio de buena fe objetiva o contractual, esto es que, una vez ocurrido tal hecho, se efectúen las solicitudes, reclamaciones o salvedades al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc. 5. Que las solicitudes, reclamaciones o salvedades se realicen de manera específica y concreta en cuanto a su concepto, tiempo y valor. Es decir, no tienen validez las salvedades formuladas en forma general o abstracta.” (Subrayado fuera de texto) Ahora que, en cuanto a la mayor permanencia en obra debido a las prórrogas sucesivas y suspensiones del contrato, ha precisado el Consejo de Estado que, para que el contratista pueda hacer efectiva su pretensión indemnizatoria, no basta con la prueba del simple transcurso del tiempo, pues para tales efectos es indispensable demostrar que efectivamente sufrió perjuicios con ocasión de dichas circunstancias. Igualmente, que se reitera, según el “principio de buena fe y la prohibición de venir contra los actos propios se deriva que las pretensiones de la demanda solamente pueden prosperar cuando el demandante ha dejado constancias o salvedades en las modificaciones, adiciones, prórrogas, [o] suspensiones”. De tal suerte que es necesario que exista una modificación para que se condene a una entidad contratante a pagar obras adicionales, pues, en su criterio, solamente con la modificación se entiende que el contratista tiene la obligación de ejecutarlas y la entidad la correlativa obligación de pagarlas, la que debe observar la misma solemnidad del contrato, es decir, constar por escrito. En tales casos, al interesado le corresponde demostrar: i) que la extensión del plazo del contrato le fue ajena y, además, acreditar los supuestos del incumplimiento o de la atribución sin culpa, según el caso particular; ii) que el daño se derivó de la mayor permanencia en obra y demostrar concretamente los ítems en que se produjeron los sobrecostos; y iii) que el contratista reclamó los sobrecostos ocasionados por la prórroga o suspensión contractual de manera oportuna. Sobre este último punto, el Consejo de Estado, ha estimado que, en principio, la suscripción de actos contractuales en los que se resuelvan vicisitudes surgidas en la ejecución de los contratos, como las prórrogas, adiciones o suspensiones, con silencio del contratista sobre los efectos económicos que tales medidas conllevan, pueden generar que, en sede judicial, resulte improcedente el reconocimiento de las pretensiones económicas derivadas de tales acuerdos, cuando la conducta del demandante se oponga a principios como el de la buena fe, del que se deriva el deber de sujeción a los actos propios; pese a lo cual, también ha advertido que las salvedades a esos acuerdos no se pueden erigir como una exigencia formal general ni un requisito ad substantiam actus para el reconocimiento de pretensiones de la demanda judicial, pues el acuerdo modificatorio pudo responder al incumplimiento de la entidad contratante, o a circunstancias no imputables al contratista, o tratarse de medidas adoptadas para la consecución de los fines del contrato. En estos últimos eventos, se ha dicho que, ante el silencio de las partes sobre lo que el acto representa para cada una de ellas, debe examinarse cada controversia en concreto y verificarse el alcance real de los acuerdos celebrados durante el desarrollo del contrato. Sea ha dicho, que aun cuando es posible inferir a partir de la conducta de las partes en la suscripción de convenios modificatorios, la conformidad de ellas con la ejecución contractual y su anuencia en relación con el consiguiente restablecimiento del equilibrio de la ecuación contractual, el intérprete de esa conducta debe siempre establecer si existen elementos de juicio que muevan a entender que tales acuerdos han obedecido a la necesidad de atender la satisfacción inmediata de los fines estatales sin perjuicio de la continuidad de algunas de las diferencias que, al quedar sin resolver, puedan ser planteadas en la fase de liquidación, que es el estadio en el que los contratantes se declaran a paz y salvo; o si, por el contrario, con su conducta, alguna de las partes del contrato, dio lugar a que la otra confiara en que, obedeciendo a tal acuerdo, no presentaría reclamaciones posteriores con ocasión de los asuntos que fueron objeto de su formalización. De tal suerte que, los acuerdos a los que llegan las partes del contrato durante su ejecución, tienen un carácter vinculante, el que se justifica en el principio de buena fe que debe guiar esas negociaciones; así como en las consecuencias que de ellas se derivan, las que a su vez, se apoyan, entre otras normas, en el principio de normatividad y el deber de las partes de actuar de buena fe se aplica a los contratos de las entidades estatales, estén o no sometidos a la Ley 80 de 1993. Con fundamento en lo anterior, la jurisprudencia ha sostenido que son improcedentes las reclamaciones que se funden en acuerdos contractuales sobre la modificación del plazo si, al tiempo de suscribirlos, el contratista no manifestó salvedades para conservar su derecho a pedir el pago de los costos y gastos que la ampliación o suspensión puede significar. No obstante, también ha sostenido que, el hecho de que no se incluyan salvedades en las convenciones que las partes suscriban para suspender o prorrogar el plazo del contrato no releva al juez del estudio de fondo de la reclamación. Así, para determinar si es procedente ordenar el pago de la indemnización o compensación, se debe analizar cuál fue el motivo que indujo la suscripción del acuerdo modificatorio como, por ejemplo, el incumplimiento de las obligaciones o la materialización de riesgos asumidos, por una parte y el contenido de los arreglos que las partes alcanzaron, contrastándolo con los hechos que sirven de causa a las pretensiones y con su objeto. Con base en los anteriores elementos y de cara a las estipulaciones de los contratantes, habrá de definirse si las pretensiones resultan improcedentes, ya porque desconocen el contenido de un negocio jurídico obligatorio en el que se regularon los asuntos objeto de la reclamación, ya porque la parte que formula la reclamación tenía el deber de hablar, expresar reservas o salvedades, pues la ley, el contrato o el principio de buena fe se lo imponían, o ya porque debe soportar los efectos de la ocurrencia de los hechos que motivaron la suscripción de las prórrogas. En reciente pronunciamiento el Consejo de Estado unificó su jurisprudencia, para precisar que, cuando se llegue a acuerdos durante la ejecución de un contrato, el juez deberá estudiar las pretensiones, aunque la parte no haya elevado una reclamación específica o no haya formulado una salvedad cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes o haya guardado silencio al suscribir tales acuerdos. Así pues, el deber del juez será desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos, las normas supletivas aplicables a los tipos contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la ejecución de buena fe del contrato. Conforme a dichas reglas, establecerá si las partes pretendieron o no, con ese acuerdo, regular los asuntos cuya reclamación ahora se formula y los términos de ese pacto. De ahí que, si no se acordó nada por las partes o se guardó silencio, deberá estudiarse, en cada caso, si esas pretensiones judiciales tienen fundamento o no en lo pactado en el contrato y según lo que resulte probado. De la interventoría a los contratos estatales La jurisprudencia del Consejo de Estado ha señalado, que la supervisión técnica y administrativa del contrato queda en cabeza del interventor, quien está facultado para aprobar o rechazar los bienes o servicios entregados en razón de la ejecución del contrato sobre el cual ejerce vigilancia, por ello, está habilitado para suscribir las actas que se proyectan durante la ejecución del contrato y que sean referentes a su desarrollo; asimismo, puede hacer requerimientos, solicitar informes y en general, adelantar todas las actividades que le permitan verificar la adecuada ejecución de lo pactado y, en caso de incumplimiento, está en el deber de comunicarlo oportunamente a la entidad pública para que adopte las decisiones que sean jurídicamente procedentes. De igual modo, ha determinado que de acuerdo con lo preceptuado en el numeral 2° del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, la interventoría es una especie del contrato de consultoría, de modo que es jurídicamente viable que la entidad estatal encargue a un interventor la buena marcha del contrato y de acuerdo con lo establecido en el inciso 2° del numeral 2° del mismo artículo, la labor del interventor se encuadra al cumplimiento de las obligaciones del contrato sobre el cual ejercerá control y vigilancia. Sobre estas funciones, la Corte Constitucional, en sentencia C-037 de 2003 resaltó que el interventor es el encargado de vigilar el cumplimiento del contrato, quien podrá exigir al contratista la información que estime necesaria; efectuará a nombre de la administración las revisiones periódicas indispensables para verificar que las obras ejecutadas, los servicios prestados o los bienes suministrados cumplan con las condiciones de calidad ofrecidas por los contratistas; podrá dar órdenes que se consignarán necesariamente por escrito; de su actuación dependerá que la administración responsable del contrato de que se trate adopte oportunamente las medidas necesarias para mantener durante su desarrollo y ejecución las condiciones técnicas, económicas y financieras que fueron previstas en él, es decir que tiene atribuidas prerrogativas de aquellas que en principio solo corresponden a la Administración, al tiempo que su función se convierte en determinante para el cumplimiento de los fines de la contratación estatal. De igual manera se ha reiterado que el interventor, en ejecución de las labores de interventoría del contrato estatal, está obligado a realizar la función de control y vigilancia, en virtud de la cual se le exige que, a nombre de la entidad, “(…) realice una inspección de las obras, imparta órdenes por escrito necesarias para el adecuado cumplimiento del objeto y con sujeción a los términos del contrato, solucione inquietudes, haga recomendaciones y sugerencias, pida cambios, evalúe y apruebe los trabajos, controle las cantidades de obra y su calidad, rechace las actividades inadecuadamente ejecutadas, requiera informes del cumplimiento de las obligaciones, revise las cuentas, etc.; en fin, resulta indispensable un contacto directo y permanente con el contratista y, sobre todo, con las obras y trabajos, así como el conocimiento exacto del avance físico, técnico, jurídico y financiero del objeto contractual”. En cuanto a la contratación que suscriba EMCALI, la supervisión o interventoría en los contratos en que aquélla sea un extremo del negocio jurídico, el marco normativo dispuesto para tal efecto se encuentra concebido en la Resolución No. 001169 del 14 de septiembre de 2009 en cual dispone que: i) Toda la contratación que suscriba EMCALI tendrá un supervisor o interventor designado por el área responsable ,artículo 29; ii) Todos los contratos podrán adicionarse o modificarse, según el caso, mientras el vínculo contractual esté vigente, sin que limite en su valor o plazo, podrá incrementarse el valor de una relación contractual existente, previa autorización expresa del representante legal u ordenador del gasto competente, siempre y cuando la adición en favor sea plenamente justificada y se cuente con recursos suficientes debidamente acreditados por el área correspondiente, todo lo cual deberá quedar documentado y formará parte del expediente contractual ,artículo 30; iii) El interventor colaborará en el mejor desarrollo de la actividad contratada y velará por el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, de las especificaciones técnicas, términos de referencia, carta de solicitud de ofertas y en general de los diferentes documentos que forman parte de la contratación ,artículo 2 del anexo 1; iv) La supervisión y la interventoría se originan en la existencia de un compromiso contractual para la realización de cualquier tipo de actividad, la cual exige que esta función abarque todos los aspectos concernientes a la iniciación, ejecución, terminación y liquidación del contrato, según sea el caso, artículo 3 anexo 1; v) Entre las facultades del supervisor o interventor se destaca la de verificación, la que permite la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado, la solución de los problemas y la absolución de dudas, artículo 4 anexo 1. Las Pruebas Obrantes Dentro del material probatorio que obra en el plenario, el Ministerio Público considera necesario resaltar las siguientes piezas procesales, que sirven de sustento para desarrollar los problemas jurídicos planteados: 2.3.1. Contrato No. 800-GA-CO-0224-201015 celebrado el 15 de julio de 2010, entre EMCALI EICE ESP y el CONSORCIO AUTOMATIZACIÓN 2010, que tuvo como objeto realizar la construcción, diseño y montaje del sistema de automatización en las plantas de Puerto Mallarino, río Cali, la Reforma y Río Cauca, consistente en: i) Dosificación de coagulante para las plantas de Puerto Mallarino, Río Cali, la Reforma y Río Cauca; ii) Instrumentación y control para la operación de las compuertas de entrada en los desarenadores 1 y 2 de la planta Puerto Mallarino; iii) Sistema automático de preparación y dosificación de polímero ayudante de floculación en la planta Puerto Mallarino; iv) Construcción y montaje de un sistema de medición en línea de COT, una para agua tratada de la planta Puerto Mallarino y las otras dos para la planta medición de COT en el agua cruda y tratada de la planta Río Cali respectivamente; v) Montar, dimensionar, suministrar, calibrar e integrar al centro de control de puerto Mallarino un variador de velocidad en la estación de bombeo de reservorio. De su clausulado se destacan los siguientes acuerdos: a) El contrato tendría un plazo de diez meses contado a partir de la fecha de suscripción del acta de iniciación (Cláusula Tercera); el valor del contrato sería de $5.786.067.200 más el IVA del 16% sobre la utilidad, que corresponde a $21.697.752 para un valor total de $5.807.764.952 (Cláusula Cuarta). La interventoría para el cumplimiento de las obligaciones que EMCALI y el contratista adquieren por medio del contrato, estaría a cargo de [NOMBRE TACHADO], Registro No. 7042 o por quien designe por escrito el Gerente (Cláusula Novena); el contrato se liquidaría de común acuerdo por las partes, dentro de los dos meses siguientes a su terminación o en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro meses siguientes a la finalización del plazo de ejecución del contrato (Cláusula Décima Sexta). 2.3.2. Acta de inicio del 20 de agosto de 2010, firmada por el interventor y el contratista. 2.3.3. Otro Si No. 1 de fecha 3 de diciembre de 2010, mediante el cual se adiciona el valor del contrato con el fin de completar los trabajos de modernización que se encuentran adelantando en la Planta de Puerto Mallarino mediante la realización de obras de montaje, dimensionamiento, suministro, calibración e integración de 2 bombas marca Byron Jackson modelo 39 RXL-2-STG, 1 motor de inducción HXR 500 LS8 de 1250 HP, un variador de frecuencia de 1250 HP y un sistema de enfriamiento central de 72.000 BTU. Se adiciona el valor del contrato en $4.582.000.000, incluido IVA. Igualmente, se advierte que la Agente Especial y Representante legal Designada por la SSPD (E), autorizó la celebración del OTRO SI No. 1. 2.3.4. Otro Si No. 2 de fecha 5 de diciembre de 2011, mediante el cual, se prorroga en cuatro meses el plazo del contrato, sin costo adicional. 2.3.5. Otro Si No. 3 de fecha 30 de abril de 2012, firmado por las partes del contrato, mediante el cual, se aprueba la prórroga de dos meses del plazo establecido. 2.3.6. Acta de suspensión de fecha 15 de junio de 2012, suscrita entre el interventor del contrato y el contratista, por 45 días, por cuanto se requiere la presencia de un técnico especializado para la solución al recalentamiento del motor de 1250 HP ubicado en el sistema de bombeo de agua potable de la Planta de Mallarino. 2.3.7. Acta de reinicio del contrato de fecha 24 de julio de 2012, debido a que se realizó la visita del técnico especializado el cual dio solución al recalentamiento del motor 1250. 2.3.8. Otro Si No. 4 de fecha 25 de julio de 2012, suscrito por las partes del contrato, mediante el cual, se adiciona el objeto del contrato para la construcción, diseño y montaje del sistema de automatización de alcalinización de agua cruda y estabilización química del agua tratada de la planta de Puerto Mallarino, así como también, se adiciona el valor del contrato en $873.147.656, incluido IVA, y se amplía el plazo hasta por 150 días calendario a partir del vencimiento del OTRO SI No. 3. 2.3.9. Acta de suspensión No. 2 de fecha 2 de agosto de 2012, de 30 días calendario, contados a partir del 2 de agosto de 2012, debido a que no se ha dado solución al recalentamiento del motor de 1250 Hp, ubicado en el sistema de bombeo de agua potable de la planta de Puerto Mallarino, el cual se encuentra en un taller especializado y previendo que no se venza el plazo del contrato. 2.3.10. Otro Si No. 5 del 6 de agosto de 2012, suscrito por las partes del contrato, mediante el cual, se aclara el valor de la adición del Otro Si No. 4 al no coincidir con el valor del formulario de cantidades y precios de este Otro Si No. 4 siendo $873.146.606 incluido IVA. 2.3.11. Acta de Reinicio No. 2 de fecha 24 de agosto de 2012, debido a que se realizó la instalación del motor 1250 Hp ubicado en el sistema de bombeo de agua potable de la planta de Mallarino. 2.3.12. Acta de suspensión No. 3 del 15 de enero de 2013, suscrita por el interventor y el contratista, por el término de 120 días contados a partir del 15 de enero de 2013, debido a que: 1) la ingeniería de detalle dio como resultado el cambio del equipo para mover la cal, de uno mecánico a un transporte neumático el cual ofrece mayores ventajas tecnológicas, ambientales y de carácter de salud ocupacional para el personal que manejaría dichos equipos; esta decisión generó un aumento de tiempo del proyecto por el diseño, fabricación y montaje de la nueva tecnología; 2) el ingeniero de producción de agua de la planta precisa el cambio de la aplicación de lechada de cal en el agua cruda por aplicación de hidróxido de sodio, situación que generó cambios en los diseños del trazado de tubería y su montaje, así como el cambio en la selección y montaje de los equipos de bombeo de dicho producto. Este cambio requiere de fabricación especial de las bombas y su duración es de entre doce y catorce semanas. 2.3.13. Acta de suspensión No. 3 de fecha 28 de marzo de 2013, suscrita por el interventor y el contratista, mediante la cual, se realiza una suspensión del contrato por 60 días contados a partir del 28 de marzo de 2013, debido a que, con el cambio de la aplicación de lechada de cal en agua cruda por aplicación de hidróxido de sodio, lo que generó cambios en los diseños de trazado red, tubería y montaje, así como el cambio en la selección y montaje de los equipos de bombeo de dicho producto. Dado que las bombas de dosificación de hidróxido de sodio no habían llegado todavía y por lo tanto no se habían podido realizar los montajes, ni el arranque y puesta en marcha correspondiente. 2.3.14. Acta de suspensión No. 3A del 6 de mayo de 2013, suscrita por el interventor y el contratista, mediante la cual, se realiza la suspensión del contrato por 60 días contados a partir del 6 de mayo de 2013, debido a que con el cambio de la aplicación de lechada de cal en el agua cruda por aplicación de hidróxido de sodio, se generaron cambios en los diseños del trazado de tubería y su montaje, así como el cambio en la selección y montaje de los equipos de bombeo de dicho producto. Igualmente, en razón a que, las bombas de dosificación de hidróxido de sodio no habían llegado todavía, y, por tanto, no se habían podido realizar los montajes, ni el arranque y puesta en marcha correspondientes. 2.3.15. Acta de suspensión No. 4 de fecha 2 de julio de 2013, suscrita por el interventor y el contratista, con el fin de suspender el contrato por 150 días contados a partir del 2 de julio de 2013 debido a que se inspeccionaron las bombas, de la planta de puerto Mallarino y se encontró un defecto de fabricación en ellas, razón por la cual, la fábrica solicita un plazo de 150 días para dar garantía y realizar su reposición. 2.3.16. Acta de Suspensión No. 4 A del 4 de octubre de 2013, suscrita por el interventor y el contratista, mediante la cual, se realiza una suspensión al contrato de 60 días más, debido a que aún no se habían superado los requerimientos de la presencia de un técnico especializado para la solución al recalentamiento del motor de 1250 HP ubicado en el sistema de bombeo de agua potable de la planta de Puerto Mallarino. 2.3.17. Acta de reinicio No. 3 de fecha 2 de diciembre de 2013, suscrita por el interventor y el contratista, en la que se deja constancia de que en esa fecha se reunieron a fin de reiniciar el contrato, que había sido suspendido desde el 15 de enero de 2013, cumpliéndose los requerimientos al contratista para el efecto. 2.3.18. Acta de Recibo Final de fecha 4 de diciembre de 2013, suscrita por el interventor y el contratista, en la que se deja constancia de que existe un saldo económico a favor del contratista causado por mayor cantidad de obra por $372.684.737. 2.3.19. Testimonio del señor [NOMBRE TACHADO], quien fungió como interventor del contrato, del cual se destacan que señalo que en relación con el documento que suscribió para acreditar la mayor cantidad de obra, manifestó que, corresponde a 21 actividades que se realizaron de manera adicional a las previstas en el contrato. Dentro del contrato estaba el ítem de “ingeniería de detalle”, que debió ampliarse para identificar si los elementos estaban acordes o no con la purificación del agua. Fueron unas horas más de ingeniería de detalle, más o menos 7 estudios adicionales que se hicieron para que se ejecutara debidamente el contrato, para mejorar la calidad del agua. Esas 21 “cositas” adicionales dan como resultado ese valor adicional, las que, debían hacerse y fueron apareciendo durante la ejecución. Recalcó que, esas actividades eran totalmente necesarias y no cambiaban el objeto del contrato, por lo que, en su criterio, no era menester formalizar un OTRO SÍ. Manifestó que, en su calidad de interventor, sí tenía la facultad de autorizar esas modificaciones, ya que no se trataba de una adición al contrato, facultad que se derivaba del manual de contratación, contenido en la Resolución 1169 de 2009; reiteró que, no era necesario hacer más OTRO SÍ para actividades como movimientos de escaleras o para otras actividades y cosas muy pequeñas. Aclaró que en su calidad de interventor no tenía facultades para liquidar el contrato, sino para elaborar el proyecto de acta respectivo; finalmente, anotó que, todas las obras adicionales existen y el contrato dio los frutos que se pretendía. 2.4. Análisis jurídico - caso concreto. Visto el marco teórico y normativo que rige el análisis sobre el caso en cuestión, procede el Ministerio Público, a emitir su concepto tendiente a solicitar que se CONFIRME la sentencia proferida en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca de fecha 01 de agosto de 2024, en el sentido de negar las pretensiones de la demanda. Lo anterior de acuerdo con las siguientes consideraciones: El panorama probatorio permite inferir que EMCALI y el CONSORCIO AUTOMATIZACIÓN 2010 el día 15 de julio de 2010, suscribieron Contrato No. 800-GA-CO-0224-201015 cuyo objeto correspondía a la construcción, diseño y montaje del sistema de automatización en las plantas de Puerto Mallarino, río Cali, la Reforma y Río Cauca, el cual tenía como término de ejecución de 10 meses y con un valor inicial de la suma de $5.807.764.952; el acuerdo de voluntades inicio su ejecución el día 20 de agosto de 2010 según acta de inicio de aquella fecha. En curso de la ejecución del contrato, aquel fue objeto de los siguientes OTRO SI: No. de Otro si y fecha Contenido Otro Si No. 1 de fecha 3 de diciembre de 2010 Mediante el cual se adiciona el valor del contrato en $4.582.000.000 con el fin de completar los trabajos de modernización en la Planta de Puerto Mallarino mediante la realización de obras de montaje, dimensionamiento, suministro, calibración e integración de 2 bombas marca Byron Jackson modelo 39 RXL-2-STG, 1 motor de inducción HXR 500 LS8 de 1250 HP, un variador de frecuencia de 1250 HP y un sistema de enfriamiento central de 72.000 BTU. Otro Si No. 2 de fecha 5 de diciembre de 2011 Mediante el cual se prorroga en cuatro meses el plazo del contrato. Otro Si No. 3 de fecha 30 de abril de 2012 Mediante el cual se aprueba la prórroga de dos meses del plazo establecido. Otro Si No. 4 de fecha 25 de julio de 2012 Mediante el cual se adiciona el objeto del contrato para la construcción, diseño y montaje del sistema de automatización de alcalinización de agua cruda y estabilización química del agua tratada de la planta de Puerto Mallarino, así como también el valor del contrato en $873.147.656, incluido IVA, y se amplía el plazo hasta por 150 días calendario a partir del vencimiento del OTRO SI No. 3. Otro Si No. 5 del 6 de agosto de 2012 Mediante el cual se aclara el valor de la adición del Otro Si No. 4 al no coincidir con el valor del formulario de cantidades y precios de este Otro Si No. 4 siendo $873.146.606 incluido IVA Adicionalmente el contrato fue objeto de las siguientes suspensiones y reinicio de obra: No. de acta de suspensión y fecha Contenido No. acta de reinicio Contenido No. 1 de fecha 15 de junio de 2012. Por 45 días, para solucionar el recalentamiento del motor de 1250 ubicado en la Planta de Mallarino. No. 1 de fecha 24 de julio de 2012. Debido a que se realizó la visita del técnico especializado el cual dio solución al recalentamiento del motor 1250 Hp. No. 2 de fecha 2 de agosto de 2012. De 30 días, debido a que no se dio solución al recalentamiento del motor de 1250 ubicado en la planta de Puerto Mallarino. No. 2 de fecha 24 de agosto de 2012. Debido a que se realizó la instalación del motor 1250 Hp ubicado en la planta de Mallarino. No. 3 del 15 de enero de 2013. Por 120 días contados a partir del 15 de enero de 2013, debido a cambio del equipo para mover la cal y cambio de la aplicación de lechada de cal en el agua cruda por aplicación de hidróxido de sodio. No. 3 (sic) de fecha 28 de marzo de 2013. Por 60 días contados a partir del 28 de marzo de 2013, debido a cambio de la aplicación de lechada de cal en agua cruda por aplicación de hidróxido de sodio, así como el cambio en la selección y montaje de los equipos de bombeo de dicho producto. No. 3A del 6 de mayo de 2013. Por 60 días contados a partir del 6 de mayo de 2013, debido a que con el cambio de la aplicación de lechada de cal en el agua cruda por aplicación de hidróxido de sodio. No. 4 de fecha 2 de julio de 2013. Por 150 días contados a partir del 2 de julio de 2013 debido a que se inspeccionaron las bombas Bayron Jackson, de la planta de puerto Mallarino. No. 4.A del 4 de octubre de 2013. Por 60 días, debido a que aún no se habían superado los requerimientos de la presencia de un técnico especializado para la solución al recalentamiento del motor de 1250 Hp ubicado en la planta de Puerto Mallarino. No. 3 de fecha 2 de diciembre de 2013. En la que se deja constancia de que en esa fecha se reunieron a fin de reiniciar el contrato, que había sido suspendido desde el 15 de enero de 2013, cumpliéndose los requerimientos al contratista para el efecto. El día 4 de diciembre de 2013 se suscribió por el consorcio y el interventor del contrato, señor [NOMBRE TACHADO], acta de recibo final, documento en el cual se dejó constancia de la existencia de saldos económicos a favor del contratista por mayor cantidad de obra ejecutada. 2.3.1. Motivos de la apelación. Destaca el apelante que las obras advertidas como mayor cantidad de obra ejecutada en el acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2013 eran necesarios para la ejecución del objeto del contrato, y para su ejecución y reconocimiento económico no era necesario la suscripción de Otro si o contrato adicional porque las facultades que tenía el interventor le permitía realizar estas funciones sin necesidad de aprobación de gerencia, además que las obras adicionales ejecutadas solo modificaron el valor del contrato pues se incluyeron nuevas obras. Al respecto se debe advertir que, el acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2013, como se desprende de su lectura, es un documento de la ejecución contractual a través del cual el Interventor del contrato, junto con el representante de la firma consorciada, exponen sin mayor detalle de su ejecución unos “Intems de proyecto”, “actividades” y “costos”, como se refiere textualmente en aquél documento, a favor del consorcio y en los cuales señalan que corresponden a “un saldo a favor del contratita causado por mayor cantidad de obra las cuales serán pagadas por EMCALI EIE ESP” por un valor de $372.684.737. Aquel documento respecto a las sumas referidas las discrimina así: “1) DOSIFICACIÓN DE COAGULANTES PARA LAS PLANTAS DE PUERTO MALLARINO, RIO CALI, RÍO CAUCA Y LA REFORMA: -) Preingeniería de detalle. Se solicitaron planos y la preingeniería, mediante cartas con los consecutivos CA-003-08-10, CA-005-08-10 y CA-012-09-10, pero no fue entregada: $128.000.000; -) Mayor permanencia de tiempo en el proyecto -) Instalación de red hidráulica, eléctrica y de automatización control para el llenado de los tanques de almacenamiento de coagulante en río Cauca, la Reforma y Río Cali: $26.166.363; -) Diseño, construcción y montaje de canaleta dosificadora de coagulante en Río Cali: $5.500.000; -) Suministro y reinstalación de cableado eléctrico, reubicación de tablero eléctrico, canalización y construcción de cámaras eléctricas en la Reforma: $7.293.049; -) Estación de trabajo para la recolección de datos de dosificación en Río Cali: $2.517.200; -) Fabricación e instalación de cubas de dosificación en Río Cali: $7.315.200; -) Suministro de tablero, panel básico y variador de velocidad de dosificación de sulfato de aluminio y cal en Río Cauca: $15.870.560; -) Suministro e instalación adaptador Ethernet pares trenzadas para flex I/O, para el llenado de coagulante en la planta Puerto Mallarino: $1.329.128; -) Suministro e instalación fuente alimentación 110/220 VCA A 24 VCC 1,3 A Puerto Mallarino: $368.764; -) Suministro e instalación de sistema de control de flujo para streaming Current detector: $20.400.000; -) Suministro e instalación de electroválvulas para el retrolavado del SCD: $2.952.000. SUBTOTAL DOSIFICACIÓN: $217.712.264. 2) SUBTOTAL SAPP: -) Construcción e instalación de escalera para alimentación del polímero al SAPP: $2.000.000; -) Suministro e instalación hidráulica desde bombas dosificadoras hacia los 4 reactores (aforo, válvulas de control): $6.800.350; SUBTOTAL SAPP: $8.800.350. 3) VARIOS: -) Suministro de radio portátil tk2302 (vhf) de 5 vatios de potencia, 16 canales. Incluye: radio, antena, clip, batería knb45I y cargador rápido ksc 35: $1.798.000. -) Suministro de 4 baterías adicionales knb-45I para los radios portátiles: $562.400; -) Cambio de tubería dosificación de coagulante, de clase 40 a clase 80: $40.841.058; -) Integración actuador bomba No. 2 de agua tratada Puerto Mallarino: $3.000.000; -) Reposición de equipos de automatización de llenado en Río Cali: $4.603.823; -) Suministro e instalación de acometida eléctrica para motor de 1250 HP: $20.500.000; -) Cable de comunicación Device Net para la conexión de la instrumentación del variador con el motor de 1250 HP: $4.000.000. SUBTOTAL VARIOS: $75.305.281 SUBTOTAL: $301.817.895 ADMINISTRACIÓN: (20%): $60.363.579 IMPREVISTOS (5%): UTILIDAD (3%): $9.054.537 IVA: $1.448.726 TOTAL: $372.684.737.” De acuerdo a lo antes visto es evidente que de las actividades expuestas en el acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2013, no es posible establecer las circunstancias temporales o modales en que fueron ejecutadas, o si aquellas fueron ejecutadas en el marco de las medidas excepcionales que fueron suscritas con la finalidad de salvaguardar la continuidad de la relación contractual del Contrato No. 800-GA-CO-0224-201015; pues si bien el apelante en su escrito expresa que aquellas fueron advertidas en las suspensiones del contrato, los cierto es que las actas de suspensión No. 1 de fecha 15 de junio de 2012, No. 2 de fecha 02 de agosto de 2012, No. 3 de fecha 15 de enero de 2013, y No. 4 de fecha 02 de julio de 2013, no señalan de manera expresa solicitud de reconocimiento o reclamo por el consorcio dirigido a advertir la ejecución de las actividades de las que trata el acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2013 y que aquéllas se constituyen en una carga imprevista y onerosa económicamente respecto a lo plasmado de manera primigenia en el acuerdo de voluntades. De tal surte, que las actas de suspensión referidas por el apelante en su escrito de alzada, no señalan reclamos o solicitudes dirigidas a advertir la presencia de actividades ejecutadas que se enmarquen en una mayor cantidad de obras y que postreramente fueran plasmadas en el acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2013, expresando las circunstancias temporales en que fueron ejecutadas y en que documento quedaron autorizadas y reconocida, lo cual impide establecer en qué momento de la ejecución contractual fueron perfeccionadas; pues se aprecia del plenario que las previstas en el acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2013, solo fueron señaladas a instancias de ese documentos, sin que previamente fueran señaladas o advertidas en el cuso de los informes de interventoría como actividades que se constituían en mayor cantidad de obra ejecutada, la razón y justificación de tales obras, en cuyo caso correspondía un reconocimiento económico ajeno al previamente fijado en el contrato, pues se constituían en mayor cantidad de obra, aspecto que echa de menos el plenario. El actor señala la pertinencia del reconocimiento económico de los valores dispuesto en el acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2013, en la medida que aquéllas tenían el aval de interventor, quien además en su declaración a instancias del este proceso, señalo que los valores depuestos en el acta fueron señalados como una convalidación de su ejecución, pues en su decir, aquello, era suficiente para que fuera tenida en cuenta en una futura liquidación del contrato, ya que con su realización no constituía una modificación del objeto contractual, pues cada vez que se presentaba la necesidad solo bastaba su autorización. Al respecto estima el Ministerio Público que, sobre el decir el interventor nos debemos trasladar a las disposiciones normativas señaladas en el artículo 30 de la Resolución No. 001169 del 14 de septiembre de 2009 “por medio de la cual se adopta el Manuel de Contratación de EMCALI EICE ESP”, que señala: “Todos los contratos podrán adicionarse o modificarse, según el caso, mientras el vínculo contractual esté vigente, sin que limite en su valor o plazo. Podrá incrementarse el valor de una relación contractual existente, previa autorización expresa del representante legal u ordenador del gasto competente, siempre y cuando la adición en favor sea plenamente justificada y se cuente con recursos suficientes debidamente acreditados por el área correspondiente, todo lo cual deberá quedar documentado y formará parte del expediente contractual. (…)” (Subrayado fuera de texto) Partiendo del anterior contenido normativo, se debe señalar que el valor del Contrato No. 800-GA-CO-0224-201015, podrá se incrementado, pero previa autorización del representante legal de EMCALI, siempre que la adición sea justificable y se cuente con los recursos para ello. De tal suerte que contrario a los señalado por el Interventor del Contrato No. 800-GA-CO-0224-201015, señor [NOMBRE TACHADO], si en el acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2013, se incluían obras que aumentaban el valor del contrato, como se deduce de la norma transcrita, es necesario para el reconocimiento de ellas la autorización previa del representa legal de la entidad, así como la debida justificación y contar con los recursos necesarios para cumplir con su pago; razón por la cual, deduce el Ministerio Público, que los valores previstos en el acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2013, si debieron ser incluidas en un otro si, pues si bien, las sumas incluida en el acta no alteran el objeto del contrato, si varían o alteran el valor inicialmente previsto en el Contrato No. 800-GA-CO-0224-201015, por lo cual no solo debían contar con la autorización del interventor, sino además con la del representante legal de la entidad. Así pues, no obra en el expediente un documento que permita inferir a esta Delegada, que el consorcio o el interventor, de forma individual o conjunta, expresaran al representante legal de EMCALI la necesidad o justificación de las obras de las cuales se reclama su pago en el acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2013 durante el periodo de ejecución del contrato, para así identificar si aquellas se realizaron de manera previa o posterior a las medidas excepcionales que fueron suscritas con la finalidad de salvaguardar la continuidad de la relación contractual del Contrato No. 800-GA-CO-0224-201015. Ahora, si bien la Resolución No. 001169 del 14 de septiembre de 2009 autorizaba o facultaba al señor [NOMBRE TACHADO], para que en su calidad de interventor colaborará en el mejor desarrollo de la actividad contratada y velará por el cumplimiento idóneo y oportuno del objeto contratado, para lo cual se valía de las facultades que le permitían la aplicación de correctivos y la solución de los problemas, en materia de variación del valor del Contrato No. 800-GA-CO-0224-201015, aquélla facultad debía ejercerla de manera coordinada con el representante legal de EMCALI y atender las formalidades que la entidad preveía para ello. Ahora, en el plenario no se advierte que el consocio actor elevara una petición o reclamación de restablecimiento del equilibrio económico del contrato en curso de la ejecución del mismo, pues, además de los otros si suscritos, las suspensión y las actas de reinicio, en aquellos, ni en ningún otro documento, se dejó ninguna salvedad dirigida a advertid los valores o actividades que se depusieron en el acta de recibo final de fecha 4 de diciembre de 2013 y que a juicio del apelante se configuras en un desequilibrio económico del contrato. Por lo anterior, estima esta Delegada de Intervención que no puede entenderse configurado el desequilibrio económico Contrato No. 800-GA-CO-0224-201015 con fundamento en los valores reclamados en el acta referida, razón por la cual se estima que la liquidación efectuada por el A Quo debe permanecer incólume y no se puede acceder al reconocimiento de las sumas de dinero dispuestas en el acta de fecha 4 de diciembre de 2013 por las razones antes expuestas. 3. CONCEPTO Con base en los argumentos esbozados en el presente concepto, la Procuraduria Delegada De Intervencion 9: Cuarta ante el Consejo de Estado solicita que la Sentencia de fecha 01 de agosto de 2024 del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca debe ser CONFIRMADA, de acuerdo con los argumentos antes planteados. De la Honorable Magistrado, CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA Procurador Delegado de Intervencion 9: Cuarto ante el Consejo de Estado

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