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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

Procuraduría: indicó el actor que la compañía MARITIME ARCHAEOLOGY CONSÚLTANTS SWITZERLAND AG

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Fecha
2025-01-13
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202507161430010.DOCX

Síntesis del concepto

Procuraduría: indicó el actor que la compañía MARITIME ARCHAEOLOGY CONSÚLTANTS SWITZERLAND AG

En resumen

ACTUACIONES PREVENTIVAS DE LA PGN-La Procuraduría Delegada para la Función Pública ejerció vigilancia y control sobre el Ministerio de Cultura en el rescate del navío Galeón San José En este orden, señaló el actor popular que el MINISTERIO DE CULTURA pretende contratar mediante la figura de la asociación público-privada, la cual no es procedente para actividades relacionadas con la preservación y divulgación del patrimonio cultural sumergido. Sin embargo, como estos fueron formulados posteriormente a la radicación de la propuesta, se dijo que no serían reconocidos para esos efectos, manteniéndose entonces como costos de estructuración del proyecto los autorizados por la Resolución 3144 de 25 de octubre de 2017. El 7 de marzo de 2018, el originador comunicó al Ministerio la aceptación de las condiciones bajo las cuales el Estado aprobaría la iniciativa presentada en etapa de factibilidad.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Ley 472 de 1998
  • Ley 1675 de 2013
  • Ley 1508 de 2012

Puntos que trata

  • Ministerio público en intervención ante el consejo de estado: Sugiere declarar la terminación del presente litigio dentro de la acción popular al configurarse hecho superado
  • Acción popular: Presunta vulneración a la moralidad administrativa y defensa del patrimonio cultural con la estructuración del esquema de asociación público-privada de iniciativa privada para la intervención, divulgación y aprovechamiento del hallazgo cultural sumergido
  • Acción popular: Límites de la acción popular frente a actuaciones contractuales complejas del Estado
  • Agencia nacional de defensa jurídica del estado: Intervención sobre la legalidad del modelo de conservación, valorización y divulgación del patrimonio cultural sumergido estructurado por el Ministerio de Cultura

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Texto del documento 154.165 caracteres
MINISTERIO PÚBLICO EN INTERVENCIÓN ANTE EL CONSEJO DE ESTADO-Sugiere declarar la terminación del presente litigio dentro de la acción popular al configurarse hecho superado ACCIÓN POPULAR-Presunta vulneración a la moralidad administrativa y defensa del patrimonio cultural con la estructuración del esquema de asociación público-privada de iniciativa privada para la intervención, divulgación y aprovechamiento del hallazgo cultural sumergido ACCIÓN POPULAR-Límites de la acción popular frente a actuaciones contractuales complejas del Estado AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-Intervención sobre la legalidad del modelo de conservación, valorización y divulgación del patrimonio cultural sumergido estructurado por el Ministerio de Cultura AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-Intervención sobre la aplicación del régimen de APP sin recursos públicos y la remuneración por gestión, conforme a la Ley 1675/13 y la Ley 1508/12 MEDIDA CAUTELAR EN ACCIÓN POPULAR-Tribunal consideró que no se acreditó un riesgo inminente de afectación a derechos colectivos que justificara el decreto de la medida de conformidad con los artículos 144 y 230 del CPACA y el artículo 25 de la Ley 472/98 ACTUACIONES PREVENTIVAS DE LA PGN-La Procuraduría Delegada para la Función Pública ejerció vigilancia y control sobre el Ministerio de Cultura en el rescate del navío Galeón San José JUEZ POPULAR-Denegación de pretensiones por falta de prueba de daño o amenaza a derechos colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la nación INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO EN ACCIÓN POPULAR-Procurador Séptimo Judicial II Administrativo apeló la sentencia señalando que el contrato estatal establece como forma de remuneración un porcentaje sobre bienes materiales que han sido declarados como Bien de Interés Cultural AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO-Solicitud de sentencia anticipada por carencia actual del objeto del litigio TERMINACIÓN POR HECHO SUPERADO-Carencia actual de objeto de la acción popular al haberse declarado desierto el proceso de contratación por el Ministerio de Cultura El Ministerio Público sugiere respetuosamente al Honorable Consejo de Estado, proferir decisión en segunda instancia que declare la terminación del presente litigio por hecho superado, atendiendo que el Ministerio de Cultura mediante la Resolución No. 0113 del cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022), declaró desierto el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. MC APP 001 2018, cuyo objeto era “La intervención, preservación, divulgación y aprovechamiento económico de los bienes que se encuentran en el polígono autorizado en el mar Caribe, así como el diseño, construcción operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada la cual se compone de un laboratorio para la conservación de materiales y un museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación”, decisión que fue confirmada a través de la Resolución 678 del 3 de mayo de 2022 En este sentido y atendiendo que la pretensión primera de la Acción Popular -reiterada por el Demandante en su recurso de apelación- estaba orientada a que se ordenara a La Nación – Ministerio de Cultura y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH abstenerse de continuar con el trámite del proceso contractual número MC APP 001 2018, se hace evidente que el presente medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos presenta carencia de objeto en relación con las situaciones fácticas y pretensiones que la sustentan, puesto que, como se mencionó, el proceso de selección fue declarado desierto por el Ministerio de Cultura mediante la Resolución No. 0113 del cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022), insistiendo que actualmente no concurren las presuntas amenazas planteadas por el demandante CONCEPTO No. 001/ 2025 Bogotá, D.C., 13 de enero de 2025. SEÑORES CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A Consejero Ponente: Dr. [NOMBRE TACHADO]. E. S. D. EXPEDIENTE: 250002341000201800540 01 (71.999) Acción: Acción Popular – Ley 1437/2011 ACTOR: [NOMBRE TACHADO]. DEMANDADO: Nación – Ministerio de Cultura y otros. Sentido del concepto: Solicitud de proferir decisión en segunda instancia que declare la terminación del presente litigio por HECHO SUPERADO, atendiendo que el Ministerio de Cultura mediante la Resolución No. 0113 del cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022), declaró desierto el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. MC APP 001 2018 // El presente medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos presenta carencia de objeto en relación con las situaciones fácticas y pretensiones que la sustentan. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales, atendiendo además, lo dispuesto en el artículo 3° de la Resolución 210 del 14 de julio de 2021 “Por medio de la cual se fijan criterios de intervención obligatoria de las Procuradurías Delegadas que actúan ante el Consejo de Estado”, intervención que se hace en los siguientes términos: ANTECEDENTES Demanda. Mediante escrito radicado el 22 de mayo de 2018, el señor [NOMBRE TACHADO], actuando en nombre propio, interpuso demanda en ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos -acción popular- en contra del MINISTERIO DE CULTURA -en adelante el Ministerio- y el INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA - ICANH, invocando la protección de los derechos colectivos contenidos en los literales b, e, y f del artículo 40 de la Ley 472 de 1998, relativos a la moralidad administrativa, la defensa patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la nación; los cuales, considera vulnerados con ocasión al proceso contractual No. MC APP 001 de 2018, adelantado por las entidades demandadas, cuyo objeto es "El presente Contrato de Concesión bajo el esquema de asociación público privada de Iniciativa Privada sin desembolso de recursos públicos, en los términos de la Ley 1675 de 2013 y de la Ley 1508 de 2012, tiene por objeto la Intervención, aprovechamiento económico, Preservación y divulgación del Hallazgo por parte del Concesionario; así como el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada, la cual se compone de un Laboratorio para la conservación de materiales y un Museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación". De los hechos de la acción popular. Como fundamento fáctico, el demandante expuso en el escrito contentivo de la demanda, en síntesis, lo siguiente: Mediante comunicación No. OMC-001415-1-2015 del 29 de enero de 2015, la compañía privada de responsabilidad limitada de nacionalidad inglesa denominada MARITIME ARCHAEOLOGY CONSULTANTS LIMITED - en adelante compañía MAC, presentó propuesta ante el MINISTERIO DE CULTURA para la realización por su cuenta y riesgo, de actividades sobre presuntos contextos de patrimonio cultural sumergido en aguas marítimas colombianas bajo el esquema de asociación público-privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos. En atención a la propuesta presentada por la compañía MAC el MINISTERIO DE CULTURA profirió la Resolución 1456 del 26 de mayo de 2015, aprobando la prefactibilidad presentada por el originador y autorizó a dicha sociedad la exploración en aguas marítimas colombianas para identificar contextos susceptibles de contener patrimonio cultural sumergido bajo los parámetros que se establecieron en esa resolución. Posteriormente, a través de la Resolución 3031 del 20 octubre de 2015 el Ministerio autorizó la ampliación del área de exploración autorizada mediante Resolución 1456 de 2015, atendiendo los parámetros establecidos en la resolución en mención. En este orden, señaló el actor popular que el MINISTERIO DE CULTURA pretende contratar mediante la figura de la asociación público-privada, la cual no es procedente para actividades relacionadas con la preservación y divulgación del patrimonio cultural sumergido. Asimismo, considera el demandante que las entidades demandadas no cumplieron con lo establecido en el artículo 24 del Decreto 1467 de 2012 "Por el cual se reglamenta la Ley 1508 de 2012", en atención a que los tipos de remuneración allí contemplados no le son aplicables a las asociaciones público privadas. Adicional a lo anterior, indica que no cumplieron lo dispuesto en el numeral 24.1 del artículo 24 del decreto ya mencionado, pues incumplieron los términos para evaluar la propuesta. Aunado a lo anterior, precisa el escrito de demanda que el Ministerio a través de la Resolución 0636 del 30 de marzo de 2016 autorizó la cesión de los derechos y obligaciones contenidos en las Resoluciones 1456 y 3031 de 2015 de la sociedad MARITIME ARCHAEOLOGY CONSULTANTS LIMITED a la sociedad MARITIME ARCHAEOLOGY CONSULTANTS SWITZERLAND AG.Y, posteriormente mediante la Resolución 0942 del 26 de abril de 2016 autorizó la cesión total y definitiva de los derechos y obligaciones contenidos y derivados de las referidas resoluciones entre dichas sociedades. Señala que, tras el hallazgo de un pecio en el marco de la exploración autorizada, el originador presentó informe final de exploración y la factibilidad del proyecto para la adjudicación de un contrato de concesión aprovechamiento económico preservación y divulgación del hallazgo identificado en la etapa de exploración, así como la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada, la cual corresponde a un laboratorio de materiales sumergidos y a un museo. El MINISTERIO DE CULTURA mediante la Resolución 1550 del 7 de junio de 2017, aprobó el informe final de la exploración realizada en aguas marítimas colombianas con el fin de identificar contextos susceptibles de contener patrimonio cultural sumergido, autorizada mediante las Resoluciones 1456 y 3031 de 2015. Indicó el actor que la compañía MARITIME ARCHAEOLOGY CONSÚLTANTS SWITZERLAND AG, en calidad de originador, mediante radicado No. MC20488E2016 del 30 de septiembre de 2016 (sic), sometió a consideración del Ministerio la propuesta en etapa de factibilidad del proyecto de asociación público-privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos, ante lo cual, mediante la comunicación No. 2-2018- 001276 de 16 de enero de 2018, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público emitió concepto sobre la valoración de las obligaciones contingentes. Posteriormente, mediante comunicación con radicado No, 20188200018491 de 17 de enero de 2018, el Departamento Nacional de Planeación produjo concepto favorable a la justificación presentada para utilizar el mecanismo de asociación público-privada como modalidad de ejecución para el desarrollo del proyecto de iniciativa privada denominada "San José". El 22 de enero de 2018, la entonces Ministra de Cultura presentó ante el Consejo de Ministros las conclusiones del estudio de factibilidad formulado por el originador, considerando que la propuesta en etapa de factibilidad del proyecto de asociación público-privada de iniciativa privada sin desembolsos de recursos públicos denominado "San José", presentado por MARITIME ARCHAEOLOGY CONSULTANTS SWITZERLAND AG, - MAC, era viable. Conforme lo anterior, indicó el demandante que el MINISTERIO DE CULTURA aceptó el valor de los estudios de estructuración presentados por el originador, quien es el proponente del proyecto de la asociación público-privada de iniciativa privada por la suma de $18.438.716.345,60, la que fue aprobada mediante la Resolución 3144 del 25 de octubre de 2017 como una de las condiciones bajo las cuales el citado ministerio otorgó viabilidad a la propuesta en etapa de factibilidad del proyecto. El 15 de diciembre de 2017, MARITIME ARCHAEOLOGY CONSULTANTS SWITERZALND AG MAC (proponente) presentó comunicación en la cual incluyó costos adicionales para la estructuración del proyecto. Sin embargo, como estos fueron formulados posteriormente a la radicación de la propuesta, se dijo que no serían reconocidos para esos efectos, manteniéndose entonces como costos de estructuración del proyecto los autorizados por la Resolución 3144 de 25 de octubre de 2017. El 7 de marzo de 2018, el originador comunicó al Ministerio la aceptación de las condiciones bajo las cuales el Estado aprobaría la iniciativa presentada en etapa de factibilidad. En este orden, el 23 de marzo del 2018, el Ministerio publicó en el SECOP el proceso No. MC APP 001 2018 contrato de concesión, refiriendo en dicha publicación: “El presente contrato de concesión bajo el esquema de asociación público privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos en los términos de la Ley 1675 de 2013 y la Ley 1508 de 2012 tiene por objeto la intervención preservación divulgación y aprovechamiento económico de los bienes que se encuentran en el polígono autorizado en el mar Caribe así como el diseño construcción operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada la cual se compone de un laboratorio para la conservación de materiales y un museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación”. Conforme los hechos anteriormente precisados, considera el extremo actor que en el caso que fuera viable efectuar la asociación público-privada, el Ministerio no cumplió con lo dispuesto en el artículo 24 del Decreto 1467 de 2012 "Por el cual se reglamenta la Ley 1508 de 2012”, toda vez que no efectuó los procesos de consulta realizada con todas las entidades estatales involucradas en el proyecto. De igual manera, expuso que el MINISTERIO DE CULTURA no cumplió con la convocatoria a terceros (especialistas, universidades, centros de investigación, asociaciones de profesionales, ciudadanía en general), tanto en la etapa de prefactibilidad como de factibilidad del proyecto, ni con las respuestas a inquietudes, propuestas o manifestaciones de cualquier tipo presentadas por los mismos, según lo normado en el artículo antes citado. Adicionalmente, considera el demandante que las entidades demandadas establecen tres tipos de remuneración a un concesionario bajo la figura de asociación público-privada, contemplados en la Ley 1675 de 2013 y la Ley 1508 de 2012, no obstante, señaló que la ley no permite este tipo de remuneración. Por último, precisó que por parte del MINISTERIO DE CULTURA existió una trasgresión de los plazos impuestos al Estado y a los particulares en la etapa de estructuración, así como actos ejecutados fuera de la norma, tales como la aceptación por parte de la entidad estatal de reemplazar la propuesta en dos ocasiones, cuando lo que se encuentra permitido son adiciones o complementos de ella, solicitadas de manera expresa y sustentada por parte de la entidad pública. Pretensiones. De acuerdo con las situaciones fácticas precitadas, se invocó como pretensiones en el escrito petitorio, las siguientes (se efectúa transcripción literal): PRIMERA. Que se ordene a la NACIÓN — MINISTERIO DE CULTURA E INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA —ICANH, abstenerse de continuar el trámite del proceso contractual número MC APP 001 2018, cuyo objeto es “El presente contrato de concesión bajo el esquema de asociación publico privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos en los términos de la Ley 1675 de 2013 y la Ley 1508 de 2012 tiene por objeto la intervención preservación divulgación y aprovechamiento económico de los bienes que se encuentran en el polígono autorizado en el mar Caribe así como el diseño construcción operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada la cual se compone de un laboratorio para la conservación de materiales y un museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación", con un valor estimado de $197.727.182.757. SEGUNDA. Que se disponga a los demandados evaluar científicamente, a cargo de arqueólogos idóneos conjuntamente con otros profesionales de ser necesario, respecto al contexto arqueológico correspondiente al Galeón San José, su valor cultural a priori, así como la aplicación a este del principio de indivisibilidad o unidad. TERCERA. Que se ordene a la NACIÓN — MINISTERIO DE CULTURA y al INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA —ICANH, planear, desarrollar y ejecutar las acciones y disposición de medios necesarios para que el Estado tenga la primera opción de llevar a cabo las actividades de exploración, intervención, aprovechamiento económico y preservación del patrimonio cultural sumergido del Galeón San José, como se dispone en el segundo inciso del artículo 10 de la Ley 1675 de 2013 CUARTA. Que se ordene a los accionados excluir cualquier posibilidad de celebrar contrato con un privado bajo la modalidad de asociaciones público privadas, ya sea persona natural o jurídica, con el cual se acuerde el pago con un porcentaje de bienes extraídos del contexto arqueológico correspondiente al Galeón San José o según criterios financieros sobre su valor. QUINTA. Que se ordene a la NACIÓN — MINISTERIO DE CULTURA E INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGÍA E HISTORIA —ICANH, se proceda, en los casos en los cuales el Estado no pueda por sus propios medios adelantar las actividades relacionadas con la preservación del patrimonio cultural sumergido, a acatar lo normado en los artículos 10 y 112 de la Ley 1675 de 2013, que determinan la contratación mediante la modalidad de licitación pública de operaciones específicas de orden técnico que requiera la extracción de este tipo de bienes, en todo caso, se imposibilite la forma de pago con un porcentaje de bienes extraídos del contexto arqueológico correspondiente al Galeón San José o según criterios financieros sobre su valor. SEXTA. ORDENAR a la Procuraduría General de la Nación que diseñe y ejecute un programa permanente de vigilancia preventiva y control de gestión integral de los derechos varias veces invocados, referidos al patrimonio cultural de la Nación y especialmente del patrimonio cultural sumergido, con el propósito de velar por los mandatos constitucionales sobre estos bienes y sus implicaciones en la protección de la cultura como fundamento de la nacionalidad, conforme a lo previsto en los artículos 277, numerales 4, 5 y 7, de la Carta Política, y 24 del Decreto Ley 262 de 2000. SÉPTIMA. Que se ordene, según lo que se pruebe por esa instancia, todas las decisiones extra petita (por fuera de lo pedido), o ultra petita (más allá de lo pedido), en aras de garantizar los derechos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio cultural de la nación y el patrimonio público. Vinculación de oficio. El despacho sustanciador en primera instancia, mediante auto del 13 de agosto de 2018 dispuso de oficio la vinculación al proceso de la sociedad MARITEME ARCHAEOLOGY CONSULTANTS SWITZERLAND AG, para integrar la parte demandada. De igual manera, a través del mencionado proveído atendió favorablemente a las solicitudes de coadyuvantes del demandante a los señores: Jorge\ Dávila Pestana, Francisco Muñoz AtuestaÚ Alberto Samudio Trallero, Antonio Pretelt Emiliani, Raul Porto Cabrales, Sabas Pretelt de la Vega, Enrique Gómez Hurtado, Edgardo Martínez, Luis Eduardo Camacho, Ramón Paz Delgado, Javier Martínez, José H Rizo Delgado, Carlos Rodríguez, Miguel E Desmoineaux Romero, José González, Luis Fernando Bennedetti, Antonio Escobar, Jaime Redón, Lorcy Carolina Puello Herrera, Hugo Delgado, Juan José de la Vega Angulo, Sergio Martínez Ibarra, Pedro Ariza Buitrago, Hugo Guzmán Fonseca, Ana Navarro, Francisco Fiegueroa Herrera, Hernán Darío Orozco Sánchez en su calidad de representante legal de la red Intergral de Veedurías-Rivecol y el Observatorio de Gestión Pública Social y D.D.H.H; [NOMBRE TACHADO] calidad de representante legal de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido en Colombia. Adicionalmente, a través del referido auto el despacho resolvió favorablemente la solicitud de intervención efectuada por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE. Audiencia de pacto de cumplimiento. Durante el devenir procesal, el Despacho ponente mediante auto del 22 de octubre de 2018 fijó fecha para celebrar la audiencia pública de pacto de cumplimiento prevista en el artículo 27 de la Ley 472 de 1998, citada para el 11 de diciembre de 2018, realizándose en la fecha y hora programada. Dicha diligencia se declaró fallida en atención a la posición negativa de las partes para proponer o formalizar un pacto de cumplimiento. 1.6. Contestación de la demanda. 1.6.1. El MINISTERIO DE CULTURA, mediante escrito del 10 de julio de 2018 a través de apoderado judicial, contestó la demanda, oponiéndose a las pretensiones, indicando al respecto: La actuación contractual desplegada por el Ministerio y por la cual se demanda ha estado en todo momento estrictamente ajustada a derecho y busca precisamente la protección del patrimonio cultural de la Nación y del patrimonio público de los colombianos. En este sentido, indicó que, los reproches que pudiese tener el accionante frente al procedimiento contractual adelantado y por el cual demanda mediante la presente acción popular no pueden ser ventilados ante el juez de esta instancia, insistiendo en que para esta finalidad concreta el ordenamiento legal establece medios de control específicos cuyo objeto es someter a consideración de la jurisdicción de lo contencioso administrativo las posibles falencias o incongruencias que pudiese tener determinada actuación administrativa, incluso un trámite contractual a la luz de las disposiciones normativas llamadas a regir el caso específico. Conforme lo anterior, precisó el apoderado del Ministerio que si el accionante pretendía cuestionar la legalidad del procedimiento contractual MC APP-001-2018 y de los actos que la administración a proferido en desarrollado del mismo, debió hacerlo en uso del medio de control de nulidad. Señaló que el demandante hace referencia a una supuesta amenaza o vulneración a los derechos colectivos tutelados, que se materializa en una simple transcripción descontextualizada e irrelevante de sentencias proferidas por el Consejo de Estado, sin que el demandante haya cumplido con la carga procesal que le impone la Ley 472 de 1998 de poner en conocimiento del juez la amenaza o daño real y cierto a un derecho interés que lo habilite para administrar justicia en este caso concreto. Advirtió que el actor formuló cargos contra la actuación del Ministerio de Cultura en relación con la iniciativa privada asociada al Galeón San José, reproches que corresponden a un juicio de legalidad que no es de competencia de un juez popular, por cuanto el objeto de la acción invocada es única y exclusivamente la protección de derechos e intereses colectivos que si bien pueden verse afectados de manera inmediata por un contrato del Estado no son de competencia del juez popular. En cuanto a los argumentos de reproche presentados en la demanda, mediante los cuales el actor señala que el Ministerio no ha cumplió las disposiciones constitucionales y legales aplicables en relación con el proyecto de asociación público-privada de iniciativa privada para la intervención, aprovechamiento económico, preservación y divulgación del Galeón San José, así como para el diseño, la construcción, la operación y el mantenimiento de la infraestructura pública asociada, la cual se compone de un laboratorio para la conservación de materiales sumergidos y un museo que permita la divulgación y apropiación pública del patrimonio cultural de la Nación, destacó la defensa de la entidad que no existe ninguna evidencia que indique que la actuación de los funcionarios que han intervenido en el proceso haya sido deshonesta o maliciosa. Al respecto, precisó que de conformidad con lo establecido en el artículo 17 de la Ley 1675 de 2013, el régimen de asociaciones público-privadas de la Ley 1508 de 2012 es perfectamente aplicable para llevar a cabo la intervención, aprovechamiento económico, preservación y divulgación del Galeón San José, por lo tanto, afirmó que no hubo incumplimiento por parte del Ministerio de Cultura de lo establecido en el artículo 24 del Decreto 1467 de 2012, en la medida que se realizó la audiencia pública de que trata el numeral 19 del citado artículo, tal como se evidencia en el acta de reuniones y asistencia. De otro lado, frente a la manifestación del actor popular del incumplimiento de los plazos de estructuración y evaluación del proyecto por parte del Ministerio de Cultura, destacó que el artículo 16 de la Ley 1508 de 2012 establece que una vez presentada la iniciativa del proyecto en etapa de factibilidad, la entidad estatal competente dispondrá un plazo de seis (6) meses a partir de la fecha de su radicación para la evaluación, término que podrá ser prorrogado por un plazo igual a la mitad del plazo inicial para profundizar en sus investigaciones o pedir al originador del proyecto que elabore estudios adicionales o complementarios, ajustes o precisiones al proyecto. En este sentido, y contrario a lo señalado en la demanda indicó que el originador del proyecto radicó ante el Ministerio su propuesta el 20 de septiembre de 2016, que luego fue reemplazada por una nueva el 30 de septiembre de 2016, y el 30 de enero y 24 de marzo de 2017, la entidad le solicitó al originador que la complementara, por lo que el 16 de junio de 2017, el originador reemplazó la totalidad de su propuesta, así como sus modificaciones, ajustes o complementos y el 1 de septiembre de 2017, el originador reemplazó nuevamente su propuesta, razón por la cual es a partir de esta fecha que se debe calcular, el término de seis (6) meses previsto en el artículo 16 de la Ley 1508 de 2012, para su evaluación. En cuanto a la propuesta de factibilidad a la que se refiere el actor popular, advirtió que esta sí fue presentada y evaluada dentro del término legal y que el reemplazo de la iniciativa consiste en una práctica metodológica que no está prohibida por la ley, y que al contrario, facilita el trámite tanto para el originador como para la entidad donde la presente, que consiste en el reemplazo de los documentos que había entregado previamente el originador por otros con el mismo objeto, alcance, etapas y actividades, sin que sustancialmente exista duda sobre el hecho de que se trata de la misma iniciativa. Explicó frente al adelantamiento del proceso contractual en época de restricciones electorales, que esta observación emana de la Ley 996 de 2005 -Ley de Garantías-, que restringe la contratación directa por parte de los entes del Estado durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta presidencial, aclarando que la ley no restringe los procesos de selección, tal y como fue expresado por el Consejo de Estado en concepto 2168 de 2013. De esta manera, aclaró que el Ministerio no ha suscrito ningún contrato relacionado con iniciativas privadas durante el plazo señalado en la ley antes citada. En lo que respecta a que la Procuraduría General de la Nación señaló que el Ministerio no dio a la iniciativa privada el trámite que corresponde y en especial vulneró lo establecido en el artículo 48 del Decreto 1698 de 2014, advirtió que la norma limita la prohibición de compartir riesgos entre la Nación y el originador de una iniciativa privada en el contexto de la ley de patrimonio sumergido, únicamente en la actividad de exploración, aclarando que el Ministerio de Cultura en el caso de la iniciativa privada presentada sobre el Galeón San José no ha asumido ni asumirá riesgos de ninguna naturaleza en relación con la etapa de exploración, ni ha aportado ni aportaría recursos del presupuesto nacional para la actividad de exploración. Conforme lo anterior, advirtió que el Procurador General de la Nación dio por terminado el ejercicio de la función preventiva absteniéndose de iniciar procedimiento administrativo o judicial para la protección de la función administrativa. De otro lado, señaló que conforme lo indicado precedentemente concurre una inexistencia de amenaza o de vulneración al patrimonio público o al patrimonio cultural de la Nación, dado que valor del contrato y la fórmula remuneración del contratista a quien se le encomiendan las labores de exploración, intervención y/o aprovechamiento económico del Patrimonio Cultural Sumergido para la iniciativa privada sobre el Galeón San José se conforma de manera precisa y no atenta contra ninguna norma y el porcentaje se estableció conforme a la ley. El Ministerio de Cultura acudió a los principios fundamentales de interpretación del ordenamiento jurídico Colombiano incluyendo el artículo 5 de la Ley 153 de 1887 y los artículos 30, 31 y 32 del Código Civil, que disponen entre otras cosas el contexto de la Ley que servirá para ilustrar el sentido, correspondencia y armonía de la misma, así como los pasajes oscuros de una ley pueden ser ilustrados por medio de otras (interpretación sistemática) y además que lo favorable u odioso de una disposición no se tendrá en cuenta para ampliar o restringir su interpretación (interpretación extensiva), y en los casos en que no pudieren aplicarse las reglas de interpretación, los pasajes oscuros o contradictorios se interpretarán de acuerdo a la equidad y al espíritu general de la legislación. En este sentido, concluyó que teniendo en cuenta la actuación del Ministerio de Cultura y las disposiciones incorporadas en las minutas de contrato No. MC-APP-001-2018 están estrictamente ajustadas a derecho y que en el marco del mismo se garantiza el carácter inalienable, inembargable e imprescriptible del patrimonio cultural de la Nación, es claro que no existe amenaza o vulneración alguna de los derechos colectivos al patrimonio público, y al patrimonio cultural de la Nación, por lo que se deben rechazar las pretensiones de la demanda. Conforme los argumentos anteriores de su defensa, invocó las siguientes excepciones: (i) Improcedencia de la acción popular; (ii) ausencia de vulneración o de amenaza al derecho colectivo a la moralidad administrativa; (iii) Inexistencia de amenaza o de vulneración al patrimonio público o al patrimonio cultural Nación. Los anteriores argumentos de defensa fueron reiterados mediante escrito de alegatos presentados ante la primera instancia. 1.6.2. En calidad de tercero vinculado la compañía MARITIME ARCHAEOLOGY CONSULTANTS SWITZERLAND AG, a través de escrito radicado el 6 de septiembre de 2019 se pronunció respecto de las pretensiones incoadas en la acción popular, precisando respecto a los hechos que sustentan las pretensiones: Destacó que la acción popular que nos ocupa es improcedente en atención a las pretensiones y argumentos del demandante por cuanto la que se persigue se debe tramitar por el medio de control de nulidad, insistiendo en que la parte actora invoca una supuesta vulneración de derechos e intereses colectivos sin sustentación fáctica o probatoria alguna, por lo que el Despacho debió abstenerse de haber admitido la demanda. De otro lado, manifestó que si bien el escrito de la demanda menciona diversos cargos sobre supuestos incumplimientos a la ley en desarrollo del proceso contractual, estos son infundados, puesto que de ninguna manera se demuestra la vulneración o amenaza a los derechos colectivos cuya protección se pretendía, por el contrario la parte actora menciona una jurisprudencia en forma descontextualizada y aleatoria que justamente determina la carga probatoria de la parte demandante, de demostrar al juez amenaza o daño real y ciertos de derechos colectivos cuya protección se solicita. Así las cosas, a su juicio no existe vulneración al derecho colectivo a la moralidad administrativa, insistiendo en que la parte demandante no presentó ninguna prueba que demuestre que efectivamente el proceso contractual se ha llevado a cabo en contra de los principios, valores y normas del ordenamiento jurídico colombiano, al contrario, todas las actividades y actuaciones de MARITIME ARCHAEOLOGY CONSULTANTS SWTZERLAND AG, se han dado en el marco de la legalidad específicamente de la normatividad aplicable al tipo de procesos objeto de la presente acción. Por último, señaló que las manifestaciones del demandante afectan los derechos de la sociedad demandante como el buen nombre, intimidad y reputación corporativa sin sustento alguno. En este sentido, propuso la excepción previa de "Falta de legitimación en la causa por pasiva”, señalando que MARITIME ARCHAEOLOGY CONSULTANTS SWITZERLAND AG, en su calidad de entidad privada e inversionista extranjero, no entiende la causa por la cual se le vinculó al proceso, pues de la lectura de las pretensiones de la demanda ninguna podría ser cumplida por la citada sociedad. Por lo tanto, consideró que la decisión del despacho de vincularlo al presente proceso invocando el contenido del artículo 18 de la Ley 472 de 1998 resulta improcedente en atención a que los derechos colectivos y las pretensiones de la acción popular de la referencia solo le competen al Estado colombiano. Intervención de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de Estado. Mediante escrito presentado el 25 de septiembre de 2019, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- presentó escrito de intervención con el fin de coadyuvar a las entidades públicas demandadas en la acción popular de la referencia, intervención que fue aceptada por el despacho sustanciador mediante auto del 27 de septiembre de 2019. Mediante su intervención, la ANDJE concluyó lo siguiente: El ordenamiento jurídico nacional permite el esquema de conservación, gestión y valorización del Patrimonio Cultural de la Nación que el Ministerio de Cultura estructuró en la Asociación Público-Privada. En ningún momento se ha establecido la posibilidad de financiar dicho esquema con bienes que conformen el patrimonio cultural de la Nación, por el contrario, tal y como fue explicado por la Corte Constitucional en sentencia C-533 de 2014, los criterios de definición de los bienes que integran dicha categoría, le permiten legítimamente al Estado colombiano identificarlos y aplicar el régimen de protección, para garantizar con los demás la promoción del acceso a la cultura, como derecho fundamental y como fin de Estado. El Estado tiene dos momentos para identificar los bienes que pueden excluirse del patrimonio cultural: al momento de analizar el informe final de exploración y después de su extracción. Con el fin de aplicar el mandato establecido por el legislador en el artículo 17 de la Ley 1675 de 2013, según la cual el régimen de asociaciones público privadas de iniciativa privada contemplada en la Ley 1508 de 2012, es aplicable en el contexto de los proyectos que tiendan a la recuperación del patrimonio cultural sumergido, el Ministerio de Cultura recurrió a las soluciones establecidas en la integralidad de la Ley 1675 de 2013 para efectos de determinar la metodología y las reglas de la remuneración de las personas que llegaren a suscribir contratos con el Estado, con base en iniciativas privadas relacionadas con el patrimonio cultural sumergido, es decir, se cumplió a cabalidad el modelo de conservación y gestión y valorización de dicho patrimonio. Es procedente legalmente la aplicación de las Asociaciones Público Privadas para realizar las actividades relacionadas con el Patrimonio Cultural Sumergido. Es constitucional y legal determinar qué bienes pueden ser excluidos del Patrimonio Cultural Sumergido. El proceso de contratación es un proyecto de APP que Inicia una vez finalizada la etapa de factibilidad, por tanto, en términos en la etapa de estructuración no pueden ser calificados como perentorios y por lo tanto no existe nulidad alguna. Las entidades accionadas no vulneraron ningún derecho colectivo, pues su actuar se ajustó a la normatividad relacionada con el patrimonio cultural sumergido y las Asociaciones Público Privadas, aún más, el Ministerio de Cultura suspendió el proceso de adjudicación para garantizar la aplicación de la protección reforzada que la Constitución y la Ley otorga a los bienes que conforman el Patrimonio Cultural. Los supuestos con los que el Despacho resolvió negar las medidas cautelares se mantienen, pues no se aportaron pruebas nuevas que respaldaran las apreciaciones subjetivas del actor. Al Consejo Nacional de Patrimonio le corresponde determinar qué bienes pueden ser excluidos del Patrimonio Cultural de la Nación. Dicha labor la adelantará cuando el Ministerio de Cultura le presente el informe final de exploración y/o con el inventario técnico que contenga la totalidad de los materiales que sean extraídos de conformidad con los artículos 14 y 15 de la Ley 1675 de 2013. Para reforzar la aplicación del artículo 15, numeral 3° de la Ley 1675 y asegurarse acerca de la conveniencia para el Estado de pactar la remuneración del contratista mediante el pago parcial o total de con piezas, y con el fin de salvaguardar el patrimonio cultural sumergido, se debe analizar el informe final de exploración. De las medidas cautelares solicitadas. Con el escrito contentivo de la demanda el actor [NOMBRE TACHADO], presentó solicitud de medida cautelar buscando mediante su declaratoria precaver y/o evitar un inminente daño cierto a los derechos colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio público y a la defensa del patrimonio cultural de la nación, de conformidad con los artículos 144 y 230 de la Ley 1437 de 2011 (CPACA), en concordancia con el artículo 25 de la Ley 472 de 1998. Dicha solicitud de medida cautelar fue reiterada de manera insistente, bajo los mismos argumentos De igual manera se evidencia que el señor [NOMBRE TACHADO], en calidad de coadyuvante de la parte demandante, presentó ante esta instancia solicitud de medida cautelar de urgencia No obstante, lo anterior, la Sala en primera instancia determinó en cada una de las múltiples solicitudes de medida cautelares que no estaban llamadas a prosperar, sustentando la decisión, conforme los siguientes argumentos: Señaló el Tribunal que las situaciones expuestas en las solicitudes de decreto de medidas cautelares no permiten demostrar un riesgo inminente en la afectación a los derechos colectivos aducidos por el actor en la presente acción, esto es la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y cultural de la Nación, señalados en los literales b), e) y f) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998. Por lo tanto, consideró que en el caso de la presente solicitud no se cumplen los requisitos legales para que su decreto proceda. Sentencia de primera instancia. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección Primera - Subsección B mediante sentencia proferida el dos (02) de julio de 2020, resolvió negar las pretensiones de la acción popular, sin condena en costas, en este orden: De manera inicial, el Tribunal destacó que el navío y/o embarcación sumergida “Galeón San José” tal como lo considera el actor corresponde a patrimonio cultural sumergido, por lo tanto, en cuestiones legales y contractuales le resulta aplicable las disposiciones contenidas en la Ley 1675 de 2013 “Por medio de la cual se reglamentan los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política de Colombia en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido”, y especialmente para el caso que nos ocupa el artículo 17 ejiusdem, faculta al Ministerio de Cultura, cuando lo considere conveniente, para contratar de conformidad con la Ley 1508 de 2012 las actividades correspondientes a la exploración, intervención, aprovechamiento económico y preservación sobre el patrimonio cultural sumergido. En este sentido, precisó que respecto de las actividades de exploración e intervención sobre el patrimonio cultural sumergido, que el Ministerio de Cultura tiene autorización legal para contratar bajo el régimen de asociación público-privada de conformidad con lo establecido en la Ley 1508 de 2012, advirtiendo que para este tipo de proyectos se requiere por un lado de la inversión de enormes recursos y experiencia que permiten al Ministerio de Cultura y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia-ICANH en lugar de improvisar sobre cómo hacerlo, adelantar una asociación bajo la figura legal público-privada y ejercer la correspondiente supervisión de las tareas a realizar en virtud de dicho contrato. Conforme lo anterior, respecto al primer argumento de reproche presentado por el actor, el A Quo consideró que en el plenario no se vislumbra inminente daño a los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la Nación, desestimando el cargo que se invocó al respecto. Seguidamente, procedió el Tribunal a estudiar el siguiente cargo presentado en la demanda mediante el cual, precisa el actor que el Ministerio de Cultura no cumplió lo establecido en el artículo 24 del Decreto 1467 de 2012 “Por el cual se reglamenta la Ley 1508 de 2012”, puesto que, no convocó a audiencia pública a las autoridades competentes y a los terceros que puedan tener interés en el proyecto. Adicionalmente, indicó el extremo activo que el Ministerio de Cultura no cumplió con la convocatoria a terceros (especialistas, universidades, centros de — investigación, asociaciones de profesionales, ciudadanía en general), tanto en la etapa de prefactibilidad como de factibilidad del proyecto, ni con las respuestas a inquietudes, propuestas o manifestaciones de cualquier tipo presentadas por los mismos. Al respecto, precisó la Sala que revisadas las pruebas allegadas con el escrito contentivo de la demanda el actor popular allegó un CD anexo, el cual contiene 1.952 documentos que corresponden a las actuaciones preventivas adelantadas por la Procuraduría General de la Nación - Delegada para la Función Pública dentro de la vigilancia y control de gestión del Ministerio de Cultura y de todas las entidades del Gobierno Nacional y Distrital para el rescate del navío Galeón San José, que da cuenta de toda la documentación requerida y allegada por el Ministerio de Cultura en virtud de dicha vigilancia. Así las cosas, evidenció la primera instancia que el día 14 de julio de 2017, en el Auditorio Cultural Museo Naval del Caribe se adelantó la audiencia pública correspondiente al proyecto Galeón San José; encontrando que se cumplió con lo establecido en el artículo 24.1 del Decreto 1467 de 2012. Ahora bien, en lo que respecta a la afirmación del actor popular consistente en que el Ministerio de Cultura no allegó las constancias de las sugerencias y comentarios efectuadas en la audiencia ni de las respuestas dadas por la entidad, advirtió que, a folios 108 a 114 del cuaderno de medida cautelar obra correo electrónico del 29 de julio de 2018, en el que se remite como documento adjunto el denominado “COMENTARIOS Y SUGERENCIAS FORMULADAS DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA CELEBRADA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA SIN DESEMBOLSO DE RECURSOS PÚBLICOS CELEBRADA EN CARTAGENA DE INDIAS EL DÍA 14 DE JULIO DE 2017” en el cual, no solo constan las sugerencias y comentarios efectuadas en la referida audiencia, sino también las respuestas que frente a las mismas dio la entidad pública demandada. Razón por la cual, respecto a este argumento concluyó la Sala que no se vislumbra inminente daño a los derechos colectivos invocados en la demanda, por lo que fue desestimado. Otro cargo invocado por el extremo popular corresponde a la remuneración establecida en la asociación público-privada indicando que el Ministerio de Cultura está estableciendo 3 tipos de remuneración a un concesionario dentro de la actuación contractual por la que se demanda, sustentándola en lo establecido mediante la Ley 1675 de 2013, la cual no resulta aplicable a esta clase de contrato. Añadió que, se vislumbra una alarmante contradicción en las decisiones y manifestaciones realizadas por el Ministerio de Cultura sobre la remuneración al contratista, pues, el porcentaje acordado, según el documento de conclusiones presentado al Consejo de Ministros, es muy diferente al determinado en la Resolución 1456 de 2015, indicando que en la citada resolución se estableció que sería el 20% del valor de los bienes, resaltando que el acto administrativo estableció que las remuneraciones se efectuarían bajo los porcentajes de 45%, 40% y 10%, teniendo en cuenta el valor en peso de los bienes que declarará como no patrimoniales el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. De esta manera, procedió el Tribunal a revisar la minuta del proyecto de pliego de condiciones allegada por el Ministerio, reiterando que el navío y/o embarcación sumergida “Galeón San José” es considerado, incluso por el mismo actor popular, como un patrimonio cultural sumergido, por ende, no hay duda de que, frente a él resulta aplicable la Ley 1675 de 2013, disposición legal que, además de facultar al Ministerio de Cultura a contratar bajo el régimen de asociación público-privada de que trata la Ley 1508 de 2012 las actividades correspondientes a la exploración, intervención, aprovechamiento económico y preservación sobre el patrimonio cultural sumergido, también se ocupó, en su artículo 157, de determinar las reglas para establecer la remuneración del contratista. Conforme lo anterior, precisó la Sala que, si bien es cierto que la Ley 1508 de 2012 se encarga de establecer el régimen jurídico aplicable a las asociaciones público-privadas, tampoco hay duda de que la Ley 1675 de 2013 se ocupó de reglamentar los artículos 63, 70 y 72 de la Constitución Política en lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido, estableciendo las reglas para determinar la remuneración del respetivo contratista, independientemente de que el régimen de vinculación que se dé entre la Nación y el particular sea el de asociación público-privada. De otro lado, advirtió que en la Resolución No. 1456 del 26 de mayo de 2015 “Por la cual se aprueba la prefactibilidad y se autoriza a Maritime Archaeology Consultants Limited-MAC, la exploración en aguas marítimas colombianas para identificar contextos susceptibles de contener el patrimonio cultural sumergido bajo los parámetros que se establezcan en la presente resolución”, se estableció que si como resultado de las actividades de exploración autorizadas se realiza un hallazgo, la remuneración a quien resulte adjudicatario del contrato de la alianza público-privada para el desarrollo de las actividades de intervención, aprovechamiento económico, preservación, conservación y curaduría del patrimonio cultural sumergido, será del 20% del valor de los bienes que no constituyen patrimonio y en el proyecto de pliego de condiciones se indica en el numeral 4.2.1 para los bienes que no constituyen patrimonio cultural y que por sus condiciones físicas se defina como metales preciosos, unos porcentajes que corresponden a 45%, 40%, 10% y 0%. Atendiendo lo anteriormente expuesto, y conforme las pruebas allegadas al expediente, la Sala observó que los porcentajes que se establecieron como remuneración del proyecto, se fijaron dentro de los parámetros y rangos de la Ley 1675 de 2013 que se ocupa de reglamentan lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido, desestimando el cargo analizado. Ahora bien, en cuanto al reproche efectuado por el demandante en torno al término para evaluar la propuesta sustentando el actor que se incumplieron los términos para evaluar la propuesta, existiendo una posible trasgresión de los plazos impuestos por el Estado y a los particulares en la etapa de estructuración, específicamente, posibles actos ejecutados por fuera de la norma, tal como la aceptación del reemplazo de la propuesta por parte del Ministerio de Cultura, cuando lo que se encuentra permitido son las adiciones o complementos de ella, solicitadas de manera expresa y sustentada por la entidad pública y adicionalmente, destacando que la aceptación por parte del Ministerio de Cultura del valor de los estudios realizados por el originador para la estructuración del proyecto (Resolución 3144 de 2015), tuvo como consideración y fundamento el reemplazo de la propuesta a la que se hizo referencia, por lo que, al tenerse como fundamento de un acto administrativo actuaciones no permitidas en la normatividad vigente, como la del reemplazo de propuestas y el no cumplimiento de términos perentorios, lo cual a juicio del demandante se estaría frente a un acto manifiestamente contrario a la Constitución y la ley. Advirtió el Tribunal que, de acuerdo con las probanzas que conforman el plenario se evidencia que la propuesta y sus adicciones, fueron presentadas el 20 de septiembre de 2016, el 30 de septiembre de 2016, el 16 de junio y el 19 de septiembre de 2017, esto es dentro del término establecido en el artículo 2.2.2.1.5.4 del Decreto 1082 de 2015, que precisa en su numeral 59, que el plazo máximo para la entrega del proyecto en etapa de factibilidad, en ningún caso será superior a dos (2) años, incluidas prórrogas y que dicho plazo no podrá suspenderse. Asimismo, señaló que dentro del plazo para adicionar la propuesta el originador (proponente) del proyecto reemplazó la misma, hecho que es motivo de reproche por parte del actor popular, sin embargo, la Sala precisó que este reproche no fue debidamente fundamentado puesto que no se indicó la norma que considera el demandante aplicable y que a su juicio regule, prohíba y establezca el límite, destacando que tampoco se aportó prueba mediante la cual se pueda evidenciar que efectivamente dicha práctica vulneró las normas contractuales que rigen la materia, por lo que, respecto de este punto, no apreció la primera instancia una violación a los derechos colectivos alegados por el actor. Otro argumento de reproche presentado en la demanda se circunscribe a lo decidido por el Ministerio mediante la Resolución No 3144 de 2015 por la cual aceptó el valor de los estudios realizados para la estructuración del proyecto de asociación público-privada de iniciativa privada sin desembolso de recursos públicos de patrimonio cultural sumergido, acto administrativo que considera el actor popular desarrolla y sustenta actuaciones no permitidas como la del reemplazo de propuestas y el no cumplimiento de términos perentorios; motivo por el cual, el escrito petitorio lo señala como un acto contrario a la constitución y la ley. Al respecto la Sala resaltó que la Resolución No. 3144 de 2015 mencionada por el actor popular no fue allegada al expediente; además, advirtió que tampoco se encuentra publicada en el vínculo electrónico del Ministerio de Cultura situación que imposibilitó el estudio del acto administrativo en mención por lo que no pudo constatar que mediante su expedición se vulneraran normas legales y constitucionales. En consecuencia, consideró que no se aprecia la vulneración a derechos colectivos o su inminente violación como lo considera el demandante. En cuanto a lo enunciado por el actor respecto a que la entidad demandada reconoció la cesión de derechos y obligaciones del originador, cuando estos no fueron conferidos por las Resoluciones Nos. 1456 y 3031 de 2015, ya que la primera aprueba la prefactibilidad, y la segunda, la ampliación del polígono y autoriza la exploración en el nuevo polígono; por lo que a su juicio no había lugar a ceder ningún derecho, el Tribunal resaltó que el demandante solo aportó la Resolución No. 1456 de 2015, "Por la cual se aprueba la prefactibilidad y se autoriza a MARITEME ARCHAEOLOGY CONSULTANS LIMITED-MAC, la exploración en aguas marítimas colombianas para identificar contextos susceptibles de contener patrimonio cultural sumergido bajo los parámetros que se establecen en la presente resolución”, la cual en su artículo vigésimo establece que en virtud de la especialidad de la autorización expresa para la exploración en aguas marítimas colombianas para identificar contextos susceptibles de contener patrimonio cultural sumergido, queda prohibida la cesión total o parcial a terceros de los derechos contenidos en la mencionada resolución sin previa autorización escrita del Ministerio de Cultura. En ese orden, concluyó el Tribunal que del análisis del acto administrativo antes mencionado, se tiene que la cesión total o parcial de derechos debe contar con previa autorización del Ministerio de Cultura, por lo tanto, precisó que lo que se prohíbe es la cesión total o parcial de los contratos o autorizaciones de exploración del patrimonio cultural sumergido, sin la previa autorización escrita de dicha cartera ministerial, lo que, supone, que la misma debe contar con previa autorización del Ministerio. Aunado a lo anterior, advirtió sobre este punto de reproche que el demandante no allegó pruebas determinantes que demuestren que dicha entidad reconoció derechos y obligaciones al originador, así como tampoco fueron aportados los actos administrativos que autorizaron dicha cesión. De conformidad con lo precitado, el cargo invocado en la demanda fue desechado. Procedió la Sala a analizar el cargo sustentado sobre las conclusiones presentadas por el Ministerio de cultura ante el consejo de ministros, indicando la demanda que examinado el documento presentado por el Ministerio no observó las sugerencias y comentarios realizados durante la audiencia pública, por lo tanto, considera que la entidad no cumplió lo establecido en el numeral 24.1 del artículo 24 Decreto 1467 de 2012. En este sentido, reiteró el A Quo lo concluido en el desarrollo del cargo correspondiente a la no convocatoria a terceros, en la que advirtió que, en el plenario obra documento correspondiente a los “COMENTARIOS Y SUGERENCIAS FORMULADAS DURANTE LA AUDIENCIA PÚBLICA CELEBRADA PARA LA PRESENTACIÓN DE LA ASOCIACIÓN PÚBLICO PRIVADA SIN DESEMBOLSO DE RECURSOS PÚBLICOS CELEBRADA EN CARTAGENA DE INDIAS EL DÍA 14 DE JULIO DE 2017” en el que no solo consta las sugerencias y comentarios efectuados en la referida audiencia, sino que además están sentadas las respuestas dadas frente a las mismas por parte de la entidad demandada. De esta manera, la Sala no encontró probado el inminente daño a los derechos colectivos invocados. Otro cargo desarrollado en la demanda precisa que si bien existen dos publicaciones en el Registro Único de Asociación Público-Privada - RUAAP; estas no revelan el nombre del originador ni hacen descripción que permita establecer el objeto concreto del proyecto, información que no está sujeta a reserva legal, por lo que, a su juicio se vulneran los principios de transparencia y publicidad. De lo anterior, estableció el Tribunal que el artículo 2.2.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2012 “Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector administrativo de planeación nacional”, establece que el originador de los proyectos de asociación público-privada de iniciativa privada debe radicarlos a través de los medios electrónicos diseñados para el efecto en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP), y que la constancia que expida el medio electrónico, constituye constancia suficiente de su radicación. No obstante, advirtió que la norma nada indica sobre los datos que debe contener tal publicación. De esta manera, procedió el A Quo a consultar el Sistema Electrónico para la Contratación Pública, encontrando que se encuentra registrado todo el proceso MC APP 001 2018 objeto de la presente acción popular, además de obrar todos los documentos que hacen parte del proceso contractual, por lo que no encontró vulnerado los principios de transparencia y publicidad, destacando que contrario a lo señalado por el actor, encontró que el Ministerio de Cultura dio cumplimiento a lo establecido en el artículo 2.2.2.1.5.3 del Decreto 1082 de 2015. Conforme lo anterior, concluyó la primera instancia respecto de este argumento que el actor tampoco logró demostrar la violación a los derechos colectivos, por lo que fue despachado desfavorablemente. Mediante otro cargo que sustenta las pretensiones, señaló el demandante que revisada la propuesta del 26 de enero de 2015, presentada por el representante de MARITIME ARCHAELOGY CONSULTANTS LTDA, se observa que se presentaron 3 supuestos profesionales como miembros del grupo encargado de ejecutar las actividades de extracción del Galeón San José, ellos son los señores [NOMBRE TACHADO], Mike Purcell y Garry Kozak; sin embargo, destacó que en ninguno de los casos se acreditó los certificados de índole académico y de experiencia exigidos en los artículos 16 y 49 del Decreto 1698 del 2014. Adicionalmente, indicó que al revisar la Resolución 1456 del 2015, a través de la cual se aprueba la etapa de prefactibilidad, evidenció que la misma no está motivada en lo que se refiere a la verificación de los aspectos académicos y de experiencia del equipo de profesionales. Ante este argumento, la Sala indicó que en las pruebas que conforman el expediente obra oficio del 20 de marzo de 2015, remitido por el Ministerio de Cultura al señor [NOMBRE TACHADO], quién a nombre de la compañía MARITIME ARCHAELOGY CONSULTANTS LTDA presentó propuesta para establecer asociación público-privada de iniciativa privada a fin de realizar actividades previstas en el artículo 49 de la Ley 1675 de 2013, destacando que mediante el punto 11 del citado documento la entidad demandada solicitó aportar el listado de los integrantes del equipo, sus hojas de vida y los respectivos soportes; lo que permitirá no solo su identificación sino también la evaluación de su trayectoria e idoneidad. Adicionalmente, el Ministerio de Cultura advirtió que quienes forman parte del proyecto pueden acreditar tales condiciones mediante títulos académicos, certificaciones laborales, contratos de prestación de servicios y/o cualquier otro medio que el originador de la propuesta considere pertinente. Asimismo, la Sala encontró que el requerimiento efectuado por el Ministerio de Cultura fue atendido mediante oficio del 24 de marzo de 2015, por el cual el ICANH le remitió la propuesta APP-MAC adjuntando las hojas de vida de los señores Roger E Dooley y de Michel Purcell. Adicionalmente, advirtió que si bien, no logró evidenciar, dentro del extenso material documental del plenario, los certificados que acreditan la experiencia del arqueólogo marítimo Garry Kozak, tampoco evidenció que tal requerimiento no fue atendido, por lo que consideró que no se demostró por parte del actor popular la violación a los derechos colectivos invocados mediante el presente cargo, el cual fue desatendido. De otro lado, el actor popular indicó que, mediante el proyecto APP del Ministerio de Cultura y el originador, la nación asumiría riesgos compartidos, lo cual resulta improcedente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 48 del Decreto 1698 de 2014. Frente a este aspecto, precisó el Tribunal que las asociaciones público-privadas de iniciativa privada no son admisibles cuando la actividad de exploración de que trata el artículo 4 de la Ley 1675 de 2013 requiera recursos del presupuesto nacional, así como también, la norma en mención establece la prohibición de compartir riesgos entre la nación y el originador de una iniciativa privada para las actividades de exploración. Sin embargo, recordó que el objeto del contrato reprochado en la acción popular que nos ocupa obedece a la intervención, aprovechamiento económico, preservación y divulgación del hallazgo por parte del Concesionario; así como el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada, la cual se compone de un laboratorio para la conservación de inmateriales y un museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación, por lo que no corresponde a actividades de exploración, que ya se realizó previa autorización concedida mediante la Resolución 1456 de 2015. De otro lado, resaltó que el actor popular se limitó a expresar su inconformidad, pero no puntualizó los supuestos riesgos compartidos entre la nación y el originador. Conforme lo anterior, concluyó el Tribunal que no encontró probado que el Ministerio de Cultura haya vulnerado el artículo 48 del Decreto 1698 de 2014, en el sentido de asumir riesgos compartidos con el originador del proyecto objeto de estudio. Ahora bien, en lo que respecta a la imposibilidad que considera el demandante le asistía al Ministerio de Cultura de contratar en época electoral y de cambio de gobierno presidencial, situación que según lo expresó el actor generaba riesgos de infracción a las normas superiores y garantías que por regla general garantizan la licitación pública y los contratos, recordó el A Quo que si bien la Ley 996 de 2005, conocida como Ley de Garantías Electorales, restringe la contratación directa por parte de los entes del Estado durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la realización de la segunda vuelta presidencial; empero, dicha ley no restringe los procesos de selección. En este sentido, consideró la primera instancia que de la situación invocada por el extremo demandante no se vislumbra un inminente daño a los derechos colectivos invocados, destacando que de las pruebas allegadas al expediente, no se evidencia que se haya suscrito el respectivo contrato relacionado con la iniciativa público-privada objeto de estudito dentro del término prohibitivo señalado en la Ley 996 de 2005, advirtiendo que de acuerdo con la información que reposa en el SECOP el proceso contractual MC APP 001 de 2018 inició con anterioridad al término prohibitivo señalado en la ley, atendiendo que la elección presidencial (primera vuelta) se llevó a cabo el 27 de mayo de 2018 de conformidad con la Resolución 5552 del 26 de mayo de 2017 de la Registraduría Nacional del Estado Civil, por lo que los cuatro meses de restricción para la contratación directa que establece la norma empezaron a correr desde el 27 enero de 2018, fecha para la cual, ya se había iniciado el proceso correspondiente a la propuesta de iniciativa público-privada que nos ocupa. Por último, abordó la Sala el estudio del cargo que sustentó el actor popular respecto al pronunciamiento de la UNESCO, concluyendo que tampoco se vislumbra un inminente daño a los derechos colectivos invocados, por las siguientes razones: a) Las recomendaciones emitidas por la UNESCO van dirigidas a los estados partes de la Convención 2001, sin que Colombia sea signataria, señalando que, como el mismo demandante lo afirmó, esta disposición internacional no fue ratificada por Colombia. b) No hay elemento de juicio alguno, que permita inferir que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural no va a realizar una protección ejemplar y de acuerdo con las normas nacionales e internacionales pertinentes del navío Galeón San José y todos los elementos que en él se llegaren a encontrar, por el contrario, mediante la Resolución 0085 de 23 de enero de 2020, proferida por el Ministerio de Cultura, declaró como bien de interés cultural del ámbito nacional al Galeón San José. Finalmente, advirtió la Sala que mediante escrito presentado el 12 de febrero de 2020, la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado allegó la Resolución No. 0085 de 23 de enero de 2020; acto administrativo que señaló como prueba sobreviniente, sobre la cual la Sala encontró que el Ministerio de Cultura declaró como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional la totalidad del pecio del Galeón San José, debiéndose asegurar para las generaciones futuras la conservación de su unidad. De esta amera, indicó el Tribunal que al estudiar la remuneración de la Asociación Público-Privada, los porcentajes que se establecieron como remuneración del proyecto, se fijaron dentro de los parámetros y rangos de la Ley 1675 de 2013 que se ocupa de reglamentar lo relativo al Patrimonio Cultural Sumergido, sumado a lo anterior y como quiera que se allegó por parte de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado prueba sobreviniente en la cual se advierte que el 100% del hallazgo denominado “Galeón San José” es considerado bien de interés cultural del ámbito nacional, no hay posibilidad de remunerar al originador del proyecto con piezas del mismo, razón por la cual, se reitera que las entidades demandadas no han vulnerado, o están vulnerando, los derechos o intereses colectivos relativos a la moralidad administrativa, el patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la Nación alegados por el actor popular. Así mismo, precisó que el Ministerio de Cultura podrá optar por pagar la remuneración hasta con el 50% de las especies rescatadas que no constituyan Patrimonio Cultural de la Nación o con su valor en dinero, situación que a su juicio le otorga al Estado una certidumbre sobre el monto máximo del pago y de objetividad en tanto habría un peritazgo internacional, insistiendo en que técnicamente no habría lugar a suscribir una obligación en blanco que por rescatar el patrimonio cultural sumergido que comprometiera excesiva o leoninamente las arcas del Estado, al contrario, esa libertad pero a su vez la objetividad asegurada con la cláusula permite un margen de maniobra al Ministerio y con el titular del patrimonio que es de todos los Colombianos. De otro lado, resaltó que el proceso contractual que ocupa la atención de la Sala no ha culminado, y si bien mediante la Resolución No. 3159 de 9 de octubre de 2019 el Ministerio de Cultura resolvió reanudar el proceso de selección MC APP 001 2018 y ordenó comunicar la decisión a MARITIME ARCHAEOLOGY CONSULTANTS SWITZERLAND AG en su calidad de proponente originador, constatado el vínculo electrónico SECOP no se ha adjudicado el mismo, puesto que la última actuación publicada dentro del citado proceso contractual es precisamente la resolución mencionada. Corolario a lo anterior concluyó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que, en el presente caso, el demandante no aportó elemento probatorio alguno para demostrar idónea y válidamente el daño, la amenaza o la vulneración o inminente daño a los derechos e intereses colectivos consagrados en los literales b), e) y f) del artículo 40 de la Ley 472 de 1998, relativos a la moralidad administrativa, la defensa patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la nación, que puede acarrear el proceso contractual identificado con el No. MC APP 001 de 2018 adelantado por las entidades demandadas, señalando que, la acción popular procede cuando hay lugar a la protección de un derecho colectivo que se encuentra vulnerado o amenazado, circunstancias que deben estar probadas dentro del proceso, por lo que llamó la atención del actor reiterando la obligación que le asistía de probar la amenaza o daño tal como lo precisa el artículo 30 de la Ley 472, y que en el presente caso la parte actora no cumplió. De esta manera, procedió a denegar las pretensiones de la demanda, reiterando que no existe prueba acerca de la vulneración de los derechos colectivos invocados en la acción popular de la referencia. 1.10. Los Recursos de apelación. 1.10.1. El PROCURADOR SÉPTIMO JUDICIAL II ADMINISTRATIVO -Víctor David Lemus Chois-, en cumplimiento de sus funciones legales y constitucionales presentó escrito el 24 de julio de 2023, mediante el cual sustentó recurso de apelación en contra de la decisión adoptada en primera instancia, manifestando no compartir la decisión del Tribunal en cuanto a que en el plenario no obra pruebas que demuestre la amenaza o vulneración de los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural. Advirtiendo al respecto: La Honorable Sala determinó que están demostrados en el expediente dos hechos: El primer hecho se refiere a que el contrato en la modalidad de APP será pagado con un porcentaje de los bienes extraídos del Galeón San José que no sean considerados como patrimonio cultural de la Nación en los términos previstos en las leyes 1675 de 2013 y 1508 de 2012. Y en segundo hecho destacó que el Tribunal consideró que se encuentra probado en el proceso que el Ministerio de Cultura, a través de la Resolución 085 del 23 de enero de 2020, estableció sobre pecio del Galeón San José, tanto frente al naufragio como todo lo que está en su interior, como un Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional. Por lo que considera el Ministerio Público que en el proceso se encuentran demostrados los hechos anteriormente señalados, resultando errada la conclusión a la que llegó el Tribunal al declarar la carencia de prueba frente a una grave amenaza a los derechos colectivos a la moralidad administrativa y al patrimonio público, si se continúa con la ejecución del proceso contractual identificado con el No. MC APP 001 de 2018. En este sentido, señaló que la primordial razón que desvirtúa el análisis del A Quo, es que la demandada terminó aceptando el dicho de la demanda, frente a que todo el contenido que exista en el Galeón San José es patrimonio cultural y no puede utilizarse para remunerar al contratista, cuestionando que si el contrato no se puede pagar con un porcentaje de los bienes del hallazgo, de acuerdo a los parámetros del artículo 15 de la Ley 1675 de 2013, necesariamente habría que desembolsar dinero público con cargo al Presupuesto General de la Nación, el cual no está cuantificado, ni tiene siquiera apropiación presupuestal alguna, porque como se indica claramente en los estudios previos y demás documentos precontractuales que están en el plenario, el contrato de asociación público-privada se estructuró para que la remuneración no implicara desembolso alguno de dineros públicos. Así las cosas, el Agente del Ministerio Público mediante escrito de apelación refirió que está probada de manera clara y manifiesta la amenaza y/o vulneración a los derechos colectivos de la moralidad administrativa y a la defensa del patrimonio público, considerando que de confirmarse la decisión de primera instancia, se va a comprometer la entidad pública contratante a pagar desembolsando recursos públicos el eventual rescate del Galeón San José, sin haber elaborado un estudio previo para tal eventualidad, sin que exista apropiación, ni una disponibilidad presupuestal previa, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto. De esta manera, el Ministerio Público advirtió que contrario a lo concluido por la Sala, la amenaza de los derechos colectivos invocados resulta palmaria, porque estando demostrada la remuneración del contrato con bienes de interés cultural, insistiendo en que esta situación fue reconocida por el Ministerio de Cultural en la Resolución 085 de 2020; ahora que la solución para seguir adelante con el referido contrato, que considera leonino, no es menos gravosa porque se efectuaría con cargo al presupuesto público, sin que exista ninguna clase de disponibilidad presupuestal previa que le explique al país cuánto le va a costar la recuperación del pecio objeto de litigio. De otro lado, señaló el recurso de marras que nos cupa, que el proceso contractual identificado con el No. MC APP 001 R de 2018, tiene serios vicios de planeación, que incluso llevarían a la nulidad absoluta del eventual contrato que se celebre, insistiendo en que los presupuestos de hecho y de derecho necesarios para la protección de los derechos e intereses colectivos invocados. En los anteriores términos, el Ministerio Público solicitó al Ad Quem revocar la sentencia de primera instancia y en consecuencia amparar la protección del orden jurídico y de tos derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural. 1.10.2. El actor popular CÉSAR AUGUSTO DUARTE interpuso recurso de apelación en contra de la sentencia de primera instancia que resultó contraria a sus pretensiones, solicitando al Ad Quem revoque la decisión y en consecuencia proceda a acceder su petición. En cuanto a los argumentos de apelación se advierte que estos obedecen a una reproducción exacta de lo desarrollado en la demanda, por lo tanto, se efectuara un resumen de lo expuesto en el recurso de marras. En este sentido, insistió el actor que en el presente proceso el Ministerio de Cultura desconoció los derechos colectivos relacionados con la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y el patrimonio cultural, con ocasión al trámite contractual MC APP 001 de 2018, por lo que a su juicio deben prosperar las pretensiones de la demanda. El Estado como primera opción. Destacó que emerge irremediable la prosperidad de la primera pretensión en la cual solicitó “Ordenar a la NACIÓN — MC e ICANH, abstenerse de continuar el trámite del proceso contractual número MC APP 001 2018” y la cuarta “excluir cualquier posibilidad de celebrar contrato con un privado bajo la modalidad de asociaciones público privadas (Sic), ya sea persona natural o jurídica, con el cual se acuerde el pago con un porcentaje de bienes extraídos en el contexto arqueológico correspondiente al Galeón San José o según los criterios financieros sobre su valor”. Lo anterior, que de continuar con el desarrollo de la actual APP se quedaría la empresa MC sin la fuente de remuneración, y tendría que acudir a recursos propios a pesar que no fueron pactados, circunstancia que a juicio del apelante concreta la violación al derecho colectivo a la moralidad, por desconocer las reglas del trámite contractual, en armonía con los preceptos que lo regulan, que materializan el elemento objetivo, de jure, y de la carga probatorios, que, en este evento, surge de la simple comparación de aquella ; y estos (reglas y preceptos) con la dura y pura realidad sobreviniente. Obligación de convocar. Manifestó que, si bien el fallo afirmó que, según las pruebas aportadas, la audiencia fue convocada por presidente de la república el 5 de julio de 2017 en un acto público transmitido por la televisión nacional y difundido en medios de amplia circulación, y que se enviaron invitaciones especiales a los entes de control, a la alcaldía de Cartagena de Indias y la gobernación de Bolívar. No obstante, advirtió que, si bien está demostrado que la audiencia se llevó a cabo, no ocurre lo mismo con las invitaciones de la misma, pues la prueba documental que daría cuenta de esta, como lo sostiene la providencia, no fue aportada por la accionada, lo que devela cierto vicio artificioso del accionado para hacer creer que con la realización de aquella se cumplió esta, lo cual no es cierto. Por consiguiente, al desconocerse la norma mencionada, considera evidente la fricción con el derecho colectivo a la moralidad administrativa. Remuneración de la APP. Al respecto, indicó que el mecanismo contractual objeto de la demanda quedó desprovisto de respaldo jurídico y fáctico por la declaratoria sobreviniente de BIC del Galeón San José, mediante la Resolución 085 de 22 de enero de 2020, al estar este blindado para tocarle siquiera una astilla con fines remunerativos del originador, por sustracción de materia, al ser un procedimiento reglado el trámite de la APP 001 de 2018 y, por ende, con cláusulas previas inmutables, no es posible, en el esquema actual, acudir a otra fuente de recursos para atender el pago y proseguir, según la Resolución de reanudación 3159 de 9 de octubre de 2019, como si nada hubiese ocurrido hasta su adjudicación. Asimismo, insistió en que el proyecto el cual sería a costo cero del Estado colombiano, se quiebra al desparecer la veta de financiamiento, trayendo consigo consecuencias dañinas, con las que asumir la remuneración con recursos propios dando un viraje de 180 grados al modelo del negocio. Conforme lo anterior, precisó en que debe ordenarse la inmediata terminación de la APP cuestionada, por carencia de un elemento estructural, considerando que se debe iniciar otro proceso contractual distinto, que responda a las nuevas condiciones y este acorde al ordenamiento jurídico aplicable. Término para evaluar la propuesta. Advirtió el apelante que una cosa es el término para presentar la propuesta, cuyo detallado análisis efectuó el Tribunal mediante la sentencia objetada, y otra, muy diferente, es el término para evaluarla, lapso que debe examinarse a la luz de los preceptos indicados en el literal d. del numeral 7.4 del líbelo de la demanda. En este sentido, señaló que la afirmación del fallo de primera instancia en cuanto a que no aprecia que el actor fundamente cuál es la normatividad aplicable que regule, prohíba o limite la misma, ni se aportó prueba mediante la cual se pueda evidenciar que efectivamente dicha práctica vulneró las normas contractuales que rigen la materia, no es cierta, insistiendo en que en el presente proceso se configura la violación al derecho colectivo. Resolución 3144 de 2015, expedida por el Ministerio de Cultura. Señaló que la Sala incurrió en un desacierto, dado que sus consideraciones las efectuó en alcance de probabilidades, sin el rigor de certidumbre, como quiera que se afirmó que no pudo constatar las glosas planteadas sobre la Resolución 3144 de 2005, expedida por el MC, porque no fue allegada ni pudo bajarse del vínculo electrónico de este, concluyendo, equivocadamente, que no se configuró la pretermisión de los derechos colectivos argüidos, lo que significa que lo resolvió por intuición, no por confirmación, cuando se tenía la facultad de decretar y practicar esa prueba para llenar ese vacío, en particular, si se considera que la presente es una acción de raigambre constitucional. En este sentido, advirtió que los argumentos que desplegó el A Quo bajo este acápite no es admisible, en el sentido que no existe norma que prohíba ordenar y practicar las pruebas que considere necesarias para resolver de fondo el litigio, por lo que consideró que la decisión apelada debe ser revocada y en su lugar acoger el cargo invocado por el actor popular. El nuevo originador y el reemplazo de la propuesta. Precisó el apelante que ni en la etapa de prefactibilidad ni en la de factibilidad existen derechos para el originador ni obligaciones para el Estado. Sin embargo, la compañía originadora mediante Resolución 0942 de 26 de abril de 2016 autorizó la cesión de derechos acordadas las partes, insistiendo en que estas no existían, decisión que desconoce el derecho colectivo a la moralidad administrativa, al patrimonio público, por validarse una prerrogativa que, por no tenerse, podría llevar a responder al ente estatal, por su actuación. En estas condiciones, afirmó que el argumento del Tribunal correspondiente a que la citada resolución se profirió en concordancia con el artículo 23 del Decreto 1698 de 2014, por lo que la sesión de los derechos de la APP era viable, no es de recibo, erigiéndose el desconocimiento de dichos derechos, por lo que insistió en que debía revocarse el sentido de la sentencia. De las conclusiones presentadas al Consejo de Ministros. Destacó que la sentencia de primer grado indica que la accionada hizo llegar un correo de 29 de julio de 2018, que contiene documento sobre las sugerencias y comentarios realizados en la audiencia pública, pronunciándose aquella sobre estas, motivo por el cual se cumplió con lo establecido por el numeral 24.1 del artículo 24 del Decreto 1467 de 2012. Por lo que, a su juicio, ante el aporte de esta nueva prueba, se desvanece la objeción, teniendo en cuenta que cuando la Procuraduría Delegada Preventiva para a Función Pública examinó el documento presentando por el MC al Consejo de Ministros no existían tales puntos [Literal g. De las conclusiones presentadas al consejo de ministros, del numeral 7.4 de la demanda], duda que solicitó al Ad Quem despejar. Publicación en el Registro Único de Asociaciones Público Privadas (RUAPP). Manifestó llamarle la atención al recurrente que el Tribunal considerara que el objeto del proyecto en el RUAPP se cumplió, como se consignó en la sentencia (p. 53), omitiéndose indicar en el registro que tenía que ver nada más y nada menos con el Galeón San José, joya reconocida por la UNESCO como patrimonio cultural, y recientemente declarado como un Bien de Interés Cultural De La Nación. En este aspecto, precisó que en la publicación efectuada el RUAPP se omitió señalar, sin saber con qué intención, el nombre del originador, invocando presuntamente, una reserva inexistente, conforme al artículo 14 de la Ley 1502 de 2012, norma que obliga mostrar las cartas desde su génesis, en la proyección de los mencionados principios, para mantener su coherencia hasta su epílogo, pasando, por supuesto, por el mismo contrato, cuyo objeto, si se aceptara la tesis cuestionada, permitiría que fuera, igualmente, incompleto o ambiguo, lo cual resulta inadmisible. De otro lado, manifestó que, para acabar de empañar el trámite, el tiempo transcurrido entre la radicación de la propuesta por parte del originador de esta APP en el RUAPP y la calificación de prefactibilidad en estudio del proyecto, ocurrió el mismo día (29 de enero de 2015) antes de las 9:59 a.m., esto es en una velocidad inusitada. Conforme a las anteriores circunstancias condiciones, concluyó el apelante que está plenamente comprobado el quebrantamiento del derecho colectivo a la moralidad pública, en tanto se procedió, presuntamente de manera irregular frente a los datos que se echan de menos. Equipo de arqueólogos marítimos. Argumentó que, si bien la Sala, estableció que no logró evidenciar, en el extenso y/o abundante material probatorio que obra en el dosier los certificados que acrediten la experiencia de los arqueólogos [NOMBRE TACHADO], Mike Purcell y Garry Kozak, tampoco se evidencia documento que induzca a determinar que el requerimiento efectuado por el Ministerio al originador para tal efecto no se atendió. Destacó que el hecho de que el originador se haya comprometido a vincular expertos de las más altas calidades y que las campañas que se hicieron durante la etapa de exploración fueron lideradas por personal de la DURAR, el INVERMAR, el CIOH, WOODS Hole Oceonographic Institution-WOHL, de ninguna manera subsana la falencia detectada, porque la exigencia es actual para validar la idoneidad del equipo de trabajo, como soporte sine qua non de la propuesta. Asimismo, precisó que de suponerse que los expertos que se presentaron no reunieran los requisitos, debería detenerse la ejecución del proyecto, o habría que esperarse hasta que el originador nuevamente vincule a unos profesionales que sí cumplan los requisitos y, de no conseguirlos, tendría que abortarse el proceso, por infracción directa de la norma, por lo que destacó que frente a este argumento emerge el palpable atropello del derecho colectivo a la moralidad administrativa. Pronunciamiento de la UNESCO. En cuanto a la conclusión allegada por el tribunal respecto al presente cargo, manifestó el apelante que le asiste razón parcial, puesto que, si bien es cierto que la convención UNESCO 2001 no fue ratificada por Colombia, por lo que no obliga a nuestro país, sin embargo, insistió en que no puede negarse que, según la sentencia de la Corte Constitucional C-264 de 2014 no puede pasarse desapercibida de manera ciega. Todo lo contrario, a un Estado social de derecho como el colombiano, debe servirle como faro y norte al momento de decidir sobre el presente asunto, alcance que no le otorgó el fallo de instancia, pese a que se le planteó. Por otra parte, reiteró que si bien es cierto como lo indicó el fallo objeto de apelación, el Galeón San José fue declarado BIC, también lo es que, de esa forma, queda sin sustento la remuneración dispuesta para la APP, procediendo la pretensión primera de la demanda, por cual ningún elemento del pecio ¡no se vende ni se permuta! se debe conservar intacto, lo cual efectivamente lo garantiza para las actuales y futuras generaciones. En este orden de ideas, considera el apelante que de persistir en el trámite de la APP se genera el desconocimiento de los derechos colectivo a la moralidad administrativa y al patrimonio cultural. Declaratoria de bien de interés cultural del Galeón San José. De las consideraciones expuestas por el fallo, por un lado, se desprende que, en su momento, sí eran procedentes las medidas cautelares, negadas mediante auto del 27 de julio de 2018, reconociendo tácitamente que de no haberse proferido la Resolución 085 el 23 de enero 2020, se habría conculcado el derecho colectivo al patrimonio cultural, por constituir como fuente de remuneración el pecio. Sin embargo, considera que el errado concepto de la Sala persiste, al advertir en la sentencia apelada que el estado colombiano debe cubrir la remuneración de la APP 01 de 2018 con sus propios recursos, opción que señala el recurrente como improcedente y atenta contra el patrimonio público. Lo anterior, sustentándolo en lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley 472 de 1998, insistiendo en que se encuentra probado con suficiencia la infracción de los derechos colectivos a la moralidad administrativa y de la defensa al patrimonio público o de su inminente violación a futuro, en el evento de continuar hasta la celebración del acto bilateral, como pareciera ser la intención del Ministerio Público al reanudar la APP en cuestión mediante la Resolución 3159 de 9 de octubre de 2019. Blindaje del Galeón San José. En atención a la obligación de informar periódicamente al A Quo y a la Procuraduría General de la Nación sobre el desarrollo del candado de protección y sus novedades, por último, refiere el recurso de alzada que el Galeón San José se encuentra en riesgo de que sea saqueado secretamente, pese a estar a una profundidad entre 600 y 700 metros. Por ende, dando alcance a la pretensión de fallar ultra y extra petita, incorporada en la demanda, solicitó que se ordenara al Ministerio de Cultura y a la Dirección Marítima (DIMAR) adoptar medidas efectivas que aseguren y garanticen que el pecio se mantenga incólume, mientras se dirime su suerte en los estrados judiciales y ante las autoridades administrativas. 1.10.3. El señor [NOMBRE TACHADO] nombre y representación legal de la Veeduría Nacional para el Control Social del Patrimonio Cultural Sumergido de Colombia -VNPCS, en calidad de coadyuvante del extremo demandante, presentó recurso de apelación contra la sentencia del 2 de julio de 2020, argumentando, en síntesis: Desarrolló el apelante los argumentos de su inconformidad, indicando inicialmente que el A Quo, no abordó diversas situaciones que consideran es necesario que tengan un pronunciamiento de fondo de autoridad judicial, las cuales precisó en los siguientes términos: En la sentencia de primera instancia se evidencia un flagrante error fáctico, dado que la valoración del material probatorio y de los hechos sobrevivientes que se informaron al despacho, no fueron tenidos en cuenta a la hora de tomar su decisión, prueba de ello, fue la negativa de las medidas cautelares presentadas por el coadyuvante y el no pronunciamiento de fondo sobre ellas en la sentencia. En concordancia con lo anterior, considera que la decisión de primera instancia carece de motivación, al no dar cuenta de los supuestos fácticos y jurídicos en el entendido que precisamente en esa motivación reposa la legitimidad de su órbita funcional. Señaló de inquietante que la Sala no se pronuncia de fondo sobre ninguno de los argumentos expuestos por el demandante. Respecto a las valoraciones probatorias, no se pronunció sobre los planteamientos propuestos por la parte demandante en lo referente a la evidente vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la nación. Al respecto, insistió en los argumentos que desarrolló en el escrito de coadyuvancia a la demanda, de los cuales se resaltan: Del Estado como primera opción. El Ministerio de Cultura, no cumplió con la normatividad establecida en la Ley 1508 de 2012, pues no efectuó los procesos de consulta que debía realizarse con las entidades estatales involucradas en un proyecto de semejante magnitud, como tampoco consultó a los terceros intervinientes como, especialistas, universidades, centros de investigación, asociaciones profesionales, entre otros. Ni en la etapa de prefactibilidad como en la factibilidad, máxime si se tiene de presente, que no dio interés a las repuestas, inquietudes, propuestas o a las manifestaciones de cualquier tipo presentadas por estos terceros. Insistió en que el Tribunal no valoró la prueba del envió de los documentos que soportan la consulta a las autoridades estatales y a terceros para la constitución de la asociación público-privada. Asimismo, enunció que el Ministerio de Cultura no justificó ni demostró la conducencia, procedencia ni conveniencia de contratar con un privado la labor que por Ley le corresponde a este, pues el hecho de que se le faculte para contratar de conformidad con la Ley 1508 de 2012 esta decisión debe ser justificada. Máxime si se tiene de presente que es el Estado quien en primera medida debe ejercer la labor de proteger visibilizar y recuperar el Patrimonio Cultural Sumergido de conformidad con el Art. 1 de la Ley 1675 de 2013. Convocatoria a terceros. Insistió en la no valoración a esta evidente vulneración de la normatividad aplicable al presente caso, señalando que, no se cumplió lo ordenado en el Art. 24 del Decreto reglamentario 1467 de 2012, al no convocar públicamente dentro del mes siguiente a los terceros y autoridades competentes. De la remuneración de la APP. Asegura que el fallo recurrido, no tuvo en cuenta la vulneración de los derechos colectivos al patrimonio público, pues en el evento que el Ministerio de Cultura realice una remuneración hasta con el 50% de los bienes que no constituyen patrimonio o con su valor equivalente en dinero, podría estar vulnerando el ordenamiento jurídico, viciando con esto las actuaciones desarrolladas dentro de la APP, al contemplar dentro de sus condiciones un tipo de remuneración que la ley no ha establecido, sino para la contratación separada de exploración e intervención, por un lado o para la licitación conjunta de todas las actividades de exploración, intervención, aprovechamiento y preservación, por el otro. Del término para evaluar la propuesta. Manifestó que los no cumplimientos de los plazos perentorios establecidos en la ley derivan en vulneraciones de principios de la función pública como la eficiencia y la celeridad, a los cuales se encuentra sujeto el proceso de asociación público-privada, situación que a su juicio el Tribunal no tuvo en cuenta, insistiendo que el Ministerio al permitir que el originador reemplazara la propuesta las veces que bajo su voluntad consideró y que el Estado realizara nuevas evaluaciones de esta sin objeciones de ley, desconociendo el principio de selección objetiva, transparencia, eficacia y celeridad al que se encuentran sometidas todas las actuaciones de las autoridades administrativas, el principio de economía de la contratación estatal y reflejaría una posible cadena de conductas que ameritan realizar valoraciones disciplinarias. En este sentido, concluyó que al dar continuidad al proceso que adelanta el Ministerio de Cultura con el fin de suscribir un contrato de concesión de patrimonio cultural sumergido bajo el esquema de asociación público-privada en las condiciones cuestionadas, resultaría contrario al ordenamiento jurídico. De la Resolución 3144 de 2015 del Ministerio de Cultura. La aceptación por parte del Ministerio de Cultura del valor de los estudios realizados por el originador para la estructuración del proyecto tuvo como consideración y fundamento el remplazo de la propuesta a la que se hizo referencia en el literal anterior. Por ende, cuestionó que, al tenerse como fundamento de un acto administrativo, actuaciones no permitidas en la normatividad vigente, como la del reemplazo de propuestas y el no cumplimiento de términos perentorios, se está presuntamente frente a un acto manifiestamente contrario a la Constitución y a la Ley, pues se incurriría en una vulneración de los principios de eficacia, celeridad y economía. Del nuevo originador y el reemplazo de la propuesta. Argumentó que, además de existir un renovado proyecto dentro de la etapa de estructuración de la APP, como consecuencia del reemplazo de las propuestas, también existió un nuevo originador, a quien el primero le cedió sus derechos, siendo este último el que reemplazo en dos ocasiones la totalidad de la propuesta. Advirtiendo que, las Resoluciones 1456 de 2015 y 3031 de 2015 no confieren ningún derecho a MARITIME ARCHAEOLOGY CONSULTANTS LIMITED — MAC-, puesto que la primera aprueba la prefactibilidad y autoriza la exploración; y la segunda ordenó la ampliación del polígono y autoriza la exploración en el nuevo polígono. Por consiguiente, consideró el coadyuvante que se está frente a un nuevo originador y no frente a un mero cambio de razón social que no había lugar a ceder ningún derecho, pues el legislador estableció que en la estructuración no hay derechos para el originador ni obligaciones para el Estado. De las conclusiones presentadas al Consejo de Ministros. Los documentos aportados con la demanda demuestran que el Consejo de Ministros, no observó las sugerencias y/o comentarios realizados durante la audiencia pública a la que se refiere el numeral 24.1 del Decreto 1467 de 2012 y que debían hacer parte de dicha pieza. En este sentido, se estaría frente a una omisión de tipo legal, que de haberse incluido en el documento de conclusiones podría haber variado el concepto de integrantes del consejo de ministros antes de otorgar su aprobación. De la publicación en el Registro Único de Asociaciones Publico Privadas (RUAPP). Frente a este acápite insistió que se logró evidenciar y así la hizo saber la Procuraduría General de la Nación, que las dos publicaciones realizadas, no revelan el nombre del originador ni hacen descripción que permitan establecer el objeto concreto del proyecto, lo cual no es información sujeta a reserva legal, ya que la ley no establece ninguna reserva o confidencialidad al respecto, por un lado; y ante la perspectiva de una contratación mediante APP de iniciativa privada quebranta a todas luces, los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva, para potenciales terceros interesados. Equipo de Arqueólogos marítimos. En el expediente obra prueba que en la propuesta presentada por el señor ROGER E. DOOLEY de fecha 26 de enero de 2015, quien obra en representación de MARITIME ARCHA-ELOGY CONSULTANTS LTD, se adjuntaron tres (3) supuestos profesionales como miembros del grupo encargado de ejecutar las actividades de extracción del Galeón San José. No obstante, la Procuraduría Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, evidenció que en ninguno de estos casos se presentaron certificados de índole académico y de experiencia con los cuales se pueda corroborar el requisito establecido en el artículo 16 del Decreto 1698 de 2014 Lo anterior aunado, a que la Resolución 1456 de 2015, a través de la cual se aprueba la etapa de prefactibilidad, la misma no está motivada, en lo que se refiere a la verificación de los aspectos académicos y de experiencia del equipo de profesionales de que tratan los artículos 16 y 49 del Decreto 1698 de 2014. Riesgos por parte de la Nación. En el proyecto APP del Ministerio de Cultura y el originador, la Nación asumiría riesgos compartidos, lo cual resultaría improcedente conforme a lo reglado en el artículo 48 del Decreto 1698 de 2014, el cual establece que no es admisible estas tipologías de asociación cuando la nación asuma riesgos de cualquier naturaleza, por lo que, dicha propuesta seria en consecuencia inadmisible. Pronunciamiento de la UNESCO. Destacó el apelante que como es sabido, Colombia no ha ratificado la convención UNESCO 2001, y, por ende, no es obligatoria, sin embargo, según sentencia C-264 de 2014 es una fuente auxiliar de interpretación que, por consecuencia, no puede pasarse desapercibida de manera ciega. Todo lo contrario, debe servirnos como faro y norte al momento de decidir sobre el presente asunto. Por último, a manera de conclusión el apelante insistió en que el Galeón San José se encuentra salpicado de actuaciones oscuras e intereses insondables, cuando el Estado colombiano otorgó autorización a la compañía para buscar el Galeón San José, en parte o porción del polígono donde la SSA denunció el hallazgo en 1982, sin antes haber resuelto de fondo el litigio con esa firma norteamericana, lo cual, considera el coadyuvante causó un daño enorme al país, pues a fin de cuentas, el litigio está latente, y después del descubrimiento o redescubrimiento del Galeón, en el mencionado polígono de SSA por MAC en 2015, los señores de SSA hoy tienen plena y absoluta certeza de su existencia y ubicación. En virtud de lo anterior, a través del recurso de apelación en mención el señor [NOMBRE TACHADO] solicitó al Ad Quem revoque en todas sus partes la sentencia apelada y acceda a cada una de las pretensiones del líbelo demandatorio. Solicitud especial de medida cautelar urgente. Mediante el sustento del recurso de apelación el señor [NOMBRE TACHADO] solicitó al Ad Quem se decretara “MEDIDA CAUTELAR URGENTE”, invocando el desarrollo de las situaciones motivos de reproche y con fundamento en el régimen de protección anticipada establecido por el legislador en materia de acciones populares, suplicó el decreto de una medida cautelar urgente correspondiente a la SUSPENSIÓN INMEDIATA DE LA MC APP 001 2018, acción que consideró pertinente y necesaria para proteger los derechos invocados por el demandante, especialmente contra la moralidad administrativa y el patrimonio público de la Nación, para impedir con ella la producción de perjuicios irremediables e irreparables, garantizando con ello la aplicación del principio de precaución ante la inminente afectación de los derechos invocados en la Acción Popular, además de lo anterior, solicitó el decreto de las siguientes medidas: Primero: Ordenar a la Procuraduría General de la Nación investigar disciplinariamente a los funcionarios del Ministerio de Cultura e ICANH que intervinieron en la estructuración de la MC APP 001 2018 - Galeón San José, en la cual se incluyó en la Matriz de Riesgos V2 20171212, el "Riesgo 26" cuya asignación del riesgo es "COMPARTIDO", con el cual quedaría parcialmente cubierto el riesgo del originador mediante la aplicación de los mecanismos de compensación, en aberrante oposición a lo ordenado en el artículo 48 del Decreto 1698 de 2014 reglamentario de la ley 1675 de 2013. De igual manera, ordenar investigar a los mismos funcionarios de la Procuraduría que tienen la obligación de vigilar preventiva y disciplinariamente las actuaciones administrativas de esta MC APP 001 2015 y han hecho caso omiso de sus obligaciones constitucionales y legales. Segundo: Compulsar copia a la autoridad competente para investigar la conducta de la señora Vicepresidente de la República, doctora [NOMBRE TACHADO], quien tiene el manejo del tema por delegación presidencial, por la reactivación injustificada de la MC APP 001 2018, el 9 de octubre de 2019 y al ex presidente Juan Manuel Santos, bajo cuyo gobierno se concibió al MC APP 001 2018. Tercero: Compulsar copias a la Fiscalía General de la Nación para que adelante la investigación a que haya lugar. Cuarto: Solicitar a la Unidad Nacional de Protección -UNP, se estudie el nivel de riesgo del demandante y su familia, así como del Veedor, su Vicepresidente y funcionarios de Procuraduría y en especial al doctor Leandro Ramos exprocurador delegado para la vigilancia de la función pública, en aras a proteger su integridad física dada la gravedad de las denuncias formuladas y los enormes intereses en juego y el inconmensurable poder de los interesados. En este sentido ruego al Honorable Consejo de Estado que ponga especial interés en este punto, pues el suscrito considera que con estas denuncias coloca en riesgo no solo su propia vida, sino la de todos los que han participado en la develación de las mismas En atención a la solicitud efectuada por el extremo coadyuvante del actor popular el despacho de segunda instancia profirió auto del 06 de septiembre de 2023, por el cual denegó dicha petición especial, advirtiendo al respecto: Para el Despacho, los hechos narrados por el señor [NOMBRE TACHADO], no demuestran hechos nuevos o sobrevinientes que tengan relación directa con el daño que presuntamente estima se podría causar como consecuencia del proceso contractual que adelanta el Ministerio de Cultura, pues no dejan de ser una conclusión subjetiva que extrae de la adquisición de un vehículo ROV por parte de la Armada Nacional. Así mismo, tampoco permiten demostrar un riesgo inminente en la afectación a los derechos colectivos aducidos por el actor en la presente acción, esto es la moralidad administrativa, la defensa del patrimonio público y cultural de la Nación, señalados en los literales b), e) y f) del artículo 4 de la Ley 472 de 1998. Igualmente, estableció que acorde con la publicación realizada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, mediante Resolución nro. 0113 del 04 de marzo de 2022 el Ministerio de Cultura declaró desierto el proceso MC APP 001 de 2018 cuyo objeto comprendió: La intervención, preservación, divulgación y aprovechamiento económico de los bienes que se encuentran en el polígono autorizado en el mar Caribe, así como el diseño, construcción operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada, la cual se compone de un laboratorio para la conservación de materiales y un museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación”, por lo que resaltó que el eventual riesgo inminente o daño ya no resulta evidente, pues como se advierte de los actos aquí citados el proceso contractual fue declarado desierto. Por lo tanto, el despacho concluyó que la solicitud efectuada por el coadyuvante del actor popular no cumple los requisitos legales para que proceda, en consecuencia, la medida solicitada debe ser negada, advirtiendo que sobre esta decisión no procede recurso alguno. Solicitud de sentencia anticipada por carencia actual del objeto del litigio. La AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO -ANDJE- mediante su apoderada judicial, presentó memorial, solicitando “la terminación del proceso por carencia actual de objeto por hecho superado”, esto en atención a la firmeza de la declaratoria de desierto del proceso contractual No. MC-APP-001-2018, sobre el cual versan las pretensiones del presente proceso. De igual manera, mediante apoderado especial la sociedad MARITIME ARCHAELOGY CONSULTNTS SWITZERLAND AG, Presentó memorial coadyuvando la solicitud presentada por la ANDJE, en el sentido de que el despacho de segunda instancia profiera sentencia anticipada por carencia actual del objeto del proceso. No obstante, las anteriores peticiones no han sido resueltas, atendiendo que luego de su sustentación, mediante en auto de 20 de septiembre de 2024, el despacho sustanciador de la sección primera del Consejo de Estado, en donde se tramitaba la segunda instancia del presente litigio, determinó que debido a la materia y derechos colectivos invocados era competencia de la Sección Tercera de la misma Corporación. Lo anterior, en atención a lo dispuesto en el artículo 13 del reglamento interno del Consejo de Estado, y el Acuerdo 080 de 2019. En consecuencia, la sección tercera subsección A del Consejo de estado, mediante auto del 5 de diciembre de 2024, avocó conocimiento del presente asunto, indicando que, comoquiera que la demanda y los recursos de apelación formulados se refieren al derecho colectivo a la moralidad administrativa dentro de un asunto contractual el tema asignado corresponde por competencia a la Sección Tercera conforme al reglamento citado en el párrafo anterior; correspondiendo este al último trámite efectuado durante el devenir procesal en segunda instancia, reiterando que no existe pronunciamiento del despacho sustanciador frente a las peticiones presentadas respecto a la sentencia anticipada que declare la carencia actual de objeto por hecho superado. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos. 2.1.1. ¿En atención a las solicitudes presentadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado -ANDJE- y el apoderado especial de la Compañía MARITIME ARCHAEOLOGY CONSULTANTS SWITZERLAND AG, y de acuerdo con el estado en el que se encuentra el proceso de selección abreviada de menor cuantía No MC APP 001 2018, es procedente proferir sentencia que declare la carencia actual del objeto del litigio que nos convoca? En caso de no resultar procedente la terminación del actual proceso por configurarse la carencia actual de objeto litigioso por hecho superado se propone el siguiente problema jurídico para el análisis de fondo del proceso: 2.1.2. ¿Conforme a las pretensiones que persigue la demanda que nos ocupa y dada la finalidad misma de la acción popular, se puede establecer que se cumplen los presupuestos requeridos para que se concrete la presunta vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, el patrimonio público y la protección del patrimonio cultural de la nación, invocados por el extremo actor, con ocasión al proceso selección abreviada de menor cuantía No MC APP 001 2018? 2.2. Marco jurídico. De acuerdo con los hechos en que se sustenta la acción popular y sus pretensiones, así como los argumentos de defensa invocados por las entidades accionadas en sus escritos de contestación y los recursos de apelación que convocan la presente intervención en segunda instancia, se precisan las siguientes disposiciones normativas y jurisprudenciales aplicables al caso sub examiné. 2.2.1. La acción Popular – Generalidades. La Acción popular, se encuentra consagrada en el artículo 88 de la Constitución Política de Colombia, por medio de la cual se expresó que por medio de la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos, relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad públicos, la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia económica y otros de similar naturaleza. En ese orden de ideas, por medio de la Ley 472 de 1998, se reguló todo lo relativo a la acción, definición, competencia y el procedimiento aplicable, allí se dispuso la acción popular como un medio procesal para la protección de los derechos e intereses colectivos, es decir instituida para evitar el daño contingente y hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o el agravio de un derecho o interés colectivo para restituir las cosas a su estado anterior siempre que sea posible. De esta manera, la Ley 472 de 1998, en su artículo 2.º, definió las acciones populares como “[…] los medios procesales para la protección de los derechos e intereses colectivos […]” que se ejercen para “[…] evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos e intereses colectivos, o restituir las cosas a su estado anterior cuando fuere posible […]”. Conforme con lo anterior, los supuestos sustanciales para que proceda la acción popular se corresponde, en primer lugar, con una acción u omisión de la parte demandada; segundo, con un daño contingente, peligro, amenaza, vulneración o agravio de derechos o intereses colectivos, y tercero, con la relación o nexo de causalidad entre la acción u omisión y la afectación de los derechos e intereses. En cuanto al concepto de derecho colectivo, tanto la jurisprudencia proferida por la Corte Constitucional, así como por el H. Consejo de Estado han establecido que corresponde a aquellos intereses difusos, esto es, aquellos de los que son titulares un número plural de personas; de los que no pueden apropiarse de forma individual y excluyente en la medida en que su objeto no lo permite. En este sentido, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo mediante sentencia reciente consideró que la distinción entre los derechos individuales y colectivos radica en la apropiación exclusiva de los bienes materiales o inmateriales sujetos de la relación jurídica. En este orden de ideas, cada persona puede ejercer con exclusión de las demás los derechos subjetivos o particulares, mientras que ello no sucede con los derechos colectivos que benefician a toda la comunidad, indicando al respecto: “[…] los derechos que se protegen por vía de acción popular son los colectivos, es decir, aquellos que pertenecen a la comunidad y son indivisibles. Por el contrario, los derechos individuales son divisibles y pertenecen a cada sujeto de derecho en particular […]”. A su vez, la Corte Constitucional indicó mediante sentencia C-377 de 2002: “Con el ejercicio de las acciones populares se busca proteger los derechos e intereses colectivos de todas aquellas actividades que ocasionen perjuicios a amplios sectores de la comunidad, como por ejemplo la inadecuada explotación de los recursos naturales, los productos médicos defectuosos, la imprevisión en la construcción de una obra, el cobro excesivo de bienes o servicios, la alteración en la calidad de los alimentos, la publicidad engañosa, los fraudes del sector financiero etc. Estos derechos colectivos se caracterizan porque son derechos de solidaridad, no son excluyentes, pertenecen a todos y cada uno de los individuos y no pueden existir sin la cooperación entre la sociedad civil, el Estado y la comunidad internacional. En este sentido los derechos colectivos generan en su ejercicio una doble titularidad, individual y colectiva, que trasciende el ámbito interno.” Conforme lo anterior, corresponde al juez de la acción popular, con fundamento en el objeto, la causa petendi y las pruebas, determinar si el asunto que se somete a su consideración busca la protección de los derechos de la colectividad; si concluye lo contrario, debe negar las pretensiones de la demanda, en tanto el presupuesto para su procedencia se relaciona directamente con un interés general que excede la esfera privada. 2.2.2. Protección del derecho colectivo a la moralidad administrativa. El actor popular invocó la protección de la moralidad administrativa, respecto a su naturaleza puede decirse que esta ostenta una naturaleza dual, correspondiendo a un principio de la función administrativa, y también a un derecho colectivo. Así, en sentencia del 8 de junio del 2011, la Suprema Corporación de lo Contencioso Administrativo indicó: “(…) En efecto, funge como principio de la función administrativa (Constitución Política, artículo 209 y ley 489 de 1998, artículo 3) y como derecho colectivo. En el primer caso, esto es como principio, orienta la producción normativa infraconstitucional e infra-legal a la vez que se configura como precepto interpretativo de obligatoria referencia para el operador jurídico; y como derecho o interés colectivo, alcanza una connotación subjetiva, toda vez que crea expectativas en la comunidad susceptibles de ser protegidas a través de la acción popular, y así lo ha reconocido esta corporación en fallos anteriores. En primer lugar, resulta necesario que se pruebe la existencia de unos bienes jurídicos afectados y su real afectación. Al entender de esta Sala dichos bienes jurídicos comprenderían la buena fe, la ética, la honestidad, la satisfacción del interés general, la negación de la corrupción, entre otros; y habrá lugar a que se configure de forma real su afectación, si se prueba el acaecimiento de una acción u omisión, de quienes ejercen funciones administrativas, con capacidad para producir una vulneración o amenaza de dichos bienes jurídicos, que se genera a causa del desconocimiento de ciertos parámetros éticos y morales sobre los cuales los asociados asienten en su aplicación. En segundo término, la jurisprudencia constitucional y contencioso administrativa han reiterado que la vulneración a la moralidad administrativa supone generalmente el quebrantamiento del principio de legalidad. (…) Por último, la jurisprudencia ha reiterado que la vulneración de la moralidad administrativa coincide con “el propósito particular que desvíe el cumplimiento del interés general al favorecimiento del propio servidor público o de un tercero”, noción que sin duda se acerca a la desviación de poder.” (Destacado por fuera del texto) Así las cosas, se tiene que la moralidad administrativa se refiere al ejercicio de la función administrativa conforme al ordenamiento jurídico y a las finalidades propias del cumplimiento de las funciones públicas, determinadas por la satisfacción del interés general y no por intereses privados o particulares, sin que cualquier vulneración al ordenamiento jurídico en el ejercicio de tal función, lleve consigo la vulneración a la moralidad administrativa, por cuanto no toda violación al principio de legalidad implica automáticamente violación del derecho colectivo a la moralidad administrativa. Ahora bien, para acreditar la transgresión de la moralidad administrativa es necesario la demostración por la vía de dolo o culpa grave, de afectación de bienes jurídicos como el principio de legalidad, la buena fe, la ética, la honestidad, la satisfacción del interés general, entre otros. En términos del H. Consejo de Estado, la vulneración de la moralidad administrativa coincide con “el propósito particular que desvíe el cumplimiento del interés general al favorecimiento del propio servidor público o de un tercero”, noción que sin duda se acerca a la desviación de poder. 2.2.3. Procedencia de la acción popular para la protección del derecho colectivo de la moralidad administrativa. La jurisprudencia de la Sala Plena Contencioso Administrativa y de la Sección Tercera del Consejo de Estado, ha establecido que la acción popular procede para proteger eficazmente la moralidad administrativa en el ámbito de la actividad de la administración pública, sin que resulte válida la pretensión de subordinarla al ejercicio de otras acciones. En este sentido, no cabe la menor duda en cuanto a la procedencia de la acción popular para proteger eficazmente los derechos colectivos, cuando son amenazados o vulnerados en el marco de la actividad estatal. Casos en los que proceden medidas definitivas, incluso la declaratoria de nulidad de los contratos, la pérdida de todos sus efectos y la imposición de las restituciones mutuas, entre otras. Lo anterior, porque, como lo reitera la jurisprudencia, lejos de tratarse de una acción subsidiaria o residual, la acción popular se orienta a garantizar la prevalencia del orden superior y de los valores supremos, con la adopción de todas las medidas necesarias para superar los hechos y demás situaciones generadoras de la afectación de los intereses colectivos. En lo que toca con el alcance del juicio de moralidad y las medidas que al juez popular le corresponde adoptar cuando ese derecho es vulnerado o amenazado en el ámbito de la actividad del Estado, la Sección Tercera del Consejo de Estado, tiene por establecido que, dado su carácter principal, independiente y prevalente, se trata de hacer prevalecer, en cada caso concreto, un valor constitucional con fuerza normativa vinculante, que alcanza mayor jerarquía que el principio de la legalidad, en tanto la moralidad no se agota en este, sino que trasciende a valores que la sociedad reclama de la administración, así no estén expresamente previstos en las normas y reglamentos. Para el caso los que tienen que ver con la diligencia, prudencia, pulcritud, honestidad, rectitud, seriedad y ponderación en lo discrecional, racionalidad de juicio, respeto y lealtad, en el manejo de lo que interesa a todos. En este sentido, ha señalado la Sección Tercera del Máximo Órgano de los Contencioso Administrativo que el juicio de moralidad sobre la administración pública se orienta a la sujeción de los deberes de corrección que exigen la conformidad de las actuaciones de la administración con el interés general, esto es que las funciones y deberes de las entidades públicas no se utilicen con fines distintos o contrarios a los estatales. Así lo señaló la Sección Tercera del Consejo de Estado, en el precedente jurisprudencial desarrollado -se destaca-: En todo caso, para asegurarse que la titularidad del poder conserve la magnitud pluralista que abarca tanto a las mayorías como a las minorías constitucionales, el ordenamiento superior prevé restricciones al ejercicio del poder de la administración pública –art. 209- y mecanismos de control jurisdiccional que las hacen efectivas, a través de acciones que facilitan la participación ciudadana, para el efecto las acciones populares, instituidas constitucionalmente para garantizar, entre otros intereses colectivos, la moralidad administrativa y el patrimonio público con mayor proyección que las acciones ordinarias. (…) 2.2.4. De la protección del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público. Respecto al derecho colectivo de la defensa del patrimonio público la jurisprudencia del Consejo de Estado ha establecido que este se integra por los bienes, derechos y obligaciones de los cuales el Estado es el titular, precisando: “Por patrimonio público debe entenderse la totalidad de bienes, derechos y obligaciones de los que el Estado es propietario, que sirven para el cumplimiento de sus atribuciones conforme a la legislación positiva; su protección busca que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente y responsable, conforme lo disponen las normas presupuestales. La regulación legal de la defensa del patrimonio público tiene una finalidad garantista que asegura la protección normativa de los intereses colectivos, en consecuencia, toda actividad pública está sometida a dicho control, la cual, si afecta el patrimonio público u otros derechos colectivos, podrá ser objeto de análisis judicial por medio de la acción popular. La protección del patrimonio público busca que los recursos del Estado sean administrados de manera eficiente y transparente, conforme lo dispone el ordenamiento jurídico y en especial las normas presupuestales. Para la Sala, el debido manejo de los recursos públicos, la buena fe y el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público, enmarcan el principio de moralidad administrativa, ámbito dentro del cual se debe estudiar el caso concreto” De manera reciente, el Alto Tribunal de lo Contencioso Administrativo ha señalado respecto al contenido y aplicación de este derecho colectivo, lo siguiente: “la Carta Política contempla el derecho colectivo a la defensa del patrimonio público y en forma específica como susceptible de ser protegido a través de la acción popular (art. 88 de la C. N.) y que el legislador, con el fin de propender el principio de intangibilidad de los recursos públicos, dio vigencia a la norma constitucional expidiendo el Estatuto para la Contratación Estatal y la Ley Orgánica del Presupuesto, normas jurídicas que contienen numerosas herramientas dirigidas a la correcta inversión y utilización de los recursos públicos, por parte de quienes tienen a su cargo el manejo y ejecución de tales recursos. “EL INTERÉS COLECTIVO A LA DEFENSA DEL PATRIMONIO PÚBLICO es uno de los derechos de mayor connotación en el Estado de Derecho colombiano, teniendo en cuenta que es a través de él que el Estado da cumplimiento a los fines para los cuales fue estatuido, y participa en la prestación de servicios públicos en beneficio de la comunidad” Adicionalmente, en la misma decisión la Corporación precisó respecto al estudio que se debe cumplir para poder determinar si se cumplen con los elementos que demuestren la vulneración propia de la defensa del patrimonio público, de lo cual se resalta: “Con estos alcances, se destaca una aproximación indiscutible entre los derechos o intereses colectivos al patrimonio público y a la moralidad administrativa. Esta cercanía sin embargo se evidencia más de éste a aquélla que a la inversa, toda vez que el menoscabo o amenaza al derecho colectivo del patrimonio público se logra en las más de las veces a través de medios contrarios a la moralidad administrativa, mientras que pueden evidenciarse múltiples hipótesis de violación o puesta en riesgo de ésta sin que esto implique un detrimento o un riesgo al patrimonio público (…)”. (…) Finalmente, vale la pena señalar que dada la especificidad de la dimensión subjetiva que alcanza el patrimonio público con ocasión de su consideración como derecho o interés colectivo, su estudio demanda un riguroso análisis probatorio en cada caso, del que se infiera un efectivo detrimento al patrimonio público con ocasión de una “acción u omisión” de una entidad pública o cuando menos una seria y razonable amenaza del mismo. Esto implica un deber de diligencia inmenso del actor popular, toda vez que él soporta la carga de la prueba” En tal sentido, con el fin de identificar una posible infracción del derecho colectivo a la defensa del patrimonio público resulta indispensable analizar la conducta imputada a la parte accionada, para, de esta manera, verificar si su proceder resulta constitutivo de un manejo irresponsable, negligente o que represente una destinación diferente de la legalmente establecida respecto de los bienes y derechos de titularidad pública, concepto que incluye el de propiedad pública, pero no se agota en él. 2.2.5. Del derecho colectivo del patrimonio cultural. Respecto al patrimonio cultural de la nación, encontramos que de acuerdo con lo establecido en el artículo 72 de la Constitución Política "El patrimonio cultural de la Nación está bajo la protección del Estado. El patrimonio arqueológico y otros bienes culturales que conforman la identidad nacional, pertenecen a la Nación y son inalienables, inembargables e imprescriptibles. La ley establecerá los mecanismos para readquirirlos cuando se encuentren en manos de particulares y reglamentará los derechos especiales que pudieran tener los grupos étnicos asentados en territorios de riqueza arqueológica." El mandato superior anterior, encuentra su desarrollo legislativo en la Ley 397 de 1997, cuyo artículo 4°, señala: "El patrimonio cultural de la Nación está constituido por todos los bienes materiales, las manifestaciones inmateriales, los productos y las representaciones de la cultura que son expresión de la nacionalidad colombiana, tales como la lengua castellana, las lenguas y dialectos de las comunidades indígenas, negras y creoles, la tradición, el conocimiento ancestral, el paisaje cultural, las costumbres y los hábitos, así como los bienes materiales de naturaleza mueble e inmueble a los que se les atribuye, entre otros, especial interés histórico, artístico, científico, estético o simbólico en ámbitos como el plástico, arquitectónico, urbano, arqueológico, lingüístico, sonoro, musical, audiovisual, fílmico, testimonial, documental, literario, bibliográfico, museológico o antropológico." La norma en mención definió los lineamientos de la política estatal en relación con el patrimonio cultural de la Nación, indicando como objetivos principales, la salvaguardia, protección, recuperación, conservación, sostenibilidad y divulgación de este, con el propósito de que sirva de testimonio de la identidad cultural nacional, tanto en el presente como en el futuro (artículo 4°, literal a). Así las cosas, el artículo 8° ídem, le atribuye al Ministerio de Cultura, la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito nacional, previo concepto favorable del Consejo Nacional de Patrimonio Cultural. En cuanto a los bienes de interés cultural a nivel territorial la Ley 397 de 1997, determinó lo siguiente: "b) A las entidades territoriales, con base en los principios de descentralización, autonomía y participación, les corresponde la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, a través de las gobernaciones, alcaldías o autoridades respectivas, previo concepto favorable del correspondiente Consejo Departamental de Patrimonio Cultural, o del Consejo Distrital de Patrimonio Cultural, en el caso de los distritos. Son bienes de interés cultural del ámbito de la respectiva jurisdicción territorial los declarados como tales por las autoridades departamentales, distritales, municipales, de los territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, en el ámbito de sus competencias, en razón del interés especial que el bien revista para la comunidad en una división territorial determinada. Los bienes de interés cultural del ámbito departamental, distrital, municipal, de los territorios indígenas y de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993, pueden ser declarados como bienes de interés cultural del ámbito nacional por el Ministerio de Cultura en la forma prevista en el literal a) de este artículo, en coordinación con el respectivo Consejo Departamental o Distrital de Patrimonio Cultural, sobre los valores del bien de que se trate. Para la declaratoria y el manejo de los bienes de interés cultural se aplicará el principio de coordinación entre los niveles nacional, departamental, distrital y municipal, de los territorios indígenas y de los de las comunidades negras de que trata la Ley 70 de 1993." (Resaltado fuera del texto). La misma Ley, en su artículo 11, fijó el régimen a que están sometidos los bienes de interés cultural, tanto públicos como privados, en los siguientes términos: "1. Plan Especial de Manejo y Protección. La declaratoria de un bien como de interés cultural incorporará el Plan Especial de Manejo y Protección -PEMP-, cuando se requiera de conformidad con lo definido en esta ley. El PEMP es el instrumento de gestión del patrimonio cultural por medio del cual se establecen las acciones necesarias para garantizar su protección y sostenibilidad en el tiempo. Para bienes inmuebles se establecerá el área afectada, la zona de influencia, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes. Para bienes muebles se indicará el bien o conjunto de bienes, las características del espacio donde están ubicados, el nivel permitido de intervención, las condiciones de manejo y el plan de divulgación que asegurará el respaldo comunitario a la conservación de estos bienes. El Ministerio de Cultura reglamentará para todo el territorio nacional el contenido y requisitos de los Planes Especiales de Manejo y Protección y señalará, en dicha reglamentación, qué bienes de interés cultural de la Nación, de los declarados previamente a la expedición de la presente ley, requieren de adopción del mencionado Plan y el plazo para hacerlo." (Resaltado fuera del texto). "(…)" "1.3. Incorporación de los Planes Especiales de Manejo y Protección a los planes de ordenamiento territorial. Los Planes Especiales de Manejo y Protección relativos a bienes inmuebles deberán ser incorporados por las autoridades territoriales en sus respectivos planes de ordenamiento territorial. El PEMP puede limitar los aspectos relativos al uso y edificabilidad del bien inmueble declarado de interés cultural y su área de influencia, aunque el Plan de Ordenamiento Territorial ya hubiera sido aprobado por la respectiva autoridad territorial. (…)". (Subrayado por fuera del texto original) Asimismo, encontramos que al Consejo Nacional de Patrimonio Cultural le corresponde la salvaguardia, protección y manejo del patrimonio cultural de la Nación. En cuanto a la competencia del Ministerio de Cultura en relación con los bienes de interés público, la Ley 1185 de 2008 modificó integralmente el Título II de la Ley 397 de 1997, relativo al Patrimonio Cultural de la Nación; estableció el Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación y fijó un Régimen Especial de Protección y estímulo para los bienes de dicho Patrimonio, que por sus especiales condiciones o representatividad hayan sido o sean declarados Bienes de Interés Cultural. El Sistema Nacional de Patrimonio Cultural de la Nación está constituido por el Ministerio de Cultura, el Instituto Colombiano de Antropología e Historia, el Archivo General de la Nación, el Instituto Caro y Cuervo, el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, los Consejos Departamentales y Distritales de Patrimonio Cultural y, en general, las entidades estatales que a nivel nacional y territorial desarrollen, financien, fomenten o ejecuten actividades referentes al patrimonio cultural de la Nación. (Ley 1185 de 2008, artículo 2°). El Ministerio de Cultura es el encargado de fijar las políticas generales y dictar normas técnicas y administrativas, a las que deben sujetarse las entidades y personas que integran dicho sistema. Esta labor de coordinación fue reglamentada mediante el Decreto 763 de 2009 (marzo 10), cuyo artículo 4° señaló las atribuciones específicas en relación con los bienes del Patrimonio Cultural de la Nación y con los Bienes de Interés Cultural -BIC. Del anterior recuento normativo se desprende que el deber del Estado, en relación con la protección de los bienes que conforman el patrimonio cultural, se extiende del ámbito nacional al territorial e incluye a todas las autoridades que el legislador ha previsto que participen en la formulación de los programas de manejo y conservación de los bienes de interés cultural, entre las cuales se encuentran principalmente el Ministerio de Cultura y las entidades territoriales. Sobre este principio de concurrencia en la conservación del patrimonio cultural, la Jurisprudencia de la Corte Constitucional ha indicado: "En este sentido, es claro que el principio de coordinación entre la Nación y los entes territoriales juega un papel preponderante en el cumplimiento del deber impuesto al Estado de proteger el patrimonio cultural de carácter nacional, en donde no puede pretenderse la exclusión de la Nación, en la regulación de éste. (…) Por tanto, es claro que si un bien ha sido declarado parte del patrimonio cultural de la Nación, corresponderá, en una primera instancia, a las autoridades nacionales regular lo concerniente a su conservación, señalando, si es del caso, su destinación, como parte del plan especial de protección que éste está obligado a diseñar, a efectos de cumplir en debida forma la obligación de protección y conservación que ha impuesto la Constitución. En donde el legislador, en uso de su libertad de configuración, puede determinar, si lo considera necesario, el uso que ha de dársele pertenezca éste a un particular o a una entidad pública, en razón del interés público o social que tal declaración lleva implícito. Pues, en tratándose del patrimonio cultural departamental, distrital o municipal, la competencia sí está exclusivamente en cabeza de las autoridades territoriales correspondientes, v. gr. los concejos municipales." 2.3. Análisis del caso concreto. Teniendo en cuenta las situaciones fácticas y probatorias, así como los problemas jurídicos a resolver en la presente acción popular, procede el suscrito Delegado del Ministerio Público a desarrollar los problemas jurídicos planteados en su orden. De esta manera, procede esta vista fiscal a efectuar las siguientes precisiones: Mediante el ejercicio del medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos que nos ocupa, se invocó la presunta vulneración de los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la Nación, con ocasión del trámite contractual adelantado por el Ministerio de cultura bajo la figura jurídica de Asociación Público Privada APP N° MC APP 001 2018, cuyo objeto corresponde a “la intervención, aprovechamiento económico, preservación y divulgación del hallazgo por parte del Concesionario; así como el diseño, la construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada, la cual se compone de un laboratorio para la conservación de materiales y un museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación.”. Mediante sentencia de primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Sección primera, Subsección B, negó las pretensiones de la demanda al considerar que las entidades demandadas no vulneraron los derechos colectivos invocados, pues luego de realizar el análisis de la normatividad aplicable al Patrimonio Cultural y las asociaciones público privadas, así como la jurisprudencia constitucional, concluyó entre otros aspectos, que los porcentajes de remuneración previstos en la APP 001 2018 se fijaron dentro los parámetros y rangos de la Ley 1675 de 2013. De igual manera, reconoció la protección reforzada que tiene el pecio del Galeón San José con la expedición de la Resolución 85 de 2020, por medio de la cual se declara al Galeón San José como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional. Inconformes con la decisión la parte demandante, el señor [NOMBRE TACHADO]; su coadyuvante, el señor [NOMBRE TACHADO] y; el Procurador Séptimo Judicial II para Asuntos Administrativos, presentaron recurso de apelación en escritos separados; sin embargo, sintetizando los argumentos de inconformidad presentados, estos obedecen a que continuar con el desarrollo de la APP 001 de 2018 evidentemente se vulneraria los derechos colectivos invocados. En este sentido, manifiestan su inquietud frente a la declaratoria que realizó la Resolución 85 de 2020; se insiste en la exclusión de cualquier posibilidad de celebrar una Asociación Público-Privada en la que se acuerde el pago con bienes pertenecientes al Galeón San José. En cuanto a las situaciones fácticas que sustentan el presente medio de control, se advierte: En el año 2015, la compañía MARITIME ARCHAEOLOGY CONSULTANTS LTDA (MAC) presentó ante el Ministerio de Cultura su interés para establecer una Asociación Público-Privada de iniciativa privada para realizar las actividades previstas en el artículo 4º de la Ley 1675 de 2013 con el objeto de ejecutar un proceso arqueológico subacuático para “localizar, intervenir (excavar) y conservar los restos del galeón San José.” El Ministerio de Cultura aprobó la prefactibilidad presentada por el originador y autorizó a la compañía MAC la exploración en aguas marítimas colombianas para identificar contextos susceptibles de contener patrimonio cultural sumergido, lo anterior a través de la Resolución Nro. 1456 de mayo 26 de 2015. No obstante, a través de la Resolución No. 3031 de octubre 20 de 2015 el Ministerio autorizó la ampliación del área de exploración autorizada mediante Resolución 1456 de mayo 26 de 2015. El Ministerio de Cultura aprobó la prefactibilidad presentada por el originador autorizándole la exploración en aguas marítimas colombianas, y como resultado, el 27 de noviembre de 2015 se efectuó un hallazgo que permitió estructurar la factibilidad de un proyecto integral en materia de patrimonio cultural sumergido para intervenir, preservar y divulgar el pecio. Seguidamente, a través de la Resolución No. 0636 de marzo 30 de 2016 el Ministerio de Cultura autorizó la cesión de los derechos y obligaciones como Originador de la propuesta, contenidos y derivados de las Resoluciones 1456 de 2015 y 3031 2015, de la Sociedad MARITIME ARCHEOLOGY CONSULTANTS LIMITED -MAC- en favor de MARITIME ARCHEOLOGY CONSULTANTS SWITZERLAND -AG- identificada con acta de registro CHE-301.628.065. El 23 de marzo de 2018 se publicaron en la página del SECOP los documentos contractuales con las condiciones generales para participar en el proceso, la minuta parte general y especial del Contrato de APP junto con sus anexos y apéndices; los estudios realizados y la matriz de riesgos. Se resalta que, mediante las condiciones establecidas por el Ministerio, la remuneración giraba en torno a 3 factores i) porcentaje del valor de los bienes recuperados en el hallazgo que no constituyan patrimonio cultural de la nación, en los términos del contrato; ii) Recaudo tarifa museo y; iii) los Ingresos por explotación comercial. En el marco del proceso de selección No. MC APP 001 2018, a través de Aviso Modificatorio No. 4 publicado en SECOP el 12 de junio de 2018, el Ministerio amplió la fecha límite para la presentación de manifestaciones de interés hasta el 23 de julio de 2018 hasta las 5:00 p.m. indicando en el mencionado aviso que si hasta esa fecha se presentaban terceros interesados en ejecutar el proyecto en las condiciones estipuladas entre el Ministerio de Cultura y el originador, la entidad debía abrir un proceso con la metodología establecida para los procesos de selección abreviada de menor cuantía con precalificación para definir al contratista. En cambio, si no se presentaba ningún interesado, el Ministerio procedía a adjudicar el contrato al proponente Originador. No obstante, el 23 de julio de 2018, el Ministerio suspendió de manera provisional el proceso de selección No. MC APP 001 2018, hasta tanto se le notificara la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca sobre las medidas cautelares solicitadas en el marco de la presente acción popular con radicado 25000-23-41-000-2018-00540-00, lo anterior a través del acto administrativo contenido en la Resolución 2493. En ese orden, mediante la Resolución 2620 de julio 31 de 2018 se levantó la suspensión del proceso de selección MC APP 001 2018 atendiendo que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negó las medidas cautelares solicitadas por el extremo popular y el coadyuvante. Asimismo, la misma resolución ordenó expedir un aviso modificatorio estableciendo el cronograma para la continuación del proceso de selección No. MC APP 001 2018, fijando el 10 de agosto de 2018 como fecha límite para presentar manifestaciones de interés. La Resolución 2756 de agosto 10 de 2018 suspendió de manera provisional por un lapso de dos (2) meses el proceso de selección nro. MC APP 001 2018 hasta tanto se respondieran las solicitudes de ciudadanos interesados en el proceso. El 5 de octubre de 2018, por medio de la Resolución 3539 la presente suspensión se prorrogó por cuatro (4) meses más contados a partir del 11 de octubre de 2018, argumentando la necesidad de ampliar el tiempo de la prórroga inicialmente establecido con el fin de culminar la labor de revisión de la actuación adelantada con ocasión del proceso de selección multicitado. El 8 de febrero de 2019, el Ministerio prorrogó la suspensión provisional del proceso de selección MC APP 001 2018 hasta por un término de un (1) mes contado a partir del 10 de febrero de 2019, decisión adoptada a través de la Resolución 0245. La anterior decisión fue nuevamente prorrogada el 6 de marzo de 2019 por un término de tres (3) meses contados a partir del 10 de marzo de 2019, argumentando la necesidad de elevar consulta a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para absolver dudas sobre las normas aplicables al procedimiento. Posteriormente, por medio de la Resolución 1625 de junio 7 de 2019 el Ministerio de Cultura prorrogó nuevamente la suspensión provisional del proceso de selección MC APP 001 2018 hasta por un término de cuatro (4) meses contados a partir del 10 de junio de 2019, con el propósito de solicitar el apoyo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado a fin de profundizar conceptos jurídicos sobre la materia. Finalmente, a través de la Resolución 3159 de octubre 9 de 2019 se reanudó el proceso de selección MC APP 001 2018 desde el punto en que había quedado antes de su suspensión. El 19 de diciembre de 2019 el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural, atendiendo el informe final de exploración realizado por MAC Sw, consideró que el Pecio del Galeón San José posee los atributos de los criterios de representatividad, singularidad, conservación e importancia científica y cultural, y que el principio de unidad caracteriza el hallazgo frente al criterio de repetición. En consecuencia, determinó que la totalidad del hallazgo está constituido por bienes considerados patrimonio cultural de la nación, por lo tanto, constituye, un Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional y debe conservarse su unidad. En este orden, el Ministerio de Cultura expidió la Resolución 085 de 2020, mediante la cual declaró como Bien de Interés Cultural del ámbito Nacional el Pecio del Galeón San José instando al ICANH y a la DIMAR a incorporarlo en el Registro Nacional de bienes del patrimonio cultural sumergido. Atendiendo las decisiones previas en mención, el Ministerio adoptó la Resolución 0113 del 4 de marzo de 2022 por la cual declaró DESIERTO el proceso de selección abreviada de menor cuantía MC APP 001 2018. El acto administrativo en mención precisó: “Que en los documentos del proceso de selección nro. MC APP 001 2018, para la adjudicación de un contrato de concesión bajo el esquema de Asociación Público Privada de Iniciativa Privada sin Desembolso de Recursos Públicos, se previó que más del 83% de la remuneración estaría constituida por piezas recuperadas que no pertenezcan al Patrimonio Cultural de la Nación. Que, de conformidad con lo anterior, resulta evidente que el modelo financiero bajo el que se planeó y estructuró la Asociación Público Privada de Iniciativa Privada sin Desembolso de Recursos Públicos solamente resulta viable si se remunera con la entrega de piezas del hallazgo, lo cual, jurídicamente hoy no es posible, en tanto y en cuanto el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural determinó, en sesión del 19 de diciembre de 2019, que la totalidad del hallazgo identificado como el Galeón San José, está constituido por bienes considerados Patrimonio Cultural de la Nación y en consecuencia el Ministerio de Cultura lo declaró como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, a través de la Resolución 0085 del 23 de enero de 2020. Que el artículo 17 de la ley 1675 de 2013 establece que el Ministerio de Cultura, cuando lo considere conveniente, podrá contratar, de conformidad con la Ley 1508 de 2012, las actividades previstas en el artículo 4° de la aquella ley. En este caso, el particular deberá manifestar su interés presentando la investigación histórica respectiva, la factibilidad técnica y financiera, y la evaluación de su impacto ambiental, debiéndose acreditar en todo caso que se cuenta con experiencia suficiente en las actividades relacionadas con el Patrimonio Cultural Sumergido. Adicionalmente, en la manifestación de interés solicitará al Ministerio de Cultura la apertura del respectivo proceso de contratación en el cual tendrá derecho a participar. Que el artículo 3 de la ley 1508 de 2012 establece que "los procesos de selección y las reglas para la celebración y ejecución de los contratos que incluyan esquemas de Asociación Público-Privada se regirán por lo dispuesto en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, salvo en las materias particularmente reguladas en la presente ley.” (…) Que el artículo 41 de la ley 80 de 1993 establece que los contratos del Estado se perfeccionan cuando se logre acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a escrito. Que considerando las condiciones requeridas para lograr el cierre financiero de la APP 001 de 2018 y la declaratoria como bien de interés cultural del pecio del Galeón San José, se advierte claramente la afectación de la remuneración al estructurador la cual se enmarca, según el artículo 1501 del Código Civil y el 41 de la ley 80 de 1993, como elemento de la esencia del contrato. Que el numeral 3 del artículo 15 de la ley 1675 de 2013 establece que si de la actividad de exploración se concluye que la totalidad o hasta el 80% de los bienes de un hallazgo son bienes que hacen parte del patrimonio cultural de la nación no se podrá pagar la remuneración con piezas del hallazgo y, en todo caso, la remuneración no superará el 50% del valor equivalente a las piezas rescatadas, para lo cual se deberá acudir a un peritaje internacional. Que el artículo 48 del Decreto 1698 de 2014 establece que las asociaciones público-privadas de iniciativa privada no son admisibles cuando (a) La actividad de exploración de que trata el artículo 4° de la Ley 1675 de 2013 requiere recursos del presupuesto nacional o la asunción de riesgos de cualquier naturaleza por parte de la Nación; y (b) Desconozcan las reglas de remuneración del contratista establecidas en el artículo 15 de la Ley 1675 de 2013. Que por tratarse de una Asociación Público Privada de Iniciativa Privada sin Desembolso de Recursos Públicos, resulta imposible y contrario a la ley asignar partidas del presupuesto nacional o recursos públicos de cualquier naturaleza, pues resultaría contrario a la naturaleza misma de las Asociaciones Público Privadas de Iniciativa Privada sin Desembolso de Recursos Públicos. Que considerando la imposibilidad jurídica de remuneración en especie con piezas que componen el hallazgo, el proceso de APP 001 de 2018 es inadmisible por cuanto la entidad no puede destinar recursos para asumir la remuneración de quien llegare a ser contratista. (…)” (Resaltado propio del texto en cita) Conforme lo anterior, resolvió el Ministerio de Cultura: “Artículo 1.-: DECLARAR DESIERTO el proceso selección abreviada de menor cuantía No. MC APP 001 2018 cuyo objeto es “La intervención, preservación, divulgación y aprovechamiento económico de los bienes que se encuentran en el polígono autorizado en el mar Caribe, así como el diseño, construcción operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada la cual se compone de un laboratorio para la conservación de materiales y un museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación”, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva del presente Acto Administrativo.” De la lectura en extenso del acto administrativo precitado, resulta evidente que el Ministerio de Cultura consideró que en atención a la Resolución 085 de 2020, la intervención propuesta por el estructurador -Compañía MAC- y la forma de remuneración establecida en los pliegos, no eran acordes a las normas de contratación pública Ley 80 y más concretamente a lo estipulado en materia de APP Ley 1675 de 2013 y Decreto 1698 de 2014. En este orden, es evidente que atendiendo lo establecido en la citada resolución NO resulta procedente establecer la remuneración con piezas del hallazgo arqueológico a quien resultara adjudicado el contrato de APP, toda vez que el pecio del Galeón San José fue declarado con posterioridad al inicio del proceso contractual como Bien de Interés Cultural del Ámbito Nacional, como tampoco era posible ordenar el desembolso de recursos públicos para el reconocimiento y pago de la labor adelantada por el contratista, al tratarse de una APP que desde sus inicio preveía el NO desembolso de recursos públicos. La anterior decisión fue confirmada a través de la Resolución 678 del 3 de mayo de 2022, la cual se encuentra ejecutoriada. No sobra indicar, que las circunstancias advertidas en la resolución del MC que declaro desierto el proceso de selección abreviada para la adjudicación de la APP, son las mismas que sirvieron de fundamento a la apelación presentada por el Procurador Séptimo Judicial II para asuntos Administrativos en su recurso de apelación, por lo que el Ministerio Público comparte plenamente los argumentos que la entidad pública tuvo en cuenta para fundamentar la declaratoria de desierta del proceso de selección. En consecuencia, el proceso de selección abreviada de menor cuantía No. MC APP 001 de 2018 se encuentra definitivamente cerrado y por lo tanto es imposible que se efectúe su adjudicación. Atendiendo las precisiones anteriormente señaladas, el Ministerio Público encuentra que al haberse declarado desierto el proceso contractual No. MC-APP-001-2018 por el cual se demanda en la presente acción popular, mediante el acto administrativo contenido en la Resolución 0113 de 2022, se entiende que ya no existe la presunta amenaza invocada por el actor respecto a los derechos colectivos invocados en el presente litigio y cuya protección pretendió a través no solo de las pretensiones invocadas, sino también de las múltiples peticiones de medidas cautelares, las cuales en su totalidad fueron negadas. En relación con la carencia actual de objeto por hecho superado en el marco de las acciones populares, el Consejo de Estado unificó su postura con base en los siguientes argumentos: “El Consejo de Estado ha adoptado idéntico criterio para evaluar si el fenómeno de carencia actual de objeto se ha presentado o no en el curso de una acción popular. En reciente sentencia, la Sección Primera de esta Corporación reiteró la jurisprudencia sentada desde 2003, según la cual este tiene lugar ante las siguientes dos circunstancias: i) la primera de ellas, cuando quiera que se ha superado la afectación de los derechos e intereses colectivos y no es procedente ordenar la restitución de las cosas a su estado anterior, por no ser ya necesario; o ii) cuando acaece un daño consumado y no es posible acudir a la restitución. Cuando tales supuestos se presentan, la orden judicial sería inocua, por lo cual deben denegarse las pretensiones. Ahora bien, la jurisprudencia constitucional ha reconocido que, mientras permanezcan vigentes los hechos que han dado lugar a la interposición de la demanda, no se configura el fenómeno de la carencia de objeto. Lo anterior ocurre, por ejemplo, cuando la autoridad administrativa ha adelantado alguna actuación tendiente a la superación de la situación que ocasiona la vulneración o amenaza de los derechos, sin que ello implique que cesó la conducta o los hechos que dieron lugar al reclamo de amparo de dichos derechos. (…) Es por lo anterior, que la Sala unifica la jurisprudencia en relación con la configuración de la carencia actual de objeto por hecho superado, dentro de una acción popular, en los siguientes dos sentidos: Aun en aquellos casos en que el demandado o, incluso, la autoridad judicial de conocimiento consideren que se ha superado la situación que dio lugar a la interposición de la acción, es necesario verificar el cese de la amenaza o la vulneración de los derechos colectivos comprometidos, sin que baste con la simple alegación de haberse adelantado alguna actuación enderezada a la superación de la situación; en aquellos casos en que la amenaza a los derechos colectivos subsista no es procedente declarar el hecho superado, aun cuando se verifique que se ha adelantado alguna actuación a fin de cesar la amenaza o vulneración de los mismos. ii) El hecho de que, durante el curso de la acción popular, el juez compruebe la desaparición de la situación que originó la afectación de derechos colectivos, no es óbice para que proceda un análisis de fondo, a fin de establecer el alcance de dichos derechos” En consecuencia, en el caso sub examine, al declararse desierto el proceso contractual No. MC-APP-001-2018, se debe entender superada la hipotética violación de los derechos colectivos alegada por la parte actora, pues todos ellos se derivaban de la adjudicación, desarrollo y, particularmente, forma de remuneración de esa actividad contractual, tal y como se evidencia de la lectura de las pretensiones formuladas en el líbelo introductorio del litigio y de su fijación. Así las cosas, para esta vista fiscal resulta claro que actualmente no concurren las presuntas amenazas planteadas por el demandante, por cuanto se declaró desierto el proceso de selección que se pretendía detener con la acción popular. En consecuencia, están llamadas a prosperar las peticiones presentadas por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y el apoderado especial de la Compañía MARITIME ARCHAEOLOGY CONSULTANTS SWITZERLAND AG, al no existir amenaza alguna de que la ejecución de la APP por la que se demanda atente contra los derechos colectivos a la moralidad administrativa, al patrimonio público y la defensa del patrimonio cultural de la Nación, por lo que no es necesario proceder a analizar los cargos presentados por el demandante y el coadyuvante del extremo activo, debiéndose declarar la terminación del presente litigio por carencia actual de objeto por hecho superado. 3. CONCLUSIÓN En este orden de ideas, el suscrito Delegado del Ministerio Público sugiere respetuosamente al Honorable Consejo de Estado, proferir decisión en segunda instancia que declare la terminación del presente litigio por hecho superado, atendiendo que el Ministerio de Cultura mediante la Resolución No. 0113 del cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022), declaró desierto el Proceso de Selección Abreviada de Menor Cuantía No. MC APP 001 2018, cuyo objeto era “La intervención, preservación, divulgación y aprovechamiento económico de los bienes que se encuentran en el polígono autorizado en el mar Caribe, así como el diseño, construcción operación y mantenimiento de la infraestructura pública asociada la cual se compone de un laboratorio para la conservación de materiales y un museo que permita la divulgación y apropiación del patrimonio cultural de la Nación”, decisión que fue confirmada a través de la Resolución 678 del 3 de mayo de 2022. En este sentido y atendiendo que la pretensión primera de la Acción Popular -reiterada por el Demandante en su recurso de apelación- estaba orientada a que se ordenara a La Nación – Ministerio de Cultura y al Instituto Colombiano de Antropología e Historia – ICANH abstenerse de continuar con el trámite del proceso contractual número MC APP 001 2018, se hace evidente que el presente medio de control de protección de los derechos e intereses colectivos presenta carencia de objeto en relación con las situaciones fácticas y pretensiones que la sustentan, puesto que, como se mencionó, el proceso de selección fue declarado desierto por el Ministerio de Cultura mediante la Resolución No. 0113 del cuatro (4) de marzo de dos mil veintidós (2022), insistiendo que actualmente no concurren las presuntas amenazas planteadas por el demandante. Del Honorable Magistrado. CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA Procurador Delegado de Intervención 9: Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

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