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MINISTERIO PÚBLICO EN INTERVENCIÓN ANTE EL CONSEJO DE ESTADO-Se sugiere revocar decisión del Tribunal del Huila por cuanto con los argumentos y pruebas allegadas no es posible declarar la nulidad de las Resoluciones de la Universidad Surcolombiana que dispuso liquidación unilateral del contrato de obra
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Acto de liquidación del contrato es de mera ejecución y cumplimiento
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-No se desvirtuó la presunción de legalidad de las resoluciones de incumplimiento del contrato que soportan la liquidación del mismo
ANÁLISIS Y VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS-No puede otorgarse carácter vinculante a las actas del comité técnico si ello contradice lo estipulado en el contrato estatal y en el Manual de Interventoría
Considera esta vista fiscal que los argumentos expuestos por la primera instancia respecto a que las actas están revestidas de carácter vinculante; por lo que aceptar lo contrario desconocería el principio de confianza legítima, y que las mismas guardan congruencia con las 14 actas del comité técnico que suscribió un representante de la Universidad; en las que se indicaba con claridad las decisiones tomadas y los compromisos pactados por el contratista, el interventor y la entidad contratante, argumento del que se debe afirmar que no es suficiente, pues se encuentra en contravía a lo señalado tanto por el Manual de Interventoría como por lo establecido en el contrato
CONCEPTO No. 012 / 2025
Bogotá, D.C., 11 de febrero de 2025
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
Consejera Ponente Doctora [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
EXPEDIENTE: 41001233300020150012903 (71892)
ACCIÓN: Contractual
ACTOR: Ingeaser S.A.S. y otros
DEMANDADO: Nación – Universidad Surcolombiana (USCO)
Sentido del concepto: Solicitud de REVOCAR la sentencia recurrida // acto de liquidación del contrato es de mera ejecución y cumplimiento // no se desvirtuó la presunción de legalidad de las resoluciones de incumplimiento del contrato que soportan la liquidación del mismo // los argumentos y las pruebas allegadas no permiten declarar la nulidad de las Resoluciones 219 del 2012 y 016 del 2013 mediante las cuales la UNIVERSIDAD SURCOLOMBINA dispuso la liquidación unilateral del contrato de obra 021 del 2010.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento del ordenamiento jurídico, la protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales.
ANTECEDENTES
1.1. La Demanda.
INGEASER S.A.S. y otros presentaron demanda en ejercicio de la acción contractual contra la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA - USCO, con el fin de que se declare y se condene, así:
Primera. Se declare la nulidad de los artículos 15, 16 e inciso 3º del artículo 44 del Acuerdo 021 del 1º de junio de 2005, por medio del cual se expide el Estatuto de Contratación de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
Segunda. Se declare la nulidad del inciso 2º del artículo 44 del Acuerdo 044 del 28 de octubre de 2005, por medio del cual se modifica parcialmente el Acuerdo 021 de fecha 1º de junio de 2005, mediante el cual se expidió el Estatuto de Contratación de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
Tercera. Se declare la nulidad del inciso 3º del artículo 38 y 40 del Acuerdo No. 029 del 15 de julio de 2011, por el cual se expide el Estatuto de Contratación de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
Cuarta. Se declare la nulidad del artículo 16 de la Resolución No. 194 del 3 de octubre de 2011 por medio del cual se reglamenta el Acuerdo 029 de 2011 “Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana”.
Quinta. Se declare la nulidad de los numerales 7 y 64 del Pliego de Condiciones de la Licitación Pública No 012 de 2010, expedido por la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
Sexta. Se declare la nulidad de la cláusula XI y XV del Contrato de Obra No. 021 de 2010, suscrito entre la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA y el denominado CONSORCIO CR.
Séptima. Se declare la nulidad de la Resolución No. 219 de fecha 27 de diciembre de 2012, por medio de la cual, la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA liquidó unilateralmente el Contrato de Obra No. 021 de 2012.
Octava. Se declare la nulidad de la Resolución No. 016 de fecha 31 de enero de 2013 por medio de la cual, la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA confirmó la Resolución No. 219 de 27 de diciembre de 2010.
Novena. Se declare que la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA incumplió el contrato de obra No. 021 celebrado el 18 de mayo de 2010, en relación con los conceptos y aspectos respecto de los cuales reguló el acto de liquidación unilateral del contrato.
Décima. Se condene a la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA al pago de la indemnización de los daños y perjuicios de todo orden sufridos por efectos del incumplimiento del contrato y de la expedición ilegal de las resoluciones por medio de las cuales fue liquidado unilateralmente el contrato. En tal sentido, en caso de que durante el trámite del juicio los demandantes hayan sido forzados a pagar las sumas de dinero dispuestas en su contra en los actos de liquidación del contrato, se condene al rembolso de cualquier valor que se considere como pago de lo no debido a la luz del contenido y alcance de la sentencia que decida las pretensiones de la demanda.
Décima primera. Se liquide judicialmente el contrato y dentro del acto de liquidación, se incorporen todos los pagos, compensaciones, indemnizaciones y reembolsos, en los términos en que se indica en el acápite de la cuantía de las pretensiones.
Décima segunda. Que se ordene dar cumplimiento a la sentencia por medio de la cual ponga fin al proceso, en los términos del artículo 192 y siguientes del CPACA de que trata la ley 1437 de 2011.
Hechos señalados en la demanda
a. A través de la resolución 058 del 18 de mayo de 2010, la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA aperturó el proceso de licitación pública 012 de 2010, con el propósito de adjudicar las adecuaciones locativas de la biblioteca central.
b. La licitación se adjudicó al consorcio actor, con quien se suscribió el contrato de obra 021 de 2010. El plazo de ejecución fue pactado a seis meses, su vigencia a diez y su valor en $1.218.907.417.
c. En la cláusula XV se estableció que la universidad puede liquidarlo unilateralmente (acuerdos 021 y 044 de 2005).
d. El acta de inicio de obra se suscribió el 26 de agosto de 2010.
e. El contrato fue adicionado en dos oportunidades: el 25 de febrero de 2011, aumentando el valor a $1.200.907.417, su plazo a 9 meses (3 meses más). El 18 de mayo de 2011, aumentando 45 días de plazo, y $81.886.756 de valor.
f. El 24 de octubre de 2011, el CONSORCIO CR y la interventoría suscribieron el acta de recibo de pendientes, relacionado el cumplimiento de las labores contratadas.
g. El 13 de enero de 2012 la universidad expidió la Resolución 005, declarando la ocurrencia del siniestro de incumplimiento del contrato. Inconformes, el contratista y la compañía aseguradora interpusieron el recurso de reposición; pero tal decisión fue confirmada íntegramente por conducto de la resolución 058 del 12 de abril de 2012.
h. El 27 de diciembre de 2012, la UNIVERSIDAD liquidó unilateralmente el contrato de obra 021 de 2010 (resolución 219). Decisión que fue confirmada a través de la resolución 016 de 31 de enero de 2013.
Contestación de la Demanda
LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA se opuso a las pretensiones y propuso las siguientes excepciones:
a. Improcedencia por extemporaneidad de la liquidación judicial del contrato.
Resalta que esta prerrogativa se encuentra en el artículo 44 del acuerdo 021 de 2005 (estatuto de contratación de la universidad). En primer lugar, detalla que el contrato de obra se inició el 28 de agosto de esa anualidad, y luego de varios requerimientos al contratista, no fue posible la liquidación consensuada. Por tal motivo se expidió la resolución 2019 de 2012, disponiendo la liquidación unilateral.
En segundo lugar, resalta que la demanda fue admitida el 24 de enero de 2013 (providencia notificada por estado al día siguiente); “pronunciamiento que no adquirió firmeza plena pues una vez recurrido, tan solo fue confirmado mediante auto del 9 de abril, notificado mediante estado número 60 de 15 de abril de 2013, es decir, cuando ya había adquirido firmeza el acto administrativo que decidía la impugnación presentada contra el pronunciamiento que dispuso aquella liquidación unilateral del contrato 021 de 2010, tornándose extemporáneo el llamado para efectuar judicialmente el trámite que se invoca”.
b. Indebida acumulación de pretensiones.
En la medida en que la acción se encuentra caducada, es improcedente la acumulación de pretensiones.
c. Pleito pendiente.
Aduce que en el proceso radicado bajo el número 41001233300020120022100 (cuyo conocimiento le correspondió al magistrado [NOMBRE TACHADO]), se discute la nulidad de los estatutos que sirvieron de fundamento jurídico a la expedición de los actos enjuiciados; de suerte que, “podría presentarse que en el primer proceso se resuelva la validez de los actos administrativos en cuestión, pero que en la presente causa de proceda a la nulidad de los artículos señalados en los estatutos y en consecuencia se presente el decaimiento de los actos administrativos particulares lo que sería una contradicción …”.
d. Caducidad de algunas pretensiones.
En esencia, refiere que “mediante Resolución 076 del 23 de junio de 2010 el Rector de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA adjudicó al CONSORCIO CR el contrato de obra 021 de 2010, el cual finalmente fue suscrito entre las partes el 01 de julio de 2010… luego de transcurridos cerca de tres (3) (sic) desde la publicación del pliego de condiciones definitivo y de suscrito el contrato, es evidente que la oportunidad para formular la mentada pretensión ha caducado…”.
Adicionalmente, propone las exceptivas de mérito que denomina ajustamiento normativo de las manifestaciones administrativas demandadas, ausencia de vicios de invalidez y contrato no cumplido.
Concepto Ministerio Público
No hubo escrito presentado por el Ministerio Público
Sentencia de primera instancia.
El Tribunal Administrativo del Huila declaró la nulidad de las Resoluciones 219 del 27 de diciembre de 2012 y 016 del 31 de enero de 2013, a través de las cuales, la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA liquidó unilateralmente el contrato de obra 021 de 2010 y resolvió el recurso de reposición, respectivamente; así mismo declaró liquidado el contrato de obra civil 021 de 2010, suscrito entre la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA y el CONSORCIO CR. Por lo anterior, ordenó a la entidad demandada pagar a la parte actora la suma de $180.347.085 y denegó las demás súplicas de la demanda. Sin condena en costas.
Como soporte de la decisión se refirió a 4 aspectos, así:
- De la Terminación y liquidación unilateral del contrato de obra 021 de 2010. Potestades de los entes autónomos universitarios.
Que el Consejo de Estado en un asunto similar, puntualizó que los entes universitarios se gobiernan por una normatividad especial por expresa disposición del Constituyente, y los contratos que celebran se regulan por el derecho privado. Sin embargo, precisó que el ejercicio de facultades unilaterales por uno de los extremos contratantes (incluyendo la terminación del contrato), no es incompatible ni ajena a la contratación privada. Destacando, que en el marco del negocio jurídico privado y de la autonomía de la voluntad, el análisis se limita a constatar que el sujeto que ejerce la atribución no haya incurrido en una prohibición.
Que en ese sentido, señaló que en el marco del contrato de obra (regulado por el derecho privado), la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA – USCO podía hacer uso de las facultades unilaterales expresamente consentidas y aceptadas por el CONSORCIO actor al suscribir el contrato. Por lo tanto, al expedir la resolución 219 del 27 de diciembre de 2012 mediante la cual liquidó el contrato; no se soslayaron normas que regulan la contratación privada.
En tal virtud, este cargo no prospera, y como se diluye el argumento que fundamentó la suspensión provisional del acto enjuiciado; la misma se levantará.
De las actas de recibo
Las actas de recibo de obra fueron suscritas por el representante legal del CONSORCIO CONTRATISTA y por el interventor del contrato. Circunstancia que a juicio de la parte actora es suficiente para que sean revestidas de carácter vinculante; pues aceptar lo contrario desconocería el principio de confianza legítima.
La interventoría entre marzo de 2010 y septiembre de 2011 realizó varios requerimientos a la USCO y al CONSORCIO demandante; solicitando que cumplir el cronograma de actividades y que se suministraran los soportes documentales requeridos para efectuar oportunamente la liquidación (en especial los paz y salvos del pago de los trabajadores y contratistas de la obra)
Se encuentra comunicación del 3 de enero de 2012 mediante la cual el interventor requirió a la USCO sobre 3 aspectos: i) el diseño y la instalación de la cubierta; ii) el sistema eléctrico; y iii) los paz y salvos del personal que prestó sus servicios en la obra; en la misma señaló que la cubierta respetó las especificaciones contractuales, y aunque se presentaron inconvenientes por la curvatura del diseño; la solución ofrecida por el contratista (instalación de cinta adhesiva entre los traslapos de la cubierta), no fue aceptada por la entidad contratante; por lo que, de consuno las partes y el interventor, aprobaron el suministro e instalación de un neopreno de 5 mm cada 20 cm entre los traslapos de la teja.
También le informó que el sistema eléctrico fue realizado “según planos eléctricos entregados por la entidad”, y que “cumplió con las especificaciones contractuales”.
En lo relacionado con el pago de las acreencias laborales y los honorarios del personal vinculado en la obra; estos fueron entregados directamente en el departamento de contratación de la Universidad y enviados por correo electrónico a la interventoría.
Por lo que concluye el Tribunal que las diferencias que se pudieron presentar en desarrollo de la obra fueron superadas, y prueba de ello es que el interventor y el CONTRATISTA suscribieron 7 actas parciales de obra, un acta denominada estado general de las obras; otra rotulada recibo de obras pendientes, y un acta de obra final (aunque hace la anotación que esta no tiene fecha). En cada una de ellas se consignó la información técnica, financiera y económica de la ejecución del contrato. Así como los avances de las obras y el incremento de los valores ejecutados.
Agrega que la información contenida en las referidas actas, guardan congruencia con las catorce actas del comité técnico que suscribió un representante de la Universidad; en las que se indicaba con claridad las decisiones tomadas y los compromisos pactados por el contratista, el interventor y la entidad contratante. Así las cosas, señaló que no existe medio de convicción que permita dudar de la labor que de manera autónoma realizó el interventor en el seguimiento técnico, financiero y jurídico del contrato; y respecto al cumplimiento del cronograma y las modificaciones a la cubierta, esos aspectos de consumo fueron superados.
En tal virtud, este cargo tampoco prospera.
De la calidad de la obra ejecutada
Que en resolución 005 del 13 de enero de 2012 mediante la cual se declaró el siniestro del incumplimiento del contrato, se afirma que en la visita realizada a la obra el 5 de diciembre de 2011 (en la cual participó la oficina asesora de planeación de la UNIVERSIDAD); se advirtió la presencia de varias anomalías: problemas en la cubierta, caída de lámparas y que el sistema eléctrico no cumplía las normas técnicas.
Al resolver el recurso de apelación instaurado contra dicha resolución, la UNIVERSIDAD mencionó que, por solicitud del contratista, se rindió un informe por parte de otra universidad, en el cual se señaló varias falencias en la cubierta, informe que además no objetado por el contratista.
Al respecto señala el Tribunal que el acta de visita del 5 de diciembre de 2011, no fue allegada; la cual sirvió de insumo para declarar el siniestro de incumplimiento; así como tampoco se allegó el informe técnico que elaboró la universidad Francisco José de Caldas, ni prueba de su remisión al Consorcio contratista.
Aunque el perito Iván Javier Puentes Rodríguez refiere que “en los apartes del acta de recibo final” se consignó que la obra fue recibida a satisfacción antes de filtraciones de agua (información suministrada por el director de la interventoría); lo cierto es que el acta final de recibo de obra no tiene notas al margen, observaciones, o notas al pie que permitan colegir que la obra no culminó adecuadamente, o que hubo inconformidades cuando se recibió y tampoco se cuestionó su calidad.
A contrario sensu, señala el Tribunal que en las actas de recibo parcial; en especial, la del 24 de octubre de 2011 en la que se consignó que las actividades de ”1. Remate de drywall parte exterior sobre cercha de cubierta. 2. Remate de graniplast sobre filos y parte inferior de la ventana. 3. Remate y detalle de pintura sobre filos. 4. Remate de caja de inspección eléctrica. 5. Terminación de instalación de lámparas colgantes en el 4º piso. 6. Arreglo de filo muro de acceso al 2º piso. 7. Arreglo drywall esquina del 4º piso. 8. Alineación baranda del 4º piso. 9. Terminación de instalación de división de oficina abierta según rediseño”; dan cuenta de que las obras fueron debidamente terminadas por el CONSORCIO CONTRATISTA.
Por lo que concluyó el A- quo, que las obras contratadas fueron recibidas por la interventoría, y de acuerdo con su decir, cumplían con las especificaciones técnicas, cantidades, condiciones y características consignadas en el contrato de obra 021 de 2010. En tal virtud, la resolución a través de la cual la USCO liquidó unilateralmente el contrato (219 del 27 de diciembre de 2012), adolece de falsa motivación; por cuanto las razones fácticas que le sirven de sustento son ajenas a la realidad; lo cual, en los términos consagrados en el artículo 137 del CPACA, genera su nulidad.
Igual situación sucede con la Resolución 016 del 31 de enero de 2012, por medio de la cual, se confirmó la Resolución 219 del 27 de diciembre de 2012.
Así las cosas, se declarará la nulidad de los dos actos administrativos.
De la liquidación del contrato de obra
De acuerdo con los soportes probatorios (especialmente las actas parciales de recibo de obra, el acta final de obra, y las afirmaciones del perito), permiten concluir que el valor de obra ejecutado fue de $1.265.545.674.
Además, en el acta de obra parcial número 7 se estableció que el valor acumulado/pagado, asciende a $1.170.428.875. Por lo que al valor total ejecutado $1.265.545.674 se debe descontar la suma anterior.
Por lo tanto, la UNIVERSIDAD le adeuda al CONSORCIO actor es la suma de $95.116.799. Valor que se debe actualizar, teniendo en cuenta la fecha en que se debió realizar la liquidación del contrato de obra y hasta la fecha de la sentencia. El cual corresponde a $180.347.085.
Recurso de Apelación
Parte Demandada – UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
Solicitó se revoque la sentencia de primera instancia y, en su defecto, se deniegue la totalidad de las pretensiones de la demanda, en los siguientes términos:
Respecto de la falsa motivación y la legalidad de las Resoluciones 219 del 27 de diciembre de 2012 y la 016 del 31 de enero de 2013, por medio de las cuales se dispuso la liquidación del contrato de obra, señaló que el Consorcio actor no impugnó las resoluciones Nos. 005 y 058 del año 2012, por medio de las cuales se declaró el siniestro.
Lo que implica que, según la normativa aplicable en este caso, el artículo 66 del C.C.A. y el artículo 91 del CPACA, que establecen que las decisiones administrativas que no son impugnadas en tiempo se presumen legales, mal pueden los actores impugnar actos de ejecución y cumplimiento de aquellos actos administrativos que están en firme pues no fueron impugnados, como son la convocatoria a una liquidación del contrato y el trámite de liquidación.
Sobre la liquidación del contrato el Consejo de Estado, ha precisado que, "…la liquidación unilateral se materializa, pues, es un acto administrativo y, por ende, como su nombre lo indica y se desprende de su naturaleza jurídica, no es un acuerdo sino una imposición de la voluntad que la administración ejerce sobre el contratista -jamás a la inversa- acerca de la forma como terminó el negocio jurídico. (…)“.
Además, en el presente caso, el cuestionamiento a estos actos ejecutivos de liquidación del contrato, se centra en la presunta falta de competencia de la autoridad contratante para ejercer prerrogativas públicas de control para salvaguarda del patrimonio público, a través de las cuales les exige a sus contratistas el cumplimiento de sus deberes y fines del contrato.
Cuestiona que los actores se opongan a la liquidación del vínculo contractual, pues es a través de este procedimiento mediante el cual se hace el balance final de las prestaciones de las partes, así como las vicisitudes dentro del negocio jurídico.
Señala que el actor no cuestiona el motivo o causa de los actos administrativos, ni su objeto o decisión, ni la finalidad de los mismos, lo que permite inferir su aceptación sobre estos elementos de validez, pues para que prospere la impugnación se debe identificar los vicios de los elementos de existencia y validez de dichos actos, invocando causales de nulidad taxativas.
Censura el valor probatorio de la denominada acta de recibo de obra, la cual carece de los requisitos jurídicos y técnicos teniendo en cuenta que únicamente fue suscrita por el contratista e interventor; a su vez, dentro del proceso se evidenciaron comportamientos presuntamente dolosos y de mala fe realizados por la parte actora e interventoría, denotando las siguientes inconsistencias; (...) La cual dice que, presuntamente se firmó el 18 de julio de 2011, pero es contradictoria a la realidad, pues con posterioridad la interventoría requirió al Actor el cumplimiento de diferentes aspectos aún pendientes de la ejecución del contrato, por lo que se puede inferir que el contratista para la supuesta fecha de suscripción del acta de recibo de obra no había ejecutado la totalidad de la misma.
2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
2.1. Problemas Jurídicos
¿Las diversas actas de interventoría entre las cuales se encuentra dos de recibo de obra, son prueba suficiente para desconocer la presunción de legalidad de las resoluciones 005 de 2012 confirmada con la resolución 058 de 2012 mediante las cuales la UNIVERSIDAD declaró el siniestro de incumplimiento del contrato de obra civil 0021 de 2010 y que sirven de fundamento a las resoluciones 219 de 2012 y 016 de 2013 mediante las cuales se liquidó unilateralmente el contrato?
¿Se acreditó las causales de nulidad alegadas por la parte demandante respecto de la Resolución 219 del 2012 y la Resolución 016 del 2013 mediante las cuales la entidad contratante dispuso la liquidación del contrato de obra 021 del 2010?
¿Los argumentos expuestos por la apelación, presentada por la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA respecto de la legalidad de los actos administrativos cuestionados, tienen asidero jurídico?
2.2. Las pruebas obrantes
Dentro del material probatorio que obra en el expediente, destacamos las siguientes foliaturas, consideradas como pertinentes para el análisis del presente caso.
Contrato de Obra No. 021 del 1º de julio del 2010, suscrito entre la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA y el CONSORCIO C-R conformado por Construcciones CF SAS e INGEASER LTDA, cuyo objeto era la construcción de la terminación de las obras de adecuaciones locativas de la biblioteca central de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA. Valor final luego de la adición de $1.300.794.173, para un plazo de ejecución de 10 meses y 15 días, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos que se exijan para el perfeccionamiento y ejecución del mismo. La vigencia por su parte será de 10 meses a partir de la fecha del perfeccionamiento. Dentro del clausulado se destacan: la “Cláusula VII Obligaciones del Contratista literal h) Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, todo tipo de actas, parciales, final y liquidación. Cláusula VIII Obligaciones de la UNIVERSIDAD literal b) recibir las obras realizadas por el CONTRATISTA salvo circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el cumplimiento de esta obligación. Cláusula X Interventoría, en la que se establece que el interventor deberá suscribir las actas que se deban elaborar en la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado en el Manual de Interventoría de la Universidad.” Cláusula XIII: terminación, modificación e interpretación unilateral. Conforme a lo preceptuado en los artículos 9, 10, 11, 12 y 13 del Acuerdo 021 de 2005, y Acuerdo 044 de 2005 (modificatorio), LA UNIVERSIDAD podrá decretar la terminación, modificación e interpretación unilateral del presente contrato mediante acto debidamente motivado. Cláusula XV Liquidación. Conforme lo reglamentado en el Capítulo IX del Acuerdo 021 de 2005 y 044 de 2005 (modificatorio) una vez terminado el plazo de ejecución, se deberá liquidar el presente contrato dentro de los 2 meses siguientes a su terminación. Parágrafo. En caso de proceder la Cláusula penal o las multas, EL CONTRATISTA autoriza a la UNIVERSIDAD a descontar directamente de su liquidación, los valores que le adeuden a la institución.”
Acta de recibo de la obra del 18 de julio de 2011, mediante la cual el interventor y el contratista consignaron el estado general de las obras en la que se lee que: “…Realizada la inspección total de los trabajos se constató que a la fecha se encuentran ejecutados de acuerdo con lo establecido en el contrato, dejando constancia que se encontraron los siguientes detalles pendientes por rematar los cuales el contratista se compromete a ejecutar antes de la respectiva liquidación:
- Arreglo y remate muro acceso escalera segundo nivel.
- Resane y remate Dry Wall por instalación de luminarias.
- Remate Dry Wall cuarto nivel columna de confinamiento filo ventanería.
- Remate tapa Dry Wall cuarto nivel sobre ventanería nueva.
- Limpieza general ventanería, guarda escoba entre otros.
- Remate pintura por resanes instalación ventanería y puertas de acceso.
- Sellado de orificios en tabletas de granito por instalaciones eléctricas.
- Remate piso en gravilla acometida principal plazoleta.
- Instalación manijas puertas de acceso vidrio templado.
- Remate pintura cerchas y correas a la vista sobre cubierta parte exterior.
En dicha acta también se consignó que “el recibo de los trabajos terminados no releva al contratista de sus responsabilidades y obligaciones a las cuales hace referencia el contrato y las normas legales vigentes, así como que “El contratista se compromete a mantener vigentes las garantías de conformidad con lo establecido en el contrato”.
Por su parte, la interventoría advirtió lo siguiente:
“Mediante la presente acta se hace el recibo de la obra, sin embargo, se solicita al contratista constituir la póliza de estabilidad de obra conforme a las especificaciones contractuales.
Por ello la interventoría deja constancia de que los pagos no podrán efectuarse hasta tanto el contratista no presente la póliza de estabilidad con la respectiva aprobación por parte de la Universidad, y en cumplimiento con los demás requisitos para la liquidación final del contrato, entendiéndose los paz y salvos del personal que laboró en la obra y pagos de seguridad social y parafiscales.”
Además, se señala que “el contratista antes de su respectiva liquidación debe suministrar las condiciones económicas adicionales del 1.5% del valor total del contrato ofrecido y que está estipulado en el respectivo contrato. Las cuales fueron establecidas en el comité técnico No. 09 para el suministro de los equipos (aires acondicionados) por valor correspondiente al porcentaje ofrecido del valor total de la obra.”
Acta de recibo de obras pendientes suscrita el 24 de octubre de 2011, por el contratista y el interventor mediante la cual se consignó las actividades realizadas por el CONTRATISTA y recibidas a satisfacción por parte de la INTERVENTORÍA:
”1. Remate de Drywall parte exterior sobre cercha de cubierta.
2. Remate de Graniplast sobre filos y parte inferior de la ventana.
3. Remate y detalle de pintura sobre filos.
4. Remate de caja de inspección eléctrica.
5. Terminación de instalación de lámparas colgantes en el 4 piso.
6. Arreglo de filo muro de acceso al 2 piso.
7. Arreglo drywall esquina del 4 piso.
8. Alineación baranda del 4 piso.
9. Terminación de instalación de división de oficina abierta según rediseño.
Resolución 005 del 13 de enero de 2012, el rector de la universidad declaró el siniestro de incumplimiento del contrato de obra y ordenó hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria; equivalente al 10% de su valor ($130.079.417.5); porque al culminar el término de ejecución, no se verificó que la obra se entregara satisfactoriamente, pues en el acta de recibo de obra se señalaron algunas obras pendientes por realizar. Que en desarrollo del objeto del contrato la obra tuvo la siguiente cronología
Acta de inicio de obra 26 de agosto de 2010
Fecha de terminación inicial 26 de febrero de 2011
Contrato adicional No. 1 adiciona 3 meses con lo cual la terminación de obras se pactó para el 26 de mayo del 2011
Suscripción de acta de suspensión No, 1 del 25 de mayo del 2011
Acta de reinicio de obra 2 de junio de 2011
Fecha adición de plazo en virtud de contrato adicional no. 2 de 2011 para el plazo final de ejecución del contrato hasta el 18 de julio de 2011
Se señaló además que la Universidad desde a fecha de vencimiento del contrato no ha recibido por parte del contratista, ni del interventor la obra objeto del contrato cuyo incumplimiento se declara, ya que ni el ejecutor del contrato, ni el interventor del mismo entregaron efectivamente y a satisfacción la obra contratada.
Resolución 058 del 12 de abril de 2012, mediante la cual se confirmó la Resolución 005 del 13 de enero de 2012 en la que se señaló que atendiendo la solicitud de un informe técnico por parte del contratista, el cual realizó la universidad distrital Francisco José de Caldas, y al haberse dado el traslado a los intervinientes en el procedimiento administrativo, no objetado, por lo tanto, se señalan las siguientes conclusiones respecto de la instalación de la cubierta de la obra:
a) Se observa un avanzado estado de deterioro, maltrato y deformaciones, principalmente en los traslapos laterales provocados al tratar de forzar las tejas en forma manual a la estructura.
b) Se aclara que existieron errores en la instalación de la cubierta, siendo numerosa la evidencia fotográfica de los errores en la adaptación manual de la misma, que no respetó las normas que imponía el fabricante de la teja, presentándose múltiples zonas de fractura y de empozamiento (sic) de aguas.
c) Se concluye que los daños que se presentan en el dry-wall, la cubierta y otras zonas de la edificación son consecuencia directa de la humedad.
d) Que al instalar la cubierta en forma manual, en la primera teja se presentó deformación y quebraduras al tratar de adaptarla, obligaba conforme a las reglas de la técnica a suspender la instalación de la teja para hacer las respectivas consultas.
e) Se determina que por la destinación del edificio, la cubierta no permite la utilización del mismo, por cuanto al ser el inmueble destinado al funcionamiento de una Biblioteca se debe garantizar unas condiciones óptimas para el almacenamiento de documentos, por lo tanto, cualquier filtración de agua pone en riesgo la integridad de los mismos.
f) Que de los documentos entregados por la Universidad Surcolombiana no se puede concluir que la misma haya impuesto o definido la forma de estación de la cubierta, ni incidido en el proceso constructivo.
g) En cuanto al testimonio del Ingeniero Eléctrico MAURICIO LARGO, practicado el 01 de marzo del presente año en la Oficina Asesora Jurídica, se aprecia que además de ratificar lo señalado en los informes técnicos presentados con anterioridad, reveló que durante una inspección al Edificio de la Biblioteca realizada en el mes de febrero de 2012, con posterioridad a la expedición de la Resolución No. 005 de 2012, que declaró el incumplimiento del contrato, fue encontrado personal del contratista que estaba realizando actividades en la cubierta.
(…)
En lo atinente con la ejecución del contrato en la bitácora de obra, se verifica que durante la ejecución del contrato, el contratista no hizo mención alguna sobre los supuestos defectos de diseño estructural de la cubierta que cita como argumento defensivo, tampoco advirtió sobre problemas en la instalación de las tejas de la cubierta que según se demuestra de informe técnico practicado por la Universidad Francisco José de Caldas, fueron las que ocasionaron los problema de humedad y daño que impiden la utilización del inmueble.
Resolución 144 del 26 de septiembre de 2012, a través de la cual el rector de la Universidad inició la actuación administrativa para liquidar unilateralmente el contrato “…y tomar las medidas administrativas pertinentes para constatar la correcta ejecución de los dineros desembolsados al contratista y salvaguardar los citados recursos dentro del contrato”.
Resolución 219 del 27 de diciembre de 2012, mediante la cual el rector liquidó unilateralmente el referido contrato y declaró que las sociedades Construcciones CF SAS e Ingeaser Ltda. (integrantes del Consorcio CR) adeudan a la entidad contratante las siguientes sumas: a) $274.641.846 “por concepto de valores cancelados y no ejecutados”, b) $130.079.417 por la ocurrencia del siniestro de incumplimiento, y c) $46.145.981 “por concepto de devolución de valores cancelados a manera de imprevistos y no justificados en su utilización e inversión para el contrato de obra 021 de 2010”. Dentro de su parte considerativa se lee “…en torno a la competencia para dar recibo y liquidación a los contratos estatales, se ve afianzado por lo establecido en la normatividad interna de la Universidad Surcolombiana, Así, el artículo 12 de la Resolución 0260 del 27 de diciembre de 2005”por medio de la cual se adopta el manual de interventoría, señala que la interventoría debe limitarse única y exclusivamente a verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas Enel contrato, y que por ende, no le corresponde ejecutar acciones tendientes a conocer aspectos administrativos y financieros distintos a los relacionados con el objeto del contrato.”
Resolución 016 del 31 de enero de 2013, por medio de la cual el rector de la universidad confirmó la Resolución 219 del 2012, para lo cual señaló que se tuvo en cuenta la determinación de la cantidad de obra ejecutada, hecha por la Sociedad Colombiana de Arquitectos.
Marco teórico
Pueden ser tenidos como referentes teóricos, los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto del Ministerio Público:
2.3.1. La acción de controversias contractuales.
La acción de controversias contractuales se encuentra regulada en el artículo 141 de la Ley 1437 de 2011 CPACA, el cual señala:
Artículo 141. Controversias contractuales “Cualquiera de las partes de un contrato del Estado podrá pedir que se declare su existencia o su nulidad, que se ordene su revisión, que se declare su incumplimiento, que se declare la nulidad de los actos administrativos contractuales, que se condene al responsable a indemnizar los perjuicios, y que se hagan otras declaraciones y condenas. Así mismo, el interesado podrá solicitar la liquidación judicial del contrato cuando esta no se haya logrado de mutuo acuerdo y la entidad estatal no lo haya liquidado unilateralmente dentro de los dos (2) meses siguientes al vencimiento del plazo convenido para liquidar de mutuo acuerdo o, en su defecto, del término establecido por la ley.
Los actos proferidos antes de la celebración del contrato, con ocasión de la actividad contractual, podrán demandarse en los términos de los artículos 137 y 138 de este Código, según el caso.
El Ministerio Público o un tercero que acredite un interés directo podrán pedir que se declare la nulidad absoluta del contrato. El juez administrativo podrá declararla de oficio cuando esté plenamente demostrada en el proceso, siempre y cuando en él hayan intervenido las partes contratantes o sus causahabientes.”
2.3.2. ACUERDO No. 021 DE 2005 (1º de junio) “Por medio del cual se expide el Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana”
“Artículo 2º. Régimen especial. En virtud del carácter de la Institución como Ente Universitario Autónomo, consagrado en la Constitución y la Ley, los contratos que suscriba la Universidad Surcolombiana para el cumplimiento de sus fines se rigen por las normas del derecho privado. Sus efectos y régimen de obligaciones estarán sujetos a las normas civiles y comerciales y a los requisitos de formación y de existencia que imponga este Estatuto. El régimen de cláusulas exorbitantes al derecho privado, se someterá a las condiciones impuestas en el capítulo III del presente Estatuto. En el evento de presentarse vacíos en esta materia, éstos serán reglados de manera supletoria por el Estatuto General de Contratación Pública y las normas que lo modifiquen, complementen y deroguen.”
“Artículo 44. deber de liquidación. Los Convenios, los contratos de consultoría, de obra, de prestación de servicios con cuantía superior a diez (10) Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes, y cualquier contrato de tracto sucesivo, cuya ejecución o cumplimiento se prolongue en el tiempo, la Universidad Surcolombiana y el contratista deberán liquidar el contrato de mutuo acuerdo, dentro de los dos (2) meses siguientes a la terminación del contrato.
En el acta de liquidación constarán los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. De ser necesario, en la liquidación del contrato se hará expresa mención de las obligaciones que deba cumplir el contratista con posterioridad a la extinción del contrato.
Si el contratista no se presenta a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, ésta será efectuada directa y unilateralmente por la Universidad, y se adoptará por acto administrativo motivado susceptible del recurso de reposición.”
2.3.3. Referentes Jurisprudenciales
Se tendrá como referente una sentencia del Consejo de Estado del noviembre del 2024 mediante la cual se analizó lo concerniente al acto administrativo mediante el cual se dispuso la liquidación unilateral del contrato de obra, suscrito por la Universidad Nacional de Colombia, como ente del orden nacional con régimen especial, cuyos contratos que celebre se regirán por las normas del derecho privado, tal y como sucede con la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA.
2.3.3.1. MEDIO DE CONTROL DE CONTROVERSIAS CONTRACTUALES / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DE OBRA / INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA / LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE OBRA //
“…frente a la liquidación unilateral, en la cláusula décimo séptima se pactó (por lo dispuesto en el Acuerdo No. 002 del 12 de febrero de 2008, que fijó el manual de contratación de la demandada, que en su artículo 815 autorizó a hacerla unilateralmente a través de acto administrativo, ante la imposibilidad de llevarla a cabo por mutuo acuerdo…”
Como se observa, aunque no existe una referencia expresa y clara a un artículo de la Ley 80 de 1993, es inconfundible la intención de que esta se hiciera en los términos y bajo el amparo de dicha normatividad. Efectivamente, además de referir en el contrato a la liquidación unilateral, entre otras, como una facultad excepcional al derecho común, aun cuando la Sala ya ha precisado que no tiene dicha naturaleza, el manual precisó con detalle la forma de cómo procedería su aplicación, que no es nada distinto a lo que ocurre en el marco de la contratación pública.
De lo contrario sería llevar al extremo la exigencia de estipular las normas de derecho público de forma expresa y clara, hasta el punto de que si no se hace de manera exactamente con el tenor literal de la norma, sería inane. La cláusula décimo séptima refirió a la liquidación como unilateral y al ejercicio de facultades excepcionales, en los términos de ley, lo cual, más allá de las imprecisiones técnicas, son expresiones con una clara referencia al derecho público. Igualmente, el manual fue enfático en señalar que “todo contrato” de tracto sucesivo, como el
que aquí se analiza, estaría sometido al trámite liquidatorio y la expedición de un acto administrativo, en caso de que no se pudiera hacer concertadamente.
Entonces, la voluntad de las partes sí fue esa porque lo que quisieron significar es que en esta materia no aplicarían las normas del derecho común (que no existen), sino las que disponga la ley, que, en una lectura sistemática, conducen al EGCAP.
Aquí hay autorización expresa en tal sentido. En efecto, esta posibilidad la abrió el estatuto orgánico de la demandada que la habilitó para aplicar las normas del Estatuto General de la Contratación Pública, tal como se lo permitió la Ley 30. Así lo concretó el contrato y el manual en los apartes citados, es decir, liquidar en la forma regulada por el derecho público.
Además, la indefinición que se aduce en dicho caso no es extensiva al presente asunto, toda vez que el manual precisó con detalle el tema en particular, es decir, cómo se haría la liquidación unilateral, que no es de otra forma que como se hace en el marco de la Ley 80 de 1993.
En conclusión, la liquidación unilateral demandada es un acto administrativo y así será juzgado.” Subrayado fuera del texto
2.3.3.2. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO ESTATAL – Noción / LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO – Procedencia
“[D]e acuerdo con el lenguaje común, liquidar un contrato es ajustar, saldar, pagar o determinar el valor de las acreencias y de las deudas correspondientes al mismo, así como ponerle fin a los derechos y obligaciones que derivan de la fuente contractual. (…) La liquidación (…) es un ajuste o rendición final de cuentas que se produce con el objeto de que las partes contratantes establezcan, con fundamento en el desarrollo del contrato, las acreencias pendientes o saldos a favor o en contra de cada uno o se declaren a paz y salvo, según el caso, para extinguir el negocio jurídico celebrado (…) La liquidación es una actuación que procede con posterioridad a la terminación normal o anormal del contrato estatal, por causas contractuales o legales o por causas atribuibles a ambos contratantes o a uno de ellos. Entre los modos o causas normales de terminación de los contratos, pueden incluirse: (i) el cumplimiento del objeto; (ii) el vencimiento del plazo extintivo de duración del contrato, y (iii) el acaecimiento de la condición resolutoria expresa, pactada por las partes.” Subrayado fuera del texto
2.4. Caso Concreto
Considera este Despacho que antes de resolver los problemas jurídicos planteados, es necesario tener claras las actuaciones que se presentaron una vez culminó el plazo establecido en el contrato de obra No. 021 suscrito el 1º de julio del 2010 por la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA con el CONSORCIO CR; cuyo objeto fue la construcción de la terminación de las obras de adecuaciones locativas de la biblioteca central de la Universidad, el cual culminó el 18 de julio de 2011, pues el plazo establecido era de 10 meses 15 días, contados a partir de la fecha de inicio que fue, el 28 de agosto de 2010.
2.4.1. Situaciones posteriores a la finalización del plazo del contrato
Se encuentra acta de recibo del 18 de julio de 2011 mediante la cual el consorcio interventor y el CONSORCIO CONTRATISTA señalaron 10 actividades pendientes de la obra a cargo del contratista.
Así las cosas, el 24 de octubre del 2011 entre el consorcio Interventor y el CONSORCIO CONTRATISTA suscribieron acta de recibo de obras pendientes, las cuales fueron recibidas a satisfacción por parte de la interventoría.
En ese sentido, el 13 de enero del 2012 LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA expidió la Resolución No. 005 de 2012, la cual fue confirmada por la Resolución No. 058 del 12 de abril de ese mismo año, por las cuales se declaró el siniestro de incumplimiento por parte del CONTRATISTA y ordenó hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria del contrato por valor de ($130.079.417,5) MCTE, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 16 del Acuerdo 021 de 2005, Estatuto Contractual vigente para la fecha de celebración del negocio jurídico.
Seguidamente el 26 de septiembre de 2012 LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA expidió la Resolución 144, a través de la cual inició la actuación administrativa para liquidar unilateralmente el contrato “…y tomar las medidas administrativas pertinentes para constatar la correcta ejecución de los dineros desembolsados al contratista y salvaguardar los citados recursos dentro del contrato”.
El 27 de diciembre de 2012 LA UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA expidió la Resolución 219 mediante la cual se liquidó unilateralmente el referido contrato y declaró que las sociedades Construcciones CF SAS e Ingeaser Ltda. (integrantes del Consorcio CR) adeudan a la entidad contratante las siguientes sumas: a) $274.641.846 “por concepto de valores cancelados y no ejecutados”, b) $130.079.417 por la ocurrencia del siniestro de incumplimiento, y c) $46.145.981 “por concepto de devolución de valores cancelados a manera de imprevistos y no justificados en su utilización e inversión para el contrato de obra 021 de 2010”.
Aspectos Controversiales
De las Actas de Recibo de Obra
Para comenzar debemos señalar que tal y como se expuso con las actas de recibo de obra suscritas el 18 de julio del 2011 y el 24 de octubre del 2011, en las cuales no tuvo participación representante alguno de la entidad contratante, UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, con lo cual se puede afirmar que las mismas no tiene poder vinculante, pues debe recordarse que la función del interventor es la de presentar actas para revisión y análisis de la entidad contratante, única autorizada para suscribir acuerdos y pactos con el contratista, tal y como quedó señalado en el manual de interventoría de la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA en el que se señala que “la interventoría debe limitarse única y exclusivamente a verificar el cumplimiento de las obligaciones pactadas en el contrato, y que por ende, no le corresponde ejecutar acciones tendientes a conocer aspectos administrativos y financieros distintos a los relacionados con el objeto del contrato.”
Lo anterior en concordancia con la cláusula X del contrato de obra 021 del 2010 al señalar “…que el interventor deberá suscribir las actas que se deban elaborar en la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado en el Manual de Interventoría de la Universidad.”
De igual manera se encuentra en concordancia con lo establecido en las cláusulas VII y VIII del mismo contrato que establecen “Obligaciones del Contratista literal h) Elaborar y presentar conjuntamente con el interventor, todo tipo de actas, parciales, final y liquidación. Y Obligaciones de la UNIVERSIDAD literal b) recibir las obras realizadas por el CONTRATISTA salvo circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el cumplimiento de esta obligación.”
Razón por la cual debe reiterarse que las actas suscritas el 18 de julio de 2011 y la del 24 de octubre del mismo año, por el Consorcio interventor y por el CONSORCIO CONTRATISTA no tiene el valor de ser vinculantes, por cuanto no están suscritas por las partes que suscribieron el contrato de obra 021 de 2010, el CONSORCIO CONTRATISTA y la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA, por no ajustarse a lo establecido en el Manual de Interventoría y en lo estipulado en el contrato de obra 021 del 2010.
En ese orden considera esta vista fiscal que los argumentos expuestos por la primera instancia respecto a que las actas están revestidas de carácter vinculante; por lo que aceptar lo contrario desconocería el principio de confianza legítima, y que las mismas guardan congruencia con las 14 actas del comité técnico que suscribió un representante de la Universidad; en las que se indicaba con claridad las decisiones tomadas y los compromisos pactados por el contratista, el interventor y la entidad contratante, argumento del que se debe afirmar que no es suficiente, pues se encuentra en contravía a lo señalado tanto por el Manual de Interventoría como por lo establecido en el contrato.
Del incumplimiento del contrato de obra
El Ministerio Público observa que el Tribunal le dio una valoración equivocada a las actas del 18 de julio y el 24 de octubre del 2011, pues las cataloga como de recibo de obras, cuando el tenor literal de las mismas no permiten establecer eso.
Efectivamente, el acta del 18 de julio (sobre la que el mismo Tribunal manifiesta que no tiene fecha) lo que dice es; Realizada la inspección total de los trabajos se constató que a la fecha se encuentran ejecutados de acuerdo con lo establecido en el contrato, dejando constancia que se encontraron los siguientes detalles pendientes por rematar los cuales el contratista se compromete a ejecutar antes de la respectiva liquidación (…)
Agrega, Por ello la interventoría deja constancia de que los pagos no podrán efectuarse hasta tanto el contratista no presente la póliza de estabilidad con la respectiva aprobación por parte de la Universidad, y en cumplimiento con los demás requisitos para la liquidación final del contrato, entendiéndose los paz y salvos del personal que laboró en la obra y pagos de seguridad social y parafiscales.”
Igualmente señala que “el contratista antes de su respectiva liquidación debe suministrar las condiciones económicas adicionales del 1.5% del valor total del contrato ofrecido y que está estipulado en el respectivo contrato. Las cuales fueron establecidas en el comité técnico No. 09 para el suministro de los equipos (aires acondicionados) por valor correspondiente al porcentaje ofrecido del valor total de la obra.”
En el acta del 24 de octubre, que además, es posterior a la fecha de finalización del contrato pactada por las partes, lo que indica es que se recibieron unas obras que estaban pendientes, pero sin que ello pueda interpretarse como un recibo final de la obra, lo anterior también permite evidenciar que en relación con el cumplimiento del plazo establecido en el contrato de obra 021 del 2010, dicho plazo no fue cumplido, pues a la culminación del mismo, aún estaban por ejecutar algunas actividades a cargo del CONTRATISTA.
Lo cierto es que al margen de las actas suscritas por el interventor en desarrollo de sus funciones, ninguna de ellas es un acta oficial de recibo de las obras a satisfacción y suscrita por la UNIVERSIDAD, como correspondería a una efectiva terminación y cumplimiento del contrato, antes por el contrario, suficientemente probado esta que la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA expidió la Resolución 005 del 13 de enero de 2012, a través de la cual declaró el siniestro de incumplimiento del contrato de obra y ordenó hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria; equivalente al 10% de su valor ($130.079.417.5); porque al culminar el término de ejecución, no se verificó que la obra se entregara satisfactoriamente, pues como ya se dijo, la supuesta acta de recibo de obra lo que en realidad hace es señalar obras pendientes por realizar, lo cual fue incluso motivo de recurso de reposición por parte del contratista, quedando en firme los actos administrativos pues ningún de ellos fue impugnado ante la jurisdicción contencioso administrativa por parte del CONSORCIO CR.
En ese sentido, podemos señalar que no hay duda sobre el incumplimiento en el que incurrió el CONSORCIO CONTRATISTA sobre el plazo para la ejecución de la obra pactada, de lo cual no se presentó objeción alguna de la parte demandante.
2.4.2.3. De la nulidad de las resoluciones por medio de las cuales se dispuso la liquidación del contrato
Atendiendo que las actas de recibo de obra no fueron vinculantes para las partes, por cuanto no cumplen con las disposiciones señaladas en el manual de interventoría y en el contrato de obra 021 de 2010, se considera que sobre este aspecto no le asiste razón a la primera instancia para declarar la nulidad de las Resolución 219 del 27 de diciembre del 2012 y la Resolución 016 del 31 de enero del 2013, mediante la cual se dispuso la liquidación unilateral del contrato de obra 021 del 2010, al señalar que en las mismas no gozan de legalidad por haberse configurado la falsa motivación, como causal de nulidad.
Ahora bien, como en dichas resoluciones se evidencia un incumplimiento en el plazo establecido al CONSORCIO CONTRATISTA para la entrega de la obra, lo cual como ya se pudo determinar efectivamente sucedió, pues al 24 de octubre del 2011, aún estaban pendientes algunas actividades por desarrollar de la obra, a pesar de que la fecha del contrato finalizó el 18 de julio del 2011, plazo que no fue prorrogado, con lo cual en las Resoluciones 219 y 016 se dejó claro dicha situación, así como también se pudo evidenciar que las actas de recibo de obra suscritas el 18 de julio y el 24 de octubre de 2011, no tiene el poder de vinculantes por no haber sido suscritas por la entidad contratante.
Por lo anterior considera el Ministerio Público, que atendiendo que en los actos administrativos cuestionados quedó evidenciado que hubo un incumplimiento en el plazo de ejecución de la obra por parte del CONSORCIO CONTRATISTA, no hay razón para declarar la nulidad de dichos actos, por cuanto los argumentos expuestos no logran desvirtuar su presunción de legalidad.
De los argumentos de apelación de la entidad demandada – UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA
El apoderado de la entidad contratante se refirió a 2 aspectos, uno relacionado con los vicios de nulidad que se alegan del acto administrativo mediante el cual se dispuso la liquidación, y del que la confirmó, Resoluciones 219 del 2012 y la 016 del 2013, respectivamente, y otro aspecto se refiere al valor probatorio que le otorga el Tribunal a la denominada acta de recibo de obra suscrita el 18 de julio del 2011.
En relación con el primero señaló que el actor no cuestiona el motivo o causa de los actos administrativos, ni su objeto o decisión, ni la finalidad de los mismos, lo que permite inferir su aceptación sobre estos elementos de validez, pues para que prospere la impugnación se debe identificar los vicios de los elementos de existencia y validez de dichos actos, invocando causales de nulidad taxativas; que en ese sentido mal pueden la parte demandante impugnar actos meramente ejecutivos de aquellos actos administrativos, como son la convocatoria a una liquidación del contrato y el trámite de liquidación, de los cuales no se cuestiona su legalidad.
Al respecto se considera por el Ministerio Público que con las pruebas allegadas y especialmente con los argumentos expuestos en la parte considerativa de la Resolución 219 del 2012 se puede extraer las siguientes situaciones:
Incumplimiento en la ejecución de las obras por parte del contratista
Incumplimiento en el plazo por parte del contratista
La suscripción de unas actas, las cuales no tiene el poder vinculante, pues la mismas no fueron suscritas por la entidad CONTRATANTE
La falta de un acta de recibo final suscrita por las partes contratantes
La expedición de la Resolución 05 del 13 de enero del 2012 mediante la cual se declaró el siniestro y por ende se dispuso, hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria del contrato.
Esta última resolución fue objeto de recurso, el cual fue desestimado, por lo que la resolución fue confirmada mediante acto administrativo 058 de abril del 2012.
Para lo cual debe tenerse de presente que la liquidación de un contrato, es un acto de mera ejecución de actos administrativos previos, pues como señaló en sentencia del 28 de junio del 2016, ya referenciada, “…la liquidación es una actuación que procede con posterioridad a la terminación normal o anormal del contrato estatal, por causas contractuales o legales o por causas atribuibles a ambos contratantes o a uno de ellos…”
En ese sentido, si los actos previos como la Resolución 05 del 2012 mediante la cual se declaró el siniestro y la Resolución 144 del 2012, a través de la cual se dispuso, iniciar la actuación administrativa a fin de proceder a la liquidación unilateral, se encuentran vigentes, por lo que se presume su legalidad, mal podría demandarse o cuestionarse simplemente el acto que dispone la liquidación, pues como ya se dijo, es un acto de mera ejecución.
Ahora en relación con el acta de recibo de obra del 18 de julio de 2011, el apelante censura el valor probatorio que realiza el Tribunal de dicha acta, la cual carece de los requisitos jurídicos y técnicos teniendo en cuenta que únicamente fue suscrita por el contratista e interventor; a su vez, dentro del proceso se evidenciaron comportamientos presuntamente dolosos y de mala fe realizados por la parte actora e interventoría, denotando las siguientes inconsistencias; (...) La cual dice que presuntamente se firmó el 18 de julio de 2011, pero es contradictoria a la realidad, pues con posterioridad la interventoría requirió al actor el cumplimiento de diferentes aspectos aún pendientes de la ejecución del contrato, por lo que se puede inferir que el contratista para la supuesta fecha de suscripción del acta de recibo de obra no había ejecutado la totalidad de la misma.
Sobre el particular señala el Ministerio Público que, se comparte los argumentos expuestos por el apelante, pues como ya se estableció; esta acta no está suscrita por la UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA como entidad contratante, como lo exigía la “cláusula VIII Obligaciones de la UNIVERSIDAD literal b) recibir las obras realizadas por el CONTRATISTA salvo circunstancias constitutivas de fuerza mayor o caso fortuito que impidan el cumplimiento de esta obligación”, por un lado, en ella se evidencia que la obra no estaba terminada, por lo que sin mayor análisis se deduce que el plazo para la realización de la misma no fue cumplido.
Por todo lo anterior, esta vista fiscal solicitará REVOCAR la sentencia de primera instancia mediante la cual se accedió parcialmente a las pretensiones de la demanda, por cuanto con los argumentos y las pruebas allegadas no es posible declarar la nulidad de las Resoluciones 219 del 2012 y 016 del 2013 mediante las cuales la UNIVERSIDAD SURCOLOMBINA dispuso la liquidación unilateral del contrato de obra 021 del 2010 y dispuso hacer efectiva la cláusula penal pecuniaria.
3. CONCLUSIÓN
Esta Delegada del Ministerio Público sugiere respetuosamente al Honorable Consejo de Estado REVOCAR la decisión adoptada por el Tribunal del Huila el 13 de agosto del 2014, por cuanto con los argumentos y las pruebas allegadas no es posible declarar la nulidad de las Resoluciones 219 del 2012 y 016 del 2013 mediante las cuales la UNIVERSIDAD SURCOLOMBINA dispuso la liquidación unilateral del contrato de obra 021 del 2010, suscrito con el CONSORCIO CR.
De la Honorable Magistrada,
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Delegado de Intervención 9:
Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado