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ACCION CONTRACTUAL-Sobrecostos que alega haber asumido el Consorcio como consecuencia de la ruptura del equilibrio de la ecuación económica del contrato con ocasión de la “…ejecución del Contrato de Obra No. 1307 del 2009 suscrito con el INVIAS…” debido al cambio de las fuentes de materiales para ejecutar el contrato, o mayor distancia en el “…acarreo o transporte de materiales, en cada uno de los tramos de obra contratados…”.
DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-Y la buena fe contractual
CONTRATO DE OBRA PUBLICA-Antecedente jurisprudencial sobre el cambio de fuentes de materiales en un contrato estatal de obra
Los contratos estatales sirven a un propósito de satisfacción del interés general que se relaciona con el sector público y el privado en la búsqueda de dicho objetivo. Los contratistas tienen derecho a recibir una remuneración por la ejecución de un contrato la cual debe ser previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución del cumplimiento del objeto contractual
PRINCIPIO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO-Busca el mantenimiento de dicha igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar/ PRINCIPIO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO-si se rompe por causas sobrevinientes, imprevisibles, y no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán las medidas necesarias para su restablecimiento/ PRINCIPIO DEL EQUILIBRIO FINANCIERO DEL CONTRATO-De no lograrse esto último, las partes del contrato podrán acudir a la jurisdicción para el restablecimiento de la ecuación financiera del contrato
El fundamento de una eventual responsabilidad por el desequilibrio económico o financiero del contrato deriva, entre otras normas, del artículo 27 de la Ley 80 de 1993 Frente a esta norma, se ha discutido sobre el alcance de sus disposiciones, entendiendo en primer lugar que esa igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones debe entenderse como relativa y no absoluta. Esto en atención a la naturaleza sinalagmática de las obligaciones y de los derechos del negocio jurídico.
ECUACION ECONOMICA DEL CONTRATO-Existen varios elementos que son comunes a la ecuación económica del contrato, con independencia de las modalidades contractuales
La ecuación inicial es definida por las condiciones pactadas, derechos, obligaciones y cargas, las cuales incluyen los riesgos asumidos. La ecuación es objeto de alteración por eventos sobrevinientes, lo que también plantea una serie de características del contrato, que sea de ejecución sucesiva o prolongada en el tiempo, y que se trate de hechos pasados pero manifestados durante la ejecución del contrato por la parte. El carácter del evento no solo es imprevisto sino también imprevisible. Debe existir una alteración de las condiciones iniciales de ejecución del contrato y el cumplimiento del contrato no es imposible, solo más oneroso. Las circunstancias del desequilibrio deben ponerse en conocimiento de la administración en debida forma y en la oportunidad contractual prevista, con fundamento en el principio de buena fe. El restablecimiento del equilibrio económico más que proteger el interés individual del contratista, lo que ampara fundamentalmente es el interés público que se persigue satisfacer con la ejecución del contrato.
DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-Supone la alteración del sinalagma funcional (correlación y equivalencia en las prestaciones) pactado al inicio de la relación negocial/DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-Puede tener origen en las siguientes causas/DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-Responsabilidad de la administración como consecuencia del desequilibrio económico del contrato
El desequilibrio económico del contrato supone la alteración del sinalagma funcional (correlación y equivalencia en las prestaciones) pactado al inicio de la relación negocial, bien sea por la expresión del poder soberano del Estado, capaz de afectar el vínculo jurídico a través de decisiones con relevancia jurídica, bien por la voluntad de la parte que, dentro de la relación contractual, ostenta posición de supremacía frente a su co-contratante ajenas a la relación contractual, o bien por situaciones imprevistas, imprevisibles e irresistibles que impactan la economía del contrato o por hechos previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos imprevistos e irresistibles (como la variación de precios), por razones no imputables a las partes. El desequilibrio económico y financiero del contrato puede tener origen en las siguientes causas: i) circunstancias imputables o atribuibles a la administración contratante a partir de la aplicación de las potestades derivadas el contrato; ii) circunstancias imputables o atribuibles a la administración al Estado, en virtud de su imperium; iii) circunstancias externas y ajenas a los contratantes; iv) circunstancias imputables o atribuibles a la administración contratante. En diferentes ocasiones el Consejo de Estado, se ha pronunciado sobre la responsabilidad de la administración como consecuencia del desequilibrio económico del contrato. El alto tribunal ha señalado que es indispensable la elaboración de los estudios y análisis previos que aseguren con una alta probabilidad que el contrato se podrá ejecutar en el término previsto y acordado y según las condiciones óptimas requeridas, junto con las cargas correlativas de diligencia, rigor, seriedad, previsión y sagacidad en la estructuración de las ofertas que presenta ante la administración.
CONTRATO DE OBRA PUBLICA-Naturaleza, tipología y modalidad/CONTRATO DE OBRA PUBLICA-Implicaciones desde los riesgos por sobrecostos en el transporte de material y asunción de estos
DESEQUILIBRIO ECONOMICO DEL CONTRATO-El Consorcio no demostró que los valores que efectivamente pagó estuviesen por fuera del ítem de imprevistos o de administración que fue pactado en el contrato
Teniendo en cuenta que el desequilibrio económico del contrato no se trata de situaciones que afecten las expectativas económicas del contratista, sino aquellas que generan perjuicios económicos con ocasión del cumplimiento del contrato, es importante manifestar que el Consorcio no demostró que los valores que efectivamente pagó estuviesen por fuera del ítem de imprevistos o de administración que fue pactado en el contrato, tampoco que estos valores fueron asumidos con afectación de su patrimonio en la medida en que no se hizo un ejercicio que permitiese acreditar que a pesar de las tres adiciones que se pactaron en el contrato, éstas fueron insuficientes para cubrir los costos del mismo.
ECUACION ECONOMICA DEL CONTRATO-El INVIAS no está en el deber de restablecerla por cuanto las pretensiones económicas del Consorcio se sustentan en una situación (transporte de materiales) cuyos riesgos fueron asignados al contratista
En consecuencia, la sentencia de primera instancia debe ser confirmada en cuanto a la negativa sobre las pretensiones de la demanda, pero con fundamento en que los riesgos por concepto de transporte de materiales asociados a la ejecución del contrato 1307 de 2009 fueron asignados y aceptados por el Consorcio demandante desde la etapa precontractual, que los sobrecostos que se alegan no fueron puestos en conocimiento del INVIAS durante la etapa de ejecución del contrato a pesar de las ocho modificaciones que tuvo el contrato, lo cual va en contravía del principio de buena fe objetiva contractual y de la regla del venire contra factum propio non valet.
CONCEPTO N° 006/2024
Bogotá, D.C., 18 de enero de 2024.
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN C
Consejero Ponente: Dr. [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
Ref.: 68001-23-33-000-2014-00514-01 (59696)
Controversias contractuales
Actor: Consorcio Infraestructura Vial 2009
Demandado: Instituto Nacional de Vías (INVIAS)
Honorable Magistrado:
En mi condición de agente de la señora Procuradora General de la Nación para intervenir en el trámite de la referencia, con fundamento en las competencias previstas en los artículos 277-7 de la Constitución Política, 30-2 del Decreto Ley 262 de 2000, dentro del término del traslado previsto en el artículo 247 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, CPACA, procedo a rendir concepto dentro del proceso de controversias contractuales de la referencia, así:
ANTECEDENTES
Demanda
La parte demandante, Consorcio Infraestructura Vial 2009, en adelante el Consorcio, pretende que se condene al Instituto Nacional de Vías, en adelante INVIAS, a pagar las sumas de dinero correspondientes a los sobrecostos que alega haber asumido el Consorcio como consecuencia de la ruptura del equilibrio de la ecuación económica del contrato con ocasión de la “…ejecución del Contrato de Obra No. 1307 del 2009 suscrito con el INVIAS…” debido al cambio de las fuentes de materiales para ejecutar el contrato, o mayor distancia en el “…acarreo o transporte de materiales, en cada uno de los tramos de obra contratados…”.
El Consorcio está integrado por las siguientes personas jurídicas y naturales: i) Construcciones Barsa S.A.S., antes Construcciones Barsa Ltda; ii) Carlos Urías Rueda Alvarez; iii) Julio Cesar Cascavita Peña; iv) Miguel Ángel Martínez Amórtegui; y v) BP Constructores S.A.
En la demanda se estableció el valor de las pretensiones patrimoniales por los sobrecostos, en la suma de dos mil novecientos cuarenta y cinco millones, novecientos cincuenta y siete mil, novecientos treinta y cinco pesos ($2.945.957.935) m/cte. Suma que fue tasada mediante peritaje extraprocesal “…incluyendo el IPC y los intereses al 31 de mayo de 2014”. El valor de los sobrecostos sin los intereses y la respectiva actualización fue de dos mil cuatrocientos diez millones novecientos treinta y dos mil seiscientos noventa y nueve pesos con treinta y siete centavos ($2.410.932.699,37), esta suma fue discriminada de la siguiente manera:
-Doscientos diecisiete millones, novecientos diecinueve mil trescientos cuarenta pesos con treinta y cuatro centavos ($217.919.340,34) por concepto del tramo 1 vía Charala – la cantera del K-10+880 al K12+589 con una longitud de 1.709 KM en el departamento de Santander.
-Cuatrocientos setenta y seis millones, ochocientos setenta y seis mil ciento catorce pesos con noventa y ocho centavos ($476.876.114,98) m/cte por concepto del tramo 2 vía la Cantera – el encino del K13-+590 al K17+589 con una longitud de 3.999 km.
-Trescientos once millones, cuatrocientos dieciocho mil setecientos diez pesos con ochenta y cuatro centavos ($311.418.710, 94) por concepto del tramo 5 vía la Belleza - Jesús Maria del K8+300 al K12+500 con una longitud de 4,2 km.
-Mil doscientos ochenta y cuatro millones, ciento setenta y siete mil dos pesos con veintiocho centavos ($1.284.177.002,28), por concepto del tramo 6 vía Troncal – Puerto Parra del K2+800 al K8+000 con una longitud de 5,20 km.
-Ciento veinte millones, quinientos cuarenta y un mil seiscientos treinta pesos con noventa y tres centavos ($120.541.630,93) por concepto del tramo 7 vía Oiba – Guadalupe del K13+550 al K18+250 con una longitud total de 4,70 KM.
En relación con los supuestos fácticos que dan lugar a la demanda, se señaló lo siguiente:
El Consorcio suscribió con INVIAS el contrato 1307 de 2009 cuyo objeto era la reconstrucción, pavimentación, y/o repavimentación de las vías, incluidas dentro del programa de pavimentación de infraestructura vial de integración y desarrollo regional plan 2500 de los tramos: “TRAMO 1. VIA CHARALA – LA CANTERA DEL K10+880 AL KM 12+589 CON UNA LONGITUD DE 1,709 KM; TRAMO 2: VIA LA CANTERA – EL ENCINO DEL K13+590 AL K17+589 CON UNA LONGITUD DE 3,999 KM; TRAMO 3: VIA LOS CUROS – MALAGA DEL K11+125 AL K12+625 CON UNA LONGITUD DE 1,5 KM; TRAMO 4: DE LA VIA TRONCAL (ALBANIA) – LA LLANA DEL K0+000 AL K1+830 CON UNA LONGITUD DE 1,83 KM; TRAMO 5: VIA LA BELLEZA – JESUS MARIA, DEL K8+300 AL K12+500 CON UNA LONGITUD DE 4,2 KM; TRAMO 6: VIA TRONCAL – PUERTO PARRA DEL K2+800 AL K8+000 CON UNA LONGITUD DE 5,20 KM; TRAMO 7: VIA OIBA – GUADALUPE DEL K13+550 AL K18+250 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4,70KM EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.”.
El contrato 1307 de 2009 fue suscrito por un valor de veintiún mil seiscientos cuarenta y siete millones ciento cincuenta mil novecientos cincuenta y un pesos ($21.647.150.951) m/cte.
- El INVIAS con ocasión de la suscripción del contrato 1307 de 2009, celebró el contrato de interventoría 1160 de 2009 con el Consorcio INELCO cuyo objeto fue: “INTERVENTORIA TECNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA LA RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y-O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VIAS INCLUIDAS EN EL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACION Y DESARROLLO REGIONAL PLAN 2500. TRAMO 1. VIA CHARALA – LA CANTERA DEL K10+880 AL KM 12+589 CON UNA LONGITUD DE 1,709 KM; TRAMO 2: VIA LA CANTERA – EL ENCINO DEL K13+590 AL K17+589 CON UNA LONGITUD DE 3,999 KM; TRAMO 3: VIA LOS CUROS – MALAGA DEL K11+125 AL K12+625 CON UNA LONGITUD DE 1,5 KM ; TRAMO 4: DE LA VIA TRONCAL (ALBANIA) – LA LLANA DEL K0+000 AL K1+830 CON UNA LONGITUD DE 1,83 KM; TRAMO 5: VIA LA BELLEZA – JESUS MARIA, DEL K8+300 AL K12+500 CON UNA LONGITUD DE 4,2 KM; TRAMO 6: VIA TRONCAL – PUERTO PARRA DEL K2+800 AL K8+000 CON UNA LONGITUD DE 5,20 KM; TRAMO 7: VIA OIBA – GUADALUPE DEL K13+550 AL K18+250 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4,70KM EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.”.
- Las obras contratas fueron entregadas por el Consorcio al INVIAS en diciembre de 2011.
- El contrato 1307 de 2009 a la fecha de presentación de la demanda no había sido liquidado.
- Para tasar el valor de los sobrecostos en los tramos 1, 2, 5, 6 y 7, el Consorcio pidió dictamen pericial al señor [NOMBRE TACHADO], auxiliar de la justicia con licencia T-5641, administrador de empresas y contador público con tarjeta profesional para las dos profesiones, el cual fue rendido y aportado con la demanda.
En cuanto a las causas de los sobrecostos en los tramos 1, 2, 5, 6 y 7, se sostuvo:
- El sobrecosto en el tramo 1 “VIA CHARALA – LA CANTERA DEL K10+880 AL KM 12+589 CON UNA LONGITUD DE 1,709 KM”, se presentó por mayores distancias de transporte de materiales de base y subbase, pavimento flexible, y materiales para obras de drenaje u otros, atravesando el casco urbano del municipio de Charalá, debido a que la fuente de materiales determinada en los estudios previos y en los pliegos de condiciones por parte de INVIAS, ubicada en la “…cantera El Tablón, no pudo ser usada por problemas ambientales, por lo que fue necesario comprar y transportar los materiales desde dos fuentes diferentes: Una (sic) ubicada a 14.05 km del centro de gravedad del tramo, de propiedad de Carlos Sarmiento, para lo cual fue necesario hacer toda la instalación de equipos de trituración, y la otra fuente de materiales ubicada a 51 km del centro de gravedad del tramo, de propiedad de CORVIA Y EMCOVIAS. Lo anterior fue de conocimiento y objeto de aprobación por parte de la Interventoría y el Instituto Nacional de Vías, sin que le fuera reconocido, al Consorcio y a sus integrantes, el valor económico correspondiente a los sobrecostos por cambio en la fuente de materiales para ejecutar el contrato.”.
- El sobrecosto en el tramo 2 “VÍA LA CANTERA – EL ENCINO DEL K13-+590 AL K17+589 CON UNA LONGITUD DE 3.999 KM”, se presentó por mayores distancias de acarreo y transporte de materiales de base y subbase, pavimento flexible y materiales para obras de drenaje y otros, atravesando el casco urbano del municipio de Charalá, debido a que la fuente de materiales determinada en los estudios previos y en los pliegos de condiciones por parte de INVIAS, ubicada en la “…cantera El Tablón, no pudo ser usada por problemas ambientales, por lo que fue necesario comprar y transportar los materiales desde dos fuentes diferentes: Una (sic) ubicada a 17.91 km del centro de gravedad del tramo, de propiedad de Carlos Sarmiento, para lo cual fue necesario hacer toda la instalación de quipos de trituración; la otra fuente de materiales ubicada a 54.86 km del centro de gravedad del tramo, de propiedad de CORVIA Y EMCOVIAS. Lo anterior fue de conocimiento y objeto de aprobación por parte de la Interventoría y el Instituto Nacional de Vías, sin que le fuera reconocido, al Consorcio y a sus integrantes, el valor económico correspondiente a los sobrecostos por cambio en la fuente de materiales para ejecutar el contrato.”.
-El sobrecosto en el tramo 5 “VÍA LA BELLEZA - JESUS MARIA DEL K8+300 AL K12+500 CON UNA LONGITUD DE 4,2 KM”, se presentó por mayores distancias de acarreo o transporte de materiales de base y subbase, pavimento flexible y materiales para obras de drenaje y otros, debido a que la fuente de materiales ubicada sobre el K 4+500 de la vía mencionada, determinada en los estudios previos y en el pliego de condiciones por parte del INVIAS, no sirvieron o no se encontraban en funcionamiento y no se encontró ninguna fuente de material que cumpliera con los requerimientos técnicos del proyecto en lugares cercanos, motivo por el cual el “…Consorcio se vio obligado a transportar los materiales para el primer kilómetro de obra desde la planta de Pescadero, ubicada a una distancia de 123 Km del centro de gravedad del tramo, mientras obtenía los permisos de funcionamiento y autorizaciones para instalar equipos de trituración y planta de asfaltos cerca de la obra, trámite que se tornó extenso y demorado. Lo anterior fue de conocimiento y aprobación por parte de la Interventoría y el Instituto Nacional de Vías, sin que le fuera reconocido, al Consorcio y a sus integrantes, el valor económico correspondiente a los sobrecostos por cambio en la fuente de materiales para ejecutar el contrato.”.
- El sobrecosto en el tramo 6 “VÍA TRONCAL – PUERTO PARRA DEL K2+800 AL K8+000 CON UNA LONGITUD DE 5,20 KM”, tuvo origen en el hecho de tener que recorrer mayores distancias por concepto de transporte de materiales, debido a que la fuente de materiales ubicada en la quebrada Las Doradas a 8.0 kilómetros del origen del proyecto, la cual se encontraba en el pliego de condiciones publicado por el INVIAS, “…no estaba habilitada para este contrato, lo que obligó a traer el material de la mina del Coscorrón en el río Guayabito, de propiedad de Ingeniería de Vías, ubicada a 64.90 km del centro de gravedad del tramo. Lo anterior fue de conocimiento y aprobación por parte de la Interventoría y el Instituto Nacional de Vías, sin que le fuera reconocido, al Consorcio y a sus integrantes, el valor económico correspondiente a los sobrecostos por cambio en la fuente de materiales para ejecutar el contrato.”
-El sobrecosto en el tramo 7 “VÍA OIBA – GUADALUPE DEL K13+550 AL K18+250 CON UNA LONGITUD TOTAL DE 4,70 KM”, tuvo como causa principal las mayores distancias que recorrió el Consorcio por concepto de transporte de materiales debido a que no se encontraron plantas que cumplieran con las normas técnicas de pavimentos del INVIAS, motivo por el cual fue necesario “…hacer la instalación de equipos de trituración y producción de asfaltos en la única mina con permisos ambientales de la zona, ubicada a 16.8 km del centro de gravedad del tramo. Lo anterior fue de conocimiento y aprobación por parte de la Interventoría y el Instituto Nacional de Vías, sin que le fuera reconocido, al Consorcio y a sus integrantes, el valor económico correspondiente a los sobrecostos por cambio en la fuente de materiales para ejecutar el contrato.”.
De acuerdo con los supuestos fácticos antes señalados, el Consorcio considera que le fue vulnerado el derecho al equilibrio económico del contrato porque a pesar de haberse reconocido por el interventor y por el INVIAS que el cambio en las fuentes de materiales era necesario para el cumplimiento del contrato, no se reconocieron los dineros correspondientes a esas mayores distancias por concepto de transporte de materiales.
Reforma de la demanda
El apoderado del Consorcio presento escrito de reforma de la demanda el 24 de septiembre de 2014 en el cual adiciona el capítulo de pruebas y solicita lo siguiente:
- Se tenga como prueba documental la certificación suscrita por la contadora pública Luz Marina Reina Ramirez, quien tuvo el cargo de contadora del Consorcio, mediante la cual se acredita que “…los datos presentados por el Perito [NOMBRE TACHADO] en el Dictamen Pericial Contable y Financiero, que obra como anexo en la demanda de referencia, fueron tomados directamente de la información contable que se encuentra en la contabilidad que soporta los gastos del Consorcio Infraestructura Vial 2009.”.
- Que en la audiencia de pruebas se escuche al perito que rindió el dictamen pericial que se anexó con la demanda con el fin de que sustente el dictamen pericial contable y financiero.
- Que se practique diligencia de inspección judicial al Registro de Operaciones, a los documentos y libros de contabilidad, Libro Mayor, Libro Diario, Libros Auxiliares, demás libros contables y los Soportes de los mismos, correspondientes al Consorcio, con el fin de “…soportar el dictamen contable y probar los gastos en que incurrió la parte demandante en la ejecución del contrato que le generaron la ruptura del equilibrio económico como consecuencia de la falta de planeación de la entidad demandada por las mayores distancias de acarreo de materiales.”.
Contestación de la demanda por parte de INVIAS
El apoderado del INVIAS se opuso a todas y cada de las pretensiones de la demanda con fundamento en los argumentos que se sintetizan a continuación:
-En relación con la ruptura del equilibrio económico del contrato, señala que el INVIAS aprobó 3 adiciones al contrato 1307 de 2009, para un total de $23.965.008.203; por lo cual no se puede “…atribuir después de la terminación del contrato un desequilibrio económico del mismo cuando este no fue atribuible al Instituto…”. En caso de que se hubiese presentado algún desequilibrio económico del contrato por el tema del transporte de materiales, este resulta imputable al contratista. “Cuando este preparó su ofrecimiento debió tener en cuenta lo consignado en los pliegos de condiciones (capítulo III subnumeral 3.8.3 Aspectos a considerar en el valor de la propuesta) que lo exhortaban a incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra de la presente licitación pública y los riesgos y administración de los mismos.”, A su vez, señaló que el contrato fue objeto de 4 prórrogas, esto pone en evidencia la “…voluntad e interés del Invias en que el contrato se cumpliera a cabalidad.”.
- Los sobrecostos que el Consorcio pretende que le sean reconocidos son consecuencia de la “…selección de la fuente de materiales realizada por el contratista, como consta en los estudios y los pliegos de condiciones publicados para el contrato No. 1307 del 2009, que como se aclaró el INVIAS realiza una sugerencia no una exigencia para las fuentes de los materiales, por lo cual el contratista no puede atribuirle los sobrecostos por mayores distancias de acarreos pues el mismo debía verificar dicha fuente y ser tenida en cuenta en su propuesta económica.”.
-Los sobrecostos que el contratista pretende en ningún momento durante la ejecución del contrato fueron mencionados, “…anotados y puestos en conocimiento del Instituto”. Por lo tanto, el INVIAS no está en mora de realizar pago alguno al contratista.
-El INVIAS desde la etapa precontractual dejó claro, en la matriz de riesgos, que la escogencia de las fuentes de materiales y su “…posible riesgo estarían a cargo del contratista en su totalidad, condiciones precontractuales que no fueron objetadas por el contratista durante la etapa precontractual, por lo que se concluye que fueron aceptadas desde el principio con la presentación de la oferta.”.
-En relación con los sobrecostos por el transporte de materiales de base y sub base, pavimento flexible y materiales para la obras de drenaje y otros de los tramos a los cuales se hace referencia en la demanda, el INVIAS al publicar los pliegos de condiciones en ningún momento predeterminó “…las fuentes de los materiales para realizar dichos tramos.”, en los estudios previos en el numeral 3 denominado “fuentes de materiales” para cada tramo se realizó la sugerencia respecto a las fuentes de los mismos, por lo tanto, “…podían ser las allí mencionadas o de cualquier otra fuente alterna que disponga el contratista siempre y cuando cumpliera con las especificaciones técnicas de construcción del INVIAS.”.
-Si bien el INVIAS y la interventoría aprobaron las fuentes de materiales propuestas por el contratista, ese hecho no hace responsable al INVIAS por los sobrecostos que con “…las fuentes propuestas por el contratista fueran asumidas por el mismo; pues si era de su conocimiento y estimación financiera dicho sobrecosto, no tiene razón que estos no fuera solicitados o discriminados por el contratista y la interventoría al momento de realizar el acta de entrega y recibo definitivo de obra suscrita por los mismos el primero (1) de agosto de 2012, teniendo en cuenta que las cantidades de obra ejecutadas y recibidas fueron confrontadas por las partes en obra a lo cual no se presentó ningún tipo de anotación en el acta de entrega y recibo definitivo por parte del contratista…”.
-En el pliego de condiciones en el capítulo III subnumeral 3.8.3 “Aspectos a considerar en el valor de la propuesta” se señaló que el “…valor de la propuesta deberá incluir todos los costos directos e indirectos para la completa y adecuada ejecución de la obra de la presente licitación pública y los riesgos y administración de los mismos.”.
-Durante la ejecución del contrato fueron solicitados al INVIAS por parte del consorcio interventor “…cuatro requerimientos de sanción al contratista debido a los innumerables atrasos que presentaron las obras, muchos de ellos obedecieron a la falta de planeación y logística en la explotación de materiales a cargo del contratista que ahora pretende endilgarle al Invias, ignorando la responsabilidad que le asiste al contratista.”.
-En los estudios previos el INVIAS sugiere la utilización de algunas fuentes de materiales para cada tramo y en cada uno de ellos le indica al contratista que es factible que pueda utilizar “…otras fuentes de materiales para su estudio y aprobación, para el cumplimiento de las especificaciones técnicas de los materiales, decisión que obedeció a una decisión unilateral del Consorcio (…) estando en su derecho de escoger a su conveniencia la fuente de materiales por él considerada como más favorable desde el punto de vista técnico-económico.”.
-El contrato 1307 de 2009 se encuentra en proceso de liquidación, porque se estaba a la espera del cierre ambiental que fue debidamente entregado el 17 de diciembre de 2013, por la oficina Subdirección Medio Ambiente y Gestión Social. Cabe señalar que existen obras que fueron entregadas por fuera del plazo contractual, motivo por el cual estás no deben ser canceladas. Sobre este punto se señaló:
“…se envió acta de liquidación bilateral mediante oficio 38065, en las cuales (sic) las condiciones para dicha liquidación consideradas por esta dependencia eran las de no tener en cuenta las actas 15 y 15A de ajuste, por tal razón, ante el “SUPUESTO CRUCE DE CUENTAS” que se pretendía realizar, este no es aprobado presupuestalmente, pues existen además de obras ejecutas por fuera del plazo contractual, IVAS deducibles de dichas actas que no pueden ser legalizados en un acta de liquidación, ya que para el pago de las actas debe existir un presupuesto específico para el mismo.
Por consiguiente el contratista (…) realizó (…) una consignación por valor de $315.716.199,78, dicho valor fue abonado al anticipo por amortizar, por lo cual el saldo actual del anticipo por amortizar es de $3.723.039.500,16.”.
- La obra fue entregada por el contratista el 1 de agosto de 2012, y no en diciembre, debido al incumplimiento del Consorcio, por ello se hizo un recibo parcial de obra, pero la entrega definitiva fue en agosto de 2012. Sobre este punto se señaló:
“Se precisa que solo fue posible suscribir el Acta de Recibo Final el día primero (1°) de Agosto de 2012, para seis (6) de los siete (7) tramos incluidos en el Proyecto, no se puede perder de vista que el Contrato 1307 de 2009 fue objeto de incumplimiento definitivo por no haberse ejecutado en su integridad, puesto que al tramo cinco (5) “La Belleza – Jesús María” le faltó ejecutar recursos por más del 50% de los recursos asignados para el tramo, resultando lesionada la comunidad y el Estado en general.”.
-El contratista no hizo pronunciamiento alguno sobre un tema de sobrecostos por acarreos, ni siquiera al momento de suscribir el acta de recibo definitivo. Tampoco lo hizo al momento de suscribir los tres contratos adicionales y las 4 prórrogas. La presente demanda “…sorprende a la entidad y sólo puede ser interpretada como un afán injustificado por parte del actor al incumplimiento definitivo del contrato.”.
Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo de Santander, mediante sentencia del 22 de mayo de 2017 negó las pretensiones de la demanda y condenó en costas a la parte demandante con fundamento en las razones que se sintetizan a continuación:
-Se acreditó que el INVIAS suscribió con el Consorcio el contrato de obra 1307 de 2009, el cual debía ser ejecutado en 7 frentes en diferentes tramos de vías del departamento de Santander, siendo objeto de la demanda 5 de esos tramos.
-De acuerdo con los testimonios practicados en el proceso se demostró que el plan 2500 tuvo dos fases y que el contrato “…objeto de esta demanda fue ejecutado en la segunda de ellas, de igual manera, que, para éste se tuvieron en cuenta los estudios previos y diseños de construcción que se habían realizado para la primera fase, según el señor Ramírez Hernández así se hizo en todo el país en donde hubo necesidad de dar continuidad a proyectos anteriores.”.
-En cuanto a las fuentes de materiales, los señores [NOMBRE TACHADO], Coordinador del Plan 2500, Andrés Felipe [NOMBRE TACHADO], Coordinador del Proyecto por parte del Consorcio contratista y Carlos Enrique Ramírez Hernández, supervisor del contrato por parte del INVIAS entre 2005 y 2009, coinciden en que para la elaboración de la convocatoria de la licitación pública del contrato 1307 de 2009 se tomaron las fuentes de “…materiales utilizadas en la fase I del Plan 2500, las que según el señor [NOMBRE TACHADO], eran las más cercanas al lugar de las obras en cada tramo del proyecto, y además habían funcionado en el desarrollo de la mentada etapa.
-Para el a quo dentro del contenido del contrato 1307 de 2009, no se acordó nada en relación con las fuentes de materiales que se utilizarían en el proyecto. Lo mismo en relación con el pliego de condiciones en el cual no se especificaron “…concretamente cuales serían las fuentes a utilizar en la ejecución de las obras, al respecto se consignó que “El proponente adoptará si es del caso las fuentes de materiales identificadas en el Estudio de Impacto Ambiental en los volúmenes estimados por el contratista en el capítulo de Aprovechamiento de Recursos Naturales, que en caso de resultar favorecido, utilizará en la ejecución de la obra; por lo tanto el Instituto no reconocerá costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales”.
-No obra en el proceso el “Estudio de Impacto Ambiental”, no obstante, la demanda se sustenta en los estudios técnicos en los cuales se indicaron de manera “…discriminada para cada tramo del proyecto, la fuente de materiales que se sugería por parte de la entidad contratante podía ser utilizada, las que coinciden con las mencionadas en el mentado acápite del escrito de la demanda.”.
- Según el a quo, puede concluirse que en ninguno de los documentos contractuales se le impusieron al contratista las fuentes de materiales que debía utilizar en cada uno de los tramos que hacían parte del objeto contractual, pues de los “estudios técnicos” se observa que las fuentes “…relacionadas eran solo una SUGERENCIA, y que el contratista podía elegirla u optar por cualquier otra fuente alterna, siempre que cumpliera las especificaciones técnicas impartidas por el INVIAS en materia de construcción.”.
-Tanto en el anexo técnico como en el pliego de condiciones se estableció que “…los aspirantes a la adjudicación del contrato, debían realizar una visita de carácter técnico, esta sí obligatoria, al lugar donde llevarían a cabo los trabajos, a partir de la cual el INVIAS daba por entendido que el proponente conoció la zona y los riesgos que en la misma se podían presentar, los que posteriormente asumiría, según la matriz de riesgos.”.
-En el anexo técnico se indicó que el interesado bajo su cuenta y riesgo debía inspeccionar y examinar “…los alrededores de la zona de la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra, y las fuentes de materiales para su explotación, (…), así como con los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de las obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente cada uno de las vías”…”.
-Así mismo, se sostuvo que de acuerdo con el anexo técnico el interesado no podía aducir como excusa el hecho de no haberse familiarizado debidamente con los detalles y condiciones bajo las cuales serían ejecutados los trabajos para realizar reclamaciones futuras a la entidad contratante.
-En la matriz de riesgos se señaló, en cuanto a las fuentes de materiales, que el “…efecto favorable o desfavorable ocasionado por la selección, explotación y manejo de los insumos provenientes de las fuentes de materiales”, serían sumidos en su totalidad por el contratista. En cuanto a este tema, los señores [NOMBRE TACHADO] y Orlando Ortiz, en su testimonio señalaron que dentro del riesgo antes mencionado se encontraba incluida la selección de fuentes de materiales.
- A su vez, en la matriz de riesgos, se previó que los efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto a “…equipos, transporte, materiales y mano de obra”, fue otro de los riesgos que asumió el contratista. Por lo tanto, las situaciones desfavorables que se presentaran en relación con los ítems, entre otros, de transporte, correspondía a la órbita del contratista, puesto que en su propuesta debía incluirse los costos unitarios de cada uno de esos aspectos.
- Los riesgos derivados del incumplimiento del trámite y la obtención de los permisos ambientales con las Corporaciones Autónomas Regionales y de la obtención del paz y salvo derivado de las actividades correspondientes al cierre de los permisos obtenidos, de acuerdo con la matriz de riesgos, correspondían al contratista. Por esa razón, al contratista le correspondía adelantar la tramitación “…oportuna de las licencias y permisos necesarios para la explotación de las fuentes de materiales, en la medida en que este riesgo está plasmado de manera general y no discrimina cuales licencias y permisos por los que se entienden que las relacionadas con las fuentes están allí comprendidas.”.
-De acuerdo con los pliegos de condiciones, el anexo técnico y la matriz de riesgo, el a quo sostuvo que el INVIAS adoptó una medida eficaz con la cual se buscaba que los proponentes, se relacionaran y conocieran de manera directa las condiciones reales de la zona del proyecto, incluyendo el tema de las posibles fuentes de los materiales con los que se contaban en los diferentes tramos de las vías contratadas.
- También es claro que era responsabilidad exclusiva del contratista la verificación de sí las fuentes de materiales sugeridas por el INVIAS contaban con todas las autorizaciones y permisos a que hubiere lugar.
- Para el a quo, conforme a los documentos contractuales que fueron aportados al proceso, en ninguno de estos se impuso al contratista las fuentes de materiales que debía utilizar en los distintos tramos objeto del contrato de obra. Esto puesto que de los apartes transcritos se “…observa claramente que las fuentes relacionadas eran solo una SUGERENCIA, y que el contratista podía elegirla u optar por cualquier otra fuente alterna, siempre que cumpliera las especificaciones técnicas impartidas por el INVIAS en materia de construcción.”.
- A partir de los documentos precontractuales, anexo técnico y pliegos de condiciones, y de los testimonios practicados, se pudo establecer que los aspirantes a la adjudicación del contrato, “…debían realizar una visita de carácter técnico, esta sí obligatoria, al lugar donde se llevarían a cabo los trabajos a partir de la cual el INVIAS dada por entendido que el proponente conoció la zona y los riesgos que en la misma se podían presentar, los que posteriormente asumiría, según la matriz de riesgos.”.
- Se concluye en la sentencia de primera instancia que a partir del conocimiento directo que debía tener el aspirante a la adjudicación del contrato, después de familiarizarse con los detalles del lugar, es que este formulaba su propuesta, incluyendo en ella las “…fuentes que utilizaría y el transporte necesario para la movilización del material, más cuando estos aspectos son aspectos relevantes y esenciales para la ejecución de la obra, que no podían ser examinados de manera superficial, o suponer que las señaladas en el anexo técnico, por el hecho de ser las recomendadas por el ente contratante (…) iban a poder ser explotadas sin ningún inconveniente…”.
- La causa de la imposibilidad de utilizar las fuentes de materiales sugeridas por el INVIAS en los estudios previos fue la “…falta de licencias y permisos ambientales para su explotación y/o utilización, aspecto que debió ser verificado por el Consorcio contratista desde el momento en que tuvo conocimiento de la existencia y recomendación de las mismas, con el fin de verificar la posibilidad de utilizarlas durante las obras y elaborar así su propuesta…”.
-A pesar de que el contrato fue adjudicado el 14 de agosto de 2009 y su ejecución inició el 18 de septiembre de 2009, el Consorcio el 8 de octubre de 2009 le solicitó a la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga, le informará el estado de las licencias ambientales de unas “…posibles fuentes para los tramos I y II, dentro de la que se encontraba uno sobre el río Pienta, que fue una de las recomendaciones del INVIAS…”, esto le permite señalar al a quo que “…sólo hasta después que el contrato se inició se hicieron los trámites para gestionar las licencias de las posibles fuentes para ese tramo.”.
-No puede el Consorcio excusarse en que las fuentes tomadas por él para la elaboración de la propuesta fueron las sugeridas por el INVIAS y pretender endilgarle responsabilidad por la necesidad que se presentó de cambiarlas durante el desarrollo de la obra porque estas “…solo fueron recomendación y procurar su utilización era un aspecto que le correspondía y lo sabía suficientemente a partir de los documentos contractuales y de los riesgos del contrato que asumió.”.
- El hecho de que el INVIAS haya elaborado el presupuesto oficial del contrato, incluyendo las fuentes sugeridas no significa que el contratista estaba obligado a tomar esas fuentes e incluirlas dentro de su propuesta, pues era necesario que el INVIAS, con fundamento en el principio de planeación, definiera los recursos económicos con los cuales disponía para contratar la obra, y si bien ese presupuesto general “…limita a los contratistas para la elaboración de las propuestas, esto implica que también lo hiciera respecto de los costos unitarios de cada ítem del contrato, en la medida en que éstos son calculados por el contratista con base en sus propios estudios de conveniencia, como lo muestra la matriz de riesgo…”. Por lo tanto, el contratista tenía “…libertad de armar su presupuesto de acuerdo con los costos unitarios por el calculados sin que sobrepasara el valor del presupuesto general del contrato.”.
-No se configura un desequilibrio económico del contrato puesto que los sobrecostos alegados por el Consorcio son producto de las mayores distancias por el transporte de materiales ante el cambio de fuente de estos, situación que les atribuible únicamente al contratista.
- El cambio en las fuentes para extraer los materiales, no fue producto de un hecho imprevisible por cuanto el invierno que se presentó durante 2010 si bien fue imprevisible, lo fue para ambas partes, es decir, para el INVIAS y para el Consorcio. Adicionalmente el invierno no fue la causa del cambio de las fuentes de materiales, sino que ello obedeció a la falta de licencias y permisos ambientales. A su vez, ese cambio en las fuentes no fue producto de una actuación legal de la contratante que obligue a restablecer el equilibrio económico del contrato, sino que la causa fue la mencionada anteriormente.
-Por último, se señala que la sentencia del 21 de junio de 1999 proferida por el Consejo de Estado, a la cual se hace referencia en la demanda, no resulta aplicable al presente caso puesto que esa ocasión la entidad contratante le impuso al contratista las fuentes de los materiales, lo cual no ocurrió en este asunto.
Recurso de apelación del Consorcio
El apoderado de la demandante solicitó que se revoque la sentencia de primera instancia por las razones que se exponen a continuación:
- El INVIAS tenía la obligación legal de hacer los estudios previos específicos, por lo tanto, los estudios previos que se hicieron para la fase 1 del plan 2.500 no podía haber sido los mismos para la fase 2 a la cual pertenece el contrato de obra 1307 de 2009. La ausencia de actualización de los estudios previos para la fase 2 generan “…responsabilidad de la entidad frente a la imposibilidad de utilizar las fuentes de materiales, porque los oferentes dentro del proceso de selección y mi mandante, seleccionado para la ejecución los acogieron de buena fe, en el entendido que se trataba de los estudios previos reales, actualizados, para la ejecución de las obras.”.
- La obligación del contratista no era revisar los estudios previos de la entidad y verificar que las fuentes de materiales tuvieses los permisos ambientales, su obligación era la de “…tramitar los permisos de explotación si sus propietarios lo permitían, cosa que hizo mi mandante, sin obtener resultados favorables por problemas ambientales de las fuentes de explotación de los materiales mismos.”.
- El desequilibrio económico del contrato fue producto de la falta de estudios previos actualizados y serios para la ejecución de la fase 2 del plan 2.500 y la sugerencia de las fuentes de materiales además de la causa de fuerza mayor, el invierno.
- El INVIAS determinó el valor presupuestal y para ello tuvo en cuenta las fuentes de materiales que había seleccionado para la fase 1 del plan 2.500, motivo por el cual no le asiste razón al a quo cuando señala que las fuentes de materiales señaladas en los estudios previos eran una mera sugerencia y, por lo tanto, los sobrecostos los debe asumir el contratista.
- El parágrafo de los pliegos de condiciones que se transcribe en la sentencia de primera instancia para justificar que el Consorcio podía utilizar las fuentes de materiales identificadas en el estudio de impacto ambiental, y que, por lo tanto, al ser una sugerencia no era obligatorio acudir a esas fuentes y que además el INVIAS no reconocería costo adicional por el cambio de dichas fuentes, se transcribe de manera incompleta porque en dicho parágrafo también se señaló:
“Así mismo, los correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los costos de explotación, incluidos tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales.”.
Esto demuestra que el INVIAS dejó por fuera “…los costos de transporte de materiales, que son los que se reclaman ahora judicialmente.”.
- El INVIAS estructuró los estudios previos con precios unitarios, incluyendo el precio por concepto de transporte o acarreo de materiales desde cada una de las fuentes hasta el sitio de cada obra. En el proceso de selección se descalificaba a cualquier proponente que excediera los precios unitarios fijados por el INVIAS, lo cual permite señalar que la entidad tenía certeza y claridad sobre las fuentes de materiales.
-No es cierto que las fuentes de materiales fuera un asunto que le correspondía únicamente al contratista como lo señaló el a quo, esto porque el INVIAS fue el que determinó las fuentes de materiales en el marco del principio de planeación y por lo tanto no resulta admisible que se traslade la carga de financiación de las obras al contratista. A su vez, la interventoría y el INVIAS aprobaron el cambio de las fuentes de materiales, ello demuestra que el tema no era un asunto únicamente responsabilidad del Consorcio.
- Es cierto que el pliego de condiciones ordenó realizar una visita técnica al lugar objeto de las obras, pero no lo es que esa visita permitía “…determinar si las fuentes de materiales servían o no, todos los oferentes, incluyendo a los demandantes de este proceso, asistieron a las visitas convencidos de que esas fuentes de materiales servían porque habían sido propuestas por el INVIAS con fundamento en los estudios previos, los estudios técnicos geológicos y ambientales, luego todos esperaban menos que las fuentes de materiales (…) no sirvieran.
-En relación con el análisis que se hace en la sentencia de primera instancia sobre la matriz de riesgos, es necesario señalar que tal instrumento no trasladó la responsabilidad de la selección de las fuentes de materiales al oferente, ello por cuanto en la matriz lo que se prevé es que el efecto favorable o desfavorable ocasionado por la selección, explotación y manejo de los insumos provenientes de las fuentes de materiales es asumido por el contratista, por lo tanto, el riesgo no es “…sobre la selección de las fuentes, sino sobre los efectos de los materiales provenientes de ellas, por lo tanto no es cierto el argumento del Tribunal en cuanto a que el mapa le traslada tal responsabilidad a los oferentes contratistas, porque con esto se contraviene el principio de planeación…”.
-Pretender que el contratista cumpla la obligación de tramitar oportunamente las licencias y permisos ambientales para la explotación de las fuentes materiales, es violatorio del artículo 24 numeral 5 literal d) de la Ley 80 de 1993, por cuanto le traslada al ciudadano-contratista una obligación legal que debe cumplir un tercero, en este caso, el dueño de las fuentes de materiales que seleccionó el INVIAS.
-En cuanto al riesgo de los efectos económicos derivado del análisis insuficiente de los precios unitarios por parte del contratista, en este caso el Consorcio realizó su análisis de precios remitiéndose a las fuentes de materiales presentadas por el INVIAS en su estructuración de precios unitarios, a la luz de lo establecido en el artículo 3, numeral 4 del decreto 2474 de 2008, partiendo de la buena fe, en el “…entendido que se partía de la base que tales fuentes de materiales estaban en servicio, que tales fuentes de materiales contaban con todos los permisos y documentación para su funcionamiento entendiendo que esta es una obligación de la entidad, no del oferente, quien presentó sus precios unitarios de acarreo con esa información suministrada por la entidad.”.
-El Tribunal da por probada la existencia de un evento de fuerza mayor, el invierno que azotó al país en 2010, el cual afectó gravemente las fuentes de materiales, y traslada los efectos de esa situación única y exclusivamente al Consorcio. Ello no es acorde al mapa de riesgos puesto que en aquel el riesgo de los efectos económicos ocasionados por lluvias extraordinarias era del INVIAS, es decir, el daño emergente de este riesgo debía ser asumido por aquel.
- En la demanda no se endilga al INVIAS responsabilidad alguna por un fenómeno atmosférico natural, pero lo cierto es que el fenómeno natural ocurrió, fue imprevisible y afectó sustancial y económicamente el equilibrio del contrato para los tramos 5 y 6.
-En cuanto a los tramos 5 y 6, la sentencia es incongruente por cuanto señala que si bien se demostró la ocurrencia de un evento de fuerza mayor, como lo fue el invierno de 2010, los efectos económicos de dicha circunstancia, la cual ocasionó mayores costos en ese tramo incluido el transporte de materiales, tales efectos debían ser asumidos por el Consorcio, esto desconoce lo expuesto por la jurisprudencia en cuanto a que en esos eventos la asunción del riesgo es de la entidad y también lo previsto en el mapa de riesgos el cual señala que las lluvias extraordinarias están a cargo del INVIAS.
-El Tribunal reconoce que la causa principal de la necesidad de cambiar las fuentes de materiales señaladas por el INVIAS en los estudios previos, fue el hecho de no contar con los permisos y autorizaciones ambientales, entonces la pregunta es: “¿a quien se le reprocha la falta de esos permisos, al contratista que iba a ejecutar el contrato, o a la entidad que hizo sus estudios previos de la fase 1 cuando esas fuentes de materiales contaban con permiso, y, por pereza administrativa, utilizó los mismos estudios previos de la fase 1 para la fase 2, sin actualizarlos y verificar su realidad?”. La responsabilidad de ello es del INVIAS, la obligación del Consorcio era tramitar los permisos necesarios para la explotación de las fuentes no verificar si las “…fuentes seleccionadas por las (sic) administración contaban o no con permisos de explotación…”.
CONSIDERACIONES
Problema jurídico
Para este agente del Ministerio Público, el problema jurídico a resolver es: ¿se configuró el desequilibrio económico del contrato 1307 de 2009 como consecuencia del cambio de las fuentes de materiales señaladas en los estudios previos ante la imposibilidad de explotarlas por la falta de permisos y autorizaciones ambientales, y, por lo tanto, hay lugar a restablecer el equilibrio económico del contrato?
Consideraciones sobre el desequilibrio económico de los contratos estatales y la buena fe contractual. Antecedente jurisprudencial sobre el cambio de fuentes de materiales en un contrato estatal de obra
Los contratos estatales sirven a un propósito de satisfacción del interés general que se relaciona con el sector público y el privado en la búsqueda de dicho objetivo. Los contratistas tienen derecho a recibir una remuneración por la ejecución de un contrato la cual debe ser previamente estipulada, razonable, proporcional y justa, como retribución del cumplimiento del objeto contractual.
El principio del equilibrio financiero del contrato busca el mantenimiento de dicha igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso, de manera que si se rompe por causas sobrevinientes, imprevisibles, y no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán las medidas necesarias para su restablecimiento, de no lograrse esto último, las partes del contrato podrán acudir a la jurisdicción para el restablecimiento de la ecuación financiera del contrato.
El fundamento de una eventual responsabilidad por el desequilibrio económico o financiero del contrato deriva, entre otras normas, del artículo 27 de la Ley 80 de 1993. Frente a esta norma, se ha discutido sobre el alcance de sus disposiciones, entendiendo en primer lugar que esa igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones debe entenderse como relativa y no absoluta. Esto en atención a la naturaleza sinalagmática de las obligaciones y de los derechos del negocio jurídico.
Existen varios elementos que son comunes a la ecuación económica del contrato, con independencia de las modalidades contractuales, a saber:
La ecuación inicial es definida por las condiciones pactadas, derechos, obligaciones y cargas, las cuales incluyen los riesgos asumidos.
La ecuación es objeto de alteración por eventos sobrevinientes, lo que también plantea una serie de características del contrato, que sea de ejecución sucesiva o prolongada en el tiempo, y que se trate de hechos pasados pero manifestados durante la ejecución del contrato por la parte.
El carácter del evento no solo es imprevisto sino también imprevisible.
Debe existir una alteración de las condiciones iniciales de ejecución del contrato y el cumplimiento del contrato no es imposible, solo más oneroso.
Las circunstancias del desequilibrio deben ponerse en conocimiento de la administración en debida forma y en la oportunidad contractual prevista, con fundamento en el principio de buena fe.
El restablecimiento del equilibrio económico más que proteger el interés individual del contratista, lo que ampara fundamentalmente es el interés público que se persigue satisfacer con la ejecución del contrato.
El desequilibrio económico del contrato supone la alteración del sinalagma funcional (correlación y equivalencia en las prestaciones) pactado al inicio de la relación negocial, bien sea por la expresión del poder soberano del Estado, capaz de afectar el vínculo jurídico a través de decisiones con relevancia jurídica, bien por la voluntad de la parte que, dentro de la relación contractual, ostenta posición de supremacía frente a su co-contratante ajenas a la relación contractual, o bien por situaciones imprevistas, imprevisibles e irresistibles que impactan la economía del contrato o por hechos previsibles en cuanto a su ocurrencia, pero con efectos imprevistos e irresistibles (como la variación de precios), por razones no imputables a las partes.
El desequilibrio económico y financiero del contrato puede tener origen en las siguientes causas: i) circunstancias imputables o atribuibles a la administración contratante a partir de la aplicación de las potestades derivadas el contrato; ii) circunstancias imputables o atribuibles a la administración al Estado, en virtud de su imperium; iii) circunstancias externas y ajenas a los contratantes; iv) circunstancias imputables o atribuibles a la administración contratante.
En diferentes ocasiones el Consejo de Estado, se ha pronunciado sobre la responsabilidad de la administración como consecuencia del desequilibrio económico del contrato. El alto tribunal ha señalado que es indispensable la elaboración de los estudios y análisis previos que aseguren con una alta probabilidad que el contrato se podrá ejecutar en el término previsto y acordado y según las condiciones óptimas requeridas, junto con las cargas correlativas de diligencia, rigor, seriedad, previsión y sagacidad en la estructuración de las ofertas que presenta ante la administración.
En cuanto a la acreditación del desequilibrio económico, el Consejo de Estado ha señalado que esta requiere de factores técnicos y de suficiencia, razón por la cual la prueba del desequilibrio es “…altamente técnica, razonablemente fundada en especiales consideraciones contables, económicas, financieras, que permitan deducir de manera objetiva, cómo las situaciones fácticas alegadas como afectantes del equilibrio contractual, inciden de manera cierta, evidente, clara y material en las estructuras económicas y financieras del negocio en los términos propuestos y pactados”.
La jurisprudencia del Consejo de Estado ha decantado los elementos que dan lugar a reparar al contratista de la administración en eventos del rompimiento del equilibrio económico del contrato, así como los aspectos precisos que el juez, en su análisis del caso debe tener en cuenta con el fin de identificar que efectivamente ha existido un desequilibrio en la ecuación del contrato.
A partir de lo expuesto, pueden identificarse las condiciones para que se configure el desequilibrio económico del contrato. Estas pueden sintetizarse de la siguiente manera:
Reconocer que la ecuación inicial es definida por las condiciones, derechos, obligaciones y cargas pactadas en el contrato, las cuales incluyen los riesgos asumidos por cada una de las partes;
La ecuación económica puede ser objeto de alteración o desequilibrio por eventos sobrevinientes, imprevistos e imprevisibles;
El desequilibrio económico del contrato se predica de aquellos contratos de ejecución sucesiva o prolongada en el tiempo, sobre hechos pasados pero que se manifiestan durante la ejecución del contrato y en esa etapa se reclaman por la parte afectada;
El evento o situación que genera el desequilibrio económico del contrato no puede ser constitutivo de incumplimiento de las obligaciones de alguna de las partes (artículo 1613 del Código Civil);
Debe existir una alteración de las condiciones iniciales de ejecución del contrato, no para imposibilitar su cumplimiento, sino que lo hacen mucho más oneroso para una de las partes.
Las circunstancias del desequilibrio deben ponerse en conocimiento de la otra parte en debida forma y en la oportunidad contractual prevista, con fundamento en el principio de buena fe contractual.
El restablecimiento del equilibrio económico más que proteger el interés individual del contratista, lo que ampara fundamentalmente es el interés público que se persigue satisfacer con la ejecución del contrato. Se trata de un mecanismo que propende por el cumplimiento del objeto del contrato.
A continuación se plantean algunas de las condiciones para que pueda imponerse una condena por el rompimiento del desequilibrio económico del contrato, según la jurisprudencia del Consejo de Estado:
Cuando la administración no tiene el cuidado suficiente de elaborar previamente los estudios técnicos que permitan y aseguren con una alta probabilidad que el contrato se podrá ejecutar en el término previsto y acordado y según las condiciones óptimas requeridas.
La identificación de circunstancias particulares que le permitan al juez establecer criterios objetivos y relativizados del contenido y alcance de la ecuación financiera del contrato. Entre esas circunstancias se encuentran: a) derechos y obligaciones, que no necesariamente deben estar expresamente planteadas en el contrato; b) deberes y cargas que a cada parte le corresponden en mayor o menor medida; y, c) los riesgos asignados a cada una de ellas, y aquellos compartidos.
La prueba del desequilibrio, la cual debe ser calificada según la jurisprudencia, por cuanto le corresponde al contratista demostrar su dicho, con suficiencia y precisión técnica. Es decir, que la carga probatoria le corresponde al demandante.
Cabe señalar que no toda alteración económica de la ecuación del contrato da lugar a la configuración del desequilibrio. Esto significa que solo aquellas situaciones que hagan excesivamente onerosa la ejecución del contrato son susceptibles de configurar el desequilibrio económico del contrato.
De acuerdo con el Consejo de Estado, no basta acreditar que se incumplió el contrato o que se modificó unilateralmente por la entidad pública, sino que es necesario que el contratista demuestre el quebrantamiento grave de la ecuación económica del contrato, con la finalidad de acreditar que ese incumplimiento o modificación unilateral representa una mayor onerosidad que no está obligado a soportar debido a son riesgos que no hacen parte de los inherentes a la actividad contractual misma.
Por lo anterior, es el demandante o quien alegue el desequilibrio el que deberá probar las razones por las cuales la situación acaecida hace que el cumplimiento del contrato le imponga una carga excesivamente onerosa que pone en riesgo su patrimonio. No se trata entonces de situaciones que afecten las expectativas económicas del contratista, sino aquellas que puedan generar perjuicios económicos con ocasión del cumplimiento del contrato.
En cuanto a la oportunidad del contratista para alegar o reclamar ante situaciones que generen desequilibrio económico del contrato en los negocios jurídicos que celebran las entidades estatales sujetas al Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, la jurisprudencia del Consejo de Estado hasta el 2023, era consistente en que el contratista debía exponer las razones de su reclamación o por lo menos formular la misma al momento de celebrar o suscribir cualquier modificación al contrato, so pena de no poder reclamar los eventuales perjuicios que le ocasione esa situación en la etapa de liquidación y tampoco en sede judicial.
No obstante, en sentencia de unificación del 27 de julio de 2023, se estableció una regla jurisprudencial en relación con los efectos que produce la ausencia de salvedades, cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes. La regla consiste en lo siguiente:
“Cuando se llegue a acuerdos durante la ejecución de un contrato, el juez deberá estudiar las pretensiones, aunque la parte no haya elevado una reclamación específica o no haya formulado una salvedad cuando se firman suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual o se pactan contratos adicionales u otrosíes o haya guardado silencio al suscribir tales acuerdos. El deber del juez será desentrañar, en cada caso, cuál fue el acuerdo de las partes y su alcance según las reglas de interpretación de los contratos, las normas supletivas aplicables a los tipos contractuales contenidas en las reglas civiles y comerciales y, por supuesto, la ejecución de buena fe del contrato. Conforme a dichas reglas, establecerá si las partes pretendieron o no, con ese acuerdo, regular los asuntos cuya reclamación ahora se formula y los términos de ese pacto. De ahí que, si no se acordó nada por las partes o se guardó silencio, deberá estudiarse, en cada caso, si esas pretensiones judiciales tienen fundamento o no en lo pactado en el contrato y según lo que resulte probado.”. (subrayas fuera de texto).
Lo anterior si bien constituye un cambio en la línea jurisprudencial que se venía manejando en cuanto a la imposibilidad de reclamar en sede judicial el desequilibrio económico cuando no se hacían las respectivas salvedades al momento de suscribir las modificaciones contractuales por las partes, no significa que esas reclamaciones prosperan en todos los casos. En la sentencia de unificación del Consejo de Estado, en la cual se negaron las pretensiones de la demanda, se señaló que los contratos estatales sometidos a la Ley 80 de 1993, no obstante la exigencia de la formalidad del escrito, los tratos preliminares son importantes porque permiten desentrañar el alcance del contrato o de los acuerdos. “No implica ello en modo alguno admitir, dada la formalidad sustancial exigida por la ley, la posibilidad de que las partes modifiquen con su conducta el contrato. Se trata de reconocer que las negociaciones de las partes, durante la etapa de formación del negocio jurídico o los contratos adicionales, modificatorios y otrosíes, permiten determinar la intención de las partes y, por ende, constituyen un criterio esencial para la labor de interpretación por el juez del contrato (arts. 23 y 28 de la Ley 80).”.
Por lo tanto, el desequilibrio económico del contrato permite reajustar la ecuación económica para evitar que la ejecución del negocio se torne excesivamente onerosa, es decir, es un remedio contractual, el cual debe acompañarse de una prueba calificada que permita al juez, en primer lugar, tener por acreditada alguna de las circunstancias en que ese desequilibrio puede llegar a presentarse y, en segundo lugar, demostrar la excesiva onerosidad en que incurrió el contratista durante la ejecución del contrato.
Lo anterior permite señalar que en materia de desequilibrio económico la buena fe contractual tiene un rol muy importante, motivo por el cual a continuación se plantean algunas consideraciones sobre este tema.
La buena fe es un principio constitucional que irradia varios ámbitos, entre los cuales se encuentra el contractual. Se trata de un mandato aplicable a todos los contratos, el cual debe observarse durante todas las etapas de estos. Es de obligatoria observancia por las partes y, por quienes pretendan beneficiarse del negocio. A su vez, es de obligatoria observancia durante todas las etapas del contrato.
La buena fe es sinalagmática, es decir, se predica de todas las partes del negocio jurídico, por lo tanto, se exige por igual a estas de manera independiente del régimen jurídico al cual esté sometido el negocio, bien sea público o privado. En palabras de la Corte Suprema de Justicia se trata de un principio bipolar puesto que ambas partes deben observarlo, sin que sea posible predicar su observancia por una sola.
Se ha planteado la clasificación de buena fe subjetiva y objetiva. En términos de la Corte Suprema de Justicia, la buena fe es un principio bifronte porque tiene una doble connotación, subjetiva y objetiva. La primera es la creencia o confianza de actuar conforme a derecho, sin perjuicio de que las actuaciones se funden en un equivocó.
La segunda, trasciende la esfera subjetiva, se traduce en una norma de comportamiento “…que atañe al dictado de precisos deberes de conducta que, por excelencia, se proyectan en la esfera pre-negocial y negocial, en procura de la satisfacción y salvaguarda de intereses ajenos (deberes de información; de claridad o precisión; de guarda material de la cosa; de reserva o secreto, etc.)”.
El Consejo de Estado, en su condición de juez natural de los contratos estatales, en 1982 señaló que los contratos deben ejecutarse de buena fe y, por lo tanto, obligan no solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan de la naturaleza de la obligación, motivo por el cual las partes deben facilitarse el cumplimiento mutuo de las obligaciones.
En 2012, el Consejo de Estado mediante sentencia de unificación sobre el enriquecimiento sin justa causa, sostuvo que la buena fe es un principio que debe estar presente durante todo el iter contractual. Para el alto tribunal, la buena fe objetiva, que se deriva del artículo 863 del Código de Comercio, impone a las partes de un contrato un comportamiento real y efectivo ajustado al ordenamiento y al contrato. Así, la buena fe que se exige en materia contractual, estatal y privada, es la objetiva.
Por lo anterior, la convicción o creencia de las partes de estar actuando conforme al contrato no son relevantes al momento de estudiar si ese comportamiento se ajusta o no la buena fe, dado que la buena fe objetiva es la que debe ser observada por las partes. En palabras del Consejo de Estado “…lo que en verdad cuenta son todos los actos reales y efectivos que procuran la cabal realización de estas funciones dentro del ámbito de la legalidad y de la lealtad y corrección, esto es, ajustados en un todo al ordenamiento jurídico y a lo convenido.”.
Naturaleza, tipología y modalidad del contrato de obra 1307 de 2009: implicaciones desde los riesgos por sobrecostos en el transporte de material y asunción de estos
En cuanto a la naturaleza, tipología y asunción de riesgos en el marco del contrato de obra 1307 de 2009, conforme el material probatorio que se aportó al proceso se tiene lo siguiente:
El INVIAS ordenó la apertura de la licitación pública LP-SGT-GPD-031-2008 que tenía por objeto: “RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL PLAN 2500 EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER”.
El plazo para la ejecución del contrato, de acuerdo con los estudios previos fue hasta de 10 meses para la ejecución de todos los tramos por ejecutar en la vigencia 2009 y el plazo hasta de “…6 meses para la ejecución de todos los tramos por ejecutar en la vigencia 2010. El plazo total para el presente proceso se considera de dieciséis meses (16) meses.”.
En cuanto a la disponibilidad presupuestal el INVIAS señaló que el valor del contrato era de $21.651.203.607 el cual incluía las obras de siete tramos: i) Tramo 1: Charalá - La Cantera del K10+880 al K12+589 con un longitud total de 1,709 kilómetros en el departamento de Santander; ii) Tramo 2: La Cantera - El Encino del K13+590 al K17+589 con un longitud total de 3,999 kilómetros en el departamento de Santander; iii) Tramo 3: Los Curos - Málaga del K 11+125 al K12+625 con un longitud total de 1,5 kilómetros en el departamento de Santander; iv) Tramo 4: Troncal (Albania) - La Llana del K0+000 al K1+830 con un longitud total de 1,83 kilómetros en el departamento de Santander; v) Tramo 5: La Belleza - Jesus María del K8+300 al K12+500 con un longitud total de 4.2 kilómetros en el departamento de Santander; vi) Tramo 6: Troncal - Puerto Parra del K2+800 al K8+000 con un longitud total de 5,20 kilómetros en el departamento de Santander; y, vii) Tramo 7: Oiba - Guadalupe del K13+550 al K18+250 con un longitud total de 4,70 kilómetros en el departamento de Santander.
El valor que el INVIAS determinó para cada tramo fue el siguiente:
“El Instituto tiene previsto que el valor de la obra objeto de la presente licitación pública,
asciende a $21.648.220.081 y contempla un solo proceso con 7 tramos de vía, valor que incluye: Un valor para el precio básico de las obras, Provisión estimada para ajustes y obras complementarias y el valor del IVA, tal como se discrimina en el Formulario No. 1. Este valor se encuentra discriminado de la siguiente manera:
Tramo 1: $ 1.455.966.179
Tramo 2: $ 2.141.058.304
Tramo 3: $ 2.405.506.492
Tramo 4: $ 1.504.246.469
Tramo 5: $ 5.350.379.307
Tramo 6: $ 3.683.780.162”.
En los pliegos de condiciones se señaló que el valor total de la oferta, incluidas las correcciones, no podía exceder la sumatoria del presupuesto oficial establecido para cada uno de los tramos, so pena de ser rechazada la propuesta.
Adicionalmente en el numeral 5.1 de los pliegos de condiciones se estableció la entrega de un anticipo por parte del INVIAS equivalente al 50% del presupuesto oficial del contrato el cual sería entregado “[u]na vez cumplidos los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato…”.
En los pliegos también se estableció el cronograma del proceso, en el cual se señaló que el 5 de enero de 2009 se llevaría a cabo la audiencia para “…precisar el contenido y alcance del Pliego de Condiciones y la Audiencia Pública para establecer los Riesgos previsibles identificados”, y el 6 de enero de ese mismo año se llevaría a cabo la visita obligatoria.
En relación con las fuentes de los materiales en el numeral 4 de los pliegos de condiciones se señaló:
“El proponente adoptará si es del caso las fuentes de materiales identificadas en el Estudio de Impacto Ambiental en los volúmenes estimados por el contratista en el capítulo de Aprovechamiento de Recursos Naturales, que en caso de resultar favorecido, utilizará en la ejecución de la obra; por lo tanto, el Instituto no reconocerá costos adicionales por el cambio de dichas fuentes de materiales. Igualmente, el proponente en caso de salir favorecido, deberá cumplir a cabalidad con las normas legales y reglamentarias del Código de Minas y las normas especiales vigentes para uso y aprovechamiento del recurso en zonas de titulación colectiva para minorías étnicas, para adelantar el aprovechamiento a que haya lugar. Asimismo, los correspondientes precios unitarios deberán cubrir, entre otros, todos los costos de explotación incluidos tasas, regalías, arrendamientos, servidumbres, producción, trituración, clasificación, almacenamiento, cargue y descargue de los materiales.” (Subrayas fuera de texto).
En el numeral transcrito se determinó que el costo de todos los acarreos de los materiales, tales como el asfalto, emulsión asfáltica y los materiales pétreos utilizados en la construcción de afirmado, sub - base, base, concreto asfáltico, concretos hidráulicos y obras de arte, debía incluirse dentro de los análisis de precios unitarios realizados por los proponentes puesto que no “…habrá pago por separado para el transporte de los mismos.”.
En el artículo 900-7 de las “Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras” las cuales forman parte de los contratos celebrados por el INVIAS para la construcción, rehabilitación, rectificación, mejoramiento y conservación de las carreteras y puentes a cargo de la Nación, en el tema del transporte de materiales provenientes de excavaciones y derrumbes, se señala que el pago de las cantidades de transporte se hace al precio unitario pactado en el contrato, por “…unidad de medida, conforme a lo establecido en este Articulo y a las instrucciones del Interventor.”. Dicho precio cubre “…todos los costos por concepto de mano de obra, equipo, herramientas, acarreo y, en general, todo costo relacionado para ejecutar correctamente los trabajos aquí contemplados.”. También cubre “…los costos de administración, imprevistos y la utilidad del Constructor.”, es decir el AIU.
Los materiales y suministros que se fuesen a utilizar en la obra debían ser aquellos que estaban en las especificaciones técnicas. El proponente que resultará favorecido estaba obligado a “…conseguir oportunamente todos los materiales y suministros que se requieran para la construcción de las obras y a mantener permanentemente una cantidad suficiente para no retrasar el avance de los trabajos. El Instituto no aceptará ningún reclamo del constructor, por costos, plazos, falta o escasez de materiales o elementos de construcción, o por cualquiera de los eventos contemplados en este numeral.”.
En cuanto a la visita al lugar de la obra, en el numeral 7 de los pliegos de condiciones se previó que el proponente tenía el deber de inspeccionar y examinar el sitio y los alrededores de la obra con el fin de informarse sobre la “…forma y características del sitio, las cantidades, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y, de manera especial, las fuentes de materiales para su explotación junto con los volúmenes de explotación, vías internas de explotación y vías de acceso a las mismas, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, en especial cuando se establezca presencia de minorías étnicas, caso en el cual debe asegurarse de cumplir con la normatividad especial que rige para la explotación de recursos naturales en jurisdicción de los territorios legalmente constituidos a su favor, o evitar su intervención a efectos de obviar el procedimiento de Consulta Previa establecido en el Decreto 1320 de 1998, y, en general, sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir en el cálculo del valor de su propuesta.”. (Subrayas fuera de texto).
En el Anexo Técnico a los pliegos de condiciones, en cuanto a la visita obligatoria, se estableció:
“El interesado bajo su cuenta y riesgo deberá inspeccionar y examinar el sitio donde se va a desarrollar el proyecto y los alrededores de la obra e informarse sobre la forma y características del sitio, localización y naturaleza de la obra y la de los materiales necesarios para su ejecución, transporte, mano de obra, y las fuentes de materiales para su explotación, zonas de botaderos, las vías de acceso al sitio y las instalaciones que se puedan requerir, las condiciones ambientales y sociales del área de influencia, las cuales debe considerar para el desarrollo y manejo ambiental del proyecto, así como con los riesgos previsibles de la obra y sobre todas las circunstancias que puedan afectar o influir de alguna manera el trabajo, los costos, precios y plazo de las obras, y siempre cumpliendo con la normatividad vigente cada uno de las vías.” (Subrayas fuera de texto).
Así mismo, en el anexo técnico antes transcrito, se señaló que, si el día de la visita no era suficiente para recorrer la totalidad de los proyectos por razones de tiempo o demoras en la aclaración de preguntas u observaciones realizadas por los asistentes, era “…deber del interesado conocer por su cuenta y riesgo la totalidad de las vías para que pueda elaborar una propuesta acorde con las condiciones del mismo.”
El proponente, de acuerdo con los pliegos de condiciones, tenía el deber de calcular el AIU (Administración, Imprevistos y Utilidad) el cual debía contener todos los costos de “…administración en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. EL VALOR DEL AIU DEBERÁ SER EXPRESADO ÚNICAMENTE EN PORCENTAJE (%) Y NO EN PESOS Y DEBERÁ CONSIGNARLO Y DISCRIMINARLO EN LA PROPUESTA ECONÓMICA (ADMINISTRACIÓN (A), IMPREVISTOS (I) Y UTILIDAD (U)). En todo caso el porcentaje establecido para imprevistos no podrá ser menor que el 5%.”. El valor de la AIU no podía ser inferior al 85% del valor oficial del porcentaje de AIU del contrato ni mayor al 110% de dicho valor, so pena de rechazo de la propuesta.
Al revisar la matriz de riesgos se puede dar por acreditado lo siguiente:
-Al proponente y/o contratista le fue asignado el riesgo relacionado con “[l]os efectos económicos derivados de un análisis insuficiente de los precios unitarios realizados por el contratista, en cuanto equipos, transporte, materiales y mano de obra.”.
-Al proponente y/o contratista le fue asignado el riesgo determinado de la siguiente manera: “[c]ualquier incumplimiento derivado del trámite y la obtención de los permisos ambientales con las Corporaciones Autónomas Regionales y la obtención del Paz y Salvo derivado de las actividades correspondientes al cierre de los permisos obtenidos.”.
-El tema de situaciones derivadas de fuerza mayor o caso fortuito por concepto de lluvias extraordinarias, fue asignado al contratista, en especial, el efecto económico ocasionado por daño emergente y lucro cesante.
El 27 de agosto de 2009 fue celebrado el contrato de obra pública 1307 de 2009, por parte del Consorcio y el INVIAS, el objeto del contrato fue el siguiente: “RECONSTRUCCIÓN, PAVIMENTACIÓN Y/O REPAVIMENTACIÓN DE LAS VÍAS INCLUIDAS DENTRO DEL PROGRAMA DE PAVIMENTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA VIAL DE INTEGRACIÓN Y DESARROLLO REGIONAL PLAN 2500 DE LOS TRAMOS TRAMO 1: VIA CHARALÁ - LA CANTERA DEL K10+880 AL K12+589 CON UN LONGITUD TOTAL DE 1,709 KM; TRAMO 2: VIA LA CANTERA - EL ENCINO DEL K13+590 AL K17+589 CON UN LONGITUD TOTAL DE 3,999 KM; TRAMO 3: VIA LOS CUROS - MÁLAGA DEL K 11+125 AL K12+625 CON UN LONGITUD TOTAL DE 1,5 KM; TRAMO 4 DE LA VIA TRONCAL (ALBANIA) - LA LLANA DEL K0+000 AL K1+830 CON UN LONGITUD TOTAL DE 1,83 KM; V) TRAMO 5: LA BELLEZA - JESUS MARÍA DEL K8+300 AL K12+500 CON UN LONGITUD TOTAL DE 4.2 KM; TRAMO 6: VIA TRONCAL - PUERTO PARRA DEL K2+800 AL K8+000 CON UN LONGITUD TOTAL DE 5,20 KM; TRAMO 7: VIA OIBA - GUADALUPE DEL K13+550 AL K18+250 CON UN LONGITUD TOTAL DE 4,70 KM EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER.”.
En el parágrafo primero de la cláusula primera del contrato antes transcrita, se previó que el contratista se obligaba a ejecutar el contrato con el INVIAS por el sistema de precios unitarios con “…ajustes mensuales de acuerdo con los Pliegos de Condiciones de la licitación, la propuesta del CONTRATISTA aceptada por EL INSTITUTO y bajo las condiciones estipuladas en el presente contrato.”. En el parágrafo segundo de esa misma cláusula se señaló que el contratista asumía los riesgos previsibles identificados y plasmados en el Pliego de Condiciones.
En cuanto al valor del contrato en la cláusula segunda se pactó lo siguiente:
“El precio de este contrato será la suma de los productos que resulten de multiplicar las cantidades de obra ejecutadas, por los precios unitarios estipulados en la propuesta del CONTRATISTA, en el documento lista de cantidades de obra, precios unitarios y valor total de la propuesta. Las cantidades de obra son aproximadas y por lo tanto, se podrán aumentar, disminuir o suprimir durante la ejecución de la obra y tales variaciones no viciarán ni invalidarán el contrato. Bajo esta condición se estima el precio del presente contrato en la suma de (…) $21.647.150.951.00 (…) Incluido IVA, provisión estimada para justes y obras complementarias, equivalente a (…) 43.564 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes.”.
De acuerdo con lo anterior, el contrato 1307 de 2009 es un contrato de obra pública el cual se pactó a precios unitarios, es decir, el precio se calculó de acuerdo con las cantidades aproximadas de obra que se pactaron en el programa de obra. Si bien las modalidades de pago en los contratos de obra no se encuentran definidas en la ley, existen dos que son las más conocidas o comunes, precios unitarios y precio global.
En este punto es importante mencionar que el Consejo de Estado y la doctrina han estudiado esas dos modalidades con el fin de establecer su alcance en la actividad contractual del Estado. En relación con la modalidad precios unitarios, la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al resolver una consulta formulada por el Ministerio del Interior señaló:
“En esta modalidad, y por la misma naturaleza del contrato que impide definir con certeza su valor real, se establecen unas estimaciones de cantidades de obra, según los estudios previos y unos precios unitarios de los respectivos ítems de obra. Se trata de un valor estimado, pues el valor definitivo y que corresponde al deber de la administración de reconocerlo y pagarlo, será el que resulte de multiplicar las cantidades de obra realmente pactadas por los precios unitarios consagrados en el contrato, dentro de los límites que el mismo contrato establezca.”. (Subrayas fuera de texto).
En cuanto a la modalidad de precio global, el Consejo de Estado sostuvo que los contratos de obra pactados bajo esa modalidad son aquellos en los cuales el contratista obtiene una remuneración fija siendo el único responsable de la “…vinculación de personal, de la elaboración de subcontratos y de la obtención de materiales (…) en el contrato a precio global se incluyen todos los costos directos e indirectos en que incurrirá el contratista para la ejecución de la obra y, en principio, no origina el reconocimiento de obras adicionales o mayores cantidades de obra no previstas (…).”.
Dado que el contrato 1307 de 2009 fue pactado en la modalidad de precios unitarios, en el contrato, en la cláusula octava se previó que el contratista y el interventor debían dejar sentadas las cantidades de obra “…realmente ejecutadas durante la construcción por ítem terminado de hito.”. El valor del acta de obra era producto de la suma que resultaba de multiplicar las cantidades de obra realmente ejecutadas por los precios unitarios estipulados en el formulario de la propuesta del contratista para cada tramo o por los precios acordados para los ítems no previstos, los cuales debían ser aprobados por el INVIAS antes de su ejecución.
El contrato 1307 de 2009 fue objeto de varias modificaciones y adiciones, en total ocho, una modificación a la cláusula del anticipo, cuatro prórrogas y tres adiciones por los siguientes valores: i) $600.000.000 m/cte, ii) $500.000.000; y, iii) $1.217.857.252.oo.
La Interventoría mediante oficio del 15 de octubre de 2014, rad. 111215, aportado por el INVIAS con la contestación de la demanda manifestó que en el marco de la ejecución del contrato 1307 de 2009, fueron solicitados al INVIAS cuatro requerimientos de sanción al contratista debido a los “…innumerables atrasos que presentaron las obras, muchos de ellos obedecieron a la falta de planeación y logística en la explotación de materiales a cargo del contratista que ahora pretende endilgarle al Invias, ignorando la responsabilidad que le asiste como contratista. Esta situación se presentó de manera constante en todos los tramos intervenidos, por lo que en varias ocasiones y con el objeto de recuperar atrasos y evitar posibles sanciones transportó material de fuentes más lejanas al sitio de obras, mientras terminaba de montar la logística de explotación de materiales o el trámite de permisos y licencias de los sitios de explotación.”.
En el informe de interventoría del 23 de diciembre de 2009, rad. 113341, se señala que el contrato inicio el 18 de septiembre de 2009 y el contratista incurrió en reiterados incumplimientos de sus obligaciones, motivo por el cual se presentaron demoras y atrasos, lo cual sustentó la petición de imposición de una multa por valor de $318.788.539.56.
Así mismo mediante oficio del 5 de abril de 2010, rad. 24781, la interventoría del contrato 1307 de 2009, le manifiesta al INVIAS que el Consorcio, salvo el tramo 1, tiene atrasos significativos en los otros seis, y, por lo tanto, le solicita imponer una sanción de $132.323.404.
Cabe señalar que en la audiencia inicial llevada a cabo el 25 de marzo de 2015, se fijó el litigio en los siguientes términos por parte del a quo:
“1. Si se produjeron sobrecostos en la ejecución del contrato de obra 1307 de 2009. 2. Si dichos sobrecostos ocasionaron la ruptura del equilibrio de la ecuación económica contractual del contrato de obra 1307 de 2009, y si éstos le son imputables a INVIAS y por lo tanto esta entidad debe asumir el pago de los mismos. 3. O si por el contrario, conforme la defensa de la parte demandada no existió un desequilibrio económico del contrato; o que en caso de existir sobrecostos o desequilibrio el mismo es imputable al contratista, quien desde que preparó el ofrecimiento debió tener en cuenta lo consignado en los pliegos de condiciones que exhortaba a incluir todos los costos directos e indirectos para la completa ejecución de la obra. Y quien por falta de planeación y logística tuvo que transportar materiales de fuentes más lejanas para evitar retrasos y/o sanciones.”
De acuerdo con la fijación del litigio y con el problema jurídico que se plantea por parte del este agente del Ministerio Público es que se realiza el siguiente pronunciamiento sobre las pretensiones de la demanda, que dicho sea de una vez, no están llamadas a prosperar por las razones que se exponen a continuación:
Los documentos que hicieron parte de los estudios previos junto con los pliegos de condiciones imponían al Consorcio el deber de verificar, para la elaboración de su propuesta incluyendo el AIU, los costos relacionados con la ejecución de las obras en los siete tramos objeto del contrato 1307 de 2009. Estos costos incluían, según lo acreditado en el proceso, los relacionados con el transporte de materiales.
Los señalamientos del Consorcio en el sentido de la existencia de una falta de planeación por parte del INVIAS que generó sobrecostos en el transporte de materiales debido a que las fuentes que se mencionaron en los estudios previos no pudieron ser utilizadas, no pueden ser de recibo por cuanto es claro, conforme al principio de buena fe objetiva que rige la contratación estatal, que era el Consorcio quién debía, al momento de la visita y de la elaboración de la propuesta económica, revisar si tales fuentes estaban disponibles para la extracción de materiales de obra en cada uno de los siete tramos.
Por otra parte, en el marco de las actuaciones sancionatorias que se adelantaron en contra del Consorcio, específicamente en los descargos que este presentó cuando la interventoría solicitó al INVIAS la imposición de las multas, no se hizo mención a ningún tema relacionado con sobrecostos por el transporte de materiales, ello es un tema que llama la atención, así como el hecho de que en la negociación de las adiciones, que sumaron más de dos mil millones de pesos, tampoco se hubiese hecho mención a esos sobrecostos.
Si bien este agente del Ministerio Público considera que el Consorcio, en el marco de un contrato de obra pública celebrado a precios unitarios, está facultado para incluir valores adicionales durante la ejecución del contrato, previa aceptación de la interventoría y el INVIAS, ello no es óbice para justificar que la reclamación por sobrecostos en el transporte de materiales, lo cual evidenció una vez empezó a ejecutar la obra, es decir desde el 19 de septiembre de 2009, se formule solo al terminar de ejecutar el contrato y no durante la ejecución del mismo a pesar de las ocho modificaciones que se celebraron, ello va en contravía de la buena fe objetiva que es la que debe observarse en la contratación estatal y de la regla venire contra factum propio non valet, la cual impone a las partes de un contrato un comportamiento coherente en las diferentes fases del mismo.”. Más aún si los problemas por el uso de las fuentes de materiales se presentaron desde el inicio del contrato.
Las partes en un contrato no pueden ir contra sus propios actos cuando han generado una expectativa legítima y válida. No obstante, la parte que actúo de una u otra forma podrá actuar de manera distinta cuando su contraparte carece de una expectativa válida y la permanencia en una situación determinada le genera un perjuicio, situación que no ocurrió en el presente caso, puesto que el Consorcio no solo suscribió el contrato sin realizar observaciones a la asignación de riesgos y al tema de la asunción de los costos adicionales por concepto de transporte de materiales, sino que en cada una de las modificaciones, prórrogas y adiciones guardó silencio sobre el tema y solo presentó las reclamaciones por ese concepto en sede judicial.
De manera adicional, la justificación de las pretensiones basada en el rompimiento de la ecuación económica del contrato no resulta admisible en este caso puesto que no se configuran ninguno de los supuestos para que ello prospere. Esto por cuanto no estamos ante la presencia de circunstancias imputables o atribuibles a la administración contratante a partir de la aplicación de las potestades derivadas el contrato, porque los riesgos y la modalidad de contratación estaban previstas desde la etapa precontractual. No se está en presencia de circunstancias imputables o atribuibles a la administración Estado, en virtud de su imperium, porque el supuesto desequilibrio no es producto de una actuación del poder estatal, tampoco se presentan circunstancias externas y ajenas a los contratantes, toda vez que el Consorcio tenía el deber de verificar las zonas de las obras y elaborar su propuesta señalando los costos por cada uno de los ítems donde estaba incluido el transporte de materiales, sin perjuicio del hecho de que debía incluir el AIU también.
Por último, si bien hubo una situación de lluvias en el 2010 que afectó los tramos 5 y 6, lo cierto es que la causa de los sobrecostos por transporte de material no fueron producto de tales lluvias, tal y como lo señala el propio Consorcio demandante, puesto que la causa de la necesidad de cambiar las fuentes de materiales mencionadas por el INVIAS en los estudios previos fue el no contar con los permisos y autorizaciones ambientales.
El Consorcio pretende acreditar los sobrecostos que reclama por concepto de transporte de materiales con el dictamen pericial que aportó con la demanda, dictamen que en criterio de este agente del Ministerio Público si bien acredita un valor que el Consorcio pagó, no acredita las causas de ese valor, es decir, la prueba pericial sirve para acreditar la cuantificación de lo que el Consorcio pagó por concepto de transporte de materiales en el marco de la ejecución del contrato 1307 de 2009, pero no demuestra el desequilibrio económico que se alega ni las razones de su configuración como pasa a exponerse a continuación:
En el mencionado dictamen pericial del 24 de julio de 2014, que consta de cuatro folios, se señaló lo siguiente:
-Para el tramo 1: la “…diferencia entre lo que realmente costó el transporte y lo que se ofertó para el tramo 1 fue de $217.919.340,34…”.
- Para el tramo 2: la “…diferencia entre lo que realmente costó el transporte y lo que se ofertó para el tramo 2 fue de $476.876.114,98…”.
-Para el tramo 5: en este “…no se encontró fuente de material que cumpliera con los requerimientos técnicos del proyecto, por lo que El Consorcio se vio obligado a instalar equipos de trituración y planta de asfaltos, lo que tiene un trámite de autorizaciones extensas y demoradas”. Por lo tanto, la “…diferencia entre lo que realmente costó el transporte y lo que se ofertó para el tramo 5 fue de $311.418.610,84…”.
-Para el tramo 6: este tramo presentó “…uno de los mayores desequilibrios por sobre costos de transporte, ya que se tenían previstos unos suministros de plantas entre 8 y 10 km, sin embargo, estas plantas no estaban habilitadas para este contrato lo que obligó a traer el material de la mina de Coscorrón (…) a 64.90 km (…).”. Por este motivo la “…diferencia entre lo que realmente costó el transporte y lo que se ofertó para el tramo 6 fue de $1.284.177.002,28…”.
-Para el tramo 7: no se encontraron plantas que cumplieran las “…normas técnicas de pavimentos del Instituto Nacional de Vías, por lo que fue necesario hacer la instalación de equipos de trituración y producción de asfaltos en la única mina con permisos ambientales de la zona, ubicada a 16.8 km (…) del centro de gravedad del tramo”. Así, la “…diferencia entre lo que realmente costó el transporte y lo que se ofertó para el tramo 7 fue de $120.541.630,93…”.
Como se expuso en el numeral 2.2 de este concepto, es el demandante quien tiene la carga de probar las razones por las cuales la situación acaecida (cambio de las fuentes de materiales) hizo que el cumplimiento del contrato le haya impuesto una carga excesivamente onerosa que pone en riesgo su patrimonio. La excesiva onerosidad y la puesta en riesgo del patrimonio del Consorcio son dos temas cuya acreditación brilla por su ausencia.
El dictamen antes transcrito, señala el valor adicional en que incurrió el Consorcio por concepto de transporte o acarreo de materiales, valor que se establece por el perito basado en la diferencia entre lo ofertado y lo que pagó el Consorcio, pero en el dictamen no se acredita por ejemplo, cuál es la diferencia entre el valor que fijó el INVIAS y el que pagó de manera adicional el Consorcio, solo se toma el que ofertó el contratista.
Sin embargo el resto del material probatorio no hace referencia a las razones por las cuales se puso en riesgo el patrimonio del Consorcio con dichos pagos o incluso a los motivos por los cuáles se hizo excesivamente onerosa la ejecución del contrato 1307 de 2009.
De otra parte, dado que el contrato de obra se pactó a precios unitarios, el Consorcio podía estructurar su propuesta ajustando los ítems del contrato de acuerdo con el presupuesto oficial, a partir de su conocimiento y de la revisión que hizo, no solo de los estudios previos, sino del lugar donde debía ejecutar las obras objeto del contrato 1307 de 2009.
Teniendo en cuenta que el desequilibrio económico del contrato no se trata de situaciones que afecten las expectativas económicas del contratista, sino aquellas que generan perjuicios económicos con ocasión del cumplimiento del contrato, es importante manifestar que el Consorcio no demostró que los valores que efectivamente pagó estuviesen por fuera del ítem de imprevistos o de administración que fue pactado en el contrato, tampoco que estos valores fueron asumidos con afectación de su patrimonio en la medida en que no se hizo un ejercicio que permitiese acreditar que a pesar de las tres adiciones que se pactaron en el contrato, éstas fueron insuficientes para cubrir los costos del mismo.
Por lo anterior este agente del Ministerio Público llega a la siguiente:
CONCLUSIÓN
En virtud de lo expuesto, la respuesta al problema jurídico planteado es negativa, es decir, el INVIAS no está en el deber de restablecer la ecuación económica del contrato de obra pública 1307 de 2009, pactado en la modalidad de precios unitarios, por cuanto las pretensiones económicas del Consorcio se sustentan en una situación (transporte de materiales) cuyos riesgos fueron asignados al contratista desde la etapa precontractual, y no se configura ninguno de los supuestos que el Consejo de Estado ha señalado en su jurisprudencia para ordenar restablecer la ecuación económica del contrato.
En consecuencia, la sentencia de primera instancia debe ser confirmada en cuanto a la negativa sobre las pretensiones de la demanda, pero con fundamento en que los riesgos por concepto de transporte de materiales asociados a la ejecución del contrato 1307 de 2009 fueron asignados y aceptados por el Consorcio demandante desde la etapa precontractual, que los sobrecostos que se alegan no fueron puestos en conocimiento del INVIAS durante la etapa de ejecución del contrato a pesar de las ocho modificaciones que tuvo el contrato, lo cual va en contravía del principio de buena fe objetiva contractual y de la regla del venire contra factum propio non valet.
Del H. Magistrado,
LUIS RAMIRO ESCANDÓN HERNÁNDEZ
Procurador Delegado con funciones mixtas 6: para la Conciliación Administrativa
LREH/JCF