Texto del documento 99.780 caracteres
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES-Procedencia de suscripción de contrato adicional respecto a ejecución y reconocimiento económico de obras objeto de plan de choque previstas en el marco de ejecución de un contrato de obra pública
CONTRATOS ESTATALES-Objeto de la liquidación judicial de estos
De manera primigenia se debe decir que la liquidación judicial de los contratos estatales tiene por objeto saldar las cuentas pendientes que se tuvieren en curso de la ejecución del negocio jurídico suscrito entre los extremos contractuales, ello en procura de poner fin a la relación jurídica que los ata, esto atendiendo los derechos y obligaciones que previamente adquirieron con la suscripción del documento y con miras a quedar a paz y salvo con las obligaciones adquiridas por cada uno
LIQUIDACIÓN DE CONTRATO ESTATAL-Según pronunciamiento del Consejo de Estado
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA-Se extendió en el sub lite sin que se suscribiera acta de liquidación
CONTRATO-Se determinó que actividades ejecutadas por el contratista no fueron diferentes o ajenas al objeto de este/CONTRATISTA-Se le reconoció el pago a este por concepto de actividades que fueron conciliadas tal como se constató en las actas de recibo del contrato
En consecuencia advierte la delegada que las actividades ejecutadas por el contratista en el marco del plan de choque no fueron diferentes o ajenas al objeto del contrato, pues aquellas se trataban de un mantenimiento preventivo o una intervención anticipada a la pista del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés como un paliativo a la intervención que se le realizaría a la pista en el marco del contrato como una solución definitiva a la problemática que genero las suscripción del mismo; en consecuencia no se avizora que las actividades ejecutadas fueran ajenas al contrato o al objeto del mismo, por el contrario se aprecia que la intervención que de manera anticipada y por la urgencia, dado el mal estado de capa asfáltica de la pista, fueron necesarias para no poner en peligro la operación aérea, ello a solicitud de la entidad contratante, la cual era consiente, como se deduce de las pruebas, que las actividades requeridas en el marco del plan de choque eran propias del Contrato de Obra Pública No. 15000250-OK-2015 pues daban alcance al mismo, a más que las actividades fueron conciliadas e inicialmente reconocido su pago al contratista como se aprecia de las actas de recibo parciales No.1, 2, 3, 4, 5 y 8, no de otra forma seria reconocidas en la ejecución del contrato. Es evidente que el Fallador de primera instancia llega a una conclusión análoga a la antes realizada, en los pertinente a que las actividades ejecutadas con ocasión a él plan de choque era propias del objeto del contrato
CONTRATOS ESTATALES-Casos en que se presenta adición de estos, según sentencia del Consejo de Estado
PRUEBAS OBRANTES-Demuestran que se efectuaron actividades de conformación en ejecución del contrato pero su reconocimiento no procede por no pedirse estas a través de acto contractual, actas o documentos que modificaron el plazo contractual
De acuerdo con lo probado en el plenario es evidente que durante la ejecución del contrato se llevaron a cabo actividades de conformación de algunas zonas, lugar en el cual se dispuso inicialmente el material fresado, asimismo se logró advertir que en las zonas de conformación ubicada en la cabecera de la pista el [NOMBRE TACHADO] 2016 instaló su campamento donde instalo la maquinaria para la ejecución de las obras derivadas del Contrato de Obra Pública Nº. 15000250-OK-2015. Esta Delegada comparte el fallo de primera instancia, estima que el reconocimiento de esas actividades resulta improcedente pues sobre aquellas no se realizó ningún pedimento a través de un acto contractual, o mediante actas o en los documentos que modificaron el plazo del contrato, pues en dichos documentos nada se advierte respecto al reconocimiento de las obras que reclama el actor como de conformación; es evidente que si bien existe evidencia de la ejecución de las dichas actividades, durante la ejecución del contrato no se realizó solicitud dirigida al reconocimiento y pago de tales obras , razón por la cual no se considera procedente ningún reconocimiento, además que sobre las actividades de conformación, como bien lo señala el fallo impugnado no se encuentra un soporte escrito de parte de la entidad demandada ordenando esas obras.
SENTENCIA-Debe ser modificada reconociéndose actividades ejecutadas en el marco del plan de choque concebido por la AEROCIVIL
CONCEPTO No. 089 / 2023
Bogotá D.C., 25 de agosto de 2023.
Señores
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A”
Consejera Ponente: MARÍA ADRIANA MARÍN
E. S. D.
EXPEDIENTE:
88001-23-33-000-2019-00023-02 (69887)
MEDIO DE CONTROL:
CONTROVERSIAS CONTRACTUALES
DEMANDANTE:
CONSORCIO AEROPISTAS 2016
DEMANDADO:
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL
Sentido del concepto: Se debe MODIFICAR la sentencia recurrida. / Se debe efectuar el reconocimiento económico de las actividades ejecutadas por el CONSORCIO AEROPISTAS 2016 de las obras del plan de choque previstas en el marco de la ejecución del Contrato de obra pública No. 15000250-OK / Es procedente exigir el cumplimiento del factor de oportunidad para el reconocimiento y pago de las pretensiones de la parte actora derivadas de la mayor permanencia en obra como consecuencia del stand by y las actividades de conformación ejecutadas en el área de la pista del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla De San Andrés.
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior presenta los siguientes elementos:
1. ANTECEDENTES
Objeto del litigio:
El CONSORCIO AEROPISTAS 2016 a través de apoderado judicial presento demanda de controversias contractuales en contra de la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – AEROCIVIL, en adelante AEROCIVIL, con el objetivo que se accedan a las siguientes pretensiones:
“1. Declarar que entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL y el CONSORCIO AEROPISTAS 2016, previo el proceso de licitación pública Nº 15000046-OL de 2015, suscribieron el contrato de Obra Pública Nº 15000250-OK-2015 el día cinco (5) de octubre de 2015.
2. Declarar que las obras contratadas mediante el contrato de Obra Pública Nº 15000250-OK-2015 suscrito el día 5 de octubre de 2015, entre la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL y el CONSORCIO AEROPISTAS 2016, para “Realizar el diseño y las obras de mantenimiento de pista y plataforma en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés”, y sus modificatorios, fueron debidamente ejecutadas por el CONSORCIO AEROPISTAS 2016.
3. Como consecuencia de la anterior declaración, se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL, la suscripción del Acta de Recibo de Obra y del Acta de Liquidación Definitiva del contrato de Obra Pública Nº 15000250-OK-2015, teniendo en cuenta que las labores contratadas fueron finalizadas y debidamente ejecutadas por el CONSORCIO AEROPISTAS 2016, desde el 20 de mayo de 2017.
4. Declarar que la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL, incumplió las cláusulas décimas, décima primera y trigésima del contrato de Obra Pública Nº 15000250-OK-2015 de fecha 5 de octubre de 2015, suscrito con el Consorcio demandante.
5. Declarar que en relación con el contrato de Obra Pública Nº15000250-OK-2015 celebrado el 5 de octubre de 2015, y sus modificatorios, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL, ocasionó un desequilibrio económico y financiero al CONSORCIO AEROPISTAS 2016, el que deberá ser resarcido.
6. Como consecuencia de la anterior declaración se ordene reestablecer la ecuación contractual al momento de la suscripción del contrato.
7. Como consecuencia de las anteriores declaraciones, se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL a pagar al CONSORCIO AEROPISTAS 2016, la suma de CUATRO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES SETENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS MCTE ($4.436.075.840,oo), por concepto de sobrecostos que se concretan en: a) Stand By de Maquinaria, Equipo y Personal en el Proyecto por Cortos Tiempos de Notam, b) Pago de la diferencia por el transporte marítimo de materiales de construcción para la ejecución del contrato el cual fue efectivamente realizado, c) Actividades de conformación no reconocidas y tampoco canceladas por la Entidad, junto sus intereses moratorios a la tasa más alta autorizada por el Estatuto de Contratación Pública o la ley aplicable, asumidos por el CONSORCIO AEROPISTAS 2016.
8. Que, en virtud de las declaraciones anteriores, se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL, a pagar al CONSORCIO AEROPISTAS 2016, la suma de MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTISIETE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS MCTE (1.694.327.753,00), por concepto de las actividades adicionales ejecutadas en desarrollo del contrato de obra pública No. 15000250-OK-2015, consistentes en: a) Actividades de mejoramiento de la pista para garantizar la seguridad de la operación aérea al inicio del contrato, b) Pago al Fondo Nacional Ambiental. (Np 54) y c) AIU + Ajustes por cambio de año, junto con sus intereses moratorio a la tasa más alta autorizada por el Estatuto de Contratación Pública o la ley aplicable.
9. Como consecuencia de todo lo anterior, se ordene la liquidación definitiva del contrato de Obra Pública Nº 15000250-OK-2015, suscrito entre el CONSORCIO AEROPISTAS 2016 y la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL - AEROCIVIL, teniendo en cuenta que el objeto por el cual fue suscrito, así como sus modificatorios, fue debidamente ejecutado por el CONSORCIO AEROPISTAS 2016, desde el 14 de octubre de 2015 hasta el 20 de mayo de 2017, tal y como consta en la última Acta de Recibo Parcial de Obra N° 15 del contrato, sin que a la fecha las partes hayan suscrito el Acta de Recibo Final de Obra, ni adelantado la liquidación definitiva del contrato como lo ordena la cláusula Trigésima del mismo.
10. Que se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL-AEROCIVIL, a pagar, respecto de cualquier suma de dinero debidamente actualizada que resulte en favor del CONSORCIO AEROPISTAS 2016, los intereses moratorios a la tasa más alta permitida por el Estatuto de Contratación Pública o la ley aplicable.
11. Que se ordene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL- AEROCIVIL, dar cumplimiento a la sentencia que ponga fin a este proceso, de acuerdo con lo dispuesto en al artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
12. Que se de aplicación a lo dispuesto en el artículo 75 de la Ley 80 de 1993.
13. Que se condene a la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL-AEROCIVIL al pago de las costas y agencias en derecho. (…)”
1.2 Hechos.
Previo proceso de licitación pública 15000046-OL de 2015, el Consorcio Aeropistas 2016 suscribió contrato de Obra Pública Nº15000250-OK-2015 con la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Aerocivil el día 05 de octubre de 2015, cuyo objeto fue: “Realizar el diseño y las obras de mantenimiento de pista y plataforma en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés”, por un valor de $56.461.550.405; suscribiendo acta de inicio el día 14 de octubre de 2015. El plazo inicial fue de 420 días calendario, término que fue afectado por una serie de suspensiones y prórrogas que extendieron la duración de la obra a 560 días calendario, finalizando la ejecución del objeto del contrato el día 20 de mayo de 2017, sin que se suscribiera acta de liquidación.
1.3. La postura de la parte actora es que en curso de le ejecución del contrato se ejecutaron actividades adicionales o no previstas pero autorizadas por la interventoría y la AEROCIVIL, como se aprecia en la comunicación con consecutivo AEROCIVIL No. 2002-176-2015029277 del 22 de octubre de 2015, que no fueron pagadas a pesar de las múltiples reclamaciones presentadas por el Contratista, exigiendo los montos correspondientes a las actividades de mejoramiento de la pista, el “plan de choque”, el pago al Fondo Nacional Ambiental y los sobrecostos del proyecto, aun cuando dichos rubros pudieron reconocerse con las actas parciales de obra, el acta de recibo de obra o, en el acta de liquidación definitiva del contrato que la Aerocivil se niega suscribir.
Que el monto por las actividades adicionales no previstas en el contrato como lo eran el mejoramiento de la pista para garantizar la seguridad de la operación aérea, la implementación del “plan de choque” y el Pago al Fondo Nacional Ambiental (FONAM) incluido AIU + Ajustes por cambio de año, corresponde a la suma de $1.694.327.753,oo y, que el valor adeudado por concepto de sobrecostos: i) los cortos tiempos de NOTAM que se tuvieron para el desarrollo de las obras, ii) las diferencias en la cuantificación del transporte marítimo, y iii) las actividades de conformación de la zona de campamento, las cuales ascienden a la suma $4.436.075.840,oo.
Referente al plan de choque señalo que al inicio del contrato la pista del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla presentaba una serie de daños en la estructura asfáltica que comprometían gravemente la operación y seguridad aérea, al punto en que debió ser cerrado en varias oportunidades; en consecuencia la entidad contratante realizó un Comité de Seguridad el día 22 de octubre de 2015, en el cual expuso la necesidad de implementar un “plan de choque.”; plan que le fue notificada al Consorcio Aeropistas 2016 en calidad de contratista, con el fin de conjurar los eventos riesgosos que pudieran presentarse realizando las actividades de mantenimiento inicial de la pista que permitieran adelantar la operación adecuada del aeropuerto. Actividades que el día 22 de octubre de 2015 inicio el Consorcio Aeropistas 2016, para lo cual suministró la mezcla y emulsión asfálticas a la Aerocivil, para que el área de mantenimiento del aeropuerto efectuara directamente las reparaciones de la banda de aterrizaje. El costo de las actividades ejecutadas por el Consorcio Aeropistas 2016 no contempladas en el contrato, pero realizadas por solicitud del contratista corresponde a la suma de $ 1.160.819.221, oo.
Manifestó que, sin ser su obligación contractual, el Consorcio Aeropistas 2016 realizó el pago de $118.713.000, oo, al Fondo Nacional Ambiental (FONAM) por concepto de evaluación ambiental del aeropuerto.
Afirma que el Consorcio Aeropistas 2016 incurrió en sobrecostos durante la ejecución del Contrato, tales como: i) los cortos de tiempos de NOTAM que se tuvieron para el desarrollo de las obras, pues los ejecutados no fueron los inicialmente contemplados en el contrato para desarrollar de forma eficiente el proyecto; ii) diferencias en la cuantificación del transporte marítimo pues existe una diferencia a favor del contratista de 3.286,80 toneladas pendientes por pagar, correspondientes al ítem No. 0102 “Incremento por transporte marítimo”;, y iii) actividades de conformación de la zona de campamento en donde se dispuso inicialmente el material fresado que salía de la pista; los cuales fueron notificados a la Aerocivil mediante comunicaciones del 4 de diciembre de 2017 y 8 de febrero de 2018, sin haber recibido respuesta alguna por parte de la entidad contratante.
1.4. La postra de la AEROCIVIL es que niega que autorizara la ejecución de actividades adicionales o la implementación de un plan de choque para conjurar las fallas de la carpeta asfáltica, por cuanto ese era el objeto contractual y no un hecho accesorio al convenio suscrito; sostiene que de existir actividades adicionales, no existe prueba de que la Aerocivil hubiese instruido al contratista para efectuarlas de forma separada a lo que se estableció en el contrato, porque previo a la ejecución de los actos no previstos en el contrato, debió ejecutarse un documento modificatorio o adicional al inicialmente firmado y ninguna de las modificaciones realizadas al contrato dan cuenta de las actividades adicionadas que el demandante relaciona en los hechos de la demanda. Que el informe del estado operacional de la pista del aeropuerto de San Andrés del 22 de octubre de 2015, se rindió en una reunión interna entre las directivas de la Entidad y el Aeropuerto Rojas Pinilla, cuyo objetivo era efectuar una serie de acciones en relación con el mantenimiento de la pista y calles de rodaje del aeródromo, que no constituyeron instrucciones para el contratista respecto de la ejecución de obras adicionales que no estuvieran contempladas dentro del objeto del contractual.
Cuestiona la veracidad de los hechos referidos por el contratista, preguntándose porqué si se afirmó que el plan de choque se ejecutó en el mes de octubre de 2015, en el otrosí modificatorio No.01 del 13 de febrero de 2017 no se dejó constancia de la existencia y/o reconocimiento de dichas actividades. Sostiene que esta conducta omisiva se extendió a los otros actos modificatorios en los que tampoco se hizo mención sobre algún tipo de reclamación. Afirma que el Consorcio, de acuerdo con lo dispuesto en la cláusula vigésimo séptima del contrato, tenía a su cargo asumir el pago al Fondo Nacional Ambiental (FONAM) en la tasa correspondiente a la evaluación de estudios ambientales dando estricto cumplimiento a lo establecido en la Resolución No. 541 de 1994 expedida por los Ministerios del Medio Ambiente y Transporte, así como lo dispuesto en la Resolución No. 04730 del 07 de diciembre de 2000 de la Aeronáutica Civil.
Respecto de los sobrecostos por stand by de maquinaria, equipo y personal de proyecto por los cortos tiempo del NOTAM, advierte que, desde de los estudios previos de la licitación pública, los proponentes tuvieron conocimiento de los horarios, por cuanto no podía pretenderse suspender el tráfico aéreo durante los 420 días que duraba la obra. Que es por ello que, la entidad contratante recomendó trabajar en tramos de 60 ml entre lámparas de borde, de manera que cada jornada de trabajo fuera de ocho (8) horas aproximadamente. Que los costos por movimiento de personal, maquinaria y equipos que se pudieron generar, debieron ser previstos e incluidos dentro de la modelación financiera, para que, a la terminación de la obra, no se pretendiera alegar las dificultades propias de la ejecución contractual, de allí que, al haberse afirmado en el pliego de condiciones que la jornada laboral seria de “aproximadamente” ocho (8) horas, se daba a entender al proponerte la posibilidad de que los horarios fueran ajustados y/o modificados.
Que el pago de los materiales utilizados en el proyecto y el incremento generado por el transporte marítimo, fue efectuado por la interventoría del contrato, tal como quedó sentado en el acta parcial de entrega y recibo final de obra enviados mediante de oficio No. CA-1-15000301-0219-17, equivalente a las 65.679.52 toneladas conciliadas; que pagar las 3.286,80 toneladas que no fueron aprobadas, constituiría un desequilibrio contractual, generando un enriquecimiento sin causa en favor de la contratada.
Que los 7.645 m3 que fueron construidos para la zona del campamento, fueron ejecutados por cuenta y riesgo del contratista como lo indicó la interventoría mediante comunicación CA-1-15000301-002-18 del 06 de abril de 2019 con radicado AEROCIVIL No. 2018025284, por lo tanto, no le corresponde al contratante asumir costos por actividades que no fueron asignadas.
Propuso como excepciones previas ineptitud sustantiva de la demanda por indebida acumulación de pretensiones y como de mérito cumplimiento del contrato por parte de la demandada Aerocivil, inexistencia del derecho que reclama el demandante, cobro de lo no debido, mala fe contractual del demandante e inexistencia de desequilibrio económico dentro del contrato No. 150000250-OK-2015.
1.5. El Ministerio Público en el trámite de primera instancia no realizó ninguna intervención.
1.6. Sentencia de primera instancia:
Correspondió el conocimiento del asunto al Tribunal Administrativo del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, despacho que mediante sentencia de primera instancia de fecha 23 de marzo de 2023 declaró judicialmente la liquidación del contrato número 15000250-OK-2015 del 05 de octubre de 2015 y negó las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
En cuanto al Plan de choque el Tribunal estimo que las actividades suministradas y realizadas fueron solicitadas y aprobadas por la entidad contratante pues se probó que la entidad solicitó la realización de las actividades y se encuentran relacionadas de manera detallada en cada una de las actas de recibo parciales No.1, 2, 3, 4, 5 y 8.
Que pese a ello el mantenimiento de la pista, si bien hacía parte del alcance del proyecto, en el texto del contrato no se contemplaron los ítems o actividades específicos correspondientes al mantenimiento o plan de choque para su correspondiente pago, lo cual era necesario máxime cuando la inclusión de estos ítems no previstos daría lugar al incremento en el valor del contrato. Que esa omisión de no haber incluido los ítems en el texto del contrato derivaba, en la obligación de suscribir un contrato adicional, en el cual quedaran claramente establecidas las actividades que se requerían desarrollar, así como el precio de cada una de las mismas.
Que la necesidad de suscripción de un contrato adicional es más relevante, dado que el contrato es de obra a precio unitario y en este tipo de contratos se configura por tres elementos: una unidad de medida, el estimativo de la cantidad de medida y un precio por cada unidad, por ello el aumento en los estimativos de cantidad, no da lugar a la suscripción de un contrato adicional porque no hay variación en el alcance físico del contrato inicialmente suscrito; pero en oposición a lo anterior, se requiere entonces, una verdadera adición al contrato cuando se agrega al alcance físico inicial del contrato algo nuevo.
Que en el caso que nos ocupa, para el Tribunal no queda duda que el mantenimiento inicial a la pista del aeropuerto, si bien hacía parte del alcance inicial del contrato, requería para su ejecución que los contratantes estuvieran de acuerdo en los ítems a ejecutar, en razón de la ampliación del objeto contractual, precisando la unidad de medida, el estimativo de la cantidad de medida y un precio por cada unidad, todo lo cual debía constar en un contrato adicional, circunstancia que no se presentó en el caso que nos ocupa. Que esta omisión, en el criterio del Tribunal, no se solventa por el hecho de que la interventoría y la supervisión del contrato hubieran recibido, medido y conciliado las obras ejecutadas, porque lo cierto es que dichas actividades o ítems contractuales no fueron discriminados en el contrato, lo que las convierte en actividades no previstas para cuyo reconocimiento y pago requerían estar plasmadas en un contrato adicional o modificatorio al contrato inicial, según lo explicado previamente. Que en consecuencia resulta claro que la omisión en la realización de un contrato adicional o modificatorio en el cual constaren los ítems contractuales del mantenimiento previo o lo denominado por las partes plan de choque, impide el reconocimiento y pago de estas, razón por la cual dicha pretensión no está llamada a prosperar.
En cuanto al pago al Fondo Nacional Ambiental el Tribunal encontró, en los documentos que hacen parte del contrato, fundamentos para que tal suma hubiera sido atendida por el consorcio contratista. Al respecto señalo que en el Anexo No. 2 Especificaciones Técnicas – numeral 8.3. -, se dispuso que el contratista era quien debía encargarse de las licencias y permisos ambientales que requiriera la obra a ejecutar, lo que a juicio del Tribunal implicaba los trámites y los pagos a que hubiera lugar. Que en línea con lo anterior la asignación de riesgos quedó claramente establecido que al contratista le correspondía cumplir por su cuenta y riesgo con todos los requerimientos de las entidades competentes para la obtención de permisos y licencias, ello incluye todos los permisos y licencias, aun los que inicialmente habían sido expedidos a nombre de la Aeronáutica Civil; ello en razón a que se debía llevar a cabo una obra de construcción a cargo del contratista que eventualmente requeriría revisiones, actualizaciones y nuevos estudios de las autoridades ambientales respecto de los aludidos permisos y licencias. Que luego entonces si el contrato dispuso que era del cargo del contratista atender todo lo relacionado con las licencias y permisos ambientales que tengan cabida según el tipo y magnitud de la obra, la obligación del pago también era exigible al contratista, y en consecuencia, la pretensión de reconocimiento y pago de este rubro fue negada.
En cuanto a los ítems de reclamación por desequilibrio económico del contrato destaco que en lo referente a la mayor cantidad de obra Stand by en el proyecto por cortos tiempos de Notam, resulto acreditado en el plenario que el contratista debía disponer de jornadas de trabajo diarias aproximadamente de 8 horas para la ejecución de las obras, horas laboradas que no era una situación de la cual el contratista pudiere motu proprio disponer, puesto que ello dependía exclusivamente de los NOTAM establecidos y/o programados por la entidad contratante. Conforme lo anotado, para el Tribunal resultó claro que durante la ejecución del contrato las horas concedidas al contratista fueron significativamente más reducida de la inicialmente pactada, por ello fue necesaria la ampliación de los plazos contractuales y una mayor permanencia en obra; que sin embargo, el Tribunal no desconoce el hecho que la circunstancia de mayor permanencia en obra era conocida por el contratista desde que solicitó, discutió y posteriormente suscribió los acuerdos contractuales modificatorios del contrato inicial, en los cuales hizo renuncia expresa a formular cualquier reclamación por la mayor permanencia. Que en consecuencia para el Tribunal hubo manifestaciones expresas, claras e inequívocas por parte del contratista al suscribir los actos modificatorios del contrato, de no formular reclamaciones a futuro por desequilibrio económico, manifestaciones que son vinculantes por lo que las pretensiones en lo que a este rubro se refiere serán negadas.
Con respecto al pago de la diferencia por el transporte marítimo de materiales de construcción para la ejecución del contrato, preciso que si bien la parte actora alega que se transportaron 72.823,67 toneladas; dentro del plenario no existe certeza que todo ese material se hubiera utilizado para la ejecución de la obra con la Aeronáutica Civil, máxime cuando a partir de las pruebas aportadas, puede inferirse que una parte de ese material fue utilizado en la ejecución de un contrato con el INVÍAS; que de lo anterior se colige que el transporte de la carga no necesariamente significa que toda ella se habría de llevar a la obra de construcción del aeropuerto. Que con fundamento en lo expuesto, la pretensión respecto del reconocimiento y pago por la diferencia en el valor del transporte marítimo fueron negadas.
En cuanto a las actividades de conformación no reconocidas ni canceladas por la AEROCIVIL, luego de estudiado el material probatorio, el Tribunal no encontró elementos probatorios sólidos sobre los cuales fundamentar una condena por este concepto; ello pues no se encuentra un soporte escrito de parte de la entidad demandada instruyendo sobre la conformación de esa zona, en donde sí es claro que el consorcio demandante instaló su campamento, por lo que se puede inferir que ese lugar fue utilizado por ellos para la ubicación de maquinaria y todo lo demás requerido para el campamento de modo que su conformación era de su cargo y no habría lugar a pretender reconocimiento de suma alguna por ello, por lo cual esa prestación fue negada.
Para el Tribunal en cuanto a el reconocimiento de perjuicios estimó:
“a) Del reconocimiento de actividades adicionales - Plan de choque
Teniendo en cuenta que los valores de las actividades y obras que fueron realizadas por este concepto fueron en su momento aprobadas y canceladas por la entidad contratante, las cuales se encuentran de forma detalladas en las actas recibo parcial No.1° a la 5° y 8° igualmente en el dictamen pericial allegado al plenario, es decir la suma total de mil ciento sesenta millones ochocientos diecinueve mil ciento setenta y seis pesos ($1.160.819.176)
(…)
La Sala tomará dicho valor como monto de reconocimiento por las actividades ejecutadas en el plan de choque; estas sumas deberán ser actualizadas con la finalidad de compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.”
En cuanto a la liquidación judicial de contrato señalo que:
“Teniendo en cuenta que dentro del plenario no obra prueba alguna de los pagos efectivamente realizados durante la etapa de ejecución del contrato, del acta de recibo final donde se discrimine el corte financiero del contrato debidamente firmado por las partes y el hecho que la parte demandada en la contestación de la demanda no realiza objeción alguna en lo que concierne a la parte financiera del contrato, es decir, los pagos realizados, la forma de amortizar el anticipo, exigencia de devolución de algún saldo o la negativa del pago de actividades realizadas por el contratista que se encuentren efectivamente contempladas en el contrato, la Sala atenderá dicha circunstancia a efectos de realizar la liquidación del contrato. Lo anterior teniendo en cuenta que ninguna de las partes, a lo largo del trámite procesal, manifestó objeción alguna respecto de los pagos realizados, la forma en que se amortizó el anticipo o el incumplimiento de algún pago relacionado directamente con la ejecución de las obras contempladas en el contrato.”
Y efectuó la liquidación judicial así:
“Resumen de la liquidación
Valor total del contrato $56.461.550.405
Valor total ejecutado $53.621.419.904
Valor total pagado $53.621.419.904
Valor total anticipo pagado $16.938.465121.50
Valor amortizado del anticipo $16.938.465121.50
Saldo del anticipo sin amortizar $0
Valor excedente del contrato $4.534.458.254
VALOR FINAL
A FAVOR DEL CONTRATISTA $0”
1.7. Del recurso de apelación interpuesto:
Inconforme con la decisión del Tribunal Administrativo del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina proferida el 23 de marzo de 2023, la parte actora presento escrito de alzada en el cual expuso:
Señalo que las obras del Plan de Choque fueron debidamente ejecutadas por el Consorcio y se enmarcaron en el objeto del Contrato, no de ninguna otra infraestructura distinta a esa, la cual estaba perfectamente acotada en el contrato, las especificaciones técnicas, el pliego de condiciones, y demás documentos de este. Que la entrega y supervisión de las obras del Plan de Choque fue atendida directamente la AEROCIVIL a través del área de mantenimiento del aeropuerto Rojas Pinilla, con quienes se conciliaron las cantidades de obra que se reclaman y no fueron objeto de reconocimiento por el Tribunal. Que las obras ejecutadas no requerían, como erradamente lo platea la Sentencia, de un “contrato adicional”, pues no existe variación o modificación o adición al alcance físico de la obra contratada, pues se trató de intervenciones hechas dentro de la Pista contratada. Destaco que las obras ejecutadas fueron inicialmente pagadas por la interventoría y la Aerocivil, pero el pago fue reversado posteriormente, lo cual confirma la ejecución de las obras, su pago y posterior reversión; que al respecto el Tribunal decida no acceder a la reclamación porque eso quedó pendiente de “legalizar” mediante un “contrato adicional”, sin que así legalmente se requiriera.
Destaco que el Consorcio Aeropistas 2016 de manera insistente, agotando todos los recursos contractuales, solicitó a la Aerocivil el pago de estas actividades de obra que fueron recibidas, medidas y conciliadas por la interventoría y la AEREOCIVIL.
Que sin duda el Tribunal incurrió en un error, pues conceptualmente se dice una cosa, exigiendo la existencia de un “contrato adicional”, y posteriormente se hace el reconocimiento económico al Consorcio Aeropistas 2016, por estar debidamente probada su pretensión.
En cuanto a el reclamo por el stand by señalo que se equivoca una vez más el Tribunal, pretendiendo darle un carácter transaccional a la mención que se hizo por el Consorcio de una “renuncia” frente a los efectos de un determinado modificatorio, generalizándolo para todo el contrato, cuando ni lo uno ni lo otro puede endilgársele al Consorcio toda vez que ni existió transacción ni renunció a las reclamaciones que, en general, y sobre todo el contrato, tenía en relación con el stand by de maquinaria, equipos y personal. Que la supuesta “renuncia”, de haberse efectivamente dado en términos del carácter transaccional que se le endilga a la misma, se encontraba plenamente delimitada a los efectos de esos actos modificatorios (1, 2 y 3), que podría o no tenerlos, por lo que los efectos que pretende darle en la Sentencia el Tribunal no responden a la realidad contractual y legal, en la medida en que no existió transacción alguna dentro de la ejecución del contrato que conllevara al hecho de que el Consorcio no pudiera reclamar por stand by maquinaria, equipos y personal, o por desequilibrios económicos dentro del mismo.
Que en cuanto a la Notam, el apelante reitera que, conforme a las 1,3 horas por día aceptadas por la Sala, que conforme al plazo serían 728 horas perdidas, estas deberán ser objeto de reconocimiento por el Consejo de Estado al momento de revocar la Sentencia, pues quedó sin piso la tesis del Tribunal en cuanto a la “renuncia” del Contratista, que jamás hubo transacción sobre lo que está reclamando. Que es importante tener en cuenta que no es cierto lo dicho por el Tribunal en cuanto a “no formular reclamaciones a futuro” no puede tomarse como una renuncia definitiva, cuando ni siquiera sabía el Contratista si se iban a causar o de que magnitud podrían ser esas afectaciones económicas, o como lo iba a afectar.
En cuanto a las actividades de conformación señal que la actividad de obra sin duda fue ejecutada, y fue destinada al mejoramiento del área de la pista y no simplemente para un parqueo de maquinaria que fue temporal, circunstancial y no queda perenne para uso o beneficio del Consorcio como quiere hacerlo ver la Sala en sus Sentencia, y de lo cual discrepa habida cuenta de que efectivamente existen pruebas en el expediente sobre dicha reclamación a la cual solicitamos se acceda en segunda instancia.
1.8. Admisión del recurso de apelación
Mediante Auto de fecha 02 de agosto de 2023, el Consejo de Estado dispuso admitir el recurso de apelación interpuestos por la parte actora contra la sentencia del 23 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por cumplir lo establecido en el artículo 247 de la Ley 1437 de 2011 modificado por el artículo 67 de la Ley 2080 de 2021. En consecuencia, y atendiendo el tenor del artículo antes referido, el Ministerio Público advierte que los extremos procésale no efectuaron pronunciamiento.
2. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
2.1. Problemas jurídicos.
De acuerdo con el trámite surtido y conforme los reparos manifestados en los recursos de apelación, el Ministerio Público, en su función de intervención en defensa del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales, considera que el problema jurídico a abordar, para efectos de presentar concepto, se puede formular de la siguiente manera:
¿Era procedente para la ejecución y el reconocimiento económico de las obras objeto del plan de choque previstas en el marco de la ejecución del Contrato de obra pública No. 15000250-OK, la suscripción de un contrato adicional o la variación o modificación o adición del ya suscrito para el reconocido y pago de las obras ejecutadas con ocasión de éste?
¿Es procedente el reconocimiento al contratista [NOMBRE TACHADO] 2016 en el marco de le ejecución del Contrato de obra pública No. 15000250-OK, del valor por mayor permanencia en obra como consecuencia del stand by de obra producto de la imposibilidad de ejecutar obras dentro del periodo de 08 horas aproximadas que se estipulo en el marco de ejecución del contrato?
¿Las actividades de conformación ejecutadas en el área de la pista del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla De San Andrés por el contratista [NOMBRE TACHADO] 2016 en el marco de le ejecución del Contrato de obra pública No.15000250-OK-, que fueran utilizadas en la ejecución del contrato para el campamento del contratista y la ubicación de la maquinaria se constituyen en actividades que deben ser reconocidas y pagada por la entidad demandada pues de su ejecución se benefició la contratante?
2.2. Análisis fáctico y probatorio.
Una vez revisado este material, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado destaca las siguientes pruebas relevantes para emitir concepto de fondo sobre el asunto:
2.2.1. Resolución No. 02209 del 4 de septiembre de 2015 mediante la cual la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil resolvió adjudicar la licitación pública No. 15000046-OL de 2015 al [NOMBRE TACHADO] 2016.
2.2.2. Contrato de obra pública No. 15000250-OK-2015 del 5 de octubre de 2015 suscrito entre la Unidad Administrativa Especial de la Aeronáutica Civil y el [NOMBRE TACHADO] 2016 cuyo objeto correspondía a realización del diseño y obras de mantenimiento de la pista y plataforma en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés.
2.2.3. El Contrato de obra pública No. 15000250-OK-2015 tuvo los siguientes actos modificatorios:
Datos de la Prorroga
Modificatorio
Plazo
Plazo total
No. 1 de fecha 13 de febrero de 2017
75 días calendario.
495 días calendario, hasta el 19 de febrero de 2017
No. 2 de fecha 17 de febrero de 2017
40 días calendario.
535 días calendario, hasta el 31 de marzo de 2017
No. 3 de fecha 25 de abril de 2017
25 días calendario
555 días calendario, hasta el 20 de mayo de 2017
2.2.4. El Contrato de obra pública No. 15000250-OK-2015 tuvo el siguiente acto de suspensión:
Datos de la Suspensión del Contrato
Fecha de la suspensión
Plazo
No. De fecha 24 de marzo de 2017
30 días calendario.
2.2.5. Acta del Comité de Seguridad Operacional del 22 de octubre de 2015 en la cual se señaló que la pista del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla presentaba una serie de daños en la estructura asfáltica tales como piel de cocodrilo, desprendimientos, baches, fisuraciones y descascaramientos con presencia de material granular, conforme consta en el documento con asunto “Informe del Estado Operacional de la Pista del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés”, dichos daños comprometían gravemente la operación y seguridad aérea. En consecuencia, se le comunico al Consorcio por la Aerocivil mediante oficio con consecutivo No. 2002-176-2015029277 de 22 de octubre de 2015, que dichos daños debían ser reparados por el contratista ya que las obras se ejecutarían dado alcance al objeto del Contrato de obra pública No. 15000250-OK-2015.
2.2.6. Informe de interventoría No. 1 elaborado por el Consorcio Aeroportuarios, el cual comprende el periodo del 19 de noviembre al 31 de diciembre de 2015, respecto a las actividades del plan de choque se señaló que el [NOMBRE TACHADO] 2016 a partir del día 30 de octubre de 2015 inició directamente la realización de las actividades de mantenimiento de emergencia, teniendo la supervisión del área de mantenimiento del aeropuerto (AEROCIVIL) quienes conciliaron las cantidades de obra directamente con el contratista.
2.2.7. Testimonio del ingeniero Pablo Tsuchiya quien se desempeñó como ingeniero coordinador del proyecto, respecto a las actividades del plan de choque, en su testimonio afirmó que las mismas fueron realizadas por solicitud de la entidad contratante, actividades que fueron conciliadas su precio, recibidas y canceladas por la Aeronáutica Civil. Con posterioridad, al finalizar el proyecto dichos pagos fueron descontados por la entidad contratante.
2.2.8 Testimonio rendido por la ingeniera María Consuelo Durán Gómez, funcionaria de la entidad contratante quien fungió como supervisora del contrato, manifestó específicamente sobre las actividades del “Plan de Choque” que estas fueron avaladas y pagadas por la entidad, pero que, debido a las observaciones realizadas en su momento por la Contraloría General, dichos pagos fueron descontados al contratista.
2.2.9. Oficio CA-1-15000301-0002-18 del cinco (5) de abril de 2018 por medio del cual la interventoría da respuesta a la reclamación presentada por el contratista respeto a los tiempos de NOTAM durante la ejecución del contrato los cuales fueron así:
Fecha de inicio
Fecha final
Hora inicial
Hora final
No. De horas
20 de octubre de 2015
8 de julio de 2016
3:30 am
10:30 am
7 horas
9 de julio de 2016
31 de diciembre de 2016
3:15 am
11:00 am
7 horas 45 minutos
01 de enero de 2017
01 de marzo de 2017
3:30 am
8:30 am
5 horas
02 de marzo de 2017
24 de marzo de 2017
3:30 am
7:00 am
Variable entre 1 hora y 3 horas y media
18 de abril de 2017
20 de mayo de 2017
4:15 am
8:40 am
4 horas y ½
2.2.10. Oficio de fecha 16 de diciembre de 2015 por medio del cual el contratista remite a la interventoría formulario con solicitud de NOTAM bajo los siguientes términos:
“Con base en los diseños contractuales identificamos la ejecución de los trabajos de rehabilitación divididos en las siguientes grandes actividades que se traslapan a lo largo de la pista de aterrizaje durante el año de construcción:
a. Parcheos profundos: (Enero a Julio)-Horario Requerido: 7 HR
b. Perfilado +Nivelación: (Febrero a agosto)-Horario Requerido: 8HR
c. Geomalla + Carpeta Asfáltica: (Marzo a Octubre)-Horario Requerido: 9HR
d. Resto de actividades: (Junio a Diciembre)-Horario Requerido: 8HR
En resumen, podemos continuar trabajos con el NOTAM actual de 7 HR por temporada alta durante los meses de diciembre de 2015 y enero de 2016, pero necesitamos aumentar el horario del NOTAM 9HR a partir del mes de febrero de 2016”
2.3. Análisis jurídico.
Procede esta Delegada, a emitir concepto dentro del presente radicado, tendiente a solicitar que se MODIFIQUE la sentencia de fecha 23 de marzo de 2023 de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina, en la cual se ordenó la liquidación judicial del Contrato de Obra Pública No. 15000250-OK- y se negaron las demás pretensiones de la demanda, de acuerdo con las siguientes consideraciones:
De manera primigenia se debe decir que la liquidación judicial de los contratos estatales tiene por objeto saldar las cuentas pendientes que se tuvieren en curso de la ejecución del negocio jurídico suscrito entre los extremos contractuales, ello en procura de poner fin a la relación jurídica que los ata, esto atendiendo los derechos y obligaciones que previamente adquirieron con la suscripción del documento y con miras a quedar a paz y salvo con las obligaciones adquiridas por cada uno, el Consejo de Estado al respecto ha señalado:
“[D]e acuerdo con el lenguaje común, liquidar un contrato es ajustar, saldar, pagar o determinar el valor de las acreencias y de las deudas correspondientes al mismo, así como ponerle fin a los derechos y obligaciones que derivan de la fuente contractual. (…) La liquidación (…) es un ajuste o rendición final de cuentas que se produce con el objeto de que las partes contratantes establezcan, con fundamento en el desarrollo del contrato, las acreencias pendientes o saldos a favor o en contra de cada uno o se declaren a paz y salvo, según el caso, para extinguir el negocio jurídico celebrado (…) La liquidación es una actuación que procede con posterioridad a la terminación normal o anormal del contrato estatal, por causas contractuales o legales o por causas atribuibles a ambos contratantes o a uno de ellos. Entre los modos o causas normales de terminación de los contratos, pueden incluirse: (i) el cumplimiento del objeto; (ii) el vencimiento del plazo extintivo de duración del contrato, y (iii) el acaecimiento de la condición resolutoria expresa, pactada por las partes”
El material probatorio da cuenta que la AEROCIVIL y el [NOMBRE TACHADO] 2016 suscribieron el Contrato de Obra Pública No. 15000250-OK-2015 el 5 de octubre de 2015, cuyo objeto correspondía a “Realizar el diseño y las obras de mantenimiento de pista y plataforma en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés”, con un plazo inicial de ejecución de 420 días y por un valor de $56.461.550.405, pactando como anticipo para la ejecución de la obra el 30% del valor del contrato el cual comprendió la suma de $16.938.465.121, 50.
El contrato de obra No. 15000250-OK-2015 contemplaba dos fases la primera, relacionada con la realización de diseños y la segunda lo concerniente a las actividades de mantenimiento de pista y plataforma en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés. Con referencia a la segunda fase del contrato se contemplaban la rehabilitación de la pista de aterrizaje, rehabilitación de las calles de rodaje Alfa y Bravo, obras de drenaje de pista y manejo de aguas lluvias, señalización horizontal de pista y calles de rodaje, conformación de zona de protección de chorro de turbina en las cabeceras de pista e instalación de redes eléctricas de pista. Para el inicio de su ejecución se suscribió acta de inicio de fecha 14 de octubre de 2015.
En curso de la ejecución de las obras la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil-Aerocivil convoco a Comité de Seguridad del Aeropuerto de San Andres el día 22 de octubre de 2015, en el cual se socializó el “Informe del Estado Operacional de la Pista del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés”, elaborado por el gerente aeroportuario y subdirección general del terminal aéreo, en el comité se dijo:
“El Ingeniero Aldemar Pinzón, presenta el informe de inspección de la situación crítica que presenta la pista, soportado en las fotografías anexas y criterios técnicos sobre el deterioro avanzado que presenta el pavimento de la pista, con desprendimiento, hundimientos, huecos, FOD y análisis del riesgo operacional, los reportes de los inspectores de rampa.
(…)
El ingeniero Jorge Iván Salazar, informa que notificará al contratista de obra, para que asuma las obligaciones de mantenimiento de la pista y calle de rodaje de acuerdo con los alcances del contrato firmado No. 15000250-OK-2015, a partir del día de hoy 22 de octubre y que hará el seguimiento de los trabajos personalmente el 23 de octubre, así mismo solicita el apoyo del ingeniero Aldemar pinzón”
De aquel comité se arribó a la conclusión de la necesidad de implementar un plan de choque para atender de manera preventiva el grave estado de deterioro de la pista del Aeropuerto de San Andres, actividades que fueron ejecutadas en el marco del contrato de obra No. 15000250-OK-2015 y con los recursos que para tal efeto se comprometieron, las cuales fueron destacadas en el Informe de interventoría No. 1 elaborado por el Consorcio Aeroportuarios para el periodo del 19 de noviembre al 31 de diciembre de 2015.
El contrato de obra No. 15000250-OK-2015 fue objeto de tres modificaciones las cuales adicionaron tiempo a su plazo inicial de ejecución y de una suspensión de la siguiente manera:
En el acta de modificación No. 1. de fecha 13 de febrero de 2017, las partes acordaron modificar las cantidades de obra sin aumento de valor, incrementar el plazo de ejecución del contrato teniendo en cuenta la situación geográfica del sitio de ejecución y su dificultad para la consecución de los materiales que cumplan con las especificaciones técnicas del proyecto y la restricción en tiempo de trabajo determinado por los horarios del tráfico aéreo actual.
En el acta de modificación No. 2 del 17 de febrero de 2017, se aumenta el plazo de ejecución del contrato y se incluyen ítems no previstos. En dicha acta se consigna como justificación a la prórroga solicitada lo siguiente:
“Que mediante oficio No. 4400-2017003652 del 14 de febrero de 2017, el supervisor del contrato con el visto bueno del área ejecutora y el secretario de sistemas operacionales, solicitan inclusión de ítems no previstos y prórroga de por el término de 40 días calendario conforme a los oficios presentados por los contratistas de obra e interventoría mediante oficios CO-155C-066-2017 del 13 de febrero de 2017 y CA-1-15000301-0068-16 del 9 de febrero de 2017, teniendo en cuenta lo siguiente:
(…)
A partir del mes de enero se vio reducido en tiempo total por jornada de trabajo por la modificación del NOTAM pasando de 7 horas 45 minutos a jornadas variables entre 5horas y 3horas 45 minutos.
El tiempo efectivo de trabajo en cada jornada es menor que el tiempo total asignado debido a las labores de emplazamiento de señalización, equipos y personal en obra al igual que el retiro de personal, equipos y limpieza que se debe efectuar directamente dentro de la jornada de trabajo.
Debido a la incidencia de los factores antes mencionados se requiere más tiempo para dar cumplimiento a la ejecución de las actividades contractuales ya que el plazo vigente del contrato vence el próximo 19 de febrero.
(…)”
Acta de suspensión de fecha 24 de marzo de 2017 la cual se prolongó por 30 días. En el documento contractual las partes acordaron suspender el plazo de ejecución del contrato a solicitud del contratista, dada la imposibilidad física para ejecutar las actividades contractuales faltantes en atención a la reducción del NOTAM autorizado por la Aeronáutica Civil en razón al flujo de vuelos en la temporada de semana santa. Así quedó consignada en el acta.
“Que el día 24 de marzo de 2017 el contratista de obra solicitó la suspensión del contrato desde el día 24 de marzo de 2017 al 24 de abril de 2017, dada la imposibilidad física para ejecutar las actividades contractuales pendientes conforme al cronograma establecido, lo anterior debido a que las autoridades aeroportuarias por la temporada actual y el flujo de vuelos debido a los días de abril que involucran la semana santa han establecido que el NOTAM será por un horario menor al autorizado inicialmente, lo cual reduce sustancialmente el horario en el cual contratista puede ejecutar las labores contratadas en el aeropuerto.
Que, como consecuencia de lo anterior, se imposibilita el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, presupuestadas en el cronograma de actividades, puesto que no cuenta con el tiempo autorizado suficiente para ejecutar las labores en pista y entregarla en condiciones de seguridad operacional aceptables.
Motivo por el cual argumenta se hace necesaria la suspensión del contrato debido a que con el fin de poder ejecutar sin percance alguno las obras relacionadas con la instalación de luces de eje, realce de luces de borde y reconstrucción de cajas eléctricas, es necesario contar con un NOTAM de mayor alcance, ya que, con el tiempo tan corto de trabajo, no podrían terminar dichas obras en el tiempo contractual restante para la ejecución del mismo y con las medidas necesarias para el cumplimiento de la seguridad operacional.
(…)”
En el acta modificatoria No. 3 del 25 de abril de 2017, se aumentó el plazo de ejecución del contrato, fundamentando dicha ampliación en las siguientes situaciones:
“La supervisora del contrato junto al Director de Desarrollo Aeroportuario, mediante oficio 4400-250-2017009568 del 19 de abril de 2017, complementado mediante comunicación 4400-205-2017009956 del 24 de abril siguiente, solicitaron al Director Administrativo citar Comité de Adiciones; Modificaciones o Prórrogas para someter a su consideración y aprobación la prórroga por 25 días calendarios de los contratos de obra 15000250OK-2015 e interventoría 150000301-OJ-2015. Fundamentó su petición en el hecho de que los tiempos de ejecución de obra concertados previamente con las aerolíneas que se sirven del aeropuerto “Gustavo Rojas Pinilla” (NOTAM) no han sido suficientes para culminar con el 100% de las actividades contractuales.
La solicitud en mención tiene su sustento en el oficio CO-155C-130-2017 del 24 de marzo de 2017, donde el consorcio contratista solicitó la prórroga del contrato en 30 días en atención a los reducidos tiempos de NOTAM concertados con las aerolíneas, requerimiento que a su vez fue apoyado por la interventoría mediante oficio CA-1-15000301-0146-17 del 18 de abril de 2017, donde expone que el actual NOTAM acordado con las aerolíneas permite un tiempo para la culminación total de las actividades del contrato en 33 días.
(…)”.
En consecuencia, el contrato se extendió por 560 días calendario, finalizando la ejecución del objeto del contrato el día 20 de mayo de 2017, sin que se suscribiera acta de liquidación. Durante la ejecución del contrato se llevaron a cabo actividades de conformación de algunas zonas de campamento equivalente a 7.645 M2 que fueron utilizados para la construcción de las zonas del campamento, en que se dispuso inicialmente el material fresado y que posteriormente por instrucción de la entidad y la interventoría fueron retirados.
2.4. En cuanto al denominado plan de choque.
Del anterior análisis se debe destacar que en el marco de ejecución de las obras del Contrato de Obra Pública No. 15000250-OK-2015 se llevó a cabo Comité de Seguridad del Aeropuerto de San Andres el día 22 de octubre de 2015, en el cual se advirtió la necesidad de intervenir preventivamente la pista del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés como quiera que aquella presentaba daños en la estructura asfáltica tales como piel de cocodrilo, desprendimientos, baches, fisuraciones y descascaramientos con presencia de material granular, lo cual representaba peligro para la seguridad aérea; en consecuencia se determina por parte de la AEROCIVIL la intervención en la pista por parte del contratista [NOMBRE TACHADO] 2016 al considerar que “El ingeniero Jorge Iván Salazar, informa que notificará al contratista de obra, para que asuma las obligaciones de mantenimiento de la pista y calle de rodaje de acuerdo con los alcances del contrato firmado No. 15000250-OK-2015, a partir del día de hoy 22 de octubre y que hará el seguimiento de los trabajos personalmente el 23 de octubre, así mismo solicita el apoyo del ingeniero Aldemar pinzón”
La anterior decisión le fue comunicada al [NOMBRE TACHADO] 2016 a través de oficio con consecutivo No. 2002-176-2015029277 del 22 de octubre de 2025, quien adelanto:
Parcheos: fresado pavimento existente e instalación de capa de ASFAST – (Asfalto en frío) en una capa de 5 cm de espesor.
Bacheos tipo 1: sectores donde se realiza la instalación de una capa de base de fresado reciclado (RAP) estabilizado con cemento entre el 4% y el 5% en un espesor de 10 cm y una capa de rodadura en ASFAST de 5 cm.
Bacheos tipo 2: Fresado de capa en promedio de 15 cm y conformación de capa de base en RAP con cemento al 4% y su respectivo sello con emulsión asfáltica.
Tapa huecos: Intervenciones de emergencia que consisten en la instalación directa en el daño de ASFAST, previo a la limpieza e imprimación de este.
Respecto a la ejecución de las actividades por parte de el [NOMBRE TACHADO] 2016 con ocasión las directrices impartidas en la reunión de fecha 22 de octubre de 2015 se consigo en el Informe de interventoría No. 1 del periodo comprendido del 19 de noviembre al 31 de diciembre de 2015 lo siguiente:
“PLAN DE CHOQUE
Teniendo en cuenta las malas condiciones de la pista del Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla, en donde se evidenciaba una serie de daños en la estructura asfáltica como lo son: Piel de cocodrilo, desprendimientos, baches, fisuraciones, desprendimientos y descascaramientos; la AEROCIVIL le solicitó al [NOMBRE TACHADO] 2016 realizar inicialmente el suministro de materiales con el fin que él área de mantenimiento del aeropuerto realizara directamente las reparaciones de la pista, para lo cual se suministró por parte del contratista, mezcla asfáltica en frío marca ASFAST y emulsión asfáltica tipo CRR1 De acuerdo a los registros de obra consultados por la interventoría, este suministro se dio a partir del día 22 de octubre de 2015, fecha en la cual se inició el despacho de estos materiales.
Posterior a esta actividad, el [NOMBRE TACHADO] 2016 a partir del día 30 de octubre de 2015 inició directamente la realización de las actividades de mantenimiento de emergencia, teniendo la supervisión del área de mantenimiento del aeropuerto (AEROCIVIL) quienes conciliaron las cantidades de obra directamente con el contratista, esto hasta el día 18 de noviembre, fecha en la cual inicia actividades esta interventoría.
Por lo tanto, es de aclarar que las actividades y cantidades del periodo comprendido entre el 22 de octubre y el 18 de noviembre de 2015 fueron supervisadas y conciliadas directamente por el área de mantenimiento, quien realizó entrega por medio de un correo electrónico de las actas conciliadas con el Contratista. En la tabla No. 1 se detallan la cantidades suministradas y ejecutadas por el contratista en este lapso de tiempo. (…)
En este informe se detallan las actividades ejecutadas a partir del día 19 de noviembre, fecha en la cual efectivamente la Interventoría inició sus actividades de seguimiento y control (La fecha del acta de inicio es el día 20 de noviembre) hasta el día 31 de diciembre, tiempo en el cual se han desarrollado sobre la pista, diversas actividades relacionadas con el “Plan de choque” presentado por el Contratista, el cual consiste en una serie de actividades de mantenimiento (Parcheo y bacheo) tendientes a mejorar la operación y seguridad de la pista.
(…)”
Respecto a las actividades y obras ejecutadas el ingeniero Pablo Tsuchiya quien se desempeñó como ingeniero coordinador del proyecto, respecto a las actividades del plan de choque, en su testimonio afirmó:
PREGUNTA: frente al plan de choque. ¿Ustedes ejecutaron la obra e hicieron todo el transporte del material y del equipo entendemos que se pagó esa obra inicialmente y después se descontó, usted tiene conocimiento de eso?
RESPUESTA: Si correcto yo tengo conocimiento.
(…) Nosotros iniciamos los trabajos como les venía comentando por la situación de seguridad aeroportuaria, nosotros empezamos a realizar esas actividades de mantenimiento, de parcheo y demás temas e iniciamos simultáneamente la conciliación de los precios unitarios por los cuales nos iban a cancelar esos trabajos, simultáneamente en ese momento; (…) en ese momento había un inspector que había designado la Aerocivil de apellido Rojas el ingeniero que estaba allí en ese momento revisando las cuentas de las obras que se estaban realizando. Posteriormente, ingresó la interventoría (…) y designó a sus ingenieros para (…) seguir el control de esas actividades que se venían ejecutando empezando a conciliar los precios unitarios con los cuales nos iban a pagar y finalmente se aprueba el pago por parte de las partes, se acuerda pagar por unos conceptos de horas de maquinarias, horas de personal y de material que fue dispuesto, todas esas cantidades de horas de maquinarias, todas esas cantidades de materiales que se colocó en la pista y las horas del personal que realizó los trabajos, fue verificado inicialmente por el inspector de la Aerocivil, por la Aerocivil y posteriormente por la interventoría. Esto se incluyó en el acta original, nos fue cancelado y cuando terminamos los trabajos y se entregó el proyecto se nos indicó que debíamos sacar esas cantidades, descontar poner negativo esas cantidades ya que nos habían pagado inicialmente mientras legalizaban o formalizaban algún tema interno de la Aerocivil y finalmente ese pago nos fue eliminado, no los reversaron, no nos pagaron finalmente.
En línea con lo anterior el testimonio rendido por la ingeniera María Consuelo Durán Gómez, funcionaria de la entidad contratante quien fungió como supervisora del contrato, manifestó:
PREGUNTA: En esa acta de recibo obra ¿Cuáles fueron las circunstancias que llevaron a no firmarlas por las partes independientemente del momento en que se presentó la conciliación judicial es decir si ya habían recibido las obras ya estaban ejecutadas las obras cuál era la dificultad que se tenía?
RESPUESTA: cuando ya se iba a terminar el contrato hubo una visita de la Contraloría para hacer un pacto e hicieron observaciones una de esas observaciones fueron los ítems no previstos ejecutados al inicio de contrato, con esas observaciones y pues con las respuestas dadas a la contraloría y con la interventoría pues la interventoría decide sacar estas cantidades que se habían hecho inicialmente del acta final hacer un descuento y entonces es cuando empieza hasta dónde llega el valor de lo que realmente se ejecutó y que es lo que realmente queda por pagar ese fue un punto. El otro punto fueron unas reclamaciones del contratista sobre unos mayores valores en transporte, stand by de maquinaria y no me acuerdo de más y pues en esas discusiones de si iba o no iba si procedía o no procedía esa reclamación fue donde se llevó el tiempo que estamos hablando. Posterior también hubo como una situación en la entidad y es que esos periodos 3 directores de áreas y secretarios hubo cambio de directores entonces ya teníamos listas un acta con el nombre del director pasado y cuando ya la conciliábamos entonces ya nos cambiaban el director tocaba volver a conciliarlo con los nuevos asesores y pues eso también nos demoró un poquito en la conciliación de ese tema de las actas.
PREGUNTA: ¿los ítems no previstos al inicio del contrato eran los que tenían dificultades por que la Contraloría había hecho una intervención mi pregunta ahí es, esos ítems no previstos son los que correspondían al denominado plan de choque para intervenir la pista?
RESPUESTA: Si señor son esos ítems
(…)
PREGUNTA: ¿Qué dijo la Contraloría, por qué razón ustedes no siguieron adelante con el pago de esas actas de los ítems no previstos cual fue la razón que dio la Contraloría si lo recuerda?
RESPUESTA: Porque eran ítems no previstos dentro del contrato y pues no se había realizado su inclusión siguiendo toda la parte procedimental del manual de contratación.
En consecuencia advierte la delegada que las actividades ejecutadas por el contratista en el marco del plan de choque no fueron diferentes o ajenas al objeto del contrato, pues aquellas se trataban de un mantenimiento preventivo o una intervención anticipada a la pista del aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés como un paliativo a la intervención que se le realizaría a la pista en el marco del contrato como una solución definitiva a la problemática que genero las suscripción del mismo; en consecuencia no se avizora que las actividades ejecutadas fueran ajenas al contrato o al objeto del mismo, por el contrario se aprecia que la intervención que de manera anticipada y por la urgencia, dado el mal estado de capa asfáltica de la pista, fueron necesarias para no poner en peligro la operación aérea, ello a solicitud de la entidad contratante, la cual era consiente, como se deduce de las pruebas, que las actividades requeridas en el marco del plan de choque eran propias del Contrato de Obra Pública No. 15000250-OK-2015 pues daban alcance al mismo, a más que las actividades fueron conciliadas e inicialmente reconocido su pago al contratista como se aprecia de las actas de recibo parciales No.1, 2, 3, 4, 5 y 8, no de otra forma seria reconocidas en la ejecución del contrato. Es evidente que el Fallador de primera instancia llega a una conclusión análoga a la antes realizada, en los pertinente a que las actividades ejecutadas con ocasión a él plan de choque era propias del objeto del contrato, lo anterior en los siguientes términos:
“La Aeronáutica Civil alega que las actividades llevadas a cabo correspondían a las propias del alcance del contrato de obra suscrito, lo cual se constata en el Anexo Técnico No. 1 Estudios Previos, que hace parte del contrato, en el cual se señala específicamente que “el contratista deberá garantizar la ejecución de actividades de mantenimiento preventivo para la pista y calles de rodaje, inmediato a la firma del acta de inicio de la obra.”
Estas actividades llevadas a cabo en el denominado plan de choque consistieron en las propias de una intervención urgente pero paliativa frente a las graves condiciones de la pista del aeropuerto de San Andrés, tales como: Parcheos, fresado pavimento existente e instalación de capa de ASFAT (asfalto en frío) en una capa de 5 cm de espesor.
Las actividades realizadas por el contratista en el plan de choque hacían parte del alcance del proyecto - obras de mantenimiento para la pista y calles de rodaje -, según lo contenido en el Anexo Técnico No. 1 – Estudios Previos. A estas obras de mantenimiento es lo que se denominó el plan de choque, por el cual se buscaba asegurar la ejecución de la operación aérea en condiciones de seguridad ya que, de lo contrario, la operación del aeropuerto de San Andrés estaba en riesgo de ser cerrada, con las graves implicaciones para el territorio insular.
Ahora bien, para la Sala resulta claro que las actividades suministradas y realizadas fueron solicitadas y aprobadas por la entidad contratante toda vez que existe prueba suficiente que indica que la entidad solicitó la realización de las actividades, aprobó y canceló inicialmente las actividades entregadas por el contratista, puesto que las mismas se encuentran relacionadas de manera detallada en cada una de las actas de recibo parciales No.1, 2, 3, 4, 5 y 8. Estas actas dan cuenta que las obras realizadas durante los periodos señalados en ellas se recibieron a satisfacción. Adicionalmente, fueron suscritas tanto por el contratista-[NOMBRE TACHADO] 2016, la interventoría-Consorcio Aeroportuarios, el Director de Desarrollo Aeroportuario U.A.E.A.C. y el Secretario de Sistemas Operacionales U.A.E.A.C. (E) tal como lo dispone la cláusula sexta parágrafo primero del contrato y el pliego de condiciones.”
Resulta evidente del material probatorio que mediante actas de recibo parciales No.1, 2, 3, 4, 5 y 8, se efectuó el reconocimiento de las obras ejecutadas con ocasión del plan de choque que además fueron conciliadas por el contratista y el actor del presente medio de control en aquellas actas se plazo:
En consecución, y contrario a los expuesto por el Tribunal, no comparte este despacho la conclusión del fallador de primera instancia en el sentido de la necesidad de la suscripción de un contrato adicional para el reconocimiento de las prestaciones antes referidas, pues aquella afirmación resulta contradictoria en la medida que las actividades ejecutadas con ocasión del plan de choque, como lo señala el fallo impugnado, eran propias del objeto del Contrato de Obra Pública No. 15000250-OK-2015 razón por la cual para el Ministerio Público no se hacía necesario la suscripción de un contrato adicional para el reconocimiento de las mismas como quiera que las actividades ejecutadas fueron conciliadas y reconocidas por las partes como dan cuenta el Informe de interventoría No. 1 del periodo comprendido del 19 de noviembre al 31 de diciembre de 2015, a más que las actividades realizadas fueron solicitadas y aprobadas por la entidad contratante y fueron acordadas y aprobadas inicialmente como se detalló en cada una de las actas de recibo parciales No.1, 2, 3, 4, 5 y 8, firmadas por la interventoría del contrato.
Al respecto el Consejo de Estado, ha destacado que la adición de los contratos se da cuando se agrega al alcance físico inicial del contrato algo nuevo, cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual, específicamente, cuando existe una adición al alcance de la obra contratada, al respecto ha señalado:
“Por el contrario, en los contratos a precio indeterminado pero determinable por el procedimiento establecido en el mismo contrato (precios unitarios, administración delegada o reembolso de gastos), la cláusula del valor en el mismo, apenas sirve como indicativo de un monto estimado hecho por las partes, pero no tiene valor vinculante u obligacional, pues el verdadero valor del contrato se establecerá una vez se concluya su objeto. En estos eventos, tal cláusula sólo cumple la función de realizar un cálculo estimado del costo probable, esto es, ese estimativo necesario para elaborar presupuesto o para efectos fiscales; pero el valor real del contrato que genera obligaciones mutuas sólo se determinará cuando se ejecute la obra y, aplicando el procedimiento establecido, se establezca tal costo.
Entender que la obligación contractual sólo existe hasta concurrencia del valor indicado en la cláusula de valor (estimado) en contratos a precios unitarios o por administración delegada o de reembolso de gastos y pretender que la ejecución de obras por mayor valor requiera de la suscripción de contratos adicionales, implicaría, necesariamente, que habiéndose agotado el monto señalado como valor del contrato en ejecutar las cantidades de obra para las cuales alcanzaba, ambas partes habrían cumplido con el contrato y que no podría ser obligado el contratista a terminar la obra faltante, puesto que estaría sujeto a que se firmara un nuevo contrato adicional esto es, a que haya un acuerdo de voluntades para suscribirlo.
Esta situación colocaría al contratista frente al Estado en situación privilegiada, pues negociar la ejecución de la parte faltante del objeto del contrato sabiendo que de no haber la voluntad de la entidad de acordar un monto le tocaría abrir nuevo proceso licitatorio, es, en la práctica, tener un argumento de presión muy grande para obligar a la entidad a acceder a sus exigencias.
En estas condiciones es lógico concluir que las obligaciones nacidas del contrato son todas y que la obligación recíproca es hasta la conclusión del objeto contractual, sin que puedan entenderse limitadas o disminuidas esas obligaciones en razón de una cláusula de valor que no hace cosa distinta de señalar un "estimativo" del mismo, pero en la cual, por el mismo sistema de contratación, lo que se está advirtiendo es que puede cambiar.
Con base en lo expuesto brevemente, es fácil concluir que es un error celebrar contratos adicionales a los contratos principales celebrados por alguno de los sistemas de precios determinables, para poder ejecutar obras cuyo costo de ejecución sobrepase el estimado inicialmente. En efecto, el error consiste en pensar que ese precio estimado inicialmente es el verdadero valor del contrato, pues, como se explicó, sólo es un estimativo pero el verdadero valor se determinará una vez concluya la obra. Por lo mismo, no se trata de que se esté adicionando el contrato; no. Sólo se está procediendo conforme a lo previsto, esto es, aplicando el procedimiento de precios unitarios a las cantidades de obra ejecutadas y, por consiguiente, si son más cantidades de obra a las previstas, pues el valor del contrato es mayor, pero así fue como se convino.
Por lo mismo, no se trata de que exista un "cambio" o "adición" en el contrato, sino de la aplicación de las reglas contractuales previamente determinadas en el contrato original. Es una operación matemática y no más.
Es preciso, entonces, entender que solamente habrá verdadera "adición" a un contrato cuando se agrega al alcance físico inicial del contrato algo nuevo, es decir, cuando existe una verdadera ampliación del objeto contractual, y no cuando solamente se realiza un simple ajuste del valor estimado inicialmente del contrato, en razón a que el cálculo de cantidades de obra estimada en el momento de celebrar el contrato no fue adecuada; en otros términos, los mayores valores en el contrato no se presentan debido a mayores cantidades de obra por cambios introducidos al alcance físico de las metas determinadas en el objeto del contrato, sino que esas mayores cantidades de obra surgen de una deficiente estimación inicial de las cantidades de obra requeridas para la ejecución de todo el objeto descrito en el contrato.
En casos como el que se analiza, como se ha manifestado, no resulta legalmente procedente la celebración de un "contrato adicional", pues en verdad no existe variación o modificación o "adición" al alcance físico de la obra contratada. En efecto, lo que ocurre en estos casos es que simplemente, por una deficiente estimación de las cantidades de obra requeridas para ejecutar el objeto contractual (alcance físico de la obra) descrito en el mismo contrato, el presupuesto calculado para su ejecución resulta insuficiente y, por lo mismo, se hace necesario disponer de un mayor presupuesto para pagar el valor total y real de su ejecución”. (Subarayado fuera de texto)
En consecuencia dentro del presente asunto no se advierte que las obras derivadas del plan de choque fueran contrarias o diferentes al objeto previsto en la ejecución del objeto del contrato el cual se dirigía a “Realizar el diseño y las obras de mantenimiento de pista y plataforma en el Aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés”; la anterior conclusión se compadece de los probado en el proceso, pues, como dan cuenta los testimonios antes referidos, en la entrega y supervisión de las obras del Plan de Choque, que inicialmente fue atendida directamente la AEROCIVIL a través del área de mantenimiento del aeropuerto Rojas Pinilla, se conciliaron las cantidades de obra que se ejecutaron; obras y actividades que fueron ordenadas por la Aerocivil, avaladas por la Interventoría y recibidas por el aérea de mantenimiento del Aeropuerto Rojas Pinilla y que se ejecutaron en el marco del objeto del contrato y dando alcance al mismo como se señaló en el Comité de Seguridad del Aeropuerto de San Andres el día 22 de octubre de 2015, a partir del cual la AEROCIVIL estimó la pertinencia de ejecutar las obras en el marco del contrato, obras que no se puede perder de vista que fueron de manera primigenia pagadas con los recursos del contrato en comento y de cuyos pagos fueron avalados por la interventoría del contrato y la AEROCIVIL.
La conclusión antes referida no resulta ajena a lo expresado por el Tribunal en el fallo recurrido en la medida que en la parte motiva del fallo se dedicó un acápite al “…reconocimiento de perjuicios” en el cual se dijo:
“En este punto procede la Sala a determinar los valores a reconocer con ocasión a la ruptura del equilibrio económico e incumplimiento del contrato acreditado. así:
a) Del reconocimiento de actividades adicionales - Plan de choque
Teniendo en cuenta que los valores de las actividades y obras que fueron realizadas por este concepto fueron en su momento aprobadas y canceladas por la entidad contratante, las cuales se encuentran de forma detalladas en las actas recibo parcial No.1° a la 5° y 8° igualmente en el dictamen pericial allegado al plenario, es decir la suma total de mil ciento sesenta millones ochocientos diecinueve mil ciento setenta y seis pesos ($1.160.819.176)
(…)
La Sala tomará dicho valor como monto de reconocimiento por las actividades ejecutadas en el plan de choque; estas sumas deberán ser actualizadas con la finalidad de compensar la pérdida del poder adquisitivo de la moneda.”
Lo cual permite concluir, que si bien, en un aparte de la sentencia trascrita se señala la impertinencia del reconocimiento económico por las obras ejecutadas en el marco del plan de choque; en otro se estima su reconocimiento por las actividades ejecutadas por tal concepto, lo que resulta contradictorio para el Ministerio Público como efectivamente lo sostiene el apelante.
Por lo anterior y dado que para este Despacho las obras ejecutadas si corresponde al objeto del contrato, no se hace necesario la suscripción de un documento adicional para su reconocieron y pago en la medida que durante la ejecución del Contrato de Obra Pública No. 15000250-OK-2015 mediante las actas de recibo parciales No.1, 2, 3, 4, 5 y 8 se verifico sus ejecución y se advirtieron las cantidades ejecutadas, razón por la cual se estima procedente su reconocimiento y pago en el monto que señaló el Tribunal de ($1.160.819.176), valor que fue reconocido en las actas de interventoría que obran dentro del proceso y que deberá ser actualizado.
2.5. En cuanto a el reconocimiento del valor por mayor permanencia en obra.
Atendido los argumentos expuestos en el acápite precedente, el Ministerio Público considera oportuno precisar que en todos los eventos que puedan dar lugar a una alteración del equilibrio económico del contrato es indispensable, para que se abra paso el restablecimiento, la prueba del menoscabo y de que este es grave y que además no corresponde a un riesgo propio de la actividad que deba ser asumido por una de las partes contractuales. Aparte de lo anterior, para que prospere una pretensión de restablecimiento del equilibrio económico del contrato en virtud de cualquiera de las causas que pueden dar lugar a la alteración, es indispensable que el factor de oportunidad no la haga improcedente. Veamos:
El deber de restablecimiento del equilibrio económico se encuentra normativamente previsto en los numerales 3º y 8º del artículo 4º, en el numeral 1º del artículo 5º y en el artículo 27, todos de la Ley 80 de 1993, que respectivamente preceptúan:
“Artículo 4°. De los derechos y deberes de las entidades estatales. Para la consecución de los fines de que trata el artículo anterior, las entidades estatales:
(…)
3°. Solicitarán la actualización o la revisión de los precios cuando se produzcan fenómenos que alteren en su contra el equilibrio económico o financiero del contrato.
(…)
8°. Adoptarán las medidas necesarias para mantener durante el desarrollo y ejecución del contrato las condiciones técnicas, económicas y financieras existentes al momento de proponer en los casos en que se hubiere realizado licitación o concurso, o de contratar en los casos de contratación directa, Para ello utilizarán los mecanismos de ajuste y revisión de precios, acudirán a los procedimientos de revisión y corrección de tales mecanismos si fracasan los supuestos o hipótesis para la ejecución y pactarán intereses moratorios.
(…)
Artículo 5° De los derechos y deberes de los contratistas. Para la realización de los fines de que trata el artículo 30.de esta ley. Los contratistas:
1°. Tendrán derecho a recibir oportunamente la remuneración pactada y a que el valor intrínseco de la misma no se altere o modifique durante la vigencia del contrato.
En consecuencia tendrán derecho, previa solicitud, a que la administración les restablezca el equilibrio de la ecuación económica del contrato a un punto de no pérdida por la ocurrencia de situaciones imprevistas que no sean imputables a los contratistas, Si dicho equilibrio se rompe por incumplimiento de la entidad estatal, tendrá que restablecerse la ecuación surgida al momento del nacimiento del contrato.
(…)
Artículo 27. De la ecuación contractual. En los contratos estatales se mantendrá la igualdad o equivalencia entre derechos y obligaciones surgidos al momento de proponer o de contratar, según el caso. Si dicha igualdad o equivalencia se rompe por causas no imputables a quien resulte afectado, las partes adoptarán en el menor tiempo posible las medidas necesarias para su restablecimiento.
Para tales efectos, las partes suscribirán los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar, ajustando la cancelación a las disponibilidades de la apropiación de que trata el numeral 14 del artículo 25. En todo caso, las entidades deberán adoptar las medidas necesarias que aseguren la efectividad de estos pagos y reconocimientos al contratista en la misma o en la siguiente vigencia que se trate”. (Negrilla de la Delegada).
Ahora bien, en efecto, tanto el artículo 16 como el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 prevén que en los casos de alteración del equilibrio económico del contrato las partes pueden convenir lo necesario para restablecerlo, suscribiendo “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…”
Lo anterior significa que en situaciones o circunstancias que alteren o puedan alterar el equilibrio económico del contrato, y sobre tales las partes lleguen a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir tales acuerdos en razón de tales circunstancias es que deben presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes.
Sobre este tema, el Consejo de Estado se ha pronunciado señalando que es el principio de la buena fe el que se impone ante tales eventualidades, toda vez que como se sabe, la buena fe contractual, que es la objetiva, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia” (Se subrayado fuera de texto).
Sobre este aspecto, el Consejo de Estado señaló:
“(…)
En consecuencia, si las solicitudes, reclamaciones o salvedades fundadas en la alteración del equilibrio económico no se hacen al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., que por tal motivo se convinieren, cualquier solicitud, reclamación o pretensión ulterior es extemporánea, improcedente e impróspera por vulnerar el principio de la buena fe contractual.
(…)
No encuentra la Sala razonable que el contratista después de finalizado el contrato, por entrega total de la obra, pretenda censurar a la administración por prolongaciones en el plazo convenido, cuando estuvo de acuerdo con las mismas y en parte fue causante de aquellas. En ningún momento el contratista impugnó tales prórrogas y, si lo hizo, de ello no hay demostración alguna en el proceso. En cambio, si se infiere que con las prórrogas y ampliaciones las partes procuraron superar las dificultades que se presentaron, todo con el ánimo de obtener la ejecución del objeto contractual y de cumplir a cabalidad las obligaciones contractualmente adquiridas. De estas apreciaciones concluye la Sala que no hay lugar a aceptar el cumplimiento respecto del término del contrato planteado por el actor…”
(…)
“No se probó procesalmente que BENHUR, dentro del término de ejecución del contrato incurrió en sobrecostos superiores a los reconocidos por CEDENAR. Además la Sala destaca que BENHUR en ejercicio de su autonomía de la voluntad suscribió contratos adicionales de plazo en los cuales luego de la modificación de la cláusula original de PLAZO, convino con CEDENAR que las demás cláusulas del contrato, entre ellas el precio, permanecían incólumes” (subraya la sala).
No sólo no resulta jurídico sino que constituye una práctica malsana que violenta los deberes de corrección, claridad y lealtad negóciales guardar silencio respecto de reclamaciones económicas que tengan las partes al momento de celebrar contratos modificatorios o adicionales cuyo propósito precisamente es el de ajustar el acuerdo a la realidad fáctica, financiera y jurídica al momento de su realización, sorprendiendo luego o al culminar el contrato a la otra parte con una reclamación de esa índole. Recuérdese que la aplicación de la buena fe en materia negocial implica para las partes la observancia de una conducta enmarcada dentro del contexto de los deberes de corrección, claridad y recíproca lealtad que se deben los contratantes, para permitir la realización de los efectos finales buscados con el contrato...
(…) Por eso, durante el desarrollo de un contrato como el de obra, en el que pueden sobrevenir una serie de situaciones, hechos y circunstancias que impliquen adecuarlo a las nuevas exigencias y necesidades en interés público que se presenten y que inciden en las condiciones iniciales o en su precio, originados en cambios en las especificaciones, incorporación de nuevos ítems de obra, obras adicionales o nuevas, mayores costos no atribuibles al contratista que deban ser reconocidos y revisión o reajuste de precios no previstos, entre otros, la oportunidad para presentar reclamaciones económicas con ocasión de las mismas y para ser reconocidas es al tiempo de suscribir o celebrar el contrato modificatorio o adicional. Igualmente, cuando las partes determinen suspender el contrato deben definir las contraprestaciones económicas que para ellas represente esa situación, con el fin de precaver reclamaciones y la negativa al reconocimiento por parte de la entidad contratante, dado que en silencio de las partes ha de entenderse que las mismas no existen o no se presentan en caso de que éstas no las manifiesten en esa oportunidad.
(…)
Por consiguiente, la omisión o silencio en torno a las reclamaciones, reconocimientos, observaciones o salvedades por incumplimientos previos a la fecha de celebración de un contrato modificatorio, adicional o una suspensión tiene por efecto el finiquito de los asuntos pendientes para las partes, no siendo posible discutir posteriormente hechos anteriores (excepto por vicios en el consentimiento), toda vez que no es lícito a las partes venir contra sus propios actos, o sea “venire contra factum propium non valet”, que se sustenta en la buena fe que debe imperar en las relaciones jurídicas.”
La Subsección C de la Sección tercera de ésta Corporación también acoge dicha posición al señalar:
“Pues bien, la Sala entiende que el término adicional no pudo causar una mayor permanencia en la obra imputable a la entidad, por varias razones:
En primer lugar, porque este lapso fue objeto de un contrato donde las partes expresaron su voluntad sobre las condiciones en que se continuaría ejecutando la obra, de manera que siempre que se suscribe un contrato adicional la voluntad de las partes retorna a una posición de reequilibrio de las condiciones del nuevo negocio –como cuando se suscribió el contrato inicial-, porque tanto contratante como contratista tienen la posibilidad de suscribirlo o de abstenerse de hacerlo, y si ocurre lo primero, a continuación pueden establecer las nuevas condiciones del negocio.
(…)
Esto significa que es perfectamente posible modificar, de común acuerdo, en los contratos adicionales, los precios unitarios o globales del contrato a celebrar, bien para reducirlos o para incrementarlos, definición que cada parte valorará y seguramente concertará en función de los precios del mercado del momento. Claro está que si desde el negocio inicial el contratista se comprometió en alguna de sus cláusulas a mantener los precios, en caso de que se adicione el contrato, entonces la libertad de pacto se habrá empeñado desde esa ocasión, y a ella se atendrá la parte comprometida. En este mismo sentido ya ha expresado esta Sala que:
(…)
En conclusión, para que proceda el restablecimiento judicial de la ecuación financiera del contrato es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos:
1.- Que la ruptura de la ecuación financiera del contrato (menoscabo) sea de carácter GRAVE.
2. Que a través del medio probatorio idóneo se encuentre acreditada la relación entre la situación fáctica alegada como desequilibrante y la ruptura grave del equilibrio económico.
3. Que la situación fáctica alegada como desequilibrante no corresponda a un riesgo propio de la actividad que deba ser asumido por una de las partes contractuales.
4.- Que se realicen las solicitudes, reclamaciones o salvedades de los hechos generadores de la ruptura del equilibrio financiero, dentro de los criterios de oportunidad que atiendan al principio de buena fe objetiva o contractual, esto es que, una vez ocurrido tal hecho, se efectúen las solicitudes, reclamaciones o salvedades al momento de suscribir las suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc.
5. Que las solicitudes, reclamaciones o salvedades se realicen de manera específica y concreta en cuanto a su concepto, tiempo y valor. Es decir, no tienen validez las salvedades formuladas en forma general o abstracta.” (Subrayado fuera de texto)
Para abordar el asunto que nos ocupa en este acápite se debe partir que los estudios previos de la Licitación Pública No. 15000046-OL de 2015, respecto al cronograma de trabajo precisaron que:
“ALCANCE DEL PROYECTO45
(…)
Considerando que la operación del aeropuerto no puede ser suspendida, se comienda (sic) trabajar en tramos de 60 ml, comprendidos entre lámparas de borde de manera que una jornada de trabajo diaria sea aproximadamente de 8 horas, en coordinación con los Notams establecidos y/o que sean programados
(…).” (Subrayado fuera de texto)
De lo anterior se colige que el contratista tenía jornadas de trabajo diarias aproximadamente de 8 horas diarias para la ejecución de las obras contratadas en el plazo otorgado, pero aquella temporalidad dependía del NOTAM establecidos y/o programados por la entidad contratante, pues las operaciones aéreas no se podían detener en el aeropuerto Gustavo Rojas Pinilla de San Andrés por la ejecución de las obras en el marco del Contrato de Obra Pública No. 15000250-OK-2015.
Se debe ilustrar que el NOTAM es el acrónimo de Notice To Airmen, que hace referencia a los boletines emitidos por las autoridades aeronáuticas para informar a los pilotos de los posibles cambios o restricciones en los aeropuertos, de los procedimientos o de eventos a lo largo de una ruta.
Al respeto se debe decir que el reproche que cierne el recurrente en la apelación se deriva del stand by en la ejecución de la obra, que se derivado del NOTAM que redujo la jornada de 8 horas diarias para la ejecución de las obras contratadas; en consecuencia, el Contrato de Obra Pública Nº. 15000250-OK-2015 fue objeto de 3 prórrogas y una suspensión; las 3 prórrogas efectuadas, fueron como consecuencia de la reducción en el tiempo que se debía utilizar para la ejecución de las obras derivada de la reducción del NOTAM, el cual debía ser coordinado entre el contratista y la AEROCIVIL para la ejecución de las obras.
Fue así como el acta de modificación No. 1. de fecha 13 de febrero de 2017 se incrementó el plazo de ejecución del contrato por 75 días calendario, entre otras, por la restricción en tiempo de trabajo determinado por los horarios del tráfico aéreo.
En el acta de modificación No. 2 del 17 de febrero de 2017, se aumenta el plazo de ejecución del contrato por 40 días calendario, como quiera que a partir del mes de enero se vio reducido en tiempo total por jornada de trabajo por la modificación del NOTAM pasando de 7 horas 45 minutos a jornadas variables entre 5horas y 3horas 45 minutos.
En el acta modificatoria No. 3 del 25 de abril de 2017, se aumentó el plazo de ejecución del contrato por 25 días calendario, como quiera que el consorcio contratista solicitó la prórroga del contrato en 30 días en atención a los reducidos tiempos de NOTAM concertados con las aerolíneas, requerimiento que a su vez fue apoyado por la interventoría mediante oficio CA-1-15000301-0146-17 del 18 de abril de 2017, donde expone que el actual NOTAM acordado con las aerolíneas permite un tiempo para la culminación total de las actividades del contrato en 33 días.
A su vez se debe destacar que la suspensión de la cual fue objeto el contrato por el término de 30 días calendario, del 24 de marzo de 2017 al 24 de abril de 2017, se sustentó en la imposibilidad física para ejecutar las actividades contractuales pendientes conforme al cronograma establecido, debido a que las autoridades aeroportuarias por la temporada de semana santa establecieron que el NOTAM será por un horario menor al autorizado inicialmente, lo cual redujo el horario en el cual el contratista podía ejecutar las labores contratadas en el aeropuerto.
De lo anterior se extrae y de acuerdo a lo probado en sede primera instancia que, las prórrogas de las cuales fue objeto el Contrato de Obra Pública No. 15000250-OK-2015 fueron como consecuencia de la reducción que sufrió el contrato en las horas o jornadas de trabajo en las cuales el contratista podía ejecutar las actividades derivadas del contrato de obra, pues a través de las modificación se amplió el plazo de ejecución para una mayor permanencia de obra; esa mayor permanencia en la obra no era un hechos desconocido pues desde los estudios previo sabía que las 8 horas aproximadamente que diariamente tenía para la ejecución de las obras dependían directamente del NOTAM establecidos y/o programados por la entidad contratante, lo cual de ninguna manera era un hecho desconocido o sobreviniente, por el contrario, era un riegos propio de la ejecución del contrato que el [NOMBRE TACHADO] 2016 asumió al suscribir el contrato y el cual fue compensado por el entidad contratante a través de las modificación que en adición al plazo se suscribieron en el marco del contrato.
El stand by era un riesgo conocido y asumido por el contratista en el marco de ejecución del contrato, pues si bien la reducción de las horas de ejecución de las actividades derivadas del NOTAM pudieron alterar el equilibrio económico del contrato, y sobre tales circunstancias las partes llegaron a un acuerdo a través de los actos modificatorios ya referidos y al momento de suscribir tales acuerdos no se efectuó ninguna solicitud, reclamación o salvedad dirigida a exigir un reconocimiento económico por tal circunstancias; en consecuencia la ausencia de tal pedimento en los actos modificatorios impide que se realice un reconocimiento en sede judicial atendido los lineamientos jurisprudenciales antes referidos, pues las salvedades en los actos contractuales deben ser expresos y son el soporte de su reconocimiento ante la jurisdicción.
Por tanto, lo cierto es que, dentro de las modificaciones del contrato el [NOMBRE TACHADO] 2016 nada exigió respecto al reconocimiento económico por el stand by derivado del NOTAM establecidos y/o programados por la entidad contratante, pues del texto de las modificaciones no se aprecia un pedimento del contratista con tal propósito lo cual hace improcedente el reconocimiento. Por el contrario se aprecia que en los actos modificatorios el contratista se encontraba conforme con lo acordado, pues en aquellos documentos de manera expresa, no se indica ningún reclamo hacia la entidad contratante; al respecto en el numeral 3 del Acta de Modificación 01 las partes acordaron “El Contratista de obra no realizara (sic) ninguna reclamación a la entidad, sobre el contrato que se modifica mediante esta acta en sus cantidades, plazo e ítems, incluyendo lucro cesante y/o daño emergente y/o mayor permanencia de equipos en el sitio de obra.”; en el Acta Modificatoria No. 2, en el cual también se prorrogó el plazo del contrato en el numeral octavo “El contratista reconoce y manifiesta que las estipulaciones contenidas en el presente acto modificatorio y prórroga, que se encuentran pactados conforme al alcance económico y técnico previsto y propuesto, y en consecuencia renuncia expresamente a cualquier reclamación por desequilibrio económico, solicitud de revisión económica del contrato o ajustes en el valor derivados del presente acto modificatorio.”; y en el acta Modificatoria No. 3 suscrita el 25 de abril de 2017 en la cláusula sexta se dijo “EL CONTRATISTA reconoce y manifiesta que las estipulaciones contenidas en el presente acto de prórroga se encuentran pactados (sic) conforme al alcance económico y técnico previsto y propuesto y, en consecuencia, renuncia expresamente a cualquier reclamación por desequilibrio económico, solicitud de revisión económica del contrato o ajustes en el valor del mismo o similar, derivados de la presente prórroga del plazo contractual.”, por lo anterior no se cumplió el factor de oportunidad para el reconocimiento pretendido por el actor respecto a los valores en los cuales incurrió por mayor permanencia en obras, condición necesaria para proceder a restablecer el equilibrio del contrato.
Finalmente, para el Ministerio Público, el argumento del apelante en el sentido de expresar que su renuncia a formular reclamos futuros no se debe interpretar como un acto definitivo, resulta insostenible y acomodado a los intereses del apelante, pues aquel adolece de elementos probatorio que permitan arribar a tal conclusión ya que durante la ejecución del contrato nada diferente expreso al respecto, todo lo contrario, lo que del plenario se extrae es una renuncia expresa, clara e inequívoca al inicio de cualquier acción por desequilibrio económico del contrato, como se señaló en el párrafo precedente, lo cual por su misma claridad no necesita ser interpretado en manera alguna, sino que debe estarse al tenor literal de lo aseverado y aceptado expresamente por el contratante en atención al elemental principio de la buena fe contractual.
2.6. De las actividades de conformación ejecutadas
De acuerdo con lo probado en el plenario es evidente que durante la ejecución del contrato se llevaron a cabo actividades de conformación de algunas zonas, lugar en el cual se dispuso inicialmente el material fresado, asimismo se logró advertir que en las zonas de conformación ubicada en la cabecera de la pista el [NOMBRE TACHADO] 2016 instaló su campamento donde instalo la maquinaria para la ejecución de las obras derivadas del Contrato de Obra Pública Nº. 15000250-OK-2015.
Esta Delegada comparte el fallo de primera instancia, estima que el reconocimiento de esas actividades resulta improcedente pues sobre aquellas no se realizó ningún pedimento a través de un acto contractual, o mediante actas o en los documentos que modificaron el plazo del contrato, pues en dichos documentos nada se advierte respecto al reconocimiento de las obras que reclama el actor como de conformación; es evidente que si bien existe evidencia de la ejecución de las dichas actividades, durante la ejecución del contrato no se realizó solicitud dirigida al reconocimiento y pago de tales obras , razón por la cual no se considera procedente ningún reconocimiento, además que sobre las actividades de conformación, como bien lo señala el fallo impugnado no se encuentra un soporte escrito de parte de la entidad demandada ordenando esas obras.
3. CONCEPTO
Con base en todo lo anterior, la Procuraduria Delegada de Intervencion 9: Cuarta ante el Consejo de Estado solicita que la Sentencia de fecha 23 de marzo de 2023, del Tribunal Administrativo del Departamento Archipiélago de San Andres, Providencia y Santa Catalina, debe ser MODIFICADA en el sentido de reconocer al [NOMBRE TACHADO] 2016 en el marco de la liquidación judicial, las actividades ejecutadas en el marco del plan de choque que fuera concebido por la AEROCIVIL a partir del Comité de Seguridad del Aeropuerto de San Andres el día 22 de octubre de 2015, de conformidad con las consideraciones expuestas en la parte motiva del presente concepto.
De la Honorable Magistrado,
CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA
Procurador Delegado de Intervencion 9: Cuarto ante el Consejo de Estado