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Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

CONTRATO ESTATAL: la supervisión es entendida como la vigilancia permanente ejercida por sus funcionarios

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Fecha
2022-12-23
Radicado
D 2017-945674
Sección / Sala
PROCURADURIA PROVINCIAL DE INSTRUCCION IBAGUE
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202303140824240.DOCX

Síntesis del concepto

CONTRATO ESTATAL: la supervisión es entendida como la vigilancia permanente ejercida por sus funcionarios

Regla de decisión

La supervisión es entendida como la vigilancia permanente ejercida por sus funcionarios, de todos los aspectos relacionados con el contrato estatal, que no sólo se predica de la ejecución de las obligaciones contractuales en la forma acordada, sino también de las etapas precontractual y post contractual.

Ratio decidendi: la razón que sostiene la decisión, no los obiter dicta del documento.

Fundamentos

  • Ley 1474 de 2011
  • Ley 1952 de 2019
  • Ley 2094 de 2021, art. 38

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

En resumen

CONTRATO ESTATAL-Supervisión según la normatividad vigente De esta manera, la supervisión es entendida como la vigilancia permanente ejercida por sus funcionarios, de todos los aspectos relacionados con el contrato estatal, que no sólo se predica de la ejecución de las obligaciones contractuales en la forma acordada, sino también de las etapas precontractual y post contractual. Mediante auto del 11 de mayo de 20173, la Procuraduría Provincial de Ibagué, ordenó la remisión de las diligencias a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, conforme a lo previsto en la Resolución 108 de 4 de abril de 2017 del Procurador General de la Nación. Realizar las visitas técnicas solicitadas a los escenarios deportivos del IMDRI y emitir concepto sobre el estado físico y proyección de obras; Rendir un informe mensual de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato ante el supervisor.

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Texto del documento 35.046 caracteres
ARCHIVO DEFINITIVO-A favor de la directora administrativa, financiera y técnica del instituto municipal para el deporte y la recreación IMDRI por presuntas irregularidades en la celebración de contratos de prestación de servicios para ejercer la función de supervisión de un contrato de consultoría CONTRATO ESTATAL-Interventoría CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS-Marco legal CONTRATO ESTATAL-Supervisión según la normatividad vigente Por otra parte, la supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados” (Párrafo 2 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011). De esta manera, la supervisión es entendida como la vigilancia permanente ejercida por sus funcionarios, de todos los aspectos relacionados con el contrato estatal, que no sólo se predica de la ejecución de las obligaciones contractuales en la forma acordada, sino también de las etapas precontractual y post contractual. Dependencia: Radicación # Disciplinado y/o investigado Cargo y Entidad Quejoso Fecha Queja Fecha hechos Asunto Procuraduría Provincial de Ibagué IUC-D-2017-945674 IUS E- 2017-526817 [NOMBRE TACHADO] Directora Administrativa, Financiera, Técnica del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué-Tolima. De Oficio 26-01-2017 20-01-2014 Auto de evaluación de la investigación disciplinaria (artículo 221 Ley 1952 de 2019) Ibagué, diciembre veintitrés (23) de dos mil veintidós (2022). I.- Asunto a tratar Al Despacho las diligencias para la evaluación de que trata el artículo 221 de la ley 1952 de 2019 modificado por la ley 2094 de 2021, artículo 38. II.- Antecedentes Dio origen a la presente investigación, la remisión de copias ordenadas por el Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal, dentro del expediente radicado IUS-2013-396482 IUC-D-2014-87-655828 de 20 de diciembre de 20161, cuya parte resolutiva ordenó compulsar copias de los estudios previos de los contratos No. 021 y 034 de 2014 suscritos por la señora [NOMBRE TACHADO], Directora Administrativa, Financiera y Técnica del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación IMDRI, toda vez que a través de contratos de prestación de servicios se pretendió llevar a cabo una función de supervisión respecto del contrato de consultoría 237 de 2014. Mediante auto del 27 de marzo de 20172, la Procuraduría Provincial de Ibagué ordenó la apertura de indagación preliminar contra [NOMBRE TACHADO], en su condición de Directora Administrativa Financiera y Técnica del IMDRI, en los términos del artículo 1 Folios 2 a 41 2 Folio 42 150 de la Ley 734 de 2002, ordenando la práctica de pruebas pertinentes y útiles para la verificación de los hechos. Mediante auto del 11 de mayo de 20173, la Procuraduría Provincial de Ibagué, ordenó la remisión de las diligencias a la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, conforme a lo previsto en la Resolución 108 de 4 de abril de 2017 del Procurador General de la Nación. En auto del 22 de agosto de 2018, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal, ordenó la apertura de investigación disciplinaria en contra de la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Directora Administrativa, Financiera y Técnica del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación – IMDRI, con el fin de determinar si a través de los estudios previos de los contratos No. 021 y 034 de 2014 así como de las obligaciones previstas en los citados contratos de prestación de servicios se pretendió llevar a cabo una función de supervisión4. La investigación disciplinaria se prorrogó por auto del 25 de septiembre de 2019 con el fin de recaudar pruebas necesarias dentro del plenario.5 Las diligencias fueron remitidas en octubre 19 de 2022 por competencia a esta Procuraduría Provincial de Instrucción por parte de la Procuraduría Delegada Disciplinaria de Instrucción 6: Primera para la Contratación Estatal6, en cumplimiento de lo dispuesto en auto de la misma dependencia de octubre 11 de 20227. Mediante auto de octubre 25 de 20228, dispuso esta Provincial el cierre de investigación y ordenó dar traslado a los sujetos procesales para que presentaran alegatos precalificatorios conforme al artículo 220 de la Ley 1952 de 2019. Pruebas Oficio 2055 del 24 de septiembre de 2018 mediante el cual Maria Cielo Giraldo García Directora Administrativa, Financiera y Técnica del Instituto Municipal para el Deporte y 3 Folio 48 4 Folios 51 a 54 5 Folios 64 a 66 6 Fl. 131 7 Fls. 122 a 130 8 Fls. 133 y 134 la Recreación – IMDRI, allega copia de los actos de nombramiento y posesión, salarios, manual de funciones, hoja de vida y demás documentos inherentes a su vinculación con el IMDRI, y documentos relacionados con el contrato 034 de 2014, copia del acta de inspección CTI Ibagué9. Constancia de visita al expediente IUS-2015-184865, IUC-D-2015-87-771959, mediante la cual se allega información pertinente al contrato 021 de 2014 suscrito por el IMDRI y Mauricio Campos del Cairo, se allega cd, del cual se imprimieron piezas procesales pertinentes (contrato, estudios previos CDP, CRP, hoja de vida, pagos, informes de actividades.10 Hechos y actuación procesal Los hechos que dieron origen a la presente investigación disciplinaria en contra de la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Directora Administrativa, Financiera y Técnica del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación – IMDRI, se circunscriben a determinar si a través de los estudios previos de los contratos No. 021 y 034 de 2014 así como de las obligaciones previstas en los citados contratos de prestación de servicios se pretendió llevar a cabo una función de supervisión. La Procuraría Delegada Disciplinaria de Instrucción 6 Primera para la Contratación Estatal, considero “que la remisión efectuada por la Procuraduría Provincial de Ibagué, basada en la Resolución 108 del 4 de abril de 2017, en donde se asigna como funcionario especial al Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal, “para conocer de todos los procesos relacionados con los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Para Nacionales y que guardan relación con el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué IMDRI…” no procede para el presente disciplinario conforme a las siguientes premisas: Señala la remisión por competencia que la Resolución 108 del 4 de abril de 2017 del Procurador General de la Nación, en la que se le asigna competencia a esa Delegada es para conocer de todos los expedientes relacionados con las investigaciones de los XX Juegos Deportivos Nacionales y IV Para Nacionales, sin embargo, dicha resolución no obra en el expediente. 9 Folios 58 a 63 - (2) cd 10 Folios 70 a 115 Que realizada la búsqueda de la señalada Resolución 108 de 2017 con la Secretaria General de la Entidad, puede observarse que el radicado IUS E-2017-526817 IUC-D- 2017-945674, correspondiente al presente disciplinario no se encuentra en la relación de expedientes asignados como funcionario especial a esa Delegada. En segundo lugar, indica que las asignaciones que se hicieron para esa vigencia mediante la Resolución 108 de 2017, no tenían alcance para tramitar hechos conexos, la asignación efectuada se realizó para conocer de los procesos asignados. Así mismo, cuando se revisó el informe de empalme entregado por el saliente Procurador Primero Delegado para la Contratación Estatal Dr. [NOMBRE TACHADO] a la Dra. [NOMBRE TACHADO], el cual contiene el anexo de los expedientes con asignación de funcionario especial que fueron reportados en enero de 2021 a la secretaria privada, tampoco aparece este proceso con asignación de funcionario especial. Consideran claro, que las presuntas irregularidades que apuntan a determinar si a través de los estudios previos de los contratos No. 021 y 034 de 2014 así como de las obligaciones previstas en los citados contratos de prestación de servicios se pretendió llevar a cabo una función de supervisión, y que mediante auto de investigación disciplinaria de fecha 22 de agosto de 2018 se vinculó a la funcionaria [NOMBRE TACHADO] en su condición de Directora Administrativa, Financiera y Técnica del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación – IMDRI, esa Delegada no era competente para continuar con la investigación disciplinaria en atención a la calidad del sujeto investigado, ya que la funcionaria corresponde al nivel municipal, razón por la cual, es esta Procuraduría Provincial de Ibagué con funciones de instrucción disciplinaria la competente para conocer del mismo. En atención a lo anterior, le corresponde a la Procuraduría Provincial de Ibagué con funciones de instrucción continuar con la presente investigación tendiente a investigar la presunta responsabilidad de la funcionaria municipal acorde con lo establecido en el Código General Disciplinario en concordancia con el artículo 22 del decreto 1851 de 2021 que modificó el artículo 76 del Decreto Ley 262 de 2000. Ahora bien, aunque esa Delegada asumió el conocimiento del presente asunto; sin embargo, no se dan las causales de nulidad que indica el artículo 202 de la ley 1952 del 2019, toda vez que la causal de falta de competencia se predica por proferir el fallo de instancia, lo cual no aconteció en la presente cuerda procesal. Cumplidos los presupuestos del artículo 220 del Código General Disciplinario, el 25- 10-2022, se suscribió auto de cierre de investigación y traslado para alegatos precalificatorios11, el cual fue comunicado por el correo electrónico y por la empresa de correos 472 12 , el cual fue recibido el 27-10-2022, como consta en la constancia de entrega13, empezando a correr el termino de los cinco días hábiles para que se entienda surtida la comunicación14. El 04-11-2022, se suscribió constancia secretarial15, en la cual se venció el término para que se entienda recibida la comunicación por parte del disciplinado y se le corrió el término de tres (3) días para que compareciera a notificarse hasta el 09-11- 2022, y el 10-11-2022 se venció el termino para notificarse personalmente, sin que lo hiciera16, por lo cual paso a la notificación supletoria por estado No. 054 del 10-11- 202217, la cual fue fijada en la página de la Procuraduría General de la Nación en el link notificaciones y en la cartelera de la P. P. de I. de Ibagué por el término de un ( 1 ) día hábil18, además de enviar la comunicación de la fijación del estado al correo electrónico de la disciplinada en la misma fecha. El 28-11-2022 se deja certificación secretarial del vencimiento del término para presentar alegatos previos a la evaluación de la investigación, haciendo constar que no se presentaron. 19 V.- Identificación de los investigados La persona vinculada formalmente a la presente investigación disciplinaria es: [NOMBRE TACHADO], identificada con la C.C. No. [IDENTIFICACIÓN TACHADA], nombrada mediante resolución No. 034 del 31-01-13 como Directora Administrativa Financiera y Técnica del IMDRI como consta en certificación de 201420 y posesionada en la misma fecha, residenciada en Carrera 3 No. 77ª-53 Barrio Atolsure de la ciudad de Ibagué-Tolima, 11 Folios 133,134 12 Folios 135 a 138 13 Folio 139 14 Folio 140 15 Foliol.141 16 Folio. 142 17 Folio. 144 18 Folio 145 19 Folio 149 20 Folio 63 C.D. correo electrónico [CORREO TACHADO], con un salario mensual para la vigencia 2014 de $2.505.783. VI.-Requisitos para formular cargos De acuerdo a lo establecido en el artículo 222 de la ley 1952 de 2019, es procedente formular cargos cuando esté objetivamente demostrada la falta, esto es que el comportamiento denunciado e imputado sea típico, y exista prueba que comprometa la responsabilidad del investigado; requisitos que debe constatar el Despacho se cumplan en este caso a efecto de determinar si se imputa o no reproche a la investigada [NOMBRE TACHADO], en su condición de Directora Administrativa Financiera y Técnica del IMDRI del municipio de Ibagué-Tolima. VII- Consideraciones del despacho Como se consignó al iniciar el presente proveído, necesario es entrar a evaluar la investigación disciplinaria de conformidad con el artículo 221 de la Ley 952 de 2019, modificada por la ley 2094 de 2021 a través de una de las dos únicas alternativas legalmente establecidas, es decir, bien elevando cargos u ordenando el archivo de la actuación. El problema jurídico por dilucidar es si la señora [NOMBRE TACHADO], en su condición de Directora Administrativa, Financiera y Técnica del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación – IMDRI, a través de los estudios previos de los contratos No. 021 y 034 de 2014 así como de las obligaciones previstas en los citados contratos de prestación de servicios se pretendió llevar a cabo una función de supervisión. En el expediente obran los estudios previos del contrato N0. 021 de 201421, suscritos por [NOMBRE TACHADO] en su condición de Directora Administrativa, Financiera y Técnica del IMDRI, el 20-01-2014 , donde en la descripción del objeto y contrato a celebrar se consignó:“ Contrato de prestación de servicios profesionales de un ingeniero civil -arquitecto para realizar el seguimiento y verificar el desarrollo de las actividades enmarcadas en el contrato de estudios y diseños para los escenarios deportivos sede para los XX juegos deportivos nacionales y IV para-nacionales, que se encuentren a cargo del Instituto municipal para el deporte y la recreación de Ibagué IMDRI22. 21 Folios 72 a 7 22 Folio 73 En cuanto a las obligaciones del contratista se dijo: “1 Cumplir con la verificación de los diseños de los escenarios deportivos para los XX juegos deportivos Nacionales y para nacionales suscritos con el Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué IMDRI, para las adecuaciones de los escenarios deportivos del municipio de Ibagué; 2 Verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de las áreas deportivas de cada una de las disciplinas a realizarse en los escenarios deportivos a cargo del IMDRI; Realizar las visitas técnicas solicitadas a los escenarios deportivos del IMDRI y emitir concepto sobre el estado físico y proyección de obras; Rendir un informe mensual de las actividades realizadas durante la ejecución del contrato ante el supervisor. Suministrar toda la información requerida por el supervisor del contrato; Atender con prontitud y resolver con eficacia cualquier consulta de las comunidades beneficiarias del programa, relacionadas con la correcta interpretación del cronograma de actividades o las especificaciones técnicas durante la ejecución las adecuaciones de los escenarios deportivos. Hacer parte del comité evaluador de los contratos de obra. Ejercer y realizar la supervisión de los contratos de obra; Cumplir con lo ordenado en el decreto 1069 del 19-12-2006 por medio del cual se estableció el Código de Ética y Valores de la Alcaldía de Ibagué…” Como se observa, el contrato celebrado fue de prestación de servicios profesionales, situación que se creería no estaría acorde con lo exigido por la ley, pues se entendería del texto legal que sólo sería viable celebrar contratos de prestación de servicios de apoyo a la gestión y no contratos de prestación de servicios profesionales, para “apoyar al supervisor”23, lo cual no es cierto, pues la norma lo que determina es que para la supervisión la entidad puede contratar personal de apoyo a través de contratos de prestación de servicios, que bien pueden ser apoyo a la gestión o profesionales, como lo ha dejado claro el Departamento Administrativo de la Función Pública: “De acuerdo con la anterior norma, la supervisión la realizará directamente la entidad estatal a través de sus empleados, cuando no requiera conocimientos especializados. No obstante, cuando lo amerite el respectivo caso, podrá 23 L. 1474-2011“ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos. contratar personal de apoyo, para que le brinde el soporte requerido al Supervisor del contrato a través de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión con el objeto de realizar adecuadamente su labor de supervisión que en todo caso estará a cargo del Supervisor respectivo”24. Si bien la supervisión por regla general, como una función propia de cada entidad contratante, debe ser atendida por el personal de planta de la entidad, excepcionalmente, en armonía con lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, puede ser designada a contratista de prestación de servicios, cuando está probada la insuficiencia de personal y existe evidencia de la sobreasignación de carga laboral y de supervisiones en los funcionarios idóneos para vigilar los objetos contratados por la entidad. El artículo 83 establece, como ya lo vimos, que “para la supervisión la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.”. Este texto debe ser leído en armonía con el artículo 44 de la Ley 1474 de 2011, que al modificar el artículo 53 de la Ley 734 de 2002, en cuanto a los sujetos disciplinables, estableció con claridad diáfana, lo siguiente: “El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría o supervisión (…).” Es importante resaltar que el artículo 53 de la Ley 734 de 2011, establecía: “Artículo 53. Sujetos disciplinables. (…) El presente régimen se aplica a los particulares que cumplan labores de interventoría en los contratos estatales;” En la Ley 1474 de 2011 el Legislador tuvo, entre sus propósitos suplir el gran vacío existente en la normatividad respecto de la vigilancia contractual y las debilidades en el control y seguimiento del Estado sobre la ejecución contractual. Reconoce la exposición de motivos de esta Ley, que hasta ese momento, el país carecía de un referente legal en materia de supervisión e interventoría, siendo indispensable alinderar y fortalecer estas figuras. En relación con lo anterior, en el concepto C-344 de 2020 Colombia Compra Eficiente hizo un análisis del proyecto de ley que se convirtió en la Ley 1474 de 2011, así: 24 Concepto con Radicado No.: 20216000024831, Fecha: 22/01/2021 “(…) inicialmente, establecía que «la supervisión de los contratos ser[ía] ejercida por un funcionario de la misma entidad estatal, o por un contratista de prestación de servicios profesionales […]». Sin embargo, también lo es que esa postura fue modificada para el segundo debate legislativo11, en donde se estableció que «la supervisión de los contratos ser[ía] ejercida por un funcionario de la misma entidad estatal». Incluso, la versión que finalmente se aprobó en cuarto debate12 y en la ponencia registrada para tercer debate13 en donde se estableció que «la supervisión delos contratos ser[ía] ejercida por un funcionario de la misma entidad estatal». Incluso, la versión que finalmente se aprobó en cuarto debate14, que fue acogida por ambas cámaras legislativas luego del correspondiente trámite de conciliación15, era del siguiente tenor: «la supervisión consistirá en el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato esejercida por la misma entidad estatal […]». Nótese que el legislador acogió, finalmente, la noción «entidad estatal», sin hacer referencia a los funcionarios de la entidad o a loscontratistas. La expresión «entidad estatal» podría dar a entender que la supervisión puede ser ejercida por funcionarios y contratistas, como inicialmente se presentó en la iniciativa legislativa, en el entendido de que las entidades, por regla general, se apoyan en los unos y los otros para el cumplimiento de sus funciones.” Negrilla y subrayado fuera del textooriginal El viraje del legislador durante el trámite del proyecto de Ley que terminó con la Ley 1474 de 2011, es armónico con una realidad evidente de gran parte de las entidades del Estado colombiano, cual es la insuficiencia de personal de planta para atender la totalidad de los asuntos a cargo, en contraste con la necesidad de garantizar la calidad de la vigilancia contractual. En consecuencia, el legislador reconoce de manera expresa (artículo 44 L. 1474/2011) que la supervisión se puede desarrollar a través de particulares y por ello amplía el ámbito de responsabilidad disciplinaria, indicando que son sujetos disciplinables no sólo los particulares que ejercen interventoría, como lo disponía el artículo 53 de la Ley 734 de 2002, sino también los particulares que ejercen supervisión. Así las cosas, en armonía con el artículo 44 de la Ley 1474 de 2001, se debe leer el artículo 83 cuando indica que “Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.”; al decir “para la supervisión” está indicando que la contratación mediante prestación de servicios a la que se refiere ese artículo es para esta tarea, y en virtud de ello, es que el artículo 44 establece que los particulares que se contraten para la supervisión son disciplinables. Ahora bien, insistimos que la posibilidad de que para la supervisión la entidad suscriba contratos de prestación de servicios, está limitada a que se encuentre debidamente evidenciada la insuficiencia de personal de planta. Como ya se ha mencionado, esta posición está fundamentada en la necesidad de garantizar la efectividad de la función de vigilancia contractual, directamente ligada con la efectividad de la gestión contractual y la consecución de los fines del Estado, los cuales se ponen en riesgo cuando existe una sobreasignación que genera imposibilidad física de vigilar cada uno de los contratos supervisados con los parámetros y estándares que exige el Estatuto Anticorrupción. Así lo destaca la Procuraduría General de la Nación, al establecer: “Las actividades de la supervisión e interventoría gozan de tal importancia, que no son un simple requisito formal que se agota con la contratación del interventor o la designación o contratación del supervisor, implican un ejercicio directo, efectivo y constante de control sobre las ejecuciones del contratista en los aspectos definidos. Tal relevancia es ratificada en la normatividad imperante, atendiendo las responsabilidades que adquiere el supervisor o interventor, al punto de ser responsables por el cumplimiento del contrato, así como de los hechos y omisiones de los que sean responsables en los términos del artículo 82 de la Ley 1474 de 2011 (…)” Negrilla ysubrayado fuera del texto original Así las cosas, la responsabilidad de vigilar de manera eficaz la ejecución idónea y oportuna del objeto contractual es de la Entidad Estatal y para ejercer este deber puede: Ejercer la supervisión con personal de planta, siempre y cuando éste sea suficiente. Al respecto, indica la Agencia Colombia Compra Eficiente que “la Entidad Estatal debe realizar un análisis de la carga operativa de quien va a ser designado supervisor, para no incurrir en los riesgos derivados de una supervisión inadecuada por falta de tiempo”. Ejercer el seguimiento contractual, a través de particulares, mediante vinculación contractual. Este supuesto se puede presentar en dos situaciones: Interventoría. Cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen (artículo 84 Ley 1474 de 2011) Supervisión mediante contratista. Cuando esté debidamente probado y suficientemente soportado que la entidad estatal no puede ejercer la supervisióncon personal de planta. En este último supuesto debe quedar claro que la actividad no es permanente sino sujeta a un ámbito de temporalidad dado por el plazo de los contratos vigilados. Al respecto, cobra especial relevancia la Circular 21 del 30 de diciembre de 2016 de la Procuraduría General de la Nación -PGN-, en la que se indica que: “Las actividades de la supervisión e interventoría gozan de tal importancia, que no son un simple requisito formal que se· agota con la contratación del interventor o la designación o contratación del supervisor, implican un ejercicio directo, efectivo y constante de control sobre las ejecuciones del contratista en los aspectos definidos” (Subrayado fuera del texto) Ahora bien, es preciso mencionar que la misma circular 21 expresa lo siguiente en un párrafo anterior al citado: “En los términos de la normatividad vigente, es obligación de toda entidad pública que suscribe un contrato, que la ejecución del mismo sea verificada por un supervisor o interventor, según corresponda a la complejidad de las actividades contratadas, lo cual, en el caso de la supervisión podrá hacerlo con recurso humano de la misma entidad, siempre observando los perfiles funcionales de los distintos aspectos a verificar, o en caso de que no cuente con recurso humano suficiente, con empresas que provean los mismos, conforme lo indican las normas reglamentarias de la contratación.” (Subrayadofuera del texto) Frente a lo anterior es posible colegir que la misma PGN reconoce como una posibilidad legalmente viable la contratación para la supervisión contractual, siempre que se haga “conforme lo indican las normas reglamentarias de la contratación” (Circular 21 de 2016 PGN). Entre las normas que regulan la contratación en Colombia están el numeral 3 del artículo 32 de la Ley 80 de 1993, que en concordancia con el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015, habilitan el contrato de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas, como una herramienta que tiene la administración para suplir sus necesidades, siempre que esté evidenciado que no puede hacerlo con personal de planta. Si bien, la circular en comento habla de la posibilidad de suplir la necesidad de supervisión con empresas que provean los perfiles funcionales necesarios para esta labor, esta no es una disposición que esté contenida ni en la ley, ni en el reglamento. Por el contrario, el artículo 2.2.1.2.1.4.9 del Decreto 1082 de 2015 establece que las entidades estatales pueden suscribir contratos de prestación de servicios profesionales (…) con la persona natural o jurídica que esté en capacidad de ejecutar el objeto del contrato, siempre y cuando la Entidad Estatal verifique la idoneidad o experiencia requerida y relacionada con el área de que se trate (…)”. Así las cosas, con los elementos normativos y jurisprudenciales analizados hasta ahora, se concluye que las entidades estatales están habilitadas legalmente para suscribir contratos de prestación de servicios a fin de suplir la necesidad de vigilancia contractual, mediante la supervisión de acuerdo con la Evolución de la posición jurídica de la Agencia Nacional de Contratación Pública –Colombia Compra Eficiente– y la Procuraduría General de la Nación en relación con la posibilidad de suplir la necesidad de vigilancia contractual través de la suscripción de contratos de prestación de servicios, siempre y cuando, se cumplan los siguientes requisitos: Que esté debidamente justificado, evidenciado y soportado que la supervisión de los contratos de la entidad no se puede ejercer con personal de planta, y la temporalidad. Digamos de otro lado, que las actividades planteadas en los estudios previos, como en el contrato No.021 de 2014, no se puede afirmar que las actividades para las que fue contratado el señor Mauricio Campos del Cairo fueran precisamente las de un supervisor, pues analizando una a una las obligaciones contractuales, las mismas serían en comienzo solo de tipo técnico, una de las áreas de la supervisión, pero no se le asignaron obligaciones que implicaran temas jurídicos, financieros, contables y dos obligaciones que podríamos tener como de carácter administrativo, pero que no eran el realizar la supervisión en la parte administrativa del contrato. Por lo tanto, se estima por parte de esta Provincial de Instrucción que de lo estudios previos del contrato No.021 de 2014 y de la minuta del contrato, no se puede deducir que se pretendiera por parte de la señora Celis, realizar estudios previos para un contrato de supervisión. En cuanto al contrato No. 034 de 2014 celebrado el 20-01-2014entre el IMDRI y el señor [NOMBRE TACHADO], el cual, fue un contrato de apoyo a la gestión, cuyo objeto fue “la contratación de un tecnólogo en dibujo arquitectónico e ingeniería, con conocimiento en obras civiles para realizar acompañamiento a las actividades propias y relacionadas con la infraestructura deportiva en cuanto a diagnóstico, adecuación, remodelación y construcción de escenarios deportivos para la realización de los XX juegos deportivos nacionales y IV para nacionales 2015 a celebrarse en la ciudad de Ibagué.” Las obligaciones contractuales fueron entre otras: Realizar el acompañamiento y apoyo técnico a las actividades propias y relacionadas con la infraestructura deportiva en cuanto a diagnóstico, adecuación y/o remodelación de escenarios deportivos existentes en la ciudad de Ibagué, y considerados como de apoyo para la realización de los XX juegos deportivos nacionales y IV para nacionales 2015 a celebrarse en la ciudad de Ibagué (levantamientos arquitectónicos, digitalización de planos, cantidades de obra, presupuestos); Realizar el acompañamiento y apoyo técnico a la supervisión del contrato de: estudios y diseños para la construcción, adecuación y remodelación de los escenarios deportivos del parque deportivo y de la Unidad Deportiva de la 42 con 5, de la ciudad de Ibagué para los XX juegos deportivos nacionales y IV para nacionales 2015. Verificar el cumplimiento de norma SR10, INVIAS 2007, RAS 2000, RETIE, especificaciones de las federaciones deportivas relacionadas con el objeto de la consultoría, y demás que demande la buena ejecución del proyecto del contrato enunciado en el numeral 3… Este contrato si fue de apoyo a la gestión, y serviría de apoyo al supervisor del contrato, como se observa en el clausulado, en la parte técnica, pero no tiene obligación contractual alguna con la parte administrativa, financiera, jurídica y contable. Este contrato era perfectamente viable, para que el señor Valero apoyará al supervisor del contrato de consultoría, en la parte técnica, pero se extraña que, dentro del expediente, no se tiene la prueba de si para el contrato principal (consultoría No. 237) existía supervisor por parte de la entidad o no. Por otra parte, la supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos especializados” (Párrafo 2 del artículo 83 de la Ley 1474 de 2011). De esta manera, la supervisión es entendida como la vigilancia permanente ejercida por sus funcionarios, de todos los aspectos relacionados con el contrato estatal, que no sólo se predica de la ejecución de las obligaciones contractuales en la forma acordada, sino también de las etapas precontractual y post contractual. De acuerdo con la definición legal, vigente para la época de los hechos, basados en los estudios previos de los contratos No. 021 y 034 de 2014 y el clausulado de los mismos, no podría aseverarse que fueron diseñados para que los contratistas fungieran como supervisores del contrato de consultoría. Por otra parte, otra situación a considerar es que la señora [NOMBRE TACHADO], es de profesión contadora, tenía tan solo experiencia de un (1) l año contado a partir de su nombramiento en el IMDRI, en este tipo de funciones, pues de la documentación allegada, se advierte que su experiencia laboral, se limitaba a funciones de cargos menores, pero nunca en realizar estudios previos para la contratación, actividad que aunque fuera de su competencia, tenía que estar asesorada por un abogado de la entidad o por el secretario general de la entidad, encargado de la contratación de la misma y los estudios previos deberían estar con el visto bueno del asesor jurídico que los hubiera revisado, situación que no se da en ninguno de los dos casos, extrañando al despacho, ya que este tipo de documentos en los procesos contractuales, siempre llevan el visto bueno de un abogado. No están entonces satisfechos los requisitos exigidos por el artículo 222 de la Ley 1952 de 2019 que posibiliten la formulación de cargos en el presente caso, pues no estaría demostraba objetivamente la falta, como tampoco aparece prueba que comprometa la responsabilidad de la disciplinada [NOMBRE TACHADO], en su condición de Directora Administrativa, Financiera y Técnica del IMDRI, , por los hechos origen de la presente actuación disciplinaria, lo que posibilita la terminación del presente proceso disciplinario, ello en aplicación del artículo 90 de la Ley 1952 de 201925. En mérito de lo expuesto, el Procurador Provincial de Instrucción en Asignación de Funciones de Ibagué Tolima, RESUELVE: PRIMERO: Disponer la terminación del presente proceso disciplinario que se adelanta en contra de [NOMBRE TACHADO] en su condición de Directora Administrativa, Financiera y Técnica del IMDRI, SEGUNDO: Como consecuencia de ello ordenar el archivo definitivo de las diligencias. 25 Terminación del proceso disciplinario. En cualquier etapa de la actuación disciplinaria en que aparezca plenamente demostrado que le hecho atribuido no existió, que la conducta no está prevista en la ley como falta disciplinaria, que el disciplinado no la cometió, que existe una causal de exclusión de responsabilidad, o que la actuación no podía iniciarse o proseguirse, el funcionario competente mediante decisión motivada, así lo declarará y ordenará el archivo definitivo de las diligencias, la que será comunicada al quejoso. TERCERO: Notificar en forma personal o supletoriamente por estado electrónico (artículos 123 y 125 Ley 1952 de 2019) a los sujetos procesales, con la advertencia de que contra el mismo no procede recurso alguno. CUARTO: No se librará la comunicación de que trata el artículo 129 de la Ley 1952 de 2019 (modificado por el artículo 24 Ley 2094 de 2021), por cuanto la actuación disciplinaria se inició con fundamento en informe de servidor público. NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE Adalberto Sánchez Pérez Procurador Provincial de Instrucción en Asignación de Funciones de Ibagué D-2017-945674 Mmrg/PU

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