Ir al contenido
EN CONSTRUCCIÓN · EDICIÓN ANTICIPADA

Nuestro gatico constructor está afinando los últimos engranajes de Adjudika 2026 — ya puedes explorar el buscador mientras terminamos de desplegar nuevas fuentes y sorpresas.

Avísame al estrenar →
⚠ Atención: tienes 1 filtro marcado (ENTIDAD TERRITORIAL) que seguirá activo al buscar hasta que lo quites. Ver en buscador Quitar todos
← Volver a sentencias
Procuraduría General de la Nación Fallo disciplinario

EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL: el contrato se adicionó en dos oportunidades

Descargar PDF (datos tachados) ↓ Buscador de la relatoría PGN ↗
Fecha
2022-06-06
Sección / Sala
PROCURADURIA DELEGADA DE INTERVENCION 9: CUARTA ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
Corporación
Procuraduría General de la Nación
Número
202301101544450.DOCX

Síntesis del concepto

EJECUCION DEL CONTRATO ESTATAL: el contrato se adicionó en dos oportunidades

En resumen

EJECUCIÓN DE CONTRATO ESTATAL-Fue prorrogado en cuatro oportunidades respecto al término inicialmente fijado. El giro del anticipo del contrato se realizó el día 21 de diciembre de 2012 atendiendo a que el acta de inicio se suscrito el día 22 de octubre del 2012 El día 3 de enero de 2013 el Consorcio dirigió a la Secretaria Distrital de Salud, oficio radicado 1777 en el cual remiten la copia del informe de las observaciones realizadas al diseño hidro-sanitario del edificio UPA Libertadores, en el cual se realizan observaciones respecto del diseño hidrosanitario, respecto de lo cual se tomaron los correctivos en conjunto con el contratista y se siguió adelante con la ejecución de la obra mientras solucionaban el problema técnico. Hechos imprevisibles que ocasionaron mayores y necesarias cantidades de obra para la terminación de esta que justifican mayor tiempo para la ejecución del contrato.

Extracto literal del documento, seleccionado automáticamente.

Fundamentos

  • Constitución Política

Puntos que trata

  • Concepto de la procuraduría: CONFIRMAR la sentencia recurrida en cuanto a declarar el incumplimiento del Contrato de Obra No. 1698 de 2011 por parte de la CONSTRUCTORA, negar las demás pretensiones de la demanda y efectuar la liquidación judicial del Contrato de Obra.
  • Ministerio público: En su función de intervención en defensa del patrimonio público, y de los derechos y garantías fundamentales, considera que el problema jurídico a abordar, para efectos de presentar concepto.
  • Contrato: Su clausulado se pactó a cargo del contratista, la constitución de dos garantías de cumplimiento, por el 10% del valor del contrato y otra de anticipo por el 30% del valor del contrato junto con las respectivas prorrogas.
  • Ejecución de contrato estatal: Fue prorrogado en cuatro oportunidades respecto al término inicialmente fijado.

Esta síntesis se arma automáticamente a partir del documento oficial. La selección de la regla, los fundamentos y las citas puede omitir matices: no sustituye la lectura del fallo completo.

Descriptores temáticos

Guías del tema

Guías temáticas de contratación estatal relacionadas con esta providencia o concepto.

Adición y prórroga del contrato

Documentos relacionados

Comparten descriptores temáticos con esta providencia.

Rama Judicial · recopilada por CCE 2025-07-31
Interpretacion judicial del contrato
Consejo de Estado 2025-06-16 Sección Tercera (Subsección C)
El magistrado ponente resuelve los conflictos de competencia entre jueces administrativos de diferentes distritos judiciales según el CPACA.
Colombia Compra Eficiente 2025-03-12
Es necesario que el contrato se haya perfeccionado para que el contratista pueda proceder con la solicitud de la póliza que deberá ser enviada a aprobación por parte de la entidad estatal contratante.
Consejo de Estado 2022-08-22 Sección Tercera (Subsección C)
Contrato estatal: Sentencia
Colombia Compra Eficiente 2023-03-31
La “Guía de Garantías en los Procesos de Contratación”, al analizar si todos los contratos estatales deben estar cubiertos por una garantía señala que en las modalidades de selección de contratación directa y mínima cuantía, la Entidad Estatal debe justificar la necesidad de exigir o no la constitución de garantías.
Colombia Compra Eficiente 2022-11-29
El Procedimiento para separar al funcionario público de la supervisión, ya sea porque este manifiesta su impedimento o porque es recusado, así como la manera en que se sustituirá el supervisor se encuentra de 2011.
Texto del documento 89.370 caracteres
CONCEPTO DE LA PROCURADURÍA-CONFIRMAR la sentencia recurrida en cuanto a declarar el incumplimiento del Contrato de Obra No. 1698 de 2011 por parte de la CONSTRUCTORA, negar las demás pretensiones de la demanda y efectuar la liquidación judicial del Contrato de Obra. MINISTERIO PÚBLICO-En su función de intervención en defensa del patrimonio público, y de los derechos y garantías fundamentales, considera que el problema jurídico a abordar, para efectos de presentar concepto. CONTRATO-Su clausulado se pactó a cargo del contratista, la constitución de dos garantías de cumplimiento, por el 10% del valor del contrato y otra de anticipo por el 30% del valor del contrato junto con las respectivas prorrogas. EJECUCIÓN DE CONTRATO ESTATAL-Fue prorrogado en cuatro oportunidades respecto al término inicialmente fijado. La primera adición de fecha 21 de junio de 2013 por 4 meses y 10 días contados desde el 22 de junio de 2013 al 31 de octubre de 2013; la segunda de fecha 30 de octubre de 2013 por 2 meses y 15 días comprendidos del 01 de noviembre de 2013 hasta el 15 de enero de 2014; la tercera de fecha 27 de diciembre de 2013 por 2 meses comprendidos del 16 de enero de 2014 al 15 de marzo de 2014; el día 28 de abril de 2014 se suscribió la prórroga número cuatro por 2 meses y 10 días calendario a partir del 29 de abril de 2014 y hasta 9 de julio del 2014, periodo que se emplearía para la culminación de la edificación de la obra y para lo cual se le requirió al contratista para que en los 5 días siguientes a la firma realizara las modificaciones de los seguros y garantías, como fue habitual en las anteriores prorrogas realizadas al contrato, ello como quiera que las garantías previamente constituidas vencían el día 30 de abril de 2014. PROCESO DE LIQUIDACIÓN JUDICIAL-tiene por objeto saldar las cuentas pendientes que se tuvieren en curso de la ejecución del negocio jurídico suscrito entre los extremos contractuales. En procura de poner fin a la relación jurídica que los ata, esto atendiendo los derechos y obligaciones que previamente adquirieron con la suscripción del documento y con miras a quedar a paz y salvo con las obligaciones adquiridas por cada uno. MINISTERIO PÚBLICO-No comparte el despacho la postura de la entidad en cuanto a la negativa a la restitución de las garantías al contratista en virtud de la liquidación judicial realizada al Contrato de Obra No. 1698 de 2011, lo cual argumenta como quiera que el contrato fue terminado por la entidad ante el incumplimiento. CONCEPTO No. 050 / 2022 Bogotá D.C., 06 de junio de 2022. SEÑORES CONSEJO DE ESTADO SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO SECCIÓN TERCERA - SUBSECCIÓN “A” Consejera Ponente MARTA NUBIA VELÁSQUEZ RICO E. S. D. EXPEDIENTE: 25000-23-36-000-2017-01467-02 (68.259) MEDIO DE CONTROL: CONTROVERSIAS CONTRACTUALES DEMANDANTE: CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA – SUCURSAL COLOMBIA DEMANDADO: DISTRITO CAPITAL- SECRETARÍA DE SALUD Sentido del concepto: Se debe CONFIRMAR la sentencia recurrida en cuanto a declarar el incumplimiento del Contrato de Obra No. 1698 de 2011 por parte de la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA – SUCURSAL COLOMBIA, negar las demás pretensiones de la demanda y efectuar la liquidación judicial del Contrato de Obra No. 1698 de 2011 con un saldo a favor de la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA – SUCURSAL COLOMBIA en cuantía de $467.951.468 que será pagada por la entidad demandada / Se REVOQUE la condena en costas impuesta a la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ – FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD. El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, en ejercicio de la función de la Procuraduría General de la Nación de vigilancia del cumplimiento del orden jurídico, protección del patrimonio público y de los derechos y las garantías fundamentales. Para lo anterior presenta los siguientes elementos: ANTECEDENTES Objeto del litigio: La Constructora Herreña Fronpeca – sucursal Colombia, radicó medio de control de controversias contractuales ante la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo contra la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá – Fondo Financiero Distrital de Salud, con el fin que mediante sentencia de fondo se ordene a la accionada acceder a las siguientes pretensiones, las cuales fueron expuestas por el actor en su escrito petitorio en el siguiente sentido: “PRIMERA: Que se declare la terminación del Contrato Nº 1698 de 2011 suscrito entre la secretaria Distrital Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud y la Constructora Herreña Fronpeca sucursal Colombia. SEGUNDA: Que se declare el incumplimiento del contrato 1698 de 2011 por parte de la Secretaría Distrital Salud -Fondo Financiero Distrital de Salud. TERCERA: Se liquide judicialmente las prestaciones pendientes del contrato terminado anormalmente de conformidad con la compensación en tiempo otorgada al contratista por el incumplimiento de la Secretaria Distrital Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud, mediante prórrogas 1,2,3 y 4 y todos los pagos que de ella se deriven. CUARTO: Que se declare la nulidad de los actos administrativos emitidos por la Secretaría Distrital de Salud- Fondo Financiero Distrital de Salud con los que se hicieron efectivas las garantías bancarias de cumplimiento y buen manejo del anticipo por su inconstitucionalidad e ilegalidad, violación al debido proceso, derecho a la defensa, abuso del derecho por posición dominante y falsa motivación. QUINTO: Que en desarrollo de las anteriores declaraciones se condene a la Secretaría Distrital Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud al pago de los perjuicios materiales lucro cesante, daño emergente debidamente probados y señalados en el capítulo de perjuicios por la no culminación de las obras, el incumplimiento del contrato y la terminación anormal del mismo por parte de la demandada. SEXTO: Que se condene a la Secretaría Distrital Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud al pago de la obra ejecutada y no pagada por valor de NOVECIENTOS SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTAY OCHO MIL CIENTO TREINTA Y DOS PESOS ($967.878.132) M/LEGAL, más los intereses moratorios a la tasa máxima de usura desde que debió haberse efectuado el pago hasta que se haga efectivo el pago, o en subsidio debidamente indexados. SÉPTIMO: Que se condene a la Secretaría Distrital Salud -Fondo Financiero Distrital de Salud al pago de las utilidades esperadas del 5% pactadas con la ejecución de la obra, por le porcentaje de obra no ejecutada correspondiente a la suma de CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS QUINCE MIL OCHENTA PESOS ( $53.515.080) M/LEGAL como perjuicios sufridos, más los intereses moratorios a la tasa máxima de usura desde que debió haberse efectuado el pago hasta que se haga efectivo el pago, o en subsidio debidamente indexados. OCTAVO: Que se condene a la Secretaría Distrital Salud -Fondo Financiero Distrital de Salud al pago de los costos directos e indirectos por la mayor permanencia en la obra correspondiente a la suma de SETENCIENTOS CINCUENTA MILLONES ($750.000.000) desde que se autorizó por la interventoría la prorroga Nº 1 hasta prorroga Nº 4, más los intereses moratorios a la tasa máxima legal de usura hasta la fecha que se haga efectivo el pago, o en su defecto debidamente indexados. NOVENA: Que se condene a la Secretaría Distrital Salud -Fondo Financiero Distrital de Salud a la devolución, pago o reembolso de los valores exigidos a Bancolombia de las garantías de anticipo y cumplimiento exigidas de manera inconstitucional e ilegal por valor de QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL VEINTISIETE PESOS ($566.466.027), más los intereses moratorios a la tasa máxima legal de usura a la fecha, desde que se hicieron exigibles las garantías bancarias a primer beneficiario hasta la fecha que se haga efectivo el pago, o en su defecto debidamente indexados. DÉCIMA: Que se condene a la Secretaría Distrital Salud -Fondo Financiero Distrital de Salud al pago de los materiales retenidos por el contratante en el sitio de obra avaluados en la suma de VEINTINUEVE MILLONES DOCIENTOS OCHO MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS ($29.408.420), más los intereses moratorios a la tasa máxima legal de usura a la fecha, desde que se hicieron exigibles las garantías bancarias a primer beneficiario hasta la fecha que se haga efectivo el pago, o en su defecto debidamente indexados. DÉCIMA PRIMERA: Que se condene a la Secretaría Distrital Salud -Fondo Financiero Distrital de Salud al pago de los valores retenidos por garantías desde acta uno (1) a la acta ocho (8) equivalente a la suma de CINCUENTA Y UN MILLONES DOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS ( $51.238.415) más los intereses moratorios a la tasa máxima legal de usura, respecto del 50 % del valor que debió haberse entregado a los 30 días de la terminación del contrato, es decir el día 15 de junio de 2014, termino máximo definido por las normas del Banco Mundial para realizar los pagos y respecto del 50% restante de la retención por garantía, a partir de su vencimiento que correspondía cuando haya transcurrido el periodo de responsabilidad por defectos día 15 de mayo de 2015, fecha que culmino el periodo de defectos, según numeral 48 CGC. DÉCIMA SEGUNDA: Se condene a la Secretaría Distrital Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud al pago de DIECISITE MILLONES DE PESOS ($17.000.000) por concepto de intereses desde que se aprobó por la interventoría las actas de pago hasta la fecha que se origino el pago correspondiente a las actas 2, 3,4 y 5, las cuales fueron pagadas en tiempos superior a 28 días. DÉCIMA TERCERA Se condene a la Secretaría Distrital Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud al pago de las retenciones por retrasos en la programación el 5% del valor facturado sobre las actas de obra 4,5,7,8 por la suma de TREINTA Y TRES MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($33.954.686). DÉCIMO CUARTA: Se condene a la Secretaría Distrital Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud al pago reclamaciones y demandadas por valor de MIL QUINIENTOS DOCE MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SESENTA PESOS ($1.512.069.660). DÉCIMO QUINTA: Se condene a la Secretaría Distrital Salud – Fondo Financiero Distrital de Salud al pago de las costas y agencias en derecho.” Hechos del caso. La Secretaría Distrital de Salud - Fondo Financiero Distrital de Salud y la Constructora Herreña Fronpeca Sucursal Colombia suscribieron el contrato de Obra Nº 1698 de 2011 bajo la modalidad de precios unitarios y cuyo objeto fue la construcción de la Unidad Primaria de Atención UPA Libertadores por un valor de $ 2.713.470.683,43 y plazo inicialmente pactado de 8 meses. En el clausulado del contrato se pactaron dos garantías, una de cumplimiento por el 10% del valor del contrato y otra de anticipo por el 30% del valor del contrato junto con las respectivas prorrogas, esta última se iba disminuyendo en la medida que se amortizaba al anticipo con las actas parciales de corte; garantías que fueron entregadas el 11 de septiembre de 2012 de garantías de cumplimiento No.311202532 y buen manejo del anticipo (No.311202533), las cuales fueron aprobadas hasta el 8 de octubre de 2012, como quiera que fue necesaria la corrección de las misma por parte del contratista por inconsistencias en su elaboración. Una vez aprodabas las pólizas se procedió a suscribió acta de inicio el día 22 de octubre del 2012, es decir 10 meses después de haber firmado, como quiera que la licencia de construcción se había vencido no por culpa de la Secretaria Distrital de Salud sino por falta de trámite de la ESE San Cristóbal pues el papel de la SDS - FFDS fue la de apoyar económicamente la construcción con un crédito internacional del BIRF. El giro del anticipo del contrato se realizó el día 21 de diciembre de 2012 atendiendo a que el acta de inicio se suscrito el día 22 de octubre del 2012 El día 3 de enero de 2013 el Consorcio dirigió a la Secretaria Distrital de Salud, oficio radicado 1777 en el cual remiten la copia del informe de las observaciones realizadas al diseño hidro-sanitario del edificio UPA Libertadores, en el cual se realizan observaciones respecto del diseño hidrosanitario, respecto de lo cual se tomaron los correctivos en conjunto con el contratista y se siguió adelante con la ejecución de la obra mientras solucionaban el problema técnico. El contrato se adicionó en dos oportunidades y se prorrogo cuatro veces. La última prórroga fue 2 meses y 10 días, es decir, el plazo del contrato se cumplió el 9 de julio de 2014, la primer prorroga de fecha 21 de junio de 2013 por valor de $584.272.347 y prorroga por 04 meses y 10 días calendario contados a partir del 22 de junio del 2013 hasta el 31 de octubre del 2013, ella obedecía: A las indefiniciones presentadas en los diseños hidrosanitarios, eléctricos, arquitectónicos y estructurales. La diferencia presentada entre los estipulado en el estudio de suelos y planos de cimentación contra niveles reales aparecidos en obra Se detectaron especies arbóreas que hasta tanto el DAMA autorizara su remoción, generó atraso en la ejecución del desarrollo de la cimentación, convirtiéndose en actividad adicional no prevista indica que la necesidad de la adición y prorroga a este contrato, se ha venido analizando desde el inicio del contrato, por los ajustes que se tuvo que ejecutar a los diseños, solicitud de nueva licencia de construcción, más los inconvenientes con los niveles del terreno, suelos, cimentación y demás ajustes a los diseños y cantidades inicialmente prevista. Producto de los inconvenientes con el terreno y con los diseños, se ejecutaron de manera paralela con el constructor, las evaluaciones de mayores cantidades de obra no previstas en el presupuesto de la licitación. La segunda prorroga se efectuó el día 30 de octubre del 2013 por 2 meses quince (15) días calendario contados a partir del 01 de noviembre del 2013 hasta el 15 de enero del 2014 y la cual obedeció a que: Hechos imprevisibles que ocasionaron mayores y necesarias cantidades de obra para la terminación de esta que justifican mayor tiempo para la ejecución del contrato. Ajustes en los diseños eléctricos y sanitarios. Por las condiciones climáticas reinantes en la zona que han obligado al contratista a realizar pausa en el desarrollo de la ejecución. Respecto a la mampostería el ajuste se realizó por el diseñador. Reajuste en la reubicación de compresor en el plano de diseño fue definido por el diseñador. La segunda adición por valor de $178.390.808 de fecha 27 de diciembre de 2013, para un total del valor adicionado de $762.663.155 y la tercer prorroga por dos meses contados a partir del 16 de enero del 2014 hasta el 15 de marzo del 2014, la cual fue sustentada en hechos imprevistos y mayores cantidades de obra no imputable a ninguna de las partes contratantes. El contrato se suspendió desde el 15 de marzo de 2014 al 14 de abril de 2014, por lo que el plazo del contrato que se amplió hasta el 27 de abril de 2014, término en el cual se estudió y analizó los eventos compensables presentados por el Constructor, en donde la Interventoría está de acuerdo en proceder a dicha actuación. El día 28 de abril de 2014 se suscribió la prórroga número cuatro, por dos meses y diez días calendario a partir del 29 de abril de 2014, y hasta 9 de julio del 2014 periodo que se emplearía para la culminación de la edificación de la obra y para lo cual se le requirió al contratista para que en los 5 días siguientes a la firma realizara las modificaciones de los seguros y garantías, es decir las respectivas ampliaciones para mantenerlas vigentes. La Administración de la entidad contratante en razón al comunicado presentado por la firma interventora el 30 de abril de 2014, en el cual informó a la Directora de Servicios de Salud, que a la fecha no habían recibido del constructor la ampliación de las garantías bancarias de cumplimiento No. 311202532 del Bancolombia por valor de $347.613.383.84 y vigente hasta el 30 de abril de 2014, así como la garantía bancada de anticipo No. 311202533 por valor de $506.610.715.93 y vigente hasta el 30 de abril de 2014, procedió a hacer efectivas las garantías, oficiándole al Banco de Colombia el día 30 de abril de 2014. Lo anterior transcurridos 2 días del término de 5 estipulado en la prórroga en comento, y lo cual sucedió como quiera que el día 30 de abril de 2014 se vencieron las garantías en cita y a esa fecha no se encontraba renovadas. El 15 de mayo de 2014, la Secretaría Distrital de Salud mediante oficio con radicado número 2014EE47266 dio por terminado el Contrato de Obra No. 1698 de 2011, por incumplimiento fundamental conforme el literal f) del numeral 59.2 del Contrato de Obra que señala “Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no están limitados a los siguientes (…) f) El Contratista no mantiene o constituye una garantía que sea exigida en el Contrato;” y la cláusula 59.5 de las Condiciones Generales del Contrato en cuanto a las suspensión de trabajos y las medidas necesarios para el retiro de la obra; y en el mismo informó que la entidad hizo efectivas las garantías bancarias a primer requerimiento. Mediante oficio del 16 de junio de 2014, la directora jurídica y de contratación de la Secretaria le informó a la supervisora de la entidad que se realizó la exigibilidad de las garantías bancarias junto con los anexos del Bancolombia así: • No. 311202532 de cumplimiento $347,613,383,84 • No. 311202533 de manejo del anticipo por $218,852,644. El Fondo Financiero Distrital de Salud convocó al Tribunal de Arbitramiento para dirimir las controversias surgidas del Contrato de Obra No. 1696 de 2011, pero el Tribunal de Arbitramento declaró concluidas sus funciones y extinguió los efectos de la cláusula arbitral, por falta de pago de la Convocada la Constructora Herreña Fronpeca Sucursal Colombia. 1.1.2. La postura de la PARTE DEMANDANTE es que como se estableció en los hechos y las pruebas, la entidad demandada desde el inicio incumplió el contrato al haber incurrido en hechos de incumplimiento, estipulados en las condiciones Generales y Especiales del Contrato y en el ordenamiento jurídico; Que la Secretaria incumplió gravemente el contrato y en consecuencia habrá lugar a reclamaciones de perjuicios según las reglas generales de los contratos siempre que por una o por otra parte no se ha ejecutado lo convenido. Que el contratante incurrió en un incumpliendo fundamental del contrato al haber terminado el contrato y haber hecho exigible las garantías bancarias aduciendo una falsa causal para ello, razón por la que tiene derecho de exigir la declaratoria de incumplimiento por parte de la Secretaria de Salud y el pago de todos los prejuicios sufridos por los graves incumplimientos. Asimismo señaló, que la entidad deberá pagar la mora en el pago de las actas parciales en cumplimiento de la cláusula 43 del contrato como quiera que aquella establece que “El contratante pagara al contratista los montos certificados por el interventor dentro de los veintiocho (28) días siguiente a la fecha de cada certificado. Si el contratante emite un pago atrasado, en el pago siguiente se deberá pagarle contratista interés sobre el pago atrasado.”; por lo cual estimo que la entidad debe pagar al contratista los intereses moratorios causados a la fecha. Que en la prórroga 4 del contrato se incluyó el pago de los compensables por la mayor permanencia del contratista en la obra, pues la mora en la entrega de los sitios, implicó unos costos adicionales que tenían que ser reconocidos por la entidad contratante incumplida, como se acordó en la cláusula 44.1 (a) de las Condiciones Generales del Contrato, es decir que deben reconocer estos valores adicionales en que incurrió el contratante de lo contrario se generaría un enriquecimiento sin justa causa de la demandada y el empobrecimiento del contratista. Que la Secretaria actuó ilegalmente, pues exigió el pago de las garantías al banco emisor y terminó el contrato lo cual no obedeció a lo acordado, justificado, pactado, aprobado, tramitado y formalizado por escrito, según lo previsto en la cláusula 6.1 de las Condiciones General del Contrato; asimismo señalo que la entidad basó la exigibilidad de las garantías en el incumplimiento del contratista lo cual es contrario a la realidad y a la verdad. La SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD se opuso a las pretensiones de la demanda y al respecto señaló que no se vulnero la confianza legitima ni el principio de buena fe, toda vez que las actuaciones se ciñeron a lo previsto en el contrato y en el ordenamiento jurídico aplicable. Que el contrato se terminó de manera anticipada en razón a que el contratista incurrió en un incumplimiento fundamental al no actualizar las garantías bancarias que no tienen relación con la prórroga No. 4, en la que se pactó un término de 5 días para aportar los documentos actualizados, los cuales no fueron aportados; que las garantías se debían mantener vigentes hasta que el anticipo hubiera sido reembolsado, por lo tanto, la administración actuó de manera diligente. Que la suscripción de la prórroga No. 4 del 28 de abril de 2014, fue promovida por el contratista y acordado con la interventoría Euroestudios A&C, es decir, se dio por mutuo acuerdo, en la que se estableció ampliar el plazo del contrato por 2 meses y 10 días, hasta el 29 de julio de 2014. Presentó como excepciones de mérito: i.) pago total de la obra ejecutada, se realizó el pago de $1,531,379,013, que correspondió al valor ejecutado que fue del 36.7878%.; ii.) con relación a la amortización del anticipo, se indicó que se le giró la suma de $814.041.206, de los que a la fecha de la terminación del contrato se amortizó $307.430.489 entonces quedó pendiente la suma de $506.610.716 y con la garantía bancaria recibió $218.852.644, razón por la que quedó pendiente de amortización el valor de $287.758.071, que los dineros retenidos fueron por $51.238.415, para garantizar defectos de la obra; iii.) que nadie puede venir contra sus propios actos, pues el contratista omitió el compromiso establecido en las garantías bancarias y para el 30 de abril de 2014, el contratista debía renovarlas antes de su vencimiento y no escudar la negligencia en que contaban con 5 días según lo pactado en la prórroga No. 4 contrariando lo pactado en Contrato de Obra No. 1698 de 2011; iv) excepciones de fondo la caducidad y falta de competencia; v.) y solicitó la vinculación como llamado en garantía a SEGUROS DEL ESTADO en virtud de la póliza 42-18101000069 del 20 de enero de 2012, que se otorgó para garantizar el cumplimiento del Contrato de Obra No. 1698 de 2011. En atención a la solicitud de la parte pasiva de la litis de hacer parte del proceso a la aseguradora SEGUROS DEL ESTADO como llamado en garantía, aquélla, a través de escrito contentivo de contestación de la demanda, ya vinculado en debida forma al proceso, en su escrito defensivo expuso que suscribió contrato de seguro según la póliza todo riesgo de construcción No. 42-18-10100056 con la demandante y que tuvo vigencia del 19 de enero de 2012 al 19 de enero de 2013 y mediante el anexo No. 1 del 23 de marzo de 2012, se canceló dicha póliza por mora en el pago de la prima; razón por la que desde el momento de la expedición de la póliza cesó toda responsabilidad de Seguros del Estado por estar cancelado el producto. Precisó que la póliza garantizo la construcción de la UPA los Libertadores según el Contrato de Obra No. 1698 de 2011 y no el incumplimiento contractual debatido en el proceso; lo anterior conforme se mencionó en los amparos que correspondió a un seguro de daños y por esta razón no se puede afectar por la conducta de una eventual condena en contra de la secretaría. Indicó que en las exclusiones de la póliza se desprende que su naturaleza es cubrirlos daños materiales que sufran los bienes asegurados causados a terceros por actividades diferentes al cumplimiento o ejecución del contrato estatal. El Ministerio Público en el trámite de primera instancia no realizó ninguna intervención. 1.2. Sentencia de primera instancia: El fallador de primera instancia abordó inicialmente el tema de la caducidad de la acción que nos ocupa y desecho la presencia de tal institución como quiera que en el Contrato de Obra No. 1698 de 2011, se pactó un plazo de ejecución por 8 meses contados desde 22 de octubre de 2012, fecha en la que se suscribió el acta de inicio, que el contrato se prorrogó en 4 oportunidades, por lo que el plazo fue hasta el 9 de julio de 2014, sin embargo, el contrato se terminó el 15 de mayo de 2014, y el periodo de responsabilidad por defectos fue de 12 meses conforme al numeral 35.1 más los 112 días con los que contaban para liquidar el contrato según lo previsto en la cláusula 57.1.; que al respecto se consideró que el periodo de responsabilidad y la etapa de liquidación término el 4 de septiembre de 2015, por lo que la demanda se debía presentar hasta el 4 de septiembre de 2017, y como la misma se radicó el 4 de agosto de 2017, no se configuró la caducidad. Que esta decisión, fue objeto de estudio por el Consejo de Estado, que en auto del 25 de noviembre de 2019, preció que solo se debió contabilizar los primeros 56 días previstos en la cláusula 57.1, por lo que el plazo venció el 4 de julio de 2015, la demanda se debió presentar hasta el 5 de julio de 2017. Que sin embargo, el 12 de mayo de 2017, se presentó la solicitud de conciliación judicial que fue declarada fallida el 2 de agosto de 2017, por la Procuraduría 9º Judicial II Para Asuntos Administrativos, por lo que el plazo para presentar la demanda se extendió hasta el 26 de septiembre de 2017 y como la demanda se radicó el 4 de agosto de 2017, se observa que se presentó dentro del término de caducidad previsto en el literal j) del numeral 2º del artículo 164 del CPACA. Estimó el fallador de primera instancia que no hay prueba que permita advertir los trámites que realizó la demandante para que se emitieran las garantía o las gestiones que realizó en otro país para que fueran emitidas, no obra ningún documento en el que hubiera puesto de presente tanto a la interventoría como a la secretaria que se encontraba realizando las gestiones para la expedición de una nueva garantía bancaria, ni en el trámite de este proceso se allegaron pruebas que dieran certeza de las actividades que realizó para la acreditación de la modificación de las prórrogas bancarias con la filian en España o con alguna entidad de ese país. Destacó el fallador que al contratista se le notificó del incumplimiento de la acreditación de las prórrogas de las garantías y el 15 de mayo de 2014, el secretario de Salud expidió la comunicación No. 2014EE47266 en la que informó a la representante legal de la Constructora la terminación del Contrato de Obra y la exigibilidad de las garantías bancarias de anticipo y cumplimiento No. 311202532 y 311202533 expedidas por Bancolombia, momento en el que habían pasado más de 15 días desde que se incumplió con la cláusula 59.2 literal f de las CGC y 52.1 de las CEC sin que el contratista acreditara las prórrogas de las garantías bancarias o que hubiera comunicado a la entidad los trámites que realizó al respecto. Que en el plenario no obra ningún documento de oposición o de solicitud de mediación respecto de la terminación del contrato, no hay prueba que demuestre que dicha decisión hubiera sido objeto de recursos o alguna reclamación del contratista, aquel nunca demostró que estaba realizando gestiones para el cumplimiento de dicha obligación, razón por la que se encontró acreditado el incumplimiento por el demandante respecto de esta obligación, de mantener vigentes las garantías bancarias de anticipo y cumplimiento más 28 días luego de terminación del contrato. Que respecto de la garantía de anticipo se tiene que el valor entregado de anticipo fue de $814,041,205 según las órdenes de pago No. 425798 y 425799 y del cual quedó pendiente por amortizar la suma de $218,852,644 según los informes que presentó la interventoría. Señala el Tribunal que del informe final de interventoría se mencionó que el contratista fue citado a reunión en la Secretaria de Salud el 19 de mayo de 2014, para realizar la liquidación del contrato sin que en la misma se hubiera dejado alguna manifestación respecto de los trámites que realizó para modificar las fechas de las garantías bancarias, se realizó fue mención de los materiales sobrantes que quedaron en la obra, con lo que se evidencia el incumplimiento de la obligación por el contratista. Llamó la atención del fallador de primera instancia que la entidad al momento de hacer efectiva la garantía bancaria del anticipo correspondió al valor de $218.852.644, y que se encontraba garantizando el valor de $506.610.715 con fecha de vigencia al 30 de abril de 2014, el mismo 30 de abril de 2014, el secretario del despacho solicitó al Gerente de Bancolombia hacer efectiva la garantía bancaria del anticipo No. 311202533, en la que se expresó que el valor pendiente de amortizar y legalizar la cantidad de $218.852.644, suma por la que se realizó la efectividad bancaria y que fue consignada a la entidad, razón por la que no hay lugar a cobrar un valor adicional al contratista por concepto de amortización del anticipo. Indicó que la solicitud de nulidad de los oficios que declararon la terminación del contrato, el demandante no sustentó las causales de nulidad en la forma establecida por la ley ni tampoco se argumentó en que consistió la violación al debido proceso en que incurrió la demandada, pues no basta con realizar afirmaciones de las normas que prevén sino que deben estar enunciadas y argumentadas, y que revisado el acápite de los fundamentos de derecho de la demanda y causales de violación no observa la argumentación de las causales de nulidad que son taxativas para en el caso de actos administrativos. Que como quedo probado en el proceso, la obra no fue terminada pese a las prórrogas que se otorgaron al contratista, quedando claro para el Tribunal que la totalidad de las prórrogas y de las suspensiones del contrato fueron por solicitud del contratista quien presentó retrasos considerables en la ejecución de la obra; que las solicitudes para tal efecto las sustento en que las condiciones del terreno no fueron las adecuadas a los diseños y ello generó retrasos de la obra, sin embrago, los numerales 8,1 y 8,2 del pliego de condiciones se les indicó a los oferentes que realizaran una inspección al lugar en el que desarrollarían la obra y con ello poder tener toda la información clara al momento de presentar la oferta, máxime cuando al oferente le asiste un deber de diligencia al momento de realizar su oferta para ejecutar el contrato y cumplir con todas las obligaciones. Que el demandante alegó que se presentó una demora desde el momento de la suscripción del contrato que fue el 28 de diciembre de 2011 y en la suscripción del acta de inicio que se dio el 22 de octubre de 2012, lo cual obedeció a demora en la entrega de la licencia de construcción que se modificó por el cambio de la normatividad de NSR10; al respecto el Tribunal señaló que dentro del proceso no obra algún documento, ni en el acta de inicio, en el que se hubiera puesto de presente a la entidad el perjuicio económico que ocasionó dicha demora, que no se observó ninguna manifestación por parte del contratista. Que en consecuencia no se encontró demostrada la mayor permanencia en la obra y las consecuencias económicas derivadas de esta, ni prueba del supuesto sobrecosto por la demora en el acta de inicio de lo cual no hay registro documental que permita evidenciar en que consistió el mismo. Apreció el Tribunal que las adiciones realizadas al contrato fueron como consecuencia de la solicitud del contratista y a las cuales accedió la entidad al considerar que se incurrieron el obras o actividades no previstas en el presupuesto inicial que debía ser reconocidas al contratista, se tienen que el valor inicial del contrato fue por valor de $2.713.470.683,43 el cual fue objeto de la adición No. 01. por valor de $584.272.347, y la No. 2 en $178.390.808, por lo que el valor final contratado fue por $3.476.133.838, por lo que se adicionó el contrato en el 29% del valor inicial del contrato. Que una vez terminado el contrato se procedió con las mediciones de las cantidades de obra ejecutadas por el constructor y de la interventoría, sin que llegara a un acuerdo frente a las cantidades de obra ejecutadas, además de las inconsistencias en las memorias y el balance que allegó el constructor, quien no se presentó para realizar el chequeo presencial en la obra junto con la interventoría con miras a la medición de las cantidades de obra ejecutada. Que la obra que fue medida correspondió a las labores que se realizaron hasta el 15 de marzo de 2014, momento en que se realizó suspensión del contrato para analizar asuntos compensables objeto de la prórroga no. 4, por lo que presentó 6 meses de deterioro, es decir, una obra sin terminar, con solo la estructura y en obra gris. Que para el contrato el control de la programación de la obra fue independiente al control económico, que la interventoría evaluó en un porcentaje de proporción entre el valor total del contrato y lo pagado estimó que con relación al valor inicial del contrato se ejecutó el 47,12% y teniendo en cuenta el presupuesto final se ejecutó el 36,78%. Que sin embargo, al revisar el concepto de solicitud de prorroga No. 4 que efectuó la Secretaría se mencionó que el avance físico de obra según el programa contractual a corte del 14 de marzo de 2014, ascendió al 69,25%; al respecto el Tribunal efectuó la trascripción de lo plasmado en el ítem No. 17 del informe de interventoría así: “Es conveniente aclarar a la SDS tal y como se aclaró en las reuniones con el constructor, que el porcentaje de avance de la programación que se controlaba en la obra no corresponde al volumen de obra ejecutada en monto. El monto de la obra ejecutada se mide contra el monto total de la obra contratada, mientras que las programaciones de obra, en este caso se lleva en Project, se miden por las duraciones de cada una de las actividades de obra y nunca corresponden paralelamente al monto de la obra ejecutada, al no ser que desde el inicio de la obra, se entrelacen actividades, tiempo y valor dentro del programa. Pero para efectos de esta obra, se llevó el control de programación independiente del control económico de obra ejecutada.” En consecuencia concluyó el Tribunal que el contratista incumplió la obligación de la construcción de la obra que no fue ejecutada conforme a los cronogramas presentados, sin embargo, pese a que la valoración de la ejecución de la obra en el informe final se realizó conforme al porcentaje que fue pagado, se deben reconocer las obras que fueron ejecutadas. Para lo cual, señaló el Tribunal que de las facturas presentadas por el contratista relacionadas en las actas Nos. 01 a 09, en las que se relacionaron los ítems contractuales ejecutados, se observó que el acta Nos. 9 no fue pagada por la entidad y la cual fue ejecutada y corresponde a la suma de $253.718.489, por lo que la misma hará parte de la liquidación del contrato. En cuanto a la retención de la garantía y atendiendo a lo estipulado en el contrato, el Tribunal consideró que de las 8 actas que fueron pagadas al contratista se realizó una retención de la garantía por valor de $63.924.339,46 suma que consideró será actualizada y reconocida en el balance final del contrato; suma que considero deberá ser entregada al contratista en razón a que la entidad hizo efectiva la totalidad de la garantía bancaria de cumplimiento No. 311202532 por $347,613,383,84 suma que fue entregada a la entidad por parte de la entidad Bancaria. En cuanto a los materiales que fueron dejados en la obra el dictamen pericial que se ocupó de aquello estimó que estos materiales corresponden a la suma de $29.408.420, valor que no fue objeto de controversia y que al ser analizados con los precios del contrato guardan relación, suma que será actualizada y reconocida en el balance final del contrato. El fallador al realizar el balance final del contrato o liquidación judicial estimó, atendiendo los valores ya referidos, que el valor total adeudado por la demandada a la demandante por concepto de liquidación judicial del contrato de obra No. 1698 de 2011, es de $467.951.468. En cuanto al amparo que le compete a la aseguradora llamada en garantía, se señaló que aquel se trata de un seguro de daños y no de cumplimiento estatal del contrato, razón por la que dicha póliza no cubrió los amparos por las sumas reconocidas en la liquidación del contrato efectuada por el fallador de primera instancia; y en cuanto a las costas señaló que se condenará en costas de primera instancia a la parte demandada y se fijó la suma equivalente al 3% del valor total del a condena que corresponde a $14.068.544. 1.3. Los recursos de apelación interpuestos: Inconforme con la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la Secretaria Distrital de Salud de Bogotá – Fondo Financiero Distrital de Salud y la defensa de la Constructora Herreña Fronpeca – sucursal Colombia presentaron escrito de alzada en el cual expusieron: 1.3.1 La SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ – FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, expuso que el fallo no refleja la realidad contable como quiera que a instancia de lo señalado por la Dirección de Infraestructura y Tecnologías, en radicado No.2021IE33088 del 23 de noviembre de 2021, escrito que fue anexado al proceso con el recurso de alzada, se exponen sumas diferentes en cuanto a las que se deben reintegrar por los conceptos de retención de garantía (punto 4.3 y página 45 de la sentencia), 4.4. materiales que fueron dejados en la obra (punto 4.4. y página 46 de la sentencia) y según el balance final del contrato – liquidación judicial (punto 5. y página 47 y s.s. de la sentencia), las cuales difieren sustancialmente de las expuestas en el fallo de primera instancia, pues mientras el fallador indicó que el valor total adeudado por la demandada a la demandante es de $347.051.248 y que por concepto de liquidación judicial del Contrato de Obra No. 1698 de 2011 actualizado es de $467.951.468, por el contrario, la dependencia aludida, encargada de la supervisión del contrato, afirma que es del orden de los $299.548.638 como valor total a reconocer y que indexado arroja la suma de $403.900.651. Señala el recurrente que la sentencia recurrida no tuvo en cuenta los perjuicios que el incumplimiento del Contrato de Obra No. 1698 de 2011 causó a la entidad demandada, el cual se materializo al no entregarse en su totalidad la ejecución del objeto contratado; asimismo preciso que no se entiende, en lo referente a la liquidación judicial efectuada por el Tribunal, como se ordenó tener en cuenta sumas a liquidar a favor de la demandante incumplida, sin valorar los perjuicios que por el incumplimiento del contrato le causó a la demandada. Que en lo que tiene que ver con la suma a hacer entregada por la demandada a la demandante, como retención de garantías que ordena el fallador, el recurrente no comparte la decisión adoptada por el fallador de primera instancia por cuanto no se tuvo en cuenta lo pactado en las condiciones generales del contrato, en cuanto a la retención y liquidación por retrasos, ya que las obras contratadas no fueron terminadas a causa de los hechos generados por la contratista y que dieron lugar a la terminación anticipada del contrato, motivo por el cual el fallador decidió declararlo incumplido por parte de la contratista, según establece las condiciones del contrato. Que la suma a hacer entregadas por la demandada por concepto de materiales que fueron dejados en obra, precisó que aquellos no se han logrado acreditar por el profesional idóneo, y lo cual hubieren dado lugar a demostrar el daño emergente y el lucro cesante, pues al respecto no basta con el cálculo realizado ya que con ello no se aportó la experticia anunciada y pertinente, y la que obra no los refleja de esa forma. Que respecto a la condena en costas, considera el recurrente que no se dan los presupuestos para tal condena, como quiera que la norma excluye de dichas costas los procesos en que se ventile un interés público, como en este caso donde están envueltos obras de interés público y patrimonial del Estado; además que de ser procedente no sería en contra de la entidad, ya que considera que la condena en costas tendría que ser asumida por el empresa contratista al será aquella quien incumplió el Contrato de Obra No. 1698 de 2011 y quien dio lugar a la terminación del contrato aludido y dio lugar a su incumplimiento. Señala el apelante respecto a la exclusión de solidaridad en el asunto del llamado en garantía, que en su decir el fallador lo motiva, pero no lo resuelve con la sentencia, consideró que no se entiende como el fallo excluye de responsabilidad a la compañía aseguradora sin confrontarse dicho punto con las pruebas allegadas al proceso, no obstante, además, que a renglón seguido el fallador con la sentencia refiere a una póliza diferente a la que se alude por la demandada anteriormente; señaló la relevancia de tener en cuenta que, de conformidad con las condiciones generales del contrato, para preservar los intereses patrimoniales y el interés general, deben preceder y constituirse a la ejecución las garantías de cumplimiento con las pólizas pertinentes y necesarias de parte del contratista. 1.3.2. Por su parte la defensa de la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA – SUCURSAL COLOMBIA sostuvo que la entidad debía respetar el plazo concedido para la presentación de las garantías bancarias y atenerse a dicha modificación, correspondiéndole al contratista allegar las garantías ampliadas o unas nuevas, que el banco las expediría por tratarse del mismo contrato y contratista, lo único que afecta eran los valores a pagar al banco, que es el único trámite para obtener las garantías bancarias al primer requerimiento. Que quedo debidamente probado que el plazo no estaba vencido y el contrato en dicho plazo quedó modificado por las partes con la prórroga número 4; que dentro de la prórroga mencionada se pactó un plazo de 5 días para presentar la garantía, y el banco no prorrogó la garantía porque la entidad ya había solicitado la ejecución de esta. Señala el apelante que quedó probado la exigencia de las garantías mediante un oficio que nunca fue trasladado ni notificado al contratista, luego era imposible jurídica y materialmente interponer recurso, por lo cual estimó que la entidad vulneró los derechos fundamentales del contratista a quien solo le quedaba acudir a la jurisdicción contenciosa, pero el Tribunal en lugar de reconocerle su derecho se lo negó y le enrostro que no había ejercido vía gubernativa o reclamación alguna cuando jurídicamente le era imposible hacerlo. Que el Tribunal omitió hacer referencia a los reiterados incumplimientos a lo largo de la ejecución del contrato, pese a estar debidamente probados y con los que se probaron el continuo, persistente y permanente incumplimiento de la entidad. Que considera imposible que el Tribunal deje plasmado en la sentencia, que la entidad no incumplió el contrato y menos que ignore la aplicación de las normas constitucionales y legales que rigen la contratación y en especial los derechos al debido proceso y el derecho de defensa y contradicción, que la entidad vulneró con la emisión de los actos administrativos de exigibilidad de las garantías sin haberse vencido el plazo para ampliarlas, además de la toma de posesión de la obra sin haberse declarado el incumplimiento ni terminado el contrato. Que sobre la violación al debido proceso y derecho de defensa y contradicción, resalta el apelante aquella se realizó en el capítulo de fundamentos de derecho y concepto de la violación ya que en aquél se expresó de forma clara y precisa en qué consistió dicha violación, por lo cual no le asiste la razón al Tribuna al señalar que no relacionamos la causal ni el concepto de la violación. Que dentro del plenario está debidamente probado los trámites que adelantaba el contratista para renovar las garantías, y sin embargo no era necesario probar dichas actividades, habida cuenta que no era objeto de prueba pues se encontraba dentro del término para renovarlas y jamás le permitieron exponer o sustentar dichas actividades antes de terminar unilateralmente el contrato, pues está demostrado que siempre allegó las garantías en todas las prórrogas realizadas. Que era deber del contratista renovar las garantías, pero dentro del plazo concedido en la prórroga No.4, pues ésta modificó el contrato; luego el incumplimiento radicó en que la entidad vulneró el plazo pactado, lo cual es objeto de prueba y no el trámite que el contratista estuviera adelantando. Resalta que la sociedad contratista, si estaba adelantando las actuaciones ante la casa Matriz, pero además obra la prueba indiciaria del excelente comportamiento cuando tuvo que renovar las garantías en tres oportunidades, con lo que se acredita la buena fe del contratista que por demás se presume y no la mala fe como lo hace presumir erradamente el Tribunal, pues no es posible predicar de quien viene cumpliendo a cabalidad el contrato y sus obligaciones que al no haber prorrogado las garantías al segundo día, cuando tenía cinco días para ello, obro de mala fe, pues a contrario sensu de sus anteriores cumplimientos se debe predicar razonadamente la buena fe. Que la parte actora en la demanda en el capítulo de fundamentos de derecho y concepto de la violación, hizo clara referencia a la violación de las normas procesales en materia contractual que tiene que ver con la declaratoria del incumplimiento del contrato y con la exigibilidad de las garantías, señalándose con claridad que se vulneró el debido proceso y el derecho de defensa y contradicción. En cuanto a la liquidación judicial el apelante discrepa de la realizada por el fallador de primera instancia en los siguientes aspectos: Valor Fallo del Tribunal Liquidación expuesta en el recurso de apelación Valor pendiente de pago del acta No. 09 obra ejecutada y no pagada. $253.718.489 $1.243.766.382 Valor intereses calculados conforme a la cláusula 43. 43.1, de las CGC. Sin valor estimado $ 2.164.839.000 (valor a la fecha de emisión del dictamen pericial) Valor para reconocer por intereses moratorios sobre el componente de retención de garantías. Sin valor estimado $107.392.889 Y plantea, que como se debe declara el incumplimiento de contrato a cargo de la entidad contratante, se deben atender los valores que respecto al daño emergente y el lucro cesante se estimaron en el dictamen pericial allegado al proceso en cuantía de $8.054.504.909. 1.4. Alegatos de conclusión en segunda instancia: El Consejo de Estado corrió término para que las partes presentaran alegatos de conclusión, término durante el cual los extremos procesales no presentaron escrito de alegaciones finales en segunda instancia. II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO 2.1. Problemas jurídicos. De acuerdo con el trámite surtido y conforme los reparos manifestados en los recursos de apelación, el Ministerio Público, en su función de intervención en defensa del patrimonio público, y de los derechos y las garantías fundamentales, considera que el problema jurídico a abordar, para efectos de presentar concepto, se puede formular de la siguiente manera: ¿Se encuentra ajustada la decisión adoptada por la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ – FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, al efectuar la terminación anticipada del Contrato de Obra No. 1698 de 2011, por no aportar los documentos actualizados de la renovación de las garantías bancarias, cuando el término previsto para ello en la prórroga No. 4 del contrato no se había vencido, ello en consideración a que el término pactado en la prórroga para su renovación excedía el de cobertura de las ya constituidas?,; así mismo; ¿se vulnero el derecho al debido proceso y derecho de defensa del contratista con la decisión adoptada por la entidad? ¿Se presento dentro del curso de ejecución del Contrato de Obra No. 1698 de 2011 incumplimientos contractuales achacables a la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ – FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, que ocasionaran perjuicios económicos al contratista que no fueron compensado en el curso de la ejecución del contrato? ¿Se encuentra ajustada a los elementos probatorios acopiados al proceso la liquidación judicial efectuada por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el fallo de primera instancia de fecha 29 de octubre de 2021? Atendiendo el contenido del artículo 188 del CPACA ¿es procedente condenar en costas a la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ – FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, teniendo en cuenta que en el proceso de marras se ventilan controversias relacionadas con la ejecución de obra pública que se desarrolló en procura del interés público de la comunidad a la cual está dirigida su ejecución? 2.2. Análisis fáctico y probatorio. En el expediente existe abundante material probatorio, el cual correspondió sopesar al Ministerio Público. Una vez revisado este material, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado destaca las siguientes pruebas relevantes para emitir concepto de fondo sobre el asunto: 2.2.1. Contrato 1698 de 2011 bajo la modalidad de precios unitarios y cuyo objeto fue la construcción de la Unidad Primaria de Atención UPA Libertadores. 2.2.2. Garantías de cumplimiento No.311202532 y buen manejo del anticipo No.311202533, las cuales fueron aprobadas hasta el 8 de octubre de 2012. 2.2.3. Acta de inicio del 22 de octubre de 2012, del Contrato 1698 de 2011 bajo la modalidad de precios unitarios y cuyo objeto fue la construcción de la Unidad Primaria de Atención UPA Libertadores 2.2.4. Actas 1 a 8 de pago de obra ejecutada del Contrato 1698 de 2011 bajo la modalidad de precios unitarios y cuyo objeto fue la construcción de la Unidad Primaria de Atención UPA Libertadores 2.2.5. Copia Simple del radicado 2014EE41718 01 del 02 de mayo de 2014 mediante el cual la SDS-FFDS le informa a la Representante Legal de la Constructora Herreña Fronpeca Sucursal Colombia que da por terminado el contrato por incumplimiento fundamental. 2.2.6. Oficios 21288 del 6 de febrero de 2012 y 12322 del 20 de enero de 2012, dirigida al Representante Legal de la Constructora con radicado 21288 del 03 de marzo de 2012, en donde se le indica que la obra no podrá iniciarse no obstante estar contratada la interventoría por cuanto la licencia de construcción está caducada y debe actualizarse. y que la SDS No considera incumplimiento la no constitución de las garantías bancarias 2.2.7. Copia por la cual la Constructora manifiesta preocupación en el vencimiento de la licencia de construcción, radicado 21288 del 06 de febrero de 2012. 2.2.8. Copia del acta de inicio de ejecución contrato de obra en la cual consta que fue suscrita por las partes contratantes el día 22 de octubre de 2012. 2.2.9. Copia del documento mediante el cual la Constructora entrega a la interventoría la cuenta de cobro por el anticipo, con fecha de recibido en Euroestudios - A&C el día 22 de octubre de 2012 2.2.10. Copia del radicado 1777 del 03 de octubre de 2013 que hace referencia a la remisión informe de observaciones hidrosanitario correspondiente al mes de diciembre, realizado por Euroestudios A&C. 2.2.11. Copia radicada 2013ER157390 del 04 de octubre de 2013 que hace referencia a la solicitud de prórroga y adición del contrato 1698/2011 Upa Libertadores. 2.2.12. Copia de la solicitud de prórroga realizada por la Constructora Herreña Fronpeca, fechada 25 de septiembre de 2013 al Consorcio Euraestudios A&C en donde solicita adición y prorroga al contrato 1698/2011. 2.2.13. Copia de la solicitud de Suspensión realizada por la Constructora Herreña Fronpeca, fechada 13 de marzo de 2014 al Consorcio Euraestudios A&C. 2.2.14. Copia de la comunicación y anexos, dirigida por Eurosestudios A&C a la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud en donde emite concepto sobre la solicitud de la Constructora para acceder a la suspensión del contrato 1698/2011, en donde solicita aprobación y elaboración de acta de suspensión. 22- Folios 1929 al 1931 Tomo 9, Copia del concepto de suspensión al contrato de obra 1698/2011 emitido por la Dirección de Desarrollo de Servicios de Salud. 2.2.15. Copia Acta de Controversias por aparición de eventos compensables en la construcción de la UPA Libertadores. 2.2.16. Copia del llamado que hace el Consorcio Euro estudios, consecutivo 571-2014, en el cual le informa que la Constructora Herreña Fronpeca inició actividades a partir del 28 de abril una vez se levantó la suspensión del contrato 1698 de 2011 e informa que el contratista no ha presentado la actualización de las Garantías bancarias 3112025532 y 3112025533. 2.2.17. Copia del oficio radicado en el Banco de Colombia el 30 de abril de 2014 en el cual se solicita a la Gerente de la Sucursal Floresta, donde el Secretario de Salud, Aldo Enrique Cadena, solicita hacer efectivas las garantías bancarias 3112025532 y 3112025533. 2.2.18. Copia del Acta de entrega material de un bien inmueble a la Constructora Herreña Fronpeca, del terreno objeto de la construcción, el día 23 de octubre de 2012 y sus anexos. 2.2.19. Copia respuesta del banco de Colombia en la cual se informa a la SDS-FFDS que realizo el pago de las garantías el día 20 de junio de 2014. 2.2.20. Copia del radicado 2014EE11214501 del 16 de diciembre de 2014, dirigido a la Representante Legal de la Constructora Herreña Fronpeca Sucursal Colombia, Dra. [NOMBRE TACHADO], por parte de la Dirección de Infraestructura y Tecnología, en el cual se le informa que se le remitió el informe final del proyecto de liquidación del contrato 1698 de 2011, emitido por la firma Interventora Euroestudios - A&C y que a la fecha no se han presentado observación alguna por parte del contratista acerca de la revisión y validación de la información allí suministrada. 2.3. Análisis jurídico. Procede esta delegada, a emitir concepto dentro del presente radicado, tendiente a solicitar que se CONFIRME la sentencia de fecha 29 de octubre de 2021 de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, en cuanto a declarar el incumplimiento del Contrato de Obra No. 1698 de 2011 por parte de la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA – SUCURSAL COLOMBIA, negar las demás pretensiones de la demanda y efectuar la liquidación judicial del Contrato de Obra No. 1698 de 2011 con un saldo a favor de la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA – SUCURSAL COLOMBIA en cuantía de $467.951.468 que será paga por la entidad demandada; y se REVOQUE la condena en costas impuesta a la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ – FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, de acuerdo con las siguientes consideraciones: El día 28 de Diciembre del año 2011 la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD y la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA, suscribieron el Contrato de Obra No. 1698 de 2011 bajo la modalidad de precios unitarios y cuyo objeto fue la construcción de la Unidad Primaria de Atención UPA Libertadores, para lo cual comprometieron inicialmente la suma de $2.713.470.683,43 y con un plazo inicial de 8 meses. En el clausulado del contrato se pactó a cargo del contratista la constitución de dos garantías, de cumplimiento por el 10% del valor del contrato y otra de anticipo por el 30% del valor del contrato junto con las respectivas prorrogas. El día 22 de octubre del 2012 sus suscribió acta de inicio, y el día 21 de diciembre de 2012 se realizó el giro del anticipo del contrato; el contrato fue objeto de adición en dos oportunidades la primera por valor de $584.272.347 en acta de fecha 21 de junio de 2013 y la segunda por valor de $178.390.808 de fecha 27 de diciembre de 2013, quedando el contrato con un valor total de $3.476.133.838. Se constituyó garantía bancaria por concepto del anticipo identificada con el No. 311202533 por valor de $506.610.715 que vencía el día 30 de abril de 2014, misma fecha en la cual venció la garantía bancaria constituida por concepto del valor del contrato No. 311202532 por valor de $347.613.383. En curso de le ejecución del contrato este fue prorrogado en cuatro oportunidad respecto al término inicialmente fijado; la primera adición de fecha 21 de junio de 2013 por 4 meses y 10 días contados desde el 22 de junio de 2013 al 31 de octubre de 2013; la segunda de fecha 30 de octubre de 2013 por 2 meses y 15 días comprendidos del 01 de noviembre de 2013 hasta el 15 de enero de 2014; la tercera de fecha 27 de diciembre de 2013 por 2 meses comprendidos del 16 de enero de 2014 al 15 de marzo de 2014; el día 28 de abril de 2014 se suscribió la prórroga número cuatro por 2 meses y 10 días calendario a partir del 29 de abril de 2014 y hasta 9 de julio del 2014, periodo que se emplearía para la culminación de la edificación de la obra y para lo cual se le requirió al contratista para que en los 5 días siguientes a la firma realizara las modificaciones de los seguros y garantías, como fue habitual en las anteriores prorrogas realizadas al contrato, ello como quiera que las garantías previamente constituidas vencían el día 30 de abril de 2014. El contrato fue objeto de una suspensión mediante acta de fecha 14 de marzo de 2014 la cual fue ampliada mediante acta de fecha 14 de abril de 2014 y fue por un mes hasta el 27 de abril de 2014. Las prórrogas al contrato y adiciones fueron concertadas entre los extremos del negocio jurídico como se advierte de la suscripción de las mismas y se aprecia que aquellas obedecieron a circunstancias como las indefiniciones presentadas en los diseños hidrosanitarios, eléctricos, arquitectónicos y estructurales, la diferencia presentada entre los estipulado en el estudio de suelos y planos de cimentación contra niveles reales aparecidos en obra, a remoción de especies arbóreas, hechos imprevisibles que ocasionaron mayores y necesarias cantidades de obra, ajustes en los diseños eléctricos y sanitarios, condiciones climáticas, y ajuste por el diseñador. El día 30 de abril de 2014, y transcurridos 2 días del término de 5 estipulado en la prórroga número cuatro para aportar los documentos de aplicación de la vigencia las garantías y ante la ausencia de presentación de estas por parte del contratista, pese a que el plazo no había vencido para ellos, pero entendiendo a que las garantías se vencería tal fecha la entidad procedió a hacerlas efectivas, oficiándole al Banco de Colombia. Aquella decisión se efectuó atendido el literal f) del numeral 59.2 del Contrato de Obra que señala que el incumplimiento del contratista en mantener o constituir las garantías daría lugar a la terminación del contrato, garantías que se hicieron efectivas de cumplimiento por $347,613,383,84; y de manejo del anticipo por $218,852,644. La Secretaría Distrital de Salud mediante oficio de fecha 15 de mayo de 2014, con radicado número 2014EE47266 dio por terminado el Contrato de Obra No. 1698 de 2011, decisión que le fue comunicada al contratista, ante el incumplimiento antes referido. Atendiendo los argumentos esgrimidos para cada uno de los extremos procesales en sus escritos de alzada, el Ministerio Público, realizada la valoración de los argumentos expuestos en acápite separado. 2.3.1. En cuanto a los argumentos expuestos por la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ – FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD. 2.3.1.1 Respecto a la liquidación judicial. La liquidación judicial de los contratos estatales tiene por objeto saldar las cuentas pendientes que se tuvieren en curso de la ejecución del negocio jurídico suscrito entre los extremos contractuales, ello en procura de poner fin a la relación jurídica que los ata, esto atendiendo los derechos y obligaciones que previamente adquirieron con la suscripción del documento y con miras a quedar a paz y salvo con las obligaciones adquiridas por cada uno, el Consejo de Estado al respecto ha señalado: “[D]e acuerdo con el lenguaje común, liquidar un contrato es ajustar, saldar, pagar o determinar el valor de las acreencias y de las deudas correspondientes al mismo, así como ponerle fin a los derechos y obligaciones que derivan de la fuente contractual. (…) La liquidación (…) es un ajuste o rendición final de cuentas que se produce con el objeto de que las partes contratantes establezcan, con fundamento en el desarrollo del contrato, las acreencias pendientes o saldos a favor o en contra de cada uno o se declaren a paz y salvo, según el caso, para extinguir el negocio jurídico celebrado (…) La liquidación es una actuación que procede con posterioridad a la terminación normal o anormal del contrato estatal, por causas contractuales o legales o por causas atribuibles a ambos contratantes o a uno de ellos. Entre los modos o causas normales de terminación de los contratos, pueden incluirse: (i) el cumplimiento del objeto; (ii) el vencimiento del plazo extintivo de duración del contrato, y (iii) el acaecimiento de la condición resolutoria expresa, pactada por las partes” Bajo tal premisa para efectuar la liquidación el sede judicial se debe partir de lo que está debidamente probado en el proceso para advertir la pertinencia de reconocimiento económicos a favor de los extremos del Contrato de Obra No. 1698 de 2011, en este punto es evidente que el fallador de primera instancia para efectuar la liquidación judicial valoró en el fallo impugnado, como se advierte del plenario, los elementos probatorios que fueron debidamente decretados dentro del proceso, ya que su incorporación se realizó en debida forma y sobre a aquellos no existe ninguna tacha que puede impedir su valoración. Por lo anterior, si bien SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ – FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD no comparte la liquidación judicial efectuada en el fallo de primera instancia apelado, tal argumento debe ceñirse o soportarse en las pruebas que fueron debidamente acopiadas en la etapa procesal pertinente, por ello, si bien su argumento de inconformismo expuesto en el recurso de apelación se soporta en el oficio emitido por la Dirección de Infraestructura y Tecnologías con radicado No.2021IE33088 del 23 de noviembre de 2021 que para efetos de desvirtuar lo liquidado por el fallador de primer instancia en el fallo impugnado se emitió hasta instancia del recurso de apelación, tal valoración no puede ser oponible en este estado del proceso como quiera que aquel documento no reviste el carácter de ser prueba dentro del proceso ya que no fue decretada como tal por el Tribunal, ni en sede de primera instancia ni fue solicitada como prueba en segunda instancia, lo cual impedirá que la argumentación expuesta allí sea tenida en cuenta. El legislador previo requisitos taxativos para el pedimento de pruebas en segunda instancia, las cuales fueron previstas en el artículo 212 del CPACA en los siguientes términos: “Artículo 212. Oportunidades probatorias. Para que sean apreciadas por el juez las pruebas deberán solicitarse, practicarse e incorporarse al proceso dentro de los términos y oportunidades señalados en este Código. En primera instancia, son oportunidades para aportar o solicitar la práctica de pruebas: la demanda y su contestación; la reforma de la misma y su respuesta; la demanda de reconvención y su contestación; las excepciones y la oposición a las mismas; y los incidentes y su respuesta, en este último evento circunscritas a la cuestión planteada. Las partes podrán presentar los dictámenes periciales necesarios para probar su derecho, o podrán solicitar la designación de perito, en las oportunidades probatorias anteriormente señaladas. En segunda instancia, cuando se trate de apelación de sentencia, en el término de ejecutoria del auto que admite el recurso, las partes podrán pedir pruebas, que se decretarán únicamente en los siguientes casos: 1. Cuando las partes las pidan de común acuerdo. En caso de que existan terceros diferentes al simple coadyuvante o impugnante se requerirá su anuencia. 2. Cuando fuere negado su decreto en primera instancia o no obstante haberse decretado se dejaron de practicar sin culpa de la parte que las pidió. En este último caso, solo con el fin de practicarlas o de cumplir requisitos que les falten para su perfeccionamiento. 3. Cuando versen sobre hechos acaecidos después de transcurrida la oportunidad para pedir pruebas en primera instancia, pero solamente para demostrar o desvirtuar estos hechos. 4. Cuando se trate de pruebas que no pudieron solicitarse en la primera instancia por fuerza mayor o caso fortuito o por obra de la parte contraria. 5. Cuando con ellas se trate de desvirtuar las pruebas de que tratan los numerales 3 y 4, las cuales deberán solicitarse dentro del término de ejecutoria del auto que las decreta. PARÁGRAFO. Si las pruebas pedidas en segunda instancia fueren procedentes se decretará un término para practicarlas que no podrá exceder de diez (10) días hábiles.” (Subrayado fuera de texto) Atendiendo la normatividad antes referida, y si bien la entidad advirtió la necesidad de traer una nueva valoración en el oficio emitido por la Dirección de Infraestructura y Tecnologías con radicado No.2021IE33088 del 23 de noviembre de 2021 respecto a la retención de garantía, los materiales que fueron dejados en la obra y el balance final del contrato – liquidación judicial, aquella liquidación no obra como prueba dentro del plenario y tampoco fue pedida en sede de segunda instancia, razón por la cual considera el Ministerio Público que la liquidación realizada en el oficio antes referida no puede ser objeto de valoración para modificar los valor estimados en el fallo recurrido. 2.3.1.2. Perjuicios que el incumplimiento del Contrato de Obra No. 1698 de 2011 causó a la entidad demandada. En lo que respecta a los perjuicios que el incumplimiento del Contrato de Obra No. 1698 de 2011 causó a la entidad demandada; aprecia el despacho que si bien la entidad declaró la terminación del Contrato de Obra No. 1698 de 2011, aquella decisión tuvo como única fuente de derecho el hecho del vencimiento de las garantías que se debían constituir en el marco de la prórroga 4 de cual fue objeto el contrato, pues a más de lo anterior no existe evidencia dentro del plenario de ningún incumplimiento a cargo de la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA, es evidente que la obra experimento retrasos pero precisamente es lo que las partes, atendiendo tal contingencias, decidieron de común acuerdo remediar con la prórroga 4 la cual pretendió ampliar el término del contrato por 2 meses y 10 días calendario a partir del 29 de abril de 2014 y hasta 9 de julio del 2014 con el objetivo de culminar la edificación de la obra, hechos que no se puedo materializar dado que el contratista no allego las garantías antes del vencimiento de las previamente constituidas y no prorrogadas; es evidente que si bien aquella prorroga no se materializó y las obras que se pretendían ejecutar con su prorroga tampoco, aquello genero unos perjuicios pero ellos fueron precisamente asumidos con las pólizas de garantías que la entidad hizo efectivas el día 30 de abril de 2014. Por lo anterior, los perjuicios que por el incumplimiento del contrato se le causó a la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, fueron asumidos con las garantías bancarias del Bancolombia con la póliza No. 311202532 de cumplimiento en $347,613,383,84 y la No. 311202533 de manejo del anticipo por $218,852,644, razón por la cual no advierte el Ministerio Público pertinente realizar un nuevo reconocimiento económico al respecto, distinto al ya efectuado por el incumplimiento antes referido; además que en el plenario no obra elemento probatorio que permita advertir uno nuevo. 2.3.1.3. En cuanto la retención de garantías. No comparte el Ministerio Pública la postura de la entidad en cuanto a la negativa a la restitución de las garantías al contratista en virtud de la liquidación judicial realizada al Contrato de Obra No. 1698 de 2011, lo cual argumenta como quiera que el contrato fue terminado por la entidad ante el incumplimiento. Al respecto se debe decir que el asunto tiene una regulación expresa en el clausulado del Contrato de Obra No. 1698 de 2011, en el No. 48 así: “48. Retención. 48.1. EI Contratante retendrá́ de cada pago que se adeude al Contratista la proporción estipulada en las CEC hasta que las Obras estén terminadas totalmente. 48.2. Cuando las Obras estén totalmente terminadas y el Interventor haya emitido el Acta de Terminación de las Obras de conformidad con la Subcláusula 55.1 de las CGC, se le pagará al Contratista la mitad del total retenido y la otra mitad cuando haya transcurrido el Período de Responsabilidad por Defectos y el interventor haya certificado que todos los defectos notificados al Contratista antes del vencimiento de este período han sido corregidos. 48.3. Cuando las Obras estén totalmente terminadas. el Contratista podrá sustituir la retención con una garantía bancaria "a la vista".” Considera el Despacho que el clausulado en comento precisa que la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD retendría de cada pago que se le adeude al contratista la proporción del 10% del valor de los pagos, según la cláusula 48.1 de las condiciones especiales y en el numeral 48.2 de las CGC que cuando las obras estuvieran totalmente terminadas en el acta de terminación se le pagará al contratista la mitad del total retenido y la otra mitad luego de transcurrido el periodo de responsabilidad por defectos, de 12 meses conforme la cláusula 35.1, y que se hubieran notificado al contratista la corrección de los defectos de la obra. Dentro del contrato a la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA se le efectuaron 8 pagos mediante actas de fecha 16 de abril de 2013, 02 de julio de 2013, 24 de junio de 2013, 11 de septiembre de 2013, 13 de septiembre de 2013, 12 de noviembre de 2013, 13 de diciembre de 2013 y 24 de febrero de 2014, por un valor total de $1.024.768.297, siéndole retenido por garantía un valor de $63.924.339.46., valor que estima pertinente el despacho debe ser devuelto al contratista como quiera que la entidad hizo efectiva la totalidad de la garantía bancaria de cumplimiento No. 311202532 por valor de $347,613,383,84, suma que le fue consignada a la entidad por parte de la entidad Bancaria y que supliría las retenciones de las cuales fue objeto el contrato por el concepto en comento. Lo anterior, pues si bien el Contrato de Obra No. 1698 de 2011 no fue terminado, las garantías por tal contingencia se hicieron efectivas en su totalidad sin descontar lo ya retenido al contratista en los pagos que en curso de la ejecución del contrato le fueron efectuados en los 8 desembolsos realizados por la cuantía de $63.924.339.46, dinero que como ya se señaló deben ser reintegrados en su integridad al contratista debidamente actualizadas. 2.3.1.4. En cuanto a los materiales que fueron dejados en obra. Reprocha el apelante el reconocimiento realizado en el fallo de primera instancia al respecto, como quiera que este no fue efectuado por un profesional idóneo; en cuanto a ellos el fallo de primera instancia señaló: “4.4. Materiales que fueron dejados en la obra Respecto a esta pretensión se observa que en el informe final de interventoría en el que se afirmó que algunos materiales fueron retirados por el constructor, y en la obra quedaron: • 32 unidades de marcos metálicos • 15 unidades de portacables cerrada • 32 unidades de bandeja tipo escalera • 9 bandeja tipo escalera • 1789 de ladrillo pesado • 3 paquetes de periferia cielorraso • Periferia de ventanas • Sobrantes de madera, bloque de concreto, material de cantera, formaleta de entrepiso, formaleta de columna y testeros de borde formaleteadas. Al respecto, en el dictamen pericial se indicó que estos materiales corresponden a la suma de $29.408.420, valor que no fue objeto de controversia y que al ser analizados con los precios del contrato guardan relación, suma que será actualizada y reconocida en el balance final del contrato. Igualmente, se aclara que este valor no se pactó en el contrato que se haría reconocimiento de interés moratorio.” Se debe decir que la valoración respecto a los materiales que fueron dejados en el lugar de la obra, y que fueron evaluada en el fallo impugnado, son aquellos expuestos en el informe final de obra efectuado por la entidad, y los materiales advertidos en el informe fueron tasados a través del dictamen pericial allegado al proceso en cuantía de $29.408.420 y del cual nada se reprochó por la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD en la oportunidad procesal en que se corrió traslado del mismo. Por lo anterior, no advierte el Ministerio Público que los argumentos al respecto expuesto por el apelante estén llamados a prosperar, ya que no se expone ningún elemento probatorio, previamente allegado al proceso, que permita desvirtuar la postura que al respecto fijo el fallador de primera instancia, y que a juicio del Ministerio Público, sea contundentes en establecer otra cantidad de elementos u otro valor de los mismos diferente al ya definido en el fallo de primera instancia, el cual atendió la prueba pericial que no fue objeto de aclaración o reproche por las partes. 2.3.1.5. En cuanto a la condena en costas. La condena en costas encuentra su regulación en el artículo 188 del CPACA, norma que al respecto señala: “Artículo 188. Condena en costas. Salvo en los procesos en que se ventile un interés público, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil. En todo caso, la sentencia dispondrá sobre la condena en costas cuando se establezca que se presentó la demanda con manifiesta carencia de fundamento legal.” (Subrayado fuera de texto) Aquel artículo tiene una clara excepción en la medida que señala que la condena en costas no será procedente cuando se discutan asuntos que versen un interés público; en tal medida en el presente caso es procedente dar aplicación a la excepción en comento como quiera que en el presente caso es objeto de análisis el incumplimiento de un contrato de obra pública, que por su naturaleza involucra un interés público y patrimonial del Estado, en este caso la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ – FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, razón por la cual estima el Ministerio Público que la condena en constas en contra de la entidad debe ser revocada; además es claro para el despacho que el incumplimiento decretado por la entidad versa sobre una obra pública en la cual se ejecutaron recursos públicos y además que el incumplimiento del Contrato de Obra No. 1698 de 2011 no aconteció por causas imputables a la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ – FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD. 2.3.1.6. Respecto a la exclusión de solidaridad en el asunto del llamado en garantía. Al respecto es pertinente señalar que el llamamiento en garantía se efectuó con respecto a las pólizas No. 42-1810100005656 y 42-18-10-101000069, la primera versa sobre riesgos por construcción y la segunda por pérdidas derivadas o relacionadas con las garantías de cumplimiento, al respecto el fallador de primera instancia señaló: 6. Llamado en garantía – Seguros del Estado Pólizas Nos. 42-1810100005656 y 42-18-101000069 Observa el despacho que con relación a Póliza No. 42-1810100005656 todo riesgo por construcción fue cancelada el 23 de marzo de 2012, toda vez que no se realizó el pago de la prima (f. 246 c1), razón por la que no tenía vigencia al momento de la ocurrencia del hecho. Ahora bien, con relación a la Póliza No. 42-18-101000069, en el anexo de las exclusiones de la póliza (f. 240 c1), pérdida derivada o relacionada con las garantías de cumplimiento, calidad o estabilidad. Al revisar los amparos la misma indicó que correspondías a los básicos de incendio, explosión, impacto de rayos, caída de partes, robos, daños causados por impericia, trabajos defectuosos, negligencia u error humano; a) Terremoto, b) ciclón, huracán, c) responsabilidad civil extracontractual daños materiales y lesiones corporales a terceros, g) remoción de escombros, propiedad adyacente. Se fijó como deducible 20% o 10 SMLMV. Por lo anterior, se entiende que se trata de un seguro de daños y no de cumplimiento estatal del contrato. Razón por la que dicha póliza no cubrió los amparos por las sumas reconocidas en la liquidación del contrato. Queda resuelto el problema jurídico. De lo anterior se colige, que como acertadamente lo señaló el fallador de primera instancia, la póliza 42-1810100005656 no tiene amparo dado que por no se realizó el pago de la prima y fue cancelada y la póliza 42-18-10-101000069 no ampara las sumas reconocidas en la liquidación, razón por la cual no es pertinente realizar un pronunciamiento respecto a hacerlas efectivas; por lo anterior estima el despacho que como quiera que no se aportaron elementos probatorio o argumentos que sustenten un tesis diferente a la expuesta por el fallador de primera instancia, no se estima pertinente modificar tal decisión. 2.3.2 En cuanto a los argumentos expuestos por la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA – SUCURSAL COLOMBIA. 2.3.2.1 En cuanto a la presentación de las garantías bancarias y atenerse a dicha modificación Advierte el despacho que la argumentación expuesta en este punto no dista de ser la misma que el actor expuso en su demanda y la cual ya fue objeto de pronunciamiento por la primera instancia, y frente a lo cual en sede de apelación no se referencian nuevos elementos argumentativos o evidencia probatoria que permita desvirtuar la tesis que fundamento la decisión del fallador de primera instancia, en cuanto a la declaratorio de incumplimiento del contrato por la no renovación de las garantías exigidas o pactadas en la prórroga 4 del Contrato de Obra No. 1698 de 2011. Para el Ministerio Público está claro que en la prórroga No. 4 de fecha 28 de abril de 2014 del Contrato de Obra No. 1698 de 2011, a la cual se llegó de común acuerdo por las partes y con miras a lograr la culminación de la edificación de la obra, se pactó la prolongación del término contractual por 2 meses y 10 días calendario a partir del 29 de abril de 2014 y hasta 9 de julio del 2014, y como fue habitual en las prórrogas anteriores, se acordó conceder al contratista el término de los 5 días siguientes a la firma de la prórroga para las modificaciones, o extender el término de los seguros y garantías por el término pertinente de la prórroga suscrita. Es evidente que si bien el contratista contaba con 5 días, según lo plasmado en la Prorroga 4 al Contrato de Obra No. 1698 de 2011, comprendidos entre el 29 de abril al 03 de mayo de 2014, para presentar la prórroga al seguro y garantías, no es menos cierto que las antes constituidas que serían objeto de prolongación vencían el día 30 de abril de 2014, situación que no podía desconocer la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA con el argumento de que tenía un plazo de cinco días para la prórroga, pues no es posible en materia de contratación estatal que un contrato de obra quede desprovisto de garantías, y menos que la entidad pública lo permita, otra cosa es que conceda un plazo para acreditar la prórroga o modificación de las pólizas y allegar los documentos de soporte, pero siempre en el entendido de que en ningún momento el contrato quede desprovisto de garantía alguna. Es evidente, que el contratista contaba con 5 días para presentar los documentos que dieran fe de la prórroga de la vigencia de los seguros y garantías establecidos en el contrato, pero no se puede pasar por alto que el término concedido para aportar los documentos de la vigencia de las garantías, no eximia de la obligación del contratista que antes de su fenecimiento aquellas fueran renovadas, esto es el 30 de abril de 2014; es por ello por lo que no advierte el despacho un mal proceder a cargo de la entidad más cuando el actuar de la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD encuentra apego al clausulado expuesto en el contrato en el literal f) del numeral 59.2 del Contrato de Obra que señala “Los incumplimientos fundamentales del Contrato incluirán, pero no están limitados a los siguientes (…) f) El Contratista no mantiene o constituye una garantía que sea exigida en el Contrato;”; si bien el contratista señala que estaba adelantado los trámites para la renovación de las garantías en virtud de la prórroga 4, lo cual quedo acredito a instancias de este proceso, no lo fue así dentro de la ejecución del Contrato de Obra No. 1698 de 2011 en el término comprendido del 29 de abril de 2014 al 30 de abril de 2014 cuando estaba próximo el vencimiento de las garantías. Por lo anterior, el despacho llega a una conclusión análoga a la realizada por el fallador de primera instancia y no advierte que la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, deshonrara su compromiso adquirido en la prórroga 4 cuando advirtió que en dicho plazo las garantías se vencerían, valoración que paralelamente debió realizar el contratista, pues tenía que renovar las garantías antes del vencimiento, es decir antes del 30 de abril de 2014, y tenía un plazo de cinco días para allegar la documentación correspondiente que diera fe de la prórroga. Si bien resulta evidente el reprocha que realiza el contrasta en torno a la decisión de terminación del Contrato de Obra No. 1698 de 2011, aquella fue concertada por la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA en la suscripción del Contrato de Obra No. 1698 de 2011, por lo cual no resulta extraño ni contrario al derecho de defensa y contradicción que la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD adoptará una decisión que el clausulado del contrato lo facultaba y que respecto de aquella no se establecía en el contrato un escenario jurídico en el cual tal determinación se pudiera debatir. Por lo anterior advierte el Ministerio Público que no hay lugar a modificar la decisión que adoptó el fallador de primera instancia al respecto en el fallo apelado. 2.3.2.2. Respecto a los incumplimientos del contrato a cargo de la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ – FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD El artículo 16 como el artículo 27 de la Ley 80 de 1993 prevén que en los casos de alteración de las condiciones del contrato las partes pueden convenir lo necesario para restablecerlo, suscribiendo “los acuerdos y pactos necesarios sobre cuantía, condiciones y forma de pago de gastos adicionales, reconocimiento de costos financieros e intereses, si a ello hubiere lugar…” Lo anterior significa que en situaciones o circunstancias que alteren o puedan alterar convenida ejecución del contrato, las partes pueden llegar a acuerdos tales como suspensiones, adiciones o prórrogas del plazo contractual, contratos adicionales, otrosíes, etc., al momento de suscribir tales acuerdos en razón de tales circunstancias es que deben presentar las solicitudes, reclamaciones o salvedades por incumplimiento del contrato, por su variación o por las circunstancias sobrevinientes, imprevistas y no imputables a ninguna de las partes. Sobre este tema, el Consejo de Estado se ha pronunciado señalando que es el principio de la buena fe el que se impone ante tales eventualidades, toda vez que como se sabe, la buena fe contractual, que es la objetiva, “consiste fundamentalmente en respetar en su esencia lo pactado, en cumplir las obligaciones derivadas del acuerdo, en perseverar en la ejecución de lo convenido, en observar cabalmente el deber de informar a la otra parte, y, en fin, en desplegar un comportamiento que convenga a la realización y ejecución del contrato sin olvidar que el interés del otro contratante también debe cumplirse y cuya satisfacción depende en buena medida de la lealtad y corrección de la conducta propia” (Se subrayado fuera de texto). Al respecto resulta paradójico que a instancias del proceso que nos ocupa la firma contratista solicite que sea declarado el incumplimiento del contrato por hechos achacables a la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, cuando en el curso de la ejecución del contrato nada se reprochó al respecto, es más, las partes de común acuerdo y a través de las prórrogas y adiciones ya referidas fueron sorteando las dificultades que de orden técnico y constructivo presentaba el Contrato de Obra No. 1698 de 2011. Es evidente que dentro del Contrato de Obra No. 1698 de 2011 se presentaron hechos que impidieron su norma ejecución y que algunas de aquellas, como las dificultades en los diseños, pudieran ser imputables a la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD, pero aquellas salvedades nunca fueron expresadas dentro de los actos contractuales surtidos en el proceso de ejecución tendente a imputar a la entidad una conducta constitutiva de incumplimiento del contrato. Inclusive el día 28 de marzo de 2013 se suscribió un documento denominado como “ACTA DE ACUERDO DE CONTROVERSIAS POR APARICIÓN DE EVENTOS COMPENSABLES EN LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD PRIMARIA DE ATENCIÓN UPA LIBERTADORES”, en el cual de común acuerdo las partes solucionaron las controversias o concertaron las soluciones en la ejecución del Contrato de Obra No. 1698 de 2011, lo cual da cuenta que en curso del proceso de ejecución del contrato las diferencias fueron resueltas en el marco de la cordialidad y entendimiento en procura de lograr el cumplimiento del objeto del contrato. El material probatorio da cuenta que en las 4 prórrogas suscritas, así como las 2 adiciones realizadas, fueron concertadas entre las partes e inclusive las adiciones fueron realizadas atendiendo a las solicitud que al respecto elevo la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA, por lo cual no advierte el despacho que hasta esta instancia se pretenda la imputación de incumplimiento del contrato a cargo de la entidad cuando dentro del proceso contractual nada al respecto se imputo a la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD; es claro partiendo de los hechos probados, que se presentaron varias oportunidades durante la ejecución del contrato, en las cuales el contratista pudo hacer las salvedades necesarias tendiente a advertir el incumplimiento del contrato por condutas enrostradas a la entidad, sin embargo no lo hizo. Por el contrario las piezas procesales, esto es las adiciones y prorrogas demuestran actuación cooperativa entre los extremos contractuales en procura de ejecutar las obras y no se aprecia en ninguna de ellas un llamado por parte la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA en el sentido de imputar un incumplimiento a cargo del contratante. Por lo anterior estima el Ministerio Público que dentro del plenario no se advierten condutas constitutivas de incumplimiento del contrato de las cuales sea llamado a responder la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD. 2.3.2.3. En cuanto a la liquidación judicial. Respecto a la liquidación que fue traída por la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA SUCURSAL COLOMBIA a través del escrito de alzada y la cual diciente de la efectuada por el fallador de primera instancia en aspectos como el valor pendiente de pago del acta No. 09 obra ejecutada y no pagada, valor intereses y valor para reconocer por intereses moratorios sobre el componente de retención de garantías, se debe decir que aquellos valores fueron tazadas en el dictamen pericial traído al proceso presumiendo la responsabilidad de la SECRETARÍA DISTRITAL DE SALUD - FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD por el incumplimiento del Contrato de Obra No. 1698 de 2011, por lo cual y atendiendo a que la responsabilidad de la entidad no fue declara por el incumplimiento del contrato, aquellos valores no refleja la realidad de los valores ejecutados en el contrato, razón por la cual el Ministerio Público considera deben ser desestimados; además si los valores señalados en el dictamen pericial no fueron controvertidos o desvirtuados ello sucedió dado que la entidad no fue declara responsable del incumplimiento del contrato y tal actuación resultaba improductiva probatoriamente. CONCEPTO Con base en todo lo anterior, la Procuraduría Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado, conceptúa que la sentencia de fecha 29 de octubre de 2021 de primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, debe ser CONFIRMADA PARCIALMENTE en cuanto a declarar el incumplimiento del Contrato de Obra No. 1698 de 2011 por parte de la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA – SUCURSAL COLOMBIA, negar las demás pretensiones de la demanda y efectuar la liquidación judicial del Contrato de Obra No. 1698 de 2011 con un saldo a favor de la CONSTRUCTORA HERREÑA FRONPECA – SUCURSAL COLOMBIA en cuantía de $467.951.468 que será paga por la entidad demandada y se REVOQUE en cuanto a la condena en contas impuesta a la SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BOGOTÁ – FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD. De la Honorable Magistrado. CARLOS JOSÉ HOLGUÍN MOLINA Procurador Cuarto Delegado ante el Consejo de Estado

Fuente original

https://apps.procuraduria.gov.co/relatoria/index.jsp?option=co.gov.pgn.relatoria.frontend.component.pagefactory.PirelTemaPageFactory