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NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO-Contra los actos previos a la celebración del contrato estatal para la construcción del Bloque A del Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez
CONTRATACION ESTATAL-Requisitos habilitantes
Se señala en el mencionado decreto que las entidades estatales contratantes deberán identificar y justificar los requisitos habilitantes exigidos a los proponentes en sus estudios previos definitivos y señalarlos en los pliegos de condiciones de los procesos de selección. Tales requisitos se demostrarán con la información que de cada uno de dichos proponentes conste en el certificado del Registro Único de Proponentes, tal y como lo dispone el numeral 1º del artículo 5° y el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto-Ley 019 de 2012.
CELEBRACION DE CONTRATOS-Exigencia de acreditación de experiencia general y experiencia específica en licitación
En el caso sub examine el segundo de los contratos que sirvió de prueba para acreditar la experiencia especifica no cumplió con las medidas señaladas en el pliego para las actividades específicas, por cuanto se verificó que se requería un mínimo de 3.000 M2 en la construcción de estructura metálicas (pliego de condiciones) y la participación de Obras Maquinaria y Equipos Tres A S.A.S. solo tuvo un porcentaje de participación del 3% en el contrato suscrito con el Municipio de Málaga en un sector a construir de 4.652 M2, lo que equivaldría a solo 139 M2, por tanto, no se acreditó la experiencia específica.
PROCURADURIA QUINTA DELEGADA
ANTE EL CONSEJO DE ESTADO
Bogotá, D. C., 25 de junio de 2019
Doctor
[NOMBRE TACHADO]
Sección Tercera- Subsección B
CONSEJO DE ESTADO
E S D.
Referencia: Concepto 19-80
Acción: Nulidad y Restablecimiento del Derecho
Radicado: 410012333000201300510-01 (60.778)
Actor: Inversiones Grandes Vías e Ingeniería S.A.S., Ángel Rincón Construcciones S.A.S., Obras Maquinaria y Equipos Tres A S.A.S, integrantes del consorcio Parque de la Música JVC
Demandado: Departamento del Huila
Honorable Señor Consejero:
Estando en el término del traslado especial, procede esta Procuraduría Delegada a emitir concepto dentro del proceso de la referencia, que se encuentra en conocimiento del Honorable Consejo de Estado en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, quien solicitó la revocatoria de la sentencia, para cuyo efecto se expone:
ANTECEDENTES
La Demanda
Las sociedades Inversiones Grandes Vías e Ingeniería S.A.S., Ángel Rincón Construcciones S.A.S. Obras Maquinaria y Equipos Tres A S.A.S. integrantes del Consorcio Parque de la Música JVC presentaron acción de nulidad y restablecimiento del derecho contra los actos previos a la celebración del contrato estatal mediante el cual se construiría el Bloque A del Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez, ubicado en Neiva, departamento del Huila.
Se solicitó en la demanda que se declare la nulidad de la Resolución 0228 del 21 de junio de 2013 publicada en el SECOP el 21 de junio de 2013, expedida por el Director del Departamento Administrativo de Contratación del departamento del Huila y, en consecuencia, se condene a la entidad territorial demandada al pago de la suma de $815.318.940,40 por concepto de reparación de perjuicios, más los intereses moratorios y corrientes.
Contestación de la demanda
La contestación fue extemporánea.
Sentencia de primera instancia
Mediante providencia del 22 de agosto de 2017 el Tribunal Administrativo del Huila negó las pretensiones de la demanda.
El juez de primera instancia expuso que el contratista consideró que por el solo hecho de que su propuesta fue declarada hábil por el Comité Evaluador, tenía derecho a que le adjudicaran la licitación.
Indicó que el día anterior a que expirara el término para presentar observaciones al proceso de evaluación, el recién posesionado Gobernador del Huila reasumió la competencia para dirigir el proceso licitatorio revocando tácitamente la delegación que la anterior administración le había otorgado al Director del Departamento Administrativo de Contratación, dependencia que hasta entonces tenía a cargo el proceso licitatorio, además de lo cual, suspendió el proceso durante 15 días para efectuar una revisión general al procedimiento y requisitos del mismo y determinar la procedencia de su continuidad.
El demandante, en razón de la intervención por parte del Gobernador del Huila consideró ilícita la actuación y de manera concreta señaló los siguientes aspectos:
La intervención indebida del Gobernador en el trámite
A pesar de que se aclararon errores formales que se consignaron equivocadamente en el formulario 5, se desconoció la capacidad residual del contratista
Se asumió que el consorcio demandante no satisfacía la experiencia mínima habilitante.
Bajo estos supuestos, se estudiaron los siguientes problemas jurídicos:
Si el Gobierno Departamental podía prorrogar el término consagrado en el pliego de condiciones y en el artículo 30 de la Ley 80 de 1993, y si el Director del Departamento Administrativo de Contratación tenía la facultad para declarar desierto el proceso licitatorio.
¿La capacidad residual de contratación del consorcio actor era un requisito subsanable?
¿La propuesta del contratista era susceptible de rechazo, en armonía con las causales 26 y 27?
¿El consorcio demandante cumplía con la experiencia específica mínima habilitante?
En relación con el primer problema jurídico planteado, señaló el tribunal a quo que de conformidad con lo dispuesto en el parágrafo 1º del Artículo 2.2.2. del Decreto 734 de 2012 (aplicable para la época de los hechos) el proceso de selección podía ser suspendido por el término de 15 días hábiles, cuando a juicio de la entidad se presentaren circunstancias de interés público o, en general, cualquier otra que requiriera analizarse. La entidad decidió entonces modificar el cronograma, decisión que no fue improvisada, como tampoco se debió a un capricho de la entidad. Con fundamento en el interés general, la entidad verificó los contenidos de las propuestas y, por consiguiente, solicitó información de los contratos suscritos por los distintos consorcios a 18 entidades públicas, a partir de lo cual se encontraron distintas inconsistencias.
Con la anterior información, consideró el Tribunal que se encontraba justificada la suspensión y ampliación del cronograma. En relación con la competencia del funcionario que suspendió el proceso licitatorio manifestó que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 12 de la Ley 80 de 1993, el Gobernador tenía todas las facultades para efectuar la delegación y tomar las decisiones en el proceso de contratación.
Respecto del requisito habilitante, al analizar la propuesta del consorcio demandante se encontraron 9 contratos reseñados con numerosas inconsistencias, los cuales no reportaron la información completa, lo cual corrigió el proponente en el formato 5 alegando que son falencias numéricas fácilmente explicables. En consideración de lo dispuesto en los artículos 5º parágrafo 1° y 6º de la Ley 1150 de 2007, a juicio del Tribunal Administrativo del Huila las inconsistencias numéricas eran un requisito subsanable, y el proponente cumplió con el requisito habilitante, razón por la cual esta no constituía una razón para declarar desierta la licitación.
Ahora bien, en el análisis de la experiencia específica como requisito habilitante se concluyó que este requisito no fue cumplido, por cuanto en el contrato de Málaga la participación del consorcio fue de un 3%, razón por la cual no podía esgrimirse que se corroboró un 100% de experiencia específica. Dicha experiencia fue exigida en el numeral 3.2.3.2. del pliego de condiciones, norma que estableció de manera expresa el 100% de experiencia. Adicionalmente, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6.2.2.2 del Decreto 734 de 2012, el proponente que haya ejecutado los contratos como miembro de un consorcio, unión temporal, sociedad de objeto único, empresa unipersonal o sociedades en general debe tomar solo en cuenta para estos efectos, el porcentaje del valor del contrato que él ejecutó.
Apelación
Las sociedades demandadas e integrantes del consorcio interpusieron recurso de apelación, pues a su juicio el estudio jurídico realizado por el juez colegiado del Huila fue errado, por cuanto analizó el proceso de contratación con base en un pliego de condiciones que no correspondía al proceso de contratación objeto de la demanda sino a otro proceso de licitación. Señaló que el examen jurídico realizado por el Tribunal del Huila tuvo en cuenta la licitación pública DAPLPOP008-2012 que tuvo por objeto la construcción del Recinto Ferial de Neiva, Primera Etapa.
Advirtió que este pliego debió ser allegado por la entidad demandada de manera errónea, de lo cual debió percatarse el Tribunal Administrativo. Así las cosas, es claro que no se estableció en la licitación DAPLPOP003-2012 el requisito referido a la experiencia acreditada por solo uno de los integrantes del consorcio o unión temporal cuya participación no puede ser inferior al 40%, que fue el principal argumento para negar las pretensiones de la demanda.
Alegó que se encuentra debidamente acreditado que el proponente del consorcio cumplía con la totalidad de las exigencias habilitantes del pliego de condiciones y, en especial, con el requisito de experiencia específica requerida. Se hizo claridad en que se cumplió con el requisito específico de la experiencia habilitante exigida por las reglas del pliego de condiciones del proceso de selección de licitación Pública No. DAPLPOP003-2013.
En este aspecto, el recurrente señaló haber cumplido la experiencia específica con su participación en el contrato No 6-139 -334 suscrito entre la Alcaldía de Cartagena y el Consorcio Jaime Morón del cual era integrante y, por tanto, acreditaron un 100% del porcentaje total de la obra los miembros que se unieron al consorcio. Así también ocurrió con el contrato No. 022 de 2011 suscrito entre la Alcaldía de Málaga y la unión temporal Ciudadela Málaga, de la cual era integrante. Indicó que en el pliego se exigió acreditar los contratos más no el porcentaje de participación de los integrantes del consorcio.
Explicó que las reglas contenidas en la Licitación DAPLPOP003-2013, señalaban que el proponente debería acreditar una experiencia específica en:
La construcción y/o adecuación de edificaciones con un área cubierta mínima de 10.461 M2 de concreto
Construcción de mínimo 3.000 M2 de estructura metálica
Impermeabilización con membrana flexible tipo PVC, cuya área sea sumada por lo menos de 2.500 M2.
En relación con la forma de acreditación mencionó los requisitos exigidos y qué debían contener las certificaciones.
Por otro lado, consideró que no era aplicable lo dispuesto en el artículo 6.2.2.2. del Decreto 734 de 2012, pues en las condiciones del pliego no se exigió el porcentaje de participación del consorcio establecida en los contratos para acreditar la experiencia específica.
Aclaró que el contrato Nº 2, aportado por el proponente para acreditar la experiencia no se presentó para acreditar valor, pues no era un requisito exigido y que, por el contrario, se probó experiencia específica. Insistió en que no podía ponderarse el porcentaje de participación de la persona jurídica miembro del consorcio contratante con el municipio de Málaga que fue del 3%, pues el artículo 6.2.2. del Decreto 734 de 2012 precisa que lo que se ponderará será el valor y no las cantidades de obra o actividades ejecutadas, lo que además es técnicamente imposible y sería totalmente arbitrario establecer tal regla.
La interpretación que hace el recurrente de los numerales 3.2.2.2. y 3.2.2.3 de la licitación es la siguiente: los contratos aportados sí debían acreditar un valor igual o superior al 60% del presupuesto oficial de este proceso expresado en salarios mínimos, sin embargo, no se solicitó valor de la experiencia específica, ni que estuviera acreditada en los dos contratos, ni de forma individual, ni en sumatoria, por lo que era inocuo saber el porcentaje de participación del consorcio en la anterior contratación, pues las actividades y cantidades eran las del contrato y no las que correspondieran a la proporción del miembro del consorcio que la acreditaba, lo que se encuentra acorde con lo establecido en el artículo 6.2.2. del Decreto 734 de 2012.
Insistió en que las reglas del pliego fueron claras en señalar las actividades de obra ejecutada y las cantidades, es así como los contratos aportados (máximo 2) debían acreditar dichas actividades y no ponderar el porcentaje de participación del consorcio, esto por cuanto las actividades de obra ejecutadas en un contrato no se pueden dividir como si fueran dinero. Apeló además a la aplicación del artículo 1624 del CC que establece la interpretación a favor del deudor frente a las cláusulas ambiguas.
ACTUACIÓN PROCESAL DE LA SECCIÓN TERCERA, SUBSECCIÓN B DEL CONSEJO DE ESTADO
Mediante auto del 20 de marzo de 2019 el Magistrado ponente decretó como prueba el pliego de condiciones de la licitación pública No. DAPLPOP003-2013 visible a folios 1507 a 1551 del cuaderno principal.
CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
ANALISIS JURÍDICO
Problemas Jurídicos
El problema jurídico en el presente asunto se concreta a determinar si el Consorcio Parque de la Música JVC cumplió con la experiencia específica mínima habilitante contemplada en el pliego de condiciones No. DAPLPOP003-2013?
A efecto de resolver el problema jurídico planteado, se estudiarán los requisitos habilitantes en el proceso de contratación estatal.
Los requisitos habilitantes en el proceso de contratación estatal
El Decreto 734 de 2012, vigente para la época de los hechos, tuvo como objeto reglamentar las disposiciones legales contenidas en el Estatuto General de Contratación de la Administración. Entre las modalidades de selección previstas en éste, se contempla la licitación pública.
Se señala en el mencionado decreto que las entidades estatales contratantes deberán identificar y justificar los requisitos habilitantes exigidos a los proponentes en sus estudios previos definitivos y señalarlos en los pliegos de condiciones de los procesos de selección. Tales requisitos se demostrarán con la información que de cada uno de dichos proponentes conste en el certificado del Registro Único de Proponentes, tal y como lo dispone el numeral 1º del artículo 5° y el artículo 6° de la Ley 1150 de 2007, modificado por el artículo 221 del Decreto-Ley 019 de 2012.
Los requisitos habilitantes y la información del Registro Único de Proponentes establecidos en los pliegos de condiciones deben ser coherentes, consistentes, suficientes y objetivos, de tal modo que se procure la escogencia –en el marco de la libre competencia– de los proponentes que puedan ejecutar exitosamente el objeto a contratar y los fines de Estado que con él se persiguen.
En materia de registro único de proponentes y verificación documental de los requisitos habilitantes, se señala que las entidades estatales podrán exigir y los proponentes deberán aportar, según lo señalado en ese decreto, la información y documentación que no sea objeto de verificación documental por parte de la Cámara de Comercio, o la que se requiera para constatar requisitos adicionales de los proponentes cuando las características del objeto a contratar lo exijan.
Ahora bien, el artículo 6.2.2.2 establece el procedimiento para la verificación de los requisitos habilitantes de los constructores, en la siguiente forma: “Los constructores acreditarán mediante el RUP, sus requisitos habilitantes de Experiencia (E), Capacidad financiera (Cf) y Capacidad de organización (Co) (…)”.
Agrega la norma que el proponente que haya ejecutado los contratos como miembro de un consorcio, unión temporal, sociedad de objeto único, empresa unipersonal o sociedades en general, debe tomar para estos efectos, solo el porcentaje del valor del contrato que él ejecutó (énfasis añadido).
Ahora bien, la jurisprudencia del Consejo de Estado ha sido consistente en señalar que con la expedición de la Ley 1150 de 2007 se profundizaron las reglas del principio de la selección objetiva en la contratación de la administración pública que ya se habían trazado en el artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
Así las cosas, conforme a lo dispuesto en el artículo 5º de la Ley 1150 de 2007, se reafirmó la prohibición de instrumentar rechazos de las propuestas con base en asuntos meramente formales, lo que coincide con el sentido del numeral 2º del artículo 25 de la Ley 80 de 1993.
De otra parte, el precedente ha sido consistente en señalar que la entidad estatal contratante, en razón a su condición de directora del procedimiento de selección, se encuentra revestida de cierto margen de autonomía en la elaboración del pliego de condiciones, y en desarrollo de esa actividad, tiene la facultad de establecer las exigencias y los requisitos que deben observar y reunir los oferentes.
En la misma línea, se ha encargado de destacar que la potestad configuradora, lejos de comportar un poder ilimitado, encuentra su lindero en el apego y sujeción a las reglas y principios de orden constitucional y legal que orientan la contratación estatal, premisa que se concreta en la definición de requisitos y exigencias que resulten pertinentes y necesarios para la consecución del fin público que se pretende satisfacer a través de la celebración del respectivo contrato.
Por oposición, esa facultad no puede emplearse para la fijación de requisitos inanes, superfluos, caprichosos o arbitrarios que en nada contribuyan, o, por el contrario, obstaculicen la selección objetiva de la propuesta más favorable para la administración.
Se ha dicho entonces que para rechazar o descalificar una propuesta, la entidad pública debe actuar de conformidad con reglas concebidas para que las causales que determinen esa consecuencia se hallen previamente establecidas en la ley y “se deriven del incumplimiento de requisitos de la propuesta o de la omisión de documentos referentes a la futura contratación que sean necesarios para la comparación de las propuestas, de conformidad con lo establecido en el numeral 15 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, puesto que la causa excluyente debe ser razonable, esencial y proporcionada, toda vez que no tendría justificación excluir una propuesta por una deficiencia que no tenga incidencia alguna en la contratación”.
De ahí que la incorporación de una causal de rechazo que justifique la exclusión de alguna propuesta del procedimiento de selección debe encontrar un claro apoyo normativo que la dote de sustento jurídico, y al tiempo debe referirse a la ausencia de requisitos o documentos necesarios para la comparación objetiva de las propuestas y, a la luz de la Ley 1150 de 2007, debe aludir a aspectos que afecten la asignación de puntaje.
Caso concreto
Sea lo primero advertir que, en efecto, el Tribunal examinó un pliego de condiciones de una licitación totalmente diferente a la que se refiere el presente proceso y que no es la que reguló el proceso de contratación del Bloque A del Parque de la Música Jorge Villamil Cordovez, ubicado en Neiva, departamento del Huila. En consecuencia, el estudio tomará en cuenta el pliego de condiciones de la licitación No. DAPLPOP003-2013. No obstante, se aclara que la restante documentación del expediente es la que regula este proceso licitatorio.
Pues bien, en este contexto legal y fáctico se determina que la inconformidad del recurrente se concreta a dilucidar si se cumplió con la acreditación del requisito de experiencia exigido en el pliego de condiciones, lo anterior en consideración a la exigencia que se predica en el punto 3.2.3.2 y lo dispuesto en el artículo 6.2.2.2 del Decreto 734 de 2012.
Sea lo primero señalar que mediante resolución No. 228 del 23 de junio de 2013 se declaró desierta la licitación pública DAPLPOP 003-2013. El acto administrativo demandado señaló que la propuesta del consorcio demandante presentaba algunas inconsistencias, y precisó que en relación con la experiencia específica el proponente no reportó la información completa y conforme a los requerimientos establecidos en el pliego de condiciones.
Se advierte en el acto administrativo que el proponente no cumplió con los requisitos de experiencia exigidos en el numeral 3.2.3.2 del pliego de condiciones, ya que según consta en la copia del documento de la conformación de la Unión Temporal Ciudadela Málaga, la Sociedad Obras Maquinaria y Equipo Tres A. S.A.S. no posee experiencia física en construcción y/o adecuación de edificaciones con un área mínima cubierta de 10.000 M2, como tampoco en la construcción de la estructura metálica de 3.000 M2, pues en la conformación de la unión temporal solo se ejecutaron actividades de localización y replanteo en un porcentaje del 3%.
De otra parte, a juicio de la entidad contratante, al no acreditarse la experiencia mínima requerida en el pliego de condiciones se incumplió con el contenido de las certificaciones en cuanto éstas debían incluir como mínimo el anexo del documento de conformación del consorcio en el que se señale quiénes lo conforman y el porcentaje de participación de cada uno de ellos. Así mismo la resolución No. 228 de 2013 hace alusión al artículo 6.2.2.2. del Decreto 734 de 2012 que establece que en el procedimiento de verificación de los requisitos habilitantes, en el caso de los consorcios debe tomarse para estos efectos, solo el porcentaje del valor del contrato que él ejecutó. Así las cosas, como quiera que en el contrato celebrado con el municipio de Málaga solo se corroboró un 3% de la ejecución del contrato, se estima que dicha circunstancia no le permitió al proponente acreditar la experiencia mínima requerida.
Ahora bien, si examinamos el pliego de condiciones, este en su artículo 3.2 establece la documentación técnica requerida y estipula que la no presentación de la misma hará que la propuesta sea evaluada como NO CUMPLE TÉCNICAMENTE, lo que generará el RECHAZO de la misma. Señala entonces que para efectos de realizar la verificación técnica el proponente debe diligenciar y presentar con la propuesta los respectivos documentos de soporte, cuando así corresponda.
El punto 3.2.3.2 señaló expresamente: “Experiencia Específica (Formato No. 4 ―Experiencia del proponente”) El proponente deberá acreditar una experiencia específica en la construcción y/o adecuación de edificaciones con un área cubierta mínima de 10.000 mts2, mediante máximo dos (2) contratos de obra celebrados y ejecutados en los últimos cinco (5) años anteriores a la fecha de cierre del presente proceso, que incluyan las siguientes actividades:
Construcción de mínimo 3.000 mts2 de graderías en concreto
Construcción mínimo 3.000 mts2 de estructura metálica para cubierta.
Impermeabilización con membrana flexible tipo PVC, cuya área sumada sea de por lo menos 2.500 mts2” (Énfasis añadido).
Así mismo, el pliego de condiciones estableció que la acreditación de la experiencia específica impone el diligenciamiento del formato No 4 y requiere adjuntar los siguientes documentos para acreditar debidamente la experiencia general y específica:
“El proponente para acreditar la experiencia general y específica, deberá hacerlo mediante CERTIFICACIONES. Para que la acreditación sea válida, dichas CERTIFICACIONES deben incluir como mínimo, la siguiente información:
Nombre de la Empresa o Entidad Contratante
Nombre del Contratista. Si se trata de un Consorcio o de una Unión Temporal se debe anexar el documento de conformación del mismo en el que se señale el nombre de quienes lo conforman y el porcentaje de participación de cada uno de sus miembros.
(…)
Objeto del contrato GOBERNACIÓN DEL HUILA Despacho del Gobernador LICITACION PÚBLICA DAPLPOP003-13 Carrera 4 Calle 8 Piso 3 PBX 8671300 Ext. 1310-1312 FAX: 1311 Neiva-Huila
Área, con sus especificaciones
Para acreditar la experiencia específica, la certificación deberá indicar con precisión el respetivo número de metros cuadrados de graderías, de estructura metálica para cubierta y de impermeabilización.
Se especificó además que para los contratos en los cuales se ejecutaron las etapas de estudios técnicos, diseños y construcción o de estudios técnicos, diseño, construcción y mantenimiento, se debería desagregar el valor correspondiente a cada una de las etapas, así como las fechas específicas de inicio y finalización de cada una de ellas. Se determinó que para estos contratos solo se tendría en cuenta el valor de la etapa en la cual se evidencia la ejecución de las actividades solicitadas en la experiencia.
En adición a lo señalado, también se estableció que en el evento en que el proponente no contara con una certificación con toda la información anteriormente descrita, podría adjuntar, entre otras opciones, la siguiente: Si el contrato se suscribió en consorcio o en unión temporal se podrá acreditar el porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal.
En virtud de lo expuesto, esta Delegada precisa lo siguiente:
Sin duda el requisito de la experiencia específica, conforme se desprende de los numerales 3.2., 3.2.3.2 y 3.2.3.3 constituía un requisito determinante en el análisis de la propuesta, pues se requería que el proponente, en este caso el consorcio, acreditara el conocimiento y experiencia suficiente en la construcción e instalación de la infraestructura señalada en la licitación. Así se desprende del punto 3.2. cuando expresamente señala que la evaluación de la propuesta tomará en cuenta los requisitos que serían exigidos en los ítems siguientes y el incumplimiento técnico generaría el rechazo, en este evento al ser un único proponente, ello conduciría además a declarar desierta la licitación.
De otra parte, si examinamos las disposiciones 3.2.3.2 y 3.2.3.3 Experiencia del proponente, éste debía acreditar una experiencia específica atendiendo a la construcción y adecuación de 10.000M2, para lo cual debía presentar como máximo dos contratos de obra que incluyeran tres actividades específicas. Para documentar dicha experiencia debían allegarse certificaciones, las cuales de manera expresa debían contener no solo el número de metros cuadrados en las respectivas actividades señaladas, sino que, además, estos contratos solo serían tenidos en cuenta conforme el valor de la etapa en la cual se evidenciara ejecución de las actividades solicitadas en la experiencia, y debía especificarse en caso de tratarse de un consorcio o unión temporal el porcentaje de participación.
Así las cosas, la interpretación que debe acogerse en este caso es que sí era determinante la ejecución de las actividades solicitadas en la experiencia, las cuales exigían en el caso del consorcio que en la certificación constara el porcentaje de participación, esto se considera a fin de verificar el cumplimiento en las medidas de construcción exigidas. En adición a lo señalado, también se estableció que en el evento en que el proponente no contara con una certificación con toda la información anteriormente descrita, para el caso de que el contrato se hubiere suscrito en consorcio o en unión temporal, podría adjuntar la acreditación del porcentaje de participación mediante copia del acuerdo de consorcio o de unión temporal.
De lo expuesto, es claro que tanto la ejecución de las obras como el porcentaje de participación de los integrantes del consorcio era esencial al momento de evaluar la experiencia técnica, lo cual, a juicio de esta delegada, son requisitos técnicos y no exigencias caprichosas o arbitrarias por parte de la entidad contratante.
Sin duda, de las normas contempladas en la licitación se desprende que el objetivo de la administración era lograr escoger la propuesta que contara con los postulantes más experimentados en la construcción de la obras específicamente señaladas, razón por la cual, no solo era determinante que las certificaciones mostraran la ejecución de las actividades ya especificadas, sino el porcentaje de participación de los integrantes del consorcio, de lo contrario no tendría ninguna finalidad señalar de manera expresa la discriminación de los porcentajes de participación de los integrantes del consorcio en los contratos que acreditarían la experiencia específica.
Se considera además que las normas del proceso licitatorio se acompasan con lo dispuesto en el Decreto 734 de 2012 entonces vigente, el cual en su artículo 6.2.2.2 hace claridad en que en el procedimiento para la verificación de los requisitos habilitantes si el contrato se ejecuta como miembro de un consorcio o unión temporal debe tomar para estos efectos, solo el porcentaje del valor del contrato que él ejecutó (énfasis añadido). Norma que a nuestro juicio es aplicable al caso concreto no solo porque regula este tipo de procesos sino por cuanto precisamente lo que se busca es escoger al contratista más idóneo para la contratación, y en tratándose de un consorcio, al conformarse por personas jurídicas distintas, las cuales debían acreditar una experiencia específica en los términos de la contratación, es apenas lógico que se requiriera entonces verificar el porcentaje de participación de los mismos. Además, se estima que los requisitos y exigencias en tal sentido son pertinentes y necesarias para el logro de la finalidad pública que se pretendía lograr con el contrato de obra.
Por otro lado, no se considera que las normas de la licitación sean ambiguas, por cuanto es claro que la experiencia específica debía garantizar no solo la ejecución de las actividades descritas, sino que, en caso de tratarse de un consorcio o unión temporal, el proponente debía discriminar el porcentaje de participación de sus intervinientes.
Finalmente se hace claridad en que no se trata de discriminar actividades específicas por los integrantes del consorcio como pretende hacer ver el recurrente. Se trata de acreditar las actividades ejecutadas en las medidas solicitadas y el porcentaje de participación de los integrantes del consorcio, lo que sin duda permite verificar la experiencia que considera la entidad contratante requieren sus proponentes y que en este caso no se cumplió conforme se demostró con la participación de Obras Maquinaria y Equipos Tres A S.A.S. quien solo tuvo un porcentaje de participación del 3% en el contrato suscrito con el Municipio de Málaga en un sector a construir de 4.652 M2, lo que equivaldría a solo 139 M2 (3%), en atención al porcentaje del contratista, contrato con el cual se pretendió acreditar experiencia específica, sin que se cumpliera con la medida de construcción exigida en el pliego de condiciones el cual equivalía a 3000 M2 en construcción de estructura metálica, el cual tampoco se acreditó en conjunto con el primer contrato ejecutado en el cual se acreditó la ejecución de un área cubierta de 5.819 M2, sin suministro de estructura metálica.
Por último, se hace claridad en que si bien no se estipuló un porcentaje que debía ser construido por los proponentes, sí se especificó una medida de construcción en la ejecución de tres actividades específicas que se entiende era lo que debían acreditar los proponentes en cada contrato, lo cual podía verificarse en atención al porcentaje de participación de las personas jurídicas integrantes del consorcio.
En este orden de ideas, este Ministerio Público pone en consideración del H. Consejo de Estado la siguiente,
CONCLUSIÓN
De conformidad con las normas citadas, con la jurisprudencia invocada, con las pruebas allegadas y practicadas, y con las consideraciones y reflexiones consignadas en este concepto, para esta Procuraduría Delegada, hay lugar a confirmar la sentencia proferida por la primera instancia, por cuanto:
La experiencia específica solicitada atiende a dos criterios que debían ser acreditados de conformidad con los artículos 3.2.3.2. y 3.2.3.3. del pliego de condiciones, ejecución de las actividades y medidas específicas y porcentaje de participación de los integrantes del consorcio en los contratos que servían de prueba para ello.
Estos requisitos no se oponen a lo dispuesto en el articulo 6.2.2.2 del Decreto 734 de 2012, norma aplicable que señala que a efectos del procedimiento para la verificación de los requisitos habilitantes, si el contrato se ejecuta como miembro de un consorcio o unión temporal debe tomar para estos efectos, solo el porcentaje del valor del contrato que él ejecutó (énfasis añadido).
La estipulación en el pliego de condiciones precisamente busca escoger al contratista más idóneo para la contratación y, en tratándose de un consorcio este se conforma de personas jurídicas distintas, las cuales en este caso debían acreditar una experiencia específica en los términos de la contratación. A juicio de esta Delegada, los requisitos y exigencias que considera el Ministerio Público son pertinentes y necesarios para la consecución del fin público que se pretendía lograr con el contrato de obra y que no son arbitrarios ni caprichosos y,
En el caso sub examine el segundo de los contratos que sirvió de prueba para acreditar la experiencia especifica no cumplió con las medidas señaladas en el pliego para las actividades específicas, por cuanto se verificó que se requería un mínimo de 3.000 M2 en la construcción de estructura metálicas (pliego de condiciones) y la participación de Obras Maquinaria y Equipos Tres A S.A.S. solo tuvo un porcentaje de participación del 3% en el contrato suscrito con el Municipio de Málaga en un sector a construir de 4.652 M2, lo que equivaldría a solo 139 M2, por tanto, no se acreditó la experiencia específica.
Por todo lo anterior, esta Agencia del Ministerio Público, en defensa del interés general, del orden jurídico, del patrimonio público y de las garantías y de los derechos fundamentales, comedidamente solicita a la Honorable Corporación, con el acostumbrado respeto por la independencia judicial, que en este evento SE CONFIRME LA SENTENCIA APELADA.
Del señor Consejero, respetuosamente,
ANDRES MUTIS VANEGAS
Procurador Quinto Delegado ante el Consejo de Estado