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ACCIÓN CONTRACTUAL-Por presunto incumplimiento del convenio interadministrativo por parte del municipio de Támara Casanare
NEGOCIO JURÍDICO-El acuerdo una vez perfeccionado es irrevocable unilateralmente
Las relaciones contractuales se generan a la luz jurídica, siempre con fuerza vinculante, generándose una nueva ley para las partes, como resultado del consentimiento libre y espontáneo emitido por una persona capaz, que desee, teniendo en cuenta sus intereses, obligaciones para con otra a realizar una prestación determinada. Este acuerdo, una vez perfeccionado es irrevocable unilateralmente, es decir, individualmente un sujeto no puede variar las condiciones que regulan las obligaciones que se ejecutan, o vienen ejecutando, en virtud del negocio jurídico reseñado.
CONTRATO-Las partes pueden terminarlo unilateralmente cuando las condiciones particulares así lo exijan/EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTATAL-Obligan a las partes a cumplirlo de buena fe
En cuanto a los contratos, el artículo 1602 del Código Civil manifiesta que éste es la expresión de las partes la cual se encuentra regida bajo el principio de “lex contractus, pacta sunt servanda”. En igual forma, el artículo 1603 del mismo estatuto prevé que los contratos deben ser ejecutados de buena fe, y por consiguiente, obligan a las partes a cumplirlo. Respecto al cumplimiento e incumplimiento de los contratos, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 estipula: “Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1°. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2° de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado.
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACIÓN-El municipio de Támara cumplió el convenio de obra celebrado con el departamento de Casanare
En el sub judice esta Delegada encuentra que el municipio de Támara, cumplió el Convenio Interadministrativo 0575 de 2005, según se prueba en el acta No. 7 de recibo final del convenio de obra en la cual se reunieron el alcalde del municipio de Támara, el Ingeniero, Secretario de Planeación y Obras del Municipio de Támara, el Cooperante de obra Arquitecto como representante legal de la Sociedad de Ornato y Mejoras Públicas de Casanare, el Cooperante de interventoría Arquitecto, representante legal de la Corporación Gerencia de Proyecto, con el fin de recibir las obras en el convenio citado, constatar las obras objeto del contrato y hacer entrega del mismo por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte de la interventoría de obras ejecutadas. Dichas obras fueron terminadas el 2 de abril de 2010, según acta No. 6 de terminación del convenio
APRECIACIÓN DE LAS PRUEBAS-El convenio fue ejecutado en su totalidad
Podemos apreciar como acervo probatorio se aportaron por parte de la Tesorería Municipal de Támara informes financieros en el que se observa que el valor del contrato fue por la suma de $ 3.199.939,194, de los cuales se ejecutó el valor de $3.199.937,353 estos valores se encuentran soportados en los extractos bancarios, circunstancia esta que nos permiten ultimar que el valor transferido por la Gobernación del Casanare al convenio fue ejecutado en su totalidad. A juicio de esta Delegada, con el acervo probatorio recaudado no permite concluir la asignación de responsabilidad a cargo del Municipio de Támara, en la medida en que hubo cumplimiento.
En virtud de lo expuesto, esta Delegada del Ministerio Público, solicita a la Sala de Decisión revocar la decisión de primera instancia, en lo que respecta al numeral primero, mediante el cual se declara el incumplimiento del convenio interadministrativo 0575 de 26 de diciembre de 2005, y la condena impuesta en el numeral 3 y 4 en razón a la declaración del incumplimiento.
TEORÍA GENERAL DEL CONTRATO-Jurisprudencia del Consejo de Estado
CONCEPTO No. 130 /2014
Bogotá, 4 de agosto 2014
SEÑORES
CONSEJO DE ESTADO
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
SECCIÓN TERCERA SUBSECCIÓN A
CONSEJERO PONENTE: Dr. [NOMBRE TACHADO]
E. S. D.
EXPEDIENTE: 850012331000201100135 01(49442)
ACCIÓN: Contractual
ACTOR: Departamento de Casanare
DEMANDADO: Municipio de Támara (Casanare)
Sentido del concepto: solicitud de revocar de la sentencia recurrida. / Se probó que el municipio de Támara cumplió el convenio interadministrativo celebrado con el Departamento de Casanare. / El ente municipal ejecutó la totalidad de los dineros transferidos por el Departamento de Casanare. / Todo contrato legalmente celebrado es ley para las partes. /
El Ministerio Público presenta a consideración de la Sala concepto en el proceso de la referencia, teniendo en cuenta que la función de la Procuraduría General de la Nación se centra en la vigilancia del cumplimiento de la Constitución Política y la Ley, además de la protección de los Derechos Humanos.
ANTECEDENTES
Demanda – hechos
El 26 de diciembre de 2005, el Departamento de Casanare y el municipio de Támara suscribieron convenio interadministrativo No. 0575, cuyo objeto era transferir recursos al municipio para la construcción del puente peatonal colgante sobre el río Pauto localizado en el paso Tabloncito de la vereda Victoria Eccehomo, y la interventoría técnica administrativa y financiera, por valor de $3.199.988.777.oo; la fecha de iniciación sería el 4 de enero de 2006 y de terminación el 26 de marzo de 2010; el plazo fue prorrogado en varias oportunidades por dificultades con el diseño inicial de la obra, por la ola invernal y otros inconvenientes presentados durante su desarrollo, como se encuentra consignado en las actas modificatorias 1 del 18 de marzo de 2008, 2 del 3 de febrero de 2009 y 3 del 3 de marzo de 2010.
El Departamento requirió, en varias oportunidades, al municipio de Támara liquidar el convenio de manera bilateral, pues para septiembre de 2010 aún no se reportaba la terminación de las obras ni el cumplimiento de las obligaciones contraídas, por lo que el supervisor designado por el departamento preparó el acta de liquidación del convenio junto con el Ing. Carlos Rojas Arenas representante de la Sociedad de Ingenieros de Casanare, arrojando un valor no ejecutado de $579.715.748,63 que por lo mismo debe ser reembolsado al departamento junto con sus rendimientos financieros cuyo monto debe establecerse.
Contestación de la demanda
El municipio de Támara se opuso a la pretensiones de la demanda y dijo que el ente municipal demandado ejecutó el 100% de los recursos transferidos por la gobernación de Casanare mediante convenio 0575 de 2005.
Adujo que el contratista que ejecutó el convenio de cooperación fue la Sociedad de Ornato y Mejoras Públicas de Casanare y la Orquídea Colombiana representada legalmente por el arq. Néstor Cuéllar y la interventoría del contrato fue realizada por la Corporación Gerencia de Proyectos G.P. representada legalmente por César Raúl Granados.
Admitió mora en la ejecución del contrato debido a diseños de la obra, o influencias climáticas y a la complejidad de la instalación de tránsito, sin embargo éste se liquidó de manera bilateral por la administración municipal de Támara el 29 de marzo de 2011 entre el contratista y la interventoría contratada.
Consintió que la liquidación del convenio 0575 de 2005 se haga en sede judicial pero con base en el acta de liquidación del convenio de cooperación interinstitucional No.06 de 26 de enero de 2006 suscrito entre la Sociedad de Ornato y Mejoras Públicas de Casanare y la Orquídea, y el municipio de Támara, pero no admitió que haya lugar a reintegro de suma alguna de dinero por cuanto las sumas contratadas fueron ejecutadas en un 100%.
Planteó las excepciones:
-Cobro de lo no debido
-Cumplimiento y pago del convenio interadministrativo.
Sentencia de primera instancia
El Tribunal Administrativo del Casanare, en fallo del 14 de agosto de 2013, declaró el incumplimiento del convenio interadministrativo 0575 de 26 de diciembre 2005 y manifestó que en este convenio pudieron ocurrir irregularidades por los reconocimientos que hizo o pretendió hacer la administración de ese municipio, pese a que al parecer el valor realmente ejecutado es inferior al que hizo incluir en la llamada “acta final” paralela a la liquidación bilateral. Ordenó al municipio de Támara reembolsar al Departamento la suma de $551.934.891,16. Concluyó que las excepciones de “cobro de lo no debido” y “cumplimiento y pago del convenio interadministrativo” no están llamadas a prosperar y en su lugar se acogerán las pretensiones de la demanda.
Apelación de la sentencia
El apoderado de municipio de Támara (Casanare) interpuso recurso de apelación contra la sentencia adversa a su cliente y dijo:
Dentro del contrato de obra suscrito entre el Departamento del Casanare y su cliente, que desarrolla el convenio interadministrativo y en la respectiva acta de liquidación obrante a folio 680 a 682; cuaderno 3 de pruebas, se encuentra la liquidación del contrato en el que se observa que el valor contratado es la suma de $3.199.939.194 y el valor ejecutado es $3.199.937.353; este contrato se encuentra firmado por la Sociedad de Ornato en calidad de contratista por el interventor, la supervisión y el Alcalde Municipal, circunstancia que coincide con el cuaderno anexo de soporta del acta de liquidación obrante a folio 638 a 684 del mismo cuaderno de pruebas, esto para demostrar que efectivamente se ejecutó la totalidad de los recursos del convenio.
Manifestó que el fallo apelado en el estado en que se encuentra, constituye un desequilibrio económico contra el municipio de Támara, en el sentido a que pese a que ejecutó la totalidad de los recursos, es decir, la suma de $ 3.199.608.575,oo se le ordene reembolsar la suma de $551.934.891,16 con sus respectivos rendimientos financieros, luego avalar tal determinación se constituye en un enriquecimiento para el Departamento y empobrecimiento para el municipio de Támara desvirtuando de paso la verdadera esencia de la figura de los convenios interadministrativos que tienen su principio constitucional en el artículo 113 como principio de colaboración armónica.
II. CONSIDERACIONES DEL MINISTERIO PÚBLICO
Problema jurídico
Puede ser expresado en los siguientes términos:
¿En el caso objeto de controversia, es procedente declarar el incumplimiento del Convenio No. 0575 de 2005, suscrito entre el Departamento del Casanare con el municipio de Támara (Casanare), por la no ejecución del valor aportado por el Departamento para la construcción del puente colgante sobre el río Pauto en el sitio Tabloncito de la vereda Victoria Eccehomo?
2.2. Marco teórico.
Pueden ser tenidos como referentes teóricos los siguientes aspectos, que integran el argumento que constituye el concepto de esta Delegada del Ministerio Público:
2.2.1. El Consejo de Estado en sentencia 15119 del 18/09/2003, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Consejero Ponente. Dr. [NOMBRE TACHADO], señaló:
Desde el punto de vista de la teoría general del contrato, éste es un acto jurídico generador de obligaciones que tiene su fundamento primario en el principio de la autonomía de la voluntad -aunque matizado por ciertos límites que, por diversas razones, son establecidos por el legislador -, en el sentido de que las partes concurren a su celebración y en consecuencia asumen las obligaciones correlativas, por una libre y autónoma decisión de acudir a este procedimiento de intercambio económico y por ello, en general, la ley debe operar sólo de manera supletiva, frente a los vacíos que las partes hayan podido dejar respecto de la regulación de su relación y sólo para llenar esas lagunas de la voluntad. (….). Y ese derecho que tienen los contratistas de la Administración Pública a que se restablezca el equilibrio económico del contrato, ha sido consagrado expresamente en la normatividad que rige la contratación estatal.
Las pruebas obrantes en el plenario. Premisa fáctica
El material probatorio se allegó de conformidad con las reglas establecidas en materia de prueba documental, en el Código de Procedimiento Civil.
Convenio Interadministrativo 0575 de 26 de diciembre de 2005 suscrito entre el Departamento del Casanare y el municipio de Támara (fls. 39 a 41 c- 1)
Acta de terminación del convenio 0575 de 2005 suscrito por el municipio de Támara y la Sociedad de Ingenieros de Casanare (fls. 167 a 170 c-1)
Acta de recibo final de obra de 29 de marzo de 2011, cuyo objeto era aunar esfuerzos para la realización del puente peatonal colgante sobre el río Pauto, en la que figura como valor de obra ejecutada $2.495.673.684.89 (fls. 502 a 506 C-2).
Caso concreto
Estudiadas las pruebas allegadas al plenario, se logró establecer lo siguiente:
En el caso que nos ocupa, queda claro que en el objeto del Convenio Interadministrativo 0575 del 26 de diciembre de 2005 firmado entre las partes, “cuyo objeto era transferir recursos al municipio para la construcción del puente peatonal colgante sobre el río Pauto localizado en el paso Tabloncito de la vereda Victoria Eccehomo en el municipio de Támara Departamento de Casanare e interventoría Administrativa técnica, financiera y Ambiental”
Las relaciones contractuales se generan a la luz jurídica, siempre con fuerza vinculante, generándose una nueva ley para las partes, como resultado del consentimiento libre y espontáneo emitido por una persona capaz, que desee, teniendo en cuenta sus intereses, obligaciones para con otra a realizar una prestación determinada. Este acuerdo, una vez perfeccionado es irrevocable unilateralmente, es decir, individualmente un sujeto no puede variar las condiciones que regulan las obligaciones que se ejecutan, o vienen ejecutando, en virtud del negocio jurídico reseñado
En cuanto a los contrato, el artículo 1602 del Código Civil manifiesta que éste es la expresión de las partes la cual se encuentra regida bajo el principio de “lex contractus, pacta sunt servanda”. En igual forma, el artículo 1603 del mismo estatuto prevé que los contratos deben ser ejecutados de buena fe, y por consiguiente, obligan a las partes a cumplirlo. Respecto al cumplimiento e incumplimiento de los contratos, el artículo 14 de la Ley 80 de 1993 estipula: “Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 1°. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán, en los casos previstos en el numeral 2° de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado
En el sub judice esta Delegada encuentra que el municipio de Támara, cumplió el Convenio Interadministrativo 0575 de 2005, según se prueba en el acta No. 7 de recibo final del convenio de obra (fl. 502) en la cual se reunieron el alcalde del municipio de Támara, el ingeniero Giovanny Duran H, Secretario de Planeación y Obras del Municipio de Támara, el Cooperante de obra Arquitecto Néstor Cuellar como representante legal de la Sociedad de Ornato y Mejoras Públicas de Casanare, el Cooperante de interventoría Arquitecto Cesar Raúl Granados, representante legal de la Corporación Gerencia de Proyecto, con el fin de recibir las obras en el convenio citado, constatar las obras objeto del contrato y hacer entrega del mismo por parte del contratista y recibir a satisfacción por parte de la interventoría de obras ejecutadas. Dichas obras fueron terminadas el 2 de abril de 2010, según acta No. 6 de terminación del convenio
A folio 680 a 682 C-3 de pruebas, se puede observar que el valor contratado la suma de $3.199.939,194 y el valor ejecutado es $ 3.199.937,353 este contrato se encuentra firmado por la Sociedad de Ornato en calidad de contratista; por el interventor del contrato, la supervisión y el Alcalde Municipal.
Siguiendo este mismo orden de ideas podemos apreciar como acervo probatorio se aportaron por parte de la Tesorería Municipal de Támara (fls. 051 a 140 C-4) informes financieros en el que se observa que el valor del contrato fue por la suma de $ 3.199.939,194, de los cuales se ejecutó el valor de $3.199.937,353 estos valores se encuentran soportados en los extractos bancarios, circunstancia esta que nos permiten ultimar que el valor transferido por la Gobernación del Casanare al convenio fue ejecutado en su totalidad. A juicio de esta Delegada, con el acervo probatorio recaudado no permite concluir la asignación de responsabilidad a cargo del Municipio de Támara, en la medida en que hubo cumplimiento.
En virtud de lo expuesto, esta Delegada del Ministerio Público, solicita a la Sala de Decisión revocar la decisión de primera instancia, en lo que respecta al numeral primero, mediante el cual se declara el incumplimiento del convenio interadministrativo 0575 de 26 de diciembre de 2005., y la condena impuesta en el numeral 3 y 4 en razón a la declaración del incumplimiento.
Así mismo se solicita se confirme el numeral 2 de la sentencia, puesto que se encuentra probada la existencia del convenio y hay lugar a declarar la liquidación del mismo.
La Procuraduría General de la Nación en su función de garantizar la eficacia del derecho de acción y en representación de los intereses de la sociedad, a través de esta Delegada, solicita se declaren imprósperas las pretensiones de la acción contractual de la referencia, revocando el numeral primero de la sentencia apelada en lo que respecta al incumplimiento del convenio interadministrativo por parte del Municipio de Támara (Casanare)
III. CONCLUSIÓN
En concepto del Ministerio Público la sentencia proferida por el Tribunal Contencioso Administrativo del Casanare, datada el catorce (14) de agosto de dos mil trece (2013), debe ser Revocada.
Del H. Magistrado,
MARÍA PATRICIA ARIZA VELASCO
Procuradora Cuarta Delegada ante el Consejo de Estado