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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado ponente
SC878-2022
Radicación n° 08001-31-03-006-2014-00215-01
(Aprobado en sesión virtual de diez de marzo de dos mil veintidós)
Bogotá D.C., veintisiete (27) de abril de dos mil veintidós
(2022).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Alimentos Polar Colombia S.A.S., Comercializadora y
Representaciones Antiotrading S.A.S., Italcol de Occidente
Ltda., Carbone Rodríguez & Cía. S.C.A. Italcol, Cooperativa
Colanta Ltda., Seguros Generales Suramericana S.A.,
Seguros Comerciales Bolívar S.A. y La Previsora Compañía
de Seguros S.A., frente a la sentencia proferida el 10 de abril
de 2019 por la Sala Civil - Familia del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Barranquilla, en el proceso verbal que,
junto a Wilson Guillermo Pérez Suárez y Granyproc Ltda.,
promovieron contra Harbor Shipping & Trading S.A. y
Seaport S.A.
ANTECEDENTES
1. Al tenor de la demanda y su reforma, los
demandantes solicitaron:
Radicación n.° 08001-31-03-006-2014-00215-01
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1.1. Declarar que Harbor Shipping & Trading S.A.,
como armador del buque Chios Wind, celebró contratos de
transporte con Alimentos Polar Colombia S.A.S.,
Comercializadora y Representaciones Antiotrading S.A.S.,
Carbone Rodríguez & Cía. S.C.A. Italcol, Italcol de Occidente
Ltda., Cooperativa Colanta Ltda., Contegral S.A., Alimentos
Finca S.A., Soberana S.A.S., Precocidos del Oriente S.A.,
Icoharinas Ltda., Molinos Barranquilla S.A., Concentrados
del Norte S.A., Molinos del Oriente S.A., Granyproc Ltda. y
Wilson Guillermo Pérez Suárez, plasmados, en su orden, en
los conocimientos de embarque números 13 a 15; 1; 3 a 4 y
11 a 12; 5; 2 y 10; 7 a 8; 9; 16 a 25; 26 a 29; 34; 30; 6; 35 y
«emitidos»; a través de los cuales se comprometió a trasladar,
respectivamente, 3.249,9; 1.100; 1.375; 825; 1.319; 1.099;
550; 3.300; 1.100; 2.420; 196,600; 165,48; 328,426
toneladas métricas y «un cargamento» de maíz entre los
puertos de Ama (Louisiana) y Barranquilla.
1.2. Proclamar que Harbor Shipping & Trading S.A.
incumplió esos convenios al ejecutarlos de forma inapropiada
y descuidada, lo que generó el encallamiento del buque Chios
Wind el 19 de mayo de 2011 al ingresar al canal de acceso al
puerto de Barranquilla, por lo cual es responsable de los
mayores costos de transporte representados en los gastos de
salvamento que asumieron Alimentos Polar Colombia S.A.S.,
Comercializadora y Representaciones Antiotrading S.A.S.,
Italcol de Occidente Ltda., Carbone Rodríguez & Cía. S.C.A.
Italcol, Cooperativa Colanta Ltda., Wilson Guillermo Pérez
Suárez y Granyproc Ltda.; así como Seguros Generales
Suramericana S.A., Seguros Comerciales Bolívar S.A. y La
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Previsora Compañía de Seguros S.A. en condición de
aseguradoras de Contegral S.A., Alimentos Finca S.A.,
Soberana S.A.S., Precocidos del Oriente S.A., Icoharinas
Ltda., Molinos Barranquilla S.A., Concentrados del Norte
S.A. y Molinos del Oriente S.A.
1.3. Condenar a Harbor Shipping & Trading S.A. y,
solidariamente, a Seaport S.A. como agente marítimo del
buque Chios Wind, a pagar a título de indemnización a
Alimentos Polar Colombia S.A.S., Comercializadora y
Representaciones Antiotrading S.A.S., Italcol de Occidente
Ltda., Carbone Rodríguez & Cía. S.C.A. Italcol, Cooperativa
Colanta Ltda., Wilson Guillermo Pérez Suárez, Granyproc
Ltda., Seguros Generales Suramericana S.A., Seguros
Comerciales Bolívar S.A. y La Previsora Compañía de Seguros
S.A., (éstas tres en condición de subrogatarias legales de
Contegral S.A., Alimentos Finca S.A., Soberana S.A.S.,
Precocidos del Oriente S.A., Icoharinas Ltda., Molinos
Barranquilla S.A., Concentrados del Norte S.A. y Molinos del
Oriente S.A.) las sumas de U$769.601,8; U$81.639,3;
U$68.387,5; U$106.380,5; U$99.076; U$44.324; U$44.324;
U$116.339,5; U$318.610,8 y U$455.379,7, respectivamente,
o las que se prueben en el proceso, con intereses «legales» y
corrección monetaria causada desde que cancelaron estos
gastos de salvamento y hasta la fecha de ejecutoria de la
sentencia condenatoria.
2. Tales pretensiones tuvieron como sustento fáctico, en
resumen, el siguiente:
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2.1. Alimentos Polar Colombia S.A.S., Italcol de
Occidente Ltda., Carbone Rodríguez & Cía. S.C.A. Italcol,
Cooperativa Colanta Ltda., Wilson Guillermo Pérez Suárez,
Granyproc Ltda., Contegral S.A., Alimentos Finca S.A.,
Soberana S.A.S., Precocidos del Oriente S.A., Icoharinas
Ltda., Molinos Barranquilla S.A., Concentrados del Norte
S.A. y Molinos del Oriente S.A. celebraron con Harbor
Shipping & Trading S.A., como armador del buque Chios
Wind, los contratos de transportes referidos, a través de los
conocimientos de embarque descritos y expedidos por el
capitán de la nave.
2.2. Seguros Generales Suramericana, mediante la
póliza 114492, aseguró a los importadores y consignatarios
Contegral S.A. y Alimentos Finca S.A. todos los riesgos del
transporte marítimo, entre los cuales estaban eventuales
contribuciones por avería general y salvamento; lo propio
realizó La Previsora Compañía de Seguros mediante la
expedición de las pólizas 1001699 y 1001183, teniendo como
asegurados a Soberana S.A.S. y Precocidos del Oriente S.A.;
al paso que Seguros Comerciales Bolívar aseguró a
Icoharinas Ltda., Molinos Barranquilla S.A., Concentrados
del Norte S.A. y Molinos del Oriente S.A., con las pólizas
1511-1910039-01, 1511-1910043-01 y 1530-1730015-01.
2.3. Al ingresar al puerto de Barranquilla, el 19 de mayo
de 2011, la nave Chios Wind encalló debido a la negligencia
y falta de responsabilidad del capitán y del piloto práctico,
según lo estableció la DIMAR a través de la Capitanía de ese
puerto, previa investigación, aunque aún no ha dictado fallo
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definitivo. Además, la motonave había sufrido otra varadura
que causó daños en su casco en junio de 2010, a su arribo a
Buenaventura, los cuales no habían sido reparados; y había
culminado su vida útil porque fue construida en 1984, de allí
que fuera vendida para ser chatarrizada en un astillero de
India en el año 2011.
2.4. A raíz del encallamiento en el puerto de
Barranquilla, el armador del buque celebró contrato de
salvamento con Tsalvaris Salvage International Ltd., el 20 de
mayo de 2011, bajo la forma internacional de Lloyd´s
Standard Form Of Salvage Agreement, Lof 201, en la cual
tanto el buque como la carga pagarían las labores de
salvamento, siendo necesario, para obtener la liberación de
la carga, que los consignatarios y aseguradores garantizaran
el pago del 50% de su valor, lo cual implicó la expedición de
sendas garantías.
2.5. Posteriormente, con ocasión de los acuerdos que
celebraron los demandantes con Tsalvaris Salvage
International Ltd., esta recibió -además de los pagos por
avería gruesa-, por gastos de salvamento U$769.601,8;
U$116.339,5; U$318.610,8, U$99.076; U$455.379,7,
U$68.387,5; U$106.380,5; U$81.639,3; U$44.324 y
U$44.324, de Alimentos Polar Colombia S.A.S., Seguros
Generales Suramericana S.A., Seguros Comerciales Bolívar
S.A., Cooperativa Colanta Ltda., La Previsora Compañía de
Seguros S.A., Italcol de Occidente Ltda., Carbone Rodríguez
& Cía. S.C.A. Italcol, Comercializadora y Representaciones
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Antiotrading S.A.S., Wilson Guillermo Pérez Suárez y
Granyproc Ltda., respectivamente.
3. Harbor Shipping & Trading S.A. guardó silencio, tras
su vinculación al pleito a través de Seaport S.A., en condición
de agente marítimo y por ende representante judicial.
Por su parte, Seaport S.A. en nombre propio se opuso a
las pretensiones y propuso las excepciones meritorias que
denominó «la prescripción de la acción derivada de la avería
gruesa», «de las contribuciones por salvamento como un gasto
extraoridinario (sic) de avería gruesa», «prescripción de la
acción derivada del contrato de transporte bajo fletamento»,
«fuerza mayor como causa eficiente del encallamiento de la MN
Chios Wind y de la consecuente declaratoria de avería gruesa.
Por tanto falta de legitimación para accionar en virtud de la
avería gruesa, por no haber un responsable de los hechos»,
«hecho de un tercero como causal eximente de responsabilidad
de los demandados y por contera del. (Sic) La responsabilidad
sería de Cormagdalena» y «la culpa del capitán de la nave y
del práctico como causal exonerativa de la responsabilidad del
transportador marítimo».
4. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Barranquilla,
una vez agotadas las fases del juicio, con sentencia de 3 de
noviembre de 2017 adicionada en esa misma fecha, declaró
improbadas las excepciones, accedió a las pretensiones del
libelo salvo las deprecadas por Granyproc Ltda., Wilson
Guillermo Pérez Suárez y Seguros Comerciales Bolívar S.A.
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como subrogataria de Icoharinas Ltda., las cuales desestimó,
al igual que negó la corrección monetaria pedida.
5. Al resolver la apelación interpuesta por Seaport S.A.,
con providencia de 10 de abril de 2019 el superior revocó
totalmente la decisión, declaró fundadas las excepciones de
«prescripción de la acción derivada de avería gruesa», «falta
de legitimación en causa por activa de los demandantes para
hacer uso de la acción de salvamento consagrada en el
artículo 1545 C. Co.», y denegó íntegramente el petitum.
LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL
1. El juzgador ad-quem, citando las Reglas de York y
Amberes en concordancia con las disposiciones del Código de
Comercio patrio, decantó que los gastos generados a causa
de una asistencia o salvamento hacen parte de la avería
gruesa si tuvieron el fin de preservar de un peligro a los
bienes comprometidos en la expedición marítima, dentro de
los cuales está el buque y la carga.
Y en el caso de autos, agregó, los contratos de
salvamento allegados dan cuenta de que su objeto fue el
salvataje de los bunkers de carga y cualquier otra propiedad
de los mismos, excluyendo efectos personales o equipajes de
pasajeros, capitán o tripulación, de donde lo reclamado en el
libelo corresponde a la devolución de una porción de los
pagos realizados por las demandantes por concepto de avería
gruesa; conclusión que también aparece plasmada en el
informe de la ajustadora de seguros contratada por las
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aseguradoras demandantes y en el testimonio rendido por el
suscriptor de este documento.
Y la acción de avería gruesa, adicionó el tribunal, se
encontraba prescrita desde el momento de la presentación de
la demanda, porque el lapso previsto legalmente para que
opere tal fenómeno extintivo es de un año.
2. Añadió el fallo que el título VII de la primera parte
del libro quinto del Código de Comercio (entre la cual están
los artículos 1545, 1549 y 1551) regula, entre otros aspectos,
el derecho de remuneración del salvador, que para el caso
fue Tsalviris Salvage International Ltd.; no la acción a favor
de quien pagó el salvataje y pretende el retorno de estos
gastos, la cual está codificada en la sección I del título VI que
reglamenta la avería gruesa (arts. 1520 y 1528 ídem).
Por consecuencia y como quiera que el conflicto no
atañe a Tsalviris Salvage International Ltd., pues acordó con
los demandantes el pago de su remuneración y la recibió,
resultaba inviable la acción de salvamento planteada por las
promotoras con base en el precepto 1545 del Código de
Comercio y ss., lo que denota su falta de legitimación por
activa.
3. Si en gracia de discusión se aborda la acción de
responsabilidad civil contractual incoada -no obstante estar
mezclada con la de salvamento- de cualquier manera está
llamada al fracaso:
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3.1. En primer lugar, porque el convenio de transporte
marítimo que le sirvió de apoyo no fue acreditado.
3.2. En segundo lugar, porque el actuar culposo en la
dirección marítima del buque Chios Wind fue atribuido a su
capitán y al piloto práctico, sin citar a juicio a la empresa de
practicaje o a quien estuviere llamado a responder por este;
y en razón a que se basó en una decisión de la DIMAR
desprovista de firmeza.
3.3. En tercer lugar, porque el contrato de transporte
marítimo fue desvirtuado con: I) Los conocimientos de
embarque aportados, en los cuales quedó constancia de la
existencia de un contrato de fletamento suscrito el 31 de
marzo de 2011; II) con el uso de la proforma de póliza de
fletamento para transporte de granos Norgrain de 1973
(North American Grain Charterparty 1973); III) por la
mención de las condiciones de transporte insertadas en el
conocimiento de embarque que también mencionaron el
pacto de fletamento; y IV) por la usanza internacional de
trasladar mercancía tipo granel sólido a través de fletamento
por viaje, en el cual el cargador elige el buque que se adapte
a su carga.
Aunque ambos convenios guardan similitudes, pues
tanto en el contrato de transporte como en el de fletamento
es viable el empleo de conocimientos de embarque; en el sub
judice estos fueron utilizados como constancia de la entrega
de la mercancía por su vendedor, y para otorgar al
consignatario el derecho a recibirla una vez arribara a puerto,
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en razón a que, en concordancia con las facturas allegadas,
la empresa vendedora del maíz acordó con sus compradores
la entrega bajo costo y flete, desde el puerto Ama de
Louisiana hasta Barranquilla, lo cual implica, a voces del
artículo 1698 del estatuto mercantil, que el vendedor
contrata el buque, paga el flete y asume el embarque de la
mercancía hasta el puerto de destino, pero transfiere los
riesgos al comprador cuando la carga pasa la borda de la
motonave, de allí que el adquirente asegura las mercaderías
hasta el puerto de destino. Es decir, el precio acordado con
el vendedor incluye los gastos de despacho y transporte, pero
exonera de responsabilidad al vendedor por la travesía.
Tal convención es válida habida cuenta que las normas
del contrato de fletamento son supletivas ante la inexistencia
de regulación internacional o nacional (art. 1666 ídem), lo
cual permitía el uso de los preformatos elaborados por
conferencias marítimas asociaciones de fletadores con base
en su costumbre.
3.4. Y en cuarto lugar, porque la acción de
responsabilidad derivada del contrato de fletamento
igualmente se encontraba prescrita.
LA DEMANDA DE CASACIÓN
Los promotores plantearon siete cargos, cuatro
alegando la vulneración directa de la ley sustancial y tres por
la vía indirecta, fundados en la causal primera y segunda,
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respectivamente, del artículo 336 del Código General del
Proceso.
CARGO PRIMERO
1. Invocando la «primera» causal de casación, los
recurrentes endilgan al fallo de segunda instancia la
violación, por vía indirecta, de los artículos 1021 a 1022 y
1667 del Código de Comercio, como consecuencia de error de
derecho en la valoración del acervo probatorio.
2. En apoyo del reproche afirmaron que el tribunal tuvo
por acreditado el contrato de fletamento con base en
alusiones a él, que se plasmaron en los conocimientos de
embarque aportados, no obstante que el precepto 1667
citado exige que dicho convenio se pruebe por escrito y,
además, contenga sus elementos esenciales, de donde era
inviable tenerlo por demostrado con documentos diversos al
contrato mismo.
Y de aceptar que el fletamento puede probarse con otros
instrumentos, lo cierto es que los conocimientos de
embarque no mencionan quiénes fungían como fletante y
fletador.
Por lo tanto, erró el tribunal al «imaginar que ese
documento hipotético y eventual existe y está firmado y por
tanto obliga a la parte demandante»; así como contabilizar la
prescripción de la acción conforme al artículo 1677 del
estatuto mercantil, que aplica tratándose de contratos de
fletamento.
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3. Ante la presencia de los conocimientos de embarque
y sin que de ellos puede extraerse pacto de fletamento, la
sentencia debió aplicar los cánones 1021 y 1022 del Código
de Comercio, que regulan la prueba del contrato de
transporte.
CARGO SEGUNDO
1. Fundados en el motivo inicial de casación regulado
en el canon 336 del Código General del Proceso, acusan al
tribunal de conculcar directamente los artículos 981, 993,
1648, 1651 y 1667 del estatuto de los comerciantes, por falta
de aplicación.
2. Sustentan el reproche reiterando las alegaciones
descritas en el cargo inmediatamente anterior, a lo cual
agregaron que el tribunal omitió la aplicación de los artículos
1648 y 1651 del Código mercantil, que establecen la
prevalencia del conocimiento de embarque si existe
divergencia entre este y la póliza de fletamento, de donde, con
base en aquellos, debió tenerse por probado el contrato de
transporte.
CARGO QUINTO
1. Erigidas en el «primer» motivo de casación previsto en
el artículo 336 del Código General del Proceso, adujeron que
el fallo atacado vulneró por vía indirecta el ordenamiento
sustancial debido a errores de hecho «al no haber valorado y
ordenado la práctica» de una prueba solicitada.
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2. Soportan su descontento en que el tribunal no se
pronunció sobre la decisión de primera instancia adoptada
por la DIMAR, a través de la cual imputó responsabilidad al
capitán y al piloto práctico del buque Chios Wind en el
encallamiento ocurrido el ingresar al puerto de Barranquilla
el 19 de mayo de 2011.
Añadió que tampoco decretó la incorporación de la
decisión de segunda instancia de 7 de junio de 2019, que
ratificó ese inicial fallo de la DIMAR.
Estos elementos hubieran permitido «la aplicación de
las normas omitidas» para establecer que la única acción al
alcance de las convocantes era la de responsabilidad
contractual por el incumplimiento del pacto transportador,
cuya prescripción está regulada por el canon 993 del Código
de Comercio.
CONSIDERACIONES
1. Es pertinente indicar que, por entrar en vigencia de
manera íntegra el Código General del Proceso a partir del 1º
de enero de 2016, al sub judice resulta aplicable ya que
consagró, en los artículos 624 y 625 numeral 5º, que los
recursos, entre otras actuaciones, deberán surtirse bajo «las
leyes vigentes cuando se interpusieron», tal cual sucede con
el que ahora ocupa la atención de la Sala, en razón a que fue
radicado con posterioridad a la fecha citada.
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2. El numeral 2º del artículo 344 del Código General del
Proceso consagra que el escrito con que se promueve la
casación debe contener «[l]a formulación, por separado, de los
cargos contra la sentencia recurrida, con la exposición de los
fundamentos de cada acusación, en forma clara, precisa y
completa...»
Y es que este recurso, por su naturaleza extraordinaria,
impone al censor el respeto de unas reglas técnicas
orientadas a facilitar la comprensión de los argumentos con
que pretende rebatir los sustentos del proveído atacado. De
ello se deriva la aplicación del principio dispositivo, en cuya
virtud esta Corporación no puede subsanar las deficiencias
observadas en la demanda de casación.
Así lo tiene advertido la Sala al exigir que «[s]in distinción
de la razón invocada, deben proponerse las censuras
mediante un relato hilvanado y claro, de tal manera que de su
lectura emane el sentido de la inconformidad, sin que exista
cabida para especulaciones o deficiencias que lo hagan
incomprensible y deriven en deserción, máxime cuando no es
labor de la Corte suplir las falencias en que incurran los
litigantes al plantearlos» (CSJ AC7250 de 2016, rad. 2012-
00419-01).
No podría ser de otra forma, pues el recurso se
encuentra en manos del recurrente, quien establece los
motivos y las razones que pueden dar lugar a la casación, sin
que el órgano de conocimiento pueda sustituir al legitimado
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para su interposición, ya que de lo contrario asumiría el rol
de un juez de instancia y suplantaría al censor1.
3. Vistos los tres cuestionamientos se concluye que no
cumplen las exigencias formales que son imperativas para la
casación, por lo que se impone su desestimación, en la
medida en que son incompletos, valga anotar, no abordan la
totalidad de los argumentos en que se cimentó el proveído de
segundo grado.
En efecto, para negar las pretensiones de la demanda el
tribunal sentó tres consideraciones torales: I) Los gastos
sufragados por concepto de salvamento hacen parte de la
avería gruesa y, por ende, prescribió la acción por haber
transcurrido el lapso de un año (art. 1528 C. de Co.); II) las
demandantes promovieron la acción de salvamento, prevista
para que el salvador obtenga el pago de su labor de salvataje,
mas no para que los propietarios de la carga trasladada
obtengan la devolución de los gastos que sufragaron por el
salvamento, de lo cual se extrae que existe falta de
legitimación por activa; III) si se pasan por alto las anteriores
consideraciones, lo cierto es que los contratos ajustados por
las adquirentes de la carga trasladada en el buque Chios
Wind fue de fletamento, no los de transporte en que se erigió
la pretensión, y la acción derivada del pacto de fletamento
igualmente prescribió.
1 Jorge Nieva Fenoll. El recurso de casación ante el Tribunal de Justicia de la Comunidades
Europeas, J.M. Bosh, Barcelona, 1998.
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Los cargos primero, segundo y quinto de la demanda de
casación combaten el tercer argumento del juzgador de
segunda instancia, dejando a salvo sus dos primeros
razonamientos.
Por ende, de afirmarse que el fallador colegiado incurrió
en los yerros a él endilgados a través de los embates referidos
la decisión atacada se mantendría, por cuanto esas
supuestas falencias de juzgamiento no desvirtúan todos los
argumentos del Tribunal, quedando en pie los restantes que
bastan para desestimar el petitum.
Por supuesto que si la Corte llegara a concluir que lo
ajustado fue un pacto de transporte, tal inferencia no
desvanece la tesis de que los gastos de salvamento hacen
parte de la avería gruesa y que la acción para repetir por el
pago de esta prescribió al haber transcurrido el lapso de un
año; tampoco desvirtuaría la idea de que los demandantes
carecen de legitimación para instaurar la acción de
salvamento, porque esta fue instituida para que el salvador
obtenga el pago de su labor, no para que los propietarios de
la carga transportada logren el reembolso de lo pagado por
salvataje.
En tal orden de ideas, como los reparos no combaten
íntegramente los soportes del fallo criticado están llamados
al fracaso, cuestión frente a la cual la Corte ha indicado, en
relación con el recurso de que se trata, que:
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‘…el recurso de casación debe contar con la fundamentación
adecuada para lograr los propósitos que en concreto le son
inherentes y, por disponerlo así la ley, es a la propia parte
recurrente a la que le toca demostrar el cabal cumplimiento de este
requisito, lo que supone, además de la concurrencia de un
gravamen a ella ocasionado por la providencia en cuestión,
acreditar que tal perjuicio se produjo por efecto de alguno de los
motivos específicos que la ley expresa, no por otros, y que entre el
vicio denunciado en la censura y aquella providencia se da una
precisa relación de causalidad, teniendo en cuenta que, cual lo ha
reiterado con ahínco la doctrina científica, si la declaración del
vicio de contenido o de forma sometido a la consideración del
Tribunal de Casación no tiene injerencia esencial en la resolución
jurisdiccional y ésta pudiera apoyarse en premisas no censuradas
eficazmente, el recurso interpuesto carecerá entonces de la
necesaria consistencia infirmatoria y tendrá que ser desechado’
(…) En la misma providencia, se añadió que ‘…para cumplir con la
exigencia de suficiente sustentación de la que se viene hablando,
el recurrente tiene que atacar idóneamente todos los elementos que
fundan el proveimiento, explicando con vista en este último y no
en otro distinto, en qué ha consistido la infracción a la ley que se
le atribuye, cuál su influencia en lo dispositivo y cómo este aspecto
debe variar en orden al restablecimiento de la normatividad
sustancial vulnerada, lo que impone entre otras cosas de no menor
importancia por cierto, que la crítica a las conclusiones decisorias
de la sentencia sea completa’. Ello significa que el censor tiene la
ineludible carga de combatir todas las apreciaciones de fondo que
conforman la base jurídica esencial del fallo impugnado, sin que
sea posible desatender y separarse de la línea argumental
contenida en aquel proveído… (CSJ AC7629 de 2016, rad. nº
2013-00093-01. Subrayó la Sala).
Por contera, los embates de marras son imprósperos, al
incumplir las exigencias aludidas.
4. En adición, concluye la Sala que el segundo
cuestionamiento planteado en la demanda extraordinaria
tampoco cumple otra exigencia formal, en razón a que las
recurrentes aducen que el funcionario de última instancia
tuvo por demostrado el contrato de fletamento con prueba
diversa a la aprobada legalmente.
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Así las cosas, el cargo no satisface las exigencias
formales porque cuando se invoca la afectación por vía
directa de la ley sustancial es necesario partir de la
aceptación íntegra de los hechos tenidos por acreditados en
el fallo, sin que exista campo para disentir de la valoración
ni de los medios de convicción recaudados, por cuanto la
crítica debe estar dirigida a derruir los falsos raciocinios de
las normas sustanciales que gobiernan el caso, bien sea
porque el Tribunal no las tuvo en cuenta, se equivocó al
elegirlas o, a pesar de ser las correctas, les da un
entendimiento ajeno a su alcance.
Al respecto tiene dicho la Corte que:
al acudir en casación invocando la violación directa de la ley
sustancial, se debe partir de la aceptación íntegra de los hechos
tenidos por probados en la sentencia, sin que se permita plantear
inconformidad alguna relacionada con los medios de convicción
recaudados, debiéndose limitar la formulación del ataque a
establecer la existencia de falsos juicios sobre las normas
sustanciales que gobiernan el caso, ya sea por falta de aplicación,
al no haberlas tenido en cuenta; por aplicación indebida, al incurrir
en un error de selección que deriva en darles efectos respecto de
situaciones no contempladas; o cuando se acierta en su
escogencia pero se le da un alcance que no tienen, presentándose
una interpretación errónea (CSJ SC 24 abr. 2012, rad. nº 2005-
00078).
Esta obligación no fue acatada en el reproche de que se
trata, porque lo criticado al operador judicial es que tuvo por
demostrada una unión comercial con prueba distinta a la
consagrada en el ordenamiento jurídico para tal efecto; es
decir, que tal censura va dirigida contra la plataforma fáctica
del litigio y no respecto del entendimiento que se le dio a los
preceptos sustanciales invocados en tal determinación.
Radicación n.° 08001-31-03-006-2014-00215-01
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Es decir, las recurrentes seleccionaron
inadecuadamente la senda por la cual debieron plantear su
segundo ataque, pues lo direccionaron como una
transgresión directa de la ley sustancial pero argumentaron
situaciones que, de ser ciertas, se enmarcaría en la violación
indirecta.
En tal orden de ideas, el embate no es próspero, porque
se formuló sin guardar la técnica debida, al ser necesario que
cada cargo guarde correspondencia con la causal escogida,
lo que desarrolla la autonomía de los motivos de casación,
toda vez que son:
disímiles por su naturaleza, lo cual implica que las razones
alegadas para cuestionar la sentencia deban proponerse al abrigo
exclusivo de la correspondiente causal, sin que por ende sea
posible alegar o considerar en una de ellas situaciones que a otra
pertenecen. De este modo, la parte que decide impugnar una
sentencia en casación no puede lanzarse a invocar
promiscuamente las diversas causales, sino que ha de saber con
exactitud, en primer lugar, qué tipo de yerro se cometió, y luego,
aducir la que para denunciarlo se tiene previsto. (CSJ AC6487 de
2016, rad. 2009-00244-01, entre otros).
5. Finalmente, los reproches plasmados en el cargo
quinto son infundados, ya que recrimina al fallo por omitir la
valoración de la decisión de primera instancia adoptada por
la DIMAR con la que responsabilizó al capitán y al piloto
práctico del buque Chios Wind en el encallamiento ocurrido
el ingresar al puerto de Barranquilla el 19 de mayo de 2011;
y porque no dispuso la incorporación de la decisión de
segunda instancia de 7 de junio de 2019 que ratificó ese
inicial fallo de la DIMAR.
Radicación n.° 08001-31-03-006-2014-00215-01
20
Sin embargo, una lectura reposada de la sentencia
recurrida en casación evidencia que sí realizó la estimación
probatoria extrañada por las inconformes, en tanto razonó
que el actuar culposo en la dirección marítima del buque
Chios Wind atribuido a su capitán y al piloto práctico por la
DIMAR no se encontraba en firme; a más de que era inviable
el decreto probatorio del proveído que ratificó ésta
imputación como quiera que fue expedido con posterioridad
a la sentencia censurada a través del presente mecanismo
extraordinario.
6. Total, los errores formales de los cargos los tornan
inviables, a más de que las falencias probatorias planteadas
en el quinto embate son inexistentes.
CARGO TERCERO
1. De nuevo erigidos en la «primera» causal de casación,
los impugnantes atribuyen al estrado judicial de última
instancia la violación de la ley sustancial por vía indirecta,
debido a error de hecho en la apreciación del documento
contentivo del acuerdo celebrado entre el armador del buque
y los demandantes, en el que todos renunciaron
voluntariamente a cualquier reclamación derivada de la
avería gruesa declarada por el capitán de la motonave Chios
Wind a su entrada al puerto de Barranquilla, así como al
empleo del ordenamiento jurídico que la rige.
Tal olvido, agregaron, produjo la aplicación del término
prescriptivo de un año que rige la institución de la avería
Radicación n.° 08001-31-03-006-2014-00215-01
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gruesa, a pesar de que los involucrados voluntariamente
finiquitaron esta disputa.
CONSIDERACIONES
1. Visto el cuestionamiento concluye esta Corporación
que tampoco cumple las exigencias formales que son
imperativas para la casación, imponiéndose su declinación,
en tanto aduce la conculcación por vía indirecta de la ley
sustancial, pero omite invocar cuál disposición estimó
transgredida. Realmente, el embate no cita ningún precepto
legal.
En efecto, el cargo no señala normas de derecho
sustancial, connotación que se predica de aquellas que a una
situación fáctica específica dan una consecuencia también
concreta, esto es, declaran, crean, modifican o extinguen la
relación jurídica que media entre los intervinientes.
Itérase que reiteradamente esta Corporación doctrinó
que son normas de derecho sustancial las que «en razón de
una situación fáctica concreta, declaran, crean, modifican o
extinguen relaciones jurídicas también concretas entre las
personas implicadas en tal situación», así como que no tienen
esa connotación aquellas que «se limitan a definir fenómenos
jurídicos, o a precisar los elementos estructurales de los
mismos, o los puramente enunciativos o enumerativos, o los
procesales, entre ellos, los de disciplina probatoria». (CSJ AC
de 18 nov. 2010, rad. 2002-00007-01).
Radicación n.° 08001-31-03-006-2014-00215-01
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En esa misma providencia esta colegiatura precisó «que
por normas de derecho sustancial debe entenderse las que
declaran, crean, modifican o extinguen relaciones jurídicas
concretas, es decir, las que se ocupan de regular una situación
de hecho, respecto de la cual deba seguirse una consecuencia
jurídica, y no las que se limitan a definir fenómenos jurídicos
o a describir sus elementos, precisamente porque al ser tales,
no pueden atribuir derechos subjetivos, tampoco las que
regulan, como es natural entenderlo, determinada actividad
procesal o probatoria. Presupuesto que es de vital importancia
cumplirlo, porque de omitirse, al decir de la Sala, ‘quedaría
incompleta la acusación, en la medida en que se privaría a la
Corte, de un elemento necesario para hacer la confrontación
con la sentencia acusada, no pudiéndose, ex officio, suplir las
deficiencias u omisiones en que incurra el casacionista en la
formulación de los cargos, merced al arraigado carácter
dispositivo que estereotipa al recurso de casación.»
La falencia de marras basta para desechar el reproche,
en razón a que el incumplimiento del requisito referido:
(…) deja incompleto el ataque, al decir de la Sala, ‘(…) en la medida
en que se privaría a la Corte, de un elemento necesario para hacer
la confrontación con la sentencia acusada, no pudiéndose, ex
officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el
casacionista en la formulación de los cargos, merced al arraigado
carácter dispositivo que estereotipa al recurso de casación’.
Desde luego, no cualquier precepto califica como sustancial, sino
únicamente, cual lo tiene decantado esta Corporación, si declara,
crea, modifica o extingue una relación jurídica concreta, esto es,
cuando regula una situación de hecho, seguida de una
consecuencia jurídica. Carecen de esa connotación, por lo tanto,
las normas que definen fenómenos jurídicos o describen sus
elementos, pues al ser tales, en línea de principio, no atribuyen
derechos subjetivos; tampoco, por lo mismo, las que regulan
Radicación n.° 08001-31-03-006-2014-00215-01
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determinada actividad procesal o probatoria. (CSJ AC481 de
2016, rad. nº 2007-00070).
2. En adición, también reluce que, en la hipótesis de
que el cargo cumpliera las exigencias formales y el tribunal
hubiera cometido el desafuero que se le imputa, lo cierto es
que esta falencia carecería de trascendencia en razón a que
no llevaría a declarar próspera la pretensión de los
demandantes.
Recuérdese que el error a que alude el segundo motivo
de casación previsto en el artículo 336 del Código General del
Proceso (no primera causal como erradamente lo invoca el
embate casacional), debe ser de tal magnitud que incida
adversamente en la forma como se desató el litigio,
produciéndose un resultado contrario al legal.
Sobre el punto tiene dicho la Sala que la prosperidad
del recurso de casación:
«… está sujeta a que se identifiquen las partes y la sentencia
impugnada, se elabore una síntesis del proceso y de los hechos
materia del litigio, a más de la exposición de los fundamentos de
cada acusación de manera separada, clara, precisa, completa,
enfocada y demostrando su trascendencia, pues, de no ocurrir
esto, será procedente repeler, total o parcialmente, el escrito con
que pretende sustentarse el mecanismo. Esto implica que no se
incurra en (…) intrascendencia (como ocurre cuando se traen a
colación defectos que no conducen al quiebre del fallo).» (CSJ
AC2607 de 2021, rad. 2017-00041).
En el sub lite el tercer embate planteado carece de
trascendencia en cuanto al supuesto error de juzgamiento
endilgado al fallador de última instancia, porque las
reclamantes le censuran omitir la valoración de un acuerdo
Radicación n.° 08001-31-03-006-2014-00215-01
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de voluntades en virtud del cual, con la armadora del buque
siniestrado, renunciaron a cualquiera reclamación derivada
de avería gruesa.
Sin embargo, en el evento de que la Corte acogiera tal
estimación probatoria no implicaría el acogimiento de la
pretensión. Por el contrario, impondría denegarla por
tratarse de un asunto transigido.
Por ende, lo solicitado estaría llamado al fracaso, esta
vez por la renuncia de las demandantes a invocar cualquiera
reclamación que tuviera por objeto la avería gruesa, dentro
de la cual, según el juzgador de última instancia, está
inmerso todo gasto de salvamento si tuvo el fin de preservar
de un peligro a los bienes comprometidos en la expedición
marítima -argumentación carente de reproche en el cargo-
todo lo cual impediría, sin más, la prosperidad de la
pretensión dirigida al reembolso de los pagos que por gastos
de salvamento realizaron las convocantes.
Por contera, el embate debería ser desestimado.
3. Las razones anotadas son suficientes para declarar
infructuoso el tercer reproche del escrito sustentador del
mecanismo extraordinario planteado por las promotoras.
CUARTO CARGO
Radicación n.° 08001-31-03-006-2014-00215-01
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1. Invocando la primera causal de casación prevista en
el canon 336 del Código General del Proceso, las
demandantes imputan al fallo de segunda instancia la
violación, por la senda recta, de los artículos 1030, 1514,
1516 a 1517, 1519 a 1520, 1522 a 1525 del Código de
Comercio, por falta de aplicación.
2. Se estructura el reproche en que el tribunal omitió el
empleo del artículo 1520 mencionado, del cual se desprende
que la responsabilidad de una de las partes en el suceso que
dio origen al gasto generado por la avería gruesa subsiste a
esta, por lo que el término prescriptivo consagrado en el
artículo 1528 ibídem aplica para la acción de avería gruesa,
pero no para la restante de índole contractual.
Por contera, el canon 1520 excluye del debate la culpa
y la responsabilidad imputable a las partes intervinientes en
la travesía marítima para la declaratoria de avería gruesa,
evidenciando otra acción residual independiente «o de
repetición», que tiene el objetivo de obtener la indemnización
del responsable, representada en los gastos y contribuciones
extraordinarias impuestas por la declaratoria de avería
gruesa y/o salvamento a todos los interesados; siendo del
resorte de cada nación su regulación.
3. Agregaron que igualmente fueron obviados los
artículos 1030, 1514 y 1516 del estatuto mercantil, que, en
su orden, reglan la responsabilidad del transportador
respecto de la avería del bien transportado, el concepto de
avería y sus clases; por lo que la aplicación sistemática de
Radicación n.° 08001-31-03-006-2014-00215-01
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estas disposiciones revela cómo, en los eventos en que la
responsabilidad por los daños fue del armador del buque, la
acción idónea es la de repetición derivada del contrato de
transporte.
Por ende, la «falta de aplicación» de los artículos 1519 a
1525 citados, que regulan la avería gruesa, tradujo el empleo
del término prescriptivo de un año previsto en el precepto
1528 para este suceso, más no el lapso de 2 años plasmado
en el canon 993 de la misma obra en concordancia con las
reglas 1030 y 1516, en tratándose de la responsabilidad del
armador derivada del contrato de transporte.
CARGO SEXTO
1. Acusa la sentencia del tribunal de transgredir por vía
directa los cánones 1545, 1549 y 1550 del Código de
Comercio, por indebido empleo y falta de aplicación, en la
medida en que, contrariamente lo expuesto por el tribunal,
la acción de salvamento no está restringida a favor de la
empresa de salvataje únicamente.
2. Adicionó que las partes del contrato de salvamento
también incluyen a los importadores de la carga
transportada, en la medida en que a nombre de estos obra el
capital del buque varado, al celebrar esa convención, porque
todos deben contribuir en el pago de los gastos facturados
por la compañía de salvataje; de donde le son aplicables los
artículos 1549, 1550 y 1551 mencionados, que consagran la
fijación y distribución de la remuneración por el salvamento,
Radicación n.° 08001-31-03-006-2014-00215-01
27
la nulidad de este pacto y la fijación judicial de aquellos
valores.
Por ende, se imponía la aplicación de la prescripción
bienal, ya fuera por el
incumplimiento del contrato
de
transporte o por el «contrato de salvamento en sí mismo»; sin
que pudiera afirmarse que los valores cancelados por
salvamento hacen parte de la avería gruesa, ni emplear el
lapso prescriptivo previsto en el artículo 1528 de la misma
obra, máxime si el tribunal consideró que la acción de
salvamento se rige por el precepto 1520.
3. Así mismo y aunque la convención Internacional
sobre Salvamento Marítimo de 1989 no está ratificada por
Colombia, nada impedía tenerla como fuente auxiliar del
derecho para concluir que la acción de salvamento es
autónoma, que el capitán del buque obra en nombre de los
propietarios de la carga trasladada al celebrar el contrato de
salvamento y que vencido el plazo prescriptivo, por mandato
del artículo 23 de la Convención, puede incoarse la acción de
repetición, siempre y cuando se interponga dentro de los
lapsos estatuidos en el ordenamiento interno de cada nación
para el inicio del juicio.
CARGO SÉPTIMO
1. De nuevo, al amparo del motivo inicial de casación
regulado en el artículo 336 del Código General del Proceso,
las impugnantes atribuyen al fallo de segunda instancia la
violación, por senda recta, de los artículos 10, 32, 2545 del
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Código Civil y 11 del Código General del Proceso por falta de
aplicación.
2. Basan el embate en que las normas 10 y 32 referidas
prevén reglas interpretativas de la ley, al paso que el precepto
11 del Código General del Proceso regula la forma de
interpretar el ordenamiento adjetivo, que aplicados en el sub
lite hubieran dado lugar a colegir la existencia de dos
términos prescriptivos, ante lo cual se imponía aplicar el
especial de que trata el artículo 1554 del Código de Comercio
en concordancia con la regla 2545 del Código Civil.
CONSIDERACIONES
1. La Sala estudiara de forma conjunta los reproches
cuarto, sexto y séptimo, en razón a que se valdrá de
razonamientos comunes. Además porque los dos primeros
inmiscuyen iguales preceptos sustanciales, al paso que el
tercero pende de la prosperidad de los dos anteriores.
2. El estatuto mercantil, al regular en su Libro V la
navegación como actividad comercial, consagró en el título VI
las dos clases de avería que podrían presentarse en la
aventura marítima, indicando que podrían ser: «1) Todos los
daños que sufra la nave durante la navegación o en puerto, o
las mercancías desde el embarque hasta su desembarque, y
2) todos los gastos extraordinarios e imprevistos que deban
efectuarse en beneficio de la nave o de la carga, conjunta o
separadamente». (Art. 1514 C. Co.).
Radicación n.° 08001-31-03-006-2014-00215-01
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A renglón seguido clasificó las averías en dos clases
«avería gruesa o común y avería particular» (art. 1516), de lo
cual brota, gramaticalmente y fundados en el significado de
las palabras empleadas (arts. 27 y 28 C.C.), que la primera
corresponde a la calamidad que afecta a todos los interesados
en el traslado náutico, al paso que la segunda sólo repercute
en uno de estos.
De allí que continuara definiendo la avería gruesa al
señalar que «[s]olo existe acto de avería gruesa o común
cuando intencional y razonablemente se hace un sacrificio
extraordinario o se incurre en un gasto de la misma índole
para la seguridad común, con el fin de preservar de un peligro
los bienes comprometidos en la navegación» (art. 1517), los
cuales «…estarán a cargo de los diversos intereses llamados
a contribuir» (art. 1518), esto es, no sólo del armador del
buque, también de quienes intervienen en la excursión como,
por vía de ejemplo, los propietarios de los bienes trasladados,
pues a estos interesa la llegada a puerto en condiciones
óptimas.
Dentro de los estipendios por concepto de avería gruesa
se encuentran los de salvamento, como regla de principio,
según lo doctrinó esta Corporación recientemente, al razonar
que:
El encallamiento o varadura de las embarcaciones es uno de los
accidentes o siniestros marítimos que contempla la tipología
contenida en el artículo 26 del Decreto-Ley 2324 de 1984 y en la
Resolución MSC.255(84) aprobada el 16 de mayo de 2008 por la
Radicación n.° 08001-31-03-006-2014-00215-01
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Organización Marítima Internacional (núm. 2.9.5.)2, en
consonancia con el artículo 1513 del estatuto mercantil, que para
definirlos recurre a la ley, los tratados, convenios y la costumbre
internacional o nacional.
Las labores de socorro o ayuda en el agua dentro de las cuales se
enmarcan, están directamente relacionadas con los riesgos del
mar que enlista el artículo 1705 del código mercantil como anejos
a la navegación o incidentales a ella: “tempestad, naufragio,
encallamiento, abordaje, explosión, incendio, saqueo, piratería,
guerra, captura, embargo, detención por orden de gobiernos o
autoridades, echazón, baratería” u otros similares.
La naturaleza del salvamento es la de ser un estipendio
extraordinario que se causa en presencia de un peligro real y
actual que amenaza a la totalidad de la comunidad navegante, el
cual debe conjurarse a través de operaciones que procuren la
seguridad de la aventura marina, razón por la cual se les admite
dentro de la categoría de avería – gasto. (CSJ SC1043 de 2021,
rad. 2014-00056).
Así las cosas, los gastos sufragados por concepto de
avería gruesa incluyen los de salvamento, como
acertadamente concluyó el juzgador ad-quem.
3. Ahora bien, tal pago, adicional a los convenidos en el
acuerdo celebrado para el traslado de los bienes, no implica
incumplimiento contractual de este pacto, ajustado con el
armador del buque, en razón a que nada obsta que aun
mediando la declaración de avería gruesa y la
correspondiente erogación de los gastos derivados de esta,
sea cabalmente cumplido el referido acuerdo de voluntades.
En efecto, puede suceder que aun en caso de
encallamiento y la superación de este percance, el buque
arribe a puerto en los términos acordados, es decir, dentro
2 Código de normas internacionales y prácticas recomendadas para la investigación
de los aspectos de seguridad de siniestros y sucesos marítimos.
Radicación n.° 08001-31-03-006-2014-00215-01
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de la oportunidad convenida y sin que los bienes trasladados
sufran mengua, entre otras circunstancias, cual sucedió en
el sub judice, amén de que las accionantes se abstuvieron de
alegar que sus bienes hubieran llegado tardíamente, con
desperfectos o cualquiera otra anomalía.
De allí que, como lo consideró el tribunal de última
instancia, si las expensas pagadas en demasía con respecto
de los fletes inicialmente acordados por los interesados en la
travesía oceánica tuvieron el propósito de preservar de un
peligro a los bienes comprometidos en la expedición, dentro
de los cuales está el buque y la carga, se trata de la asunción
de los costos por concepto de avería gruesa; no de daños,
menos generadores de incumplimiento contractual.
Dígase, sin ambages, que todos los gastos asumidos por
los interesados en la navegación por concepto de la avería
gruesa declarada, dentro de los cuales por regla general
están las expensas por salvamento, corresponden a un pago
adicional que en toda travesía marítima puede presentarse,
a raíz del medio de transporte utilizado, en el cual los riesgos
son mayores; erogación que por sí sola no denota daño
producido por el armador del buque ni incumplimiento al
pacto de traslado ajustado con él.
Por consecuencia, no ocurrió la errada interpretación de
los preceptos sustanciales anunciados en el cargo, tras la
interpretación del fallador de última instancia según la cual
los gastos que las demandantes pretenden reintegrar a sus
peculios hacen parte de los costos que asumieron por
Radicación n.° 08001-31-03-006-2014-00215-01
32
concepto de la avería gruesa declarada por el capitán del
buque Chios Wind o, con otras palabras, no se trata de daños
derivados del
incumplimiento del contrato
celebrado con la
enjuiciada, Harbor Shipping & Trading S.A.
Precisamente, esta Sala ha plasmado dicha distinción
al señalar:
El origen de la inconformidad radica en la subsunción del litigio en
las disposiciones concernientes al instituto de la “avería gruesa”,
pese a tratarse de una acción de responsabilidad contractual
frente al armador, con fundamento en los mayores costos
generados en el porte marítimo, debido al encallamiento del buque,
o, en su defecto, una controversia relacionada con los actos de
asistencia y salvamento ejecutados para reflotarlo. (…)
De las premisas expuestas hasta ahora se colige con facilidad que
la de asunción de valores adicionales al flete o precio del acarreo,
particularmente los correspondientes a las contribuciones
reclamadas a los importadores para atender el pago de las labores
de socorro y asistencia, no corresponden a ninguna de las
hipótesis configurativas de desatención de las prestaciones a
cargo del porteador.
Si la responsabilidad del transportista dimana -como ya se dijo-
de la inejecución o ejecución defectuosa o tardía de sus
obligaciones convencionales, no puede un supuesto
completamente extraño a tales eventos, como lo es el apoyo
económico destinado al salvataje en beneficio de las cargas
transportadas, hacer surgir su deber resarcitorio.
Visto desde la perspectiva finalista antes enunciada, si las
mercancías se entregan en el puerto de destino dentro del término
fijado o en el considerado razonable, y estas no sufren pérdida,
daños, menoscabos, ni desperfectos materiales, el acreedor de la
prestación de conducción satisface la finalidad para la cual
contrató el servicio de traslado y, en consecuencia, ninguna
inobservancia a sus obligaciones puede reprocharle al armador.
(CSJ SC1043 de 2021, rad. 2013-00056).
Se desprende de lo anterior que los gastos erogados por
los demandantes -en condición de importadores de la
mercancía trasladada o de aseguradores de estos- a raíz de
Radicación n.° 08001-31-03-006-2014-00215-01
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la asistencia o salvamento de que fue objeto el buque Chios
Wind, constituyen pago eventual, connatural y adicional al
medio de transporte utilizado, derivado de la avería gruesa
declarada, en tanto tuvo el fin de preservar del peligro tanto
a la nave como a la carga trasladada.
En otros términos, tales expensas suplementarias no se
enmarcan dentro del concepto de daño previsto en el canon
1030 del Código de Comercio derivado de incumplimiento
contractual, sino de costos propios de la navegación, como
regla de principio.
Precisamente en este sentido la Sala doctrinó que «la
palabra “avería” en el canon 1030, y de igual modo en las
restantes normas citadas [art. 1508 y ss.], cumple una función
diferente a la que tiene en las reglas 1514 y 1516, que también
invocó el casacionista. En el contexto en que se utiliza, designa
al “daño que padecen las mercaderías o géneros”, el
desperfecto “que impide el funcionamiento de un aparato,
instalación, vehículo, etc.”, o aquel que “por cualquier causa”
sufre la carga. Esta acepción se identifica adicionalmente en
los artículos 1028 y 1032, que al hablar de la “pérdida parcial,
saqueo o avería” de la cosa transportada, reclama su
notoriedad y apreciación “a simple vista”, y frente a la
indemnización en caso de “avería”, usa esta expresión como
sinónimo de “daño”, determinando que si torna inútiles los
efectos movilizados, se equiparará a la pérdida de los mismos,
pero si entre “las cosas averiadas” se encuentran algunas
piezas ilesas, el destinatario, por regla general, está obligado
a recibirlas, lo que ocurre también “en los demás casos de
Radicación n.° 08001-31-03-006-2014-00215-01
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daño o avería”, con la obligación del transportador de pagar el
importe de la merma o detrimento. Se concluye, entonces, que
en el precepto 1030, el legislador no empleó el término “avería”
para hacer referencia a la figura de la “avería-gasto” que
consagran el numeral 2° del artículo 1514 y el canon 1516.
Alude, en cambio, al deterioro físico de las mercancías en el
período de responsabilidad del porteador.» (CSJ SC1043 de
2021, rad. 2013-00056, subrayado impropio).
4. Ahora, no cabe duda de que la regla 1520 del estatuto
de los comerciantes prevé una acción de repetición contra el
responsable del hecho detonante de la declaratoria de avería
gruesa, cuando causó perjuicios, pero esto difiere de afirmar
que se trata de acción residual de responsabilidad
contractual para obtener el retorno de los valores erogados a
raíz de la avería gruesa.
Como lo decantó esta Corte, se trata de «la subsistencia
de la obligación de los intereses comprometidos en la
expedición náutica, de contribuir aún si el acontecimiento que
motiva el sacrificio o el gasto extraordinario es consecuencia
de la culpa de una de las partes, hipótesis en la cual se
preserva la posibilidad de ejercer acciones o medios de
defensa frente al infractor por esa falta» (sentencia ídem).
Mas como lo alegado en el escritor genitor de esta litis
fue incumplimiento del pacto contentivo de la obligación de
traslado de los bienes, como fundamento para deprecar la
devolución de los costos asumidos por las promotoras del
pleito, tal pretensión es ajena a dicha regulación.
Radicación n.° 08001-31-03-006-2014-00215-01
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Por consecuencia, lo realmente pretendido por las
convocantes es la devolución de los dineros entregados por
concepto de pago de los gastos de avería gruesa,
específicamente los de salvamento, por lo cual la acción
invocada estaba llamada al fracaso.
5. Por último, cierto es que el salvamento posee su
reglamentación autónoma, consagrada en el Título VII de la
Primera Parte del Libro V del estatuto mercantil, contentiva
de diversos aspectos como la definición de la asistencia o
salvamento (art. 1545); la exoneración de remuneración
cuando el salvamento es prestado a pesar de la prohibición
expresa y razonable del salvado (art. 1546); el derecho del
remolcador a remuneración sólo en caso de prestar servicios
excepcionales (art. 1547); la forma de fijación de los
honorarios para la empresa de salvataje, ya sea
convencionalmente o de forma judicial (arts. 1548 a 1549 y
1551); el señalamiento de los obligados a asumir dicho
estipendio (art. 1549 in fine) y quienes están exonerados del
mismo (art. 1552); la nulidad del contrato de salvamento si
fue celebrado en momento y bajo la influencia de peligro, si
es inequitativo o desproporcionado (art. 1550); la condiciones
en las cuales el capital de la nave está obligado a prestar
asistencia (art. 1553); y el término prescriptivo de la acción
(art. 1554), a cuyo tenor «[l]as acciones para ejercitar los
derechos consagrados en este Título prescribirán en dos años,
contados desde la terminación de las labores de asistencia o
salvamento».
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No obstante, brota diamantino, como lo consideró el
juzgador ad-quem, que en tal Título VII no se consagró la
posibilidad para que los importadores de la carga trasladada,
el propio armador del buque siniestrado o cualquiera otra
persona afectada, pudiera repetir por los costos que pagó a
consecuencia del salvamento a favor de la compañía de
salvataje.
Lo sancionado en tal legislación fue la regulación
respecto de las obligaciones de contratante y contratista
respecto del salvamento, entre otros aspectos, pero no los
derechos de repetición una vez finiquitado aquel acuerdo por
el pago de los honorarios al salvador.
De allí que la Corte tenga doctrinado sobre el punto que:
«… basta reseñar que la repetición de lo pagado por concepto de
“gastos de salvamento”, no está comprendida dentro de los
derechos consagrados en el Título VII de la primera parte del Libro
V del Código de Comercio.
No puede confundirse, además, con las controversias similares
que se rigen por esos mandatos, como la fijación judicial de la
retribución a que da lugar el salvamento cuando su resultado es
útil, mecanismo que no protege al cargador que debe asumir una
parte de esa retribución, sino al salvador que se pone en riesgo a
si mismo e incluso a su nave, tripulación y pasajeros para auxiliar
a otros.
Si bien algunas pólizas de transporte marítimo reconocen los
“gastos de salvamento” a manera de riesgo adicional al de
sacrificios para la avería común (art. 1758 C. Co.), también hacen
parte de esta última cuando, como se anotó en líneas precedentes,
de forma extraordinaria se incurre en estas expensas para la
seguridad común de la expedición náutica, “con el fin de preservar
de un peligro los bienes comprometidos en la navegación”.
Esto último ocurrió en la emergencia que experimentó el Buque
Stadt Bremen, el 18 de noviembre de 2010, al encallar cuando se
aproximaba al puerto de Barranquilla, pues el capitán determinó
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que la medida a adoptar para superar la situación sin daño al
casco ni a las mercaderías, era la contratación de labores de
salvamento, cuyos costos se incluyeron en el ajuste de la avería
gruesa, por corresponder a una expensa causada en beneficio de
todos los interesados en el feliz arribo de la motonave a su
destino.» (CSJ, SC1043 de 2021, rad. 2013-00056).
Lo dicho traduce que en la regulación del pacto de
salvataje no está prevista la posibilidad de repetir por los
costos erogados por el salvamento, por lo que, tal cual lo
concluyó la Corporación de segunda instancia, desde esta
óptica igualmente estaba llamada al fracaso la pretensión.
6. Así las cosas, los errores alegados por las
demandantes no provienen de su juzgador de última
instancia, sino de su errada convicción acerca de que los
gastos de salvamento, que debieron cubrir como
consecuencia del encallamiento del buque Chios Wind,
constituían un daño producido por el armador del navío, a
pesar de que el ordenamiento los prevé como un gasto
adicional producto del mecanismo de traslado escogido,
como regla de principio.
Por ende, esos pagos tampoco generaban
incumplimiento del contrato
ajustado con Harbor Shipping
& Trading S.A., como armadora del buque, que fue lo
deprecado en el libelo génesis de esta contienda.
Peor aún, al tratarse de valores que ingresaban dentro
del concepto de avería gruesa, lo cierto es que -dejando de
lado la transacción celebrada por las partes respecto de esta-
la acción se encontraba prescrita por aplicación del lapso
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anual previsto en el canon 1528 del ordenamiento mercantil,
el cual prevé que «[l]as acciones derivadas de la avería gruesa
prescribirán en el lapso de un año, contado a partir de la fecha
en que termine el vieja»; todo en razón a que la demanda fue
radicada cuando había transcurrido el aludido periodo.
7. En suma, no ocurrió la conculcación del
ordenamiento sustancial denunciado en los reproches
casacionales analizados a la par.
CONCLUSIÓN
De todo lo analizado emerge la frustración de la
impugnación extraordinaria, la imposición de costas a sus
proponentes, según lo previsto en el inciso final del artículo
349 del Código General del Proceso, y el señalamiento de
agencias en derecho como lo dispone el precepto 365
numeral 1º ibídem, para lo cual se tendrá en cuenta que la
opositora Seaport S.A. replicó la demanda de casación.
DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
Sala de Casación Civil, administrando justicia en nombre de
la República y por autoridad de la ley, NO CASA la sentencia
proferida el 10 de abril de 2019 por la Sala Civil - Familia del
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Barranquilla, en el
proceso verbal que Alimentos Polar Colombia S.A.S.,
Comercializadora y Representaciones Antiotrading S.A.S.,
Italcol de Occidente Ltda., Carbone Rodríguez & Cía. S.C.A.
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Italcol, Cooperativa Colanta Ltda., Seguros Generales
Suramericana S.A., Seguros Comerciales Bolívar S.A., La
Previsora Compañía de Seguros S.A., Wilson Guillermo Pérez
Suárez y Granyproc Ltda. promovieron contra Harbor
Shipping & Trading S.A. y Seaport S.A.
Se condena en costas a las recurrentes en casación y a
favor de Seaport S.A. únicamente. Inclúyase en la liquidación
correspondiente la suma de $6’000.000, por concepto de
agencias en derecho, que fija el magistrado ponente.
En firme esta providencia devuélvase el expediente al
Tribunal de origen.
Notifíquese,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de la Sala
ÁLVARO FERNANDO GARCÍA RESTREPO
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por Magistrado(a)(s):
Hilda Gonzalez Neira
Álvaro Fernando García Restrepo
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Luis Alonso Rico Puerta
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Francisco Ternera Barrios
Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica, conforme a lo dispuesto
en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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