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FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC698-2025
Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-03435-00
(Aprobado en sesión del veintiséis de febrero de dos mil veinticinco)
Bogotá D.C., veintiuno (21) de abril de dos mil
veinticinco (2025).
La Sala decide por sentencia anticipada, el recurso de
revisión interpuesto por P.R.A., A.R.P.S., y L.C.R.P. y H.P.S.
-quienes actúan en nombre propio y en representación de su
hijo J.E.P.R. -1, frente al fallo proferido por la Sala Civil-
Familia-Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva el 4 de julio de 2023. El medio impugnatorio fue
incoado en el proceso verbal de responsabilidad civil
extracontractual que promovieron contra Aníbal Rojas
Sánchez, Juan Joya Olivares y Allianz Seguros S.A.
I. ANTECEDENTES
1 A través de apoderada. Versión para efectos de publicación. En virtud del Acuerdo
No. 034 de 16 de diciembre de 2020, proferido por la Sala de Casación Civil de la
Corte Suprema de Justicia se profieren dos (2) versiones de esta providencia con
idéntico tenor, una reemplazando los nombres y datos e informaciones (familiares)
para efectos de publicación y otra con la información real y completa de las partes
para efectos de notificación.
Radicación n.º 11001-02-03-000-2023-03435-00
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1. Los recurrentes instauraron proceso verbal de
responsabilidad civil extracontractual contra Aníbal Rojas
Sánchez, Juan Joya Olivares y Allianz Seguros S.A. Pidieron
que se declare civil y solidariamente responsable a los
demandados por los hechos ocurridos el 23 de enero de 2017.
Fecha en la cual, el vehículo de placas RBS-385 colisionó con
la motocicleta que era conducida por la señora R.P.,
causándole perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales
tanto a ella como a su familia.
2. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva -con
proveído del 23 de enero de 2020-2 admitió a trámite el
proceso. Corrido el traslado a la pasiva, los convocados
contestaron la demanda y propusieron diversas excepciones.
3. Mediante documento del 25 de enero de 20213, los
aquí demandantes remitieron correo electrónico al a quo
pronunciándose de cara a las excepciones propuestas. No
obstante, la apoderada recurrente aduce que el escrito no fue
incorporado al expediente.
4. La autoridad judicial -con auto del 8 de febrero de
2021- admitió la reforma de la demanda y corrió traslado.
5. El Juzgado Quinto Civil del Circuito de Neiva -con
sentencia del 6 de abril de 2022-4 acogió parcialmente las
2 Página 1, archivo “01. 2019-00286 CUADERNO 1” del expediente digital.
3 Páginas 1-6, archivo “49. 2019-00286 CORREO MEMORIAL 09AGO23” del
expediente digital.
4 Páginas 1-5, archivo “42. 2019-00286 ACTA AUDIENCIA ALEGATOS Y FALLO
APELACION” del expediente digital.
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pretensiones. Conforme a ello, declaró «civil y
extracontractualmente responsable[s] a las demandadas ALLIANZ
SEGUROS así como a los señores IVÁN JOYA OLIVARES y ANÍBAL
ROJAS SÁNCHEZ». Por otro lado, decretó «PROBADA la exceptiva de
mérito llamada compensación de culpas (…); con lo que contera se reduce
la indemnización a que hubiera lugar en un 50%, como quiera que la
señora L.C.R.P. se expuso al riesgo». En consecuencia, condenó a
los demandados al pago de los perjuicios sufridos por los
demandantes. Y negó el reconocimiento de los daños a la vida
en relación y los concernientes con el lucro cesante futuro.
6. Inconformes, ambos extremos procesales apelaron.
7. La Sala Civil-Familia-Laboral del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Neiva -con providencia del 4 de julio
de 2023-5 desató la alzada. Allí, coligió que «contrario a lo
concluido por el a quo, no hubo coparticipación causal, sino que la causa
decisiva de los daños experimentados por la víctima directa fue la
infracción de tránsito cometida por el conductor de la camioneta de
placas RBS385, al no respetar la prelación de la carrera 30. Por ese
motivo, se revocará la decisión de primera instancia, en lo que a este
respecto concierne». Empero, mantuvo incólume lo decidido de
cara al lucro cesante y a los daños a la vida en relación.
8. Ulteriormente -a través de proveído del 2 de agosto
de 2023-6 adicionó el numeral segundo de la parte resolutiva
del fallo de segundo grado.
5 Páginas 92-116, archivo “11001020300020230343500-0013Memorial” del
expediente digital.
6 Ibidem., 117-123.
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9. Finalmente, los demandantes presentaron recurso de
revisión -que es materia de decisión- contra la sentencia del
ad quem.
II. TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN
1. El fallo atacado fue proferido el 4 de julio de 20237,
adicionado el 2 de agosto siguiente8, y el recurso propuesto
se radicó el 30 de agosto de 20239. Por tanto, se concluye
que fue presentado en el término legal establecido en el
artículo 356 del CGP.
2. Los actores deprecaron la revisión de la providencia
anotada con fundamento en la causal octava del artículo 355
del Código General del Proceso. En sustento, adujeron que
se configuró una nulidad debido a «la OMISIÓN DE INCORPORAR
Al EXPEDIENTE DIGITAL DE SEGUNDA INSTANCIA el escrito de
excepciones que contenía pruebas nuevas para el proceso, como la
relación de casos CALIFICADOS por el Médico Laboral que elaboró el
Dictamen de pérdida de capacidad laboral de la víctima directa (…)».
Adicionalmente, alegaron que «esta nulidad no fue anterior a
la sentencia de segunda instancia, por cuanto el Juzgado Quinto Civil
del Circuito si conoció el escrito, ya que fue enviado por mensaje de datos
al correo electrónico de este juzgado, sin embargo, PESE a que la
SUSCRITA TANTO EN EL RECURSO DE APELACIÓN Y LA
SUSTENTACIÓN AL MISMO, en ambos hizo hincapié y REITERÓ en
distintas oportunidades al TRIBUNAL SUPERIOR DE NEIVA SALA CIVIL,
7 Páginas 92-116, archivo “11001020300020230343500-0013Memorial” del
expediente digital.
8 Ibidem., 117-123.
9 Página 1-3, archivo “11001020300020230343500-0005Soporte_de_envío” del
expediente digital.
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se tuvieran en cuenta las pruebas APORTADAS descorriendo el traslado
a las excepciones, éste hizo caso OMISO a dicha rogativa (…)» Y
concluyeron que estos hechos «llevaron a que el TRIBUNAL
realizara una motivación INCOHERENTE E INADECUADA en la
sentencia de segunda instancia, especialmente en lo que tiene que ver
con la negativa del reconocimiento del dictamen de pérdida de capacidad
laboral de la víctima directa, y consecuente al lucro cesante e
indemnización de que trata el decreto 2644 de 1994, y la incapacidad
médico legal equivalente a 100 días de salario mínimo legal mensual
vigente (…)».
3. El Magistrado sustanciador -con auto del 26 de
septiembre de 202310- inadmitió la demanda para que los
recurrentes cumplieran con lo siguiente: (i) precisaran los
hechos concretos en que apoyan la causal invocada. (ii)
Manifestaran si la dirección de la apoderada coincidía con la
del Registro Nacional de Abogados. (iii) Allegaran el
certificado de existencia y representación legal de Allianz
Seguros S.A. Y (iv) adecuaran en un solo escrito la demanda
subsanada.
4. Recibido el expediente y corregidas las deficiencias
formales advertidas, con proveído del 16 de enero de 202411
se admitió a trámite la revisión. Se concedió el amparo de
pobreza rogado. Y se ordenó correr traslado a todos los
demás intervinientes en el juicio.
5. El apoderado judicial de la sociedad Allianz Seguros
S.A., contestó la demanda pronunciándose frente a los
10 Páginas 1-5, archivo “11001020300020230343500-0010Auto” del expediente
digital.
11 Página l-3, archivo “11001020300020230343500-0019Auto” del expediente digital.
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hechos. Se opuso a la prosperidad del recurso. Para lo cual,
argumentó que «no se advierte ninguna irregularidad con fuerza
suficiente para invalidar las actuaciones surtidas mediante la
declaratoria de nulidad»12. Asimismo, enrostró que «no está
acreditado que los documentos a que hace referencia la demandante que
aportó con el traslado de excepciones hubiese sido entregados al
Despacho Judicial, pues no obra constancia de recibo de los mismos,
como tampoco la parte accionante cumplió con la obligación de dar
traslado del memorial y los documentos a los demás sujetos procesales
tal como lo ordena el Decreto 806 de 2020». Finalmente, propuso
como excepciones «inexistencia de fundamento fáctico y jurídico para
que se declare la nulidad solicitada» y la genérica.
6. El 27 de enero de 202513, se emitió determinación
que decretó pruebas. De igual forma, se anunció el
proferimiento de la sentencia anticipada. Y se concedió a las
partes el término de cinco días con el fin de que, si lo
estimaban pertinente, allegaran sus alegatos finales.
7. La apoderada de los recurrentes14 insistió en los
argumentos de la demanda. Y el mandatario legal de Allianz
Seguros S.A.15 reafirmó que no existió ningún acto que
invalide el proceso.
III. CONSIDERACIONES
12 Páginas 1-5, archivo “11001020300020230343500-0048Memorial” del expediente
digital.
13 Páginas 1 y 2, archivo “11001020300020230343500-0068Auto” del expediente
digital
14 Páginas 1-4, archivo “11001020300020230343500-0070Memorial” del expediente
digital.
15 Páginas 1-3, archivo “11001020300020230343500-0071Memorial” del expediente
digital.
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1. En el caso concreto, es procedente el fallo anticipado,
escrito y por fuera de audiencia -art. 278 del CGP-. En efecto,
de acuerdo con las pruebas allegadas y con la situación de
facto particular, no son necesarios elementos de convicción
adicionales.
2. En el asunto que concita la atención de la Sala, los
recurrentes invocaron la causal 8ª del artículo 355 del CGP:
«[e]xistir nulidad originada en la sentencia que puso fin al proceso y que
no era susceptible de recurso». Esto, por cuanto se omitió
incorporar en el expediente el escrito que descorrió las
excepciones de mérito, el cual contenía «la relación de casos
CALIFICADOS por el Médico Laboral que elaboró el Dictamen de pérdida
de capacidad laboral de la víctima directa (…)». Situación que
manifiestan fue puesta de presente ante las autoridades
judiciales, pero ninguna hizo nada. Por lo tanto, concluyeron
que estos hechos llevaron al ad quem a tomar una decisión
incoherente e inadecuada.
2.1. Sobre esta causal, la jurisprudencia de esta
Corporación ha sostenido que
El motivo de revisión consagrado en el numeral octavo del artículo
380 del estatuto procesal civil refiere a la nulidad que surge en el
acto mismo de dictar el fallo con que termina el juicio, siempre y
cuando no procedan en su contra los recursos de apelación o de
casación, pues ante esta posibilidad, la irregularidad deberá
alegarse al sustentar tales mecanismos de defensa; de modo que,
si la respectiva impugnación no se interpuso, se produce el
saneamiento del eventual vicio… De igual modo, la jurisprudencia
ha aclarado que la nulidad que surge del fallo tiene que ser de
naturaleza procesal, en tanto la finalidad del recurso de revisión
se dirige a “abolir una sentencia cuando en ella misma o con
ocasión de su pronunciamiento se ha vulnerado el debido proceso
o menoscabado el derecho de defensa. (CSJ SC, 22 Sep. 1999. R.
7421).
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Se suma a lo expuesto que la nulidad emanada del fallo
tiene que ser de naturaleza estrictamente procesal, puesto
que ninguno de los motivos permite discusiones sobre la
hermenéutica de preceptos o valoración probatoria. Y debe
encuadrar en acontecimientos de anulación expresamente
fijados por la ley adjetiva.
2.2. Así las cosas, luego de analizar la argumentación
expuesta por los recurrentes, deviene enrostrar que no se
fundamentaron en ninguna de las causales de nulidad
previstas en el artículo 133 de la norma adjetiva. Esto es así,
puesto que basaron sus alegaciones en la no incorporación
al expediente del documento que descorrió traslado de las
excepciones de mérito propuestas por los demandados. Lo
cual, afirmaron, vulneró sus derechos de defensa, debido
proceso, contradicción y lealtad procesal. Sin embargo, ello
nada tiene que ver con la nulidad de la sentencia en sí, pues,
se insiste, no se está poniendo de presente que el referido
pronunciamiento adolezca de alguna falencia. Esto es, los
planteamientos resultan ajenos al debate promovido en esta
senda extraordinaria.
2.3. Aunado a lo anterior, los convocantes señalaron
que no se le dio credibilidad al dictamen pericial de pérdida
de capacidad laboral elaborado por el médico ocupacional -
Dr. Guillermo Enrique Cortés-, por cuanto no «se aportó relación
de casos e infirió que los diagnósticos motivo de calificación no
encontraban fundamento en distintas especialidades médicas». Esto, a
pesar de que esa información se encontraba en la réplica a la
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exceptivas elevadas por su contraparte. Lo cual, según su
criterio, generó que el ad quem motivara inadecuadamente
su providencia y no concediera perjuicios por lucro cesante -
entre otros-. Al respecto, es necesario indicar lo que viene. A
diferencia de lo manifestado, el fallador de segundo grado sí
valoró el respectivo medio suasorio. Y concluyó que no se
aportó el listado de los casos en que el Dr. Cortés fue
designado como perito o en los que elaboró un dictamen
pericial. Esto, por cuanto el numeral 5º del artículo 226 del
CGP exige que «dicha lista deberá incluir el juzgado o despacho en
donde se presentó, el nombre de las partes, de los apoderados de las
partes y la materia sobre la cual versó el dictamen». No obstante, la
lista que los demandantes refieren que supuestamente no fue
tenida en cuenta, no cumple con los requisitos de que trata
el canon citado, habida cuenta que no menciona el juzgado o
despacho donde se presentó, el nombre de las partes, el de
los apoderados, ni la materia sobre la cual versó la experticia.
Por demás, al valorar dicha probanza en conjunto con los
otros medios de prueba, el Tribunal destacó que,
Aun cuando la falta de experiencia del perito en litigios judiciales
y la nula inmediación al valorar las secuelas del accidente en
L.C.R.P., no le resta total valor probatorio a la experticia, sí
permiten poner en duda su consistencia; a lo que se suma, que los
demás medios suasivos no corroboran la conclusión que se
consignó en aquella. En efecto, de los testimonios recaudados se
constata que la demandante percibió las incapacidades a que
tenía derecho en virtud del vínculo laboral, e incluso que logró
retornar a sus labores en el almacén Olímpica en el año 2018,
como lo refirió la testigo S.M.G.G. en la audiencia de 22 de
septiembre de 2021, supervisora de caja de dicho establecimiento,
quien además aseguró que aquella decidió en algún punto,
renunciar voluntariamente al trabajo.16
16 Página 17, archivo “39SENTENCIA” del expediente digital.
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Dicho de otra manera, el órgano colegiado hizo una
valoración guiada bajo la sana crítica -art. 176 CGP-, donde
ponderó todas las pruebas -incluyendo el dictamen pericial
del Dr. Cortés- y arribó a una conclusión. Decisión la cual,
más allá de que se comparta, no evidencia vicio alguno.
3. En una palabra, los argumentos esbozados no
satisfacen los requisitos legales y jurisprudenciales
requeridos para la correcta configuración de la causal 8ª. Por
tanto, se declarará infundado el recurso de revisión. No se
impondrán costas a los recurrentes en virtud del amparo de
pobreza concedido -artículo 154 CGP-, pero se les ordenará
asumir los perjuicios ocasionados con su interposición, de
conformidad con lo dispuesto en el inciso final del artículo
359 ibidem17.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
17 Así lo ha señalado esta Corte al decir: «[c]omo la recurrente invocó desde el inicio del
trámite el amparo de pobreza y le fue concedido, no habrá condena en costas por haber
sido vencida, pero se impondrá la relativa al pago de los perjuicios que pudiera haber
causado con esta actuación porque éstos no aparecen exonerados en la regulación
procesal de dicho trámite. Así se ha decidido por esta Corte en pasadas ocasiones,
como en sentencia 102 de julio 11 de 2000 y en sentencia 3318 del 18 de marzo de
2014» (se resalta; CSJ SC17395-2014, 19 dic. 2014, rad. 2011-02692-00, reiterado
en CSJ SC1906-2019).
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PRIMERO. DECLARAR INFUNDADO el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por P.R.A. y otros,
frente a la sentencia dictada por la Sala Civil-Familia-Laboral
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Neiva el 4 de
julio de 2023, en el proceso referenciado.
SEGUNDO. Condenar en perjuicios a los recurrentes,
los que se liquidarán mediante incidente. Sin costas.
TERCERO. Devolver el expediente a la Corporación de
origen donde se dictó la sentencia materia de revisión, junto
con copia de esta providencia. Por secretaría, líbrese el oficio
correspondiente.
CUARTO. Archivar las diligencias en su oportunidad.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
(Ausencia justificada)
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
No firma ausencia justificada
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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