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FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Magistrado Ponente
SC692-2025
Radicación n.° 11001-02-03-000-2023-02728-00
(Aprobado en sesión celebrada en la ciudad de Medellín-Antioquia el
treinta de enero de dos mil veinticinco)
Bogotá D.C., nueve (9) de mayo de dos mil veinticinco
(2025).
La Sala decide por sentencia anticipada, el recurso de
revisión interpuesto por Humberto Arias Bejarano1 frente al
fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Cali el 5 de abril de 2022. El medio
impugnatorio fue incoado en el proceso verbal de nulidad de
contrato de compraventa de derechos herenciales promovido
por Carlos Humberto Arias Guinand contra Inversiones
Zoilita S.A.S. y José Fernando Hinestrosa Mejía. Trámite al
que se vinculó al recurrente en calidad de litisconsorte
cuasinecesario.
I. ANTECEDENTES
1 A través de apoderado judicial y conforme al poder conferido.
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1. Carlos Humberto Arias Guinand demandó a
Inversiones Zoilita S.A.S. y José Fernando Hinestrosa Mejía
con el fin que se declare «la nulidad absoluta por falta de
consentimiento de la compraventa de los derechos herenciales»
protocolizada con escritura pública No. 439 del 1º de marzo
de 2014 de la Notaría Sexta de Cali. En consecuencia, solicitó
inscribir la decisión en la Notaría y en la Oficina de Registro
de Instrumentos Públicos correspondientes. Además, pidió
ordenar el pago de los perjuicios patrimoniales en su favor
por valor de $16.693.807.7942. Y de manera subsidiaria,
suplicó rescindir -por lesión enorme- el negocio jurídico
contenido en el instrumento público referido.
2. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali -con auto
del 22 de noviembre de 20173- admitió a trámite la demanda
y su subsanación.
3. José Fernando Hinestrosa Mejía se opuso a la
prosperidad de las pretensiones de la demanda4. Para ello,
alegó -en síntesis- que «no hubo vicio en el consentimiento». Así
como que sus actuaciones «estuvieron ajustadas a derecho». Por
otro lado, Inversiones Zoilita S.A.S. contestó
extemporáneamente5.
4. El a quo -con providencia del 24 de octubre de 20196-
aceptó la intervención del recurrente -Humberto Arias
2 Páginas 242 y ss, Archivo “0001CuadernoPrincipal1Parte1.pdf”, Consecutivo 15,
Expediente Digital ESAV.
3 Página 274, Ibidem.
4 Páginas 326 y ss, Ibidem.
5 Así lo dispuso el a quo en Auto de 9 de noviembre de 2020. Página 11, archivo
“0006CuadernoPrincipal3.pdf”
6 Páginas 365, Archivo “0003CuadernoPrincipal1A.pdf”, Ibidem.
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Bejarano- «como Litisconsorte Cuasinecesario del extremo pasivo». Lo
tuvo notificado por conducta concluyente. Y reconoció
personería a su apoderado judicial.
5. El Juzgado Sexto Civil del Circuito de Cali -con
providencia del 14 de diciembre de 20207- resolvió «negar las
pretensiones incoadas». Inconforme con esa determinación, la
parte demandante interpuso recurso de apelación.
6. La Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali -con decisión del 5 de abril de 2022-8 revocó
la determinación de primera instancia. En su lugar, declaró
«NULO ABSOLUTAMENTE por falta de consentimiento, el contrato de
compraventa de derechos herenciales celebrado por el señor CARLOS
HUMBERTO ARIAS GUINAND con INVERSIONES ZOILITA S.A.S., que
consta en la escritura pública Nº 439 del marzo 1º de 2014 de la Notaría
Sexta de Cali». Y dispuso la «extinción de las obligaciones de las
partes en el contrato que aquí se declara nulo». Sin embargo, no
accedió «a las restituciones mutuas» pues, «al no entregarse los
derechos herenciales vendidos, ni pagarse el precio por quien figura
como compradora, ese negocio jurídico no se cumplió, lo que significa que
nada hay que retrotraer, que no proceden las restituciones mutuas y que
conforme a lo dispuesto en el artículo 8 del artículo 1625 del CC, las
obligaciones adquiridas por las partes se extinguen…».
7. Posteriormente, Humberto Arias Bejarano,
Inversiones Zoilita S.A.S. y José Fernando Hinestrosa Mejía
-de manera separada- incoaron recurso extraordinario de
7 Páginas 87 y ss, archivo “0006CuadernoPrincipal3.pdf”, Ibidem.
8 Páginas 202 y ss, Ibidem.
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casación. No obstante, estos fueron declarados desiertos con
providencia AC4340 del 26 de septiembre de 20229.
8. Finalmente, Humberto Arias Bejarano presentó
recurso de revisión -que es materia de decisión- contra la
sentencia del ad quem.
II. TRÁMITE DEL RECURSO DE REVISIÓN
1. El fallo atacado fue proferido el 5 de abril de 202210,
y el recurso propuesto se radicó el 7 de julio de 202311. Por
tanto, se concluye que fue presentado en el término legal
establecido en el artículo 356 del CGP.
2. El recurrente depreca que se invalide la sentencia con
fundamento en la causal primera del artículo 355 del Código
General del Proceso12. Para ello, indicó que fue vinculado al
trámite reprochado -como litisconsorte cuasinecesario-,
cuando este se encontraba «en la etapa de la audiencia inicial».
Momento procesal en el que ya no podía solicitar pruebas.
Por lo cual, no pudo aportar el anexo de la escritura pública
No. 439 del 1º de marzo de 2014 de la Notaría Sexta de Cali,
en el que estaba el poder que facultaba al señor Hinestrosa
Mejía «para celebrar el negocio jurídico en nombre y representación» de
Carlos Humberto Arias Guinand. Y agregó que tampoco lo
allegó en el trámite de la apelación, porque la ausencia de
consentimiento -en el contrato- «no fue materia del debate jurídico
9 Página 229, Ibidem.
10 Páginas 202 y ss, Ibidem.
11Acta de reparto y constancia secretarial, Consecutivo 1, Expediente Digital ESAV.
12 Archivo “0010Memorial.pdf”, Consecutivo 5, Ibidem.
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procesal». Luego, esa omisión se presentó por «causas
exclusivamente imputables a la parte contraria». Por lo anterior,
considera que la decisión del ad quem habría variado si
hubiese tenido la oportunidad de aportar -para su
valoración- el mencionado anexo del instrumento público
citado.
3. El Magistrado sustanciador -con auto del 31 de
agosto de 202313- inadmitió la demanda para que el
recurrente cumpliera lo siguiente: (i) precisara los hechos
concretos en que apoya la causal invocada y especificara los
documentos encontrados después del pronunciamiento que
ataca. Además, (ii) acreditara la calidad de abogado de quien
suscribió el libelo.
4. Recibido el expediente, y subsanadas las deficiencias
formales advertidas, el Magistrado ponente –con auto del 26
de septiembre de 202314- admitió a trámite la revisión y
ordenó correr traslado a todos los demás intervinientes en el
juicio.
5. La sociedad Inversiones Zoilita S.A.S. contestó la
demanda extemporáneamente15. Por otro lado, José
Fernando Hinestrosa Mejía y Carlos Humberto Arias
Guinand fueron notificados16, pero guardaron silencio.
13 Consecutivo 3, Ibidem.
14 Consecutivo 7, Ibidem.
15 Archivo “0043Informe_secretarial.pdf”, Consecutivo 24, Ibidem.
16 Archivo “0039Anexos.rar”, Consecutivo 22, Expediente Digital.
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6. El 16 de mayo de 202417, se profirió auto que decretó
pruebas. Se anunció el pronunciamiento de la sentencia
anticipada. Y se concedió a las partes el término común de
cinco días con el fin de que, si lo estimaban pertinente,
allegaran sus alegatos finales.
7. El apoderado del recurrente en revisión18 insistió en
los argumentos de la demanda. Además, hizo hincapié en que
«en la demanda inicial, nunca se mencionó tal circunstancia, el de la falta
de poder». El mandatario de la sociedad Inversiones Zoilita
S.A.S.19 coadyuvó las pretensiones de la demanda.
8. El convocado Carlos Humberto Arias Guinand20
formuló solicitud de nulidad. Alegó que «[e]xiste una indebida
notificación (…) a la luz de lo establecido en la Ley 1564 de 2012 y 2213
de 2022».
9. El suscrito Magistrado sustanciador -con proveído
del 18 de junio hogaño21- dispuso «dar apertura al
correspondiente trámite de conformidad con lo previsto en el artículo 134
del Código General del Proceso». Garantizado el traslado a las
partes intervinientes, con auto del 3 de julio siguiente22 se
decretaron pruebas.
10. Surtida la actuación, con providencia AC3886 del
17 de julio de 202423 se resolvió negar la petición de nulidad.
17 Consecutivo 25, Ibidem.
18 Consecutivo 27, Ibidem.
19 Consecutivo 28, Ibidem.
20 Consecutivo 32, Ibidem.
21 Consecutivo 41, Ibidem.
22 Consecutivo 48, Ibidem.
23 Consecutivo 54, Ibidem.
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Ello, comoquiera que las pruebas practicadas permitieron
validar que «el señor Arias Guinand sí conoció de forma debida y
oportuna del proceso». Inconforme con lo decidido, el
solicitante24 promovió «RECURSO DE REPOSICIÓN Y EN SUBSIDIO
DE SÚPLICA».
11. Previo traslado a los interesados, con AC4358 del 6
de agosto de 2024 la reposición se rechazó «por improcedente»25.
No obstante, se concedió «la súplica implorada». Y con proveído
AC5965 del 8 de noviembre ulterior26, la Sala de Casación
Civil, Agraria y Rural resolvió «CONFIRMAR el auto AC3886-2024».
III. CONSIDERACIONES
1. En el caso concreto, es procedente el fallo anticipado,
escrito y por fuera de audiencia -art. 278 del C.G.P-. En
efecto, de acuerdo con las pruebas allegadas y con la
situación de facto particular, no son necesarios elementos de
convicción adicionales.
2. El recurrente invocó la causal primera del artículo
355 del Código General del Proceso. La cual consagra como
motivo de revisión el «haberse encontrado después de pronunciada
la sentencia documentos que habrían variado la decisión contenida en
ella, y que el recurrente no pudo aportarlos al proceso por fuerza mayor
o caso fortuito o por obra de la parte contraria».
24 Consecutivo 56, Ibidem.
25 Consecutivo 62, Ibidem.
26 Consecutivo 69, Ibidem.
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2.1. Esta Sala ha precisado que para el éxito de la
aludida causal de revisión resulta indispensable satisfacer
las siguientes exigencias:
2.1.1. Que se trate de una prueba documental. La cual,
como se ha establecido en múltiples pronunciamientos,
debió existir a más tardar desde la última oportunidad
procesal que se tenía para aportar pruebas27. Y no son
admisibles otros tipos de probanzas, aunque estén
plasmados en un documento escrito.
2.1.2. Que el documento respectivo no hubiese podido
proporcionarse en el proceso oportunamente -pese a su
preexistencia- por motivos de fuerza mayor, caso fortuito u
obra de la parte contraria. Así pues, el impugnante debe
satisfacer una carga argumentativa tendiente a demostrar
por qué le resultó imposible arrimar los documentos en los
momentos que la ley señala para ello. Desde luego, esta vía
no resulta idónea para alterar ni modificar medios
demostrativos que obran en el plenario. Toda vez que quedan
«por fuera de discusión en esta senda la adecuación de elementos de
convicción insuficientes, la producción de unos nuevos que modifiquen
condiciones preexistentes y la valoración de lo oportunamente allegado»
(reiterada en CSJ SC369-2023).
2.1.3. Y que el medio suasorio -aducido en revisión-
tenga la trascendencia necesaria para implicar un cambio
sustancial en la decisión recurrida. De manera que requiere
27 CSJ SC1121-2019, SC1859-2018, SC6996- 2017, entre otros.
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de fuerza persuasiva, como para modificar la sentencia
impugnada.
Bajo ese panorama, el remedio extraordinario -por esta
causal- no procede en aquellos supuestos en los cuales el
documento que se dice encontrado se hallara en poder o a
disposición de la parte que lo promueve. O que hubiera
estado a su alcance en cualquier protocolo, archivo u
organismo público.
3. En el caso sub examine, el recurrente señaló que al
haber intervenido en el juicio como «litisconsorte cuasinecesario»
-cuando ya se habían decretado pruebas-, no tuvo
oportunidad procesal alguna para aportar el anexo de la
escritura pública No. 439 del 1º de marzo de 2014 de la
Notaría Sexta de Cali. El cual contenía el poder que facultaba
al señor Hinestrosa Mejía «para celebrar el negocio jurídico en
nombre y representación» de Carlos Humberto Arias Guinand.
Documental que, en su criterio, habría impedido que el ad
quem declarara la nulidad absoluta por falta de
consentimiento en el contrato de compraventa de derechos
herenciales celebrado por Arias Guinand con Inversiones
Zoilita S.A.S.
4. Visto lo anterior, prontamente se avizora que el
recurso no puede prosperar, por lo que viene.
4.1. El argumento que estructura el medio
impugnatorio gravita alrededor de la falta de aportación del
anexo contentivo del poder «que se menciona en el cuerpo de dicho
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instrumento público», lo que a la postre impidió su análisis por
parte de los falladores de instancia. No obstante, revisado el
expediente, se vislumbra que esta probanza sí hizo parte del
legajo y sí se tuvo en cuenta por el Tribunal. Al respecto, en
la sentencia confutada se enrostró que28
7.2.- Y para recabar en que el contrato refrendado por las partes
en la transacción no es el contrato de compraventa contenido en la
escritura número 439, basta remitirnos al mismo texto de la
cláusula 10, en cuanto indica que para el contrato a que refiere el
señor Arias G otorgó poder a Hinestrosa, apostillado en el
consulado colombiano, pues para el contrato de compraventa
contenido en la escritura 439 no se otorgó poder, tanto así que se
anunció pero no se protocolizó en ella como se indicó.
Es más, si revisamos los poderes anexados a los autos otorgados
por Arias G a Hinestrosa, apostillados en EE.UU, tenemos que son
los siguientes:
Uno del 13 de febrero de 2014 dirigido al Juzgado 4 de Familia de
Cali- – para que solicite la terminación del proceso de la referencia
– sucesión testada - toda vez que las partes hemos llegado a un
acuerdo - conforme con el testamento;
Otro de la misma fecha 13 de febrero de 2014 para las Notarías
del Círculo de Cali: “… para que en mi nombre y representación
firme la escritura pública de cesión o venta o permuta de
DERECHOS HERENCIALES , para que adelante toda clase de
actuaciones tanto en el juzgado 4° de familia en la sucesión de
Humberto Arias como en la notaría ante la cual se haga el trámite
notarial (..) Este poder será otorgado para todas aquellas
actuaciones, peticiones y gestiones que se relacionen con la
calidad de herederos de Carlos Humberto Arias Guinand donde el
cesionario es CLAUDIA LORENA ORDOÑEZ BOLAÑOS (..) en
calidad de representante legal de la sociedad INVERSIONES
ZOILITA LTDA (..) , contrato que se perfeccionaría por medio de
escritura pública basado en el contrato denominado PROMESA DE
CONTRATO DE PERMUTA QUE CELEBRAN INVERSIONES
ZOILITA LTDA., Y CARLOS HUMERTO ARIAS GUINAND, suscrito y
autenticado por mi poderdante el día 13 de febrero de 2014”. (Se
subraya).
28 Páginas 218 y 219, archivo “0006CuadernoPrincipal3” del expediente digital.
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Este último poder al que se refiere el ad quem, es el que
el peticionario aporta al recurso extraordinario29. En ese
sentido, carece de fundamento la causal expuesta, toda vez
que el mentado documento no fue ajeno al proceso y sí fue
analizado. Motivo suficiente para declarar infundado el
recurso.
4.2. Si lo anterior fuera insuficiente, la Sala también
anota que no se encuentran satisfechos los dos últimos
presupuestos para que se configure la causal alegada. Esto
es, recuérdese: «b. que el documento o documentos respectivos, no
obstante, su preexistencia, no hayan podido aportarse al proceso, bien
por fuerza mayor, caso fortuito u obra de la parte contraria, y c. que la
prueba documental sea trascendente, esto es, que, si el sentenciador
hubiere podido apreciarla, el sentido de la decisión hubiera sido
radicalmente diferente (SC6996 2017; SC 04 jun. 2007, rad. 2005-
00185-00; SC 20 may. 2008, rad. 2006-00887-00, SC1859-2018, entre
otras)».
4.2.1. En primer lugar, si bien el actor adujo que la falta
de aportación se debió a la «obra de la parte contraria»30, lo cierto
es que, para acreditar dicha situación, esta Corte ha
precisado que se requiere «de dos presupuestos: la presencia del
documento que hubiera podido servir de medio de prueba en manos o
bajo el dominio de la parte contraria durante o antes de la tramitación
del proceso revisado, y la participación de dicha parte en la retención de
dicha prueba»31. Sobre el particular, se resalta que el
29 Página 1, archivo “11001020300020230272800-0006Expediente_digitalizado” del
expediente digital.
30 Tal como se aseveró en la demanda (hecho 6º) e insistió en los alegatos de
conclusión (pág 6, Consecutivo 27).
31 Sentencia de revisión de 2 de diciembre de 1987, G.J. t. CLXXXVIII, pág. 332.
Reiterado en SC1121-2019, 3 abr. Rad. 2014-02756
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documento echado de menos hace referencia a un anexo de
la escritura pública referenciada, la cual, por su naturaleza,
es de público acceso (arts. 80 y 114, D. 960 de 1970). Es
decir, estaba al alcance de todos los intervinientes en el
litigio. Tal circunstancia, por sí sola, desvirtúa la fuerza
mayor o caso fortuito, así como la alegada obra de la parte
contraria que impidió aportar el documento. En un caso de
similares contornos, esta Corporación esgrimió que
4.2. En adición, respecto al último requisito para que se configure
la primera causal de revisión, anota la Sala que tampoco se
encuentra satisfecho porque en el sub lite, a pesar de que Matilde
Mora de Ardila aduce que obtuvo la escritura pública 2697 de 8 de
noviembre de 1930 de la Notaría Primera de Bogotá porque fue
entregada por los herederos de Tucufato (sic) Poveda con
posterioridad a la sentencia atacada y también alega
incoherentemente- que dicho instrumento estaba en poder de
Licerio Poveda Reina, lo cierto es que con anterioridad al inicio del
juicio reivindicatorio tal documento estuvo al alcance de todos los
intervinientes en ese litigio, por tratarse de un contrato inserto en
un protocolo público. Lo anterior en desarrollo del mandato
contenido en el artículo 80 del decreto 960 de 1970, a cuyo tenor
«(t)oda persona tiene derecho a obtener copias auténticas de las
escrituras públicas». Tal circunstancia, por sí sola, desvirtúa la
fuerza mayor o caso fortuito, así como la alegada obra del
reivindicante que impidió a su contendora la obtención del aludido
documento, en el curso del proceso donde se dictó la sentencia
fustigada, si se tiene en cuenta que por fuerza mayor o caso
fortuito debe entenderse ‘el imprevisto a que no es posible resistir,
como un naufragio, un terremoto, el apresamiento de enemigos, los
autos de autoridad ejercido por un funcionario público, etc.’ (Art.
1° Ley 95 de 1890). De allí sus características de imprevisibilidad
e irresistibilidad, «significando lo primero, un acontecer
intempestivo, excepcional o sorpresivo; y lo segundo, imposible,
fatal, inevitable de superar en sus consecuencias». (Sentencia de
revisión de 2 de diciembre de 1987, G.J. t. CLXXXVIII, pág. 332);
propiedades extrañas a la naturaleza que de público ostente un
determinado documento, pues esta implica el derecho de todo
ciudadano para tenerlo a su alcance y, por contera, obtener
reproducciones del mismo, al punto que el ordenamiento jurídico
ha previsto herramientas para asegurar esa enmienda, verbi
gracia, el derecho de solicitar información regulado en materia
contencioso administrativa (art. 24 del C.P.A.C.A.), en desarrollo
de la garantía fundamental de petición que, sabido es, puede
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hacerse efectiva a través del ejercicio de acciones
constitucionales32 (Se subraya)
4.2.2. En segundo lugar, se hace referencia a que el
estudio del documento referido hubiese tenido la
trascendencia y magnitud suficiente para que el juez fallara
de forma diferente. Presupuesto que tampoco se cumple.
Como se expresó en líneas anteriores, la probanza sí fue
tenida en cuenta por el ad quem. Se insiste, esta influyó en
lo finalmente decidido. Respecto del anexo -del mandato-
extrañado, el Tribunal33 puntualizó que en el contrato de
compraventa de derechos herenciales protocolizado en
escritura pública No. 439 del 1º de marzo de 2014 de la
Notaría Sexta de Cali, únicamente «se anunció [el otorgamiento de
un poder] pero no se protocolizó». Añadió que la ausencia de
consentimiento para esa transferencia de dominio no podía
convalidarse con los otros mandatos incorporados, porque
estos daban cuenta de que «el señor Arias G no otorgó poder a
Hinestrosa para la venta de sus derechos herenciales» pues, «el acto
refrendado que se dice desarrollado de manera libre y espontánea por
las partes no es otro que la promesa de permuta». De allí que
concluyera que «contrario a lo argumentado por el juez podamos
afirmar que, con la transacción, ni se saneó de manera expresa la falta
de consentimiento del señor Arias G, para la compraventa de sus
derechos herenciales - EP 439-, ni se ratificó de manera expresa la
ausencia de poder del señor Hinestrosa, para celebrar tal compraventa».
Se colige, una vez más, que el documento aportado por el
revisionista sí fue tenido en cuenta por el Tribunal.
32 CSJ SC1121-2019
33 Páginas 218 a 220, archivo “0006CuadernoPrincipal3” del expediente digital.
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5. Por demás, itérese que para la prosperidad del
recurso sobre la base del numeral 1º del canon 355 del CGP,
es menester que el hallazgo se haya producido con
posterioridad al fallo que cerró el decurso34. Presupuesto que
no se acreditó. Ciertamente, el peticionario tuvo
conocimiento de la existencia de la escritura pública con sus
anexos desde antes que iniciara el litigio -a más tardar el 24
de octubre de 201935, cuando se vinculó al proceso como
litisconsorte cuasinecesario-. Por tanto, su descubrimiento
no fue ulterior al pleito.
6. Así las cosas, la Sala concluye que no están
cumplidos los dos últimos requisitos necesarios para la
prosperidad de la causal primera invocada. Así y todo, este
mecanismo no es el medio idóneo para reeditar el decreto y
práctica probatoria. Menos aún, si se trata de medios de
convicción relacionados con la controversia propiamente
planteada en las instancias. Sobre el particular, esta
Corporación ha sostenido que el recurso extraordinario de
revisión «no franquea la puerta para tornar el replanteamiento de
temas ya litigados y decididos en proceso anterior, ni es la vía normal
para corregir los yerros jurídicos o probatorios que hayan cometido las
partes en litigio precedente, ni es camino para mejorar la prueba mal
aducida o dejada de aportar, ni sirve para encontrar una nueva
oportunidad para proponer excepciones o para alegar hechos no
expuestos en la causa petendi» (se subraya) (CSJ. SC 16 may.
2013, reiterada en AC3577-2023).
34 CSJ, SC, 1° mar, 2011, rad. 2009-00068-00; citada en CSJ SC18031-2016
35 Páginas 365, Archivo “0003CuadernoPrincipal1A.pdf”, Ibidem.
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7. Por las razones expuestas, se declarará infundado el
recurso de revisión. En aplicación del artículo 359 del Código
General del Proceso se condenará en costas y perjuicios al
recurrente -las agencias en derecho se tasarán por el
Magistrado Ponente-.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República de
Colombia y por autoridad de la ley,
RESUELVE
PRIMERO. Declarar infundado el recurso
extraordinario de revisión interpuesto por Humberto Arias
Bejarano frente al fallo proferido por la Sala Civil del Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Cali el 5 de abril de 2022,
en el proceso verbal de nulidad de contrato de compraventa
de derechos herenciales promovido por Carlos Humberto
Arias Guinand contra Inversiones Zoilita S.A.S. y José
Fernando Hinestrosa Mejía. Trámite al que se vinculó al
recurrente en calidad de litisconsorte cuasinecesario.
SEGUNDO. Condenar en costas y perjuicios de la
revisión al recurrente. Inclúyase en la liquidación la suma de
seis (6) salarios mínimos legales mensuales vigentes, que fija
el Magistrado Ponente -para su cuantificación se tendrán en
cuenta las tarifas establecidas por el Consejo Superior de la
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Judicatura-. Liquídese los perjuicios conforme al artículo
283 del Código General del Proceso.
TERCERO. Devolver el expediente a la Corporación de
origen donde se dictó la sentencia materia de revisión, junto
con copia de esta providencia. Por secretaría, líbrese el oficio
correspondiente.
CUARTO. Archivar las diligencias en su oportunidad.
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidente de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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