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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado ponente
SC651-2025
Radicación n.º 76001-31-03-014-2018-00114-01
(Aprobado en sesión de trece de marzo de dos mil veinticinco)
Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticinco (2025).
Procede la Corte a proferir sentencia sustitutiva dentro
del proceso promovido por Inversiones Techcolombia S.A.S.
contra Seguros Comerciales Bolívar S.A.
I.- ANTECEDENTES
1.- En el escrito inicial del trámite, la demandante
solicitó que se declare que la convocada incumplió el contrato
de seguro «contenido en la póliza multi-riesgo empresarial
número 1540-2151076-01, al negarse a resarcir a la sociedad
asegurada… los perjuicios reclamados por la pérdida de los
bienes asegurados afectados con ocasión del siniestro
acaecido el día veintiocho (28) de octubre de 2016». Además,
pretendió que se condene al asegurador a pagar la suma de
$600.000.000 más intereses moratorios desde el día
siguiente.
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2.- Estos pedimentos se sustentaron en los hechos que
admiten este compendio:
2.1.- El 19 de mayo de 2016 se celebró el contrato de
seguro n.° 2151076-01 con vigencia de un año. En esta
convención se aseguraron, entre otros, los «daños de agua [y]
anegación», sobre mercancías, maquinarias, muebles,
enseres y equipos electrónicos de propiedad de la
demandante.
2.2.- Las mercancías aseguradas fueron trasladadas de
Bogotá a Cali, primero a la calle 13ª n.° 47-15, y luego a la
calle 50N n.° 5N-103. Este cambio fue notificado a la
compañía de seguros por correo electrónico, quien anunció
la realización de una visita de ingeniería.
2.3.- El transporte de la mercancía fue asegurado con
la misma entidad, según la póliza del 29 de julio de 2016.
2.4.- La aseguradora efectuó la revisión técnica de las
nuevas instalaciones, emitiendo el experto varias
recomendaciones verbales, que fueron acatadas por la
asegurada, aunque el informe definitivo no fue puesto en
conocimiento de ésta.
2.5.- Entre el 28 y 29 de octubre de 2016 se materializó
un siniestro, consistente en la anegación del área de bodega
de la empresa, en la que se encontraban diferentes bienes de
propiedad de la demandante.
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2.6.- La demandada, «a sabiendas… del traslado del
riesgo a la ciudad de Cali en desconcertante actitud que linda
con la mala fe negocial, envió una carta… el 23 de noviembre
de 2016 afirmando alegremente que la dirección del riesgo
asegurado ‘es la carrera 8 # 167D-62, Apto 17-08, en Bogotá’
y que por esa razón no se encuentra amparado el evento
porque ‘los hechos ocurrieron en la 5BN # 20N-52 oficina 111
barrio Versalles en la ciudad de Cali’», motivo para objetar la
reclamación.
2.7.- Por comunicación del 13 de diciembre de 2016, la
aseguradora comunicó la «cancelación póliza multirriesgo
empresarial 1540201510701», otorgándole efectos desde el 7
de septiembre de ese año.
3.- Una vez admitida la demanda el 22 de junio de 2018
por el Juzgado Catorce del Circuito de Cali y agotado el
proceso de enteramiento, la convocada contestó refiriéndose
a los hechos, oponiéndose a las pretensiones y formulando
las excepciones intituladas «inexistencia de la obligación a
cargo de Seguros Comerciales Bolívar S.A. por terminación del
contrato de seguros por la modificación del estado del riesgo y
falta de notificación oportuna», «pacta sunt servanda»,
«inexistencia de la obligación a cargo de las aseguradoras
demandadas por falta de demostración de la ocurrencia del
siniestro y su cuantificación», «inexistencia de la obligación al
pago de intereses» y la innominada.
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4.- El 17 de mayo de 2019 el juez denegó la excepción
previa de cláusula compromisoria, argumentando que «si
bien para este caso resulta válid[a] la existencia de un pacto
arbitral en el clausulado de la Póliza Multiriesgo Empresarial
No. 1540-2151076-01, la misma no está aceptada
expresamente por el asegurado, motivo por el cual carece de
fuerza vinculante contra el demandante». Esta decisión fue
proferida el 23 de agosto del mismo año.
5.- El a quo, tras agotar el trámite procesal y escuchar
los alegatos finales, emitió sentencia oral el 21 de noviembre
de 2021. En ella, declaró probada la excepción «inexistencia
de la obligación a cargo de Seguros Comerciales Bolívar por
terminación del contrato
de seguro por la modificación del
estado de riesgo y falta de notificación oportuna», rechazando
así las pretensiones de la demandante.
6.- El 11 de noviembre de 2022, la Sala Civil del
Tribunal Superior de Distrito Judicial de Cali resolvió el
recurso de apelación presentado por la demandante,
confirmando el veredicto impugnado.
7.- Finiquitada la tramitación del recurso de casación
promovido por la afectada, la Corte emitió la sentencia
SC2694 el 24 de octubre de 2024, por la cual se casó el fallo
de segunda instancia y, de forma oficiosa, ordenó a «ambas
partes… allegar… todos los documentos que se encuentren en
su poder relacionados con la reclamación por el siniestro
ocurrido el 28 de octubre de 2016», los estados financieros
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con sus notas «donde figure la información relacionada con el
manejo contable de los inventarios iniciales y finales por el
mes de octubre de 2016», y los «soportes por la labor del
ajustador o ajustadores de seguros que se procedió a designar
en su momento».
8.- El 20 de noviembre del mismo año, el apoderado de
la demandante presentó los documentos que tenía en su
poder, incluyendo «los estados financieros y las notas a los
mismos de los ejercicios contables correspondientes a los años
2016, 2018 y 2019». El mismo día el representante judicial
de la accionada remitió los papeles que aseguró guardar en
sus archivos, relativos al siniestro.
9.- Por auto del 13 de diciembre pasado, se pusieron
«en conocimiento de las partes los documentos aportados
oportunamente por ambas». Ninguna de las partes se
pronunció dentro del término de ejecutoria, según el informe
secretarial del 14 de enero del presente año.
10.- Por fuerza del inciso segundo del artículo 349 del
Código General del Proceso, procede emitir sentencia
sustitutiva.
II.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA
La juez a quo, después de encontrar satisfechos los
presupuestos procesales, adentrarse en el análisis de los
elementos de la responsabilidad y explicar el interés
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asegurable como uno de los elementos del contrato de
seguro, rehusó las súplicas de la demandante, con base en
estas apreciaciones:
1.- Remarcó que en el caso no se cuestionó la existencia
y validez del contrato de seguro, pues todos los elementos de
este negocio se encuentran reunidos.
2.- Frente a la modificación del estado de riesgo, y
después de rememorar las pruebas recaudadas en el juicio,
relató que la demandante dirigió correo electrónico a la
enjuiciada el 28 de julio de 2016, en el que informó su
traslado de Bogotá a Cali, lo que volvió a hacer el 17 de agosto
siguiente por el cambio de dirección, en respuesta de lo cual
se programó una visita de inspección que se efectuó el día 22
de igual mes.
3.- Calificó como extemporáneas las notificaciones
antes referidas, por no ajustarse al tiempo señalado en el
contrato y en el artículo 1060 del estatuto mercantil, «puesto
que el 28 de julio de 2016 informa sobre el traslado» y «el
traslado efectivo se hace el 30 de julio de 2016», y el efectuado
el 17 de agosto se informó el mismo día en que se adelantó,
sin considerar que debía hacerse con mínimo diez días de
antelación. Extemporaneidad que, en su criterio, habilita la
terminación del contrato
, como en efecto sucedió.
4.- Además, encontró que en la visita técnica se hicieron
múltiples recomendaciones, relacionadas con la cubierta y
bajantes, sin que se demostrara que fueran cumplidas,
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«máximo que en dicho informe se le impone al asegurado llevar
una bitácora o informe por escrito de dichas revisiones, las
cuales brillan por su ausencia, siendo estos aspectos carga
directa del asegurado, la cual se le imponía cumplir y remitir
a la entidad aseguradora informando su efectivo
cumplimiento, a fin de que la aseguradora analizara la
continuidad o no del contrato».
III.- RECURSO DE APELACIÓN
1.- La determinación de primer grado fue censurada por
la actora, con base en estos reparos: (a) se desconoció la
prohibición del abuso del derecho; (b) la decisión se
fundamentó en los informe de visita que parecen elaborados
a la medida y que no fueron dados a conocer sino en virtud
del presente litigio; (c) no se aportaron los originales de los
informes, lo que dificulta la valoración de las fotografías,
rompiéndose el equilibrio procesal; (d) faltó valorar que, la
verificación de las garantías, sólo se realizó con ocasión del
siniestro; (e) se pasó por alto que el contrato continuó
vigente, lo que era posible por el consensualismo; (f) se faltó
al deber de brindar información cierta, suficiente y oportuna,
pues la no asegurabilidad debió conocerse antes del
siniestro, máxime porque la prima siguió facturándose y no
se entregó el informe de visita; y (g) no se asignó mérito
probatorio a cada prueba y faltó practicar los testimonios de
personas que, al final de cuentas, se conectaron a la
audiencia virtual.
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2.- El remedio vertical de sustentó ante el superior, en
los términos subsiguientes:
2.1.- Clarificó que, en la visita técnica, no se informó
sobre la inasegurabilidad del riesgo y, por el contrario, se
realizaron recomendaciones, indicativas de la intención de
continuar con el contrato; además, el visitador anunció una
segunda visita, lo que equivale a la auto-imposición del deber
de verificar el cumplimiento de las sugerencias.
2.2.- Enlistó y explicó los yerros de apreciación
probatoria en que incurrió el fallador de primera instancia:
(a) no dio por probado, estándolo, que la demandante
cumplió las recomendaciones realizadas por el visitador; por
el contrario, se basó en un informe apócrifo y sin considerar
que la aseguradora fue la que desatendió la carga de realizar
una segunda visita. Con todo, resaltó que el experto no
comprobó el estado de techos y bajantes;
(b) el informe de la visita no fue dado a conocer, por lo
que sólo debían cumplirse las recomendaciones verbales, lo
que ciertamente sucedió, como se extrae de la compra de
múltiples implementos de seguridad y la contratación de
vigilancia satelital;
(c) la notificación del cambio del estado de riesgo se
ajustó a las indicaciones realizadas por Carlos Trujillo, quien
representaba a Seguros Bolívar;
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(d) no se tuvo por probado, estándolo, que la
aseguradora siguió cobrando la prima, generando la
convicción sobre la continuidad del contrato; y
(e) se pasó por alto la desidia de la demandada en el
manejo del siniestro, como se infiere de que olvidara las
comunicaciones en que se le informó el cambio de riesgo,
cobrara la prima después de terminado el contrato y existió
confesión respecto a los hechos indebidamente respondidos
de la demanda.
2.3.- Encontró múltiples desafueros sustantivos en el
veredicto.
De un lado, la terminación del seguro por la tardía
notificación del cambio del estado del riesgo era inaplicable,
pues este plazo fue modificado consensual y tácitamente por
las partes, como reluce de que la aseguradora no se opusiera
al traslado y, por el contrario, realizara una visita, sin
manifestar su interés de revocar el contrato o ajustar la
prima.
Por otra parte, en cuanto a la falta de verificación de las
recomendaciones, consideró que fue una carga
autoimpuesta, lo que aunado al cobro y recibo de la prima, y
la objeción a la reclamación tres meses después del traslado
del riesgo, desvela la decisión de mantener el seguro.
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Aseguró que la demandada incumplió con la obligación
de información, pues no notificó la
terminación del contrato
,
con el fin de permitir que la asegurada celebrara uno nuevo,
ni dio a conocer las recomendaciones del informe de visita
con la indicación sobre su importancia para continuar con el
negocio.
Encontró una conducta sospechosa en la falta de
nombramiento de ajustadores, y mala fe o absoluta desidia,
en la generación de confianza sobre la continuidad del
seguro, lo que contradijo al hacer la objeción. Asimismo,
calificó como contradictorio que, después de objetar el aviso,
se afirme que el contrato se canceló, por ser lógicamente
imposible, máxime cuando la representante legal de la
aseguradora afirmó que su intención era mantener la
convención.
Alegó que el seguro, frente a la modificación del riesgo,
conserva vigencia hasta tanto se tome una decisión sobre la
terminación, por lo que, una vez se produce el siniestro, «este
se encuentra amparado y ya no cabe objetar su pago, ni alegar
la terminación o cancelación del contrato, ni el reajuste de la
prima», como sucedió en el caso.
Agregó que, la comunicación emitida después de 120
días de la notificación del cambio de ubicación de las
mercancías, hace aplicable la teoría de los actos propios, en
el sentido de que la cobertura se mantuvo, lo que se ratifica
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por seguir cobrando la prima, enviar al visitador y realizar
recomendaciones verbales.
Concluyó que el daño y su cuantía está comprobado a
partir del aviso de siniestro, reclamación a la aseguradora,
facturas de compra, declaraciones de importaciones de las
mercancías, informe de la segunda visita de inspección y
juramento estimatorio.
IV.- CONSIDERACIONES
1.- Precisiones preliminares.
1.1.- En esta determinación sólo se resolverán los
argumentos presentados por la demandante que, conforme
al canon 328 del Código General del Proceso, se hayan
propuesto como motivos concretos de disenso ante el a quo y
sustentado ante el tribunal de apelación.
Total, «[e]l recurso de apelación contra providencias
judiciales, conforme a lo previsto en los artículos 322 y 327 del
Código General del Proceso, en lo que concierne a las cargas
procesales del recurrente comprende dos momentos
específicos, que debe tener en consideración el juzgador, el
primero de ellos, esto es, la interposición del recurso y la
formulación de los reparos que se desarrolla ante el juez de
primera instancia y, el segundo, esto es, la admisión, la
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sustentación de la impugnación y la decisión, que se adelanta
ante el de segunda instancia» (STC9746-20241).
Esto significa que los argumentos sobre abuso del
derecho, ruptura de la igualdad procesal y falta de asignación
del mérito probatorio a cada medio demostrativo, no serán
abordados, porque, si bien se incluyeron dentro del escrito
de reparos concretos, no fueron argüidos ante el ad quem.
El mismo proceder se aplicará a las alegaciones sobre
falta de verificación de techos y bajantes en la visita de
ingeniería, pruebas de las adecuaciones realizadas,
oportunidad en la notificación del estado de riesgo según las
directrices del agente de seguros, modificación tácita del
plazo contractual y legal, y falta de nombramiento de
ajustadores, ya que no formaron parte de las desavenencias
presentadas ante el juez de primera instancia.
1.2.- De los argumentos que resultan inhiestos, en
casación ya fueron objeto de análisis la mayoría de ellos,
especialmente la extemporaneidad de la terminación del
convenio asegurador con ocasión de la alteración del estado
de riesgo, la decisión de la aseguradora de mantener el
contrato como se infiere de su comportamiento, el
conocimiento oportuno de la accionada sobre el cambio de
sitio en que yacerían los activos de la tomadora, la
tempestividad de la noticia sobre sobre la alteración del
1 Tesis aceptada por la Sala de forma unánime en la sentencia STC9313-2024.
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estado de riesgo, y la inexigibilidad de las recomendaciones
realizadas verbalmente en la visita técnica, por lo que se
remite a las consideraciones allí realizadas, las cuales se
entiende reproducidas en gracia de brevedad.
Esta Corporación ha procedido de la manera descrita al
emitir fallos sustitutivos, en garantía de los principios de
seguridad jurídica y economía procesal.
Esto significa que la sentencia del juez de primera
instancia queda sin fundamento, ya que se basó en la
terminación del seguro por la tardía comunicación de la
variación del estado de riesgo y la desatención de las
garantías exigidas por el visitador. Por lo tanto, en el presente
veredicto únicamente se evaluará el cumplimiento de los
requisitos sustanciales para acceder a las pretensiones, sin
reconsiderar materias ya decididas.
1.3.- Por otra parte, en aplicación del canon 282 ibidem,
y siempre que resulte pertinente, en esta providencia se
evaluarán las excepciones que no fueron objeto de decisión
por el a quo, «aunque quien la[s] alegó no haya apelado de la
sentencia».
Así lo tiene decantado la jurisprudencia: «[es] deber del
juzgador analizar, no sólo las cuestiones de hecho y de
derecho esgrimidas en la apelación, sino también las
excepciones, pues de lo contrario no podría proferir una
decisión definitiva, so pena de vulnerar los derechos de
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defensa y contradicción» (negrilla fuera de texto, SC1916-
2018).
2.- obligación esencial del asegurador.
2.1.- Conceptualización.
2.1.1.- De acuerdo con los artículos 1054, 1072, 1080
y 1089 del Código de Comercio, interpretados de manera
conjunta, la obligación principal del asegurador, en virtud del
contrato de seguro, es indemnizar la pérdida sufrida por el
asegurado debido al siniestro, hasta la cuantía máxima
pactada, en favor del asegurado o del beneficiario.
Y es que, «acaecido el riesgo[,] surge entonces para el
asegurador la obligación de ‘efectuar el pago del siniestro’ y,
en contraposición, para el asegurado o beneficiario el derecho
a la prestación asegurada, prestación que naturalmente ha de
concretarse en el pago de la indemnización, la cual, en ese
orden de ideas… como principio no puede exceder (en ningún
caso) la suma asegurada» (SC, 29 mar. 2006, rad. n.° 1996-
05471-01).
2.1.2.- Esta obligación está condicionada al
cumplimiento de estos requisitos: (I) existencia y validez de
la convención; (II) materialización de cualquiera de los
riesgos amparados; y (III) acreditación del monto de los
perjuicios. La Corte tiene dicho: «son presupuestos para el
pago del importe de la indemnización reclamada: i) la
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existencia del contrato de seguro; ii) la ocurrencia del siniestro;
y iii) la cuantía de la pérdida» (SC2100-2024).
La primera de las exigencias hace relación a la
celebración de un contrato en el que concurran, no sólo los
elementos generales para que las declaraciones de voluntad
produzcan efectos jurídicos -artículo 1502 del Código Civil-,
como son la capacidad, el consentimiento libre de vicios, el
objeto y la causa lícitos, sino también los establecidos en el
canon 1045 del Código de Comercio, a saber: «1. El interés
asegurable; 2. El riesgo asegurable; 3. La prima o precio del
seguro, y 4. Obligación condicional del asegurador».
Asimismo, este negocio jurídico debe conservar vigencia
para el momento del siniestro, por no resultar afectado por
ninguna de las causales genéricas de inexistencia o invalidez
(artículos 897 y siguientes del C.Co.), ni de las especiales que
permiten su extinción, por ejemplo, nulidad por reticencia
(artículo 1058 ibidem), revocación por variación del estado de
riesgo (artículo 1060 ejusdem), terminación automática por
mora en el pago de la prima (artículo 1068 ídem), revocación
unilateral (artículo 1071), cesación del seguro por
desaparición del interés (artículo 1086), entre otras.
El segundo se refiere a la demostración del siniestro, es
decir, probar ante el asegurador «la realización del riesgo
asegurado» (artículo 1072 del C.Co.). Para esto, deben
presentarse los medios de convicción que acrediten el «hecho
futuro e incierto a que estaba suspensivamente
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condicionado… el derecho a la indemnización» (SC, 7 jul.
1977, G.J. CLV, p. 153, reiterada en SC, 18 dic. 2012, rad.
n.° 2007-00071-01).
La última condición exige que el asegurado o
beneficiario pruebe, tanto «el menoscabo patrimonial que le
irroga (perjuicio)» el siniestro, así como «su cuantía, para que
éste [el asegurador] a su turno deba indemnizarle el daño
padecido» (SC, 7 may. 2002, exp. n.° 6181).
La doctrina especializada sostiene:
[E]l asegurado debe demostrar, además, ‘la cuantía de la pérdida,
si fuere el caso’ (art. 1077, inciso. 1°). Cabe, por tanto, examinar
esta carga en función de las distintas clases de seguros y de sus
modalidades específicas. No sin una advertencia previa: la de que
la cuantía de la pérdida envuelve, de una parte, el concepto de
entidad y, de otra, el de magnitud económica del daño asegurado.
La entidad dice relación a la incidencia del siniestro sobre el
interés asegurado que puede traducirse en su pérdida total o en
su pérdida parcial… La magnitud económica, estrechamente
vinculada, como es obvio, a la entidad del daño, es la expresión
de esta en dinero, su valor patrimonio, el detrimento efectivo de
las cosas objeto del contrato (seguros reales) o del patrimonio del
asegurado (seguros patrimoniales)2.
2.1.3.- La carga de la prueba de estas exigencias recae
en el asegurado, según lo establece el precepto 1077 del
estatuto de los comerciantes: «Corresponderá al asegurado
demostrar la ocurrencia del siniestro, así como la cuantía de
la pérdida, si fuere el caso».
2 OSSA, Efrén, Teoría General del Seguro, El Contrato, Temis, Bogotá, 1991, p. 421.
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La Sala ha enfatizado: «la ley impone al asegurado o su
beneficiario la obligación de demostrar la ocurrencia del
siniestro y la cuantía del perjuicio si es del caso, cuya
contrapartida es la obligación que el asegurador tiene de
efectuar el pago del siniestro dentro del mes siguiente a la
fecha en que el asegurado o beneficiario haya demostrado el
cumplimiento de los requisitos que le impone el artículo 1077»
(SC, 19 dic. 2013, rad. n.° 1998-15344-01).
Para estos fines es admisible «todo medio probatorio
lícito e idóneo, conducente, eficaz y con aptitud para
suministrar certeza a propósito, en cuanto, el legislador no
establece restricción alguna y a tono con los cambios sensibles
del tráfico jurídico de las últimas décadas», siendo inviable
«establecer ex contractu modificaciones limitativas al principio
de la libertad probatoria del siniestro, la lesión y su cuantía
por contradecir el contenido imperativo del artículo 1080 del
Código de Comercio, el cual, ‘sólo puede modificarse en
sentido favorable al tomador, asegurado o beneficiario’,
acentuando la naturaleza vejatoria o abusiva de las
estipulaciones negociales restrictivas (cas. civ. 2 de febrero de
2001, S-002-2001 [5670])» (SC, 27 ag. 2008, rad. n.° 1997-
14171-01).
2.1.4.- Siniestro que, por mandato del artículo 1075 del
Código de Comercio, debe ser informado por el asegurado o
beneficiario al asegurador, dentro de los tres días siguientes
a la fecha en que lo conoció o haya debido conocerlo, sin
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perjuicio de que en el respectivo contrato se prevea un
término superior.
La falta de este aviso, o su extemporaneidad, según el
canon 1078 del estatuto mercantil, faculta al asegurador
para reclamar los perjuicios que le sean irrogados, e, incluso,
es posible que el asegurado o beneficiario pierdan el derecho
a la indemnización en caso de comprobarse «mala fe… en la
reclamación o comprobación del derecho al pago de
determinado siniestro».
Así se ha manifestado esta Corporación:
2.1. La efectiva configuración del riesgo amparado, según las
previsiones del artículo 1054 del Código de Comercio, ‘da origen a
la obligación del asegurador’.
2.2. En consonancia con ello, ‘[e]l asegurado o el beneficiario
[están] obligados a dar noticia al asegurador de la ocurrencia del
siniestro’ (art. 1075, ib.)…
2.3. Pero como es obvio entenderlo, no bastaba con reportar el
siniestro, sino que era necesario además ‘demostrar [su]
ocurrencia (…), así como la cuantía de la pérdida, si fuere el caso’
(art. 1077, ib.).
2.4. Esos deberes acentúan su importancia en los seguros de
daños, como el que es base de la acción, toda vez que ellos,
‘[r]especto del asegurado’, son ‘contratos de mera indemnización
y jamás podrán constituir para él fuente de enriquecimiento” (art.
1088, ib.), de modo que “la indemnización no excederá, en ningún
caso, el valor real del interés asegurado en el momento de
siniestro, ni del monto efectivo del perjuicio patrimonial sufrido por
el asegurado o el beneficiario’ (art. 1089, ib.).
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2.5. Ahora, ‘[s]i el asegurado o el beneficiario incumplieren las
obligaciones que les corresponden en caso de siniestro, el
asegurador sólo podrá deducir de la indemnización el valor de los
perjuicios que le cause dicho incumplimiento. (…). La mala fe del
asegurador o del beneficiario en la reclamación o comprobación del
derecho al pago de determinado siniestro, causará la pérdida del
tal derecho’ (art. 1078, ib.) (SC2482-2019, en el mismo sentido
SC495-2023).
2.1.5.- Aviso que, valga la pena mencionarlo, por sí
mismo resulta insuficiente para hacer emerger la prestación
principal a cargo del asegurador. Según la norma citada,
junto con el canon 1077 ibidem, es necesario que el
interesado realice una reclamación en la que debe precisar el
siniestro, la afectación que comportó sobre el asegurado y la
cuantía de la pérdida, anejando los soportes de sus
aseveraciones.
Reclamación que puede realizarse de forma
extrajudicial o judicial, como se infiere del canon 1080 ídem,
al disponer que el beneficiario puede acreditar el siniestro
«aún extrajudicialmente» (cfr. CSJ, SC1947-2021). Aquélla,
por medio de una exacción directa a la entidad aseguradora,
a la cual deben acompañarse «los comprobantes que, según
las condiciones de la correspondiente póliza sean
indispensables para acreditar… el acaecimiento del riesgo y
la cuantía de la pérdida» (SC, 27 ag. 2008, rad. n.° 1997-
14171-01). Judicial, por medio de una demanda, siempre
que la entidad aseguradora sea debidamente notificada del
juicio respectivo.
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2.1.6.- Carga que debe observarse con especial celo por
comportar consecuencias relevantes:
a) La carga del asegurador de objetarla de manera oportuna, seria
y fundada dentro del plazo perentorio de un mes contado desde el
mismo día;
b) La exigibilidad de la obligación del asegurador de pagar el
siniestro al asegurado dentro del plazo del mes siguiente a la
fecha de su presentación acreditando su derecho, aún
extrajudicialmente;
c) La constitución inmediata u ope legis en mora del asegurador en
el pago de la prestación pecuniaria a partir del vencimiento del
plazo legal con la causación de intereses moratorios a la tasa de
interés bancario corriente certificado por la Superintendencia
Bancaria aumentado hasta la mitad… y
d) El mérito ejecutivo de la póliza para exigir coactivamente la
prestación dineraria con sus intereses de mora, cuando no exista
objeción oportuna, seria y fundada (SC, 27 ag. 2008, rad. n.°
1997-14171-01).
2.1.6.1.- Objetar o formular objeciones es el acto del
asegurador por el que esgrime «hechos o circunstancias
excluyentes de su responsabilidad» (artículo 1077 del C.Co.),
tales como «que no ha nacido tal obligación, porque el contrato
de seguro no es válido, porque el siniestro esté fuera del
ámbito de la cobertura del asegurador o bien porque se ha
producido algún hecho impeditivo del nacimiento de la
obligación (…) o un hecho extintivo de la obligación» (SC, 19
dic. 2013, rad. n.° 1998-15344-01).
2.1.6.2.- La exigibilidad de la obligación indemnizatoria
es una consecuencia de la noticia en la cual se advierte sobre
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el acaecimiento del hecho futuro e incierto del cual pendía
aquélla, como es la ocurrencia del siniestro, pues «mientras
no se cumple, [se] suspende la adquisición de[l] derecho»
(artículo 1536 del Código Civil).
Prestación que debe pagarse «dentro del mes siguiente a
la fecha en que el asegurado o beneficiario acredite, aun
extrajudicialmente, su derecho ante el asegurador» (artículo
1080 del C.Co.), sin perjuicio de que las partes convengan un
plazo menor en favor del asegurado o beneficiario (artículo
1162 del C.Co.), o que se extienda «hasta un término no mayor
a sesenta (60) días hábiles, únicamente cuando se trate de
seguros de daños en los cuales el asegurado sea persona
jurídica y la suma asegurada en la respectiva póliza sea
superior al equivalente a 15.000 salarios mínimos legales
mensuales vigentes al momento de su suscripción» (numeral
1° del artículo 185 del Estatuto Orgánico del Sistema
Financiero).
2.1.6.3.- La mora emergerá cuando el asegurador deje
vencer el plazo para pagar sin hacerlo, siempre que haya sido
requerido en debida forma y no haya formulado objeciones
fundadas dentro del mismo interregno.
En palabras de la Sala: «la mora en el pago de la
respectiva indemnización, depende: primero, de que el
interesado haya acreditado [al asegurador] la ocurrencia del
siniestro; segundo, de que haya comprobado el monto del
perjuicio; y, tercero, de que esté vencido el término de un mes
Radicación n.° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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fijado en la ley, contado a partir de cuándo aquél satisfizo las
dos exigencias anteriores» (SC1947-2021).
Agotado el plazo «el asegurador reconocerá y pagará al
asegurado o beneficiario, además de la obligación a su cargo
y sobre el importe de ella, un interés moratorio igual al
certificado como bancario corriente por la Superintendencia
Bancaria aumentado en la mitad» (artículo 1080 C.Co.)
2.1.6.3.1.- Constitución en mora que desempeña un rol
crucial, pues, no sólo motiva a que los beneficiarios
presenten «reclamaciones idóneas», sino que también
«impulsan a las compañías aseguradoras a pagar a tiempo los
créditos que se le reclaman –dentro del mes siguiente a la
radicación de la reclamación–, y las disuaden de formular
objeciones infundadas, que podrían traducirse en elevadas
condenas en los estrados judiciales, en tanto amalgamarían
la indemnización debida y los réditos por la tardanza,
liquidados a la tasa máxima que permite la ley mercantil»
(SC3075-2024).
2.1.6.3.2.- Ahora bien, la determinación del diez a quo
para el cómputo del término de constitución en mora,
requiere tener en consideración aspectos tales como el tipo
de reclamación, su completitud y la formulación de
objeciones por parte del asegurador.
(a) Tratándose de reclamaciones extrajudiciales que
cumplen las condiciones del artículo 1077 de la codificación
Radicación n.° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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de los comerciantes, huelga reiterarlo, que aporten elementos
demostrativos sobre la ocurrencia del siniestro y la cuantía
de la pérdida, sin que la sociedad aseguradora formule
objeciones, la mora se configurará de forma inmediata a la
extinción del plazo para el cumplimiento de la obligación
condicional, como se extrae de la literalidad del canon 1080
ejusdem.
Interpretación con amplio respaldo jurisprudencial:
Es decir, “[s]atisfecha por el asegurado o el beneficiario la carga
en comentario, el asegurador dispone de un plazo de un mes para
ejecutar la prestación prometida. Si dicho término transcurre sin
que se avenga al cumplimiento de ella, inmediatamente queda
constituido en mora y obligado al pago, no sólo de la prestación
asegurada, sino de los intereses punitivos, a la tasa legalmente
fijada, sobre el importe de aquella, o a la indemnización de los
perjuicios causados por la mora en el pago de la misma, a elección
de quien reclama, obligación con la cual se sanciona, siguiendo los
principios que de manera general gobiernan el retardo en el
cumplimiento de las obligaciones, su renuencia a la satisfacción
del débito contractual” (cas. civ. sentencia de 29 de noviembre de
2004, exp. 9730-0351), o sea, “los intereses los debe, pues, el
asegurador, (…), desde el vencimiento de los sesenta días –
actualmente un mes- siguientes al en que el asegurado le pruebe
su derecho al seguro” (cas. civ. sentencia 089 de 18 de marzo de
1988)
De esta manera, el asegurador incumple la prestación aseguraticia
indemnizatoria por falta de pago dentro del término legal
perentorio del mes siguiente a la fecha de comprobación
extrajudicial del derecho por el asegurado e incurre en mora desde
su vencimiento, quedando obligado a pagar la prestación
asegurada y los intereses moratorios (SC, 27 ag. 2008, rad. n.°
1997-14171-01).
Redundada con estas palabras:
Radicación n.° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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Ello significa que si el asegurado o beneficiario cumple los
requisitos que le impone el artículo 1077 del Código de Comercio,
desde ese momento surge para el asegurador la obligación de
pagar, dentro del mes siguiente, el monto del siniestro. Si el deudor
no realiza pronunciamiento alguno, se entiende que tal omisión
comporta aceptación de la obligación y, por tanto, la póliza presta
mérito ejecutivo en la forma y términos establecidos en el numeral
3º del artículo 1053 ibidem (SC, 19, dic. 2013, rad. n.° 1998-
15344-01).
De haberse necesitado de múltiples comunicaciones,
con el fin de satisfacer la completitud que requiere la
reclamación, será desde la última de éstas que empieza el
cómputo. Y es que, el beneficiario «puede atender tales
deberes en un solo momento o en varios, de hacerlo en fechas
distintas, el mes contemplado en el artículo 1080 ibídem se
contará sólo desde la última, en que haya completado las
demostraciones a su cargo» (SC1947-2021).
(b) En el evento de que la entidad aseguradora formule
objeciones carentes de apoyadura o abiertamente
improcedentes, el plazo, a cuyo vencimiento se da la mora,
también se contabiliza desde la reclamación, pues aquéllas
carecen de la aptitud para diferir la constitución.
Arribar «a una conclusión contraria supondría
desconocer la claridad del sentido de la norma para permitir
que las aseguradoras formulen su objeción con argumentos
bien elaborados, pero sin ningún respaldo legal, para dilatar
en el tiempo el cumplimiento de una obligación y luego
sustraerse al pago de los intereses que la ley le impone… En
consecuencia, si al final del juicio se declara que la objeción
Radicación n.° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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carecía de fundamento, entonces se debe imponer al deudor
la sanción que establece el artículo 1080 del Código de
Comercio» (SC, 19, dic. 2013, rad. n.° 1998-15344-01).
Por tanto, «suscitada controversia judicial entre las
partes, en toda hipótesis de objeción tardía, infundada o
carente de seriedad, por el simple transcurso del plazo legal
sin pago, procede la condena al cumplimiento de la obligación
aseguraticia indemnizatoria con los intereses moratorios,
particularmente, cuando “los documentos e informaciones que
debe suministrar oportunamente el asegurado o el beneficiario
y que el asegurador puede aceptar o rechazar(…), son en
esencia los mismos que sirvieron al sentenciador para
pronunciar la decisión de condena a favor del asegurado y a
cargo del asegurador” (CLXVI, pp. 166 y 167)» (SC, 27 ag.
2008, rad. n.° 1997-14171-01).
(c) El colofón difiere cuando la empresa aseguradora
formula una objeción fundada y oportuna, siempre que
explique y justifique su decisión de no pagar. Total, como la
mora es una sanción, la misma «no se impone de manera
objetiva», esto es, por el mero incumplimiento, «pues para que
haya lugar a ella es necesario que la falta de pago de la
indemnización carezca de causa justificada o le sea imputable
al asegurador, por lo que el juez deberá entrar a valorar en
todos los casos el motivo del retraso en la liquidación» (SC, 5
nov. 2013, rad. n.° 1998-15344-01, reiterada SC5681-2018).
Radicación n.° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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En este última hipótesis, de promoverse un proceso
judicial para resolver la controversia entre las partes,
«corresponderá al juez que conozca del proceso, determinar,
según las circunstancias, el momento en el que quedaron
cabalmente satisfechas las exigencias del preinvocado
artículo 1077» (SC1947-2021).
Empero, si al promoverse el proceso se advierte que el
promotor buscaba el «pago de una cantidad que no era líquida
o que el juez por otra causa estime que la falta de satisfacción
de la indemnización por el asegurador no se deba a su culpa,
ya que ha estado ‘fundada en una causa justificada o que no
le fuera imputable’», la mora queda diferida al momento en
que se notifica la sentencia que pone fin al proceso (SC, 19,
dic. 2013, rad. n.° 1998-15344-01).
(d) En el caso de reclamaciones judiciales, en las que
desde el inicio se cumplen las condiciones para que la
aseguradora deba satisfacer la indemnización a su cargo, el
término que debe extinguirse para que haya mora se
contabiliza desde la notificación de la demanda a la sociedad
convocada, ya que corresponde al día en que tiene
conocimiento de la exacción y puede formular objeciones por
medio de la contestación de la demanda.
No en vano este órgano de cierre ha señalado:
[L]as empresas aseguradoras solo están en mora de pagar la
indemnización a su cargo, con todo lo que ello supone, al
vencimiento del mes indicado en el artículo 1080 del estatuto
Radicación n.° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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mercantil, cuya contabilización parte del momento en el que
el asegurado o beneficiario acredite la ocurrencia del
siniestro y el valor de la pérdida, cuando fuere necesario, sea
que lo haga judicial o extrajudicialmente (negrilla fuera de texto,
SC1947-2021).
(e) Si con la reclamación, o con el libelo genitor del
litigio, «no fue[re] posible determinar el monto del daño, y [se]
logra probar ese hecho en el proceso, entonces no habrá lugar
a imponerle sanción alguna [al asegurador], porque es claro
que la falta de satisfacción oportuna de la obligación no se
debió a su culpa» (SC, 5 nov. 2013, rad. n.° 1998-15344-01,
reiterada SC5681-2018).
En este evento, la mora queda diferida al proferimiento
y notificación de la sentencia judicial que pone fin a la
controversia, por fuerza de los artículos 1608 y 1617 del
Código Civil, que consagran el principio general de que la
existencia de una suma líquida y cierta es condición esencial
para que pueda atribuirse mora al acreedor.
En palabras textuales de esta Sala:
[L]a indeterminación de esa ‘cuantía de la pérdida’ para la fecha
de formulación de las citadas demandas, impedía predicar mora
alguna frente [al asegurador], pues no se presentaba –en aquel
entonces– el retraso en la ejecución de una prestación debida de
la que aquella (la mora) depende…
[Si al momento de] la integración del contradictorio, subsistía para
la actora la incertidumbre de la pérdida y de sus alcances, no
resulta viable reconocer réditos moratorios en una fecha anterior a
la de la ejecutoria de esta providencia, replicando así la solución
que, de manera consistente, ha dado la jurisprudencia a eventos
Radicación n.° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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relacionados con prestaciones que no están plenamente
determinadas antes de la intervención jurisdiccional.
Lo anterior en tanto que, como lo ha advertido insistentemente la
Sala, «la falta de certeza excluye la posibilidad legal de que la
deudora se enc[uentre] en mora de pagar la obligación, requisito
éste que desde antaño exige la jurisprudencia de esta
Corporación, como puede verse en sentencia de casación de 27 de
agosto de 1930, en la cual en forma categórica se expresó que “la
mora en el pago solo llega a producirse cuando existe en firme una
suma líquida”, a cargo del deudor (G. J. T. XXXVIII, pág. 128)» (CSJ
SC, 10 jul. 1995, rad. 4540).
Más recientemente la Corte reiteró este razonamiento: «(...) las
indemnizaciones por el incumplimiento del pago de un capital se
imponen frente a una obligación cierta e indiscutida, según lo
prevenido, por regla general, en los artículos 1608 y 1617 del
Código Civil, de ahí que cuando la misma nace en la sentencia,
como en el caso, tales efectos no son retroactivos. La “constitución
en mora” -dice la Corte- supone la existencia cierta e indiscutida
de la respectiva obligación (…). De ahí que la “mora en el pago solo
llega a producirse cuando existe en firme una suma líquida” (...).
(Sentencia de 3 de noviembre de 2010)» (CSJ SC, 14 dic. 2011, rad.
2001-01489-01)» (SC5217-2019).
Sucede lo mismo cuando la materialización del riesgo
asegurado o sus consecuencias sobre el patrimonio del
amparado, son posteriores a la reclamación extrajudicial o al
enteramiento que se hace a la entidad demandada del juicio
en su contra, por cuanto el derecho del beneficiario o su
concreción emergerá a la vida jurídica después de trabada la
relación jurídica procesal.
Esta Corporación ha puesto de presente esta
posibilidad:
Radicación n.° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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En casos como el de sub lite, la acreditación de la existencia del
siniestro y la cuantía de la pérdida que exige el artículo 1080 del
Código de Comercio como detonante de la mora del asegurador,
solo puede entenderse satisfecha en la fase de valoración de la
prueba, no antes, pues solo en desarrollo de esa labor de
juzgamiento resulta posible determinar, de manera objetiva, lo que
se tuvo por probado en el proceso.
Es que antes, ello es imposible, sobre todo si dicho demandado, la
aseguradora llamada en garantía, o los dos, discuten la
responsabilidad endilgada a aquél y/o el monto de los perjuicios
solicitados, pues, se itera, únicamente hasta cuando el debate
judicial quede zanjado por sentencia que lo defina en favor de la
parte actora y en contra del accionado, es factible aseverar que el
patrimonio del último está efectivamente expuesto a reducirse
(siniestro) en un monto específico (cuantía de la pérdida).
Y, siendo ello así, y dado que, -como viene de verse- en contextos
como el descrito la demostración de las variables del canon 1077
del estatuto mercantil se diferirá a la etapa de la sentencia, su
ejecutoria bastará para hacer exigible el pago de la condena
impuesta por la jurisdicción, siendo por ello improcedente otorgar
un plazo de gracia de treinta días que establece la misma
codificación en el artículo 1080 previamente citado (SC1947-
2021).
2.1.6.4.- El último de los efectos de la reclamación a la
entidad aseguradora es el mérito ejecutivo que presta la
póliza, el cual podrá ser enervado por aquélla en caso de
formular objeción, como lo previene el numeral 3° del
precepto 1053 del Código de Comercio, modificado por el
literal c) del artículo 626 de la Ley 1564 de 2012.
2.2.- El caso concreto.
Ante la revocatoria del fallo de primera instancia, que
deviene imperativo por las razones decantadas por esta
Radicación n.° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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Corporación en la sentencia que resolvió el recurso de
casación, como ya se anticipó, en este momento procede
analizar si están demostrados los elementos para condenar
al pago de la indemnización reclamada.
2.2.1.- Configuración del débito aseguraticio.
Anticípese que en el sub examine concurren las
condiciones para que Seguros Comerciales Bolívar S.A.
solucione el deber condicional a su cargo con ocasión del
contrato de seguro a que se refiere la póliza Multiriesgo
Empresarial número 1540-2151076-01, por el siniestro
acaecido los días 27 y 28 de octubre de 2016, como se explica
a continuación.
(a) Existencia y validez del contrato.
Fuera de discusión se encuentra que, entre Inversiones
Techcolombia S.A.S. y la sociedad aseguradora, se celebró el
negocio aseguraticio en mención, el cual satisface los
requisitos para otorgarle efectos jurídicos, como se infiere de
la valoración conjunta de la demanda y la contestación, en la
que pacíficamente se asiente en su celebración. Incluso, al
resolverse el instrumento casacional, la Corte dejó fijado que
«[n]o existe discusión ni reparos frente a la expedición de la
‘póliza de multiriesgo empresarial’ número 1540-2151076-01,
tomada por Techcolombia SAS, quien a su vez era asegurada
y beneficiaria, para una vigencia de 365 días contados a partir
Radicación n.° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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del 19 de junio de 2016 y un valor asegurado en la cobertura
de ‘mercancías fijas’ por $700’000.000».
Ahora bien, es cierto que en el trámite judicial se
discutió la «revocación» del seguro -ante la modificación del
estado de riesgo- y su «terminación» -por el no cumplimiento
de las garantías señaladas-; empero, en el veredicto que puso
fin al remedio extraordinario se descartó la materialización
de estas hipótesis, por lo que la vigencia del aseguramiento
se encuentra indubitada para el período comprendido entre
el 19 de mayo de 2016 y el mismo día del año siguiente,
período en el que se presentaron los hechos argüidos como
cimiento de la reclamación.
(b) El siniestro.
La materialización del riesgo cubierto también está
demostrada, por fuerza de las pruebas que dan cuenta de la
anegación que afectó las instalaciones de la sociedad
tomadora del seguro, dentro de las cuales existían
inventarios que estaban bajo su control.
(i) Para clarificar debe señalar que, según la póliza n.°
1540-2151076-01, por el contrato de seguro se ampararon,
entre otros riesgos, los «danos (sic) por agua» y «anegación»
sobre «mercancías fijas» y «muebles y enseres» de Inversiones
Techcolombia S.A.S.
Radicación n.° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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En el mismo sentido, en el anexo se enlistan como
amparos o «riesgos nombrados», los «danos (sic) por agua y
anegación», en cuanto irroguen «daños y pérdidas materiales
de los bienes asegurados», dentro de los cuales se incluyen
«mercancías, materias primas y materiales y demás
existencias», así como los «muebles», siempre que sean «de
propiedad del asegurado, o aquellos en los cuales el
asegurado tuviese interés asegurable, o por los cuales sea o
pueda llegar a ser responsable… y que se encuentran
localizados dentro de los predios asegurados» (archivo digital
12 . CONTESTACION DE DEMANDA RAD 2018. 114.00).
(ii) Como inmueble asegurado se determinó el ubicado
en la «kr 8 # 167D-62, 17-24 BG, Ed Miramount Brr Usaquen…
Bogotá D.C.», que posteriormente se actualizó a la «calle 13 #
47-15 en la ciudad de Cali» (folio 45 del archivo digital 03
ANEXOS DE DEMANDA RAD 2018. 114.00), y después a la
«calle 50 # 5N-103 Barrio La Flora» (folio 48 ídem).
Modificación del estado de riesgo que fue asentido por
la enjuiciada, amén de su comportamiento negocial y del
principio de buena fe, como se coligió en la sentencia de
casación SC2694-2024, a cuyos razonamientos se remite.
(iii) El riesgo de anegación se configuró entre los días 28
y 29 de octubre de 2016, por cuanto las locaciones de la
asegurada se llenaron de agua lluvia, afectando las
mercancías que se encontraban allí guarnecidas.
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Así se descubre del análisis de las pruebas recaudadas.
En primer lugar, del correo electrónico del 1° de noviembre
de 2016, pues la representante legal de la demandante
comunicó al asegurador que «al llegar los empleados a la
bodega… se encontraron que un área de la bodega se inundó,
y allí se encontraban almacenados diferentes productos de
tecnología, como pantallas, equipos 3 en 1 en blu reds,
portátiles y exbox entre otros» (sic, folio 64 del archivo digital
03 ANEXOS DE DEMANDA RAD 2018. 114.00).
Información validada en el «informe de evaluación de
riesgos» realizado por Carlos Hernán Sarria, que al referirse
a la siniestralidad rememoró: «Hace 2 semanas (día viernes),
se presenta lluvia fuerte provocando el ingreso de agua a las
instalaciones por el techo afectando 200 computadores y
discos duros cuya suma asciende a Col$700 millones» (folio
29 del archivo digital 26 - INFORME VISITA REALIZADA
SEGUROS BOLIVAR).
Se agregan los testimonios de Daniel Brito, Jacinto
Ávila y Alba Toro, rendidos en audiencia del 19 de noviembre
de 2020, que al unísono rememoran la ocurrencia de los
hechos, el lugar en que acontecieron y sus efectos los bienes
que allí se guarnecían, lo que guarda coherencia con las
probanzas reseñadas.
(c) Prueba del daño.
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Sobre la comprobación de los perjuicios procede
adelantar que sólo se logró respecto a las «mercancías fijas»,
no así frente a los «muebles y enseres», como reluce de los
instrumentos persuasivos recaudados, en especial, de la
información contable arrimada con ocasión del veredicto
casacional.
(i) Para explicar conviene anotar que los comerciantes,
por fuerza del numeral 3° del artículo 19 del Código de
Comercio, tienen la obligación de «[l]levar contabilidad regular
de sus negocios conforme a las prescripción legales», esto es,
implementar procesos y procedimientos, según principios
técnicos generalmente aceptados, que permitan «identificar,
medir, clasificar, registrar, interpretar, analizar, evaluar e
informar, las operaciones de un ente económico, en forma
clara, completa y fidedigna», como lo establecía el derogado
artículo 1° del decreto 2649 de 1993, en vigor para la fecha
de los hechos que se discuten en el presente litigio.
Según el «marco técnico normativo para los preparadores
de información financiera para Pymes -grupo 2-», compilado
en el decreto 2420 de 2015, «los estados financieros de una
pequeña y mediana entidad es proporcionar información sobre
la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo
de la entidad que sea útil para la toma de decisiones
económicas», sometidos a los principios de comprensibilidad,
relevancia, fiabilidad, esencia sobre la forma, prudencia,
integridad, comparabilidad, oportunidad y equilibrio entre
costo y beneficio.
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Sobre este deber, la Sala tiene dicho:
Entre los deberes que de manera perentoria impone la ley a todo
comerciante, uno de los de mayor importancia, por los diversos
fines que con ello se persigue, es el previsto en el artículo 19,
numeral 3°, del Código de Comercio, según el cual ha de ‘llevar la
contabilidad regular de sus negocios, conforme a las
prescripciones legales’.
Esta exigencia viene, a su vez, reiterada por el artículo 48 de la
misma obra que dispone que la contabilidad, libros, registros
contables, inventarios y estados financieros en general se
conformarán a las disposiciones del Código y demás normas sobre
la materia, señalando, igualmente, que será permitida la
utilización de procedimientos de reconocido valor técnico - contable
con el fin de asentar las operaciones, siempre que faciliten el
conocimiento y prueba de la historia clara, completa y fidedigna
de los asientos individuales y el estado de los negocios, siendo,
además, este último propósito, refrendado por el artículo 50 del
estatuto mercantil.
Si la debida consignación de los hechos y actos ocurridos en la
empresa o establecimiento alcanza su máxima expresión en los
libros de comercio, es por lo que se impone para quien ejerce esta
actividad la obligación legal de llevar en forma ordenada, plena y
uniforme la contabilidad, tener los libros necesarios para tal fin,
haciendo los registros pertinentes, toda vez que sólo así esos
documentos vienen a constituir garantía de autenticidad y
veracidad.
Dichos requerimientos, de un lado, no sólo tocan la órbita interna
de actividad del comerciante mismo, en cuanto a él le reportan los
datos necesarios acerca de la marcha detallada de sus
operaciones, puesto que, adicionalmente, trascienden a los
terceros con quienes él se relaciona, ya que permiten a éstos
conocer la información fidedigna sobre la conformación y
desenvolvimiento de los negocios, e incluso compete al Estado
mismo, quien en ciertas situaciones podría hacer las
intervenciones de rigor, como sucede en materia de impuestos,
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inspección, vigilancia, control, supervisión, etc. (SC, 21 mar. 2003,
exp. n.° 6642).
(ii) Amén de la importancia de la contabilidad, por
mostrar la situación económica de la persona obligada a
llevarla, el legislador le reconoció un valor demostrativo
especial en las controversias entre comerciantes, al punto de
calificarla como «plena prueba», «que significa que ‘manifiesta
sin dejar duda alguna la verdad del hecho controvertido,
instruyendo suficientemente al juez para que en virtud de ella
pueda dar sentencia condenatoria o absolutoria’», sin «excluir
otros instrumentos de persuasión», pero con un «valor
preferente», salvo cuando «falte o presente defectos que le
resten su valor» (SC1256-2022).
Así lo preveían los artículos 68 y 70 de la codificación
mercantil, derogados por el literal c) del canon 626 del Código
General del Proceso, reiterado por el precepto 264 de este
último estatuto: «Los libros y papeles de comercio constituyen
plena prueba en las cuestiones mercantiles que los
comerciantes debatan entre sí… Al comerciante no se le
admitirá prueba que tienda a desvirtuar lo que resultare de
sus libros».
Este órgano de cierre refiriéndose a la materia, en
palabras que conservan vigor, dejó decantado:
[E]n tratándose de los negocios de un comerciante con sus clientes,
su anotación “clara, completa y fidedigna” debe aparecer en los
libros de contabilidad debidamente registrados de aquél, sin que,
por lo mismo, sean admisibles menciones distintas, mucho menos,
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llevadas por fuera del sistema contable, por más detalladas y
veraces que puedan resultar.
En consonancia con lo anterior, propio es entender, como lo
consagraba el artículo 271 del Código de Procedimiento Civil y se
desprende de las normas que integran el Capítulo III, “Eficacia
probatoria de los libros y papeles de comercio”, del Título IV, “De
los libros de comercio”, del Código de Comercio, que solamente la
contabilidad regular tiene valor demostrativo (SC3941-2020).
(iii) En el presente caso, la demandante presentó sus
estados financieros correspondientes a los años 2016, 2018
y 2019, los cuales fueron agregados al expediente sin
objeción por parte de la demandada. A esta última se le dio
la oportunidad de pronunciarse mediante auto del 13 de
diciembre de 2024, sin que lo hiciera, comportamiento
procesal indicativo de su asentimiento respecto al valor
suasorio de dichos documentos.
De forma concreta, el informe contable de Inversiones
Techcolombia S.A.S., al 31 de diciembre de 2016, registró por
concepto de inventarios un importe de $744.040.763, por
maquinaria y equipo $30.229.000, y por muebles y enseres
$3.561.857. En sus notas explicativas se agregó que «en el
año en curso se presenta un siniestro, que generó daños en
el inventario por un total de $663.350.615, el cual está
en proceso de reclamación ante la aseguradora» (negrilla fuera
de texto). Ninguna dilucidación se incluyó respecto a las
otras partidas.
Al 31 de diciembre de 2018, los inventarios
descendieron a $173.703.067, la maquinaria y equipo a
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$21.379.103, y los muebles y enseres a $1.006.785, que
según las notas se explica por cuanto:
Nota 5… En el año 2016, luego de haber ocurrido el siniestro, en
el mes de octubre, se determinó no generar la pérdida de todo el
inventario dañado, por las siguientes razones… El valor del ajuste
del inventario que ascendía a la suma de $663.350.615 generaría
una pérdida que, en el patrimonio, absorbería las utilidades y
sería inviable la compañía como negocio, ocasionando el cierre de
la compañía… Como la compañía de seguros no cumplió con
el pagó de la indemnización, en el año 2018 se determinó
ajustar en $663.350.615 el inventario y tratar de sostener
la compañía hasta donde fuese posible. Para el cierre del
año 2018 se ajustaron $462.660.641 de pesos lo que ocasionó
una pérdida financiera y fiscal del orden de $817 millones de
pesos, y una pérdida acumulada de $755 millones de pesos, lo
que ocasionó irremediablemente el cierre de la compañía.
Nota 6… Para reconocer un activo como propiedad planta y equipo,
el activo debe ser un recurso controlado por la empresa que surge
de eventos pasados cuyo costo de adquisición pueda ser medido
en formar fiable, que es probable sus beneficios económicos
futuros. Y se consideran activos los siguientes:
A diciembre 31
2018
Maquinaria y equipo 39.859.831
Muebles y enseres 1.762.944
Depreciación (línea recta) -19.236.887
Total propiedad planta y equipo 22.385.888
(negrilla fuera de texto).
Para el año siguiente, no se incluyó dentro del activo
corriente «mercancías», bajo la dilucidación de que «[c]omo la
compañía de seguros no cumplió con el pagó de la
indemnización, en el año 2018 se determinó ajustar en
$663.350.615 el inventario y tratar de sostener la compañía
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hasta donde fuese posible. Para el cierre del año 2018 se
ajustaron $462.660.641 de pesos… y para el cierre del año
2019 se ajustaron $200.689.974 lo que incrementó
considerablemente las pérdidas acumuladas». Frente a los
muebles y enseres se registró $3.385.889, sin ningún
esclarecimiento sobre la causa de su variación en
comparación con los años previos.
Estos informes dejan al descubierto que la demandante
reflejó una disminución patrimonial relevante, en el punto
específico de las «mercancías no fabricadas por la empresa»,
explicado en sus notas por el siniestro que se reclamó ante
el asegurador, descollando la prueba del perjuicio, requisito
esencial para el deber aseguraticio. Y es que, del total del
inventario registrado al cierre del año 2016, el 89%
correspondía a la pérdida por anegación, mientras que el
11% restante sí eran activos tangibles. Decrecimiento que se
mantuvo en los estados financieros de las anualidades 2018
y 2019, que fueron consistente al registrar el valor de la
pérdida y la causa de la misma.
Por otra parte, los mismos informes desestiman que se
hubiera presentado un daño a maquinaria, equipos, muebles
y enseres, por no evidenciarse en la contabilidad, ya que la
variación de las cuentas tuvo su causa en la depreciación de
los activos, sin correlación alguna con la inundación en las
instalaciones.
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Instrumentos persuasivos merecedores de credibilidad
por cuanto, como ya se explicó, «tratándose de controversias
en que intervienen comerciantes, tiene especial carácter
persuasivo la contabilidad, en particular, sus libros y soportes
contables, pues facilitan la determinación de los efectos
patrimoniales del hecho ilícito, por medio de la comparación de
ingresos, egresos, utilidades o pérdidas de diferentes
ejercicios contables» (SC1256-2022).
(iv) El anterior colofón encuentra apoyo adicional en los
documentos y testimonios que integran el expediente, que
son consistentes en desvelar que la demandante perdió
algunos de sus inventarios, en particular, equipos de
cómputo.
En efecto, junto a la reclamación del 9 de noviembre de
2016, se arrimaron la «relación de los daños causados por la
pasada inundación», «facturas de compra» y «declaraciones de
importación», que dan cuenta de múltiples activos que
resultaron dañados, algunos de los cuales fueron adquiridos
de un proveedor en el exterior y nacionalizados con
posterioridad.
Se agrega que el experto, encargado por el asegurador
de realizar la visita técnica con ocasión del cambio de
locación, encontró que en la zona de almacenamiento se
guarnecían cerca de 600 unidades tecnológicas, por lo que es
dable inferir que, de inundarse, algunos de ellos debían
resultar estropeados. Deducción que encuentra apoyadura
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en las declaraciones de Daniel Brito, Jacinto Ávila y Alba
Toro, quienes atestiguaron sobre la existencia del siniestro,
expresado en la avería de computadores, consolas de video
juego y piezas de computación.
Estos instrumentos persuasivos, conjuntados con la
información contable, permiten tener por acreditado el daño
sobre las mercancías fruto de la realización del riesgo
amparado; asimismo, conducen a desestimarlo en cuanto se
refiere a equipos, muebles y enseres, por lo que, en este
punto, las pretensiones de la demanda están llamadas al
fracaso.
(d) Particularización del daño y cuantificación de la
pérdida.
La concreción del daño y su cuantía, también resulta
esclarecida con base en el material demostrativo que yace en
la foliatura.
(i) Para elucidar debe rememorarse que la demandante,
al efectuar el aviso del siniestro el 1° de noviembre de 2016,
comunicó sobre la inundación parcial de la bodega, con el
señalamiento de que «allí se encontraban almacenados
diferentes productos de tecnología, como pantallas, equipos 3
en 1[,] blu reds, portátiles y exbox» (sic), sin indicar su número
o el valor de la pérdida.
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Con la reclamación, enviada por e-mail el 9 de
noviembre, se aportó una relación de bienes dañados,
consistente en 183 computadores, 13 unidades de Blu-ray,
871 memorias Ram, 77 discos duros, 90 accesorios, 48
partes de equipos y 580 Xbox 360, estimados en
$639.391.000, justificados en tres facturas de compra y tres
declaraciones de importación que adjuntó.
Sin embargo, la información rememorada deviene
imprecisa. De un lado, por cuanto la enumeración de los
bienes fue genérica, huelga decirlo, sin individualización o
concreción, lo que impide correlacionar los diferentes
documentos aportados entre sí. Se agrega que las facturas
de compra del 29 de agosto, 7 y 21 de septiembre de 2016,
sólo dan cuenta de 555 equipos, distantes de los 1862
artículos que se incluyeron en la relación incluida en la
reclamación. Súmese que estas facturas se refieren
exclusivamente a computadores, sólo uno de los conceptos
incluido dentro de la relación de pérdidas. Finalmente, las
declaraciones de importación del 8, 13 y 29 de septiembre
del mismo año, presentan diferencias respecto a la cantidad
de ítems y el valor FOB en dólares, en comparación con las
facturas.
En el informe de evaluación de riesgos, realizado por
Carlos Sarria, con ocasión del cambio de locación de la
asegurada, el experto refiere únicamente computadores
portátiles y consolas de videojuegos Xbox como mercancía
almacenada, en una cantidad de «cerca [de] 600 unidades en
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el momento de inspección». Luego, el tipo de activos y el
número de ellos resulta muy distante de los enumerados en
la reclamación.
En el documento emitido, con ocasión de la segunda
inspección técnica y después del siniestro, el analista de
riesgo indica que la inundación afectó «200 computadores y
discos duros cuya suma asciende a Col$700 millones», sin
mayores precisiones.
Como ya se anticipó, en los estados financieros de los
años 2016, 2018 y 2019, refieren una pérdida por
$663.350.615, importe diferente al señalado en la
reclamación y al estimado por el experto visitador designado
por el asegurador.
Por último, en la demanda se pretendió una condena
por $600.000.000, soportado en el juramento estimatorio, el
cual se elaboró según «las facturas de compra vertidas al
castellano por traductora oficial y los registros de importación
de las mercancías amparadas por la póliza que se enviaron a
la aseguradora mediante mensaje de datos el 9 de noviembre
de 2016». Sin embargo, y ante la ausencia de información
adicional, de considerarse el valor de las facturas expresada
en dólares, multiplicada por la tasa representativa del
mercado a la fecha de expedición de cada una de ellas, su
monto se acotaría a $452.202.214,49.
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(ii) Estas inexactitudes, que se traducen en que ninguno
de los documentos, individualmente considerados, permiten
tener por probado el valor del demérito, no excluye que esta
certidumbre se alcance al valorarse de forma conjunta, como
lo habilita el artículo 176 del Código General del Proceso,
pues la correlación entre ellos muestra que un número
determinado de computadores resultaron dañados, así como
su valor de adquisición.
En efecto, las probanzas rememoradas descubren que
Inversiones Techcolombia S.A.S. adquirió computadores en
el exterior, los cuales nacionalizó, por lo que razonablemente
puede colegirse que llegaron al país y debieron arribar a sus
bodegas, en concreto, las ubicadas en la ciudad de Cali,
amén de la cercanía entre las fechas del cambio de locación
-agosto de 2016- y la compra de estos productos -septiembre
y octubre del mismo año-, de lo cual dan cuenta las facturas
de compra y las declaraciones de importación.
Inferencia que cobra veracidad al correlacionarse con el
informe realizado por Carlos Sarria, encargado de la primera
visita de inspección, referenciado en precedencia, pero que
se transcribe para perspicuidad: «[l]as mercancías en el predio
visitado comprenden computadores portátiles… La
importación es directa vía aérea. Manejan marcas como Dell,
HP, Toshiba, entre otras… Poseen cerca 600 unidades en el
momento de inspección».
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Así las cosas, es posible discurrir que en los lugares de
almacenamiento había equipos de computación, de
propiedad de la demandante.
En cuanto a los otros aparatos tecnológicos no es dable
arribar a igual conclusión. De un lado, porque las pruebas
no son consistentes sobre su caracterización, pues algunas
de ellas mencionan consolas de video juego, otras discos
duros y unas pocas aparatos de reproducción digital, sin que
pueda alcanzarse certeza sobre cuáles de ellos ciertamente
estaban bajo custodia de la demandante y el lugar en que se
encontraban. Verbi gracia, en el informe realizado tres meses
antes del siniestro, el profesional visitador encontró cerca de
600 unidades, compuesta por «computadores portátiles» y
«consolas de videojuegos Xbox», sin mencionar otros
artículos. A su vez, en el «Informe de Evaluación de Riesgos»
posterior a la inundación, únicamente se indicaron como
estropeados «computadores y discos duros», sin referir
artefactos adicionales, que de haber estado presentes
debieron ser evidentes, amén de cantidad, pues según la
relación realización por la demandante eran 580 consolas de
videojuego, 871 memorias Ram, 90 accesorios -cargadores y
baterías-, 13 Blu-ray y 41 partes de equipos.
Vacío que no puede solventarse de acudirse a la prueba
testimonial, pues los declarantes no fueron inquiridos sobre
esta materia; tampoco los estados financieros sirven para
estos fines, por cuanto indican una cifra global de pérdidas
sin ningún detalle. Las facturas de compra, certificados de
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despacho de mercancías o similares, sin duda, serviría para
los fines denunciados, pero el expediente está ayuno de
cualquiera de ellos. Esta circunstancia explica que, en la
sentencia SC2694-2024, se ordenara como prueba de oficio
los informes de inventarios previos y posteriores al siniestro,
sin que tampoco fueran aportados por la parte interesada.
Al desatender la demandante la carga de la prueba, con
el fin de probar la adquisición u otra fuente convencional u
obligacional que explique la detentación de aparatos de video
juego, repuestos de computador o blu-ray’s, para la fecha y
el lugar del siniestro, no es dable tener por demostrado el
daño de estos adminículos, requisito necesario para que
emerja el débito indemnizatorio a cargo de la enjuiciada.
(iii) En cuanto se refiere el número de computadores
afectados por el agua, en razón de lo sucedido el 28 y 29 de
octubre de 2016, es posible acotarlo a 190, punto en el que
merece credibilidad el «reporte de lluvia» elaborado por la
demandante, amén de su coherencia con el informe de visita
realizado después del siniestro.
Precisamente, en el inicial de los documentos,
elaborado con ocasión de la reclamación, se relacionaron
múltiples activos por número de «unidades», «denominación»,
«lote», «costo del producto», «costo para venta» y «precio de
venta», dentro de los cuales se relacionaron expresamente
183 computadores; además, se observan otros 7 que, si bien
carecen de denominación, lo cierto es que su número de lote
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es el mismo que el registrado para los equipos de
computación -3 con lote 446, 2 con lote 486, 1 con lote 325
y 1 con lote 269-, por lo que es dable colegir que tienen igual
calidad.
Enumeración que encuentra respaldo en las
conclusiones del informe a la segunda visita de inspección,
realizado dos semanas después de la anegación, como ya fue
manifestado en esta providencia, que da cuenta de la
afectación a «200 computadores», cifra próxima a la atrás
especificada.
No se desconoce que, conforme a las facturas de
compraventa, la actora adquirió 555 computadores en el
exterior, los cuales nacionalizó en los meses de septiembre y
octubre de 2016. Sin embargo, esta cifra no es conclusiva
respecto a la extensión del daño, en tanto Inversiones
Techcolombia S.A.S. era una empresa en marcha, que para
el año 2016 acumuló ventas por $5.503.640.000, según sus
estados financieros, por lo que el sentido común indica que
pudieron ser objeto de enajenación, máxime porque se
nacionalizaron más de un mes atrás de la anegación.
Se suma que, según el «informe de evaluación de riesgo»
-Risk Assessment Report-, el cual da cuenta del registro
realizado por la empresa aseguradora del aviso de siniestro,
incorporado al proceso sin que la demandante se
pronunciara expresamente sobre él, frente al
cuestionamiento «posibilidad de reparar el bien», apuntó «sí,
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en cuanto equipos hay q revisar». Por ende, aún se admitirse
que en las bodegas existían 555 computadores, lo cierto es
que algunos de ellos pudieron ser reacondicionados, lo que
impide tenerlos como dañados en su totalidad.
(iv) Establecido el número de bienes estropeados, su
importe se tasa en $180.549.792,94, conforme al «reporte de
lluvias», resultante de sumar el «costo del producto» de los
«computadores» y los otros equipos que integran esta
categoría.
Cuantía a la que se le dará credibilidad, por haber sido
establecida en fecha próxima a la ocurrencia del siniestro,
existir conexión entre los valores reportados como costos del
producto y precio de venta, y ante la ausencia de otros
medios suasorios que pongan en duda su fiabilidad. Máxime
porque el comportamiento procesal de la enjuiciada, cuyo
análisis deviene imperativo por fuerza de los artículos 241 y
280 del Código General del Proceso, permite inferir su
beneplácito sobre estos montos, en tanto, ningún
planteamiento hizo al contestar la demanda para cuestionar
su fiabilidad, no solicitó pruebas para desmentirlos, y, al
solicitársele «todos los soportes por la labor del ajustador o
ajustadores de seguros», guardó silencio sobre su existencia
o contenido.
Este valor ciertamente resulta inferior al señalado en
los estados financieros de la actora y en el informe de visita
posterior a la realización del riesgo, que indican como monto
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de la pérdida los guarismos de $663.350.615 y
$700.000.000, respectivamente. Disarmonía que se explica
en tanto éstos incluyen otros activos, diferentes a los
ordenadores, cuya indemnización no resulta procedente por
las razones ya explicadas.
2.2.2.- Cuantificación de la obligación
indemnizatoria a cargo de la accionada.
Acreditados todos los supuestos del deber
indemnizatorio, por haberse materializado el riesgo por
anegación sobre 190 equipos de computación que
constituían mercaderías de la asegurada, procede acceder a
su reconocimiento, por un valor de $180.549.792,94.
Guarismo que, valga la pena mencionarlo, no excede el valor
asegurado, fijado en $700.000.000 según la póliza de
seguros.
Importe al que habrá de descontar el deducible, pactado
en «15% del valor de la pérdida», que se traduce en una
disminución de $27.082.468,94, lo que arroja como
resultado $153.467.324.
2.2.3.- Intereses moratorios.
La Sala condenará al pago de intereses moratorios a
partir de la notificación de la presente sentencia sustitutiva.
Y es que, si bien la promotora realizó el aviso de siniestro y
la reclamación extrajudicial años atrás, lo cierto es que estos
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no fueron suficientes para constituirla en mora, como
tampoco lo logra la interposición de la demanda judicial, por
los motivos que se explayan a continuación.
(a) Aviso de siniestro.
En el caso es pacífico que la promotora comunicó,
mediante una llamada telefónica del 1° de noviembre de 2016
a las 9:29 a.m., sobre el acaecimiento del siniestro, en los
siguientes términos: «inundación en bodega por fuerte
vendabal (sic) y lluvia ocasionando colapso de techo. Se
afectaron equipo (sic) de tecnología, Xbox, equipos 3 en 1 y
pantallas planas individuales».
Esta información fue reiterada por correo electrónico el
mismo día, enviado a las 4:50 p.m., con el asunto «inundación
bodega» y con el siguiente contenido: «comunico a ustedes que
el pasado sábado 29 de octubre, al llegar los empleados de la
bodega de Techcolombia, ubicada en la calle 50N # 5N-103
barrio la Flora, se encontraron que en un área de la bodega se
inundó, y allí se encontraban almacenadas diferentes
productos de tecnología».
(b) Reclamación y sus efectos.
La convocante intentó acreditar el daño sufrido a la
realización del riesgo asegurado mediante un mensaje de
datos enviado el 9 de noviembre de 2016, en el cual incluyó
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la «relación de daños causados por la pasada inundación…,
facturas de compra, declaraciones de importación».
Documentos que, como ya fueron analizados,
resultaban insuficientes para el fin pretendido, por cuanto se
limitaron a enlistar unos bienes, sin aportar información
diáfana para establecer si los mismos estaban bajo la
custodia de la asegurada y resultaron afectados por la
inundación.
De esta forma, la exacción directa devino insuficiente
para poner a la aseguradora en mora de cumplir con su deber
aseguraticio, en razón a la falta de pruebas sobre las
consecuencias crematísticas de la inundación.
(c) Comprobación de los elementos de la mora.
Dado que la certeza sobre la existencia del daño y su
cuantía sólo pudo alcanzarse gracias a las pruebas de oficio
decretadas por esta Corporación, en virtud de la facultad
especial otorgada por el artículo 349 del estatuto procesal
civil, conjuntadas con los informes de visita, anexos de la
reclamación y testimonios, se excluye que el retardo culpable
pudiera alcanzarse con antelación esta determinación, por lo
que no es dable aplicar el artículo 1080 del Código de
Comercio.
Y es que, durante las instancias, las partes se limitaron
a discutir con profusión la continuidad o extinción del
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contrato, presentando diversas pruebas sobre la
modificación del estado de riesgo y el establecimiento de
nuevas garantías para mantener el vínculo jurídico, dejando
de lado la demostración de los requisitos necesarios para que
surgiera la obligación aseguraticia.
Sólo fue posible determinar que la anegación acaecida
los días 28 y 29 de octubre de 2016 afectó los inventarios de
la promotora, con los estados financieros aportados el 20 de
noviembre de 2024 y cuya contradicción se agostó el 13 de
enero de la presente anualidad, por reflejar una pérdida
patrimonial que, según las notas, tuvo su génesis en un
fenómeno climático.
De acuerdo con lo expuesto, ante la insuficiencia
probatoria que caracterizó las instancias, en la demostración
del siniestro, sus efectos y cuantificación, que permita
imponer el alea del proceso a la aseguradora, se tiene que
ésta quedó en cabeza de la demandante, quien debe asumir
los efectos adversos de incumplir la carga de la prueba a que
se refiere el artículo 1077 del Código de Comercio.
Rememórese: «La prueba de la cuantía de la pérdida es,
entonces, una carga del asegurado; por lo que si éste no
demostró ese rubro cuando hizo su reclamación, la
aseguradora no está obligada a asumir las consecuencias
adversas de esa falta de diligencia» (SC5681-2018).
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Es cierto que, en las postrimerías del proceso, y fruto
de la casación del fallo de segunda instancia, se despejaron
las obscuridades que impedían la configuración el deber
indemnizatorio de la accionada. Empero, esto sólo fue posible
debido a la excepcionalidad del remedio extraordinario, por
lo que Seguros Comerciales Bolívar S.A. no puede verse
sorprendida con una mora que no pudo avizorar.
Por lo expuesto, se colige que el pago oportuno de la
obligación condicional a cargo del asegurador sólo puede
emerger con ocasión de esta sentencia sustitutiva, momento
que debe servir para la constitución en mora. Itérese, a riesgo
de hastiar, con antelación no existía una suma líquida, lo que
excluye un retardo culpable para pagar.
Ya la Sala decantó: «a la luz de los principios generales
relativos al retardo en el cumplimiento de las obligaciones,
principios en los que claramente se sustenta el precepto
contenido en el Art. 1080 del C de Co., desde el momento en
que de acuerdo con este precepto ha de entenderse que
comienza la mora del asegurador, es decir desde el día en que
la deuda a su cargo es líquida y exigible, o mejor, lo habría
sido racionalmente si no hubiere diferido sin motivo legítimo la
liquidación de la indemnización y el consiguiente pago, dicho
asegurador, además de realizar la prestación asegurada, está
obligado al resarcimiento de los daño» (SC, 29 ab. 2005, exp.
n.° 037).
(d) Vencimiento del plazo para pagar.
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Como la ley no establece el término que tiene a buen
recaudo el asegurador para pagar, en los eventos en que la
mora dependa de la formulación de reclamación judicial,
corresponde al sentenciador fijar «el que estime necesario…
de acuerdo con las circunstancias» (artículo 117 del C.G.P.).
En el sub examine, dado el tiempo transcurrido entre la
ocurrencia del siniestro y la fecha en que se profiere esta
determinación, se impondrá a Seguros Comerciales Bolívar
S.A. que pague la indemnización a su cargo, a más tardar, al
vencimiento del término de ejecutoria, so pena que a partir
de este momento se generen intereses de mora equivalentes
al interés bancario corriente certificado por la
Superintendencia Financiera de Colombia aumentado en la
mitad, y hasta la fecha de la solución efectiva.
2.3.- Análisis de las excepciones propuestas.
2.3.1.- Seguros Comerciales Bolívar S.A. propuso como
defensa la «inexistencia de la obligación… por terminación del
contrato de seguros por la modificación del estado de riesgo y
falta de notificación oportuna» y «pacta sunt servanda»,
fundada en que «[a]l modificar la ubicación del riesgo, la
asegurada incumplió con su obligación legal y contractual…,
según la cual estaba en la obligación de mantener el estado
de riesgo, o por lo menos notificar con antelación no menor de
10 días a la aseguradora…, asumiendo las consecuencias de
su decisión, la
terminación del contrato
de seguros».
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Estas materias, como ya se anticipó, fueron estudiadas
por la Sala en la sentencia SC2694-2024, descartando su
prosperidad, por no avenirse con el recto entendimiento de
las normas que gobiernan el contrato de seguro, ni con los
dictados de la buena fe y las estipulaciones convencionales
en materia de garantías, de allí que aquéllas están llamadas
al fracaso.
2.3.2.- En la contestación, asimismo, se formuló la
excepción intitulada «inexistencia de la obligación… por falta
de demostración de la ocurrencia del siniestro y su
cuantificación», en tanto «no se realizó el riesgo asegurado, y
tampoco ha demostrado la cuantía de la pérdida, se ha
limitado a señalar una cifra caprichosa ‘o la suma que se
pruebe en el transcurso del proceso’».
Sobre el primero de los aspectos, como está
directamente relacionado con la modificación del estado de
riesgo, que ya fue analizado y decidido en casación, lo allí
señalado resulta suficiente para negar su prosperidad.
Respecto a la demostración del valor de la pérdida, se
trata de uno de los aspectos estudiados en el sub lite para
acceder a la indemnización reclamada, coligiéndose que las
probanzas recaudadas dan cuenta del monto de la
afectación, por lo que se descarta el argumento de la
demandada en sentido contrario.
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2.3.3.- Lo tocante al pago de intereses, por estar
soportado en la falta de demostración del siniestro por el
cambio de locación, son innecesarias consideraciones
adicionales para denegar su acogimiento.
3.- Conclusión final.
3.1.- Se colige que el recurso de apelación formulado
por la parte demandante prospera. Al encontrarse
acreditados los requisitos de la obligación condicional
pretendida, se condenará a la accionada al pago de la
indemnización que resultó comprobada. Las excepciones de
fondo están llamadas a fracasar.
Sobre las condenas se reconocerán intereses bancarios
corrientes aumentados en su mitad, a partir de la ejecutoria
de este veredicto y hasta su pago efectivo.
3.2.- Se condenará en costas de ambas instancias a la
parte vencida, las cuales serán tasadas de forma
concentrada por el a quo, según el artículo 366 del Código
General del Proceso. Las agencias en derecho de ambas
instancias las fija el magistrado ponente en diez salarios
mínimos legales mensuales vigentes, considerando el monto
de las pretensiones reconocidas.
V.- DECISIÓN
Radicación n.° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
en sede de segunda instancia resuelve:
Primero: Revocar en su integridad el fallo proferido el
21 de noviembre de 2021 por el Juzgado Catorce Civil del
Circuito de Cali, en el caso de la radicación.
Segundo: Declarar civilmente responsable a Seguros
Comerciales Bolívar S.A., por la desatención de las
obligaciones del contrato de seguro contenido en la póliza
Multi-riesgo Empresarial No. 1540-2151076-01, con ocasión
de los hechos que dieron lugar a este proceso.
Tercero: Declarar no probadas las excepciones de
mérito formuladas por Seguros Comerciales Bolívar S.A.
Cuarto: Condenar a Seguros Comerciales Bolívar S.A. a
pagar, dentro del término de ejecutoria de este proveído y en
favor de Inversiones Techcolombia S.A.S., la suma de
$153.467.324.
Quinto: Condenar al pago intereses bancarios
corrientes certificados por la Superintendencia Financiera de
Colombia, aumentados en su mitad, sobre la condena
indicada en el resuelve anterior, a partir de la ejecutoria de
esta decisión, y hasta el pago efectivo.
Radicación n.° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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Sexto: Condenar a Seguros Comerciales Bolívar S.A. al
pago de costas y agencias en derecho, las cuales serán
tasadas de forma concentrada por el a quo. El magistrado
ponente fija, como agencias en derecho de ambas instancias,
el equivalente a diez salarios mínimos legales mensuales
vigentes a la fecha de esta providencia.
Séptimo: En su oportunidad, devuélvase el expediente
al despacho judicial de origen.
Notifíquese,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de la Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
(Aclaración de voto)
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Radicación n.° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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Radicación n.º 76001-31-03-014-2018-00114-01
ACLARACIÓN DE VOTO
Respetuosamente me permito aclarar el voto en la
providencia referida, toda vez que, aun cuando acompaño el
sentido de la determinación actual, lo cierto es que en la
sentencia CSJ, SC2694-2024 del pasado 24 de octubre, en
la cual se casó el fallo de 11 de noviembre de 2022 proferido
por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Cali en el verbal de la referencia, procedí en idéntico sentido
respecto de un específico planteamiento interpretativo.
En dicho pronunciamiento expuse las razones por las
cuales no comparto la hermenéutica que del artículo 1060
del Código de Comercio se hizo en esa determinación, según
la cual el plazo para la aseguradora es el mismo que establece
la ley para que el tomador o asegurado notifiquen la
agravación del riesgo, en aras de «la igualdad que debe existir
entre los contratantes».
Lo anterior, pues, en criterio del suscrito, el canon citado
no establece un plazo para que se cumpla la obligación de la
aseguradora de optar entre la revocatoria del contrato o el
reajuste de la prima, ya que esa norma únicamente prevé un
término para el tomador o asegurado. Por esa razón, sostuve
que la claridad de esa disposición imponía aplicarla de
Radicación n.° 76001-31-03-014-2018-00114-01
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acuerdo con su contenido específico, en lugar de agregarle
modalidades obligacionales de las que carecía3.
Aunado a lo dicho, es claro que la sentencia sustitutiva
remite expresamente al razonamiento que se efectuó en sede
de casación con miras a dirimir algunos de los puntos de
apelación que se definió en el sub-lite4, por lo que, en esas
condiciones, considero necesario recalcar, para esos efectos,
que la mencionada obligación de la aseguradora de optar
entre la revocatoria del contrato o el reajuste de la prima es
pura y simple, y su ejecución puede ser exigida por el
tomador o asegurado de manera inmediata –atendiendo las
características y contenido del compromiso obligacional–,
luego de que la aseguradora sea enterada de la agravación
del riesgo, quien deberá ejercerla antes de que este ocurra.
En los anteriores términos dejo fundamentada mi aclaración
de voto, con la comedida reiteración de respeto por los demás
integrantes de la Sala de Casación Civil, Agraria y Rural.
Fecha ut supra,
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Magistrado
3 De acuerdo con lo establecido en el artículo 27 del Código Civil, «[c]uando el sentido de la ley sea
claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu.
Pero bien se puede, para interpretar una expresión oscura de la ley, recurrir a su intención o espíritu,
claramente manifestados en ella misma o en la historia fidedigna de su establecimiento».
4 Cfr., p. 12 y ss.: «[d]e los argumentos que resultan inhiestos, en casación ya fueron objeto de
análisis la mayoría de ellos, especialmente la extemporaneidad de la terminación del convenio
asegurador con ocasión de la alteración del estado de riesgo (…) [entre otros], por lo que se remite a
las consideraciones allí realizadas, las cuales se entiende reproducidas en gracia de brevedad».
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Aclaración de voto
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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