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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC616-2024
Radicación n° 05001 31 03 001 2016 00567 01
(Aprobada en sesión del treinta de noviembre de dos mil veintitrés)
Bogotá D.C., diez (10) de abril de dos mil veinticuatro
(2024)
La Corte decide el recurso de casación que Jorge
Hernán Calle Trujillo y Liliana María Navarro Mejía
interpusieron contra la sentencia proferida el 28 de julio de
2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín en el proceso verbal que adelantaron a
Bancolombia S.A.
I. ANTECEDENTES
1.- Los accionantes pidieron declarar que Bancolombia
S.A «incurrió en responsabilidad civil dados los grandes
perjuicios causados» en desarrollo de las relaciones
comerciales que sostuvo con Produtex S.A. y sus accionistas,
al tomar decisiones unilaterales abusivas tales como i) la
«devolución de cheques, suspensión de créditos, no
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negociación de remesas, reporte injustificado a centrales de
riesgos, entre otros»; (ii) «haber iniciado proceso ejecutivo en
contra de Jorge Hernán Calle y Liliana María Navarro Mejía
por obligaciones inexistentes a su cargo», y iii) «haber frustrado
el trámite de la ley 1116 mediante la creación de falsas
expectativas…».
En consecuencia, que debe repararlos mediante el pago
de $9.322’796.813 más intereses moratorios desde la fecha
de la sentencia, así como del «…menor valor en que fue
rematada la bodega de propiedad de la empresa en el proceso
de liquidación judicial por valor de $2.936’734.753 [sic]», en
proporción del 60% para Calle Trujillo y del 40% para
Navarro Mejía.
Igualmente, que está obligado a resarcirles los daños
morales «derivados de la pérdida total de su patrimonio,
pérdida de la fuente de trabajo y deshonra comercial», así
como a la vida de relación, según tasación judicial,
calculados en su orden en, al menos, 100 y 200 salarios
mínimos legales mensuales para cada uno.
2.- Relataron que en 1982 fundaron la sociedad
Productos Textiles Ltda. -Produtex-, transformada en
anónima en el año 2003 [en adelante Produtex],
correspondiéndole a cada uno el 40% de participación
después de que adquirieron los derechos de Claudia Tamayo
de Navarro, mientras que sus hijos Marcelo y Sebastián
quedaron con sendas porciones del 10% que, para efectos de
esta demanda, cedieron a Calle Trujillo.
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La empresa, que funcionaba en el inmueble de su
propiedad con matrícula No. 001 776627, desde el comienzo
tuvo como «filosofía la creatividad y nunca la competitividad,
por lo que en el transcurso del tiempo…no experimentó crisis
significativas relacionadas con la disminución de ingresos por
concepto de ventas, habida consideración de que sus
productos fueron siempre altamente demandados».
Durante más de 20 años, la entidad y sus socios
sostuvieron relaciones comerciales con diversas entidades
financieras, especialmente con Bancolombia S.A. [en
adelante Bancolombia], «siendo estrictos en el cumplimiento
de sus obligaciones y recibiendo…hasta que se presentaron
los incidentes que se narrarán en este libelo, un apoyo
financiero considerable y determinante en el logro de los
resultados económicos».
En el año 2001, los almacenes de cadena a los que la
compañía proveía sus productos cambiaron la modalidad de
«venta en firme» por la de «consignación», por lo que debió
buscar otros clientes, con la secuela que sus ventas
«rebajaron a un 75% en el año 2004». Cuando recobraba los
niveles de facturación (2006), una fluctuación en la tasa de
cambio disminuyó sus utilidades e hizo necesario
incrementar el endeudamiento financiero con el propósito de
restablecer el capital de trabajo, eventos en los que recibió el
apoyo de Bancolombia mediante créditos, sobregiros y la
negociación de remesas; y «finalmente recuperó la
normalidad».
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En agosto de esa última anualidad, sin que tuviera
obligaciones vencidas, Leasing Bancolombia, que
posteriormente fue absorbida por Bancolombia, la reportó a
las centrales de riesgo como deudora morosa, situación que
para mayo de 2007 persistía.
A principios de 2008 Bancolombia cambió a sus
gerentes de zona y de la sucursal de El Poblado, y abusando
de su posición dominante comenzó a ejercer presiones de
hecho contra Produtex, como devolverle cheques y
suspenderle la negociación de remesas y de créditos para
pagar IVA y «retención» y el rotativo (garantizado con hipoteca
de primer grado sobre el referido predio), amén de que
disminuyó sustancialmente el sobregiro que le había
aprobado.
Solicitaron una reunión con los nuevos funcionarios sin
recibir «respuesta, solución o justificación», por lo que, como
último recurso, el 11 de agosto de ese año acudieron al
presidente del banco, quien el 28 del siguiente mes les ofreció
que un equipo de ejecutivos se comunicaría con ellos para
proponerles alternativas de largo plazo, lo que nunca se
cumplió; por el contrario, continuaron las políticas hostiles
que debilitaron financieramente a la textilera.
Por otra parte, a pesar de que no tenían ninguna
obligación vencida, «para el 3 de septiembre de 2008»
Bancolombia los había demandado ejecutivamente en
calidad de personas naturales ante el Juzgado Quinto Civil
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del Circuito de Medellín (rad. 2008-68067), asunto en el que
embargó el aludido inmueble (julio de 2008) y otros bienes,
lo cual demuestra que tal contestación era «una burla hacia
ellos».
Al notificarse se «llevaron la sorpresa» que el cobro
estaba fundado en 3 pagarés que firmaron como avalistas de
Aerostex S.A., sociedad que en 2003 habían constituido con
otras 3 personas, cuya participación cedieron el 15 de
diciembre de 2006 a Hernando Giraldo A. y a Norbey Giraldo
Gómez, quienes los sustituyeron en esa calidad con la
anuencia de la entidad financiera que por tal razón les
expidió sendos «Otrosí cambio de avalistas»; sin embargo, al
reclamársele, negó la existencia de estos documentos e
ignoró que el 10 de enero de 2008 había comunicado a
Leasing de Occidente que Calle Trujillo ya no ocupaba esa
posición cambiaria y que el 1º de octubre de 2007 y el 11 de
enero de 2008 Leasing Bancolombia expidió certificaciones
en igual sentido. Solamente cuando allegaron copia de tales
elementos liberatorios aceptó el hecho y exhibió los
originales, pero abusando una vez más de su posición
dominante les exigió suscribir una transacción renunciando
a reclamarle perjuicios por el embargo, a lo que ellos
accedieron por la angustia de ver la catástrofe económica que
se avecinaba. Finalmente, el 13 de febrero de 2009 se
levantaron las cautelas y el compulsivo terminó respecto de
ellos.
Enterados de las aludidas medidas previas, proveedores
y entidades financieras que tenían relación con Produtex y
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sus accionistas les cerraron los créditos, dejaron de
despacharles mercancías e iniciaron juicios ejecutivos (10
contra ellos y 16 contra la sociedad), por lo que «dada la
asfixia financiera a la que finalmente los llevó Bancolombia
S.A. con su conducta hostil, empezaron a incumplir sus
obligaciones económicas».
Con el fin de fortalecer el patrimonio de su empresa,
mediante escritura pública No. 516 de 11 de marzo de 2009
le transfirieron el bien raíz, el cual tenía un valor comercial
de $4.100’000.000.
En enero de 2009 Produtex decidió acogerse al
procedimiento de reorganización previsto en la Ley 1116 de
2006, para lo cual obtuvo concepto favorable de un experto
financiero, pero a sabiendas de que la garantía real superaba
el doble de las acreencias a su favor, el siguiente mes
Bancolombia le «solicitó» posponer la petición para estudiar
la posibilidad de tomar en pago la bodega, lo cual sería
benéfico para la empresa, «pues recibiría dineros frescos para
aliviar la crisis»; sin embargo, con la disculpa que el
encargado de manejar el caso estaba en vacaciones y otras,
dilató la decisión hasta agosto de aquel año, cuando expresó
que no tenía interés en la negociación, agravando su caótica
situación y haciéndole perder la opción de recuperación.
Finalmente, se materializaron embargos sobre la cartera de
la compañía, el establecimiento de comercio y los muebles y
enseres, y sus trabajadores acudieron a la Superintendencia
de Sociedades al ver en peligro sus prestaciones, organismo
que el 11 de septiembre de 2009 le inició juicio de liquidación
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obligatoria y el 9 de diciembre de 2010 aprobó el acuerdo de
adjudicación de bienes.
Como consecuencia de lo relatado, perdieron todo su
capital y su fuente de trabajo, quedaron desprestigiados
comercialmente sin posibilidad de recuperarse ni de acceder
al crédito, y su predio fue adjudicado por un valor irrisorio,
sufriendo graves perjuicios patrimoniales y
extrapatrimoniales.
2.- Admitido el libelo y notificado Bancolombia, se
opuso a las pretensiones y formuló las excepciones de mérito
que denominó «Transacción y cosa juzgada», «Ejercicio legal
de un derecho», «Falta de relación de causalidad o de nexo
causal», «Enriquecimiento sin causa» y «Falta de legitimación
en la causa por activa».
3.- Mediante sentencia anticipada de 26 de septiembre
de 2017, el Juzgado Primero Civil del Circuito de Medellín
terminó el pleito al estimar que la transacción que el extremo
pasivo invocó hizo tránsito a cosa juzgada respecto de todas
las súplicas.
Apelada la determinación por los promotores, el
Tribunal Superior de Medellín la confirmó parcialmente,
comoquiera que el fenómeno que el a quo reconoció sólo
operó «en relación con la declaración de responsabilidad y de
condena solicitada respecto de: ‘(ii) además, de haber iniciado
proceso ejecutivo en contra de Jorge Hernán Calle y Liliana
Navarro Mejía por obligaciones inexistentes a su cargo…’,
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proceso ejecutivo que se adelantó en el juzgado Quinto Civil
del Circuito, conocido bajo el radicado 05001 31 03 005 2008
00302, dentro del cual las partes transaron la litis»; por ende,
dispuso continuar la actuación respecto de los restantes
hechos y pretensiones (24 jul. 2018).
4.- Así las cosas, tornado el asunto al juzgado de
conocimiento, una vez agotó cabalmente el trámite de la
primera instancia, en audiencia de 6 de agosto de 2021
emitió sentencia en la que declaró probadas las excepciones
de «Ejercicio legal de un derecho» y «Falta de relación de
causalidad…» y que, «[e]n consecuencia, no prosperan las
pretensiones de la parte demandante», a la que condenó en
costas.
5.- Los vencidos apelaron. Alegaron que la demandada
incumplió lo dispuesto en el artículo 96 del Código General
del Proceso, al no realizar pronunciamiento expreso y
concreto sobre los hechos de la demanda contenidos en 13
numerales referidos a «las diferentes conductas dañosas
desplegadas por el Banco, constitutivas las mismas de abuso
del derecho y de la posición dominante, las consecuencias de
las mismas y la relación de causalidad entre aquellas y estas»,
pero el juzgado no aplicó la consecuencia de tenerlos por
ciertos, imponiéndoles así «una carga más gravosa», amén de
que no valoró las pruebas en su conjunto, en especial las
declaraciones de las partes y del testigo Luis Carlos Pineda,
los reportes de Datacrédito y los dictámenes periciales,
errores que lo llevaron a desconocer «no solo las conductas
constitutivas del abuso de la posición dominante y del abuso
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del derecho, sino también los daños ocurridos y su relación
íntima con las primeras que demostrarían los elementos de la
responsabilidad…».
6.- El superior confirmó el fallo, aunque modificó «el
numeral primero para declarar simplemente que se deniegan
las pretensiones de la demanda», al tiempo que impuso a los
alzados asumir los gastos de la instancia, con apoyo en los
fundamentos que enseguida se compendian.
Conforme prevén los artículos 96 y 97 del Código
General del Proceso, «el juez no puede caer en formalismos ni
rigorismos al momento de leer e interpretar cada uno de los
escritos que son radicados en los procesos judiciales, pues ello
implicaría una conculcación de derechos fundamentales…»;
tampoco hacer un «listado de acápites» de los mismos, «pues
bien puede haber una contestación sin denominación de los
párrafos, por ejemplo, pero sí es necesario que de su contenido
surja la oposición y un pronunciamiento frente a los hechos y
pretensiones…», como ocurre cuando, a pesar de que la ley
dice que las excepciones deben nominarse, si en concreto no
se hace pero el juez logra extraer alguna, le corresponde
resolverla. Es lo que sucedió en el sub lite, cuando
Bancolombia reconoció en su contestación que la relación
comercial se deterioró porque Produtex incumplió sus
obligaciones a raíz de la mala situación económica que
atravesaba desde 2003, negó haber realizado actuaciones
capaces de llevarla a la liquidación y planteó «sendas
excepciones de mérito desarrolladas argumentativamente»,
manifestaciones «lo bastante explicativas y profundas, para
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encontrar en ella una postura defensiva suficiente, lo que
imponía al Juzgador resolver sobre la misma y entender como
formuladas las excepciones de mérito que en términos
específicos constituyen una oposición a los pedimentos y a
los hechos» (negrillas en el original).
A la vuelta de algunas precisiones teóricas apoyadas en
la doctrina y en la jurisprudencia sobre los elementos de la
responsabilidad civil, sus modalidades y los conceptos de
abuso del derecho y de posición dominante, y tras reparar en
los motivos por los cuales los actores pretenden deducirla y
en que, según el a quo, Bancolombia no estaba obligado a
recibir en pago la bodega hipotecada y era libre de recortar
cupos a clientes por criterios económicos sin que hubiera
prueba de que esto condujo a la liquidación de Produtex, la
cual se produjo por sus decisiones unilaterales, el
sentenciador de segundo grado advirtió que la demandada
tiene la razón, comoquiera que las largas relaciones
financieras en beneficio recíproco y la amistad de sus
contradictores con el gerente de una sucursal no se traducen
en que contractualmente estuviera compelida a informarles
sobre el relevo de ese funcionario «o desembolsar créditos
rotativos sin analizar las circunstancias que a su juicio, como
experta en el tema, pusieran en riesgo o, aumentara, la
recuperación del dinero prestado en ejercicio de la actividad
bancaria, que incluye dinero propio y captado de los clientes,
según lo previsto en el Decreto Ley 663 de 1993, Estatuto
Orgánico del Sistema Financiero».
Atinente a la posición dominante que los organismos
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financieros tienen frente a sus usuarios y consumidores,
existen diversos criterios inspirados en la necesidad de
guardar el equilibrio contractual, como el legal fijado en la
Ley 1480 de 2011, enmarcado en el derecho que desde
comienzos del siglo XXI tiende a darles garantías y
protegerlos como parte débil de la relación; sin embargo, no
hay prueba de que Bancolombia «incurriera en un abuso de la
posición preeminente que tenía frente a la sociedad Produtex
S.A.».
Calle Trujillo manifestó que en 2008 comenzaron las
conductas hostiles hacia su empresa, aunque reconoce que
hubo impases económicos cuando rompieron relaciones con
Almacenes Ley y Éxito, de los cuales eran proveedores
absolutos, recuperando operatividad en 2006, «por lo que
evocó…que para el año 2000 hubo de darse en garantía el
inmueble con MI 001-776627, a cambio de las prebendas que
el banco le ofrecía, como créditos rotativos, sobregiros, pagos
de cheques, de donde deduce que el banco debió avisarles que
le debían dinero, por la razón que eran clientes Triple A y
tenían una relación financiera y comercial basada en la
confianza mutua que perduró por más de una veintena de
años».
Se esmeró en decir que ninguna deuda tenían con el
banco, que siempre estuvieron al día en sus pagos, que
Produtex se mantuvo como una empresa exitosa, al menos
hasta diciembre de 2008, cuando comenzó a incumplir
compromisos por el abuso del poder de negociación del
banco, a lo cual se sumó «la petición y decreto de un embargo
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sin fundamento dentro de un proceso ejecutivo, mismo que se
generó por la demora de Bancolombia S.A. para decidir si
tomaba el inmueble hipotecado en dación en pago», tema
último sobre el que ya se proveyó al desatar la alzada contra
la sentencia anticipada, donde se discutió ampliamente por
qué quedó cobijado por la cosa juzgada.
Sobre el abuso de la posición dominante por la presunta
tardanza en adoptar esa determinación, «en cuya espera se
evaporaron las bondades de acogerse a la ley 1116 de 2006»,
se observa que desde 2006 Produtex ya «venía con problemas
financieros, siendo el mismo apoderado de la demandante
quien señala que Bancolombia S.A. ayudó a solventar la
empresa con créditos, sobregiros, negociación de remesas, al
punto que, según lo narrado, se recuperó la normalidad», pero
esto último queda en entredicho cuando se advierte que ese
año tuvo que acudir a sobregiros de hasta $120’000.000 para
pagar proveedores como lo señala el representante legal de
Bancolombia, amén de que las cuentas, según las cuales
«tenía un capital de 10.000 millones, contra 4.000 millones que
adeudaban», carecen de soporte contable y verosimilitud,
toda vez que el revisor fiscal vio la necesidad de ajustar el
capital de trabajo por un monto de 800 millones de pesos y
revisar el sistema de costos para obtener valores acordes con
su realidad económica.
En parte alguna se logró demostrar una oferta de
Bancolombia de recibir en pago el bien hipotecado y menos
de desembolsar adicionalmente 2000 millones de pesos, pues
de la literalidad de la misiva que su presidencia dirigió a Calle
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Trujillo lo que se desprende es «una alternativa de
refinanciamiento sobre la deuda vigente y que fuera de
utilidad para la compañía», que en efecto se dio, conforme lo
evidencian los dos pagarés suscritos para ese fin en octubre
y noviembre de 2008 por $1.272’856.857, tal y como aquél lo
reconoce, a más de otros dos firmados ese último mes y en
diciembre del mismo año por $205’000.000, los cuales
fueron desembolsados en la cuenta de Produtex y, según el
mismo accionante, no representaron mayor ayuda porque
esperaban un apoyo en capital fresco de 400 o 500 millones
de pesos que nunca llegaron; no obstante, no se observa que
esta conducta «se pueda tornar en una presión a la actividad
de la empresa o que haya traspasado los límites de sus
funciones en abuso de su posición dominante, pues,
contrariamente, lo que se observa son exigencias por parte del
comerciante de desembolsar fuertes sumas de dinero,
sugiriendo que el establecimiento bancario debió hacer a un
lado el estudio de riesgos frente a su cliente, lo que no era
necesario dada la larga trayectoria comercial, hipótesis que no
es de recibo, porque hasta la Superintendencia Financiera
exige a los bancos prácticas seguras como esas».
En ese sentido, la reflexiones del a quo no merecen
reproche, pues «los socios y propietarios de la sociedad
Produtex S.A., creyeron tener derechos adquiridos de
sobregiros, remesas, créditos rotativos ilimitados y que el
banco estaba a su servicio para cubrir las vicisitudes
económicas de la empresa», pero no se puede soslayar que su
principal función como establecimiento de crédito es captar
recursos que, aunados a su propio capital, presta (Decreto
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ley 663 de 1993).
Quién más que éste último, con personal capacitado,
para «analizar al detalle y perfilar los eventuales riesgos que
se ciernen sobre la sumas desembolsadas», lo cual explica
que su representante legal evocara que a comienzos de 2008
la junta constituida para el efecto ordenó cambiar la
administración de riesgos, teniendo en cuenta la
desaceleración de la economía, toda vez que en marzo de esa
anualidad se presentaron situaciones políticas entre
Colombia, Venezuela y Ecuador que impactaron
directamente en el sector textil, en el caso de Produtex
restringiendo los sobregiros de su cuenta corriente, de lo cual
«se le informó al cliente y a cada proveedor».
Cae en descrédito el alegato que estos cambios fueron
abruptos, pues en la carta que Calle Trujillo dirigió al
presidente de Bancolombia puso de presente su
inconformismo frente a la variación que le habían expuesto
los funcionarios de la entidad, de modo que no le resultaban
desconocidos «los inminentes cambios de política que se
cernían en la entidad financiera, movido por factores externos
al banco…».
Según viene de verse de la prueba documental y
testimonial, «…ni por asomo podría pensarse que la
implementación de estos criterios macroeconómicos a partir de
los cuales se dio un viraje en las políticas de administración
de riesgos en las relaciones contractuales se torne en una
conducta abusiva o asfixiante del banco para con la empresa,
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pues, tan cierto fue el impacto que tuvo en la economía textil
los problemas con Venezuela, que en la asamblea de
accionistas de Produtex S.A. acta #10, se dejó consignado:
‘…adicionalmente se informa que debido al problema
político entre Colombia y Venezuela hay más de 500
millones de pesos en dudoso recaudo con los clientes que
tenían negocios en Venezuela…’… luego, mal se haría en
reprochar al banco el estudio de amenazas y probables
eventos no deseados, máxime cuando no era un secreto las
dificultades económicas por las que atravesaba la empresa, lo
cual se deduce fácilmente del alto nivel de endeudamiento y
refinanciaciones de créditos que no fueron desconocidas por
los demandantes» (destacado original).
El propio Calle Trujillo relató que a pesar de tener
ofertas de otros bancos rechazó todo tipo de relación
comercial a la espera de que Bancolombia aceptara la dación
en pago del inmueble, pero como ya se dijo no hay prueba de
una promesa en ese sentido y, menos aún, de un desembolso
adicional de $2.000’000.000, por lo que resulta «un
contrasentido que el accionante dirija todos sus esfuerzos
probatorios a resaltar las bondades de la reorganización
empresarial que, según él, se vio frustrada por la conducta de
Bancolombia S.A., siendo que a renglón seguido confiesa que
esa no fue la razón por la que dejó de acogerse a la ley 1116
de 2006, ya que la espera angustiante a la que se vio sometido
solo fue una agresión más de Bancolombia S.A.».
Los accionantes «nunca tuvieron la intención de ingresar
su empresa a ese proceso reorganizacional», pues, según el
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mismo Calle Trujillo, «tenían clientes estables y un producto
textil muy bueno, además, como se dijo, porque Bancolombia
S.A. creó en la empresa la expectativa de que recibiría el
inmueble del cual era acreedor hipotecario, por valor de
$4.000 millones de pesos, monto que cubriría la deuda que
tenían con esta entidad financiera, al tiempo que según él
sobrarían otros 2.000 millones para capitalizar la empresa,
cosa que resulta meramente especulativa y carente de
prueba», viéndose sorprendidos por las denuncias de sus
trabajadores a la Superintendencia de Sociedades
reclamando una intervención inmediata, acusándolos de que
iban a montar otra empresa llamada Sarax S.A., lo cual
dedujeron porque estaban sacando máquinas y algunos
directivos preparando viaje al exterior, conforme la misiva
que se transcribe.
Datacrédito informó que Leasing Bancolombia S.A.
reportó la obligación No. 40593C400000000000 en estado de
mora en los cortes de febrero de 2006 y agosto de 2007, pero
«de ahí a predicar la existencia de un daño consistente en
llevar la empresa a su liquidación a partir de ese reporte, hay
un largo trecho que los demandantes no recorrieron
probatoriamente. Máxime cuando alegan que para esas
calendas -año 2006- estaban recuperados operativamente y
que el abuso comenzó a partir del año 2008…».
Así las cosas, no se comprobó que Bancolombia actuara
deslealmente, tuviera la intención oculta de crear
expectativas en Produtex sobre una dación en pago, retuviera
dineros ilegalmente o de manera unilateral anulara
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negociaciones que «fueran causa o cadena de causas
(concausas) que la hayan llevado a su fracaso comercial; o,
dicho de otra manera, en puridad, ninguna de las pruebas que
se aportaron permiten conectar causalmente el resultado
dañino consistente en haber puesto a la sociedad Produtex
S.A., en una situación de imposibilidad de pago, no solo con el
banco demandado, sino con otros acreedores, al punto de
ocasionar su liquidación».
Tampoco se advierten conductas «engañosas o
disuasivas propias de un abuso de la posición dominante en
la relación negocial sostenida…por lo que resulta necesario
concluir que el caso controvertido adolece del elemento
fundamental de la responsabilidad denominado nexo causal,
situación ésta que rompe necesariamente la estructura de la
responsabilidad civil extracontractual demandada y, en
consecuencia, se margina toda pretensión tendiente a que el
demandado sea declarado civilmente responsable, como
quiera que no se dan los presupuestos axiológicos de la
pretensión y en ese punto se corregirá el numeral primero de
la sentencia para simplemente negar las pretensiones de la
demanda, ya que no había lugar a declarar probada ninguna
excepción…».
II.- DEMANDA DE CASACIÓN
Los accionantes recurrieron oportunamente en
casación y plantearon dos cargos con apoyo en la causal
prevista en el numeral 2 del artículo 336 del Código General
del Proceso, cuyo estudio conjuntará la Corte porque,
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además de que los apoyan en las mismas pruebas, en ambos
denuncian la presunta violación sesgada del artículo 830 del
Código de Comercio que impone la indemnización de
perjuicios a quien abuse de un derecho, que en el primero
achacan a la intempestiva y no informada suspensión o
disminución de los créditos que Bancolombia venía
otorgando a Produtex desde mucho tiempo atrás, y en el
segundo, al ofrecimiento de recibirle en pago un inmueble
para evitar que la compañía entrara en el procedimiento de
recuperación previsto en la Ley 1116 de 2006 que se
aprestaba a solicitar, pero dilatar tanto su cristalización y
finalmente no cumplirlo, cuando ya no había nada que hacer
para salvarla, así como al reportarla injustificadamente a las
centrales de riesgo.
PRIMER CARGO
Los casacionistas se duelen del quebranto indirecto, por
falta de aplicación, de los artículos 830 y 1406 del Código de
Comercio y 1610 y 1615 del Código Civil, como consecuencia
de manifiestos y trascendentes errores de apreciación
probatoria.
El Tribunal desestimó que Produtex tuviera «derechos
adquiridos» porque pasó por alto que desde la génesis de la
relación comercial el banco le había aprobado «unos cupos
determinados, permanentes e indefinidos» (destacado
original) a raíz de que cercenó el interrogatorio de Calle
Trujillo y omitió el de Navarro Mejía. Además, debido a que
mutiló la versión del representante legal de la entidad
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financiera, quien confesó que entre agosto de 2006 y abril de
2007 la empresa no tenía obligaciones incumplidas ni sus
archivos evidencian cobros anteriores a septiembre de 2008,
lo cual deja sin piso las inferencias sobre su «supuesta mala
situación financiera»; igualmente, aceptó que se le
restringieron los sobregiros y el cupo rotativo, cada uno
concedido por más de $100’000.000, los cuales le permitían
cubrir cheques en canje e impuestos, al tiempo que para
Bancolombia constituían una obligación de hacer que no era
aislada ni discrecional, cuyo incumplimiento rotundo,
abusivo, lesivo y sorpresivo le impone indemnizar (art. 1610
del Código Civil).
El escenario en que esto sucedió no fue la simple
emisión de cheques al descubierto, en donde el banco puede
aceptar discrecionalmente una solicitud de crédito (art. 125,
Estatuto Orgánico del Sistema Financiero), sino uno en el
que, «habiéndolo aceptado el cliente, ha otorgado
anteladamente un cupo de sobregiro» (negrillas y
subrayas originales), de lo cual «surge una clara e indiscutible
disponibilidad de crédito ofrecida por el Banco a la que [aquél]
tiene derecho…».
De conformidad con la doctrina, los bancos realizan
«operaciones de ‘acreditamiento’» que pueden obedecer a un
contrato de «apertura de crédito» u otra modalidad del mismo,
por las cuales conceden a sus clientes la posibilidad de
acudir a su patrimonio hasta concurrencia de una suma
determinada, otorgándoles la facultad de disponer a su
arbitrio de ella, en el sub lite estrechamente ligada al «contrato
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principal» de cuenta corriente, con base en la cual Produtex
gobernaba su actividad comercial, que Bancolombia debía
honrar, «con mayor razón si se consideran las graves
repercusiones que tiene para el consumidor financiero de que
inopinada e injustificadamente se termine unilateral y
abusivamente por la entidad bancaria». No necesariamente
deben constar por escrito (consensualidad que prima en lo
mercantil y civil, reconocida para los sobregiros en un
concepto de la Superintendencia Financiera y por la Corte),
a diferencia del «arquetípico y aislado contrato de apertura de
crédito» que regula el artículo 1402 del Código de Comercio.
El ad quem también sostuvo que el establecimiento
financiero era «libre» de abolir intempestivamente tales cupos
crediticios y «que las disposiciones financieras adoptadas por
la demandada no fueron abruptas», pues no vio que la versión
del mismo vocero evidencia que: i) esa clausura unilateral se
produjo desde comienzos de 2008; ii) pretendió justificarla en
la desaceleración de la economía, las relaciones con
Venezuela y Ecuador y «la presión sobre el segmento textil»,
pero no aportó las actas mediante las que supuestamente se
adoptaron tales políticas restrictivas, que solo reposaban en
su poder, lo cual debió llevar «a repudiar» tal aseveración (art.
241, Código General del Proceso), pero en vez de ello supuso
su existencia, a lo que se suma que el absolvente no podía
conocer ese hecho porque cuando habría sucedido no
laboraba en el banco; (iii) las anunciadas directivas solo se
aplicaron a Produtex «a la que por lo tanto se le dio un trato
financiero disímil y arbitrario»; (iv) de septiembre de 2008
hacia atrás no se le hicieron cobros por deudas pendientes,
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es decir, se encontraba al día en sus obligaciones crediticias;
y (v) el banco no tiene prueba de que hubiese notificado su
decisión arbitraria.
También obvió que Navarro Mejía aseveró «que gozaban
de parte del Banco de disponibilidad de crédito mediante
distintos cupos que súbita, inconsulta e inadvertidamente les
fueron suprimidos…»; que Alba María Naranjo Giraldo,
encargada de la contaduría de Produtex, además de aludir a
este «hecho mutuamente admitido por las partes», declaró «que
BANCOLOMBIA no avisó previamente de la abusiva conducta
que procedería adoptar, sino que la acogió repentinamente sin
comunicación alguna a su cliente. Incluso, que cerraron toda
comunicación con la empresa»; que Adolfo Antonio Salvatierra
González, gerente financiero, dijo que la empresa «tenía unos
cupos de crédito concedidos por el Banco que le daban
disponibilidad inmediata de dinero; que esa disponibilidad fue
abrupta e inexplicablemente cercenada por la entidad
demandada sin que ésta avisara oportunamente de que
procedería suprimir unilateralmente el crédito y mucho menos
sin justificar la razón de su arbitrario proceder»; y que Calle
Trujillo manifestó pormenorizadamente «que el Banco no les
avisó anteladamente, ni siquiera tiempo después, de que les
había cercenado de tajo los cupos de crédito que les había
concedido y de los que venían gozando de tiempo atrás».
Además, «[p]retirió el dictamen pericial que rindió Gustavo
Jaramillo», quien señaló que «Bancolombia le ‘cerró los
créditos’ a Produtex» lo cual «deparó que ésta llegase a un
‘punto de colapso’», no obstante la existencia de una carta de
su presidente al de Bancolombia y una contestación en la
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que éste le informaba que pondría a su disposición
ejecutivos, lo que nunca se hizo; en vez de ello adelantó un
embargo sin notificación previa, por lo que finalmente la
empresa llegó a un punto de colapso por iliquidez total.
En suma, al contrario de lo que incorrectamente
vislumbró «fruto de las pretericiones y cercenamientos en que
incurrió el fallador de segundo grado y que implican relevante
yerro de hecho, dejó de ver que Bancolombia, de manera
abrupta, arbitraria e intempestiva, le retiró a Produtex S.A. los
cupos correspondientes a sobregiros, pago de cheques en
canje y créditos rotativos, a los cuales, por demás, tenía
derecho de recibirlos».
También cercenó y tergiversó la mentada carta, «en
tanto citó apartes aislados haciéndolos parecer, sin serlo, su
estructura argumentativa final y definitiva», pasando por alto
que data del «11 de agosto de 2008, es decir alrededor de 8
meses después de que el Banco decidió arbitraria y
abruptamente extinguir la disponibilidad de dinero a favor de
su cliente» y que de su literalidad «no surge, ni por asomo, que
la empresa Produtex S.A. hubiese sido informada,
previamente a que le hubiesen cerrado esos espacios
crediticios, de que el Banco iba a adoptar esa drástica y brutal
medida para que su cliente hubiese podido adoptar las
previsiones pertinentes».
Igualmente, distorsionó y recortó el informe del revisor
fiscal de 2 de marzo de 2009, con corte al 31 de diciembre
anterior, esto es, mucho después de acaecidas las conductas
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denunciadas, del que no se desprende que «Produtex S.A. no
tuviera un ‘valor de activos por $10.000 millones’», sino que,
por el contrario, evidencia la necesidad de «efectuar ajustes
en punto de, restrictamente, los inventarios de ‘materia prima’
y de ‘manufactura’» por aproximadamente $800’000.000,
esclareciendo «que para lograr obtener ‘valores contables y
comerciales acordes a la realidad de la compañía’, durante
2009, era dable proseguir con la ‘revisión rigurosa del sistema
de costeo’»; en otras palabras, «sí contaba, con corte al cierre
de 2008, con unos estados financieros que ‘presentaban
razonablemente’ su situación financiera» que «en modo
ninguno contradice ‘las cuentas del demandante’…».
Malinterpretó la demanda, que en ningún momento
reclamó indemnización porque el banco no les informó el
cambio de gerente a comienzos de 2008, pues lo que su
hecho 15 «exhala cardinalmente es que para la época en que
se suscitaron esos movimientos de personal al interior de la
entidad financiera, fue que se produjeron los primeros hechos
generadores de la afrenta que padeció la compañía en
comento…».
No se percató de que esa determinación «sí constituyó el
desencadenante de que aquélla entrara en situación de
iliquidez y asfixia financiera, es decir, soslayó las pruebas que
daban cuenta del nexo causal entre la ilegítima conducta
asumida por la demandada y el menoscabo que irrogó»,
consistentes en las declaraciones de parte de los accionantes
y los testimonios de Alba María Naranjo Giraldo y Adolfo
Antonio Salvatierra González.
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Como secuela, no vio que Produtex entró en liquidación
judicial porque Bancolombia «le cerró abrupta y totalmente los
créditos que a su favor había otorgado y materializado
anteladamente como derechos adquiridos, sin darle ninguna
información previa o concomitante sobre el particular»,
soslayando «el factor de encadenamiento que ató el hecho
productor del daño (cierre intempestivo y arbitrario de créditos)
con el daño que con ese nefasto proceder irrogó (liquidación de
Produtex S.A.), que no es otro que la falta de liquidez (nexo
causal) que abrupta e inopinadamente padeció la empresa…,
todo lo cual es revelador de las conductas abusivas y de
dominancia que ejercitó la demandada, por las cuales está
constreñida legalmente a resarcir».
La trascendencia de los yerros se advierte, en cuanto el
artículo 830 del Código de Comercio impone a quien abusa
de sus derechos indemnizar los perjuicios que cause (norma
arquetípica sustancial), teniendo en cuenta que «todo derecho
tiene un límite establecido por la buena fe y las buenas
costumbres y usos sociales», así como la prohibición de
ejercerlo «contrariando los actos propios» (Corte Suprema,
sent. 9 de ag. 2007 y de 8 nov. 2013, reiterada el 19 de agosto
de 2015), situación que en el sub examine se configuró, pues
está probado que «durante toda esa relación mercantil el
banco aprobó esos cupos y que su cliente dispuso de ellos,
habiendo generado de manera rotunda e innegable la
confianza legítima de que disponía de ellos y podía usarlos
como parte esencial de su actividad comercial, como así era,
al punto que sus políticas de ventas a terceros gravitaban
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sobre esa disponibilidad crediticia. Pero, incumpliendo lo
pactado y contrariando su propia conducta, cerró
abruptamente todas esas disponibilidades crediticias
concedidas a su cliente».
En ese sentido, «una primera transgresión a la buena fe,
concretamente, a no contradecir los actos propios, se derivó
del rompimiento unilateral, intempestivo e injustificado por
parte del Banco de la disponibilidad crediticia que le había
concedido a PRODUTEX y que ésta venía utilizando,
disponibilidad a la que había acomodado de tiempo atrás su
actividad mercantil»; la segunda «se desgaja de que la
terminación unilateral de las distintas modalidades de cupos
de disponibilidad probatoria fue abusiva y arbitraria»), por
las deshilvanadas razones que dio el representante legal del
banco, quien confesó el trato desigual a Produtex y que «de
septiembre de 2008 hacía atrás no hubo cobros por deudas
pendientes…» (destacados originales).
Aunque las partes tienen el derecho de terminar la
relación contractual, no les es permitido hacerlo de manera
abusiva, malintencionada, abrupta y solapada, menos aún
sin avisar con anticipación, conforme sentencias de la Corte
de 2 de febrero de 2005, 30 de agosto de 2011 y de 14 de
mayo de 2014. En tal medida, el Tribunal debió aplicar
analógicamente el artículo 1406 mercantil, en cuanto obliga
al banco a dar preaviso de la terminación unilateral del
contrato de crédito, pues como profesional estaba compelido
a prever los perjuicios que una decisión semejante puede
causar a sus clientes.
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Finalmente, quebrantó el canon 1615 civil, toda vez que
el banco, «desde que fue notificado de la demanda se
encuentra constituido en mora de indemnizar los perjuicios
que le causó a la parte demandante, pero el fallador se
abstuvo de condenarlo a ese resarcimiento».
SEGUNDO CARGO
Se queja de la trasgresión indirecta, por falta de
aplicación, de los artículos 830 y 863 del Código de Comercio
y 2341 y 2343 del Código Civil, derivada de yerros de
apreciación probatoria cuando el Tribunal no dio por
demostrado que Bancolombia generó en Produtex la
expectativa real de que le recibiría en pago el inmueble
hipotecado.
Ello porque pretirió la confesión prevista en los artículos
96-2° y 97 del Código General del Proceso, comoquiera que
al contestar el hecho 29 de la demanda alusivo a este tema,
el convocado se limitó a decir que «no es cierto» sin manifestar
de manera precisa y unívoca las razones, cual lo exigen esas
normas; igualmente, pasó por alto los testimonios de Luis
Carlos Pineda, Alba María Naranjo Giraldo, Adolfo Antonio
Salvatierra González y Paula Marcela Arias Ceballos «que, al
unísono y unívocamente ponen de presente que, contrario a lo
que el Tribunal infirió, el Banco sí le exteriorizó de manera que
era creíble a los directivos de PRODUTEX, que tenía intención
de recibir en dación en pago la bodega hipotecada, decisión
que prolongó en el tiempo y de la que al cabo se sustrajo
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repentina e inesperadamente. Del mismo modo, que los alentó
abiertamente a que, por esa razón, no debían ingresar en el
régimen de reorganización patrimonial previsto en la ley 1116
de 2006», lo cual oyeron porque provenía de un profesional
experto en el que confiaban.
Además, tergiversó el interrogatorio de Calle Trujillo,
atribuyéndole haber dicho que Produtex «nunca estuvo
dispuesta a entrar» en la reorganización, cuando en realidad
se refirió a «la ‘liquidación’ judicial que finalmente sufrió»
(destacado original), mientras que sobre la intención
societaria de emprender aquella «explicitó que sí se dieron y
materializaron trámites con miras a lograr esa finalidad, tanto
así que, connotó, la exclusiva causa para que se hubiera
aparcado ese propósito luego de trasegarlo, fue que
Bancolombia le manifestó que, en virtud de la expectativa de
la dación en pago respecto de la que entraron en tratativas
precontractuales, desistiera de continuar con la intención de
reorganizarla».
También cercenó el Acta #10 de la asamblea de
accionistas de Produtex, fechada 27 de marzo de 2009, que
designó a su gerente con el fin de continuar las gestiones
para tratar de dar en pago el inmueble; pasó por alto la
ejecución que la entidad financiera inició el 9 de julio de 2008
ante el Juzgado Quinto Civil del Circuito contra Aerostex
S.A., los actuales demandantes y otras personas naturales,
donde pidió el embargo del bien hipotecado, así como el
certificado de libertad que refleja esta cautela, en cuanto
acreditan que «no tenía la intención de celebrar la dación en
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pago de que viene tratándose, pues era sabedora que ese bien
no le pertenecía a Produtex S. A., y que lo estaba tratando de
embargar, y así lo hizo en el juicio ejecutivo
que…coetáneamente a las tratativas preliminares
emprendidas, promovió por ante el Juzgado Quinto Civil del
Circuito de Medellín bajo el radicado 2008-00302-00»;
tergiversó «la prueba documental obrante en el cuaderno 3, fol.
60/142)», referida a las denuncias que los trabajadores de la
empresa presentaron ante la Superintendencia de
sociedades, de la que «no surge que ‘los accionantes nunca
tuvieron la intención de ingresar su empresa a ese proceso
reorganizacional’», sino que una extrabajadora de Produtex
S.A. que «fue despedida sin que hasta la fecha de dicho escrito
(18 de agosto de 2009) hubiera recibido su ‘liquidación’,
deprecaba una ‘visita prioritaria’, por parte de la
Superintendencia de Sociedades, a la mencionada empresa»,
pero en ningún momento dio razón de «las supuestas
intenciones ‘de montar otra empresa llamada Sarax S. A.’»,
que «‘estaban sacando máquinas de la empresa’» y que
«‘algunos directivos prepararon viaje fuera del país’»; y omitió
la declaración de María del Consuelo Ceballos Marín que
explicó que el retiro de esos elementos no tenía el propósito
de acabar con la compañía, sino hacer pagos a terceros
proveedores con miras a extinguir obligaciones pendientes.
Al no ver que Bancolombia dilató de manera consciente
la decisión sobre la dación en pago e intempestivamente se
sustrajo de concretarla, contrariando las obligaciones
precontractuales de seriedad, diligencia y transparencia, el
juzgador colegiado inaplicó los artículos sustanciales 2341
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del Código Civil y 863 del Código de Comercio que le
imponían a aquél obrar con buena fe exenta de culpa en esa
fase y ahora reparar los menoscabos que causó al abusar del
derecho, según lo reconocen la doctrina y la jurisprudencia.
Adicionalmente, omitió condenarlo por reportar
injustificadamente a Produtex ante las centrales de riesgo,
acción que «se suma al actuar arbitrario y pernicioso de la
demandada que acarreó la liquidación de aquella, amén que,
por sí mismo, lesionó su nombre e imagen comercial», al
sostener que no implicaron ningún daño.
Si bien reparó en la respuesta de Datacrédito Experian
sobre los informes efectuados por Bancolombia a las
centrales de riesgo, en su momento Leasing Bancolombia, la
cercenó porque no vio que el relacionado con el crédito
40593C400000000000 «fue infundado, en tanto carente de
veracidad y de certeza por falaz, y por ende constitutivo de un
proceder ciertamente abusivo de la demandada» ni que
incluyó la obligación 59271C400000000000, «con lo cual la
afrenta a su bien (sic) nombre corporativo se acrecentó
deparando mayor entidad del daño que padeció la aludida
empresa». En la misma dirección, no observó que el
representante legal de Bancolombia «confesó repetidamente
que por la época en que fue reportada a las entidades de
crédito por una de sus empresas conexas, luego absorbida por
ella, PRODUTEX no había incumplido las obligaciones a su
cargo», inferencia que «se robustece por la confesión derivada
de la contestación de la demanda, igualmente preterida por el
sentenciador, en cuanto la demandada al contestar el hecho
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14 de la demanda, aseveró que el mismo ‘no le consta’,
respuesta inadmisible por tratarse de un hecho propio de
aquella, pues, como se dijo BANCOLOMBIA absorbió a Leasing
Bancolombia. Por ende, emerge que esa elusiva e indebida
forma de contestar deparó la presunción de certidumbre sobre
ese hecho como así lo imponen los artículos 96-2 y 97 del
Código General del Proceso». Tampoco advirtió el certificado
de existencia y representación legal de Bancolombia, en el
que consta que absorbió a Leasing Bancolombia mediante
Escritura Pública N.° 1124 de 30 de septiembre de 2016 de
la Notaría 14 de Medellín, por lo que su vocero «mal podía
expresar que no le constaba si Produtex S. A. había sido o no
reportada en 2006 por Leasing Bancolombia ante las centrales
de riesgo».
Finalmente, apreció mal el libelo introductorio, al no ver
que en el hecho 28 «el demandante ligó ese obrar
pernicioso…a la afectación de su buen nombre» por el abuso
del derecho de Bancolombia, que no estaba obligado a
soportar, teniendo en cuenta que según la jurisprudencia «los
reportes negativos ante las centrales de riesgo
invariablemente han de ser veraces y constatados, amén de
autorizados por el reportado financiero» (Corte Constitucional
T-017/2011), y que el perjuicio se materializa cuando se
configura la violación culposa del bien jurídico, sin que se
requiera otra consecuencia (CSJ SC10297-2014).
Así las cosas, caso omiso de la necesaria autorización
de Produtex para los reportes negativos, está probado que
fueron abusivos, dañinos e infundados porque la propia
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demandada confesó que hasta septiembre de 2008 no había
evidencia de deudas pendientes, con lo cual infligió
menoscabos al buen nombre de la sociedad que debe
resarcir.
III.- CONSIDERACIONES
1.- Jorge Hernán Calle Trujillo y Liliana María Navarro
Mejía pidieron declarar que Bancolombia S.A incurrió en
responsabilidad civil y, en consecuencia, condenarla a
resarcir los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales que
les causó, incluido el menor valor por el que fue adjudicada
una bodega, porque al final de la relación financiera que por
más de 26 años sostuvo con ellos y con Produtex S.A., de la
que eran socios mayoritarios, abusando de sus derechos
como parte dominante, avocó a su sociedad a la liquidación
judicial obligatoria mediante comportamientos hostiles que
la asfixiaron económicamente, consistentes en la «devolución
de cheques, suspensión de créditos, no negociación de
remesas, reporte injustificado a centrales de riesgos…», así
como por «haber frustrado el trámite de la ley 1116» mediante
la creación de la falsa expectativa de recibirle en pago el
referido inmueble, el cual le tenían hipotecado. El motivo
consistente en «haber iniciado proceso ejecutivo…por
obligaciones inexistentes a su cargo» ya no es objeto de
debate, pues quedó cobijado por la sentencia anticipada
ejecutoriada que acogió la excepción de transacción con
efectos de cosa juzgada.
La primera instancia declaró probadas las defensas de
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mérito que el extremo pasivo denominó «Ejercicio legal de un
derecho» y «Falta de relación de causalidad…», al tiempo que
negó las súplicas.
Los convocantes apelaron porque a pesar de que
Bancolombia no hizo pronunciamiento expreso y concreto
sobre los hechos de la demanda, que relataban las conductas
dañosas constitutivas de abuso del derecho y de la posición
dominante, sus consecuencias y la relación de causalidad, el
juzgado omitió tenerlos por confesados, amén de que no
valoró las pruebas en su conjunto.
El Tribunal ratificó lo esencial de la decisión
impugnada, comoquiera que encontró suficiente la
«oposición» de la llamada a «los pedimentos y a los hechos», así
como razonable que recortara los cupos de crédito que había
concedido a Produtex, pues las largas relaciones financieras
y la amistad que los alzados sostuvieron con el gerente de la
sucursal donde eran atendidos no implicaban que aquella
tuviera la obligación contractual de informarles el cambio de
este funcionario o de desembolsarles las fuertes sumas de
dinero a que creyeron tener derecho, pasando por alto su
calidad de banco comercial, el evidente mal estado de la
empresa y la política de riesgo que como experta en el tema
estableció, modificada a principios de 2008 por la difícil
situación política con países vecinos que impactó al sector
textil, reflejada en el acta No. 10 de la compañía que daba
cuenta de su dificultad para recaudar la cartera; decisión que
no fue abrupta y que puso al tanto a sus clientes, según se
desprende de la carta que Calle Trujillo le envió. Además,
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porque la aseveración que Produtex tenía «un capital de
10.000 millones, contra 4.000 millones que adeudaban»
carece de soportes contables y el revisor fiscal dio cuenta de
la necesidad de hacerle ajustes a su capital de trabajo por
$800’000.000; no hay prueba de la oferta de recibirle en pago
el inmueble y menos aún de desembolsarle 2000 millones de
pesos adicionales; al contestarle la precitada misiva se le
ofreció una alternativa de refinanciamiento que se
materializó a finales de 2008 conforme muestran los pagarés
anexos; los accionantes «nunca tuvieron la intención de
ingresar su empresa a ese proceso reorganizacional», viéndose
sorprendidos por las denuncias de sus trabajadores que
reclamaban la intervención inmediata de la
Superintendencia de Sociedades, según el escrito que le
presentaron; y no se demostró que el informe de Leasing
Bancolombia S.A. a las centrales de riesgo condujera a la
pluricitada liquidación, máxime que, según se alega, cuando
se hizo en 2006, la reportada estaba recuperada
operativamente y el abuso comenzó en 2008. Concluyó que
no se presentó evidencia de que la convocada actuara
deslealmente, creara falsas expectativas sobre la adquisición
del bien raíz, retuviera dineros ilegalmente o anulara
negociaciones de forma unilateral, amén de que no halló nexo
causal con el colapso societario denunciado.
Los casacionistas plantean que el Tribunal incurrió en
protuberantes y trascendentes errores de hecho al cercenar,
preterir y tergiversar pruebas que demuestran que
Bancolombia abusó del derecho cuando en 2008, al cabo de
26 años de una fluida y mutuamente beneficiosa relación
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comercial con Produtex y sus socios, prevalida de su
dominancia, suspendió de manera abrupta, unilateral, de
mala fe, discriminatoria, contrariando sus propios actos, sin
que existiera ninguna obligación en mora y sin avisarle con
un plazo razonable, los créditos a que la empresa tenía
derecho y con los que solventaba su operatividad, avocándola
a cesar pagos y a la liquidación; igualmente y con la misma
consecuencia, cuando ofreció recibirle en pago el inmueble
hipotecado con el fin de que se abstuviera de entrar en el
proceso de reestructuración previsto en la ley 1116 de 2006
para el que estaba lista, pero retrasó tanto la decisión, a la
postre negativa, al punto que en la fecha que se la comunicó
ya no había nada qué hacer para salvarla; finalmente, al
reportarla a las centrales de riesgo sin que tuviera
obligaciones en mora.
2.- La responsabilidad civil, entendida como la
obligación que una persona tiene de indemnizar el perjuicio
sufrido por otra, se asienta en la triada consistente en el daño
material o inmaterial, con sus características de directo,
cierto, determinado o determinable y antijurídico, amén de
previsible (contractual)1; el hecho jurídico, humano o no,
incluidas las omisiones, imputable a título de culpa o dolo,
elementos subjetivos que modernamente son matizados por
factores como el riesgo creado, el ejercicio de actividades
peligrosas, e incluso, la mera objetividad; y el nexo de
1 Para que el daño sea susceptible de ser reparado se requiere que sea «'directo
y cierto' y no meramente 'eventual o hipotético', esto es, que se presente como
consecuencia de la 'culpa' y que aparezca 'real y efectivamente causado' (Sentencias
de 26 de enero de 1967 (CXIX, 11-16) y 10 de mayo de 1997, entre otras)» (SC, 27
mar. 2003, exp. n.° C-6879), asimismo, debe afectar un interés protegido por el orden
jurídico (SC13925, 30 sep. 2016, rad. n.° 2005-00174-01), CSJ SC282-2021.
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causalidad, es decir, el vínculo jurídico entre los dos
supuestos anteriores. En ejercicio de la carga de la prueba
que conforme al artículo 167 del Código General del Proceso
compete a las partes, estos elementos deben ser acreditados
al unísono por el extremo que reclama la consecuencia
resarcitoria, so pena de que sus aspiraciones fracasen si no
lo hace2.
3.- El principio que prohíbe el ejercicio abusivo de los
derechos subjetivos hunde sus raíces en el derecho clásico
romano, en el que al lado de la máxima que sentenciaba que
ningún daño hace quien usa su derecho (nullus videtur dolo
facere qui suo iure utitur)3 florecieron otras que atemperaron
su rigor, como las que pregonaron que no se debe usar mal
el derecho (male enim nostro iure uti non debemus)4 y que un
derecho exagerado constituye una gran injusticia (summum
ius summa iniuria)5; se vuelve tangible en las edades Media y
Moderna con la «prohibición de realizar los llamados actos
emulativos…entendiéndose por ‘emulación’ la intención de
perjudicar que alguno tuviere al ejecutar un acto realizado
dentro de los límites marcados por la ley» 6 (teoría subjetiva),
así como con la teoría de las inmisiones que reprochaba las
emisiones anormales derivadas de la propiedad, tales como
olores, humo, ruido (objetiva); arriba a la edad
2 “Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran
el efecto jurídico que ellas persiguen”.
3 Digesto de Justiniano
4 Gayo, Instituta 1-53
5 Cicerón: De officiis 1, 33, 3
6 María Antonia Leonfanti, Abuso del derecho, pág. 30, Librería jurídica,
Buenos Aires, 1945.
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contemporánea de la mano del Código de Napoleón (1804),
del que son tributarias muchas otras codificaciones civiles,
incluyendo la colombiana (1887), en la cual, no obstante su
acentuado corte individualista, se puede atisbar una clara
limitación al dominio, al definirlo en su artículo 669 como el
«derecho real de una cosa corporal para gozar y disponer de
ella arbitrariamente, no siendo contra la ley o derecho
ajeno» (se destaca); y definitivamente adquiere un espacio en
la práctica jurídica cotidiana a raíz de los importantes
desarrollos que se dieron en Francia, tanto los
jurisprudenciales de finales del siglo XIX, como los
doctrinales de principios del XX con Josserand a la cabeza.
En Colombia, la Corte de oro (1936-1940) reconoció su
existencia y relevancia en el ordenamiento jurídico, junto a
otros conceptos y principios señeros que en su fructífera
labor «descubrió», como el enriquecimiento sin causa, el error
común creador del derecho, la imprevisión contractual y el
fraude a la ley, amén de la teoría de las actividades
peligrosas, entre otros.
Desde entonces, la jurisprudencia lo ha aplicado
indistintamente en diferendos contractuales y
extracontractuales, tales como el ejercicio de las acciones
judiciales en general y, de manera especial, en el caso de los
embargos excesivos, las denuncias temerarias, la
terminación unilateral de contratos y las cláusulas abusivas,
etc., y a la sazón puede predicarse que constituye una
importante herramienta para el planteamiento y resolución
de diversas situaciones jurídicas.
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El avance jurisprudencial patrio desembocó en su
reconocimiento legal expreso, plasmado en el artículo 830 del
Código de Comercio, conforme al cual, «[e]l que abuse de sus
derechos estará obligado a indemnizar los perjuicios que
cause», y quedó incorporado en toda regla al ordenamiento
jurídico patrio con el establecimiento constitucional del deber
de todo ciudadano de «[r]espetar los derechos ajenos y no
abusar de los propios» (artículo 95-1).
4.- La prohibición de abusar de los propios derechos
empalma directamente con el principio fundamental que el
artículo 83 de la Carta Política impone a los particulares, de
ceñirse en sus actuaciones a los postulados de la buena fe,
mandato que para la ejecución de los contratos contemplan
los artículos 1603 del Código Civil7 y 871 del Código de
Comercio8, que el canon 863 de este último compendio
extiende a la fase previa, al decir que «[l]as partes deberán
proceder de buena fue exenta de culpa en el período
precontractual, so pena de indemnizar los perjuicios que se
causen». En el escenario propuesto, la Corte ha reconocido el
deber de ajustarse a dicho postulado en todo el itinerario
negocial, incluida las etapas pre y poscontractual, y ha
sancionado su inobservancia.
7 “Los contratos deben ejecutarse de buena fe, y por consiguiente obligan no
solo a lo que en ellos se expresa, sino a todas las cosas que emanan precisamente de
la naturaleza de la obligación, o que por ley pertenecen a ella”.
8 “Los contratos deberán celebrarse y ejecutarse de buena fe y, en
consecuencia, obligarán no sólo a lo pactado expresamente en ellos, sino a todo lo
que corresponda a la naturaleza de los mismos, según la ley, la costumbre o la
equidad natural”.
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El principio de buena fe tiene especial relevancia en la
actividad bancaria, en cuanto esta constituye un servicio de
interés público9 en cuya prestación la sociedad deposita su
confianza en instituciones autorizadas, reguladas y vigiladas
por el Estado, quienes con un esperado y exigible alto grado
de profesionalismo y especialización desempeñan la labor de
captar recursos de los consumidores financieros para,
aunados a los propios, «colocarlos nuevamente a través de
préstamos, descuentos, anticipos u otras operaciones activas
de crédito»10, de tal manera que asumen especiales deberes
legales11.
En tal medida, a decir de la doctrina, el principio de
buena fe «fundamenta la ordenación financiera, orienta la
labor de interpretación de la ley y suple las lagunas de la
misma»12, y se patentiza en «el deber de informar, asesorar
lealmente al cliente, guardar secreto, proteger los datos a ella
suministrados, entre otros»13.
5.- Es asunto averiguado la dominancia que los bancos
ejercen en el desarrollo de las relaciones contractuales con
9 “Las actividades financiera, bursátil (…) y cualquier otra relacionada con el
manejo, aprovechamiento e inversión de los recursos de captación (…) son de interés
público y solo pueden ser ejercidas previa autorización del Estado (…)” (art. 335
constitucional).
10 Inciso 2, num. 1, art. 2 EOSF
11 Las entidades vigiladas, sus administradores, directores, representantes
legales, revisores fiscales y funcionarios, deben obrar no sólo dentro del marco de la
ley sino dentro del principio de la buena fe y de servicio al interés público de
conformidad con el artículo 335 de la Constitución Política, para lo cual tienen la
obligación legal de abstenerse de realizar las siguientes conductas (…), art. 72, Ley
795 de 1993.
12http://investigare.pucmm.edu.do:8080/xmlui/bitstream/handle/20.500.
12060/993/RCJ_20140201_22-52.pdf?sequence=3&isAllowed=y
13 ídem
Radicación n° 05001 31 03 001 2016 00567 01
39
sus usuarios, consumidores y clientes, situación que
justifica la expedición de normas generales y especiales
tendientes a la protección de éstos14, mediante la restricción
de prácticas abusivas, en especial la prohibición de insertar
cláusulas de esta naturaleza en los contratos de adhesión,
aunque no limitándose a ello.
En ese sentido, la jurisprudencia ha reconocido que
quien desempeña la actividad bancaria alcanza una primacía
especial, al decir que «si un particular asume la prestación
de la actividad bancaria adquiere una posición de
supremacía material -con relevancia jurídica- frente al
usuario»15, situación que no es sustancialmente diferente si
la realiza una entidad pública, máxime que éstas adoptan
la naturaleza de empresas de economía mixta o
industriales y comerciales del Estado, cuyas funciones se
desarrollan conforme a las reglas del derecho privado16.
6.- Dentro del vasto campo de la teoría del abuso del
derecho, como secuela de la penetración de la actividad
bancaria en todos los sectores de la sociedad o bancarización,
en el derecho comparado, en especial en la legislación,
doctrina y jurisprudencia francesas17 e italianas18, se ha
abierto camino una nueva figura conocida como interrupción
14 Leyes 1328 de 2009 y 1480 de 2011
15 Corte Constitucional SU157-99.
16 Art. 85, Ley 489 de 1998
17 rupture inopinée et brusque du crédit
18 rottura brutale del credito.
Radicación n° 05001 31 03 001 2016 00567 01
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repentina, brusca o brutal del crédito, cuya mera semántica
ya anticipa su contenido fundamental.
En tal sentido, en un caso en el que
(…)según la sentencia recurrida, la sociedad Luxatex, sometida a
un acuerdo judicial, obtuvo un convenio, aprobado por sentencia
de 24 de octubre de 1979, que preveía la liquidación de sus
obligaciones hasta el 70% durante un período de siete años; que
el 1 de marzo de 1984, el Crédit du Nord (el banco), que le había
concedido un crédito, informó a la sociedad Luxatex que se negaba
a liquidar las letras que vencían el mismo día; que la empresa
Luxatex declaró el cese de sus pagos el 13 de marzo de 1984 y fue
puesta en liquidación de activos; que el síndico de este último
demandó al banco para que le pagara la totalidad del déficit
patrimonial, acusándolo de haber provocado, al cancelar
bruscamente y sin previo aviso el crédito concedido, el cese de los
pagos de la sociedad Luxatex, mientras que la Sra. Chantal y
Marie -Hélène A..., así como MM. Jean y Laurent A... (los socios
A...), socios de esta última, le solicitaron una indemnización por el
daño personal, tanto material como moral, que les había causado
la desaparición de la sociedad.
El Tribunal de Apelación de Douai (Francia) concedió la
indemnización pedida
(…) tras considerar que el banco había cometido una falta al
retirarle su ayuda de forma repentina e inesperada, señaló que
este "cese repentino del crédito bancario, sin previo aviso, de un
día para otro, provocó la segunda declaración de quiebra de la
empresa Luxatex", que no se ha demostrado la mala gestión de
esta última, que por el contrario las perspectivas de recuperación
de la empresa, de la que se había saldado gran parte de las
obligaciones del acuerdo, eran serias , que "la extinción del crédito
bancario fue la causa determinante de la liquidación del
patrimonio de la sociedad Luxatex" y que el síndico, lejos de
reconocer que sólo la falta de crédito de proveedores sería el origen
de los pagos de suspensión, había subrayado que la pérdida de
este crédito era imputable al banco porque su negativa repentina
había impedido a la sociedad Luxatex cumplir el plazo a finales de
febrero de 1984; que de estas conclusiones y apreciaciones, de las
que se desprende que, sin la terminación repentina del crédito
bancario, se podría haber evitado la cesación de pagos, que debía
declararse inmediatamente, el tribunal de apelación, que no tuvo
que proceder a la investigación a que se refiere la primera parte
Radicación n° 05001 31 03 001 2016 00567 01
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del motivo, al no haber sido solicitada, caracterizó la existencia de
una relación de causalidad entre la culpa del banco y el daño
reparado y, por tanto, justificó jurídicamente su decisión del
dirigente criticado (…).
En esa ocasión, si bien el Tribunal de Casación, Sala
Comercial, Financiera y Económica, anuló el fallo, solo fue
“en el sentido de que fijó la suma de 2.610.939 francos como
importe de la sentencia pronunciada contra el Crédit du Nord,
sin tener en cuenta la ejecución parcial del convenio obtenido
por la sociedad Luxatex”19.
Por su lado, el artículo L. 313-12 del Código Monetario
y Financiero de Francia actualmente vigente20 prevé que
Todos los préstamos de duración indefinida, salvo los ocasionales,
concedidos por una entidad de crédito o una sociedad financiera a una
empresa sólo pueden reducirse o interrumpirse previa notificación por
escrito y tras la expiración de un plazo de preaviso fijado en el momento
de la concesión del préstamo. Este plazo no podrá ser inferior a sesenta
días, so pena de nulidad del préstamo. En cumplimiento de las
disposiciones legales aplicables, la entidad de crédito o financiera
facilitará, a petición de la empresa interesada, los motivos de la
reducción o interrupción, que no podrán ser solicitados por un tercero, ni
comunicados a éste. La entidad de crédito o la sociedad financiera no
podrá ser considerada responsable de las pérdidas financieras sufridas
por otros acreedores como consecuencia del mantenimiento de su
compromiso durante este período.
La entidad de crédito o financiera no está obligada a respetar un plazo
de preaviso, tanto si el crédito es de duración indefinida como
determinada, en caso de comportamiento gravemente reprobable del
beneficiario del crédito o en caso de que la situación del beneficiario
resulte irremediablemente comprometida.
El incumplimiento de estas disposiciones puede acarrear la
responsabilidad financiera de la entidad de crédito o de la sociedad
financiera.
Igualmente, en la doctrina italiana se encuentra que
19 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000007246757
20 Code monétaire et financier
Radicación n° 05001 31 03 001 2016 00567 01
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(…) la cuestión de la no ampliación del crédito o de la no
renegociación de las condiciones inicialmente pactadas nos lleva
a la de la "ruptura brutal", que debe entenderse a nuestros efectos
como la retirada "imprevista" y "arbitraria" del
financista[85]. ] .Tras las resistencias iniciales del sistema
jurisprudencial que consideraba el retiro ad nutum una expresión
del "derecho de recurso", y como tal libre e incuestionable [ 86], las
sugerencias de la doctrina más autorizada, apoyadas en los datos
comparados, determinaron una clara aplicación de cambio de
dirección en el suelo [ 87] . Son notables las numerosas y muy
recientes decisiones del ABF que han hecho que el estudio de la
privación injustificada de la disponibilidad de crédito bancario sea
más relevante que nunca [ 88 ].El ejercicio del derecho de
desistimiento no sujeto a la existencia de justa causa debe
respetar el principio de buena fe objetiva [ 89 ]. Ésta es la esencia
de la fórmula: si es inesperada y arbitraria, la retirada choca con
el derecho del cliente a disponer de la financiación acordada, es
decir, a confiar en una cierta estabilidad del crédito. En la
aplicación del margen de corrección entran en juego los métodos
de ejercicio del desistimiento y los motivos concretos dados y
representados al cliente. Desde esta perspectiva, que es la del
derecho vivo, es interesante observar que la retirada sin una razón
que lo justifique, es decir, arbitraria, no es legítima, si no
inesperada. El retiro inmediato, sin previo aviso, es legítimo si se
basa en una causa justa. En esencia, el ejercicio de la facultad de
disolver la relación sólo puede revisarse cuando ambas exigencias
( inopinée et brusque ) concurren simultáneamente. El panorama
que ofrecen las decisiones del ABF confirma esta conclusión.
Aclarado este aspecto, desde el ángulo visual de la investigación
lo que entra en consideración es el primer requisito que está
íntimamente ligado a la solvencia del deudor. La retirada del
banco, incluso si es "sorpresa", siempre es legítima si está
justificada por el cambio de solvencia del cliente, es decir, si induce
al financiero a evaluar negativamente la capacidad del deudor
para cumplir sus obligaciones. En otras palabras: el perímetro de
aplicación de la arbitrariedad del desistimiento (ausencia de justa
causa) corresponde a la ausencia de cambios en el grado de
solvencia del deudor. En definitiva, el grado de solvencia del
deudor orienta las elecciones del banco (también) en la fase de
interrupción de la relación y rige el juicio del intérprete llamado a
evaluar la legitimidad de las decisiones del financiero[90 ]. El tema
del desistimiento abusivo no se limita a las pocas notas
expuestas. Sin embargo, para los fines concretos que aquí nos
interesan, los perfiles recién mencionados confirman el punto
saliente a destacar. Los intérpretes valoran la legitimidad de la
conducta del mismo modo que la solvencia del cliente, lo que por
tanto no constituye una prerrogativa indiscutible del banco. Ésta
es la figura irrefutable del derecho aplicado.21
21 https://giustiziacivile.com/giustizia-civile-riv-trim/deviazioni-del-
Radicación n° 05001 31 03 001 2016 00567 01
43
El concepto parte de la base que, si bien la terminación
unilateral de la disponibilidad de un crédito bancario es una
conducta que legal o contractualmente puede estar
permitida, la buena fe con que las partes deben obrar en la
ejecución de los acuerdos de voluntades atempera el ejercicio
arbitrario o inesperado de ese derecho e impone reparar las
consecuencias nocivas que podría acarrear al beneficiario,
cuyos intereses son tenidos en cuenta al protegérsele la
expectativa razonable de no verse privado intempestivamente
de los dineros que el contrato le otorga para sus fines
individuales.
Como en todos los casos en que se limita el ejercicio
injusto de un derecho, no es que la entidad financiera no
pueda ejercer la prerrogativa que el ordenamiento le concede,
sino que debe hacerlo mesuradamente, de tal forma que no
lesione el interés de su contraparte, máxime cuando surge de
una relación de largo aliento, de tal manera que se erige
necesario que la finalización de la disponibilidad crediticia
esté precedida de una justa causa y que la decisión se
comunique fijando un plazo razonable, medidas que de suyo
excluyen una terminación arbitraria y brusca.
En el sentido anotado, el abuso del derecho de las
entidades financieras se enmarca en la preceptiva general
que la Corte ya ha tenido oportunidad de abordar en materia
contractual, conforme a la cual
bancario-e-dissociazione-dei-formanti-proposito-del-diritto#testo-13
Radicación n° 05001 31 03 001 2016 00567 01
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La terminación unilateral en cualquiera de las formas o
modalidades, no puede ejercerse con abuso, ni de mala fe, so pena
de comprometer la responsabilidad, y en toda controversia
respecto de la eficacia o el ejercicio de la facultad, los jueces deben
tener especial rigor en la valoración específica del marco concreto
de circunstancias para garantizar la justicia al sujeto iuris, razón
de ser, fundamento genuino, fin primario y último del Estado social
de derecho democrático (CSJ, SC 30 ag. 2011, exp. 1999-01957-
01).
El ejercicio abusivo de un derecho en el campo
propuesto es una situación fáctica que debe ser examinada
por el fallador en cada caso, según su prudente arbitrio, sin
que pueda aplicar a rajatabla criterios rígidos,
preestablecidos y únicos, pues ocasiones habrá en las cuales
la sola presencia de una justa causa torna inaplazable la
suspensión del crédito sin consecuencia negativa alguna
para quien la decreta; v.gr. cuando el eventual prestatario
incurre en comportamientos fraudulentos como alzarse con
los bienes que constituyen la prenda general de garantía de
los acreedores, caso en el cual sería exagerado compeler al
banco a comunicarle su decisión y, más aún, a concederle
un plazo y entretanto mantener el crédito, so pena de
avocarlo a que pierda las sumas que en adelante otorgue.
Esto último cobra particular relevancia cuando se
advierte que la actividad bancaria es de interés público, lo
cual implica la necesidad de preservar su solvencia,
estabilidad, confianza y continuidad, mediante prácticas que
permitan que los recursos que intermedia, que como bien se
ha dicho en gran parte provienen del ahorro particular, estén
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debidamente resguardados22.
En ese sentido, se procura conciliar el interés general
que representa la actividad bancaria, sujeta a estrictas y
especiales normas que la regulan y a la inspección y
vigilancia de la Superintendencia Financiera, con el
particular de sus usuarios que no por ello puede resultar
avasallado sin miramiento alguno.
Para la evaluación propuesta resulta de utilidad el
criterio subjetivo, que reprocha la intención de causar un
daño (animus nocendi) o cuando menos el obrar descuidado,
y el objetivo, que simplemente examina si el derecho se
ejerció de manera anormal o contraria a sus fines, los cuales
la Corte acogió de manera ecléctica en SC 19 oct. 1994, exp.
#3972, que reiteró en SC 16 sept. 2010, al expresar que la
(…) ilicitud originada por el ‘abuso’ puede manifestarse de manera
subjetiva -cuando existe en el agente la definida intención de
agraviar un interés ajeno, o no le asiste un fin serio y legítimo en
su proceder- o bajo forma objetiva cuando la lesión proviene del
exceso o anormalidad en el ejercicio de determinada facultad,
vista la finalidad para la cual fue esta última incorporada y
reconocida en el ordenamiento positivo.
7.- El contrato de cuenta corriente que regulan los
artículos 1382 al 1392 del Código de Comercio apenas otorga
22 “… pese a que no existe norma que de manera expresa así lo determine, en
el derecho Colombiano es claro que la actividad bancaria es un servicio público, pues
sus nítidas características así lo determinan. En efecto, la importancia de la labor
que desempeñan para una comunidad económicamente organizada en el sistema de
mercado, el interés comunitario que le es implícito, o interés público de la actividad
y la necesidad de permanencia, continuidad, regularidad y generalidad de su acción,
indican que la actividad bancaria es indispensablemente un servicio público.” (CC
SU-157 de 1999.
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al «cuentacorrentista la facultad de consignar sumas de dinero
y cheques en un establecimiento bancario y de disponer, total
o parcialmente, de sus saldos mediante el giro de cheques o
en otra forma previamente convenida con el banco» (1382); es
decir, no prevé la concesión de un crédito, sino la mera
posibilidad de dar al banco la orden que con cargo a sus
depósitos pague al tenedor el importe de tales títulos valores.
Por consiguiente, «[e]l librador debe tener provisión de fondos
disponibles en el banco librado…» (art. 714 ídem), de tal forma
que si el monto del instrumento cambiario excede el existente
en la cuenta corriente, «[e]l banco estará obligado en sus
relaciones con el librador a cubrir el cheque hasta el importe
del saldo disponible, salvo disposición legal que lo libere de tal
obligación», y « [s]i los fondos disponibles no fueren suficientes
para cubrir el importe total del cheque, el librado deberá
ofrecer al tenedor el pago parcial, hasta el saldo disponible»
(art. 720 ejusdem).
Sin embargo, la propia ley también contempla que
cuando se giran cheques al descubierto, esto es, sin que el
titular de la cuenta corriente tenga suficiente provisión de
dinero para solucionar su valor, los bancos pueden cubrir el
déficit, al señalar el artículo 1404 mercantil que «[l]os
sobregiros o descubiertos provisionales que el banco autorice,
se regirán por lo dispuesto en el artículo 1388 y respecto de
ellos no se requerirá forma escrita», y el numeral 1 del artículo
125 del Estatuto Orgánico del Sistema Financiero que
«[c]uando el banco pague cheques por valor superior al saldo
de la cuenta corriente, el excedente será exigible a partir del
día siguiente al otorgamiento del descubierto, salvo pacto en
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contrario».
Si bien, en principio, una cobertura así se erige en una
conducta discrecional de la entidad financiera, antes que
considerarlo un despropósito resulta necesario aceptar que
cuando ha sido reiterada en el tiempo, constituye una
verdadera obligación de suministro del crédito en aplicación
de la «doctrina de los actos propios» que exige un
comportamiento coherente con el que ha asumido
previamente en virtud de la confianza razonable que las
personas depositan en ella, y su inobservancia podría
generar diversas consecuencias como «la reparación de los
daños causados por la infracción del deber jurídico en esos
términos asumido y por la vulneración de los intereses
legítimos de aquel cuya confianza se vio defraudada» (CSJ
SC10316-2014). Con mayor razón si obedece a un «cupo de
sobregiro» establecido por cualquier medio, el cual solo podría
ser revocado unilateralmente observando una justa causa,
comunicada con antelación, sin perjuicio de los casos en que
la decisión se torne inaplazable por el riesgo serio y fundado
de que el banco pierda los recursos.
Lo anterior no obedece a que el pago en descubierto
represente per se para el cuentacorrentista la posibilidad
objetiva de disponer de esos dineros por un tiempo
significativo, pues la propia ley dispone que «el excedente será
exigible a partir del día siguiente al otorgamiento del
descubierto, salvo pacto en contrario», y a renglón seguido
agrega que «[e]l crédito así concedido ganará intereses en los
términos previstos en el artículo 884 del Código de Comercio»
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(art. 125 EOSF), sino como un instrumento para evitarle
efectos adversos como la pérdida de la confianza de los
tenedores de los cheques que ha emitido al no ver
solucionada la obligación que incorporan; la sanción
comercial del 20%, establecida en el artículo 73123 para el
librador de un instrumento no pagado por su culpa; o la
acción punitiva prevista en el artículo 248 del Código Penal
por «emisión ilegal»24..
Por otra parte, el contrato de apertura de crédito
previsto en el artículo 1400 del Código de Comercio,
consistente en «el acuerdo en virtud del cual un
establecimiento bancario se obliga a tener a disposición de
una persona sumas de dinero, dentro del límite pactado y por
un tiempo fijo o indeterminado», de conformidad con el
siguiente precepto (1401) puede adoptar las modalidades
«fija» y «rotatoria», la última de las cuales engendra el «crédito
rotativo», mediante el cual el cliente tiene un cupo
determinado durante la vigencia del contrato, el cual puede
reutilizar las veces que quiera en la medida que lo vaya
reestableciendo mediante abonos, como sucede con las
tarjetas de crédito.
Como requisito de existencia, este contrato bancario
23 El librador de un cheque presentado en tiempo y no pagado por su culpa abonará
al tenedor, como sanción, el 20% del importe del cheque, sin perjuicio de que dicho
tenedor persiga por las vías comunes la indemnización de los daños que le ocasione.
24 El que emita o transfiera cheques sin tener suficiente provisión de fondos, o quien
luego de emitirlo diere orden injustificada de no pago, incurrirá en prisión de dieciséis
(16) a cincuenta y cuatro (54) meses, siempre que la conducta no constituya delito
sancionado con pena mayor (inc. 1).
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debe celebrarse por escrito en el que debe constar su cuantía;
y si no tiene fijado término de duración, se entiende
indefinido, caso en el cual «cada una de las partes podrá
terminar[lo] mediante el preaviso pactado o, en su defecto, con
uno de quince días» (inc. 1, art. 1406 comercial), mientras que
si se ha estipulado un plazo, el establecimiento de crédito no
podrá finalizarlo antes de que venza, salvo acuerdo en
contrario (art. 1406 íd.). Se añade que es posible utilizarlo a
través de la cuenta corriente, es decir, que el cliente está
facultado para hacer uso de su cupo librando cheques con
cargo a los recursos concedidos mediante el crédito allí
depositado.
Finalmente, la negociación de remesas es un servicio
acorde con el cual el banco abona a la cuenta del cliente el
valor de los cheques de otras plazas o sucursales
inmediatamente son consignados, conforme al cupo que
disponga, con la consecuencia lógica que aquél deberá
solucionar su importe si resultan impagos.
8.- El caso concreto
8.1.- Al confrontar la sentencia del Tribunal con el libelo
casacional, a la luz de la demanda genitiva del proceso, su
contestación y el material probatorio acopiado, la Corte
encuentra que, aunque se materializan algunos errores de
hecho, no son todos los denunciados ni los que se
demuestran tienen la magnitud y trascendencia suficientes
para llevar al quiebre que los recurrentes anhelan.
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8.2.- Al efecto, lo primero que corresponde advertir es
que el argumento contenido en el segundo cargo sobre la falta
de contestación en debida forma de algunos hechos de la
demanda, en particular el 29 y el 14, por el que se reclama
la consecuencia de tenerlos por ciertos al tenor de los
artículos 96 y 97 del Código General del Proceso, no puede
ser atendido porque adolece de dos defectos esenciales de
técnica, cada uno de ellos suficiente para descartarlo.
Por un lado, debido a que se trata del planteamiento de
un «error de derecho», en cuanto se queja de la inaplicación
de unas reglas de carácter probatorio, indebidamente
introducida en un cargo anunciado por la senda del error de
hecho cuya esencia radica en la preterición, cercenamiento o
protuberante tergiversación de una prueba o su invención
por parte del juzgador.
El otro motivo que impide examinar de fondo esta
inconformidad consiste en que al resolver la apelación en que
la parte demandante le planteaba similares reparos en
relación con al menos 13 hechos que incluían los aquí
invocados, a partir de la verificación puntual de la réplica que
allegó Bancolombia el Tribunal ofreció unos argumentos que
lo llevaron a concluir que «las manifestaciones contenidas en
el memorial de contestación a la demanda, son lo bastante
explicativas y profundas, para encontrar en ella una postura
defensiva suficiente, lo que imponía al Juzgador resolver sobre
la misma y entender como formuladas las excepciones de
mérito que en términos específicos constituyen una oposición
a los pedimentos y a los hechos» (destacado original); sin
Radicación n° 05001 31 03 001 2016 00567 01
51
embargo, la censura no se ocupó de desvirtuar esas
motivaciones, sino que desentendida de ellas retomó su
inconformidad como si se tratara de un alegato de instancia
en procura de hacer prevalecer su criterio sobre la manera
como el convocado debió replicar los hechos para no sufrir
efectos probatorios adversos.
8.3.- Dicho lo anterior, con el fin de situar el debate en
la dimensión precisa que le corresponde, resulta necesario
fijar las conductas constitutivas de abuso del derecho contra
Produtex que los accionantes endilgaron a Bancolombia en
el pliego introductor.
Al efecto, lo primero que se observa es que la variedad
de comportamientos que se le reprochan al demandado en el
hecho 15 del pliego inicial en concordancia con la pretensión
3.1. queda acotada a la suspensión del crédito rotativo y de
la negociación de remesas, así como a «la disminución
sustancial» del sobregiro. La devolución de cheques y la
«suspensión de créditos para pago de IVA y retención» se
enmarcan en los anteriores, en tanto, tal como está
planteado el litigio, la primera es una consecuencia de la
carencia de fondos en la cuenta, mientras que los impuestos
eran solventados con aquellos empréstitos.
El Tribunal identificó cada una de esas conductas como
constitutivas de la reclamación indemnizatoria, y de manera
general aceptó su configuración para enseguida justificarlas
por la pluralidad de razones que ya se reseñaron, amén de
que no las halló inesperadas, pues consideró demostrado que
Radicación n° 05001 31 03 001 2016 00567 01
52
Produtex fue puesta al tanto de las mismas.
Por consiguiente, que a principios de 2008 Bancolombia
disminuyó el cupo de sobregiro y suspendió el crédito rotativo
y la negociación de remesas no son motivos de discusión en
esta sede, amén de que los elementos acopiados respaldan
de manera plausible esa conclusión, toda vez que al
contestar el hecho 15 de la demanda que los refería el banco
aceptó de manera general que, en efecto, tomó «medidas»,
aunque sin precisar cuáles; por su lado, el representante
legal de la entidad confesó la aminoración del sobregiro y, en
general, de manera consistente los accionantes y los testigos
Alba María Naranjo Giraldo y Adolfo Antonio Salvatierra
González dan cuenta de esta circunstancia.
Por supuesto que la aceptación de tales procederes
presupone la admisión de la existencia de cada una de esas
modalidades de crédito sobre las que recayeron, siendo
pertinente advertir que la confesión del representante legal
de la demandada permite saber que para la época de los
hechos (2008) los cupos eran de aproximadamente
$120’000.000 para el sobregiro y de $100’000.000 para el
rotativo, en lo que respalda la versión de los promotores, sin
que haya prueba adicional sobre otras particularidades
contractuales, amén de ninguna en torno a la negociación de
remesas.
Otro aspecto indiscutido tiene que ver con la antigüedad
de la relación en que se enmarcaron esos beneficios
financieros, que el Tribunal aceptó cuando refirió el hecho
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que las partes sostuvieron «relaciones comerciales durante un
tiempo prolongado en un servicio financiero recíproco» y más
adelante señaló que el comerciante pretendía que el banco
hiciera de lado el estudio de riesgos «dada la larga trayectoria
comercial».
Esta deducción probatoria también tiene un plausible
respaldo desde los prolegómenos del pleito, pues en el escrito
inicial se dio cuenta del vínculo de Produtex y sus accionistas
con Bancolombia durante más de 20 años y, en general, del
apoyo financiero que les proporcionó (hechos 6, 9, 10),
aspecto que la entidad admitió al dar contestación y anexar
sendos pagarés datados en los años 1984 y 1994.
Cuestión distinta es el significado que a esa prolongada
relación se le otorgue, porque en los dos casos en que el
Tribunal la dio por establecida lo hizo para desestimar que
ello se tradujera en la obligación del banco de informar el
cambio de gerente regional en el año 2008 o de «desembolsar
créditos rotativos» o «fuertes sumas de dinero», en atención a
los motivos con que lo justificó.
Precisamente, los actores edifican la demanda
inaugural del pleito, sostienen en las instancias y reafirman
en el libelo casacional, que la antigüedad del vínculo en
mutuo beneficio daba a su empresa el derecho a continuar
recibiendo el apoyo que durante los años previos le brindó
Bancolombia para sus fines comerciales y a que no se
suspendiera abruptamente, pues en él había cimentado su
operatividad, todo ello en el marco de la buena fe contractual
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y el respeto de los actos propios que el organismo financiero
debió observar, para lo cual postulan que la terminación
unilateral del sobregiro debió estar precedida de un preaviso
de 15 días, conforme al artículo 1406 mercantil.
Efectivamente el Tribunal incurrió en un dislate de
apreciación, al deducir de la carta que el 11 de agosto de
2008 Calle Trujillo dirigió al presidente de Bancolombia que
las «medidas» adoptadas no fueron «abruptas», pues,
acudiendo a su literalidad como primer recurso
interpretativo, el escrito no indica que previamente le hubiese
sido comunicada la variación de la política de crédito con
esas implicaciones deletéreas para las líneas de que Produtex
se beneficiaba; y si en gracia de discusión se admitiera lo
contrario, en todo caso no podría asumirse anterior a los
cambios repentinos que se denuncian, es decir, a principios
de ese año. En el mismo sentido, la declaración del
representante legal de la entidad financiera, atinente a que
en las sucursales se informó a los clientes, no podría ser
suficiente para demostrar la notificación, pues no aparece
corroborada por otros medios donde conste esa
circunstancia.
En este punto, es oportuno anotar que si bien es cierto
la ponderación sobre la existencia del ejercicio abusivo de un
derecho es cuestión que está deferida a la soberanía del juez
de instancia, no menos lo es que si su exclusión estuvo
determinada por un error como el señalado, bien puede
renovarse la valoración en sede casacional, pues de acuerdo
con los parámetros dados en el acápite dogmático, no es lo
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mismo que medie una notificación de la terminación por una
causa justificada y señalando un plazo razonable del crédito
que se venía concediendo perennemente, a que simplemente
se produzca de facto.
Puestas las cosas en la perspectiva planteada, la Corte
establece que sí se materializó un abuso del derecho por
parte de Bancolombia a raíz de la terminación repentina de
de los servicios financieros que puntualmente prestaba a
Produtex sin que estuviera en mora en sus obligaciones, tal
y como reconoció el representante legal de aquella, pues no
le comunicó la decisión; menos aún, le indicó un plazo
prudencial en el cual la haría efectiva, como el de 15 días que
prevé el artículo 1406 del Código de Comercio para finalizar
el contrato de apertura de crédito cuya vigencia temporal no
se ha preestablecido, que a falta de norma expresa o acuerdo
para los casos de la negociación de remesas y del cupo de
sobregiro, puede aplicarse analógicamente.
El juzgador de instancia señaló unos hechos que a su
juicio justificaron esa determinación, como la difícil situación
con Venezuela y la desaceleración de la economía con
repercusión negativa en el sector textil, amén de que no
encontró creíble la solidez económica que los accionantes
pregonaban de Produtex, de los que a su juicio no podría
desentenderse el demandado en su condición de banco
comercial; empero, la Corte no advierte que fueron
circunstancias repentinas que hicieran inaplazable la
adopción del cambio de políticas crediticias por la
recalificación de los factores de riesgo, en la medida que
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daban la posibilidad de materializarlas prudentemente,
máxime que no se está hablando de un término dilatado, sino
de 15 días. En tal dirección, se destaca que no se trata de
eventualidades de insolvencia de la empresa que pusieran al
banco en evidente trance de perder el dinero que le prestara
por sobregiro y crédito rotativo, sino de una modificación de
la apreciación del riesgo financiero derivada de otros motivos
que admitían un trato prudente; tan cierto es que conforme
se ha dicho y se reiterará más adelante, a final de año le
desembolsó sumas sustancialmente mayores a las que se
discuten por esos conceptos.
En consecuencia, la arbitrariedad de la actuación no
deviene de la falta de motivaciones para la reducción o
suspensión de las disponibilidades de que gozaba Produtex,
que incluso el banco se podría haber ahorrado dar en la
medida que a falta de un término estipulado estaba facultado
para hacerla unilateralmente, sino de que pudiendo
realizarla previa notificación y fijación del breve plazo
señalado, optó por materializarla de facto.
Los recurrentes subrayan que el proceder fue arbitrario
porque no se aplicó a ninguna otra empresa del sector textil,
conforme coligen de lo que manifestó el funcionario de
Bancolombia; sin embargo, tal razonamiento se ve truncado
por la falta de prueba de que en efecto esta entidad tuviera
con otras textileras alguna relación comercial de las mismas
características a la que tenía con la compañía aquí referida.
8.4.- Por otra parte, es pertinente señalar que el
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Tribunal vio el reporte que Leasing Bancolombia hizo a las
centrales de riesgo en contra de Produtex en relación con la
obligación No. 40593C400000000000, conforme aparece
reflejado en la constancia expedida por Datacrédito, pero no
advirtió que ésta proporciona una información similar frente
a la obligación No. 59271C400000000000, por lo que
incurrió en un error apreciativo por cercenamiento de una
prueba.
Empero, no puede achacársele que haya desconocido la
confesión del representante legal de Bancolombia en el
sentido que hasta septiembre de 2008 Produtex no tenía
ningún crédito en mora con Bancolombia ni el certificado de
existencia y representación legal que da cuenta que éste
absorbió a Leasing Bancolombia (2016), entidad que realizó
los reportes, pues no fue por ello que a la conducta que
admitió no le dio ninguna consecuencia indemnizatoria, sino
porque no halló demostrado que tuviera la secuela de llevar
a la liquidación de la textilera.
Evidentemente no dio ninguna calificación al reporte
que sí reconoció, el que aunado al que no oteó y a falta de
justificación, también puede ser catalogado como
constitutivo de abuso del derecho.
8.5.- Sobre la naturaleza del abuso del derecho que se
acaba de establecer por la reducción abrupta del crédito por
sobregiro y la terminación del rotativo, así como por los
reportes injustificados, la Corte estima que se enmarca en un
ejercicio imprudente, pues no advierte la intención que la
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censura le adjudica de destruir a la textilera, no solo porque
por principio constitucional y legal la buena fe se presume y
no hay prueba puntual que la desvirtúe, amén de que las
razones dadas por el Tribunal para justificar esas conductas
no son desafortunadas, sino porque en un escenario de mera
presión con fines torticeros no tiene explicación que a finales
del año 2008 el banco no solo le refinanció sustanciales
obligaciones ($1.272’856.857), sino que le prestó
$205’000.000 para capital fresco de trabajo, monto éste que
supera el que previamente le había negado por aquellos
conceptos. Así se desprende de manera incontrovertible de
los pagarés suscritos y las repuestas que Calle Trujillo dio en
su interrogatorio, en lo que no anduvo mal encaminado el
Tribunal cuando así lo corroboró, con lo que de paso se
descarta la persistente queja de la parte actora en el sentido
que Bancolombia no le brindó la ayuda que su presidente les
ofreció el 28 de septiembre de ese año al responderle su
misiva de 11 de agosto anterior.
8.6.- Por otra parte, esta Sala no advierte ningún yerro
manifiesto en la inferencia del Tribunal sobre la inexistencia
de la invocada oferta de Bancolombia de recibir en pago el
inmueble, que al decir de los casacionistas no solo liberaría
a Produtex de sus obligaciones con esa entidad sino que le
proporcionaría un capital de trabajo de aproximadamente
2000 millones de pesos, pues no resulta contraevidente.
En efecto, si bien es cierto el juzgador no observó que
los demandantes y los terceros Luis Carlos Pineda, Alba
María Naranjo Giraldo y Paula Marcela Arias Ceballos dan
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cuenta del ofrecimiento, la omisión no tiene la trascendencia
que reclama la censura, pues amén de la natural reserva con
que se reciben tales declaraciones por provenir de los
directos interesados y de quienes fueron sus empleados, a
éstos no les consta el hecho porque son testigos de oídas y
no resultaron corroborados por Adolfo Antonio Salvatierra
González, gerente financiero de Produtex, el único que habría
tenido conocimiento directo, quien no solo manifiesta que fue
su empresa la que realizó la propuesta sino que su manejo,
amén de verbal, se produjo mediante el intercambio de
correos electrónicos; sin embargo, ninguno de estos
documentos fue aportado, constituyéndose en un indicio en
contra de la parte demandante (art. 241 del Código General
del Proceso). En tales circunstancias, no podría asumirse
confirmada la versión de los accionantes, cuyo solo dicho es
insuficiente por enfático que sea.
No es lo mismo que la iniciativa proviniera de
Bancolombia, como reiteradamente sostuvo la parte actora
al decir que Produtex estaba lista para entrar en la
reestructuración prevista en la Ley 1116 de 2006 y no lo hizo
atendiendo el ofrecimiento de aquella y a la espera que se
concretara, a que como ha quedado establecido tuviera
origen en la propia textilera, pues, además de que en relación
con la situación concreta descarta la creación de falsas
expectativas, devela la alegación imprecisa de hechos por
parte de los accionantes.
De conformidad con lo anotado, ante la falta de prueba
de la existencia de alguna oferta que vinculara a
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Bancolombia con la intención de recibir en pago el inmueble,
carece de trascendencia que al responder su interrogatorio
Calle Trujillo no refiriera que Produtex no estuvo dispuesta a
entrar en el trámite de reorganización empresarial, sino en el
de liquidación; que el acta #10 de la asamblea de accionistas
de 27 de marzo de 2009 da cuenta que se designó a su
gerente para continuar las gestiones tendientes a
materializar aquella gestión; que el embargo del inmueble
hipotecado demostraba la falta de interés serio de
Bancolombia en concretar esa negociación; que la carta de
una extrabajadora a la Superintendencia de Sociedades
apenas deprecaba una visita prioritaria por temor a perder
sus prestaciones sociales; o que la testigo María del Consuelo
Ceballos Marín explicó que el retiro de elementos de la
empresa no tenía el fin de acabarla y de constituir otra, sino
de hacer pagos en especie a acreedores.
8.7.- En este punto, con los matices señalados, se
puede concluir que en efecto Bancolombia incurrió en un
abuso del derecho frente a Produtex por ejercicio imprudente
e intempestivo de la facultad de reducir el cupo de sobregiro
y terminar el crédito rotativo y la negociación de remesas sin
que existiera mora en las obligaciones, pues no hizo la
notificación ni señaló un plazo razonable para materializar
las medidas, aún en el escenario que tuviera motivos para
adoptarlas, en cuanto, se reitera, no eran absolutamente
inaplazables, sino que daban margen para obrar en
consideración al interés de la deudora; igualmente al
reportarla a las entidades de riesgo sin que tuviera
obligaciones pendientes. No así en relación con la supuesta
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oferta de recibir en pago el inmueble.
8.8.- Sin embargo, la mera corroboración de las
precitadas conductas con la connotación de abuso del
derecho es insuficiente para predicar que en efecto surgió la
obligación de indemnizar, pues bien puede suceder, como en
multiplicidad de casos que a diario se presentan, que por
reprochable que sea un comportamiento no trascienda la
responsabilidad civil, como cuando de manera imprudente o
dolosa se conduce un automóvil, dispara un arma o enciende
un fuego, mientras no se establezca debidamente que ello
constituyó la causa del daño que sufrió el demandante.
En tal sentido, cabe memorar que, en lo esencial, el
Tribunal encontró configurados los comportamientos
denunciados, aunque a diferencia de acá, no consideró que
constituyeran un abuso del derecho; sin embargo, también
extrañó el nexo de causalidad entre aquéllos y el daño por el
que necesariamente pasa la reclamación indemnizatoria que
aquí se ventila, consistente en el hecho indiscutido que la
sociedad Produtex fue liquidada, inferencia en la que la Corte
no encuentra ningún yerro trascendente que amerite el
quiebre de la sentencia recurrida.
Al efecto, lo primero que resulta pertinente aclarar es
que si bien la reclamación aquí tramitada deriva de una
relación contractual de carácter financiero entre
Bancolombia y Produtex, deviene en extracontractual
respecto de los demandantes porque no fueron parte directa
de ese vínculo obligacional, sin perjuicio del que a título
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personal hayan tenido, que no es materia de este proceso,
máxime que el fundamento consistente en «haber iniciado
proceso ejecutivo en contra de Jorge Hernán Calle y Liliana
María Navarro Mejía por obligaciones inexistentes a su cargo»
desapareció del panorama litigioso desde que con efectos de
cosa juzgada se declaró probada la excepción de transacción,
en tanto con ese acuerdo renunciaron a reclamar
indemnización alguna por ese hecho. No está de más señalar
que si bien en la demanda se dice que dicho convenio fue una
imposición propia del ejercicio abusivo del derecho, no es un
punto que se haya debatido en las instancias ni que se
sostenga en casación.
En segundo lugar se observa que, desde la perspectiva
del demandante Calle Trujillo al absolver el interrogatorio de
parte, la supuesta dilación de Bancolombia para resolver
sobre la dación en pago del inmueble fue la «gota que rebosó
el vaso» dentro de la cadena de conductas lesivas que según
su criterio condujeron a la liquidación de Produtex, mientras
que la demanda de casación es tajante en señalar las
circunstancias referidas en cada cargo como suficientes para
ese resultado, lo cual es relevante porque en el primer caso,
si la conducta no se produjo, de entrada quedaría descartada
la causalidad, mientras que en el segundo,
independientemente de la creación de esas falsas
expectativas, bien podría haberse llegado al mismo resultado
con el acaecimiento de los demás comportamientos que se
encontraron probados.
Pues bien, la Corte no observa ningún despropósito en
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el razonamiento del Tribunal que, partiendo de la base del
indebido reporte negativo a las centrales de riesgo de una
obligación , señaló que de ahí a predicar que fue la causa del
fracaso de Produtex hay un largo trecho probatorio que la
parte demandante no recorrió, máxime que se originó en
2006, año en el que de conformidad con la causa petendi la
compañía estaba en vía de recuperase de la crisis previa, a lo
que se agrega que tampoco hay prueba que esa actuación
tuviera el efecto que alguna entidad financiera le negara un
crédito que fuera determinante en su supervivencia o
hubiese sido el desencadenante de alguna de las acciones
ejecutivas que se le siguieron, cuyo grueso se produjo en
2009. Aunque el ad quem no tuvo en cuenta el reporte
relacionado con la segunda obligación, incluso teniéndolo, la
conclusión es igual, en cuanto ambos tienen un carácter
similar.
Tal y como llama la atención el libelo casacional, la Sala
no ignora que los demandantes y los testigos Alba María
Naranjo Giraldo y Adolfo Antonio Salvatierra González, e
incluso Luis Carlos Pineda, indicaron que la liquidación de
Bancolombia también tuvo origen en la suspensión de los
créditos. Sin embargo, no encuentra que ello constituya una
prueba fehaciente de dicha consecuencia, pues si bien en
nuestro sistema campea la libertad probatoria, no menos
cierto es que una situación de índole técnica no puede
librarse a la declaración de algunas personas que desde
diversas perspectivas, que por lo demás deben recibirse con
precaución por su cercanía con el extremo interesado,
señalan ese resultado.
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Por supuesto que los declarantes estuvieron en la
médula de la sociedad como socios y empleados o
contratistas del Produtex, pero a más de su versión no
aportan ningún fundamento técnico que en realidad lleve a
concluir que la debacle tuvo como causa eficiente las
conductas que Bancolombia desplegó.
En ese sentido, no bastaba afirmar el hecho, sino que
era necesario que desde disciplinas como la economía y la
contabilidad se hiciera esa demostración, en lo que no se
avanza un ápice con el dictamen pericial allegado con la
demanda que se limitó a repetir la misma conclusión sin
realizar ningún examen profundo que la sustentara con base
en la situación financiera de la compañía y las variables que
estimara pertinente tener en cuenta.
Por el contrario, no se advierte cómo la disminución del
cupo de un sobregiro que en el peor de los casos ascendió a
$60’000.000 y la suspensión de un crédito rotativo de
$100’000.000, del que no se sabe cuánto estaba copado
cuando se produjo, todo ello en 2008, pudiera llevar a la
cesación de pagos de obligaciones que para cuando la
compañía entró en la liquidación (2009) ascendían a varios
miles de millones de pesos. El tema de la suspensión de la
negociación de remesas quedó sin concreción alguna.
Por supuesto que se puede especular sobre una cascada
de situaciones originadas en esa circunstancia, pero ello
carece de cualquier soporte racionalmente aceptable, cuando
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podría argumentarse en sentido contrario, como lo dijo el
Tribunal, es decir, que la necesidad de acudir a esos créditos
era signo de que el estado financiero de la compañía era
malo, máxime que el sobregiro, en cuya merma la parte
actora centra gran parte de su inconformidad, se reitera,
literalmente apenas constituía solución de un día, que quizá
evitaba otras consecuencias indeseables, pero que desde el
punto de vista de inyección de capital de trabajo no tenía
mayor trascendencia.
Lo anterior con mayor razón cuando se presentaron
otras explicaciones para ese resultado, entre las que destaca
la ejecución promovida por Bancolombia contra Aerotex S.A.
y sus socios, referida en la demanda inaugural de manera
reiterada, en la carta de Calle Trujillo al presidente de aquella
entidad, en la citada acta No. 10 de Produtex y en la
información que Marcelo Calle Navarro dio a la
Superintendencia de Sociedades sobre el tema, pues si se
admitiera como válida, escapa de la órbita del presente
proceso en la medida que los actuales demandantes
renunciaron a la reclamación de perjuicios derivada de esa
actuación.
Dentro de la seguidilla de causas a las que se atribuye
la liquidación, Calle Navarro también menciona en esta
última comunicación que la cartera de su compañía se vio
afectada en un 40% «por la cesación de pagos de Venezuela a
Colombia desde aproximadamente mayo del año 2008» y a
que «Bancolombia a partir del mes de noviembre del año
2008, le cerró los créditos…» (se destaca). Igualmente, a la
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supuesta oferta no honrada de recibir en pago la bodega, que
como ya se dijo no se encuentra probada.
Lo anterior evidencia la pluralidad de situaciones a las
que se atribuye el resultado fatal de Produtex, que impiden
dar credibilidad a la mera versión de la parte demandante y
los testigos que citó, carentes de cualquier respaldo sólido.
Menos aún en un escenario en el que los propios
accionantes reconocen la existencia de una cartera creciente
precisamente por los problemas de recaudo, y que a finales
del año 2008 Bancolombia debió refinanciar una deuda de
$1.272’856.857 e incluso entregó $205.000.000 como
recursos frescos, monto este que por sí solo superó las sumas
dejadas de erogar previamente por el cambio de política de
riesgo, en las que se centró la discusión.
8.9.- Por último, se observa que la adjudicación del
inmueble con matrícula No. 001 776627, que los
demandantes transfirieron a Produtex en marzo de 2009, se
produjo en el marco de una liquidación judicial obligatoria
cuya causa, según se vio, no puede atribuirse a
Bancolombia; tampoco hay prueba que allí hayan objetado el
avalúo que sirvió de base, amén de que, según lo reconoció
Calle Trujillo, los derechos de cuota de los que con su esposa
resultaron beneficiarios en calidad de acreedores laborales
los transfirieron a un tercero con base en ese justiprecio, lo
que refleja su conformidad con el mismo. Por consiguiente,
no podría abrirse camino la indemnización que reclaman por
el supuesto menor valor en que se habría producido dicho
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acto en relación con el precio comercial del bien.
Otro tanto cabe decir en relación con el indebido reporte
de Produtex a las centrales de riesgo, pues, para que hubiese
lugar a la indemnización que los recurrentes reclaman a
nombre propio, era necesario que demostraran que la
liquidación judicial se produjo a raíz de la actuación indebida
de Bancolombia, lo que no sucedió.
Tampoco podrían ser resarcidos los daños
extrapatrimoniales, morales y a la vida de relación, en la
medida que la causa inmediata del menoscabo no es
atribuible a Bancolombia, pues no se probó que su actuación
fuera el origen del colapso de la empresa textil.
9.- Por consiguiente, no se casará la sentencia acusada,
con la consecuente condena en costas a la parte recurrente,
conforme lo dispone el inciso final del artículo 349 del Código
General del Proceso, teniendo en cuenta que no hubo réplica
al libelo casacional.
IV.- DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia,
administrando justicia en nombre de la República y por
autoridad de la ley, NO CASA la sentencia proferida el 28 de
julio de 2022 por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín en el proceso declarativo que
Jorge Hernán Calle Trujillo y Liliana María Navarro Mejía
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adelantaron contra Bancolombia S.A.
Costas a cargo de la parte impugnante
Inclúyase por concepto de agencias en derecho el
equivalente a cinco salarios mínimos legales mensuales
vigentes que fija el Magistrado Ponente.
En su oportunidad, devuélvase virtualmente el
expediente digitalizado a la Corporación de origen.
NOTIFÍQUESE
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
Presidente de Sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Hilda González Neira
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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en artículo 103 del Código General del Proceso y el artículo 7 de la ley 527 de 1999
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