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OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
Magistrado Ponente
SC593-2025
Radicación n° 05001-31-03-020-2021-00127-01
(Aprobado en sesión de trece de marzo de dos mil veinticinco)
Bogotá D.C., ocho (8) de abril de dos mil veinticinco
(2025).
Decide la Corte el recurso de casación interpuesto por
Gutiérrez Group S.A.S. frente a la sentencia de 12 de julio de
2023, proferida por la Sala Civil del Tribunal Superior del
Distrito Judicial de Medellín, en el proceso verbal que
promovió contra Revell S.A.S. y Justin Coggins Callen.
I. EL LITIGIO
1. La accionante pidió declarar que Revell S.A.S.
incumplió un contrato de joint venture y condenarla a pagarle
$15’895.239 de daño emergente, $2.000’000.000 de lucro
cesante, $540’000.000 de
cláusula penal
e interés de mora
y/o indexación. En subsidio, declarar que Justin Coggins
Callen es civil y extracontractualmente responsable e
imponerle esas condenas.
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Expuso que es una empresa dedicada al desarrollo de
proyectos inmobiliarios en Medellín, por lo que buscó
construir el complejo hotelero “Mr. Odd” y se interesó en los
predios de la Carrera 35 n.° 7-108 y n.° 7-100 de Revell
S.A.S., cuyo único accionista es Justin Coggins Callen.
Agregó que el 28 de septiembre de 2020 celebró un joint
venture con Revell S.A.S., quien se obligó a aportar esos
predios e invertir los recursos humanos y económicos
requeridos para desarrollar el proyecto, a la vez que autorizó
a su representante legal, Julián Andrés Hoyos Isaza, a firmar
el contrato y transferir los inmuebles donde se construiría el
hotel. Por su parte, Gutiérrez Group S.A.S. constituyó a Mr.
Odd S.A.S., y avanzó en la preparación de la obra, elaboró
contratos de fiducia, estructuró financieramente el proyecto
con unidades de inversión y vinculó inversionistas y
contratistas. Sin embargo, Revell S.A.S. no firmó la fiducia ni
transfirió los lotes al fideicomiso y obstaculizó el proyecto.
Por su lado, Justin Coggins Callen indicó que incumpliría y
buscaría otros negocios.
2. Los demandados alegaron que la tradición de los
bienes hacía parte de la etapa de construcción y cuando se
presentó la demanda el proyecto estaba en la fase
preconstructiva, según el núm. 5º, literal b) de la cláusula
quinta. Agregaron que la accionante modificó el negocio y
deshonró el deber de información. Revell S.A.S. no responde
por los actos de Justin Coggins Callen, quien no la
representa y carece de legitimación en la causa.
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3. Mediante reconvención, Revell S.A.S. pidió resolver el
negocio por incumplimiento de Gutiérrez Group S.A.S. y que
esta le pague $20’000.000 por frutos y mejoras de los predios
hasta su devolución, $540’000.000 por
cláusula penal
y le
restituya $55’626.752, todo con indexación.
4. Gutiérrez Group S.A.S. se opuso y dijo que Revell
S.A.S. fue quien incumplió. Por ello, alegó «[c]ontrato no
cumplido» e «[i]mprocedencia del pago de frutos y mejoras, del
reconocimiento de
cláusula penal
y reintegros de dineros».
5. El juzgado Veinte Civil del Circuito de Medellín, en
fallo de 5 de octubre de 20221, decidió:
Primero: Declarar no probadas las excepciones de mérito
formuladas por la sociedad Revell S.A.S frente a la demanda
principal y parcialmente próspera la objeción al juramento
estimatorio formulada por la misma sociedad con relación al lucro
cesante consolidado y futuro, pretensión indemnizatoria que se
desestima, conforme lo expuesto.
Segundo: Conceder parcialmente las pretensiones de la
demanda principal incoada por Gutiérrez Group S.A.S. contra
Revell S.A.S., con fundamento en lo expuesto.
Tercero: Declarar civil y contractualmente responsable a Revell
S.A.S. por los daños y perjuicios causados a Gutiérrez Group
S.A.S.
Cuarto: En consecuencia, se condena a la sociedad demandada,
Revell S.A.S al pago de las siguientes sumas de dinero: 1. La
suma de $540.000.000, por concepto de la
cláusula penal
pactada en el contrato de Joint venture; y 2. La suma de
$340.059.050 por concepto de daño emergente consolidado,
monto que fue indexado a la fecha de esta sentencia.
1 0006 CuadernoPrincipal1Parte6.pdf. Páginas 181 a 183.
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Quinto: Condenar en costas a Revell S.A.S. en favor de Gutiérrez
Group S.A.S. con relación a la demanda principal. Por concepto
de agencias en derecho se fija la suma de $26.401.771.
Sexto: Desestimar las pretensiones de la demanda de
reconvención formuladas por Revell S.A.S. contra Gutiérrez Group
S.A.S. por falta de acreditación de los presupuestos axiológicos.
Séptimo: Condenar en costas a Revell S.A.S. en favor de
Gutiérrez Group S.A.S. con relación a la demanda de
reconvención. Por concepto de agencias en derecho se fija la
suma de $18.468.802. La condena en costas fue parcial de
conformidad con la regla 5ª del artículo 365 del C.G.P.
6. Al resolver la alzada de ambas partes, en sentencia
de 12 de julio de 2023, el Tribunal revocó los cinco primeros
ordinales de la resolutiva, negó las súplicas de la demanda
principal y confirmó los restantes.
II. LA SENTENCIA IMPUGNADA
a). El desarrollador del joint venture podía definir el
vehículo jurídico para llevar a cabo el proyecto inmobiliario,
cuya fase preconstructiva vencía el 28 de julio de 2021, en la
cual Revell S.A.S. debía firmar la fiducia, pero las notas
enviadas en enero y febrero por Justin Coggins, su único
accionista, revelaron incumplimiento, lo cual facultó a
Gutiérrez Group S.A.S. para demandar y reclamar perjuicios.
b). La parte convocada aduce que el joint venture tenía
cláusulas ambiguas y debían ser interpretadas en contra del
desarrollador, al ser quien las redactó, pues la voluntad de
las partes era que, de consuno, optarían por una fiducia o
sociedad para estructurar el proyecto, fórmula jurídica a
convenir en la fase de construcción. Cuando inició la acción
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no se había cumplido esa condición, ni vencido el plazo.
Luego, se pidió antes de tiempo.
c). Según el artículo 1546 del Código Civil, el
contratante cumplido puede forzar el acuerdo u optar por su
resolución y, en cualquier caso, pedir perjuicios.
d). Es cierto que el desarrollador del proyecto debía
escoger la estructura legal para ejecutarlo a partir de criterios
jurídicos, financieros y contables. Como optó por una fiducia
en administración era lógico, según las reglas de la
experiencia, formalizarla en la fase preconstructiva que
vencía el 28 de julio de 2021. Antes de la extinción de ese
plazo, Gutiérrez Group S.A.S. no podía demandar el
incumplimiento de ese deber por Revell S.A.S.
e). El intercambio de comunicaciones entre Justin
Coggins Callen, único socio de Revell S.A.S., Gutiérrez Group
S.A.S. y Odd S.A.S., entre enero y febrero de 2021, no reveló
la voluntad de la sociedad demandada, pues el artículo 633
del Código Civil prevé que toda persona jurídica es una
ficción capaz de ejercer derechos y contraer obligaciones,
mientras que el artículo 98 del Código de Comercio agrega
que «la sociedad, una vez constituida legalmente, forma una
persona jurídica distinta de sus socios individualmente
considerados», lo cual coincide con el oficio 220-054019 de 6
de mayo de 2011 emitido por la Superintendencia de
Sociedades.
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f). Revell S.A.S. es una persona jurídica distinta de sus
socios, según el artículo 2º de la Ley 1258 de 2008. Luego, la
correspondencia de su único socio enviada a Gutiérrez Group
S.A.S., no la vinculó, de ahí el error el a quo que estimó lo
contrario. Aquel ente nunca expresó su intención de
deshonrar el acuerdo. De haberlo hecho entre enero y febrero
de 2021, ello no facultaba a su contraparte para pedir el
incumplimiento y el pago de perjuicios, al estar vigente el
plazo de la fase preconstructiva del proyecto. Los débitos
sujetos a condición o plazo no pueden exigirse antes de que
se cumpla aquélla o venza este, salvo que ocurra un hecho
que haga ver que el condicionamiento ha fallado, o se ha
acelerado la exigibilidad de la prestación.
g). La accionante asumió el incumplimiento a partir del
proceder de Justin Coggins Callen, quien no era el
representante de Revell S.A.S., lo cual determina la
revocatoria de la sentencia en cuanto declaró que esta
deshonró el trato por no constituir la fiducia ni realizar
cualquier otro débito que debiera cumplirse en la fase
preconstructiva del proyecto, por el no vencimiento del plazo.
Falta uno de los presupuestos de la acción resolutoria, sin
que sea relevante que, para la fecha del fallo, aún no se había
constituido el encargo fiduciario, pues esos elementos deben
concurrir cuando se activa la jurisdicción.
h). Según la cláusula tercera del contrato, los predios
se aportarían sin arrendatarios, gravámenes o limitaciones,
con paz y salvo de impuesto predial, contribuciones y
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servicios públicos. Esto, igual que la constitución de la
fiducia, sería cumplido en la etapa preconstructiva. Cuando
se presentó el libelo no había vencido el plazo para que Revell
S.A.S. devolviera el valor indicado en el hecho 38.
i). No proceden las súplicas subsidiarias porque cuando
se inició la acción estaba en curso la etapa preconstructiva,
en la cual debía formalizarse la fiducia. Solo después de
superada esa fase era dable saber qué perjuicios sufrió
Gutiérrez Group S.A.S. con el actuar de Coggins Callen.
j). Revell S.A.S. entregó $55’626.752 aun cuando,
según la cláusula tercera del contrato, el desarrollador
pondría al servicio del proyecto los recursos humanos y
económicos para su ejecución, lo cual incluía la fuerza de
trabajo administrativa, legal, técnica, de ingeniería y
arquitectura, de diseño, financiera, comercial, de venta y
posventa. Como ese valor hacía parte de los débitos de Revell
S.A.S., esta no puede solicitar su reembolso.
k). Al tenor de la cláusula quinta, Gutiérrez Group
S.A.S. obtendría los permisos y las licencias para realizar el
proyecto, pero no acreditó haberlo hecho, de ahí que
incumplió, según el artículo 1608, núm. 2º del Código Civil.
l). Según esa misma estipulación negocial, el
propietario tendría derecho a recibir copia de toda la
documentación del proyecto y esta sería suya si la obra no se
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realizaba por falta del punto de equilibrio. Según la cláusula
cuarta, el dueño podría revisar todos los soportes durante la
ejecución de la obra. Sin embargo, no se acreditó que Revell
S.A.S. le haya pedido documentos a Gutiérrez Group S.A.S.
o mostrado su deseo de estudiar las cuentas. Luego, no es
cierto que esta incumplió ese débito. Los $55’626.752 eran
obligaciones de Revell S.A.S. y no procede su reembolso. La
etapa preconstructiva vencía el 28 de julio de 2021. Por ello,
tampoco progresa el reproche de no estar en firme la licencia
de construcción, pues, para el 22 de junio de 2021, cuando
se elevó la reconvención, no había fenecido esa fase, sin que
se pueda aceptar, con el mismo criterio aplicado a la acción
principal, que se haya obtenido el 3 de noviembre de 2021.
Por lo tanto, se revocan los ordinales primero a quinto
de la resolutiva del fallo apelado y se confirma en lo demás
(fl. 122 a 165, cno. Tribunal, archivo digital n.° 008).
III. LA DEMANDA DE CASACIÓN
La accionante principal interpuso recurso de casación y
planteó tres (3) cargos, el inicial por la causal segunda y los
otros por la primera, los cuales serán desatados en ese orden.
CARGO PRIMERO
Alega la infracción indirecta de la ley sustancial ante la
falta de aplicación de los artículos 1546, 1551 al 1555, 1602,
1603, 1604, 1608, 1610, 1613, 1614, 1615, 1616, 2341 y
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2344 del Código Civil, artículos 822, 824, 832, 833, 834, 841,
844 y 870 del de Comercio, por errores de hecho probatorios.
Dice que no es cierto que Revell S.A.S. podía aportar los
bienes a la fiducia el 28 de julio de 2021, que sí hay prueba
de la manifestación de Revell S.A.S. sobre su intención de
deshonrar el joint venture y que las misivas cruzadas entre
enero y marzo de 2021 por Juan Darío Gutiérrez y Coggins
Callen sí comprometieron a la sociedad convocada, a pesar
de ser anteriores al 28 de julio de 2021.
Con ese fin, dice que el ad quem:
a). Tergiversó el contrato de joint venture y les dio a sus
disposiciones un alcance distinto, ya que este llevaba a
concluir que Revell debía transferir los bienes a la fiducia
cuando Gutiérrez Group S.A.S. lo requiriera, y no que ese
plazo se extendiera hasta el 28 de julio de 2021, que era el
último día pactado para la etapa preconstructiva, ya que
ninguna cláusula respalda esta conclusión.
El numeral sexto de las consideraciones del contrato
indica que el representante legal de Revell S.A.S. recibió
aprobación de la asamblea de accionistas para pactar el joint
venture y transferir los inmuebles a cualquier título de ser
necesario en la ejecución del acuerdo. La cláusula tercera lo
reiteró al decir que era parte fundamental del desarrollo del
proyecto, tanto así que prohibió que la propietaria pudiera
celebrar negocios sobre los bienes, ni cualquier otra clase de
gestiones que afectaran la ejecución del proyecto. El
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desarrollador debía definir y crear la estructura legal para
realizar la obra, así como escoger la mejor opción según
criterios jurídicos, financieros y contables.
Los predios debían estar disponibles para ser
transferidos cuando fuera necesario. El parágrafo inicial de
la cláusula tercera dijo que las partes, de buena fe,
colaborarían para que el proyecto fuera ejecutable en el
menor tiempo posible, pero el ad quem soslayó esa previsión.
Según la cláusula cuarta, Gutiérrez Group S.A.S.
administraría el proyecto y lideraría todas las gestiones
propias de su ejecución, con plena independencia y
autonomía profesional y técnica, tendría en cuenta su
experticia y contactos, a fin de llevarlo a buen término,
racionalizaría los recursos y escogería, en cada aspecto, el
que mejor se ajustara a los criterios técnicos y económicos.
La cláusula quinta previó que el proyectó se ejecutaría
en 28 meses y tendría varias fases: la inicial, pre-
constructiva, que iniciaría con la firma del contrato y duraría
entre 6 y 10 meses. En ella, las partes debían planear, definir
y ejecutar los estudios de ingeniería, arquitectura y suelos,
los plazos de ejecución, de ventas y de costos, obtener
permisos y licencias, definir especificaciones, según las
condiciones del mercado y los costos presupuestales, y
concretar la estructura legal para desarrollar el proyecto. Se
equivocó el Tribunal al decir que esta cláusula no previó la
obligación de Revell S.A.S. de aportar los inmuebles. Ese
débito solo fue regulado en la estipulación tercera, y no
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contiene plazo, sino que exhorta a las partes a cumplir en el
menor tiempo posible. Ello significa que estas no quisieron
atar el cumplimiento de la obligación de transferir los predios
al término de la fase preconstructiva.
No se podía afirmar que la etapa preconstructiva tenía
que durar diez (10) meses, ni que cada una de las tareas a
realizar en ella pudiera ejecutarse hasta el 28 de julio de
2021. Lo que dice el contrato es que esta fase duraría entre
seis y diez meses, no que su plazo fuera este último.
La facultad que la cláusula cuarta le confirió al
accionante para realizar todas las gestiones ejecutables en
las distintas fases, y la obligación de tratar de realizar el
proyecto en el menor tiempo posible, hacían dable colegir que
Gutiérrez Group S.A.S. modularía, en ejercicio del liderazgo,
la duración de la etapa preconstructiva, como así lo hizo.
Si se estimara que la cláusula quinta preveía un débito
sujeto a plazo, este, evidentemente, habría sido señalado en
beneficio exclusivo de la accionante, quien podía renunciar a
él cuando estuvieren cumplidos los requisitos para avanzar
a la siguiente fase de construcción. La cláusula octava recoge
los débitos a cargo de las partes mientras se definía la
estructura jurídica óptima para el desarrollo del proyecto.
Desde que la accionante optó por la fiducia, Revell debía
vincularse a ella. La expresión «cuando» era potestativa de la
demandante.
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La cláusula novena previó que Gutiérrez Group S.A.S.
definiría el esquema contractual del proyecto, lo que no se
limitaba a fijar el cómo, sino también el cuándo esa
estructura debía estar completamente instalada y funcional
para su avance.
La correcta apreciación del contrato hacía concluir que:
(i). El término entre seis (6) y diez (10) meses de la fase
preconstructiva era para que Gutiérrez Group S.A.S.
definiera la estructura jurídica para desarrollar el proyecto,
no para que Revell S.A.S. transfiriera los inmuebles.
(ii). Ninguna regla de la experiencia permitía deducir
que el aporte de los bienes podía tardar toda la fase
preconstructiva. Lo común es que la fiducia, en proyectos
inmobiliarios, sea suscrita y el patrimonio autónomo
constituido desde el inicio del proyecto.
(iii)). El contrato no fijó plazo para la transferencia de
los bienes. Era una obligación pura y simple para realizar en
el tiempo mínimo posible (art. 1551 C.C.), que no podía ser
el último día de la fase preconstructiva. De ella dependía la
ejecución de otras labores y la continuidad del proyecto.
(iv). En virtud del liderazgo que el proyecto le confería,
Gutiérrez Group S.A.S. podía modular la duración de la fase
preconstructiva y requerir a Revell para firmar la fiducia, sin
que esta pudiera negarse o retrasar ese deber; de buena fe
debía velar porque el proyecto se ejecutara lo antes posible.
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b). Relegó las comunicaciones enviadas el 4 de
septiembre de 2019 y de 2020 demostrativas de que, desde
la negociación del contrato, los convocados sabían que el
proyecto se ejecutaría a través de fiducia y que Revell S.A.S.
debía transferir los bienes cuando Gutiérrez Group S.A.S. lo
requiriera. Ese débito no pendía de un plazo determinado.
c). Omitió o tergiversó la declaración de Juan Darío
Gutiérrez y el testimonio de Daniel Gutiérrez, aunque el
primero de ellos refirió al joint venture, y destacó que Revell
incumplió el deber de transferir a la fiducia los dos inmuebles
necesarios para ejecutar el proyecto, no obstante haber sido
requerido en varias oportunidades con ese propósito, tanto
así que ni siquiera firmó este contrato, a pesar de haber sido
remitido con dicho fin. A su vez, el otro declarante mencionó
diversos hechos propios de la negociación, ante lo cual era
dable concluir que, desde antes de la firma del contrato
atípico, Revell sabía de la necesidad de suscribir la fiducia,
además de que estaba al tanto de que el aporte de los
inmuebles al patrimonio autónomo era necesario para
ejecutar el proyecto y que desde febrero de 2021 Gutiérrez
Group S.A.S. le insistió a los convocados sobre la
importancia de firmar la fiducia.
d). Erró al colegir que, según las reglas de la
experiencia, era normal que la formalización se hiciera en la
fase pre-constructiva, la cual vencía el 28 de julio de 2021,
ya que la declaración de Esteban Uribe e Ismael Trujillo
llevaba a establecer que en los proyectos constructivos la
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suscripción de la fiducia suele ser, si no el inicial, uno de los
primeros pasos para el desarrollo del proyecto.
Según lo narró Esteban Uribe, las condiciones de giro
necesarias para el desarrollo del proyecto son tener la
licencia ejecutoriada y el inmueble transferido al fideicomiso
y destinado al desarrollo inmobiliario, pues sin esto último
resulta imposible materializar esas condiciones, conforme lo
indicó Ismael Trujillo, destacó que para adelantar cualquier
gestión en la fase de construcción de un proyecto
inmobiliario es necesario tener el lote y que sin él es
imposible hacer inversiones o cualquier otra actividad propia
de un esquema fiduciario.
El relato de estos últimos expertos en el mercado
inmobiliario, en general, y en el de las fiducias mercantiles,
en particular, hace ver que la suscripción del contrato de
fiducia y el parqueo de los inmuebles en el patrimonio
autónomo es uno de los pasos preliminares de todo proyecto
constructivo, sin el cual es imposible proseguir ante la falta
de garantías de todos los actores involucrados.
La regla de la experiencia que elaboró el ad quem no es
más que una suposición probatoria, contraevidente, sin la
cual hubiera concluido que Revell debía firmar la fiducia
cuanto Gutiérrez Group así lo requiriera.
e). Se equivocó al decir que las misivas cruzadas entre
febrero y marzo de 2021, que tuvieron como destinatario a
Coggins Callen, único accionista de Revell, carecen de efectos
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frente a esta compañía, pues olvidó que las partes acordaron
que las comunicaciones sobre la ejecución del contrato
debían remitirse a Justin Coggins Callen, máxime cuando el
representante legal de Revell estaba copiado en ellas.
No fue por capricho ni descuido que las cartas remitidas
entre enero y marzo de 2023 se enviaron a Coggins Callen,
ya que, según el contrato, todas las misivas sobre la
ejecución del proyecto debían serle comunicadas a esta
persona, según la cláusula cuarta. Aunque Coggins Callen
no era el representante legal de Revell S.A.S., las partes
acordaron que recibiría las misivas dirigidas a ese ente, lo
cual fue obviado por el Tribunal. Además, en carta de 14 de
febrero de 2021, Juan Darío Gutiérrez le envió a Coggins
Callen, con copia a Julián Andrés Hoyos Isaza, representante
legal de Revell, el contrato de fiducia para ser suscrito y así
avanzar en el proyecto, y les informó que debía ser rubricado
antes del 15 de febrero de 2020.
Frente a dicha comunicación, era imperativo que el
representante legal de Revell S.A.S. suscribiera el contrato al
ser su obligación y haber sido instruido para ello por Justin
Coggins Callen en la asamblea general de accionistas, según
lo revela el acta de 25 de septiembre de 2020, visible a folios
176 a 178 cno. 2, e ignorada por el Tribunal. Empero, ese
directivo no firmó la fiducia con sustento en la comunicación
de 26 de febrero de 2021 en la que Coggins Callen, único
accionista de Revell, lo instruyó para que se abstuviera de
hacerlo. Esta prueba también fue tergiversada e ignorada,
aun cuando coincide con las confesiones hechas por los
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demandados en su interrogatorio, pues es patente que el
representante legal de Revell S.A.S. admitió que en el correo
de 26 de febrero de 2021 se le pidió no firmar hasta que
Coggins revisara los documentos solicitados.
f). Tergiversó las anteriores pruebas y esto fue resultó
relevante, pues Justin Coggins era el único socio de Revell
S.A.S., de ahí que, aunque no fuera su representante legal,
sus instrucciones eran órdenes para quien la gerenciaba.
Además, la directriz de 26 de febrero de 2021 le fue remitida
al e-mail de ese directivo y su negativa a firmar el contrato y
transferir los bienes se dio a causa de tal instrucción. Sin
esos desafueros habría deducido que Revell S.A.S. debía
cumplir estos débitos.
El interrogatorio de Justin Coggins Callen mostró que
las partes acordaron usar su e-mail como dirección de todas
las comunicaciones sobre el contrato, que el representante
legal fue copiado en la misiva en que Gutiérrez Group pidió
firmar la fiducia, que el único accionista de Revell ordenó no
suscribirla y que el encargado acató esta orden; sin embargo,
el ad quem pretirió o tergiversó esta prueba.
g). Se desfasó al concluir que la pretensión eventual
incluida en la reforma a la demanda de 21 de septiembre de
2021 contra Justin Coggins Callen era impróspera, tras
entender que no podía accionarse antes de la culminación de
la fase precontractual, sin tener en cuenta que para ese
momento esta etapa había fenecido y que este acto procesal
surte efectos desde que se activó la jurisdicción.
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CONSIDERACIONES
1. La autonomía privada habilita al sujeto iuris para
regular sus intereses dentro de los límites del orden público,
el ius cogens y las buenas costumbres. Esta facultad negocial
se sustenta en el artículo 333 de la Constitución Política de
1991, que reconoce la iniciativa privada2, así como en los
artículos 1602 del Código Civil y 870 del Código de Comercio,
que refuerzan la libertad de las partes de un contrato para
definir los términos de sus acuerdos, con la advertencia de
que los pactos válidos son para cumplirse.
Precisamente, en la CSJ SC1962-2022 se destacó que
la máxima pacta sunt servanda
determina la fuerza vinculante, obligatoria y coercible del acuerdo
de voluntades, al advertir que si a él se llega de forma válida «no
podrá ser derogado sino por causas legales o por mutuo
consentimiento», lo que significa que ninguno de los contratantes
puede separarse -total o parcialmente- del programa obligacional,
so pena de infringir sus compromisos; en cuyo caso, la otra parte,
que sí satisfizo o estuvo dispuesta a atender los suyos en la forma
y tiempo debido, tiene a su disposición diversos remedios
contractuales de carácter jurídico, ya que puede exigir la
realización de lo pactado u optar por su extinción mediante la
resolución o la terminación (arts. 1546 C.C. y 870 C. de Co.) según
proceda, y reclamar, asimismo, la reparación del demérito sufrido.
Este postulado, de raigambre liberal, permite a las
partes elegir el instrumento jurídico que regule válidamente
2 Cfr. “La actividad económica y la iniciativa privada son libres, dentro de los límites del
bien común. Para su ejercicio, nadie podrá exigir permisos previos ni requisitos, sin
autorización de la ley” (se enfatiza).
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sus intereses, así como establecer sus términos y
condiciones para lograr sinergias y asegurar que lo
estipulado se ajuste a su intención y sea jurídicamente
exigible. Con ese fin, pueden acudir a los esquemas del
Código Civil, el Código de Comercio, otros regímenes
especiales u optar por formas jurídicas alternativas, incluso
en ausencia de una regulación específica, creando contratos
atípicos, cuya validez y obligatoriedad se garantizan siempre
que cumplan los requisitos legales mínimos de cualquier
acuerdo de voluntades.
Al efecto, Cariota Ferrera3 afirma que «[e]l negocio
jurídico, en cuanto constituye uno de los medios para la
autorregulación de los propios intereses, en cuanto es medio
de actuación del dominio de la voluntad en la esfera jurídica
propia del sujeto, es el instrumento más calificado de la
autonomía privada».
Con esa misma orientación ideológica, Renato
Scognamiglio añade que esta categoría jurídica «alude al
poder de los particulares para darse de por sí reglas en el
campo de las relaciones económico-sociales (…). A esta aptitud
de los particulares para disciplinar sus propias relaciones le
está atribuida de suyo relevancia jurídica»4.
3 CARIOTA FERRERA, Luigi. El Negocio Jurídico. Aguilar. Madrid. 1956, pp. 43-
44.
4 SCOGNAMIGLIO, Renato. Teoría General del Contrato. Universidad Externado.
Bogotá. 1971, pág. 15-16.
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2. El contrato de joint venture.
De naturaleza sui generis, el joint venture implica la
asociación de dos o más personas, naturales o jurídicas, que,
en virtud de sus cualidades intelectuales, económicas y
morales, unen esfuerzos con el propósito de llevar a cabo un
proyecto específico en común, y de obtener una utilidad a ser
distribuida. Con ese fin, combinan capital, bienes,
tecnología, experiencia, habilidades, confianza y
conocimientos. Asumen una administración compartida y
responden solidaria e ilimitadamente por las pérdidas
(asunción conjunta de riesgos), excepto que establezcan
sistemas de supervisión y responsabilidades diferenciadas.
Este contrato, que fue reconocido en sede jurisdiccional
a finales del siglo XIX en un litigio de dos comerciantes
estadounidenses5, tiene gran importancia en la sociedad
actual por su capacidad de facilitar la asociación entre dos o
más personas, sin la necesidad de una estructura formal y
rígida, convirtiéndola en una opción flexible y eficiente en la
práctica negocial contemporánea.
Se caracteriza por ser consensual, ya que se
perfecciona con el acuerdo de voluntades sobre sus
elementos esenciales; principal, porque no depende de otro
negocio para existir; oneroso, dado que los asociados buscan
5 Cfr. LE PERA Sergio. El Joint Venture y Sociedad. Acuerdos de coparticipación
empresaria. 4ª reimpresión. E ditorial Astrea. Buenos Aires. 2001, pág. 64.
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lucro; aleatorio, debido a que los resultados son inciertos;
atípico, pues no está regulado en la legislación nacional;
plurilateral, porque admite más de dos voluntades;
asociativo o de colaboración, al permitir a los asociados
trabajar en conjunto para un fin común; ad hoc o temporal,
dado que su vigencia está ligada a un proyecto determinado;
intuitu personae, porque los coligados se eligen en función
de sus características económicas y personales; y de tracto
sucesivo, pues la ejecución de los compromisos se proyecta
en el tiempo definido por las partes.
Para la doctrina, el joint venture se configura «cuando
existe una inversión conjunta que anima a las partes a
efectuar una participación en común, mediante las diversas
figuras contractuales (asociativas o no), sobre la base de un
acuerdo que refleje la voluntad de los contratantes de llevar a
cabo un objetivo de interés común, por medio de la integración
de recursos y actividad»6. En fin, se trata de un acuerdo de
colaboración que se da ante la necesidad de dos o más
personas de unir esfuerzos para alcanzar un propósito
común, generalmente, la ejecución de una obra orientada a
obtener utilidades y de compartir riesgos, recursos y
capacidades. Su esencia radica en la asunción del riesgo
inherente al proyecto. Esto lo convierte en un instrumento
destinado a afrontar la incertidumbre y la aventura que
conllevan ciertas actividades.
6 FARINA JUAN. M. Contratos Comerciales Modernos. Editorial Astrea. Ciudad de
Buenos Aires. 1999, pág. 785-786.
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3. La responsabilidad civil contractual se establece a
partir de los siguientes elementos: primero, la existencia de
un contrato válido; segundo, el cumplimiento de las
obligaciones por el actor o su disposición a satisfacerlas
según el cronograma pactado; tercero, la infracción dolosa o
culposa de la contraparte; cuarto, el perjuicio del reclamante;
y, finalmente, el nexo causal que vincule aquel actuar con
este resultado. Además, según la exceptio non adimpleti
contractus, solo quien cumplió lo estipulado, o se allanó a
hacerlo, puede activar la senda indemnizatoria.
Ahora bien, como en las relaciones sinalagmáticas hay
reciprocidad, ya que cada parte espera algo a cambio de la
prestación que asume, es preciso identificar el orden
cronológico acordado para atender las obligaciones. Este
puede ser sucesivo, (primero las de una parte y luego las de la otra)
o simultáneo (las de las dos al tiempo). En este sentido, el
artículo 1609 ibidem establece que «[e]n los contratos
bilaterales ninguno de los contratantes está en mora dejando
de cumplir lo pactado, mientras el otro no lo cumpla por su
parte, o no se allana a cumplirlo en la forma y tiempo debidos»,
lo cual implica la aplicación de la exceptio non adimpleti
contractus.
Acorde con esa lógica, en la CSJ SC 23 mar. 1943, G.J.
Tomo LV, pág. 67-72, se destacó que «(…) si el acreedor no ha
cumplido por su parte la obligación que le incumbe, su
demandado no está en mora de ·cumplir lo pactado, y no
estando en mora, su prestación no es exigible. Sería
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jurídicamente irregular la condena al pago de una obligación,
sin exigibilidad».
La doctrina ius privatista contemporánea argumenta
que este postulado «tiene por fundamento la equidad y,
también, la lógica. Sería injusto y absurdo que el contratante
que no ha cumplido las obligaciones que contrajo
correlativamente en virtud del mismo contrato, pudiera exigir
al otro contratante, que tampoco ha cumplido lo pactado, que
lo cumpla o que se resuelva el contrato con indemnización de
perjuicios en cualquiera de los dos casos»7.
Desde la perspectiva legal, solo quien cumplió en forma
exacta, íntegra y oportuna o se allanó a hacerlo puede
reclamar perjuicios. Esto implica que el débito insatisfecho
haya sido exigible. Según la doctrina «[e]l crédito del excipiens
tiene que estar vencido, ser exigible. Por tanto, no sería
admisible la exceptio si dicho crédito estuviese sujeto a un
plazo que aún no haya transcurrido»8.
Esta distinción es crucial porque, si las obligaciones
eran sucesivas, solo podrá reclamar perjuicios la parte a
quien le incumplieron primero, ya que tal desatención la
liberó de atender sus débitos. Por el contrario, si debían ser
7 RODRIGUEZ ARTURO Alessandri/SOMARRIVA UNDURRAGA. Manuel/H.
VODANOVIC Antonio. Tratado de las obligaciones. Tomo II. 2ª edición. Editorial
Jurídica de Chile. Santiago de Chile. 2008, pág. 295.
8 CRUZ MORENO, María. La Exceptio Non Adimpleti Contractus. Tirant lo blanch.
Valencia, 2004. Pág. 58.
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realizados de manera simultánea o coetánea, la prerrogativa
de reclamar resarcimiento corresponderá únicamente a
quien cumplió o se allanó a atender lo suyo, según lo
convenido, pues el infractor carece de acción indemnizatoria
(SC1962-2022).
4. En este episodio, el Tribunal revocó el fallo
estimatorio de la acción principal y, en consecuencia, negó
las pretensiones al advertir que Gutiérrez Group S.A.S. no
demostró que su contraparte incumplió el joint venture. Al
efecto, concluyó que Revell S.A.S. tenía hasta el 28 de julio
de 2021 para firmar el contrato de fiducia y transferir los
inmuebles al fideicomiso, fecha en la que vencía la fase
preconstructiva y que, por ello, cuando se presentó la
demanda (19 abr. 2021) ese plazo no había expirado, sin que,
además, los actos de Justin Coggins Callen fueran
indicativos de que Revell S.A.S. incumpliría, porque no la
representaba.
5. En el ataque inicial, Gutiérrez Group S.A.S. disputa
esa tesitura y la acusa de ser el resultado de diversos yerros
fácticos -manifiestos y trascendentes- sin los cuales la
decisión habría sido otra. Argumenta que el comportamiento
de Justin Coggins Callen, comunicado a Gutiérrez Group
S.A.S., como desarrolladora del complejo hotelero, evidenció
que Revell S.A.S. había perdido interés en continuar el
proyecto, que incumpliría sus compromisos y buscaría otras
inversiones en el mercado, lo que probaría la contravención
del acuerdo y le abriría paso a la acción resarcitoria.
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6. La infracción de la ley sustancial por error de hecho,
invocada en este embate, está regulada por el Código General
del Proceso en la segunda causal de casación. Este dislate
ocurre cuando el Tribunal desacierta en la valoración
objetiva de la prueba, la demanda o su contestación, por
cercenamiento, adición o tergiversación. En todo caso, la
pifia, además de manifiesta y contraevidente, ha de ser
trascendente.
Para justificar el error de hecho, el recurrente debe
identificar los medios de convicción que fueron mal
apreciados, omitidos o desfigurados, y realizar el contraste
entre su contenido material y lo que el fallador extrajo
erróneamente, demostrando así la apreciación equivocada y
su repercusión en la decisión. Además, la acusación debe ser
totalizadora, es decir, ha de abarcar todas las premisas del
fallo y debe minar su núcleo argumentativo. En este sentido,
en la CSJ SC1468-2024 se enfatizó que, en este ámbito
casacional, «la labor del impugnante ‘no puede reducirse a
una simple exposición de puntos de vista antagónicos, fruto de
razonamientos o lucubraciones meticulosas y detalladas,
porque en tal evento el error dejaría de ser evidente o
manifiesto conforme lo exige la ley’» (CSJ, SC 15 jul. 2008,
Rad. 2000-00257-01, CSJ SC 20 Mar. 2013, Rad. 1995-
00037-01, SC2501-2021 y SC4127-2021).
7. Fracasa la acusación, toda vez que no acredita los
yerros fácticos alegados.
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El análisis del contrato de joint venture respalda la
tesitura del Tribunal respecto a que la fase preconstructiva
debía culminar el 28 de julio de 2021. En consecuencia, las
prestaciones que Gutiérrez Group S.A.S. consideró
incumplidas por Revell S.A.S. podían haberse efectuado
hasta el último día de esa etapa contractual.
Es así porque el negocio se firmó el 28 de septiembre de
2020 y su cláusula quinta, literal a), que reguló la etapa
preconstructiva, dispuso «[e]sta fase inicia con la suscripción
del presente contrato, podrá durar entre seis (6) y diez (10)
meses y a lo largo de ella las partes se concentrarán en…».
Además, allí mismo se fijaron los compromisos que debían
cumplirse en ese tramo del contrato. Por su parte, en el literal
b) de esa estipulación privada, que reguló la fase
constructiva, se estableció que «[e]sta fase iniciará cuando
se cumplan los objetivos correspondientes a la fase
previa, tiene por objeto la construcción y dotación del
PROYECTO, tendrá la duración necesaria para el
cumplimiento de su objeto, misma que se estima entre
dieciocho (18) y veintidós (22) meses, y durante ella el
DESARROLLADOR estará a cargo de …» diversas tareas.
En atención a ese cronograma negocial, no emerge
reprensible el criterio del Tribunal de que Gutiérrez Group
S.A.S. presentó la demanda cuando aún se encontraba
vigente la fase preconstructiva y que, según el acuerdo, en
esa etapa Revell S.A.S. debía suscribir la fiducia y transferir
los bienes al fideicomiso seleccionado por la desarrolladora
del complejo hotelero.
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Adicionalmente, no se demostró, y así lo vio el ad quem,
que durante la vigencia de la fase preconstructiva, Revell
S.A.S. hubiera manifestado su intención de incumplir o
deshonrado el joint venture, a pesar de las críticas de la
casacionista sobre la supuesta tergiversación u omisión de
medios de juicio que demostrarían ese desinterés negocial.
Las pruebas se centran en las circunstancias de tiempo,
modo y lugar en las que se desarrolló la negociación del
proyecto hotelero, así como en los hechos postreros a la firma
del joint venture, sin que de esa correlación factual fuera
dable concluir que Revell S.A.S. incumplió sus obligaciones
o que estaba en imposibilidad de honrarlas.
En todo caso, si los débitos de Revell S.A.S.,
consistentes en transferir los dos (2) inmuebles para la
construcción del complejo hotelero y suscribir el contrato de
fiducia, podían cumplirse durante la fase preconstructiva,
que se extendía hasta el 28 de julio de 2021, según la
proyección del término máximo de diez (10) meses hecha en
el joint venture, particularmente en el literal a) de la cláusula
quinta, no se puede afirmar que el Tribunal desfiguró la
evidencia al llegar a esta conclusión, sobre todo porque se
pactó que durante esa etapa las partes desarrollarían
diversas prestaciones, entre ellas las de obtener los recursos
necesarios para desarrollar el proyecto y que, además,
definirían la estructura legal que regiría su ejecución.
Por cierto, ninguna prueba documental, ni la
testimonial y tampoco las declaraciones de parte
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evidenciaron que, durante la fase preconstructiva, Revell
S.A.S. manifestó su intención de deshonrar el acuerdo o se
apartó de su ejecución, lo que refuerza la tesis del Tribunal
de que no hubo incumplimiento.
Ese contexto dejó en el aire las aseveraciones de
Gutiérrez Group S.A.S. respecto a que Revell S.A.S. le indicó
que incumpliría, sobre todo porque no se acreditó esa
expresión de la voluntad y tampoco se demostró que el
proceder de esta compañía produjo su infracción negocial, o
que frustró o hizo imposible la ejecución de la fase
preconstructiva. Además, prima facie, la actuación de Justin
Coggins Callen, único accionista de la sociedad convocada,
no tenía la capacidad de comprometerla, al ser dos sujetos
de derecho distintos.
Es cierto que el representante legal de Revell S.A.S.
estaba autorizado para celebrar el contrato de joint venture y
realizar la transferencia de los inmuebles. Así se establece a
partir del acta de la asamblea general de Revell S.A.S. de 25
de septiembre de 20209 y del numeral sexto de los
considerandos del acuerdo de colaboración empresarial que
vinculó a las partes. En esa línea, tampoco está en discusión
que el numeral segundo de la cláusula tercera del contrato
previno a Revell S.A.S., propietaria de los inmuebles, para
que se abstuviera de iniciar negociaciones o firmar contratos
que afectaran su uso, disposición o limitación que impidiera
o retardara la ejecución del proyecto. Finalmente, también es
9 Cfr. fls. 286-288 c.1.2 expediente digital.
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cierto que, al regular las obligaciones del desarrollador, el
numeral tercero del contrato de colaboración advirtió que
Gutiérrez Group S.A.S. definiría y crearía la estructura legal
para ejecutar el proyecto y escogería la mejor opción, con
base en criterios jurídicos, financieros y contables.
Sin embargo, a partir de esas circunstancias, no se
puede concluir que el razonamiento del Tribunal, al
descartar el incumplimiento de Revell S.A.S., se distanció de
la realidad negocial. Por el contrario, su análisis armoniza
con lo acordado entre las partes y refleja una interpretación
coherente del pacto entre ellas establecido. Dicho juzgador se
basó en esas disposiciones privadas para identificar cómo y
en qué términos cada parte debía cumplir sus compromisos,
asegurando así que su decisión estuviera alineada con lo
estipulado en el contrato de colaboración.
El joint venture respalda lo expuesto por la casacionista
en cuanto a que las contratantes debían obrar de buena fe y
ejecutar las gestiones a su cargo con el más alto grado de
profesionalismo para que el proyecto se realizara en el menor
tiempo posible, conforme al parágrafo inicial de la cláusula
tercera, pero no hay evidencia de que Revell S.A.S. haya
infringido este principio que guía la conducta de las partes
desde la fase preparatoria del contrato y se aplica ministerio
legis (art. 83 C.P.N.), (art. 1603 C.C) y (art. 871 C. de Co.)10.
10 Cfr. CSJ SC514-2023. Allí se explicó que “la buena fe es un principio general del
derecho y también una forma de conducta determinada que se espera y presume del
actuar de las personas frente al Estado y respecto de sus demás congéneres. Como
estándar de comportamiento reporta especial protagonismo en el ámbito contractual
porque determina la forma en que habrán de proceder las partes en la celebración del
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29
Las demás cláusulas contractuales mencionadas por la
recurrente, es decir, la cuarta, atinente a la autonomía y
liderazgo de Gutiérrez Group S.A.S., en las gestiones
necesarias para ejecutar el proyecto hotelero, así como la
necesidad de racionalizar los recursos a partir de criterios
técnicos y económicos, y la quinta, relacionada con el
término de duración del proyecto y sus fases, no desvirtúan
el razonamiento del Tribunal sobre la duración de la etapa
preconstructiva, ni respecto del momento en que Revell
S.A.S. debía transferir los inmuebles al fideicomiso
seleccionado por la desarrolladora del Proyecto.
Por el contrario, el clausulado negocial permitía inferir
que Revell S.A.S., como propietaria de los predios sobre los
que se elevaría el complejo hotelero, debía transferir su
dominio al fideicomiso seleccionado por Gutiérrez Group
S.A.S. durante la fase preconstructiva, que, conforme al
programa obligacional, comenzó el 28 de septiembre de 2020
y tenía una duración máxima de 10 meses, es decir, se
extendía hasta el 28 de julio de 2021. Esta deducción era
factible, dado que las partes pactaron que, en esa etapa
inicial, obtendrían los recursos necesarios para el desarrollo
del proyecto y definirían la estructura legal para su
ejecución, lo que descarta la pifia atribuida al ad quem por
llegar a esta conclusión.
negocio, durante su ejecución y también en la fase posterior, por ejemplo, en su
liquidación o al hacerse las restituciones que resulten pertinentes”.
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30
Además, como la fase preconstructiva suponía la
estabilización del proyecto y la realización de una serie de
actividades necesarias para avanzar a la etapa constructiva,
era dable inferir, como lo hizo el Tribunal, que en ese periodo
inicial se debía transferir el dominio de los predios en los que
se construiría el complejo hotelero, lo que una vez más le
resta peso a la acusación, específicamente en cuanto censura
a dicho panel colegiado por haberlo entendido de esa manera.
Esto es aún más relevante si se tiene en cuenta que las partes
no pactaron un término distinto para la realización de tales
débitos.
El argumento de que Gutiérrez Group S.A.S. modularía
la duración del proyecto en aras de realizarlo en el menor
tiempo posible, fundado en la cláusula cuarta del joint
venture, no desvirtúa el hecho de que la fase preconstructiva
se desarrollaría en un lapso de entre seis (6) y diez (10)
meses, ni descarta la deducción del ad quem de que este
plazo vencía el 28 de julio de 2021, pues estas dos
deducciones tienen respaldo en el literal a) de la estipulación
quinta, según la cual «[e]sta fase inicia con la suscripción del
presente contrato, podrá durar entre seis (6) y diez (10) meses
y a lo largo de ella las partes se concentrarán en…». Por lo
tanto, el planteamiento de la casacionista resulta fútil al
estar sustentado en un elemento negocial (la realización del
proyecto en el menor tiempo posible), sin la trascendencia que
se le atribuye frente a la definición del pleito.
No es cierto que el plazo convenido para la ejecución de
la fase preconstructiva, entre 6 y 10 meses, haya sido
Radicación n° 11001-31-03-020-2021-00127-01
31
estipulado exclusivamente a favor de la desarrolladora del
proyecto en procura de que definiera la estructura jurídica
que sería empleada para su ejecución, pues el contrato
impide establecer tal circunstancia. Al efecto, el literal a) de
la cláusula quinta dispuso que en ese tiempo las partes se
concentrarían en desarrollar una serie de compromisos,
específicamente cinco (5), que dejaron expresamente
pactados. En ese sentido, tampoco se puede decir que era
potestativo de Gutiérrez Group S.A.S. modificar o reducir
discrecionalmente dicho término. Por el contrario, lo que el
joint venture hacía viable entender era que las partes
previeron la posibilidad de cumplir todos los requisitos de la
etapa preconstructiva en un plazo mínimo de seis (6) o
máximo de diez (10) meses (literal a) cláusula quinta).
Que la desarrolladora del proyecto estuviera habilitada
para definir el instrumento jurídico mediante el cual se
canalizaría la inversión, como se infiere del contrato
(cláusula 3ª, núm. 3º obligaciones del desarrollador), no
significa que Revell S.A.S. haya incumplido las obligaciones
de suscribir la fiducia mercantil y transferir los bienes al
fideicomiso escogido por Gutiérrez Group S.A.S., pues estos
débitos eran realizables en la fase preconstructiva, es decir,
a más tardar el 28 de julio de 2021, pues el negocio se firmó
el 28 de septiembre de 2020, y cuando se inició la acción (19
abr. 2021), ese plazo no había vencido, situación que, una
vez más, desdibuja el error de facto endilgado al ad quem.
La inferencia del Tribunal, consistente en que las reglas
de la experiencia enseñan que en los proyectos inmobiliarios
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la transferencia de los bienes se hace en la fase
preconstructiva, no repugna la lógica, pues el joint venture
permitía arribar a esta conclusión. Se insiste en que las
partes acordaron que durante esa etapa obtendrían los
recursos necesarios para el desarrollo del proyecto y
definirían la estructura legal para su ejecución, tanto así que
en los considerandos del contrato hicieron constar que «[l]as
partes actualmente están definiendo el esquema contractual
mediante el cual se desarrollará el proyecto y mientras esto
sucede han acordado celebrar el presente contrato con el fin
de determinar los compromisos y las obligaciones que cada
una de ellas adquiere en la etapa de desarrollo en la que se
encuentra el proyecto.». Seguidamente, en la cláusula tercera
convinieron que la desarrolladora definiría y crearía la
estructura legal para ejecutar el proyecto (núm. 3). Esto hizo
que Gutiérrez Group S.A.S. optara por una fiducia, sin que
hubieran fijado una fecha exacta para transferir los bienes
sobre los cuales se levantaría el complejo hotelero.
En virtud de ello, el ad quem analizó el vínculo jurídico
de forma integral, y con base en ese escrutinio dedujo que
dicho compromiso era susceptible de ser ejecutado mientras
estuviera vigente la etapa preconstructiva, que se extendía
hasta el 28 de julio de 2021, sin que por ello haya incurrido
en los yerros atribuidos, ya que esa inferencia era extraíble
del clausulado negocial, así no fuera la única. Esto se debe a
que se pactó que en esa etapa inicial se obtendrían los
recursos necesarios para el desarrollo del proyecto, lo que
hacía dable concluir que ello incluía el terreno sobre el cual
se edificaría el complejo hotelero.
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Téngase en cuenta que, en la tarea de interpretar un
contrato, la elección hermenéutica de los jueces de instancia
es, en principio, inatacable en casación. Lo anterior, porque
la exégesis de un negocio jurídico es una prerrogativa
reservada a la discreta autonomía del juzgador, tanto así que
debe estar fundamentada en un estándar de racionalidad y
de plena justificación a partir del sistema de la libre
apreciación probatoria.
Frente a dicha labor ilustrativa, la Corte ha mantenido
un criterio sólido y reiterado, según consta en la CSJ, SC 20
oct. 2000, rad. 5497, de que:
"cuando el error denunciado se plantea en el ámbito de apreciación
de hecho por interpretación de cláusulas contractuales, la Corte
sólo puede entrar a modificar la sentencia objeto del recurso en
tanto ésta se apoye en una interpretación originante de un yerro
manifiesto, el cual sucede cuando el documento contractual sólo
tenga una forma de interpretación posible y ésta sea la propuesta
por el impugnante, en contraposición a la elaborada por el
Tribunal, que entonces aparece absurda e ilógica. Si tal elemento
admite diversos entendimientos, todos ellos razonables, entonces
no se presenta el defecto en mención, máxime cuando en materia
de interpretación de contratos, se está frente a una “cuestión que
corresponde a la discreta autonomía de los juzgadores”, como lo
ha predicado la Corte (G.J. CXLII, págs. 218 y 219).
Eso mismo indicó en la SC 25. 01. 2005, rad. 7881 [SC-
013-2005], al explicar que:
(…) el fracaso del cargo viene además fortalecido por la amplitud
que reconoce la jurisprudencia al trabajo interpretativo que el
juzgador despliega sobre los contratos y en tanto esa autonomía
no traspase los confines de la arbitrariedad, resulte notoriamente
absurda, ilógica, o manifiestamente contraria a la realidad, merece
el respeto de la Corte, de modo que, habiendo elegido una de las
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lecturas admisibles que del negocio resultan, no se abre paso el
quiebre de la sentencia en casación, pues este recurso no puede
fundarse en la duda sino en la certeza.
Lo propio relievó en la SC 28 feb. 2008, rad. 00075-01
cuando volvió a decir:
“1…la interpretación de los contratos -en línea de principio rector- es
tarea confiada a la ‘…cordura, perspicacia y pericia del juzgador’
(CVIII, 289), a su ‘discreta autonomía’ (CXLVII, 52), razón por la
cual, el resultado de ese laborío ‘no es susceptible de modificarse
en casación, sino a través de la demostración de un evidente error
de hecho’ (CXLII, 218 Cfme: CCXL, 491, CCXV, 567). Sin embargo,
a ello no le sigue que el sentenciador, per se, tenga plena o irrestricta
libertad para buscar la communis intentio de los contratantes, sino
que debe apoyarse en las pautas o directrices legales que se
encaminan, precisamente, a guiarlo en su cardinal tarea de
determinar el verdadero sentido y alcance de las estipulaciones de
las partes, de modo que pueda descubrir la genuina voluntad que,
otrora, las animó a celebrar el contrato y a identificar, en la esfera
teleológica, la finalidad perseguida por ellas, en concreto en lo que
concierne al establecimiento de las diversas estipulaciones que,
articuladas, integran el contenido contractual, objeto de escrutinio
por parte de su intérprete. Desde luego que si el juez, tras de
examinar y aplicar las diversas reglas de hermenéutica
establecidas en la ley, opta por uno de los varios sentidos plausibles
de una determinada estipulación contractual, esa elección, en sí
misma considerada, no puede ser enjuiciada ante la Corte, so
pretexto de una construcción más elaborada que pueda presentar el
demandante en casación, en la medida en que, en esa hipótesis, la
decisión judicial no proviene de un error evidente de hecho en la
apreciación de las pruebas, sino que es el resultado del ejercicio de
la discreta autonomía con que cuenta el juzgador de instancia para
la interpretación del contrato”
Esta postura fue seguida, entre otras, en la SC, 29 jul.
2009, rad. 2001 00588 01; SC, 14 oct. 2010, rad. 2001-
00855-01 y en la SC3047-2018. Precisamente, en la CSJ
SC002-2021 se expuso:
Radicación n° 11001-31-03-020-2021-00127-01
35
Si el juez, tras examinar y aplicar las diversas reglas de
hermenéutica establecidas en la ley, opta por uno de los varios
sentidos plausibles de una determinada estipulación contractual,
esa elección, en sí misma considerada, no puede ser enjuiciada
ante la Corte, so pretexto de una construcción más elaborada que
pueda presentar el demandante en casación, en la medida en que,
en esa hipótesis, la decisión judicial no proviene de un error
evidente de hecho en la apreciación de las pruebas, sino que es el
resultado del ejercicio de la discreta autonomía con que cuenta el
juzgador de instancia para la interpretación del contrato (...).
La interpretación de un contrato está confiada a la discreta
autonomía de los juzgadores de instancia, y no puede “modificarse
en casación, sino a través de la demostración de un evidente error
de hecho que ponga de manifiesto, palmaria u ostensiblemente,
que ella es de tal alcance que contradice la evidencia, ya porque
supone estipulaciones que no contiene, ora porque ignore las que
ciertamente expresa, o ya porque sacrifique el verdadero sentido
de sus cláusulas con deducciones que contradice la evidencia que
ellas demuestran”.
Finalmente, en la CSJ SC2795-2024, la Corte destacó
que «[e]n otras palabras, la interpretación de un contrato es
una labor intelectiva del juzgador que normalmente no puede
variarse en casación, excepto cuando se demuestre un error
palmario y garrafal con incidencia en la decisión…».
Por consiguiente, como la conclusión del Tribunal se
basó en una interpretación sistemática del contrato de joint
venture, con especial énfasis en sus cláusulas tercera y
quinta, ello significa que esa exégesis no fue caprichosa, ni
fragmentada, sino, por el contrario, integral, exhaustiva y
armónica con las disposiciones pactadas en el acuerdo de
voluntades ajustado entre las partes.
Las comunicaciones remitidas el 4 de septiembre, tanto
de 2019 como de 2020, no permitían establecer que Revell
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S.A.S. debía transferir los bienes cuando la desarrolladora
del proyecto lo requiriera, pues la primera es una carta de
intención que contiene una invitación en la que Gutiérrez
Group S.A.S. le propuso a Revell S.A.S. asociarse para
realizar un complejo hotelero y le anticipó que ello se haría a
través de una fiducia comercial, a la cual esta le tendría que
transferir «el inmueble», y la segunda es un e-mail que aquella
le remitió a esta para responder algunos comentarios a
inquietudes planteadas también por vía electrónica. Por lo
tanto, ninguna de esas dos piezas, generadas por la
accionante principal, expresó que la enajenación de los
predios debía hacerse cuando la desarrolladora así lo
solicitara. Luego, no es cierto que ello hizo parte del acuerdo
de colaboración, sobre todo porque en el joint venture
tampoco aparece pactado de forma explícita.
A partir de esa secuencia lógica, y dado que todo
contrato es un acuerdo de voluntades generado entre las
partes, no podía el ad quem concluir que Gutiérrez Group
S.A.S. y Revell S.A.S. convinieron que esta transfiriera la
propiedad de los bienes sobre los que se levantaría el
complejo hotelero cuando aquella, a su discreción, así lo
requiriera, pues ello no quedó establecido en el programa
obligacional. En caso de haber adoptado dicho criterio, ahí sí
el Tribunal habría alterado la plataforma fáctica del litigio.
Las declaraciones de Juan Darío Gutiérrez y de Daniel
Gutiérrez permitían deducir que Gutiérrez Group S.A.S.
requirió en varias oportunidades a Revell S.A.S. para firmar
la fiducia comercial. Sin embargo, si, como se anticipó, este
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débito era susceptible de ser cumplido durante la fase
preconstructiva, y esta se extendía hasta el 28 de julio de
2021, no se puede decir que el ad quem erró al descartar el
incumplimiento de esta compañía, ya que, cuando se planteó
la acción, dicho plazo seguía vigente. Además, no se acreditó
una actuación concluyente que evidenciara su vencimiento
anticipado, ni se demostró su imposibilidad de cumplir, ni
una situación que mostrara de forma clara e inequívoca que
no podría honrar sus compromisos.
Como quedó claro que en el joint venture no se
estableció que la firma de la fiducia debía realizarse dentro
de un momento específico durante la fase preconstructiva,
ello permitía inferir, tal como lo dedujo del Tribunal, que esa
obligación podía ser cumplida mientras estuviera vigente el
plazo general pactado para la duración de esa etapa
contractual. Además, la versión de Esteban Uribe e Ismael
Trujillo no desvirtuó esa realidad negocial. Lo contrario
habría significado asumir, por el ad quem, una situación sin
respaldo probatorio y, ante todo, ajena al contrato.
Estos testigos señalaron que la construcción de un
proyecto inmobiliario hace necesario tener la licencia de
construcción en firme y haber transferido el lote al
fideicomiso previamente constituido. No obstante, esas
aseveraciones, vistas en el contexto de la negociación
concertada entre las partes, no alteraron lo pactado,
especialmente porque, como se ha insistido, cuando se inició
el pleito, aún no había vencido la fase preconstructiva en la
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que debían cumplirse estas y otras prestaciones necesarias
para avanzar a la siguiente etapa del proyecto.
En ese sentido, como las partes no estipularon una
fecha específica para firmar la fiducia y transferir los predios
al patrimonio autónomo seleccionado por la desarrolladora,
la versión de estos declarantes [Uribe y Trujillo] refuerza la
tesitura central del Tribunal, consistente en que esos débitos
debían cumplirse antes de avanzar a la fase constructiva, es
decir, durante la etapa preconstructiva. Por ello, carece de
asidero la argumentación de la recurrente y, en
consecuencia, queda desvirtuada la suposición probatoria
alegada.
Si el joint venture se rubricó entre Gutiérrez Group
S.A.S. y Revell S.A.S., no se podía afirmar que las
comunicaciones establecidas entre la primera y Justin
Coggins Callen tuvieran, prima facie, la capacidad de obligar
a la segunda por tratarse de dos personas distintas. En todo
caso, el hecho de que se haya convenido que las
notificaciones relacionadas con la ejecución del proyecto
serían enviadas a una dirección suministrada por la
desarrolladora y por Coggins Callen no implica que este
último tuviera la facultad de obligar a Revell S.A.S., ya que,
como se ha señalado, son distintos sujetos de derecho. Es de
advertir que dicha sociedad contaba con un representante
legal, con facultades para obligarla, y actuaba a través de él.
Es cierto que en el e-mail de 14 de febrero de 2021
Gutiérrez Group S.A.S. indicó a Revell S.A.S. que el contrato
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de fiducia debía firmarse al día siguiente. Sin embargo, no se
puede sostener que su falta de suscripción en esa fecha puso
a esta última en situación de incumplimiento, pues no existía
un acuerdo explícito entre las partes en ese sentido. Además,
se trataba de un compromiso negocial susceptible de ser
realizado mientras estuviera vigente la fase preconstructiva,
es decir, a más tardar el 28 de julio de 2021.
Se acreditó que el 26 de febrero de 2021 Justin Coggins
Callen le envió un e-mail a Julián Andrés Hoyos Isaza, en
calidad de representante legal de Revell S.A.S., con copia a
Juan Darío Gutiérrez, gerente de Gutiérrez Group S.A.S., en
el que le pidió al primero no firmar la fiducia. Sin embargo,
ello no denota incumplimiento de la primera de esas
sociedades. Esto, porque el remitente fue claro al advertir a
Gutiérrez Group S.A.S. «que este correo sirva como
notificación de que he dicho a Julián que NO firme hasta que
yo haya tenido tiempo de revisar los documentos
solicitados» (se resalta).
Por lo tanto, lo que de esa comunicación se podía inferir
es que el único socio de Revell S.A.S. estaba preocupado por
la inversión que iba a realizar, motivo por el cual le indicó a
quien estaba al frente de su compañía que se abstuviera de
firmar hasta que él revisara algunos documentos solicitados.
En ese sentido, no se puede censurar al ad quem de ignorar
o tergiversar ese soporte escrito, ni el interrogatorio de Justin
Coggins Callen, que respalda lo expuesto, sin que ello,
además, sirva de sustento para los planteamientos de la
casacionista.
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Finalmente, como la demanda principal se presentó el
19 de abril de 2021, es claro que aún no había expirado el
plazo máximo previsto para la duración de la fase
preconstructiva, según la cláusula quinta del contrato,
situación que impedía sostener que Revell S.A.S. había
incumplido en ese momento, de ahí que tampoco erró el
Tribunal al llegar a esta conclusión.
En consecuencia, al quedar descartado dicho
incumplimiento, ello hizo igualmente inviable la acción
emprendida contra Justin Coggins Callen, pues, aunque esta
fue planteada por vía de reforma al libelo en septiembre de
2021, el punto de partida de la senda resarcitoria lo marcó
la fecha en que Gutiérrez Group S.A.S. acudió a la
jurisdicción. Esto porque sólo después de vencido el plazo de
la etapa preconstructiva era posible determinar si la
accionada principal había infringido sus débitos al no firmar
la fiducia ni transferir los bienes al fideicomiso, para así
poder evaluar el factor de conexidad con los actos del
accionista demandado y su posible responsabilidad frente a
la convocante.
8. En definitiva, por donde se mire, la acusación no
progresa.
CARGO SEGUNDO
Acusa la infracción directa del artículo 83 de la
Constitución Política, artículos 181, 182, 187, 188, 196, 419,
420, 440 y 871 del Código de Comercio, los artículos 17 y 27
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de la Ley 1258 de 2008, y los artículos 23 y 24 de la Ley 222
de 1995, por falta de aplicación, y aduce que el Tribunal:
a). Inadvirtió que en las sociedades por acciones el
máximo órgano social es la asamblea general de accionistas,
según el artículo 419 del C. de Comercio, la cual se
constituye cuando los accionistas se congregan, hay quorum,
según los estatutos, sin olvidar que, según la
Superintendencia de Sociedades, ese panel puede sesionar
motu proprio, en cualquier momento si están reunidas todas
las acciones que forman el capital social.
Pasó por alto que es competencia del máximo órgano
social adoptar todas las medidas para el cumplimiento de los
estatutos, el interés común de los asociados y la sociedad, y
que dichas decisiones son obligatorias, según el artículo 188
mercantil, no siendo objetables por los socios
individualmente considerados, ni por la persona jurídica, sus
administradores o el representante legal.
Aunque el representante legal dirige la sociedad, está
sujeto a las directrices de la asamblea de accionistas o junta
directiva. En la S.A.S., el representante legal está ligado a lo
que diga la asamblea o el único socio, pues, según el artículo
26 de la Ley 1258 de 2008, ese panel es quien lo designa si
los estatutos no dicen algo diferente. Por ello, si la asamblea
general sesiona en forma universal y decide no continuar o
suspender un negocio con base en que afecta el interés
social, y se lo informa al representante legal, este debe acatar
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esa directriz o retirarse de su cargo, so pena de desconocer
la superioridad de las órdenes del máximo órgano social.
En la sociedad por acciones simplificada (SAS) se
estableció la posibilidad de constituir la sociedad con un
único socio y por documento privado, ante lo cual pierde
relevancia la necesidad de convocar a asamblea general de
accionistas, sin perjuicio de que las decisiones consten en
acta; además, lo que aquél decida es vinculante y no puede
ser rehusado por el representante legal. Las decisiones del
único socio son válidas así no estén en escrito, ya que el
artículo 188 del C. de Comercio solo prevé requisitos de
convocatoria, quórum y mayorías. La exigencia del artículo
189 ibídem solo es para efectos probatorios. Cuando el
accionista único de una S.A.S. toma una decisión sobre el
interés de la sociedad, como la suspensión de un contrato, la
sola manifestación revela la voluntad de la compañía y es
obligatoria.
Violó la ley sustancial, por inaplicar los artículos 181,
182, 187, 188, 196, 419, 420, 440 y 871 del Código de
Comercio y el artículo 17 de la Ley 1258 de 2008, al
inadvertir que las decisiones del máximo órgano social, que
era el único accionista de Revell, sí comprometían a esa
entidad, ya que su manifestación constituía la voluntad
social y no podía ser rehusada por el representante legal.
Es cierto que el representante legal de Revell no le
remitió a esa entidad ninguna misiva en la que informara
sobre la suspensión del contrato, y también que en la
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comunicación de 26 de febrero de 2021 el único accionista le
hizo saber a ese directivo la orden de no firmar documentos.
De no haber infringido estas pautas, el fallador habría
colegido que la misiva provenía del máximo órgano social de
Revell y no podía ser rehusada por su representante legal.
b). Omitió que las decisiones de Justin Coggins Callen
son propias de un administrador de hecho y quebrantó el
artículo 83 de la Constitución Política, el 27 de la Ley 1258
de 2008, así como el 23 y 24 de la Ley 222 de 1995 y el 871
del C. de Comercio, por falta de aplicación. Esto, porque
estimó que las decisiones de Coggins Callen no tenían la
capacidad de comprometer a Revell, dado que aquél no
representaba dicha empresa, a pesar de que habrían
constituido una administración de hecho con efectos
vinculantes para quien se inmiscuye en la gestión y dirección
de una SAS, y los hace responsables en la administración
societaria., según los artículos 23 y 24 de la Ley 222 de 1995.
La doctrina indica que el único socio de una S.A.S.
muchas veces se comporta como administrador de hecho, lo
cual apunta a proteger a los asociados y terceros afectados
por sujetos que despliegan actos de un administrador de
derecho y con ello les generan perjuicios.
c). Erró al entender que las actuaciones de Justin
Coggins Callen, único socio de Revell, eran indiferentes de
cara a la labor que debía cumplir su representante legal, ya
que pasó por el alto el artículo 27 de la Ley 1258 de 2008,
pues Justin tenía la potestad de tomar decisiones para la
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sociedad, dirigía las actuaciones del administrador de
derecho y, por lo tanto, ser comportó como un verdadero
administrador y, en ese orden, le era exigible la buena fe, la
lealtad, así como la diligencia de un buen hombre de
negocios.
d). Omitió los artículos 871 del Código de Comercio y
83 de la Constitución Política, al inadvertir que la buena fe
negocial es una obligación inescindible al ejecutar cualquier
negocio o empresa. De lo contrario, habría colegido que el
actuar de Coggins y/o de Revell contrarió el principio que les
imponía honrar su palabra y sus compromisos, lo cual
habría conducido a establecer una administración de hecho
por el único accionista de Revell S.A.S. y hubiera sido
condenado a pagar los perjuicios causados con su actuar.
CONSIDERACIONES
1. La sociedad legalmente constituida genera una
persona jurídica -sujeto iuris-, distinta de sus socios
individualmente considerados, con personificación
normativa, capacidad para ejercer derechos y contraer
obligaciones, autonomía y patrimonio independiente,
conforme lo establece, con absoluta claridad, el artículo 98
del Código de Comercio.
Según comenta Gabino Pinzón, ese ente legal «puede
adquirir derechos, contraer obligaciones y actuar en la vida
jurídica como sujeto autónomo, conforme al artículo 633 del
Código Civil, que es aplicable, en general, a todas las personas
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jurídicas»11. Además, su objeto social, por regla general, es
determinado y, excepcionalmente, indeterminado12.
Dentro de los atributos de la sociedad está la
personificación jurídica, toda vez que, después de ser
debidamente constituida, esta pasa a ser un ente autónomo
y se convierte en el centro de imputación de los derechos y
las obligaciones, así como la separación patrimonial, propia
de las compañías de capitales, consistente en que los bienes
del ente moral se separan de los de cada socio, situación que
conlleva a que se demarque su responsabilidad hasta el
límite de sus aportes.
Al referirse a estos caracteres de la sociedad comercial,
un destacado expositor comenta que:
«en razón de atribuírseles personalidad, las sociedades son
titulares de derechos -que podrán ejercer en beneficio propio-, y de
obligaciones-por las que responderán con todo su patrimonio (…)
se produce, como hemos visto, una separación entre el patrimonio
de los socios y el de la sociedad. Ésta, a partir de su constitución
será titular de sus bienes y derechos que le hubieren transferido
los socios…Las deudas de la sociedad no se confunden con las
personales y particulares de los socios, aunque éstos, en algunos
tipos societarios, por las deudas sociales puedan llegar a
responder personalmente junto con aquella»13.
2. La Ley 1258 de 2008 estableció la sociedad por
acciones simplificadas (SAS) y autorizó su conformación por
11 GABINO PINZÓN José. Sociedades Comerciales. Tomo I. Editorial Temis Librería.
Bogotá, 1982, pág. 21.
12 Cfr. núm. 5º art. 5º Ley 1258 de 2008.
13 VANASCO CARLOS Augusto. Manual de Sociedades Comerciales. Editorial
Astrea. Ciudad de Buenos Aires, 2001, pág. 103,105 y 106.
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una o varias personas -naturales o jurídicas- mediante
contrato o acto jurídico unilateral que conste en documento
privado, con la advertencia de que solo a partir de su
inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de
Comercio de su domicilio principal nace la persona jurídica
distinta de sus accionistas (arts. 2º y 5 ibídem).
Así se superó el elemento de la pluralidad propio de las
sociedades mercantiles tradicionales previstas en el Código
de Comercio; además, la novel regulación estableció la
posibilidad de que la persona jurídica SAS tenga una
duración indefinida, así como un objeto social
indeterminado, lo cual la habilita para realizar cualquier
actividad lícita, con las restricciones previstas en esa misma
normativa.
En el parágrafo de su artículo 27, la Ley de la SAS reguló
el administrador de hecho, a cuyo tenor «[l]as personas
naturales o jurídicas que, sin ser administradores de una
sociedad por acciones simplificada, se inmiscuyan en una
actividad positiva de gestión, administración o dirección de la
sociedad, incurrirán en las mismas responsabilidades y
sanciones aplicables a los administradores».
La figura legis es una institución jurídica societaria
originada en el sistema del common law, pero adoptada por
la ley de la sociedad por acciones simplificada -SAS- con el
firme propósito de extender y hacer aplicable el régimen de
responsabilidad de los administradores a la persona, natural
o jurídica, que, aunque no haya sido legal o estatutariamente
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investida con el estatus formal de administrador, ejerza de
facto funciones de gestión, dirección o administración de la
sociedad.
Esto implica extrapolar los deberes fiduciarios
establecidos en la Ley 222 de 1995 y aplicarlos al evaluar el
proceder de quien, a pesar de estar desprovisto de un
mandado social, se inmiscuye en el funcionamiento de la
sociedad y ejerce actividades positivas de gestión,
administración o dirección, al punto de ser quien toma las
decisiones propias de los órganos de administración. El
objetivo es hacerlo responsable de los perjuicios que cause a
los socios, la sociedad o los terceros (Stakeholders). Sin
embargo, para atribuirle dicha calidad, así como las
consecuencias legales propias de un administrador
societario, es necesario que el implicado realice esas
funciones de manera constante, y sin estar sujeto a
directrices que derivan de los acuerdos adoptados por la
asamblea general de accionistas.
Ello significa que no toda actividad de terceros
constituye una administración de hecho. Tampoco es
suficiente con demostrar que existió una gestión aislada de
un sujeto ajeno a los órganos de administración. Es
necesario probar que la persona que se inmiscuyó desarrolló
actuaciones positivas de forma continuada. En efecto, ha de
tratarse de una influencia o intromisión determinante y
decisiva sobre la labor del administrador formal. Además, la
gestión de facto debe tener la capacidad de sustituir a los
órganos de administración, ya sea actuando de manera
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oculta o generando ante terceros la convicción de que el
involucrado ejerce como un administrador de derecho.
En esencia, para que se configure la administración de
hecho, se requiere que quien se comporta de esa manera lo
haga de forma continua y decisiva en la gestión, dirección o
administración de la sociedad, a tal punto que ello produzca
una pérdida de la autonomía en la gestión de sus
representantes legales o de los demás órganos de
administración, y trasluzca su remplazo en el proceso de
toma y ejecución de las decisiones de la persona jurídica.
La Ley 1258 de 2008 no estableció un estándar
probatorio para acreditar la existencia del administrador de
hecho, ni las normas mercantiles generales lo prevén. En ese
sentido, es necesario recurrir a los medios de convicción
previstos en el Código General del Proceso. En consecuencia,
se deben considerar y analizar diversas situaciones
particulares que acrediten plenamente dicha institución, o
hagan inferir razonablemente que se configuró. Esto se debe
a que, si no existe prueba directa o si esta es frágil y no
concluyente, se podrá recurrir a la indiciaria. En cualquier
caso, el escrutinio judicial proporcionará la claridad
suficiente para establecer o descartar la administración de
hecho, a partir de circunstancias particulares que dejen al
descubierto actuaciones positivas reveladoras de su
existencia.
Por ejemplo, cuando una persona, sin ejercer
formalmente la función de administrador de la sociedad por
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acciones simplificada (SAS), dirija las funciones y
actuaciones de los administradores regulares, haga que la
compañía adquiera compromisos económicos significativos,
sea reconocida como administrador por la propia sociedad,
se presente ante terceros con esa condición o adopte
decisiones relevantes para su funcionamiento, estas
conductas activas, entre otras de similar connotación,
deberán ser apreciadas por el juzgador de acuerdo con las
reglas de la experiencia, la lógica y la sana crítica. Así podrá
determinar si dichas acciones acreditan la sobredicha
institución o, al menos, constituyen indicios graves,
concordantes y convergentes para concluir que se configuró
la administración de facto, a fin de aplicarle al implicado el
régimen de responsabilidad especial que la Ley 222 de 1995
establece para los administradores.
3. En este evento, Gutiérrez Group S.A.S. acusa al
Tribunal de infringir diversas disposiciones que, en su sentir,
permitían establecer que Justin Coggins Callen ejerció la
administración de hecho de Revell S.A.S. y, por lo tanto,
debía responder por los perjuicios ocasionados a la
recurrente, al ser la desarrolladora del proyecto hotelero.
4. La violación directa de normas de linaje sustancial,
que es cuestión regulada en la primera de las causales de
casación, ocurre cuando después de agotar con acierto la
fase de valoración probatoria del pleito, el juzgador lo somete
a un tratamiento legal impropio, ya porque deja de lado la
normatividad aplicable, ora porque se funda en una que
resulta ajena, o aun en los casos en que sirviéndose de la que
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es correcta, la hace actuar, con incidencia en la decisión,
pero le atribuye una inteligencia diversa a la que de ella
procede.
Frente a esta regla técnica, en SC097-2023 la Corte
reiteró que
[e]n este ámbito, vale decir en el del error jurídico en estricto
sentido (v. G. J. T. CXLX, pág. 34), la única actividad argumental
admisible del recurrente ha de circunscribirse, necesaria y
exclusivamente, a los textos legales de carácter sustancial que
considere no aplicados o aplicados indebidamente o quebrantados
por error de entendimiento, pero en todo caso con absoluta
prescindencia de cualquier razonamiento que, montado sobre una
discrepancia más o menos visible con el sentenciador de instancia
en el terreno de la evidencia recogida, haga necesario un nuevo
examen crítico de los medios probatorios de los que esa evidencia
emerge. Suponer que la violación de la ley pudo producirse por
ambos caminos a la vez es una proposición que adolece de notoria
contradicción...” (G.J. t. CCXVI, pág. 460, reiterada en (CSJ SC
24 abr. 2012, rad. nº 2005-00078 y en SC4755-2018).
De ahí que, al invocar esta clase de desacierto, la parte
recurrente comparte la constatación de la realidad fáctica y
probatoria efectuada por el sentenciador y, por tanto, no
puede discrepar en lo más mínimo de las conclusiones que
en ese terreno haya efectuado aquél, porque se entiende que
las acepta a plenitud. Por eso, su embate debe dirigirse, en
concreto, a derruir los falsos juicios en relación con los
preceptos que rigen el caso.
5. No sale avante la acusación, ya que el Tribunal hizo
actuar las normas jurídicas llamadas a gobernar el asunto
sometido a componenda judicial y, ante todo, estableció que
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Revell S.A.S. es una persona jurídica distinta de sus socios y
que, en ese sentido, las actuaciones de Justin Coggins
Callen, su único accionista, impedían concluir que ese ente
moral se apartó de sus compromisos negociales o que le sería
imposible cumplirlos según el cronograma pactado.
En efecto, la sentencia impugnada no pasó por alto las
normas invocadas por la censura [artículos 83 de la
Constitución Política, artículos 181, 182, 187, 188, 196, 419,
420, 440 y 871 del Código de Comercio, los artículos 17 y 27
de la Ley 1258 de 2008, y los artículos 23 y 24 de la Ley 222
de 1995]. Por el contrario, el ad quem tuvo en cuenta, en lo
medular, las disposiciones pertinentes para la definición del
pleito y, con base en ellas, zanjó el caso, sin que al haberlo
hecho de forma adversa a Gutiérrez Group S.A.S., ello
signifique que desconoció que las partes de un contrato
deben proceder de buena fe, ni que haya omitido que el
máximo órgano de la sociedad por acciones simplificada, en
este caso, Revell S.A.S., es la asamblea general de
accionistas, o que relegó las reglas sobre convocatoria,
reuniones y quórum previstas en el régimen societario,
específicamente en la Ley 1258 de 2008 para la sociedad por
acciones simplificada.
En esa secuencia, tampoco se puede decir que ese
fallador desatendió las normas societarias que establecen las
competencias del máximo órgano social de la sociedad por
acciones simplificada o los efectos que sus decisiones
producen frente a la persona jurídica, sus socios o los
administradores, concretamente respecto del representante
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legal, pues la sentencia no revela ese proceder, sino que se
muestra conforme con esas disposiciones jurídicas.
No desconoció el Tribunal que el representante legal de
la sociedad es un órgano autónomo e independiente para
llevar a cabo las labores de administración, gestión y
dirección de la persona jurídica.
Se constató que el 26 de febrero de 2021 Justin Coggins
Callen, único accionista de Revell S.A.S., le envió un e mail a
Julián Andrés Hoyos Isaza, representante legal de esta
compañía, con copia a Juan Darío Gutiérrez, gerente de
Gutiérrez Group S.A.S. en el que indicó «que este correo sirva
como notificación de que he dicho a Julián que NO firme hasta
que yo haya tenido tiempo de revisar los documentos
solicitados»; sin embargo, esa comunicación electrónica no
conllevó per se una administración de hecho, ni permitía
inferirla automáticamente. Específicamente, porque se trató
de un acto aislado y, por lo tanto, insuficiente para establecer
que ese accionista era quien realmente tomaba las decisiones
propias del órgano de administración.
Además, el representante legal de Revell S.A.S. solo
podía celebrar actos y contratos sin autorización hasta un
monto específico (tres millones de pesos ($3’000.000) o mil
dólares de los Estados Unidos de América (USD 1.000),
según el certificado de existencia y representación legal de
esa sociedad (fl. 46, cno.1). Esto significa, entonces, que, por
fuera de esa cuantía, requería autorización del máximo
órgano social. Fue precisamente por ello que en la asamblea
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efectuada el 25 de septiembre de 202014 se le autorizó firmar
el joint venture y suscribir «la escritura pública a cualquier
título que resulte necesario otorgar de conformidad con dicho
contrato», conforme se reiteró en el numeral sexto de los
considerandos del acuerdo de colaboración empresarial.
En ese sentido, la instrucción impartida por Justin
Coggins Callen a Julián Andrés Hoyos Isaza, representante
legal de Revell S.A.S., y con relación al joint venture,
consistente en que se abstuviera de firmar la fiducia
mercantil hasta tanto él revisara la documentación, no podía
ser considerada como una administración de hecho, ya que
se trató de una actuación particular y aislada. Es más, podría
incluso interpretarse como un condicionamiento o una
modificación a la autorización previamente conferida, y no
como un remplazo de su rol.
Esto es relevante, pues, fuera de esta directriz
específica, no se probó ninguna otra gestión que hiciera
entender que el accionista único de Revell S.A.S. era quien
ejecutaba su objeto social o remplazaba a su representante
legal en el proceso de toma de decisiones. Tampoco se pudo
establecer que dicho inversor hubiera impartido una orden
que apartara al órgano de administración de la persona
jurídica de cumplir el contrato de joint venture. Esta
circunstancia es reconocida por la casacionista, quien, al
sustentar su arremetida, admite dicha realidad, lo cual
desvirtúa la infracción de las normas jurídicas invocadas.
14 Cfr. fls. 286-288 c.1.2 expediente digital.
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No podía, entonces, el ad quem establecer una
administración de hecho a partir de la actuación de Justin
Coggins Callen, ya que su proceder tampoco evidenció un
comportamiento continuó o reiterado a partir de actos
positivos indicativos de que intervenía con tal condición.
Aunque el parágrafo del artículo 27 de la Ley 1258 de
2008 determina que la administración de hecho se configura
cuando una persona, natural o jurídica, sin tener tal
condición, se inmiscuye en una actividad positiva de gestión,
administración o dirección de la sociedad, es necesario que
dicha intervención, además de constante y reiterada, rebase
la autonomía de los órganos de administración. En otras
palabras, debe tratarse de acciones positivas y directas que
impliquen tomar decisiones propias de los administradores,
desplazarlos de sus atribuciones o cercenar su autonomía y
que ello genere consecuencias significativas para la sociedad,
sus socios o los terceros (Stakeholders).
Por consiguiente, no cualquier intervención de un
accionista o socio único en una sociedad por acciones
simplificada -SAS- constituye administración de hecho. Para
que tal actuación encuadre en este ámbito legal, es necesario
demostrar que su intromisión fue no solo efectiva y continua,
en contraposición a una acción aislada, sino también que
tuvo tal magnitud que impactó significativamente a la
persona jurídica o, cuando menos, generó la apariencia de
que quien actuaba tenía funciones de administrador.
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En síntesis, como la administración de hecho fue creada
para proteger los intereses de la sociedad, los socios y
terceros frente a quien actúe sin tener formalmente la calidad
de administrador, para que esta se configure deben
evidenciarse hechos concretos y continuos que muestren que
la persona implicada ha ejercido una influencia directa y
constate sobre la gestión, administración o dirección de la
sociedad, a tal punto que se haya configurado un gobierno
de hecho con incidencia en el actuar del ente moral.
En este episodio, no se podía concluir que Justin
Coggins Callen, único accionista de Revell S.A., dirigió y
determinó la actuación de Julián Andrés Hoyos Isaza,
representante legal de la sociedad y, ende, el administrador
de derecho designado. La instrucción de no firmar el contrato
de fiducia hasta revisar ciertos documentos fue un acto
puntual y aislado, lo que impide que se considere un
comportamiento reiterado y continúo, por lo que no suplantó
el rol de administrador. Esto impedía aplicarle el régimen de
responsabilidad especial de la Ley 222 de 1995, lo que
debilita la acusación.
Se resalta que, para establecer la administración de
hecho en la sociedad por acciones simplificada (Parágrafo, art.
27 Ley 1258 de 2008), deben salir a la luz hechos reveladores y
concluyentes de actuaciones positivas y reiteradas que den
certeza de que se configuró un gobierno de hecho con
incidencia en el actuar de la sociedad, frente a sus socios o
terceros. Esta situación fue descartada por el ad quem en el
plano fáctico, y no puede ser discutida ahora, ya que el cargo
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fue planteado en la causal primera de casación, en la cual no
hay espacio para disentir de la constatación probatoria
realizada por el Tribunal, pues, al seleccionar esta senda, el
casacionista coincide con esas conclusiones.
En todo caso, es irrelevante el argumento sobre la
administración de hecho, pues como esta figura busca que
quienes ejercen poder sobre la gestión de la sociedad
respondan de forma similar a los administradores
designados, su ámbito de aplicación está circunscrito a que
se cumplan los presupuestos del régimen de responsabilidad
civil aplicable a los administradores. Sin embargo, no se
probó que la actuación de Coggins Callen causó el
incumplimiento de las obligaciones de Revell S.A.S., pues ni
siquiera se acreditó que cuando se acudió a la jurisdicción
estas habían sido quebrantadas o que ese ente estaba en
imposibilidad de cumplirlas, sobre todo porque el plazo para
realizar las de la fase preconstructiva no había vencido.
Por último, como los artículos 8315 de la Constitución
Política y 87116 del Código de Comercio carecen de
connotación sustancial, no se puede decir, en el ámbito de la
causal primera de casación, que el Tribunal los infringió y
que se abstuvo de hacer actuar el artículo 27 de la Ley 1258
de 2008, que, en todo caso, no fue transgredido.
6. En suma, no prospera el cargo.
15 Cfr. SC 29 feb. 2012, rad. 2000-00103-01.
16 Cfr. CSJ SC 118-1987 (21 abr.1987).
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CARGO TERCERO
Denuncia el quebranto directo de la ley sustancial ante
la falta de aplicación del preámbulo de la Constitución
Política, así como de sus artículos 2, 4, 29, 228, 229 y 230,
y de los artículos 1º y 2º de la Ley 270 de 1996.
Lo sustenta en que el Tribunal no zanjó de fondo el
conflicto intersubjetivo establecido entre las partes y
sometido a componenda jurisdiccional, sino que lo dejó
vigente en el tiempo, aun cuando el ordenamiento jurídico le
imponía resolverlo para materializar la tutela judicial
efectiva.
CONSIDERACIONES
1. A través de la primera causal de casación, la
recurrente plantea que el Tribunal transgredió derechamente
diversas normas jurídicas y dejó vigente la controversia, lo
cual, según su opinión, contradice el derecho constitucional
de acceso a la administración de justicia y, específicamente,
el postulado de la tutela judicial efectiva.
Sin embargo, la Corte, puesta en el camino de
establecer si se presentó la infracción de la ley sustancial,
observa que la acusación omite invocar un precepto material
con incidencia en la decisión. Las disposiciones jurídicas
indicadas por la casacionista carecen de esta específica
connotación. Esto ha sido reconocido por esta Corte en
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relación con el preámbulo de la Constitución Política de 1991
y sus artículos 2, 4, 29, 228, 229 y 23017.
A su vez, los artículos 1º y 2º de la Ley 270 de 1996,
Estatutaria de la Administración de Justicia, no contienen
prescripciones dirigidas a declarar, crear, modificar o
extinguir relaciones jurídicas concretas (G.J. CLI, pág.254). Se
trata de normas definitorias y descriptivas que se refieren a
la forma en que se debe garantizar la prestación de ese
servicio en todo el territorio nacional. Por consiguiente,
resultan insuficientes para sustentar un cargo basado en la
infracción de la ley sustancial.
En vista de esta realidad, es axiomático que este último
embate no indica la norma material que, siendo pertinente
para la definición del pleito, habría sido infringida por el
Tribunal.
Sobre esta importante exigencia, en la CSJ SC1643-
2022 se destacó que
Es insuficiente invocar de forma general la violación de la ley
sustancial, como quiera que igualmente sea de rigor para quien
recurre señalar específicamente la norma de ese tipo infringida por
el juzgador ad quem, argumentar cómo fue -o debió ser- base
esencial de la sentencia, explicar cómo se transgredió ese precepto
y la relevancia de su vulneración en la parte resolutiva del fallo
atacado.
17 Cfr. CSJ S-142-1995, rad. 4353 se precisó que los principios contenidos en el preámbulo
de la Constitución Política, así como los artículos 2, 4º y 228 tienen una naturaleza «abstracta y
universal», la cual irradia la legislación nacional, incluida la legislación aplicable al litigio. En SC 29
feb. 2012, rad. 2000-00103-01, se destacó que el artículo 29 superior no es norma sustantiva. En SC2157-
2024 se insistió en que los artículos 229 y 230 constitucionales tampoco precisan de esa característica.
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Por supuesto que tratándose las causales primera y segunda de
casación, que aluden a la violación de la ley sustancial, la
disposición invocada será la que determine el reconocimiento o no
del derecho en disputa, de modo que sin la singularización de la
norma presuntamente vulnerada en los términos indicados a
espacio es imposible la confrontación entre aquellas y la sentencia
impugnada.
En esa misma decisión, la Corte enfatizó que una
omisión de ese calibre,
(…) deja incompleto el ataque, al decir de la Sala, ‘(…) en la medida
en que se privaría a la Corte, de un elemento necesario para hacer
la confrontación con la sentencia acusada, no pudiéndose, ex
officio, suplir las deficiencias u omisiones en que incurra el
casacionista en la formulación de los cargos, merced al arraigado
carácter dispositivo que estereotipa al recurso de casación’.
Desde luego, no cualquier precepto califica como sustancial, sino
únicamente, cual lo tiene decantado esta Corporación, si declara,
crea, modifica o extingue una relación jurídica concreta, esto es,
cuando regula una situación de hecho, seguida de una
consecuencia jurídica. Carecen de esa connotación, por lo tanto,
las normas que definen fenómenos jurídicos o describen sus
elementos, pues al ser tales, en línea de principio, no atribuyen
derechos subjetivos; tampoco, por lo mismo, las que regulan
determinada actividad procesal o probatoria.
Esta deficiencia técnica es insuperable, pues omite el
ingrediente primario y esencial para determinar si se
infringió el orden jurídico y la forma en que ello habría
ocurrido, ya sea por falta de aplicación, indebida selección o
errónea interpretación, lo que vuelve fútil el ataque.
2. Aun si se hiciera abstracción de la falencia formal
advertida, el cargo tampoco medraría porque la realidad
procesal impide adoptar una decisión distinta a la del
Tribunal, so pena de desfigurar el cuadro fáctico y las
pretensiones de las partes. Específicamente, la acción
propuesta por Gutiérrez Group S.A.S. fue de carácter
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indemnizatorio y, como se evidenció al resolver el cargo
inicial, dicha vía está al servicio del extremo procesal que
cumplió o se allanó a ejecutar sus compromisos conforme al
programa obligacional, siempre que acredite que su
contendora procesal deshonró, en todo o en parte, sus
débitos o los atendió de forma imperfecta o tardía. Sin
embargo, esta última situación quedó desvirtuada en el fallo
que zanjó la segunda instancia, el cual estableció que el
reclamo resarcitorio se planteó cuando aún estaba vigente el
plazo para que Revell S.A.S. firmara la fiducia y transfiriera
los bienes, sin que las conclusiones que respaldan esa
tesitura hayan sido derruidas en casación.
Por lo tanto, sin especificar si las obligaciones que
Gutiérrez Group S.A.S. consideró incumplidas debían
satisfacerse de forma sucesiva o simultánea, lo cierto es que,
cuando la demandante principal, hoy recurrente, activó la
jurisdicción (19 abr. 2021), aún no había vencido el plazo
contractual previsto para el desarrollo de la etapa
preconstructiva. En esta fase, ambas partes debían cumplir
diversos compromisos, sin que, además, se haya acreditado
que Revell S.A.S. deshonró algunos de ellos, incluida la firma
de la fiducia y la transferencia de los dos (2) predios al
fideicomiso seleccionado por la desarrolladora del complejo
hotelero, ni que estuviera en imposibilidad de cumplirlos.
Según el programa obligacional, estos actos podían realizarse
durante la vigencia de esa fase inicial del proyecto, es decir,
a más tardar el 28 de julio de 2021.
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En fin, no se demostró que Revell S.A.S. desatendió
total o parcialmente las prestaciones que le correspondía
cumplir durante la fase preconstructiva del proyecto
hotelero, a pesar de tratarse de un presupuesto de la acción
indemnizatoria, de ahí que debía haber acaecido cuando se
activó la jurisdicción, pues solo así era viable la senda
resarcitoria emprendida por la desarrolladora del proyecto.
Tampoco resulta viable acudir a la casación oficiosa. Lo
anterior, porque la Corte no encuentra configurado ninguno
de los supuestos legales que la habilitan. Nótese que la tesis
central del ad quem para rehusar las súplicas de Gutiérrez
Group S.A.S. fue la petición antes de tiempo, lo cual significa
que ese reclamo se frustró por un impedimento de carácter
temporal (núm.3º art. 304 C.G.P.).
3. Por lo visto, se frustra el cargo.
4. Como los embates no prosperaron, conforme a los
artículos 349 in fine y 365 del Código General del Proceso, se
impondrá a la impugnante el pago de las costas procesales
en el trámite de esta senda extraordinaria y para tasar las
agencias en derecho se tendrá en cuenta que dentro del
término legal se presentó réplica.
IV. DECISIÓN
En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia,
en Sala de Casación Civil, Agraria y Rural, administrando
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justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,
NO CASA la sentencia del 12 de julio de 2023, proferida por
la Sala Civil del Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Medellín, en el proceso verbal que promovió contra Revell
S.A.S. y Justin Coggins Callen.
Costas a cargo de la recurrente, a favor de la
contraparte. Inclúyase ($12’000.000) por agencias en
derecho, que fija el Magistrado ponente.
En su oportunidad, devuélvase el expediente a la
Corporación de origen.
Notifíquese,
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
Presidenta de Sala
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Hilda González Neira
Presidenta de la Sala
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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