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AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
Magistrado Ponente
SC554-2024
Radicación n.° 11001-02-03-000-2022-01441-00
(Aprobada en sesión de catorce de marzo de dos mil veinticuatro)
Bogotá D.C., nueve (9) de abril de dos mil veinticuatro
(2024).
Decisión de la solicitud de reconocimiento de laudo
arbitral proferido el 14 de enero de 2020 por la Cámara de
Comercio Internacional (CCI) en el arbitraje convocado por
Adin Dental Implant Systems Ltd (Adin) contra Adin
Colombia S.A.S. (Adin Col) e Ita Saraga Bronstein (Saraga).
ANTECEDENTES
1. Adin pidió declarar que el laudo surte efectos en la
República de Colombia para lo cual narró que:
1.1. Celebró con Adin Col un «acuerdo de distribución»
con versión final de 11 de junio de 2014 «para la venta,
distribución y promoción» de sus productos en Colombia;
1.2. El pacto arbitral remitió a las «normas de
arbitramento de la CCI» y sometió la controversia a «la Ley
del Estado de Israel»;
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1.3. Ante la CCI se adelantó el arbitraje 22987/AYZ
donde el árbitro único laudó el 14 de enero de 2020, así:
1.3.1. Adin Col debe a Adin US$51.594, más intereses
de 3,32988% anual desde 15 mar. 2015 hasta el pago final;
1.3.2. Adin Col y Saraga pagarán esa suma conjunta y
solidariamente;
1.3.3. El pago será de US$1.032.188 más intereses a
una tasa de 3,32988% anual desde la fecha indicada; y
1.3.4. Adin Col y Saraga estarán a cargo de las costas
determinadas en el laudo.
2. Adin Col y Saraga se opusieron al reconocimiento
del laudo mediante causales sobre las que se pronunciará
la Sala en la presente sentencia.
CONSIDERACIONES
1. Reconocimiento de laudos arbitrales
internacionales
1.1. Es un trámite jurisdiccional rogado con el fin de
otorgar a una sentencia emanada de una autoridad arbitral
foránea efectos equivalentes a los de un proveído local.
Busca que, sin adelantar un nuevo juicio, el laudo
internacional tenga efectos de cosa juzgada en una
respectiva jurisdicción, atenuando el principio de soberanía
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nacional en aplicación del deber de colaboración armónica
entre los Estados del orbe.
El reconocimiento de laudos arbitrales facilita el
tránsito de personas y capitales que es connatural a la
sociedad globalizada y, por supuesto, la vigencia de la
autonomía privada, fuente primordial del arbitraje.
Al trámite de reconocimiento son aplicables
«exclusivamente» las disposiciones de la «sección tercera» de
la ley 1563 de 2012 (Estatuto Arbitral) sobre «arbitraje
internacional», así como «los tratados, convenciones,
protocolos y demás actos de derecho internacional suscritos
y ratificados por Colombia»; esto se traduce en que, «sobre
motivos, requisitos y trámites para denegar» el
reconocimiento es inaplicable, por regla general, el Código
General del Proceso, sobre todo en lo que se refiere a otro
trámite distinto orientado a homologar sentencias
jurisdiccionales extranjeras -exequátur- (art. 114 del
Estatuto Arbitral).
Por tanto, es vinculante la Convención sobre el
Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales
Extranjeras de 1958, respecto de la cual ha explicado la
Sala:
Su propósito fue… facilitar que las providencias arbitrales
tuvieran eficacia jurídica y pudiera exigirse su cumplimiento
forzado en países distintos de aquellos en que fueron dictadas,
evitando que las providencias arbitrales «tanto extranjeras
como no nacionales, sean objeto de discriminación, por lo que
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obliga a los Estados partes a velar por que dichas sentencias
sean reconocidas en su jurisdicción y puedan ejecutarse en
ella, en general, de la misma manera que las sentencias o
laudos arbitrales nacionales».1
…España y Colombia, se hicieron parte de dicho tratado
internacional al adherir el 10 de agosto de 1970 el primero, y
el segundo incorporándolo al ordenamiento positivo mediante
la Ley 39 de 1990.2
En su artículo II,… establece… una obligación expresa… de
reconoc[er e]l pacto arbitral que celebren los contratantes
(personas naturales o entes morales) con la única condición de
que se trate de relaciones jurídicas o asuntos susceptibles de
resolverse a través de ese mecanismo alternativo de
solución de conflictos.
En el derecho internacional privado se ha aceptado que el
respeto de los instrumentos suscritos por los países y de
los compromisos adquiridos en virtud de éstos,
constituye la base fundamental de las relaciones
internacionales, que genera seguridad, confianza y paz
en la comunidad internacional, debiendo primar los
principios de pacta sunt servanda y de buena fe en el
cumplimiento de las obligaciones asumidas por los Estados,
reconocidos en el Preámbulo de la Carta de las Naciones
Unidas, de la cual es signataria Colombia, en el artículo 17 de
la Carta de la Organización de Estados Americanos, y en la
Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados,
considerados plenamente constitucionales (C-400 de 1998)…
[C]ada uno de los Estados que adhirieron a la Convención
de New York, está obligado a reconocer la autoridad del
laudo arbitral y a no imponer a dicho procedimiento
condiciones más rigurosas que las aplicables a las
sentencias arbitrales nacionales (artículo III), limitando las
causas de denegación únicamente a las establecidas en ese
1 Convención sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales
Extranjeras (Nueva York, 1958), publicada en:
http://www.unicitral.org/pdf/spanish/texts/arbitration/NY-conv/New-York-
Convention-S.pdf.
2 Inicialmente, el tratado fue aprobado mediante la Ley 37 de 1979, pero esta fue
declarada inexequible por la Corte Suprema de Justicia, por lo que el Congreso de
la República expidió la Ley 39 de 1990 que nuevamente le impartió aprobación.
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instrumento (artículo V) (SC877-2018, 2017-00080 23 mar 2018, se
destaca).
1.2. Para reconocer un laudo internacional es
necesario verificar el cumplimiento de tres requisitos.
1.2.1. El primero consiste en que el interesado formule
la solicitud ante la «autoridad judicial competente», es decir,
esta Sala de la Corte Suprema de Justicia (arts. 68 L.
1563/2012 y 30 L. 1564/2012);
1.2.2. La segunda exigencia es aportar copia u original
del laudo, pudiendo exigir la Sala presentar su traducción
al español, en caso de haberse redactado en otro idioma;
1.2.3. El tercer requisito consiste en que no se
configure alguno de los motivos procedentes para denegar el
reconocimiento previstos en los artículos V de la Convención
sobre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias
Arbitrales Extranjeras y 112 de la ley 1563 de 2012. Las
causales para negar el reconocimiento -similares a las del
recurso de anulación contra laudos arbitrales-, son de dos
clases: la primera cobija aquellas causas dispositivas que
requieren ser invocadas por la parte que se opone al
reconocimiento; la segunda consagra razones que pueden
ser estudiadas y reconocidas por la Sala, aún de oficio.
Son motivos dispositivos de denegación del
reconocimiento del laudo, que para ser declarados por la
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autoridad judicial y cerrar paso al reconocimiento del laudo
requieren invocación de parte, los siguientes:
I) «Que para el momento del acuerdo de arbitraje
estaba afectada por alguna incapacidad; o que dicho acuerdo
no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han
sometido, o si nada se hubiera indicado a este respecto, en
virtud de la ley del país en que se haya dictado el laudo»; o
II) «Que la parte contra la cual se invoca el laudo no
fue debidamente notificada de la designación de un árbitro o
de la iniciación de la actuación arbitral o no pudo, por
cualquiera otra razón, hacer valer sus derechos»; o
III) «Que el laudo versa sobre una controversia no
prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que
exceden los términos del acuerdo de arbitraje. No obstante, si
las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones
sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo
están, se podrá dar reconocimiento y ejecución a las
primeras»; o
IV) «Que la composición del tribunal arbitral o el
procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo celebrado
entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, a la ley del país
donde se adelantó o tramitó el arbitraje»; o
V) «Que el laudo no es aún obligatorio para las partes
o fue anulado o suspendido por una autoridad judicial del
país sede del arbitraje» (Lit. a, art. 112 L. 1563/2012).
Por su parte, son motivos oficiosos que pueden ser
verificados y declarados por iniciativa propia de la Sala para
negar el reconocimiento del laudo arbitral internacional los
siguientes:
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I) «Que, según la ley colombiana, el objeto de la
controversia no era susceptible de arbitraje»; o
II) «Que el reconocimiento o la ejecución del laudo
serían contrarios al orden público internacional de Colombia».
(Lit. b, art. 112 L. 1563/2012).
Pese a que la Sala puede declarar las anteriores
razones aún de oficio, ello no impide invocarlos por la parte
opositora al reconocimiento.
2. Verificación de los requisitos para el
reconocimiento del laudo arbitral
2.1. El primero de los requisitos está cumplido porque
la petición fue presentada ante la Sala de Casación Civil,
Agraria y Rural de la Corte Suprema de Justicia, «autoridad
judicial competente» para conocer la solicitud de
reconocimiento y ejecución de laudos arbitrales
internacionales (arts. 68 L. 1563/2012 y 30 L. 1564/2012).
2.2. También se cumplió la segunda exigencia porque
se presentó copia del laudo, además traducido del inglés al
español.
2.3. Corresponde ahora revisar los motivos
sustanciales para negar el reconocimiento, para lo cual la
Sala estudiará, primero, los invocados por los opositores y,
luego, aquellos que puede examinar oficiosamente.
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2.3.1. Los opositores se opusieron al reconocimiento
del laudo por «… versa[r] sobre una controversia no prevista
en el acuerdo de arbitraje o cont[ener] decisiones que exceden
los términos del acuerdo de arbitraje…», causal prevista en
el literal a, III, del artículo 112 de la ley 1563 de 2012.
En esencia, soportaron esa oposición bajo dos
argumentos. Según el primero de ellos, Saraga no fue parte
del contrato de distribución que originó la controversia entre
sus partes, es decir, Adin y Adin Col, al punto que su
participación en él fue como representante legal de la
segunda compañía, de ahí que el pacto arbitral cobije
únicamente las controversias entre los sujetos del acuerdo
de voluntades y nadie más, razón por la que ella no podía
ser condenada como persona natural; el segundo se basó en
que ese contrato es diferente al de fundadores de 21 de
noviembre de 2013, que, por ser previo, su existencia,
cumplimiento, validez o vigencia no podía tenerse en cuenta
para condenar como persona natural a Saraga, sobre todo
porque contaba con su propia cláusula arbitral.
2.3.1.1. Sobre este motivo para negar el
reconocimiento -que, además, también procede para anular
el laudo arbitral internacional- la Sala ha explicado que debe
establecerse examinando el contenido específico del pacto
arbitral, pues «determina el ámbito de competencia del
tribunal arbitral, en cuanto establece la materia o naturaleza
de la controversia que válidamente podrá ser sometida a su
conocimiento» (CSJ, SC5207-2017, Rad. 2016-01312-00,
18, abr. 2017).
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2.3.1.2. Los opositores no demostraron la
configuración de la anterior causal para negar el
reconocimiento del laudo porque el comportamiento de
Saraga durante el curso arbitral, como se prueba con el
laudo, es totalmente contradictorio con la alegación que la
controversia no estaba cobijada por el pacto arbitral que
justificó la constitución del panel arbitral. El escrito de
oposición no tiene una sola alusión a la posición asumida
por Saraga durante la instancia arbitral con miras a
soportar su solicitud de dejar de reconocer la providencia.
En efecto, no se probó que durante el proceso arbitral
Saraga hubiera objetado la habilitación del árbitro único
para resolver la controversia; por el contrario, se acreditó
que ella asistió a la convocatoria arbitral, suscribió los
términos de referencia, respondió el escrito de demanda,
formuló reconvención y, como si no bastara, presentó
pretensiones a su favor y a título personal, sin alzar su
protesta en que el árbitro resolviera el litigio como lo hizo.
La única objeción formulada por los opositores durante la
instancia arbitral estuvo relacionada con que debía
aplicarse el pacto arbitral del acuerdo de fundadores y no el
del contrato de distribución, sin que eso desvirtúe los
argumentos para que fracase la oposición porque Saraga
tampoco hizo parte de esa otra cláusula arbitral.
Obsérvense los siguientes considerandos del laudo
arbitral que constatan lo que viene de afirmarse:
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170. Los Demandados objetaron la jurisdicción del Único Árbitro
con las siguientes bases:
170.1 Primera, el Acuerdo de Distribución no fue ejecutado
completamente por las Partes.
170.2 Segunda, Adin Colombia no consintió libremente celebrar
el Acuerdo de Distribución. Más bien este fue firmado el 11 de
junio de 2014, después de más de dos años de actividades
comerciales conjuntas, mientras que Adin estaba amenazando
terminar la actividad de Adin Colombia, a menos que ésta firmara
el Acuerdo de Distribución y sin considerar los comentarios de los
Demandados en un borrador anterior.
170.3 Tercera, el acuerdo de arbitraje en el Acuerdo de
Distribución contradijo el Acuerdo de Fundadores anterior, que
fue debidamente ejecutado, y convocado para arbitraje por un
árbitro para llegar a un acuerdo o nombrado por una asociación
legal de abogados israelí; y que como tal es inválido.
170.4 Finalmente, los Demandados alegaron que debido a que el
Acuerdo de Distribución se derivó de la sección 8 del Acuerdo de
Fundadores, el argumento del Demandante de que el Acuerdo de
Fundadores nunca se había implementado, en caso de ser
aceptado, trajera como resultado necesariamente la invalidez del
Acuerdo de Distribución, incluyendo el acuerdo de arbitraje en
éste.
171 A pesar de que los Demandados tuvieron muchas
oportunidades de hacerlo, no respondieron específicamente (o por
separado) a la demanda de Adin de que esa sección 20 del
Acuerdo de Distribución confería jurisdicción en el Único Árbitro
sobre las demandas que se entablaron personalmente contra
Saraga, ni tampoco cuestionaban separadamente la jurisdicción
del Único Árbitro con respecto de las demandas entabladas
contra Saraga en su capacidad personal.
172 Sin embargo, los Demandados afirmaron que en caso de que
el Único Árbitro encontrara que tiene jurisdicción (bajo la sección
20 del Acuerdo de Distribución) para determinar las demandas
del Demandante que en línea con la decisión sobre el alivio de Eli
Yonay. Kfar Hassidim, el Único Árbitro debe también ejercer
jurisdicción sobre las contrademandas adelantadas por los
Demandados. El tribunal en el caso de Eli Yonay sostuvo que se
requiere una interpretación intencional de un acuerdo de arbitraje
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para defender los fundamentos racionales de la Ley de Arbitraje
y mantener las ventajas del proceso. El tribunal añadió que una
contrademanda forma una parte inseparable del proceso de
arbitraje completo que le permite al demandado airear
completamente la posición factual y legal desde su punto de vista.
Más aún cuando la contrademanda está estrechamente
conectada con la demanda principal y las acusaciones que
surgen de esta. Las determinaciones separadas de cada aspecto
de una controversia frustrarían el propósito del proceso arbitral,
que no fue la intención por detrás de la ley de arbitraje israelí.
173 La respuesta de Adin a las objeciones jurisdiccionales de los
Demandados fueron establecidas en los parágrafos del 93 al 98
del PHB del Demandante. Además de las presentaciones que ya
se habían hecho (resumidas anteriormente) el Demandante
adicionalmente se basó en la carta de Messrs De La Espriella
(escribiendo un nombre de Adin Colombia) a Adin fechada el 11
de diciembre de 2014 que, como se anotó anteriormente, concluyó
con la declaración que: "ADIN DENTAL IMPLANT SYSTEMS LTD
puede solucionar todas las diferencias en un Tribunal de Arbitraje
Internacional o tomar esta oferta. La decisión es toda suya."
(páginas 54 y ss del laudo).
Así las cosas, por no haber probado que el pacto
arbitral no cobijaba los asuntos de la controversia, sobre
todo por el comportamiento que durante el proceso tuvieron
los opositores, fracasa el referido motivo para negar el
reconocimiento del laudo.
2.3.2. La oposición también invocó la cuarta causal
para negar el reconocimiento («…la composición del tribunal
arbitral o el procedimiento arbitral no se ajustaron al acuerdo
celebrado entre las partes o, en defecto de tal acuerdo, a la
ley del país donde se adelantó o tramitó el arbitraje», art. 112,
lit. a, IV, ley 1563 de 2012). El fundamento central de este
motivo radicó en que la cláusula arbitral del acuerdo de
fundadores no alude a las normas de la CCI, razón por la
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que no se siguió el procedimiento pactado en el pacto
arbitral.
Se destaca que los opositores suscribieron los
términos de referencia del arbitraje. Se trata de un acto
arbitral que busca establecer un marco para el
procedimiento que se aplicara y permite a las partes, así
como a los árbitros, exponer su visión sobre el trámite. En
consecuencia, la aceptación incondicional de los opositores
a los términos de referencia muestra el desacierto de sus
argumentos para oponerse al reconocimiento del laudo,
precisamente, por el procedimiento aplicado3.
Al respecto también es categórico el artículo 66 del
Estatuto Arbitral (equivalente al 4º de la ley modelo de
arbitraje internacional), que consagra la preclusión a
reclamar sobre el procedimiento si los defectos no se hacen
valer durante la instancia arbitral:
La parte que prosiga el arbitraje conociendo que no se ha
cumplido alguna disposición de la presente sección de la que las
partes puedan apartarse o algún requisito del acuerdo de
arbitraje y no exprese su objeción a tal incumplimiento tan pronto
sea posible o, si se prevé un plazo para hacerlo, dentro de este,
no podrá formular objeción alguna posteriormente.
Así las cosas, era indispensable que los opositores
acreditaran que hicieron valer ante el árbitro, en el momento
oportuno, las objeciones sobre la constitución del panel, así
como el desarrollo del procedimiento, para que fuera
3 EMMANUEL GAILLARD y JOHN SAVAGE (eds), Fouchard Gaillard Goldman on
International Commercial Arbitration, Part 4 : Chapter II - The Arbitral Proceedings', Kluwer
Law International; Kluwer Law International 1999, pp. 655 – 708.
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fructífero que pudieran invocar válidamente el motivo que
ahora hacen valer para oponerse al reconocimiento del
laudo. Ese entendimiento es acorde con la jurisprudencia de
la Sala en cuanto señala, en sede anulación, que el mismo
motivo para negar el reconocimiento de un laudo:
se configura cuando el tribunal arbitral desatiende sin
justificación alguna aquellas pautas de procedimiento fijadas por
las partes en la cláusula compromisoria (o por remisión, en caso
así dispuesto por ellas), de tal forma que la omisión recaiga sobre
todo el trámite arbitral y no sobre una actuación determinada.
Este yerro puede haber causado una vulneración al derecho de
contradicción y defensa de las partes involucradas, habiéndose
puesto de presente al tribunal por la parte afectada, siendo
ignorada su petición para superar la respectiva vulneración. Este
último punto es importante, pues debe la parte, o las partes,
manifestar oportunamente que existe un yerro jurídico en la
respectiva oportunidad procesal, no habiendo lugar a
cuestionamientos posteriores, si estas no lo hicieren
oportunamente (CSJ, SC4480-2021 Rad. 2019-03417-
00, 13 oct. 2021).
Por las razones anotadas, fracasa el invocado motivo
para impedir el reconocimiento.
2.3.3. Le corresponde a la Sala examinar la primera
causal de las oficiosas que sirve para negar el
reconocimiento del laudo («…según la ley colombiana, el
objeto de la controversia no era susceptible de arbitraje», art.
112, lit. b, I, ley 1563 de 2012).
Sobre la arbitrabilidad, la Sala ha ilustrado:
En Colombia, según los artículos 116 de la Constitución Política y
13 -inciso tercero- de la ley 270 de 1996, podrá acudirse al
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referido mecanismo de solución de conflictos en todos los casos
señalados por la ley. El canon 69 de la ley 1563 precisó que, en
materia comercial internacional, se podrán arbitrar «todas o
algunas controversias que hayan surgido o puedan surgir entre
ellas respecto de una determinada relación jurídica, contractual o
no». A su vez, el precepto 15 del Código Civil dispone que sólo
«[p]odrán renunciarse los derechos conferidos por las leyes, con
tal que sólo miren al interés individual del renunciante, y que no
esté prohibida la renuncia». Del conjunto de estos mandatos se
infiere que la arbitrabilidad objetiva está relacionada con el hecho
de que el litigio surja de una relación jurídica determinada, sobre
derechos de libre disposición y susceptibles de ser renunciados
(SC3650, rad. 2021-04294, 15 nov. 2022).
Además de que ninguna de las partes lo puso en duda,
la resuelta mediante el laudo que busca reconocerse es una
disputa arbitrable pues se trata de un asunto patrimonial
entre particulares, característica esencial de los asuntos de
libre disposición que pueden deferirse a la decisión de
árbitros internacionales. Esto quiere decir que el litigio
puesto en conocimiento del árbitro era arbitrable, tanto del
punto de vista subjetivo como del objetivo, por lo que no se
configura este motivo para negar el reconocimiento que, en
cumplimiento de la ley, debía abordar oficiosamente la Sala.
2.3.4. Ahora la Sala examinará si «el reconocimiento o
la ejecución del laudo serían contrarios al orden público
internacional de Colombia», prevista en el lit. b, II, art. 112,
ley 1563 de 2012. Para sustentarlo, los opositores
sostuvieron que era indispensable desconocer la
personalidad jurídica de Adin Col, así como levantar el velo
corporativo, para poder condenar como persona natural a
Saraga.
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La jurisprudencia ha sostenido sobre el «orden público
internacional de Colombia» lo siguiente:
Por orden público se entienden «los principios básicos o
fundamentales de las instituciones… Por lo tanto, en principio, el
desconocimiento de una norma imperativa propia del ‘foro’ del
juez del exequátur, per se, no conlleva un ataque al mencionado
instituto, lo será, si ello trae como consecuencia el
resquebrajamiento de garantías de linaje superior» (SC, 27 jul.
2011, rad. n° 2007-01956-00) Así las cosas, «únicamente si el
laudo arbitral para el que se pide el reconocimiento lesiona los
valores y principios básicos o fundamentales en que se inspiran
las instituciones jurídicas del ordenamiento patrio, podría
denegarse su reconocimiento» (SC8453, 24 jun. 2016, rad. n°
2014-02243- 00). Para concretar la noción de orden público es
necesario nuevamente acudir al principio pro-ejecución, con el fin
de evitar hermenéuticas extensivas y acotar su alcance a los
mínimos esenciales, así como resolver los casos dudosos a favor
del reconocimiento (SC3650, rad. 2021-04294, 15 nov.
2022).
La Sala evidencia que Saraga fue condenada como
persona natural no como una forma de desconocimiento a
las reglas de separación patrimonial que existe entre
personas naturales y jurídicas, mucho menos como
resultado de un levantamiento sinuoso del velo corporativo.
Por el contrario, del laudo que busca reconocerse se observa
con claridad que fue condenada a la suma dineraria
respectiva por desatender el postulado de la buena fe
durante el cumplimiento del contrato de distribución, y no
como administrador o accionista de Adin Col:
Una obligación de buena fe surgió tanto en el contexto de las
negociaciones contractuales entre las partes de conformidad con
Las secciones 12 y 39 de la Ley de Contratos y generalmente
como un aspecto inherente de su relación de confianza como
socios previstos o reales en una alianza estratégica. Esta
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obligación no surge simplemente debido a que Saraga tuvo un
cargo de funcionaria corporativa dentro de Adin Colombia o
debido a que ella era una accionista; su alcance se extendió más
allá de las obligaciones asociadas con estos roles.
229. Específicamente, la obligación de buena fe que surge de
estas circunstancias impuso una mayor obligación de divulgación
para Saraga exigiéndole personalmente que le informe a Adin
cualquier impedimento o dificultad financiera que afecte a Adin
Colombia o cualquier otra decisión o razón o base que pudiera
haber evitado que Adin Colombia le pagara su deuda a Adin.
230. El punto hasta el cual fue violada esta obligación y en caso
de haberlo, el punto hasta el cual dicha violación causó daño o
pérdida a Adin es considerado y determinado en los siguientes
parágrafos (páginas 78 y 79 del laudo).
Lo expuesto se traduce en que la manera como se
impuso la condena a Saraga no se desconoció la separación
patrimonial entre una persona natural y una jurídica, sobre
todo porque una y otra fueron condenadas de manera
conjunta, de ahí que no resultara necesario para imponer la
condena que se levantara el velo corporativo, ni mucho
menos fuera indispensable desconocer la personalidad
jurídica de Adin Col.
De ahí que fundar una condena pecuniaria en el
desconocimiento de una obligación contractual, como es el
caso del postulado de la buena fe, resulta acorde con la
buena fe.
Comoquiera que el presente motivo para negar el
reconocimiento del laudo debe indagarse de oficio, la Sala
no aprecia en razones adicionales a las invocadas por los
opositores que la lleven a concluir que se lesionó el orden
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público y, por tanto, resulta procedente acceder a las
peticiones de la solicitud.
DECISIÓN
Por lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Sala de
Casación Civil, administrado justicia en nombre de la
República y por autoridad de la ley, resuelve:
Primero. Conceder el reconocimiento del laudo arbitral
proferido el 14 de enero de 2020 por la CCI en el arbitraje
convocado por Adin Dental Implant Systems Ltd contra Adin
Colombia S.A.S. e Ita Saraga Bronstein.
Segundo. Sin costas en el trámite.
Notifíquese
FERNANDO AUGUSTO JIMÉNEZ VALDERRAMA
Presidenta de sala
HILDA GONZÁLEZ NEIRA
MARTHA PATRICIA GUZMÁN ÁLVAREZ
AROLDO WILSON QUIROZ MONSALVO
LUIS ALONSO RICO PUERTA
OCTAVIO AUGUSTO TEJEIRO DUQUE
FRANCISCO TERNERA BARRIOS
Firmado electrónicamente por:
Fernando Augusto Jiménez Valderrama
Presidente de la Sala
Hilda González Neira
Magistrada
Martha Patricia Guzmán Álvarez
Magistrada
Aroldo Wilson Quiroz Monsalvo
Magistrado
Luis Alonso Rico Puerta
Magistrado
Octavio Augusto Tejeiro Duque
Magistrado
Francisco Ternera Barrios
Magistrado
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